I. Introducción

Haití es el país más pobre de América. Más de seis millones de haitianos que equivalen al 59% de la población, estimada en 10.4 millones, viven por debajo de la línea nacional de pobreza con un ingreso diario de US $2.41 dólares. De ellos, 2.5 millones de personas (24%) viven bajo la línea de pobreza extrema con un ingreso de US $1.12 dólares al día (The World Bank, 2018). Se estima que en este país desde 2010 más de 10,000 personas han perdido la vida a causa del cólera de las 800,000 que han resultado infectadas. Aproximadamente el 80% de la población haitiana es analfabeta y solo el 50% de los niños en edad escolar va a la escuela (UNICEF, 2020).

Si bien, la pobreza ha sido uno de los factores que históricamente ha propiciado la emigración de miles de haitianos, el devastador terremoto que azotó al país caribeño el 12 de enero de 2010 no solo perjudicó aún más la endeble economía nacional con miles de millones de dólares en daños materiales, sino que ocasionó el surgimiento de una nueva etapa de la emigración haitiana. Esta catástrofe, en la que murieron más de 220,000 personas, incrementó aún más la intención de muchos haitianos por emigrar para tratar de encontrar mejores condiciones de vida en otros países como lo han hecho sus antepasados a lo largo de la historia.

El geógrafo haitiano Georges Anglade en 1982, señaló que la gran diáspora haitiana se extendía a países con plantaciones azucareras como República Dominicana y Cuba, así como a centros urbanos en Francia con sus islas caribeñas, al igual, Bahamas, México, Estados Unidos, Canadá y algunos países de África. Adelantándose a la perspectiva transnacionalista en los estudios de migración, Anglade señaló que estos emigrantes diseminados en muchos países pertenecían al “Decimo Departamento de Haití” que solo tiene nueve departamentos o entidades provinciales en la isla (Jackson, 2011, pp. 1-2).

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en 2016, Haití tenía una población de casi once millones de personas (10,981,000) y los siguientes cinco países tenían como residentes a la mayor parte de los emigrantes haitianos: Estados Unidos (671,000), República Dominicana (337,000), Canadá (93,000), Francia (75,000) y Bahamas (29,000) (Migration Policy Institute, 2017).

El objetivo central de este artículo es analizar los procesos de deportación de ciudadanos haitianos que se han dado recientemente en Estados Unidos y República Dominicana. En el primer caso, la deportación vino como consecuencia de la emigración haitiana que surgió luego del terremoto que azotó al país en 2010. En República Dominicana, la deportación fue efecto de la negación de la nacionalidad dominicana a personas de ascendencia haitiana nacidas en su territorio en 2013.

II. Metodología

Para cumplir con el objetivo central de este articulo se realizó una investigación que incluyó la consulta de información gubernamental, académica y periodística, así como entrevistas a informantes clave para reconstruir los antecedentes históricos de la emigración haitiana y los procesos recientes de deportación de Estados Unidos y República Dominicana.

La consulta de información gubernamental incluye datos sobre la deportación de personas haitianas de Estados Unidos proveniente del Department of Homeland Security entre los años de 2015 y 2018. Para el caso de República Dominicana, los datos oficiales sobre detención de haitianos indocumentados provienen del Ministerio de Defensa de ese país entre 2015 y 2018.

Además del análisis de artículos y reportes académicos y periodísticos de diversos países, se utilizan entrevistas con dirigentes de albergues de migrantes ubicados en la ciudad de Tijuana en México que atendieron a una gran cantidad de migrantes haitianos.

III. Discusión de resultados

3.1. Los haitianos en Estados Unidos: del régimen de los Duvalier a la era de Trump

A lo largo de los años, Estados Unidos se ha convertido en el destino principal de la emigración haitiana. El primer grupo significativo de emigrantes haitianos llegó al país en 1920. Se trataba de aproximadamente 500 familias de la clase alta que salieron huyendo de las atrocidades que acompañaron la ocupación estadounidense de Haití que se realizó entre 1915 y 1934 (Laguerre, 1984, p. 23).

Posteriormente, cuando François Duvalier tomó el poder en la isla en 1957, un grupo de oponentes salió de Haití y organizó una base política en Nueva York que tenía el objetivo de organizar una invasión a la isla para derrocar al régimen. A pesar de lograrse la invasión, el régimen continuó hasta 1986. En 1964, Duvalier fue nombrado presidente electo de por vida lo que motivó a los haitianos que se encontraban en Nueva York decidieran llevar con ellos a sus familiares que aún permanecían en Haití. Fue en 1971 con la muerte de François Duvalier y la toma de posesión de su hijo Jean-Claude Duvalier, que la emigración haitiana comenzó a tomar mayor fuerza. Este éxodo ya no estaba conformado solamente por las clases enriquecidas sino también por aquellos que, al no poder cubrir los gastos del viaje o la posibilidad de obtener una visa, emprendían su travesía hacia Nueva York o Florida en pequeñas embarcaciones que ponían en riesgo su vida (Laguerre, 1984, p. 23-24).

En la década de 1970, Estados Unidos empezó a recibir migrantes haitianos a través del movimiento conocido como boat people, mediante el cual un gran número de personas arriesgaban su vida en el mar, saliendo de Haití en pequeñas embarcaciones que se dirigían a Nueva York o Florida con la intención de solicitar asilo. A diferencia de los cubanos que también huían de su país y eran admitidos en Estados Unidos, este recurso humanitario se les negaba a los haitianos ya que el gobierno estadounidense, a pesar de la represión violenta que caracterizó al régimen de los Duvalier (1957-1986), argumentaba que los haitianos tenían motivos económicos y no políticos (Stepick, 1982, p. 5; Nieto, 2014, pp. 24-26).

La crisis de los boat people estalló en la década de los ochenta originando que, en 1992, el entonces presidente de Estados Unidos, George H. W. Bush, ordenara la deportación de todos los haitianos que fueran sorprendidos en altamar. Se estima que de mayo a diciembre de ese año se deportó a más de 5,000 haitianos que se dirigían al sur de Florida (Pear, 1992, pp. 1-2). Sin embargo, la comunidad haitiana tenía la esperanza de que una vez que Clinton tomará posesión como presidente de los Estados Unidos, en enero de 1993, cumpliría con la promesa de facilitar el proceso de solicitud de asilo hasta que la democracia fuera restaurada en Haití. No obstante, el 14 de enero de ese año, el presidente Clinton dio a conocer que, por temor a provocar una emigración masiva de haitianos, se continuaría con la política implementada en la administración anterior (Sciolino, 1993, pp. 1-2).

En la época actual la situación de la emigración haitiana no ha cambiado mucho, ya que la deportación sigue siendo una amenaza latente para miles de haitianos. En respuesta al terremoto que impactó a Haití en 2010, el gobierno de Estados Unidos decidió suspender las deportaciones y habilitar el Temporary Protective Status (TPS) el 21 de enero de 2010 que beneficia a extranjeros que ya se encuentran residiendo en Estados Unidos y que por condiciones temporales no pueden regresar de forma segura a su país. A través del TPS, los beneficiados están protegidos contra la deportación y pueden contar con una autorización de empleo (Federal Register, 2010).

La población haitiana que estaba en territorio estadounidense antes del terremoto empezó a contar con este beneficio, pero para quienes permanecían en Haití, el panorama era poco alentador, de modo que fue inevitable que miles de haitianos buscaran mejores oportunidades en otros países, por ejemplo, Brasil, con su apertura a la inmigración permitió el arribo de miles de haitianos que encontraron empleo y formaron hogares en ese país. Pero muchos pagaron hasta cuatro mil dólares a contrabandistas para ir por mar, de la República Dominicana a Panamá y de allí a Ecuador, Bolivia, Perú o Colombia, hasta llegar a ciudades brasileñas como Brasilia y Tabatinga (Cruz, Morand y Feitosa, 2016, p. 7).

Si bien es conocido que en Brasil lograron establecerse durante algunos años gracias a las facilidades que este país les ofreció; cuando el empleo disminuyó y la crisis política se agravó, una gran cantidad de haitianos decidió emprender un largo viaje en dirección a la frontera norte de México para solicitar asilo en Estados Unidos. Por esta razón, afrontando muchos peligros que vienen con la decisión forzada de atravesar selvas, ríos o fronteras aunado al abuso por parte de funcionarios gubernamentales, coyotes y ciudadanos comunes, emprendieron un nuevo viaje que los llevó por países como Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. En enero de 2016, miles de haitianos comenzaron a llegar al Estado de Chiapas en México en la frontera con Guatemala. En esta frontera, agentes del Instituto Nacional de Migración de México, concedieron a muchos haitianos un “oficio de salida” que autorizaba la permanencia en el país por un máximo de 20 días, tiempo que, en teoría, sería suficiente para cruzar México y llegar a alguna ciudad fronteriza en el norte para solicitar asilo a Estados Unidos (Alarcón Acosta y Ortiz Esquivel, 2017, pp.171-172).

Fue en mayo de 2016 cuando el arribo de miles de haitianos comenzó a registrarse en ciudades fronterizas como Tijuana. La magnitud del arribo a esta ciudad puede apreciarse en los datos del gobierno de Estados Unidos, que muestran que, en el año fiscal 2016, más de 5,000 haitianos sin visa llegaron a la garita de San Ysidro, California, en la frontera con Tijuana, en comparación a 339 que llegaron en el año fiscal 2015 (Semple, 2016, p.4).

La llegada masiva de haitianos y de ciudadanos de muchos otros países, incluido México, que buscaban solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos, causó una grave crisis a la que respondieron los miembros de la sociedad civil que se dieron a la tarea de atender a la población migrante mediante el apoyo a los albergues de la ciudad de Tijuana que vieron rebasada su capacidad en cuanto a espacio y recursos.

La Casa del Migrante de Tijuana, el albergue de migrantes más importante de México, reportó que tan sólo de mayo a agosto de 2016 recibió a más de mil personas provenientes de 27 países (Alarcón Acosta y Ortiz Esquivel, 2017, p. 175). Gilberto Martínez Amaya, administrador de esta institución, expresó:

Esta no era la primera vez que este albergue atendía a solicitantes de asilo a Estados Unidos que llegaban desde el exterior de México, por ejemplo, en el año 2000 hospedaron a un grupo numeroso de ciudadanos iraquís católicos que llegaron a Tijuana. A pesar de que por muchos años este albergue ha dado refugio a migrantes varones, en esa ocasión, en el caso de los iraquís y en 2016, en el caso de los haitianos, los dirigentes del albergue decidieron recibir a familias enteras que incluían a mujeres y niños.

Comunicación personal, 20 de febrero de 2017.

De manera similar, en agosto de 2016, ante la necesidad apremiante de brindar refugio a miles de migrantes haitianos, los pastores Gustavo Banda y su esposa Saida Guillén del templo Embajadores de Jesús, tomaron la iniciativa de enviar a un grupo de miembros de su iglesia, al Desayunador Salesiano del Padre Chava, otro de los principales albergues de la ciudad de Tijuana, para tratar de apoyar a mujeres y familias.

Ese día recibieron en su templo a las primeras dos familias haitianas y alrededor de 12 mujeres embarazadas que debido al desabasto y sobrepoblación dormían en la calle fuera del Desayunador.

Comunicación personal, 12 de mayo 2017.

Los organizadores de este albergue informaron que de marzo a octubre de 2016 atendieron a más de 3,600 haitianos (Grupo Fórmula, 2016).

A pesar de que en un inicio la ayuda estaba enfocada a mujeres y niños, muchos de los migrantes que se encontraban afuera del Desayunador comenzaron a mostrar interés en el templo Embajadores de Jesús debido a que de acuerdo al pastor Gustavo Banda:

…la mayoría buscaba un espacio de adscripción religiosa más cercana a ellos, de modo que para finales de septiembre ya había 480 haitianos residiendo en el templo. Uno de los primeros aspectos que atendieron durante la recepción de los migrantes fue la asistencia médica “ya que el viaje había ocasionado que llegarán con todo tipo de lesiones, pies y brazos quebrados… el cambio de clima les afectó mucho, entonces tenían todo tipo de problemas gastrointestinales y también enfermedades respiratorias” (…). El caso de las mujeres embarazadas representó uno de los mayores desafíos para el nuevo albergue debido a que llegaban en un estado de salud tan delicado que una de ellas ya tenía a su bebé muerto y ella no se había dado cuenta (…) muchas tenían varios días durmiendo en la banqueta.

Comunicación personal, 12 de mayo de 2017.

Para detener el arribo masivo de haitianos, el 22 de septiembre de 2016, el entonces Secretario del Department of Homeland Security, Jeh Johnson informó que debido a que “la situación en Haití había mejorado suficientemente”, se normalizarían las deportaciones formales o remociones que se habían suspendido posteriormente al terremoto de enero de 2010, aunque en abril de 2011 se reinició la remoción principalmente de quienes habían sido convictos de crímenes graves o eran una amenaza a la seguridad nacional. Aclaró que los haitianos que expresaran temor de regresar a Haití serían entrevistados para determinar si poseían un miedo creíble de persecución o tortura y si este era el caso podrían solicitar asilo u otra forma de protección. También expresó que los haitianos que se encontraran protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal no serían deportados, específicamente, aquellos que hubieran estado residiendo en Estados Unidos desde enero 12 de 2011. Finalmente, anunció que el TPS para los haitianos se extendería hasta el 22 de julio de 2017 (U.S. Department of Homeland Security, 2016).

Ante el riesgo de ser deportados de Estados Unidos luego de negarse su solicitud de asilo, miles de haitianos optaron por permanecer en Tijuana. La decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, motivó a que en febrero de 2017 el gobierno mexicano inicia los trámites para otorgar dos tipos de regularización: como visitantes por razones humanitarias, con permiso de estancia por un año y posibilidades de renovación y por razones humanitarias en condición de refugiados con vigencia de cuatro años. Además, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco, señaló que, para iniciar el proceso, los migrantes debían presentar una identificación y el oficio de salida que se les había concedido en el albergue Siglo XXI de Tapachula, Chiapas (La Jornada, 20 de febrero de 2017). Se tiene registro de que hasta diciembre de 2017 se habían entregado 2,552 tarjetas de visitante humanitario de las cuales 2,478 fueron emitidas en el estado de Baja California (Unidad de Política Migratoria, 2017).

Es muy importante señalar que si bien, la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos fue la principal motivación para que la población haitiana cruzara buena parte de América para llegar a la frontera norte de México, el estatus de asilado es muy difícil de obtener. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Naturalización, el asilo en Estados Unidos solamente se puede otorgar a personas que prueben que han sufrido persecución o un temor fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membrecía en un grupo particular o por opinión política. Por esta razón, la pobreza y el desempleo no son razones para solicitar este beneficio.

Existen además tres formas de acceder al asilo en Estados Unidos. El asilo afirmativo se puede solicitar en puertos de entrada como aeropuertos o garitas fronterizas o desde el interior de Estados Unidos en un período no mayor de un año a partir de la fecha de llegada al país; este tipo de asilo fue el que motivó el arribo de miles de haitianos a las garitas fronterizas de ciudades estadounidenses ubicadas en la frontera con México. La segunda opción es el asilo defensivo que se solicita desde el interior de Estados Unidos para evitar la deportación formal y finalmente, la tercera vía es el asilo derivativo que se concede a cónyuges e hijos menores de 21 años del solicitante principal (Congressional Budget Office, 2010; American Immigration Council, 2018).

El Department of Homeland Security distingue dos tipos de deportación: remociones y retornos. Las remociones (removals) son las expulsiones obligatorias de extranjeros inadmisibles¹ o deportables, con base en una orden de remoción que tiene consecuencias administrativas o penales sobre reingresos subsecuentes a Estados Unidos. Los retornos (returns) son también las expulsiones de extranjeros inadmisibles o deportables, que no se fundamentan en una orden de remoción. La mayor parte de los retornos voluntarios son de ciudadanos mexicanos que han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza y retornados a México (U.S. Department of Homeland Security, 2011, p. 94).

De acuerdo a datos del Department of Homeland Security, en 2016 cuando se dio el arribo masivo de haitianos a las ciudades fronterizas mexicanas, solamente a 109 haitianos les fue concedido el asilo afirmativo mientras que 578 fueron removidos o deportados formalmente, 164 fueron retornados y 6,974 fueron considerados inadmisibles (U.S. Department of Homeland Security, 2017b, pp. 44; 99; 105; 114).

A pesar de la gran cantidad de haitianos que solicitaron asilo en las ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos en 2016, el número de quienes obtuvieron asilo afirmativo en 2017 y 2018 muestra una disminución severa en 2017 cuando bajó a 59 y un ligero incremento en 2018 cuando llegó a 175 (U.S. Department of Homeland Security, 2017a y 2019). Sin embargo, lo que se incrementó enormemente fue el número de los que fueron removidos o deportados formalmente y de quienes fueron considerados como inadmisibles (Cuadro N°1).

El arribo numeroso de migrantes haitianos a ciudades fronterizas mexicanas, la mayor parte de los cuales provenía de Brasil, resultó en un altísimo número de migrantes que presumiblemente luego de ser entrevistados por oficiales de Estados Unidos al negárseles su solicitud de asilo fueron mayoritariamente deportados formalmente a Haití en 2017, cuando su número llegó a 5,762. El número de los removidos baja a 983 en 2018, a un nivel cercano a 2015 y 2016 con 459 y 578, respectivamente. Es interesante observar que, en los cuatro años observados, el porcentaje de los deportados considerados como criminales por el Department of Homeland Security fluctúa entre 45% y 58% con la excepción del 6% de los 5,762 que fueron removidos en 2017. El número de haitianos que fueron deportados como retornados es muy bajo, incluso en 2017 con 209, y fluctúa entre 164 y 220 entre 2015 y 2018, lo que es sorprendente es el alto número de los migrantes haitianos que fueron considerados como inadmisibles en 2016 con 6,974 y en 2017 con 9,921 (Cuadro N°1).

Por otra parte, después de varios períodos de renovación, el 20 de noviembre de 2017, la Secretaria del Department of Homeland Security, Elaine Duke anunció la decisión de poner fin al TPS para Haití, otorgando un período de 18 meses para permitir la salida ordenada de quienes se encontrarán bajo esta protección, siendo el 22 de julio de 2019 la fecha de su terminación. En su declaración, la Secretaria Duke argumentó que esta decisión se tomó de acuerdo a una revisión previa de las condiciones del país, a través de la cual se determinó que aquellas condiciones extraordinarias y temporales causadas por el terremoto de 2010 ya no existían, por lo que “Haití es capaz de recibir de forma segura niveles tradicionales del retorno de sus ciudadanos” (U.S. Department of Homeland Security, 2017c). Sin embargo, el 4 de noviembre de 2019 la vigencia del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán se extendió hasta el 4 de enero de 2021 (Federal Register, 2019). La cancelación del TPS en el caso de haitianos significaría el regreso a su país de aproximadamente 60,000 migrantes que se encuentran viviendo en los Estados Unidos bajo la protección de este beneficio.

Cabe destacar que las múltiples modificaciones en relación a la extensión del TPS a los haitianos se realizaron bajo la administración de Donald Trump, quien desde su campaña ha mostrado su rechazo a los inmigrantes. Como ejemplo, el New York Times dio a conocer un comentario despectivo del presidente Trump durante una reunión que se llevó a cabo en junio de 2017 en la que afirmaba que “todos los haitianos tienen SIDA” (Shear y Hirschfeld, 2017). Este comentario resucitaba viejos prejuicios sobre el origen de esta enfermedad y su relación con inmigrantes de Haití. Al inicio de la década de 1980, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades dio a conocer cuatro grupos de riesgo ante la transmisión del SIDA: consumidores de drogas intravenosas, homosexuales, pacientes con hemofilia y haitianos (Danticat, 2017). Posteriormente, el presidente Trump volvió a emitir comentarios despectivos al cuestionar por qué su país tendría que recibir migrantes provenientes de “shithole countries” haciendo referencia a migrantes de Haití, El Salvador y países africanos (Dawsey, 2018).

3.2. Negación de nacionalidad y deportación de haitianos en República Dominicana

Otro de los principales destinos de la migración haitiana ha sido la vecina República Dominicana. Este movimiento de jornaleros agrícolas se inició a fines del Siglo XIX cuando la industria azucarera tuvo un importante auge en Cuba y República Dominicana (Nieto, 2014, p. 22). En 1935 se estimaba que había 52,657 personas haitianas en República Dominicana. En esos años, los trabajadores agrícolas haitianos eran contratados a través de negociaciones directas con el gobierno de Haití. Por su parte, la República Dominicana expedía permisos de inmigración y exigía el retorno de estos trabajadores al terminar la cosecha (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 58).

Históricamente, la población dominicana ha mantenido una posición de rechazo y exclusión hacia los haitianos. En 1937, un suceso terrible marcó el inicio de una nueva fase en la relación entre ambos países. Rafael Trujillo, quien gobernaba República Dominicana en esos años, ordenó la matanza de miles de haitianos. Si bien se desconocen los motivos exactos por los que tomó esta decisión, su acción puede calificarse como un acto nacionalista que buscaba asegurar el apoyo a su régimen (Derby y Turits, 1993, pp. 66-67). “La masacre ocasionó una disminución significativa en el número de migrantes haitianos, tal como lo reflejó el censo de 1938 en el que se registraron 18,500 haitianos residiendo en el país” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 58).

Como consecuencia directa de esta masacre, República Dominicana vio afectada la producción de sus plantaciones azucareras debido a que ya no había quien trabajara en ellas, por lo que se realizaron nuevos acuerdos que permitieron el arribo de miles de braceros haitianos, quienes a pesar del temor que generaba el sentimiento anti haitiano que prevalecía en República Dominicana, no tenían otras oportunidades laborales en su país.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Históricamente el Estado dominicano no proporcionó la documentación adecuada (permisos de migración y tarjetas de identidad para extranjeros) (…) por tanto, estas personas que trabajaban regularmente para el Estado sólo contaban con una “ficha” (tarjeta de empleado). Estas tarjetas eran emitidas por el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), y, en la práctica, servían de manera no oficial, como documentos de identidad para los trabajadores migrantes durante su estancia en la República Dominicana”.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 60.

A pesar de ello, miles de haitianos comenzaron a establecerse en ese país dando origen al surgimiento de nuevas generaciones nacidas en República Dominicana quienes años después quedarían en condición de apátridas al no reconocerles su ciudadanía dominicana por ser considerados hijos de migrantes en tránsito que no residían de forma legal en el país.

Con el paso del tiempo y con el crecimiento de la población nacida en Haití y que reside en República Dominicana surgió el mito de la “invasión haitiana” que ha incrementado la discriminación contra ellos. Bidegain (2019), demuestra que este mito no tiene fundamento, ya que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inmigración de 2017, la población nacida en Haití llegaba a menos de medio millón de personas (497,825) constituyendo solamente el 4.9% de la población total de la República Dominicana que se estimaba en 10,189,895 personas en ese año (p. 113).

En 2008, Juliana Deguis Pierre, hija de ciudadanos haitianos y que nació en 1984 en el municipio de Yamasa, Provincia de Monte de Plata en República Dominicana, acudió a la Junta Central Electoral solicitando su cédula de identidad y electoral mismos que no solamente le fueron negados, sino que también se le confiscó su certificado de nacimiento por contar con dos apellidos haitianos. En 2012, Juliana Deguis Pierre solicitó el reconocimiento de su ciudadanía dominicana ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte de Plata el cual le fue rechazado por no contar con suficiente documentación probatoria² (Sentencia TC/0168/13, 2013).

En 2013 llevó su caso ante el Tribunal Constitucional de República Dominicana solicitando un amparo ante el estado de indefinición al que fue sujeta. De la revisión de su caso surgió la Sentencia TC/0168/13, la cual reiteró la sentencia previa argumentando lo siguiente:

“que la recurrente Juliana Deguis Pierre fue inscrita de manera irregular ante la Oficialía del Estado Civil de Yamasá […] figurando como hija de nacionales haitianos (…), que el sistema de adquisición de la nacionalidad de la República Dominicana no se encuentra basado en el ius soli³ o en el ius sanguinis⁴, sino que se trata de un sistema mixto en el que se conjugan y complementan ambos sistemas (…), que la determinación de la nacionalidad es un asunto de derecho interno que corresponde a cada Estado, como expresión de su soberanía nacional (…) y que la legislación dominicana es clara y precisa al establecer que no todos los nacidos en territorio de la República Dominicana nacen dominicanos”.

Sentencia TC/0168/13, 2013.

Esta vergonzosa sentencia culminó con la determinación de que miles de personas que nacieron en suelo dominicano y sus padres sean de origen haitiano, aun cuando hayan sido declarados en el registro civil, como lo fue Juliana Deguis, serán también desnacionalizados. De igual forma, la sentencia exhortó al Poder Ejecutivo a implementar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales Radicados en el País el cual “deberá contemplar (…) tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con la sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas personas de manera individual o por familia no en forma masiva” (Sentencia TC/0168/13, 2013).

De acuerdo a Amnistía Internacional (2015) se estima que alrededor de 210,000 dominicanos de ascendencia haitiana quedaron en condición de apátridas tras la implementación de dicha sentencia (p. 43). En respuesta a las fuertes críticas recibidas por estas medidas, la administración del presidente Danilo Medina aprobó la Ley 169-14 con la cual se pretendía dar opciones a quienes quedaron en condición de apátridas. Esta Ley distinguía a las personas nacidas en República Dominicana en dos grupos. Al Grupo A pertenecían las personas que al nacer fueron inscritas en el Registro Civil Dominicano, para estos casos y después de pasar por una auditoría a sus documentos, se tomó la decisión de hacer válidas sus actas de nacimiento siempre y cuando hubieran nacido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril de 2007. Por otro lado, al Grupo B pertenecían todos aquellos cuyo nacimiento nunca fue notificado. Las personas de este grupo debían registrarse como extranjeras para poder regularizar su situación migratoria y después de dos años contar con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, pp. 14 y 16).

Ante el riesgo de designar como extranjero a alguien nacido en territorio dominicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a replantear esta Ley. De igual forma, Amnistía Internacional notificó que aunque la implementación de la Ley 169-14 “fue un paso en la dirección correcta, no garantizaba la restitución automática de la nacionalidad dominicana” (Amnistía Internacional, 2015, p. 7).

La puesta en marcha del Plan de Regularización de Extranjeros culminó en junio de 2015 y en agosto del mismo año se reanudaron las deportaciones. En 2016, Amnistía Internacional en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, publicó un reporte en el que estimaban que 106,664 personas habían sido retornadas a Haití a partir de junio de 2015. A pesar de que las deportaciones se reanudaron en agosto, de acuerdo a este reporte, el gobierno dominicano indicó que miles de haitianos comenzaron a salir de su país de forma voluntaria ante la amenaza de la deportación (Amnistía Internacional, 2016, p. 23).

El Cuadro N°2 muestra información del Cuerpo Especializado para la Seguridad Fronteriza Terrestre (Ministerio de Defensa de República Dominicana, 2019) sobre el número de los indocumentados detenidos en República Dominicana entre 2015 y 2019 que probablemente fueron deportados de este país. El objetivo de la detención y probable deportación de indocumentados extranjeros en República Dominicana es la población definida como haitiana con más del 99% por año. Por ejemplo, mientras entre octubre y diciembre de 2019, se detuvieron a 16,765 haitianos, también se detuvo a cuatro personas cubanas, dos venezolanas, dos de Pakistán y una de cada uno de los siguientes países: Colombia, Guatemala y Nigeria (Ministerio de Defensa de República Dominicana, 2019).

La deportación masiva de haitianos ocasionó que, ante la falta de recursos, tanto de la población deportada como del gobierno de Haití, se comenzaran a instalar refugios con muy pocos recursos en este país. Uno de los principales lugares donde se establecieron fue la región de Anse-à-Pitres, donde surgieron campamentos improvisados con cartón o pedazos de tela. La mayor parte de estos campamentos carecían de agua y acceso a condiciones óptimas de salud. Amnistía Internacional (2016) ha reportado la existencia de varias enfermedades, como diarrea, vómitos frecuentes, infecciones de piel, fiebre y problemas respiratorios en estos campamentos.

IV. Conclusiones

Haití es el país más pobre de América y un importante país de emigración en el mundo. La mayor proporción de sus ciudadanos en el exterior residen en Estados Unidos, que históricamente ha desestabilizado el desarrollo del país, incluyendo una invasión militar y el apoyo a una dictadura como lo fue la instaurada por los Duvalier. La vecina República Dominicana, es el segundo destino de la diáspora haitiana a la que históricamente ha aplicado un estricto sistema de discriminación y exclusión. Como ejemplo, está la vergonzosa negación de la nacionalidad dominicana a los hijos de los inmigrantes haitianos que ocurrió en 2013.

La negación de la nacionalidad dominicana a los hijos de los inmigrantes haitianos en 2013, condujo a la detención y probable deportación de más de 260,000 inmigrantes haitianos indocumentados entre 2015 y 2019 que equivalen a un poco más de la mitad de la población nacida en Haití y residente en República Dominicana en 2017. Los haitianos junto con los ciudadanos de muchas otras naciones que buscan salir de sus países para escapar de situaciones extremas de violencia y pobreza se dan en el contexto de una gran crisis humanitaria mundial de los refugiados.

El terremoto de 2010, incrementó aún más las razones para que los haitianos buscaran mejores oportunidades de vida en otros países. Brasil permitió el arribo de miles de haitianos que encontraron empleo y formaron hogares en ese país. Con el paso del tiempo, muchos de ellos decidieron abandonar Brasil para cruzar alrededor de 11 países con el fin de llegar a ciudades mexicanas en la frontera norte de México para solicitar asilo a Estados Unidos.

La reactivación de la deportación de haitianos de Estados Unidos en septiembre de 2016 detuvo el flujo masivo de haitianos a las ciudades fronterizas mexicanas. Por temor a la deportación si su solicitud de asilo era negada, muchos haitianos decidieron establecerse en estas ciudades. Por lo que para ellos, México pasó de ser país de tránsito para convertirse en país de establecimiento obligado. Como hemos mostrado en este artículo, los resultados de la gran emigración de haitianos de Brasil a México revela que tuvo resultados muy negativos. A pesar de que una gran cantidad de haitianos solicitaron asilo a Estados Unidos en 2016, el número de quienes obtuvieron asilo afirmativo fue de 59 en 2017 y 175 en 2018. En contraparte, el número de los que fueron deportados formalmente pasó de 578 en 2016 a 5,762 en 2017.

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Notas

Enlace alternativo

https://mdd.unah.edu.hn/publicaciones/revista-poblacion-y-desarrollo-argonautas-y-caminantes/vol-17-2021 (pdf)