I. Introducción

No existe una teoría general de la migración como tal. La migración es diversa y compleja. En ese contexto, las teorías elaboradas a tal fin se pueden considerar como versiones reduccionistas porque solo evalúan algunos aspectos sin considerar el fenómeno en su totalidad.

De hecho, la migración es difícil de definir, complicada de medir, polifacética y multiforme y se resiste a la teorización (Arango 1985, p. 34). Tales limitaciones son parte integral de las dificultades generales que experimentan las ciencias sociales cuando tratan de explicar el comportamiento humano, que depende de numerosas variables interrelacionadas.

Pero es cierto que la migración constituye un verdadero rito de paso en la historia de la humanidad. El mismo Ravenstein, fundador indiscutible del pensamiento moderno sobre la migración, la identifica como un fenómeno a la base de la existencia humana (Ravenstein afirmó: “La migración significa vida y progreso”).

El discurso actualmente desarrollado por los países occidentales trata de resaltar los efectos dañinos más que los efectos benéficos, a través de políticas condicionadas por el miedo más que por la razón.

Antes de todo, en el contexto de migración transnacional, las categorías tradicionales de migración e inmigrantes aplicadas resultan insuficientes, y a menudo inadecuadas, para la formulación de planes, programas, leyes y reglamentos de política pertinentes en los países tanto receptores como de origen. Por ejemplo, los conceptos referidos a la condición legal y jurídica del migrante que se establecen en las leyes y políticas sobre migración de los países de América Latina y el Caribe resultan en gran medida obsoletos para dar cuenta de la gran heterogeneidad, dinámica y flexibilidad que caracteriza la noción de residencia de los migrantes transnacionales. Esto no debe sorprender, dado que los conceptos, leyes y políticas actualmente en vigencia en los países de la región, fueron definidos sobre la base de las categorías propias del modelo y paradigma con que tradicionalmente se han entendido los procesos migratorios. Temas como el de la asimilación, la “estabilidad” y “duración” de la residencia, y la propia legalidad de las estancias han sido construidos, en el plano conceptual y jurídico, a partir de categorías sociales que hoy día resultan claramente insuficientes para explicar la dinámica migratoria en el contexto de la globalización. Por lo tanto, el paradigma que subyace tras este tipo de legislaciones tiene escasa capacidad para dar sentido, regular y dirigir la actual dinámica migratoria, así como para enfrentar y resolver los conflictos, tensiones y problemas sociales y políticos asociados a ella (Canales 2001, p. 248).

En términos metodológicos, el carácter transnacional de la migración exige reformular las definiciones clásicas de migrante y condición migratoria de la población. La definición de “migrante” ya no puede fundarse única y exclusivamente en el concepto de residencia habitual del individuo a uno u otro lado de la franja fronteriza. Por el contrario, la condición migratoria debe definirse más bien a partir de la incorporación y participación del individuo en un sistema transnacional de redes sociales y comunitarias (Canales 2001, p. 246).

Se trata, como indica Besserer (1999, citado en Canales 2001, p. 248), de construir el concepto y el marco jurídico de ciudadanía transnacional, una ciudadanía que va más allá de un único territorio nacional y se sitúa en el espacio de vida translocal.

Como acertadamente escribió Kingsley Davis, la migración es una criatura de la política (Davis 1988, p. 259). Cualquier teoría que se haya elaborado principalmente a partir de materiales económicos está abocada a experimentar dificultades en un contexto de migración internacional en el que las consideraciones políticas y los Estados intervienen de manera tan destacada.

Debido al incremento de la migración por efecto de la segunda fase de la globalización y situaciones de grave inestabilidad política y miseria en los países del Sur Global, los países receptores (de destino) han establecido mayores restricciones para ingresar a su territorio, por lo cual ha aumentado la migración irregular. Las restricciones de los países receptores han aumentado los riesgos, la vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito.

Lo anterior se ve agravado por el gran peligro y alto riesgo de los trayectos que tienen que recorrer de manera subrepticia a lo largo de territorios inhóspitos, lo que los convierte en personas completamente vulnerables y expuestas a sufrir cualquier tipo de violación a sus derechos humanos (Carrasco González 2013, p. 191).

A través de un análisis comparativo se pretende analizar el discurso global y actual sobre migración, describiendo algunos aspectos de las políticas migratorias implementadas por parte de Estados Unidos y Unión Europea

Este enfoque justificado e impulsado sobre todo a partir de los ataques terroristas que se han sucedido empezando por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Anteponiendo entonces cuestiones de seguridad interna en lugar de la defensa y salvaguardia de los derechos humanos. Relacionando el terrorismo con las migraciones desde el sur global hacia el norte global, una relación que ha sido construida y enteramente inventada por las fortalezas de Estados Unidos y Europa, se ha provocado una oleada xenofóbica que ha llevado a la criminalización del migrante, cuyo objetivo, en la mayoría de los casos es buscar un lugar seguro para él y sus propios familiares, se trata de gente que huye de las situaciones de inseguridad y violencia experimentadas en sus países de origen. Situaciones extremas que muchas veces han sido la consecuencia de guerras y conflictos con participación activa de las potencias occidentales. El circulo vicioso que se ha generado, ha determinado nuevos lugares de enfrentamiento, las fronteras norte/sur, donde los prófugos civiles se ven nuevamente obstaculizados por las fuerzas militares/policiales en su camino hacia una vida mejor.

II. Metodología

Para el desarrollo del presente artículo se realizó un proceso metodológico centrado en la revisión bibliográfica de varias fuentes, sobre todo secundarias, que abordan y analizan el fenómeno migratorio transnacional actual desde Centroamérica hacia los EE.UU. y desde el Norte de África hacia Europa. En ambos casos se sabe que este fenómeno incluye no solo las comunidades centroamericanas y norteafricanas, sino también toda aquella población migrante proveniente de países sureños que viven situaciones de conflicto e inestabilidad crónica, como en el caso de muchos países subsaharianos.

Se han analizado diferentes artículos y textos que abordan este fenómeno desde varias perspectivas, sin embargo, esa particularidad, se caracteriza por algunos aspectos y puntos en común. Autores que, desde diferentes plataformas y contextos independientes y en diferentes periodos, subrayan el carácter militar y criminalizador que se ha asumido hacia la migración (no obstante, no tengan ninguna correlación entre ellos).

De hecho, muchas veces se habla de la voluntad de externalizar el control fronterizo, muchas veces hablan de “fortaleza” cuando se refieren a la imagen proyectada por EE.UU. y Unión Europea. Todos, directa o indirectamente, hacen referencia, que se trate del corredor migratorio México-EE.UU. o África-Europa, al mismo discurso político que pretende asociar la migración al terrorismo, reduciendo los migrantes a víctimas, o peor, a criminales o terroristas. Discurso que prefiere enfocarse en la lucha al tráfico ilícito y a la trata de personas, más que en los derechos humanos de las personas migrantes. Con la implementación de esas medidas de seguridad se han provocado efectos secundarios perversos, no se ha logrado una significativa reducción de la migración, más bien ha causado el desvío de los flujos migratorios hacia nuevas rutas ilegales y más peligrosas, no ha reducido la trata de personas ni el tráfico ilícito, de hecho las organizaciones criminales siempre se han reorganizado y han mantenido sus tráficos adaptándose a las circunstancias, sin dejar de afectar y explotar a una población migrante aún más desprotegida. Todo esto, aprovechándose de un marco jurídico internacional que, en ese momento histórico, necesita una reforma sustancial para que pueda garantizar efectivamente los derechos de las comunidades migrantes.

III. Discusión de resultados

3.1. La política migratoria de los Estados Unidos

En el caso de la migración México-Estados Unidos se destaca el hecho de que a partir de mediados de los años setenta se ha observado un importante y sostenido proceso de asentamiento de la población migrante (Canales 2001, p. 223). México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes concentra una de las fronteras con mayor afluencia migratoria en el mundo.

En el caso de Centroamérica la violencia política y la guerra civil convirtió el fenómeno natural de la migración de decisiones individuales a un movimiento aluvional forzado de población; más que favorecer el traslado ordenado y a veces de acuerdo a planes personales y familiares, lo que hizo fue precipitar una fuga de población que no quería moverse de su tierra (Torres-Rivas y Jiménez 1985, p. 51).

La migración de fuerza de trabajo de los países del Istmo a Estados Unidos se ha incrementado significativamente, aunque la migración “al Norte” ya había comenzado a aumentar al final de los años 1970, cuando Nicaragua, El Salvador y Guatemala experimentaron conflictos armados internos y guerras civiles. Así, el número de migrantes en Estados Unidos procedentes, especialmente, de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se triplicó, entre 1980 y 1990; se volvió a duplicar hacia el año 2000 y ha continuado creciendo rápidamente (Kron 2011, p. 62).

Desde inicios de los años 1990, Estados Unidos reaccionó a este fenómeno mediante la adopción de requisitos migratorios, legislación y mecanismos de control fronterizos más estrictos (Dunn, 1996; Sandoval, 2005). Sin embargo, estas disposiciones políticas, adoptadas nacionalmente, no tuvieron como resultado el descenso de la inmigración del Istmo, sino solamente la ilegalización de gran parte de ella.

Las disposiciones de los ordenamientos internacionales están orientadas a regular la migración legal/documentada, los Estados receptores de migrantes determinan sus cuotas de aceptación de migrantes de acuerdo a sus necesidades de mano de obra y sus políticas de asilo y de protección a refugiados, no obstante, la demanda de personas que desean migrar supera a la oferta de los Estados receptores con amplios márgenes. La restricción a la migración por parte de los países de destino ha limitado la libertad en el flujo de los migrantes. De esta manera, los migrantes que no tienen acceso por las vías legales tienen que recurrir a la migración indocumentada, la cual a su vez ha generado que el tráfico de personas se convierta en un negocio altamente lucrativo y que paulatinamente se ha convertido en delincuencia organizada (Carrasco González 2013, p. 171).

Según Sandoval (2005), Estados Unidos pretenden externalizar su control fronterizo hacia los países al sur del Río Bravo.

La imagen de la “Fortaleza Estados Unidos”, concibe a ese país como una especie de soberano neo-imperial regional, el cual combatiría la migración, especialmente sus formas irregulares, por medio de severas leyes anti-inmigración, la militarización de sus fronteras y la aplicación de medidas coercitivas o de una “combinación de incentivos económicos, políticos, financieros e incluso militares, con el fin de obtener la participación activa de países como […] México en sus estrategias de control migratorio” (Andrijasevic y Walters 2010, p. 984).

Un tipo de gobierno internacional postimperial que “adquiere la forma de una escogencia regulada y no de una imposición”, en la cual los métodos y normas no son impuestos, sino “aprendidos” por los Estados del Sur Global. De este modo, estos se presentan como socios “activos”, pero en “proceso de aprendizaje” (Andrijasevic y Walters 2010, p. 984).

Pero es cierto que los migrantes y los movimientos migratorios no obedecen y no se acostumbran a ese proceso de aprendizaje propio porque el fenómeno migratorio es un fenómeno independiente, “de ruptura con racionalidades gubernamentales, tecnologías de poder y modos de subjetivación neoliberales”. Por eso se habla de “autonomía de la migración”. La migración se tiene que entender como un movimiento social y político “que […] sigue sus propias reglas y que organiza colectivamente su propia praxis” (Moulier-Boutang 2007, citado en Kron 2011, p. 57).

En esa autonomía e independencia se ha intentado encuadrar la migración dentro de reglas y normativas obsoletas, inadecuadas o discriminatorias. En ese contexto sobretodo tuvo éxito la noción de gestión migratoria que fue elaborada por primera vez por Bimal Ghosh. La gestión migratoria, debería convertir la migración internacional en un proceso más ordenado, manejable y previsible (contraviniendo así al principio de autonomía de la migración); lo cual implica, simultáneamente, una apertura regulada en relación con los flujos benéficos y la continuación de las restricciones con respecto de la migración no deseada. De este modo, Ghosh propone un modelo de tres pilares, el cual, en primer lugar, debería armonizar la política y los intereses de todos los Estados interesados en la migración, en segundo lugar, crearía un nuevo acuerdo/marco internacional sobre movilidad global y, en tercer lugar, fortalecería el papel de actores distintos de los gobiernos, que pasarían a ser más influyentes en la elaboración de políticas migratorias (Ghosh 2000, citado en Kron 2011, p. 58).

Los Estados Unidos y su estrategia de gestión migratoria, basada en el modelo de tres pilares de Ghosh, tratan de utilizar esta noción con el objetivo de externalizar la elaboración de políticas migratorias hacia agencias “privadas”.

Hay una amplia gama de opciones en términos de políticas para enfrentar la migración irregular, por ejemplo, la regularización de los migrantes irregulares en los países receptores. Sin embargo, estas opciones casi no son consideradas, más bien, las actividades principales en relación con la migración irregular se concentraron inicialmente en la producción de conocimiento y en el análisis de lo que, desde entonces, es conocido como “tráfico ilícito y trata de personas” (Kron 2011, p. 60).

Estos modelos legales son “comunicados” a los Estados del Sur Global por medio de la utilización de técnicas tales como actividades de desarrollo de competencias, planes de acción, campañas de información y asesoría legal. Esto permite crear un lenguaje común, marcado por un fuerte vínculo entre migración irregular y crimen organizado. De esta manera, el manejo de migración irregular parece haberse convertido en sinónimo de combate del tráfico ilícito y de la trata de personas. El discurso contra la trata de personas presenta la migración irregular como una amenaza común extrarregional para todos los países norte y centroamericanos.

Sin embargo, no solo existe el discurso criminalizador, el cual construye al traficante o al tratante de personas como un actor extralegal de violencia que amenaza la seguridad pública, sino también su contrapartida, es decir, un discurso victimizador que presenta a los migrantes irregulares únicamente como víctimas potenciales del tráfico ilícito y de la trata de personas, cuyos derechos humanos necesitan ser protegidos por medio de acciones contra la trata. Pero el discurso contra la trata de personas no solamente tiende a reducir los diversos actores involucrados en la organización de la migración irregular a un par de figuras discursivas: delincuente y víctima (Hess y Tsianos 2007, p. 29); sino que, además, desdibuja las diferencias importantes que existen entre “tráfico ilícito de migrantes” (facilitar con fines comerciales la migración irregular) y “trata de personas” (comercio de seres humanos con fines de explotación sexual o trabajo forzoso).

También conviene mencionar que este “enfoque victimista” de la migración irregular ha sustituido cualquier tipo de compromiso efectivo para salvaguardar los derechos de los migrantes. Por tanto, el discurso contra la trata de personas, ha sido utilizado al mismo tiempo para conciliar los intereses diferentes y las asimetrías de poder entre los Estados miembros y justificar eventuales intervenciones en Centroamérica, proponiendo únicamente soluciones técnicas o punitivas, la criminalización de la movilidad transfronteriza indocumentada se ha hecho una realidad.

Además, el uso del término migración ilegal, en ocasiones tiene connotaciones altamente emotivas, puesto que en opinión de algunos especialistas con ello se contribuye a la criminalización del migrante. El término ilegal, se utiliza muy a menudo como argumento para provocar tensiones xenofóbicas (raciales y culturales). Por ello, se ha propuesto el uso alternativo de los términos “indocumentados” o el de “migración irregular” para referirse a ella. No obstante, la palabra “migración ilegal” es una expresión común que está presente en las convenciones, declaraciones, y protocolos de los organismos internacionales, siendo además utilizada a diario en los medios de comunicación (Carrasco González 2013, p. 170). Este último punto para subrayar una vez más el carácter obsoleto de las leyes internacionales sobre migración.

Las personas migrantes, en específico las que poseen un estatus migratorio irregular, no son concebidas como sujetos de derecho y, por lo tanto, no existen marcos normativos adecuados y mecanismos que garanticen y protejan sus derechos humanos independientemente de tal condición migratoria. Esto desemboca en un incremento de violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos y agentes policíacos federales, estatales y municipales, cuyo corolario es la criminalización de la migración en condición irregular; el tráfico ilícito de migrantes; agresiones físicas, psicológicas y sexuales; la trata de personas y; a fechas recientes, el incremento descontrolado del secuestro a personas migrantes o las expulsiones colectivas¹.

Excluidos de la sociedad y sin la protección efectiva de la ley, los migrantes irregulares que atraviesan México se ven condenados a una vida marginal, vulnerable a la explotación de las bandas delictivas y los funcionarios corruptos.

3.2. La política migratoria de la Unión Europea

Paralelamente en Europa se está desarrollando el mismo discurso criminalizador hacia la migración indocumentada.

Europa representa una atracción para los trabajadores migrantes de todo el mundo, dispuestos a aceptar el riesgo de un cruce en botes no aptos para navegar y sobrecargados, la condición de clandestinidad y una remuneración insignificante para garantizar una probabilidad mínima de supervivencia para sus familias.

El creciente papel de las remesas de los inmigrantes en la formación del Producto Nacional Bruto de los países de origen y tránsito es conocido por todos. Si bien los principales países europeos se distinguieron por el apoyo ofrecido a las guerras “humanitarias” promovidas por los Estados Unidos, desde Kosovo a Afganistán, desde Irak a Somalia y en muchas otras partes del mundo, las posibilidades de entrada se restringieron drásticamente, y a menudo también las rutas de escape, a millones de potenciales solicitantes de asilo, y también la Unión Europea adoptó directivas que implicaron una disminución sustancial del número de refugiados, incluso en presencia de un aumento de migrantes obligados a abandonar su país debido a guerras o “efectos secundarios” (Vassallo Paleologo 2007, p. 2).

Paradójicamente, aunque la migración sea en muchos casos una consecuencia de los conflictos que se acaban de mencionar, los Estados europeos y los Estados Unidos se rehúsan en asumir sus propias responsabilidades.

Desde principios de la década de 1990, ha habido una creciente preocupación a propósito de la migración irregular en todo el Mediterráneo. Por un lado, la inmigración ilegal, como han señalado varios analistas, se ha visto cada vez más como un riesgo de seguridad en muchos, si no en todos los países europeos. En particular, en virtud de su asociación con el tráfico y la trata de personas (una asociación que no fue casual, sino que estratégicamente escogida para justificar la militarización de las fronteras), así como otras formas de delincuencia organizada transfronteriza, se considera una amenaza no solo para los sistemas nacionales y las identidades culturales, sino también para la paz y la estabilidad interna (Waever et al., 1993; Bigo, 2000; Huysmans, 2000). Tras los atentados del 11 de septiembre y los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2003, estas preocupaciones se han acentuado aún más, ya que la inmigración en particular desde el sur también se ha relacionado cada vez más con el terrorismo internacional y especialmente con el terrorismo islamista (IISS, 2004; Sendagorta, 2005). El objetivo principal es, por lo tanto, disuadir y prevenir la inmigración indocumentada. Por otro lado, la migración clandestina a través del Mediterráneo es objeto de discusión desde los derechos humanos y las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, considerado como un serio desafío humanitario, dado el número cada vez mayor de muertes de inmigrantes que buscan llegar a Europa por mar (Pugh, 2001, citado en Lutterbeck 2006, p. 59). Desde esta perspectiva, el principal imperativo no es frenar la migración por todos los medios posibles, sino prevenir la pérdida de vidas en el Mediterráneo, proteger a los migrantes contra los traficantes de personas y garantizar los derechos de los refugiados.

Anteponiendo la seguridad interna a los derechos humanos de los migrantes, los países europeos han intensificado sus esfuerzos para vigilar sus fronteras. Esto ha implicado tanto una creciente militarización del control de la migración en el Mediterráneo, en el sentido del despliegue de fuerzas para-militares y militares para limitar la migración por mar, como una intensificación de la cooperación policial entre los países del norte y los que están al sur del Mediterráneo (Lutterbeck 2006, p. 59).

Se han hecho acuerdos de colaboración basados en la financiación de las políticas de arresto, detención y expulsión de migrantes irregulares, antes de que los migrantes pudieran intentar el último salto, el cruce a Europa. En este sentido, Italia y España han ofrecido los ejemplos más llamativos, en las relaciones, respectivamente, con Libia y con Marruecos, que concluyen acuerdos bilaterales y/o acuerdos a nivel de las fuerzas policiales que permitieron el bloqueo y el arresto de migrantes, en muchos casos potenciales solicitantes de asilo y menores no acompañados, incluso si vienen de terceros países, a cambio de un trato preferencial en el comercio con los países europeos. Más recientemente con países de tránsito como Mauritania y Ghana, el enfoque es siempre el de “condicionalidad de la migración”: a cambio de ayuda económica y posibilidades limitadas de entrada legal para los ciudadanos de esos países, se obtiene a cambio un mayor compromiso en el arresto y en la posterior expulsión, o en la devolución a otros países de los migrantes en tránsito, potenciales solicitantes de asilo, muchos de los cuales provienen de lugares lejanos y donde han sido forzados a regresar, no obstante que habían huido por guerras, violencia política e inseguridad (Vassallo Paleologo 2007, p. 3).

Un ejemplo significativo de la profundización de la colaboración policial en el Mediterráneo es entre Italia y Libia. Aunque durante mucho tiempo fue considerado un “Estado ilegal” y rechazado por los países occidentales por su apoyo a las actividades terroristas, Libia es cada vez más considerada un aliado importante en la lucha contra la migración irregular y la delincuencia transfronteriza en todo el Mediterráneo.

Increíblemente, en el supuesto de luchar contra el terrorismo, se establecen acuerdos anti-migrantes con un país considerado filo-terrorista. Italia ha estado presionando para que se levante el embargo de armas impuesto a Libia desde 1986 por su patrocinio de actividades terroristas, a fin de proporcionar al país diversos equipos de estilo militar, como radares y dispositivos de visión nocturna para reforzar sus fronteras. En octubre de 2004, la UE acordó poner fin a estas sanciones contra Libia, allanando así el camino para el suministro de este equipo. Desde entonces, se ha emprendido una amplia gama de actividades conjuntas destinadas a mejorar la capacidad de Libia para asegurar sus fronteras. Estas han incluido, por ejemplo, un intercambio de oficiales especializados en migración ilegal y trata de personas, la organización de cursos de capacitación para oficiales de la policía fronteriza de Libia y el suministro de equipo técnico para fortalecer los controles fronterizos (Lutterbeck 2006, p. 72).

Un aspecto importante de la cooperación entre Italia y Libia ha sido la repatriación de los inmigrantes indocumentados interceptados en Italia que han pasado por Libia (EU Business, 2005). Italia, junto con Alemania, también ha propuesto establecer campos de detención de migrantes y refugiados en Libia (así como en otros países del norte de África) para que las solicitudes de asilo puedan procesarse “extraterritorialmente” antes de que los inmigrantes intenten cruzar el Mediterráneo (HRW, 2005).

En Italia, es la llamada Guardia di Finanza la que se ha movilizado cada vez más en la lucha contra la migración indocumentada y el contrabando de personas a través de las fronteras marítimas del país. La Guardia di Finanza también se ha expandido considerablemente a partir de los años 90. En particular, se trata de los componentes naval y aéreo de la Guardia Finanza, las secciones más importantes en la lucha contra la migración irregular y el tráfico por mar, que se han mejorado de forma masiva (Lutterbeck 2006, p. 65).

También en España, la creciente preocupación por la migración irregular y el contrabando de estupefacientes desde el sur ha provocado tal tendencia a militarizar las fronteras del sur del país. Aquí está, en particular, la Guardia Civil, que se ha convertido en la agencia líder en el tratamiento de la inmigración irregular en todo el país.

Al igual que la Guardia di Finanza italiana, la Guardia Civil española es una fuerza policial paramilitar que informa tanto al ministerio del interior como al ministerio de la defensa. Como su contraparte italiana, la Guardia Civil también se ha mejorado significativamente para prevenir la inmigración y el tráfico marítimo indocumentados de manera más efectiva, lo que también ha involucrado el despliegue de una cantidad cada vez mayor de equipos de tipo militar a lo largo de la costa sur del país (Lutterbeck 2006, p. 66).

La creciente militarización de la migración y el control de la delincuencia en el Mediterráneo se han manifestado no solo en la mejora de las fuerzas policiales paramilitares preocupadas por asegurar las fronteras mediterráneas de Europa, sino también en la creciente participación de las armadas europeas, es decir, las fuerzas de seguridad externa, en esta área. A partir de los años noventa, los países europeos han desplegado cada vez más buques de guerra y otros equipos militares para prevenir la migración y el tráfico ilícito por mar. Oficialmente, esta medida a menudo se justifica con el argumento de que las fuerzas de la policía marítima (a diferencia de las armadas) están insuficientemente equipadas en términos de barcos y aeronaves para patrullar los mares, especialmente en distancias más grandes y más allá de las aguas costeras del estado, lo que requiere la intervención de las fuerzas navales (Lutterbeck 2006, p. 67).

La agencia FRONTEX² ha sido establecida en 2004 por la Unión Europea para el control de las fronteras exteriores y la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, el efecto disuasivo del despliegue de unidades militares empleadas por esa agencia no ha detenido los movimientos migratorios ilegales, pero ha hecho que los itinerarios sean más peligrosos, también debido al uso de embarcaciones cada vez más pequeñas para escapar del radar y los controles de los aviones (Vassallo Paleologo 2007, p. 4).

Estos acuerdos junto con la militarización provocaron efectos secundarios perversos, como la creciente participación de los traficantes de personas y el desvío de los flujos migratorios hacia otras rutas, generalmente más alejadas y más peligrosas, a través del mar Mediterráneo.

Desde principios de la década de 1990, las dos “puertas de entrada” más importantes a lo largo de las fronteras marítimas al sur de la UE, que también son las rutas más cortas para cruzar el mar Mediterráneo desde el sur, han sido el Estrecho de Otranto y el Estrecho de Gibraltar. En ambos canales, la inmigración irregular también se considera cada vez más como una cuestión de tráfico y trata de personas y, por lo tanto, está estrechamente relacionada con la delincuencia transfronteriza organizada (Lutterbeck 2006, p. 61).

Si el número de inmigrantes que transitan por Libia y Marruecos hacia Italia y España ha disminuido por la adopción de estas medidas, por otro lado, ha aumentado el número de salidas de Mauritania, Senegal, Guinea Conakry, Argelia, desde Túnez, desde Turquía y a través de Grecia. El número de víctimas de estas nuevas rutas de inmigrantes ilegales aún es incalculable (Vassallo Paleologo 2007, p. 4).

Otra consecuencia de los controles reforzados a lo largo de la costa de Italia, que ha aumentado considerablemente los riesgos para los inmigrantes indocumentados, es que los traficantes de personas, para evitar ser interceptados por la policía, han comenzado a obligar a los migrantes a abandonar los barcos antes de llegar a las costas italianas (CENSIS, 1999).

Las penas cada vez más severas disuaden a los barcos pesqueros y buques mercantiles de asistir a los migrantes, como si las convenciones internacionales que establecen una obligación de rescate inmediato ya no fueran válidas en alta mar. Como si en aguas internacionales la causa de la justificación humanitaria que en cambio excluye la sanción penal para aquellos que ayudan a los inmigrantes sin fines de lucro en el territorio nacional ya no es aplicable. Numerosos testimonios de migrantes informan que muchos barcos de pesca ignoran las solicitudes de asistencia, a veces sin siquiera dar la alarma que podría salvar a decenas de personas (Vassallo Paleologo, 2007, p. 3).

Además, los conflictos de competencia entre los Estados y las razones económicas retrasan las intervenciones de rescate y dejan a los migrantes durante días y días a la merced de las olas. El elemento constante de las nuevas políticas europeas en defensa de la Fortaleza Europa es el número de muertos y desaparecidos en el mar, mientras que las cifras de la inmigración ilegal, a escala europea, continúan señalando un aumento constante. Y todos reconocen que estamos en presencia de flujos mixtos, compuestos por migrantes económicos y potenciales solicitantes de asilo, que en cualquier caso tendrían el derecho de ingresar al territorio nacional (Vassallo Paleologo 2007, p. 5).

Las crecientes dificultades de cruzar también han hecho subir los precios cobrados por un viaje ilegal y, por lo tanto, han mejorado la rentabilidad de este negocio.

No hace falta decir que es prácticamente imposible evaluar si, y hasta qué punto, estas medidas han tenido éxito en lograr su objetivo principal, a saber, reducir la migración irregular (Lutterbeck 2006, p. 73).

Los críticos de estos esfuerzos generalmente señalan que el principal objetivo de los países europeos para lograr dicha cooperación es, de hecho, “externalizar” el control de la inmigración más allá de sus fronteras hacia los países del sur del Mediterráneo, que por lo tanto están siendo cooptados en el papel de “guardianes” o “Estados intermedios” generalmente a cambio de asistencia financiera o una relación más estrecha con los países europeos (o la UE). En particular, el hecho de que muchos de estos países tengan un historial de derechos humanos bastante espantoso y que no haya sistemas de protección de refugiados que funcionen hace que esta colaboración parezca altamente problemática, especialmente respecto a la repatriación de migrantes indocumentados. En este sentido, la creciente cooperación entre Italia y Libia, en particular, ha recibido críticas generalizadas por parte de muchas organizaciones de derechos humanos (EU Business, 2005).

Según lo confirmado por numerosos testimonios, en muchos países de tránsito, la corrupción policial y las organizaciones criminales de traficantes de personas forman un "sistema único" que aplasta miles de vidas. De hecho, muchas veces los inmigrantes se ven internados en Libia en condiciones inhumanas antes de ser deportados a los países de origen, como Eritrea y Níger, Malí y Nigeria (Vassallo Paleologo 2007, p. 9).

IV. Conclusiones

Las rutas migratorias hacia Estados Unidos, deben ser regularizadas de otra forma, disminuyendo más que aumentando el nivel de militarización y de criminalización migratoria. En presencia de “flujos migratorios mixtos”, como también señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es necesario implementar una política comunitaria de protección efectiva en los países occidentales. Una recomendación, que va en contra de lo que actualmente se está intentando, es decir, la externalización del control fronterizo y sus consecuencias negativas para la población migrante.

Para la protección humanitaria, se necesita una legislación uniforme en los diversos países europeos, africanos, del norte y centroamericanos, una legislación que no sea orientada hacia la criminalización de los migrantes sino que hacia el respeto de sus derechos humanos, que se oriente sobre la base de una distribución de las intervenciones de asistencia (compartir la carga) y una protección particular de los sujetos vulnerables (mujeres, niños, víctimas de tortura), pero también reabriendo los canales de entrada legal para la búsqueda de empleo, e introduciendo mecanismos permanentes de regularización.

Paralelamente en Europa y para Europa, las recomendaciones son las mismas. A lo largo de la historia, el Mediterráneo ha sido visto como un puente, así como una barrera o frontera, tanto durante la Guerra Fría como durante la era posterior a la Guerra Fría, pero la segunda perspectiva parece haber sido la predominante. Durante la Guerra Fría, los países occidentales vieron el Mediterráneo como una línea divisoria entre el Este y el Oeste. Áreas como el Estrecho de Gibraltar o el Canal de Sicilia se consideraron puntos marítimos estratégicamente cruciales para bloquear y rechazar un potencial ataque naval soviético. Con el fin de la bipolaridad, el Mediterráneo parece seguir siendo una línea divisoria, ya no entre el este y el oeste, sino entre el norte y el sur. Como la frontera entre EE. UU. y México, es una línea de separación entre países altamente industrializados, prósperos y estables, y países que están plagados de pobreza, desequilibrios demográficos y diversas tensiones nacionales y regionales.

En el caso de las migraciones hacia Europa, las misiones FRONTEX deben bloquearse o convertirse en la perspectiva de la protección absoluta de la vida humana y el derecho de asilo. Se deben evitar las prácticas policiales recién adoptadas y las expulsiones colectivas. Finalmente, la financiación otorgada por los gobiernos europeos a los países de tránsito para mantener verdaderos centros de detención de migrantes irregulares debe interrumpirse de inmediato (HRW, 2005).

V. Referencias bibliográficas

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Notas

Enlace alternativo

https://mdd.unah.edu.hn/publicaciones/revista-poblacion-y-desarrollo-argonautas-y-caminantes/vol-15-2019 (pdf)