Introducción

La producción de estudios acerca de la vinculación entre educación-empleo en México, inició durante la década de los sesenta, pero es hasta los primeros años de la década de los setenta que se comienzan a advertir diversas tendencias teórico metodológicas en los diseños de las investigaciones correspondientes a esta rama del conocimiento. Uno de los rasgos más sobresalientes de los estudios que se realizaron durante ambas décadas es la de analizar el efecto de la escolaridad en la distribución del ingreso derivado del trabajo (Muñoz I, 1992).

Al respecto, debe señalarse que durante la década de los setenta y los ochenta, la política educativa estuvo fuertemente influida por las teorías del capital humano (Márquez, 2002), que señalaban que la educación era un bien de inversión y quienes invertían en ella, podrían verlo reflejado en una utilidad posterior cuando al incorporarse al mercado laboral, obtendrían mejores recompensas económicas y experimentarían una movilidad social ascendente.

Es así que aparecieron los primeros estudios que pretendían poner a prueba las principales teorías del capital humano y de aquellas perspectivas que hacían hincapié en los beneficios de la posesión de mayores niveles de educación (teorías del credencialismo) (Muñoz I., 1992, 1993; Bracho, 1994). Los resultados de investigación mostraron que el factor educación por sí mismo no tenía un efecto directo en los ingresos, pues aparecía la interacción entre variables atribuidos a la persona y a los espacios de trabajo que marcaban importantes diferencias en los ingresos. En este marco, hay que tomar en consideración que la Teoría de la construcción social del mercado de trabajo, en clara posición crítica a la visión lineal y mecánica de la teoría del capital humano, establece que el mercado es una construcción social, esto es, el mercado de trabajo es un espacio de encuentro de oferentes y demandantes de empleo, que ponen en juego acciones o estrategias guiadas por la intencionalidad de obtener y ofrecer un empleo, pero dentro de ciertas condiciones definidas por los actores que intervienen (De la Garza, 2003; Valle, 2010).

Además, hay que señalar que para que los egresados de educación superior obtengan un empleo y logren insertarse en el mercado laboral, es necesario satisfacer dos condiciones. Por un lado, es necesario lograr una eficiente correspondencia entre lo que se establece desde los planes de estudio que los jóvenes deben aprender y lo que realmente aprenden y lo que los jóvenes requieren para desempeñarse exitosamente en el mercado laboral. Por otro lado, es necesario lograr un razonable equilibrio entre las cantidades de jóvenes que egresan de las Instituciones de Educación Superior (IES) y la capacidad del sistema económico para absorberlos en condiciones aceptables (Muñoz I., 2001; 2006).

Muñoz I., (2001), señala que durante la década de los cincuenta y sesenta, existía más de un puesto de trabajo por cada egresado del sistema de educación superior. Fuentes (1988), indica que incluso durante la década de los setenta, el sistema económico lograba contratar a todos los egresados universitarios, puesto que se estaban creando nuevas instituciones y las secretarías y dependencias estatales se encontraban en crecimiento. Empero, el escenario se modificó durante los primeros años de la década de los ochenta, debido a que la capacidad de la economía para absorber a quienes terminaban sus estudios profesionales, empezó a ser menor que la velocidad con que se expandió el egreso de las IES. El problema fue de tal magnitud que durante dicha década, casi cuatro egresados tuvieron que competir para obtener uno de los escasos puestos ofrecidos por el sistema productivo (Muñoz I., 2001).

De esta manera, se comenzó a conformar un nuevo escenario laboral para los egresados del sistema de educación superior. En las décadas siguientes, la proporción de egresados que pudieron obtener empleos acordes a su formación siguió disminuyendo, a tal grado que los egresados en la actualidad, se ven en franca necesidad de competir por alcanzar algunos de los puestos de trabajo ofrecidos por el mercado laboral. Pero también, comenzó a tomar forma un discurso, económico-empresarial que puso el énfasis en la necesidad de que las universidades ajustaran sus contenidos formativos para garantizar que los profesionistas cumplieran las exigencias y características que demandan los puestos de trabajo.

Desde esta perspectiva, en el presente artículo se pretende ofrecer un panorama sobre las condiciones de empleo entre los profesionistas en México desde la década de los noventa hasta la actualidad. Y, para darle mayor fuerza y consistencia al análisis, se hace un breve análisis sobre las nuevas necesidades de formación profesional, a la luz de los cambios en las organizaciones sociales y productivas.

Para cubrir este complejo objetivo, el artículo se divide en tres apartados: a) el primero lo constituye esta introducción donde se establece la relevancia del tema y el objetivo del trabajo; b) el segundo apartado, lo constituye el análisis de diversas fuentes de información sobre la situación del empleo para los profesionistas en México desde la década de los noventa hasta la actualidad, tales como artículos especializados sobre el tema, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), así como la información obtenida del Observatorio Laboral Mexicano. Se dedica un apartado especial al análisis de las nuevas necesidades de formación que se impulsan y demandan desde los sectores productivos y, c) en el tercero, se discuten brevemente los principales hallazgos a las luz de las condiciones económicas actuales en el país y se presentan las conclusiones del trabajo.

Escolaridad y empleo durante la década de los noventa

Durante la década de los noventa, la actividad económica experimentó etapas de recesión y desaceleración de su crecimiento por lo que el mercado laboral vio reducida su capacidad de absorber a quienes contaban con estudios superiores. El amplio estudio realizado bajo los auspicios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), coordinado por Enrique Hernández Laos (2003), brinda un panorama bastante detallado de la situación del mercado de trabajo de los profesionistas para el periodo 1990-2000.

Entre los resultados más sobresalientes, se puede señalar que la oferta neta de profesionistas acumulada durante la década ascendió a 1.9 millones de personas, en tanto que la demanda agregada a 1.8 millones de profesionistas. El excedente de profesionistas fue de 135, 000 personas, es decir, 7% de la oferta acumulada durante la década. Esto significa, que pese al notable bajo nivel de crecimiento de la economía durante la década, la amplia mayoría de los profesionistas lograron colocarse en el mercado laboral (Hernández, 2004).

No obstante, es necesario matizar estos resultados. Una mayoría significativa (60%), de los profesionistas mexicanos, se emplearon en ocupaciones preferentemente profesionalizantes, mientras que el resto de los profesionistas, se ubicaron en ocupaciones de carácter comercial, técnico y operarios calificados, incluso en ocupaciones que pueden ser desarrolladas indistintamente por personas con y sin educación profesional.

El análisis por sectores de la información, muestra algunos resultados de gran valía. El sector servicios y en menor medida el comercial, constituyeron las actividades económicas más relevantes en materia de empleo de profesionistas, en la medida en que siete de cada diez encontraron empleo en estos sectores. En cambio, el sector manufacturero, no constituyó un sector relevante desde el punto de vista del empleo de profesionistas (Hernández, 2004).

Estos resultados ponen de manifiesto dos conclusiones sumamente importantes: a) el número de egresados necesarios para laborar en ocupaciones de carácter profesional y de “calidad” fue mucho menor que el número total de egresados del sistema de educación superior del país durante la década, y b) el que el excedente de oferta de profesionistas haya encontrado empleo en ocupaciones de carácter residual, sugiere que los egresados universitarios desplazaron de esas labores productivas a personas con menores niveles de educación formal (Hernández, 2004)

En relación a los ingresos obtenidos como producto del trabajo, se identificó que a pesar del notable crecimiento de la oferta neta de profesionistas, las remuneraciones de los profesionistas se mantuvieron relativamente constantes, aunque con ciertas diferencias entre el tipo de empleo que desempeñan. Al inicio de la década de los noventa, quienes tenían empleos de tipo profesional eran 60.2% mayores que los de aquellos que se ubicaban en empleos de carácter comercial o técnico. En cambio, al cierre de la década, las brechas en el ingreso salarial disminuyeron, a sólo el 48.8% (Hernández, 2004).

En síntesis, se puede señalar que la década de los noventa mostró una paulatina saturación en las ocupaciones para egresados universitarios. Este comportamiento, puede ser explicado por un acelerado proceso de formación de profesionales por parte de las instituciones de educación superior, frente a un precario ritmo de crecimiento y absorción por parte del mercado laboral. Esta situación, obligó a que una cantidad considerable de profesionistas se emplearan en ocupaciones de menor calidad e ingreso y que históricamente exigían menores niveles de calificación y certificación.

Egreso, escolaridad y empleo durante la primera década del siglo XX

De acuerdo a las estadísticas de ANUIES, durante el ciclo escolar 2000-2001, el número de egresados del sistema de educación superior en México en los tres niveles y en todas las áreas de conocimiento, reportó un total de 335 mil egresados, mientras que para el ciclo escolar 2008-2009, el total de egresados ascendió a 482 mil; cifras que representan un crecimiento del 43% en toda la década (Gráfica 1). Un dato que es importante resaltar es que del ciclo escolar 2000-2001 al 2008-2009, en nivel Licenciatura, se incrementó un punto porcentual el egreso de las mujeres, mientras que en el posgrado se incrementó en un 7% (Hernández, 2012). Este resultado es revelador, del nivel de dedicación y compromiso hacia los estudios por parte de las mujeres.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Empleo reportó al segundo trimestre del año 2000, que en México se encontraban ocupadas 4.1 millones de personas con estudios universitarios, nueve años después, en 2009, la población se incrementó a 6.2 millones, lo que representó una tasa de crecimiento de 4.7%. De entre quienes lograron emplearse durante la década, la mayoría encontró empleo en los sectores terciarios (comercio, servicios y gobierno) y proporciones menos importantes en otras actividades, incluyendo a la industria manufacturera (Hernández, 2012).

Además, hay que señalar que el crecimiento de las profesionistas mujeres ocupadas durante la década fue más dinámico que el de los profesionistas ocupados hombres, ya que el número de éstos creció sólo a un ritmo de 3.7% anual, mientras que el de las mujeres aumentó a 6.2% anual en promedio. Este resultado no hace más que señalar que en los últimos años se ha venido reconfigurando el empleo entre los profesionistas universitarios, donde las mujeres continúan desplazando, en alguna medida, a los profesionistas hombres (Hernández, 2012).

Ahora bien, observemos a qué segmento de la población afectó en mayor medida el desempleo. De acuerdo a Márquez (2012), el desempleo afectó a toda la población, no obstante, los más afectados fueron los profesionistas cuya tasa de desempleo se incrementó en 4 puntos durante dicho periodo; siguiéndole aquellos trabajadores con estudios de nivel medio superior quienes aumentaron su nivel de desempleo en 3.8 puntos porcentuales. Sin embargo, es necesario matizar que el desempleo afectó en mayor medida a los profesionistas jóvenes que a los de edades intermedias y avanzadas (entre 30 y 55 años) y con mayor intensidad a los hombres que a las mujeres.

En lo que concierne a la relación entre estudios y trabajo, se identificó que el 69% de los profesionistas desarrollaban actividades que coincidían con sus estudios, ubicándose en un porcentaje más elevado (90%), quienes se dedicaban a la educación o al cuidado de la salud, mientras que en el campo económico administrativo, el nivel de coincidencia se ubicó en el 60% (Márquez, 2011).

Otro de los datos que llama la atención, es que pese al panorama del empleo y el desempleo que se presentó entre la población con educación superior, se identificó que las personas con estudios de educación superior, expusieron mayores probabilidades de acceder a mejores salarios. De hecho, en 2010, cerca del 55% de los profesionistas tenían ingresos superiores a tres salarios mínimos, mientras que este porcentaje disminuyó a 30% para las personas con estudios de nivel medio superior, y hasta 18% para quienes tenían educación básica (Márquez, 2011).

Con base en la información obtenida, se puede señalar que durante la primera década del presente siglo, se mantuvo un desajuste entre la oferta de egresados de educación superior y la demanda de egresados por parte del mercado laboral, y esto a su vez trajo consigo, que los profesionistas se emplearan en ocupaciones no acordes con su perfil formativo; afectando en mayor medida a aquellos profesionistas jóvenes (menores de 30 años). De hecho, Hernández (2012) señala que en el periodo del 2000 al 2009, la magnitud del deterioro en la calidad del empleo para los profesionistas, fue más acentuada que la registrada en el decenio pasado.

Panorama del empleo profesional durante al segundo trimestre de 2018

Con la finalidad de contar con un panorama más integral sobre la relación entre educación y empleo para el año 2018, se toma como referente la información obtenida a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al segundo trimestre de 2018 y se complementa con algunos datos procedentes del Observatorio Laboral Mexicano[2].

La Población Económicamente Activa (PEA) es una variable que muestra a la población en edad de trabajar y que participa en actividades económicas, como trabajar o que busca hacerlo activamente; en otras palabras, la PEA es la oferta de trabajo disponible en un país. Durante el último trimestre del 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) del País se ubicó en 46.5 millones de personas, mientras que para el segundo trimestre de 2018, la PEA, se colocó en 55.6 millones de personas, lo que representó un crecimiento del 13.2%. En tanto, la población ocupada en 2010 se colocó en 46.5 millones de personas, mientras que en 2018, ascendió a 53.7 millones de personas, que se traduce en un crecimiento del 15.4%.

También debe señalarse que la población desocupada disminuyó 11.9% en 2018 con respecto a 2010. De la misma manera, destaca el comportamiento de la población no económicamente activa disponible con una disminución en su crecimiento del 2.6%, para el periodo 2010-2018 (Cuadro 1).

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el año de 2009, existían 6.2 millones de profesionistas ocupados, cerca de diez años después, en el primer trimestre de 2018, este dato se incrementó a 8.7 millones de profesionistas, lo cual se traduce en un incremento del 40%. Sin duda, este crecimiento viene provocado por la expansión educativa que sigue provocando cambios estructurales entre la población ocupada.

También hay que tomar en consideración que al segundo trimestre de 2018, los datos de la ENOE señalan que el 96.6% de los ocupados contaban con algún nivel de estudios. De éstos, el grueso de la población ocupada, se ubicaba en en nivel secundaria y media superior, cuyo porcentaje alcanzó al 50.42%, siguiéndole en segundo término, quienes contaban con educación primaria, con un porcentaje del 24.55%, mientras que la población ocupada con estudios de educación superior alcanzó el 21.33%.

Entre las carreras con un mayor número de profesionistas ocupados se encuentran las pertenecientes al campo de la Administración y Gestión de empresas (882, 723), el Derecho (772, 922) y la Contabilidad y Fiscalización (748, 537); mismas que en su conjunto abarcan a cerca del 28% del total de profesionistas ocupados.

Empero, aún sigue presente el desajuste entre la oferta y la demanda de egresados. De nueva cuenta, los grupos más educados, entre quienes destacan aquellos que tienen educación superior, presentan las tasas más altas de desempleo. La ENOE señala que al segundo trimestre de 2018, dos de cada cinco personas con educación superior se encontraban desempleados, siendo los hombres a quienes afectó en mayor medida el desempleo y/o subempleo.

Quizá uno de los datos relevantes del tema, es que la ENOE, muestra que del total de los profesionistas ocupados en México, el 45% está representado por las mujeres, siendo que las áreas donde es más notable su participación es en Educación, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias Biológicas y Artes. Este resultado confirma los hallazgos que se tuvieron en la década pasada, que muestran que las mujeres continúan avanzando y posicionándose en el mercado laboral, aunque hay que resaltar que aún no se logran insertar de lleno en aquellos espacios tradicionalmente tomados por los hombres, puesto que tienen muy poca presencia en las Ingenierías, la Arquitectura, Urbanismo y Diseño y en el área de Ciencias Físico Matemáticas.

Otro dato importante que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), es que el 80.8% de los profesionistas ocupados en el país son trabajadores subordinados y remunerados, el 6.4 % son empleadores y tan sólo 12.8% trabajan por cuenta propia. El área de Educación es la que cuenta con la mayor proporción de profesionistas subordinados y remunerados, quienes representan el 93.7 %.

De igual forma, conviene identificar el nivel de coincidencia entre los estudios realizados y la ocupación de los profesionistas. La ENOE reporta que a nivel nacional el 80.2% de los profesionistas se encontraban ocupados en actividades relacionadas con sus estudios, donde destacan aquellos pertenecientes al área de la Salud Pública con el 98.2%, siguiéndole en segundo lugar los del área de la Planeación y evaluación educativa con el 97.5% y en tercer lugar, la Medicina con el 96.5% (Cuadro 3).

Finalmente, conviene prestar atención al promedio de ingresos monetarios entre los profesionistas. Al segundo trimestre de 2018, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), reporta que el promedio mensual de los profesionistas ocupados del país es de $11,325 pesos; siendo que en cinco de las diez áreas del conocimiento el ingreso se ubica por encima del promedio nacional. El área de Arquitectura, Urbanismo y Diseño es quien percibe los ingresos más elevado con $13,017, le sigue el área de Ciencias Físico Matemáticas con $12,544 y en tercer sitio se encuentra el área de Ciencias Biológicas con $12,188 pesos mensuales (Cuadro 4).

Pero también hay que destacar aquellas áreas donde los profesionistas obtienen los ingresos más bajos: Artes ($10,234), Humanidades ($9,760) y Educación ($9,380).

La información disponible de la ENOE para el año 2018, aunque limitada, brinda la oportunidad de entender la naturaleza dinámica y compleja de la ubicación de los profesionistas en los ámbitos de trabajo en que se inscriben. Los resultados muestran la tendencia que se había venido observando desde la década de los ochenta: un desajuste entre la oferta de profesionistas y las oportunidades de empleo que ofrece el mercado laboral. Pero lo relevante y que es necesario destacar, es que quienes cuentan con estudios superiores tienen mayores posibilidades de acceder a mejores condiciones de empleo.

Las nuevas demandas de formación profesional a la luz de los cambios en las organizaciones productivas

El proceso de reestructuración productiva que se viene experimentando en México desde la década de los ochenta, a través de los cambios organizacionales e institucionales que constituyen la llamada “flexibilización laboral”, la emergencia de las ocupaciones basadas en el conocimiento especializado y flexible, así como el carácter heterogéneo y segmentado del mercado laboral, plantean nuevos desafíos en términos de formación a las instituciones de educación superior (Solís, 2014). En este sentido, Brunner (2002, p. 24) plantea que “en un mundo con mayores restricciones de empleo, y con un alto ritmo de cambios en las ocupaciones y las relaciones laborales, las IES están forzadas a adoptar nuevos enfoques que incluyen el continuo monitoreo del mercado laboral y el ajuste de sus programas y cursos de acuerdo a dichos cambios, así como a dar mayor atención que hasta ahora al valor de la experiencia laboral, pasantías y arreglos colaborativos con la industria”. Aunado a ello, Márquez (2011), señala que de no prestar atención a los cambios que se están gestando en el entorno, es muy probable que los desajustes entre la educación superior y el mercado laboral se incrementen generando efectos negativos en la empleabilidad de los profesionistas.

No obstante, no hay suficiente certeza sobre los cambios que desde las universidades se deben impulsar para lograr que los profesionistas sean participes activos en los procesos de inserción laboral y a su vez, sean capaces de responder fehacientemente a las exigencias que plantea el ejercicio profesional. La literatura sobre el tema establece que la tarea no sólo le pertenece a las universidades, sino también a las empresas y al gobierno, lo que se ha denominado el modelo de la “triple hélice”. Sin embargo, para efectos del presente artículo, resulta conveniente centrar la mirada en los nuevos requerimientos de formación profesional a la luz de los procesos de reestructuración productiva que se vienen experimentando en México.

La ANUIES (2000), plantea cuando menos dos tareas que las Instituciones de Educación Superior deben atender. La primera tiene que ver con el tránsito de sus rígidas estructuras burocráticas hacia estructuras más flexibles. Es decir, estructuras organizacionales que sean más flexibles, que se abran al entorno y donde se permita la interacción y el contacto con otras instituciones donde se produce y consume el conocimiento científico. La segunda tarea resulta más compleja pues toca el terreno curricular y los procesos educativos. En este marco, plantea que las innovaciones que se deben impulsar tendrían que apuntar hacia la constitución de un sistema abierto que no limite la enseñanza a lo que pasa al interior de las aulas, sino que vincule a los estudiantes con lo que sucede en su entorno, es decir, fuera de la escuela.

Desde esta perspectiva, las instituciones tendrán que desarrollar una mayor apertura para proporcionar nuevos espacios y ambientes de aprendizaje que aseguren los conocimientos y las habilidades que se requieren en el entorno social y productivo. Así pues, será necesario que las instituciones transformen su concepción de lo que hasta ahora tienen sobre la formación profesional, para dar paso al desarrollo de conocimientos y habilidades con mayor aplicación e impacto en los terrenos laborales. Esto no significa que la universidad se deba abrir al mercado laboral y con ello ver mermada su autonomía y capacidad de decisión sobre los conocimientos socialmente válidos, sino por el contrario se establece que la universidad, tiene la compleja tarea de identificar nuevas necesidades que permitan dotar a los futuros profesionistas de los conocimientos aplicables y las competencias[3] profesionales que necesitan para desempeñar con éxito tareas altamente calificadas.

De esta manera, se plantea un cambio en torno a la concepción del proceso educativo, pues este nuevo paradigma involucra un cambio con relación a la idea de que los conocimientos y habilidades que se transmiten, impulsan y desarrollan desde la universidad deben tener la característica de ser relevantes en los diferentes contextos. La formación enciclopédica que durante muchos años caracterizó los procesos educativos en la universidad, ha perdido valor frente a las nuevas exigencias que plantean los escenarios laborales. Ruiz (2004), lo sintetiza de la siguiente manera: “La atención ya no está puesta en aquellas destrezas o conocimientos muy específicos que establecía un puesto ocupacional en el modelo taylorista, en contraste, las actuales exigencias dibujan configuraciones ocupacionales y perfiles profesionales orientados a la polivalencia y, en general, al desempeño de un conjunto de tareas y funciones diversas, articuladas entre sí” (Ruiz, 2004, p. 97).

Básicamente, hay un acuerdo entre quienes se han dedicado a investigar el tema, que hay cierto tipo de “competencias de empleabilidad[4]”, que más allá de la formación profesional, campo o área de conocimiento se requieren para llenar las expectativas de perfil profesional que traza una organización con el objetivo de ocupar y mantener un puesto de trabajo determinado.

Valle (2004, p. 41), señala que “Entre las propuestas para el caso mexicano, destacan las habilidades de comunicación oral y escrita, capacidades para el manejo de la tecnología de la informática y el dominio de lenguas extranjeras, además de mayores capacidades para el trabajo en equipo y la interacción con especialistas de otras disciplinas”. Por su parte, Brunner (2008) plantea que el mercado laboral tenderá (tiende) a valorar otros elementos diferentes que la credencial educativa, como experiencias vividas, aprendizajes en contextos no formalizados, demostraciones de competencias, manejo de sí mismo en distintas situaciones, redes sociales, exposición a retos internacionales y familiaridad en el uso de tecnologías de información e idiomas.

Los hallazgos de una investigación efectuada por Gómez (2012) en Colombia, muestran que el mercado laboral se ha reconfigurado, por lo que ha dejado de otorgar valor al certificado educativo como instrumento de asignación de un empleo, y en su lugar, está privilegiando otra serie de competencias, como liderazgo, capacidad de análisis, adaptación al cambio, organización y planeación, y la comunicación oral.

En este sentido, Bartual (2016), efectúa una investigación con empleadores de graduados de la Universidad de Barcelona, entre sus hallazgos identifica que las necesidades de formación difieren según el tamaño de la empresa. Aquellos empleadores pertenecientes a las micro y pequeñas empresas, hicieron hincapié en la importancia de que el graduado cuente con la capacidad de aplicar de manera inmediata los conocimientos y habilidades, es decir, que “sepa hacer”, más que “tenga capacidad de aprender”, en otras palabras, valoran en mayor medida las competencias específicas que las genéricas . En cambio, las medianas y grandes empresas tienden a conceder más valor a las competencias genéricas, como por ejemplo, la flexibilidad, la adaptación y la capacidad de aprendizaje.

En síntesis, en el actual mundo globalizado, para que un profesionista se inserte y permanezca en el mercado laboral, no es suficiente con que porte un certificado educativo –expedido por una institución de educación superior, sino también, aparecen otra serie de “competencias”, que los autores han denominado específicas y genéricas. Las competencias genéricas incluyen aspectos como flexibilidad, capacidad de adaptación, organización, compromiso, decisión, análisis, habilidades comunicativas, capacidad de trabajo en equipo, y es justamente en este grupo, donde se incluyen ciertos valores, como el respeto hacia el otro, la responsabilidad y la tolerancia. Las competencias específicas, hacen alusión a los conocimientos que se cultivan en cada una de las disciplinas o campos de estudio, que se adquieren a través de la escolarización y que tienen aplicabilidad en los contextos laborales.

Mercado laboral y educación superior: una discusión necesaria

En un estudio publicado por José Joaquín Brunner, sobre el vínculo entre educación superior y mundo del trabajo (2008) plantea la siguiente interrogante ¿se hacen cargo las universidades, en sus distintos ciclos formativos, de desarrollar las competencias no tradicionales que las empresas reclaman de los graduados? Y, agrega, ¿están preparados los jóvenes para ingresar a un mercado laboral más y más competitivo e inestable?

En este sentido, Brunner (2008) plantea que ante las nuevas realidades del trabajo en el capitalismo moderno o posmoderno, caracterizadas por el imperativo de la flexibilidad, la reingeniería de las empresas y sus procesos de gestión, la precarización de los empleos, la subcontratación, el reemplazo de las cadenas por redes de producción, se hace un llamado a las universidades a adaptarse a las necesidades de la economía y a las demandas del mercado laboral.

No obstante, Brunner (2008) muestra su postura crítica en dos sentidos. En primer lugar, porque el discurso empresarial insiste en señalar que las universidades deben hacer ajustes a sus perfiles formativos, para garantizar que los profesionistas cumplan con las exigencias y características que demandan los puestos de trabajo. Empero, este llamado tiende a mostrar su lado oscuro, especialmente, porque se descuida que las universidades tienen sus propias estructuras y formas de evolución, tienen tiempos de cambio que no necesariamente se ajustan a las dinámicas sociales. Poseen unas formas de división y organización del trabajo que no se prestan expeditamente para la reingeniería, ni corren ellas a la misma velocidad que siguen las empresas. Además, se tiene que considerar que una cosa es llamar a la reflexión y otra muy diferente, lograr que las universidades hagan ajustes de fondo, no sólo en sus estructuras, sino también en sus prácticas internas. En segundo lugar, sigue sin quedar claro si las universidades deben hacer ajustes a sus currículos formativos de acuerdo a las exigencias planteadas por los empleadores. Y, a su vez, no queda claro cómo traducir los lenguajes de la demanda ocupacional a los lenguajes de la oferta formativa. Si bien, en lo que se tiene claridad es en que la universidad no puede ni debe abrirse completamente al mercado, ni está dentro de su quehacer académico dar respuesta a cada una de las peticiones que se hacen desde los empleadores.

En lo que se tiene claridad es que la continua reinvención de las organizaciones sociales y productivas, el incremento de los empleos precarios, la obsolescencia de los conocimientos a la luz de las nuevas tareas laborales y la creciente interdependencia con economías de otras latitudes, obligan a que las instituciones de educación superior estén alerta y procuren identificar aquellas necesidades de formación que se requieren en cada uno de los campos disciplinares, de forma tal que, se facilite el camino hacia la obtención y permanencia en un empleo. Por tanto, la universidad no puede, de modo alguno, quedar regida por la dinámica ni por la lógica del mercado, pero tampoco puede quedarse inmóvil y seguir formando a futuros profesionales sin tomar en consideración los cambios del entorno.

Conclusiones

El artículo arrancó haciendo una exposición sobre el aparente enfrentamiento entre las diferentes teorías que explican la relación entre educación superior, empleo y crecimiento económico. Mientras la teoría del capital humano insiste en que la inversión de los seres humanos en la educación es uno de los principales factores de crecimiento económico, el cual se expresa a través del aumento de los salarios; otras vertientes han puesto el énfasis en que el proceso no es demasiado mecánico ni lineal, debido a que hay que tomar en consideración las condiciones de la economía, los atributos personales, las características de las organizaciones productivas y también las estrategias y aspiraciones que plantean tanto los oferentes como los demandantes de empleo. El conjunto de teorías señaladas no son contradictorias, sino por el contrario, son complementarias y permiten entender las diferentes y desiguales condiciones de empleabilidad que afrontan los profesionistas en México.

Aunque no se intentó poner a prueba ninguno de los supuestos básicos de los enfoques predominantes en la economía y sociología de la educación, los resultados obtenidos en este artículo permiten afirmar que a mayor nivel de escolaridad, particularmente de educación superior, se incrementan las probabilidades de que los profesionistas se incorporen en ocupaciones acordes con los estudios efectuados (Hernández, 2004, 2012) y se reduce el riesgo de que se incorporen en empleos de baja calidad o que no requieran de conocimientos especializados. Si bien es cierto, que el desempleo o subempleo afecta en mayor medida a las personas con mayor nivel de escolaridad, pero también es cierto que afecta a los más jóvenes y tiende a disminuir a medida que avanzan en su trayectoria profesional (Márquez, 2011). En otras palabras, la evidencia empírica es contundente a favor de la hipótesis de que la escolaridad, es un factor explicativo importante cuya naturaleza es estratégico, pero no decisivo, en el intento de entender los procesos de incorporación de los profesionistas al mercado laboral (De la Garza, 2003). Al respecto Valle (2010, 2017) señala que no es sólo el nivel y la especialización educativa lo que conlleva a la obtención de un empleo, “sino todo lo que se asocia a los capitales culturales y sociales derivados del origen socioeconómico y cultural de las personas”, aunado a cierto tiempo de antigüedad y experiencia en el empleo, además de que es necesario considerar la propia subjetividad del sujeto, es decir, las experiencias, expectativas y proyecciones personales que van construyendo los profesionistas.

Al respecto, hay que señalar que la evidencia empírica señala que aún cuando las condiciones laborales para los profesionistas se han venido precarizando desde la década de los ochenta, lo cierto es que quienes cuentan con estudios superiores, continúan, hasta el momento actual, siendo los mejor librados en su relación con el mercado de trabajo y ello les permite acceder a empleos de calidad, que se traducen en salarios más altos, mejores condiciones y prestaciones laborales.

No obstante, apunta Valle (2004) que para que los profesionistas se inserten en empleos de calidad, es necesario que las instituciones educativas presten atención a los cambios que se han venido gestando en los sectores productivos. Apunta que la creciente tecnologización y la instauración de nuevas formas flexibles de producción y organización del trabajo, plantean nuevos retos a los procesos formativos, donde lo importante ya no es lo que los individuos saben por sí mismos, sino las calificaciones que tienen que ver con lo que se puede hacer en equipo, al realizar actividades en colaboración para agregar de manera efectiva valor a los productos que se generan en empresas en lo individual o articuladas en redes (Gee, et. al, 2002, citado en Valle, 2004).

Para sintetizar: los resultados aquí expuestos muestran que el panorama actual de los profesionistas en México, no es malo ni bueno, pero tampoco es el idóneo para quien ha dedicado 16 o 18 años de su vida al estudio. Se observó que los profesionistas desde la década de los ochenta son los que más afrontan el problema del desempleo, principalmente los más jóvenes. Todo apunta a considerar que el desempleo entre profesionistas tiene un origen económico-estructural y que no es un problema directo de la “mala” formación que se proporciona en las universidades. También se identificó que los profesionistas son los primeros en recibir los mayores beneficios del mercado de trabajo, pues tienen las mayores probabilidades de incorporarse a él, de desempeñarse en actividades relacionadas con los estudios y de percibir mejores salarios.

Para mejorar esta situación y lograr que los futuros profesionistas se inserten en empleos de calidad, si bien se requiere que las instituciones de educación superior, respondan a las demandas formativas reales que se plantean desde los sectores productivos, es decir, efectuar los ajustes que resulten necesarios a la luz de la diversidad de las empresas mexicanas. Pero también se esperaría, la implementación de una nueva política económica que venga acompañada de políticas públicas bien definidas que privilegien mayor crecimiento económico, inversión productiva y empleo formal.

Bibliografía

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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Observatorio Laboral Mexicano

Notas