Resumen

Se aborda a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) como una entidad que tiene la capacidad para fungir como espacios de representación de voluntades plurales, de incidir en el cambio de la realidad sociocultural de diversos sectores de la sociedad y sus territorios, incluso con capacidad para generar nuevos esquemas de gobernanza. Estas capacidades se ponen en juego, toda vez que las OSC caen en una relación de dependencia, hacia el Estado y el mercado, arriesgando su capacidad crítica, situación que contraviene el discurso con el que surgieron las OSC, un discurso emancipador, y por la garantía de los Derechos Humanos.

Ello lleva a considerar a las OSC como un medio de reproducción de los mecanismos de conducción gubernamental, y de la reproducción del capital, incorporando al mercado a personas y grupos que por sus propias limitantes económicas no habían sido incluidas en la carrera del desarrollo. No obstante en el contexto posmoderno, nuevos actores se suman a las tareas para alcanzar el desarrollo, se reconocen modos de vida alternativos a los preconizados por el mercado, tomando en cuenta las particularidades sociales y culturales de los actores sociales, alternativas que les permitan acercarse al estilo de vida deseado por ellos mismos y no por el sistema socioeconómico.

Un papel fundamental lo tienen las organizaciones de la sociedad civil, pero a la vez plantea un reto que pondrá en su capacidad de actuación, llevándolas a adoptar prácticas de asociación, investigación y acción como medio para impactar en la política pública y esquemas de gobernanza, todo ello desde una postura crítica y ética, la subsistencia de una organización de esta naturaleza, entonces, estará más vinculado al impacto social y cultural que a su capacidad de captación de recursos económicos.

Palabras clave:

Organizaciones de la sociedad civil, desarrollo, postdesarrollo, modernidad, gobernanza.

Sobre la transformación del estado y la adopción del discurso del desarrollo

La intervención de las organizaciones sociales en la solución de problemáticas sociales y el desarrollo no es reciente, uno de sus antecedentes más visibles pueden ubicarse hacia la transformación del estado de bienestar (desarrollistas en el caso latinoamericano) a uno neoliberal, proceso en el cual el gobierno nacional poco a poco abandona iniciativas y actividades dirigidas al bienestar social, las cuales, hasta entonces, eran consideradas de ineludible responsabilidad para dar viabilidad a la existencia de sus poblaciones.

El desarrollo era y sigue siendo un discurso desde el cual el aparato gubernamental y otras organizaciones diseñan planes y programas de intervención a poblaciones, para que estas se acerquen a los estándares de la modernidad o, en el lenguaje del desarrollo humano sumen capacidades, en el que se destaca la tecnología como uno de los principales detonantes del progreso material de los países; la pobreza, los valores y la diversidad cultural, por otro lado, serían considerados un lastre en esta lucha.

De esta manera, el desarrollo adquirió una gran relevancia, para unos países recuperarlo, para otros lograrlo, principalmente a través de la inversión de capital y la industrialización acelerada de las naciones tercermundistas o subdesarrolladas, bautizadas así por el presidente Truman, en su discurso de posesión, el 20 de enero de 1949[2] el cual marcaria una etapa de desarrollo en que los gobiernos nacionales -asesorados y financiados por los países primermundistas y las instituciones creadas con ese fin (Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional, por ejemplo) - inician con la ya mencionada industrialización y el intento por dar cobertura a los servicios básicos.

Este discurso vuelto acción, no ha permanecido inmutable y por ello debe ser analizado, ya que de acuerdo con Escobar (2007) ha evolucionado y se ha escondido tras diferentes conceptos, no obstante, la lógica del desarrollo obedeció a los estándares que aparecieran luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se estableció como potencia económica y cuyo estilo de vida se establece como ideal y modelo deseable para el tercer mundo.

La adopción de estas tendencias en México tiene un desarrollo particular. Debemos recordar que nuestro Estado, obedeciendo las demandas de la Revolución de 1910 toma un carácter benefactor, es decir, adquiere un papel protagónico en la organización de la vida social, la distribución de tierras, las relación de trabajador y patrón, la propiedad privada, el uso y distribución de recursos naturales, todas estas facultades quedaron instituidas en la constitución de 1917, en la que en términos generales, el Estado adquiere la responsabilidad garantizar el desarrollo económico y el amaine de la pobreza, consolidando su papel como “ instrumento racionalizador, único, capaz de organizar a la nación y de hacerla progresar, el único apto, pues, para llevar a cabo la superación de un “atraso” ancestral y lograr la modernización del país” (Revueltas, 1993: 218), desarrollando programas de asistencia social orientados a mitigar la pobreza y sus múltiples efectos, “tratando de universalizar servicios como la educación y la salud y en otros casos enfocándose a la reducción o combate a desigualdades específicas” (Pineda 2011:16), para mejorar las condiciones de vida de la población.

En términos generales, esta dinámica posibilita la consolidación de los instrumentos de control político, en el que se corporativizo a diferentes gremios de la vida política del país, particularmente como beneficiarios directos del ejercicio Estatal, que a cambio contribuyeron al fortalecimiento del Estado mediante el apoyo político, concentrando la riqueza en minorías sociales, gestándose la práctica que actualmente conocemos como corporativismo de estado en el que “...las posibilidades de solución de las demandas dependen de la adscripción, es decir, de la pertenencia a determinada organización, de la fidelidad política personal y no del ejercicio de un derecho ciudadano y de la validez de la demanda... (Gordon 1995:118), generando con ello esquemas de corrupción y acentuando la desigualdad social.

Si bien, el capital era parte importante en el crecimiento económico del país (y de otros) (quedando demostrado en la creación de empresas estatales, en las que la iniciativa privada fue encargada de desarrollar los procesos productivos), era al mismo tiempo fuertemente regulado, con miras a la protección social del trabajador. La consolidación del control político mediante un partido de Estado, el corporativismo de Estado y la fuerte determinación de la producción, formaron el tándem ideal para la formación de un Estado más bien autoritario, poco democrático, que perseguía la riqueza y crecimiento, con base a los recursos propios, aunque con el tiempo, el capital se convertiría en el actor principal en esta relación,

El reparto agrario y la intervención gubernamental en la iniciativa privada, generó descontentos principalmente entre empresarios y terratenientes, y que se oponían a los principios de gubernamentalidad impuestos por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. El impulso agrarista también encontró su fin al termino del mandato de Lázaro Cárdenas, sustituyéndose con una visión industrialista propia de Manuel Ávila Camacho y las fortalecidas relaciones con Estados Unidos, luego de la ayuda[3] que México brindara a EEUU, durante la Segunda Guerra Mundial, pero no solo termina el reparto agrario, se inicia un desconocimiento de los compromisos hechos por la revolución; cesa el reparto agrario[4] , se busca regular el derecho a huelga, y se da una rápida adopción de los valores de la modernidad, con lo cual se busca beneficiar la iniciativa privada, brindando créditos a empresarios, del sector rural y urbano, pues son ellos:

“… a quienes se considera el pilar de la modernización y el desarrollo. Desde 1940 la mayoría de los recursos destinados al fomento de empresas capitalistas se obtienen por medio de la deuda externa, generándose una dependencia creciente del capital extranjero. Con Miguel Alemán el gobierno fortalece su trato preferencial hacia los empresarios privados y acentúa la naturaleza y lógica capitalista del Estado, utilizando los créditos para impulsar empresas privadas o estatales, en tanto que las unidades campesinas carecen de recursos mínimos para la producción” (Domínguez y Carrillo 2009: 7)

En esta coalición histórica podemos rastrear el origen de la adopción de los valores del desarrollo impulsados por EEUU, y adoptados por México que además se asume como un país tercermundista. Más adelante también se inicia la transformación del Estado benefactor al neoliberal, transición marcada además por numerosos movimientos sociales desde fines de la década de los cincuenta, originados por la pérdida de las garantías de los derechos de los trabajadores, y los posteriores críticos del autoritarismo y la falta de democracia, además de la exclusión de numerosos contingentes de la población de los beneficios sociales,

Así, se inicia una lenta transformación política del Estado mexicano, caracterizado por un abandono gradual de las responsabilidades gubernamentales respecto a la protección social, lo que dio lugar a la formación de diversos movimientos sociales, de acuerdo con Roa (2015), el movimiento ferrocarrilero y del magisterio, petrolero y de telégrafos (1958 -1959), eran rápidamente sofocados debido al corporativismo antes descrito, en el que los líderes sindicales se rendían ante los intereses patronales, o bien, los mismo lideres contribuían a la represión de los movimientos.

Ante el probado desinterés gubernamental hacia el cumplimiento de las demandas y derechos que se persiguieron durante la revolución, se produjeron fuertes movilizaciones sociales, en las que se demostraba hartazgo y la búsqueda de medios para ganar poder para e influir en el Estado, estas manifestaciones fueron sofocadas mediante la violencia y la imposición gubernamental, este escenario también ocurrirá con el movimiento campesino y estudiantil. Ante la disminución del gasto educativo, la confluencia de intereses facilita que rápidamente se agruparon en demandas y manifestaciones que se tornaron en huelgas, las cuales alcanzarían su máxima expresión con la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, con una masacre, que fue a la vez reflejo fiel de la incapacidad del gobierno para controlar el capital y producir bienestar social.

Debido al endeudamiento sistemático de la nación, otro suceso importante que marcaría el fin del estado benefactor (proteccionista) mexicano, que como momento de auge y declive llevó a cabo la nacionalización de la banca, en general, resultado de la mala gestión gubernamental y la crisis económica que condujo a asumir las políticas económicas “recomendadas” por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, eso mismo destaca el Banco mundial al reconocer que, a principios de los noventa, “el ajuste estructural impuesto a la mayoría de los países en desarrollo está teniendo consecuencias negativas sobre la población como una creciente pauperización y la consecuente inestabilidad social provocada por la aplicación de las políticas económicas y financieras del FMI y del BM (De León 2015: 342).

Sucesivamente la relación entre México y las instituciones internacionales, fue estrechándose, en gran parte por la gran deuda de este país con estas instituciones, producto de un esquema en el que poblaciones de los países tercermundistas, se convirtieron en sujetos de desarrollo, dejando a su paso condiciones diversas, en el que el avance desigual de la modernidad se acentuaría en las sociedades que quedaban fuera de los propósitos del desarrollo, empobreciéndolos aún más. En México los efectos del desarrollo tuvieron diversas consecuencias, y que siguiendo a Escobar (2017) y Pineda (2011), van desde la declaración de la incapacidad de pago por el gobierno mexicano (seguido por otros gobiernos de América Latina), hasta la expulsión de la población como causa de la migración, la falta de acceso a servicios públicos y un constante incremento de la delincuencia e inseguridad.

Todas estas problemáticas, encuentran expresiones de rechazo contrastante en los discursos de la sociedad civil y el capital, pero coincidentes en el rechazo constante al estatismo, mientras que las primeras pugnan por los derechos de la sociedad, el capital promueve al mercado como el único que “tendría la capacidad para satisfacer las necesidades de familias e individuos y que, por tanto la protección social debiera dirigirse a aquellos casos con limitaciones objetivas para incorporarse al mercado, previa demostración de la necesidad de recibir apoyos” (Esping – Andersen 1999 citado en Canto, 2015: 61), lo mismo ocurre con instituciones internacionales, logrando que los gobiernos cedan lugar al mercado y deja “de garantizar los derechos universales, focalizándose en aquellos que no tienen acceso a este (los pobres), creando programas que les permitan administrarlos” (Saraví citado en Pineda, 2011: 19), mediante programas como el PRONASOL en 1988 (en el caso mexicano), que promovió el rescate a la solidaridad como estrategia para la superación de la pobreza y para amortiguar los efectos negativos de la retracción del Estado y la implementación de las políticas neoliberales.

Estas críticas y rechazos al estatismo forman una coyuntura interesante, por un lado, el mercado se fortalece como distribuidor de la riqueza y factor del logro resultado del esfuerzo individual, exigiendo el adelgazamiento del Estado y el fortalecimiento de las organizaciones civiles (fundadas en valores democráticos y un amplio rechazo al autoritarismo de Estado) para la atención a los problemas nacionales; por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, desde un discurso democratizador, exigen una mayor participación en la vida pública del país (iniciando también una transformación de organizaciones que buscan el poder con fines específicos hacia otras que no lo persiguen con fines pluralistas) y, finalmente el Estado comienza un cambio en sus estrategias y prácticas de gobierno y lentamente transfiere sus obligaciones a la sociedad civil, “Lo que ha sucedido, anota Petras, es que el BM y los neoliberales han aprovechado a las ONGs para minar el sistema de seguridad social estatal, y para compensar a las víctimas de las políticas neoliberales.” (Alonso 2015; 243).

El resultado de esta presión bilateral es el adelgazamiento y la cada vez menor exposición gubernamental a las demandas de la sociedad, un escenario en el cual la participación ciudadana y la corresponsabilidad, son parte del contenido discursivo, a la vez, que instrumentos de las instituciones de gobierno utilizadas para dar forma al discurso de integración (capitalismo inclusivo) y sustentabilidad, que adquiere trascendencia cuando se encuadra en políticas públicas.

Con la idea del uso de las políticas públicas (acción de gobierno) como instrumento estratégico de gobierno, aunada a las desigualdades que se han gestado en México en los últimos años podemos apuntar que, a pesar de que este apela a la participación social, los programas de gobierno convierten a la población en sujetos y receptores de las iniciativas gubernamentales, poniendo “en entre dicho su condición de ciudadanos… (Poniendo a debate) la supuesta naturaleza igualitaria del orden democrático, (dando lugar a) (los paréntesis son míos) ciudadanos incompletos o nominales, una paradoja de las sociedades democráticas” (Pérez, 2014: 204), produciendo más pobreza antes que terminarla.

Avance y límites de las OSC en México

La implementación de una nueva política pública, y la transición del Estado benefactor hacia el sistema neoliberal genero varios movimientos sociales que se dieron durante la guerra sucia, particularmente después del movimiento estudiantil del 68[5] como una forma de exigir respeto a los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y políticos. El florecimiento de varios grupos con estas mismas líneas de interés permitió fortalecer alianzas y generar actividades de unidad y acción para solventar dichas demandas (Aguilar, 2006). Otro antecedente lo encontramos en el México posterior al sismo del 85, cuando ante el pasmo gubernamental (consecuencia del terremoto), la ayuda internacional comenzó a destinarse a organizaciones civiles que, hasta ese momento, no habían sido visibles.

No obstante, no se debe pensar que ello recae directamente en el debilitamiento del Estado, ya que al tiempo de compartir dichas obligaciones con la sociedad, esta comienza a hacerse cargo del desarrollo bajo la retórica de la participación, solidaridad, fortalecimiento de capacidades y un largo etcétera que obedecen a las estructuras de poder, siendo que la elite gobernante guarda para sí aquellos dispositivos que le permiten seguir reproduciéndose.

Así, la política pública, se convierte en un instrumento para gobernar a los pobres de acuerdo con las finalidades del Estado en el que se incentiva la participación social como medio de liberación e incorporación de los sujetos al mercado sin que ello signifique su superación, se trata más bien, de “… evitar que la pobreza genere disfunciones sociales y, en el mejor de los casos para convertirla en un elemento útil para la reproducción social…” (León, 2014: 67).

Para ser más claros, dichos dispositivos, los podemos encontrar actualmente en programas y secretarias gubernamentales como, Sin Hambre o SEDESOL respectivamente, a través de los cuales el gobierno mexicano sigue teniendo un amplio dominio de los sectores pobres del país, cuya relación con las organizaciones de la sociedad civil, es que estas últimas, ayudan al diseño de dichos proyectos, en ocasiones, pero las más de las veces dichas organizaciones se convierten en operarios de los mismos, liberando al gobierno de responsabilidades pero también del ejercicio presupuestal en este tipo de acciones, convirtiéndose así en un canal de provisión de servicios sociales. En ese sentido podemos hablar de un refinamiento de las formas de gobernanza de nuestro estado desinvirtiendo[6] en la gestión gubernamental, recurriendo a gastos tácticos (Sáenz 1993 en Revueltas, 1993; 225), destinados a solventar problemas urgentes y el aseguramiento de votos, sin que ello repercuta en mejorar el bienestar de la población y en de la capacidad productiva del país.

Hasta aquí, se ha dado un breve repaso de la transición de la política de gobierno mexicano y algunas de las consecuencias del abandono de sus responsabilidades, la creciente politización de diferentes sectores de la sociedad con base al reclamo de derechos, el posicionamiento del mercado para la regulación de la vida social y la presión bilateral (sociedad civil y mercado) para la reducción de su influencia. Sin embargo, resulta imperativo, antes de continuar, clarificar el papel de la sociedad civil en el contexto anterior.

Una imagen general de las OSC

Sin tratar exhaustivamente el tema de la sociedad civil y sus organizaciones, podemos inferir que la misma está relacionada con la formación de agrupaciones y organizaciones que exigen el cumplimiento de los derechos, la satisfacción de necesidades y en general de sus intereses, una descripción más o menos integral sobre el tema es la siguiente:

Se describe… la sociedad civil como el conjunto de asociaciones, grupos, organizaciones, movimientos, etc. que se unen, o de hecho actúan unidos, para lograr la satisfacción de diversos intereses; intereses del conjunto de sus miembros o intereses colectivos situados más allá de los miembros del grupo. Estos intereses pueden ser de todo orden: religiosos, culturales, sociales de todo tipo, asistenciales, políticos, laborales, profesionales, de ocio, etc. Pertenece a dicha red asociativa definida como sociedad civil cualquier grupo que tenga unos intereses señalados, siempre que en el ejercicio de su actividad implique el establecimiento de relaciones tanto con otros grupos de la sociedad civil como con las instituciones políticas. También se incluye en esta descripción aquellos grupos que se constituyan con el objetivo de defenderse de aquellos efectos injustos provenientes de las relaciones con el mercado o de reformar o equilibrar su lógica de actuación y en su protagonismo en la vida económica (Ibarra 2005: 36).

Entonces ¿Cuál es su relación con el Estado? De acuerdo con la descripción anterior, aquí hacemos énfasis en que la sociedad civil organizada - a medida que México avanza en la transición política y económica - refina y/o radicaliza los mecanismos mediante los cuales incide para hacerse oír, participar en la acción de gobierno y la satisfacción de sus propias necesidades, en este caso los medios mediante los cuales se exponen las injusticias sociales dieron forma a lo que hoy conocemos como sociedad civil[7], es decir, una lucha mediante la cual la sociedad exige ser deificada, ello como “parte de una relación de poder; ideológicamente está destinada (la sociedad civil) a identificar individuo con Estado moderno: es decir; a producir, la abstracción política en que está basada la relación Estado y sociedad en el capitalismo” ( Tishcler,2001:177).

En su forma de organización institucionalizada, “estas organizaciones conforman pequeños espacios institucionalizados donde se ensayan modos alternativos de participación (al del estado o el mercado) (los paréntesis son míos), y donde se experimentan formas de relación con el espacio público político por medio de diversas acciones, definidas a partir de sus fines y propósitos” (Pérez, 2014:200).

¿Cuál es la relación de la sociedad civil con el Gobierno?

La sociedad civil al convertirse en un espacio de representación de voluntades heterogéneas, logran transformar su relación con el Estado, a veces mediante la observación y el señalamiento, a veces por la cooperación y otras más por presiones e intercambio de experiencias, es decir, mecanismos de incidencia en política pública. Lo cierto es que la sociedad civil “no es ni será la panacea para enfrentar las limitaciones de las sociedades democráticas, pero si resulta un frente central para pensar la ampliación de la democracia más allá de sus parámetros convencionales” (Tejeda, 2014:142), aunque si es fundamental para la democratización y el ejercicio de la ciudadanía, pues representan el vehículo desde el cual se alteran las prácticas gubernamentales.

¿A qué se refiere esta alteración en las prácticas gubernamentales? Se refiere a las movilizaciones y procesos conscientes de confrontación y demanda por los cuales, las instituciones públicas, alteran su funcionamiento.

Como ya se dijo, el autoritarismo y la ineficiencia gubernamental para la solución de las demandas sociales, crisis económicas, corrupción y la cuestionable calidad de servicios públicos que se ha vivido en los últimos tiempos, ponen en el centro de atención social a las prácticas gubernamentales y su capacidad de conducir a la población a futuros deseables.

Son diversos los esquemas gubernamentales y más aún los ejemplos en los que la sociedad ha rechazado la forma y las prácticas de gobierno, para el siglo XX, el rechazo al autoritarismo gubernamental marco la tendencia de las protestas sociales, posteriormente, una vez pronunciada la apertura democrática, en el gobierno de Luis Echeverría y la restauración del estado de derecho, la crítica se ha concentrado en el funcionamiento de las instituciones, la incapacidad de toma de decisiones dado el aumento en la complejidad social y sus demandas y la sobrecarga que padecen los gobiernos (residualmente) socialistas. Y, por lo tanto, en la creciente ingobernabilidad[8] de la sociedad.

En párrafos anteriores se aludía a la desinversión gubernamental y la inversión únicamente en gasto estratégico en áreas o zonas de interés que le permitan al gobierno asegurar los dispositivos de conducción de poblaciones. A esta idea hay que sumar otra que viene de autores como Michel Crozier, Samuel Hungtington y Joi Watanuki, quienes en la obra The Crisis of Democracy que serviría como informe a la comisión trilateral sobre la gobernabilidad de las democracias[9] destacan que: “… El estado debería reducir su tamaño (“adelgazamiento”) y “devolver” a la sociedad tareas y responsabilidades que hasta ese momento se habían definido como correspondientes en exclusiva a los poderes públicos” (Serna 2010: 23).

Dichas conclusiones apuntaban a la modificación en la gobernanza del estado social. Así se da una especie de banderazo de salida al Estado neoliberal, se comienza a gestar un modelo de gobernar centrado en la cooperación y la coordinación interinstitucional, no solo entre las instancias gubernamentales, sino de la que deviene del aporte de las capacidades sociales y económicas de otras organizaciones privadas o sociales.

Se debe distinguir entre dos conceptos que se han utilizado anteriormente lo gubernamental y la gobernanza, el primero, hace alusión a los instrumentos que posibilitan la acción gubernamental (política pública), especializados para el control de las poblaciones, mientras que el segundo obedece al cambio de paradigma en la acción gubernamental que integra a la sociedad en su accionar, la gobernanza;

...es un concepto normativo… utilizado y promovido principalmente por diversos organismos internacionales, ciertas instituciones del gremio académico relacionado con la ciencia política y la administración pública, así como diversos actores políticos. El concepto busca incorporar a la idea de la acción de gobernar una extensión hacia todos los niveles y sectores de la sociedad, buscando que la misma acción sea “más inclusiva” y “más efectiva”. En la actualidad, el sentido normativo de la gobernanza significa que el concepto busca marcar la norma en la manera de gobernar para gobernar mejor. Sobre esto, señala Alberto Pacheco (2013) que “a partir de una tradición académica anglosajona, la gobernanza ha trascendido su naturaleza académico-analítica para cobrar fuerza como categoría normativa que pretende indicar la calidad de un sistema democrático de organización sociopolítica actual (Lozano 2018: 123).

Entonces, desde el esquema de gobernanza se comparte la responsabilidad de gobernar con diferentes niveles y sectores de la sociedad, es decir se da espacio a una pluralidad de voces que necesitan ser escuchadas a fin de “gobernar mejor”, se convierte en una forma de dar solución a las múltiples demandas sociales, involucrando actores que usualmente no eran considerados.

¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza? Como ya se dijo, estas organizaciones, caracterizadas por contener y expresar las demandas de poblaciones que, de inicio, no se contemplaron en el modelo neoliberal, o bien fueron excluidas. Las organizaciones de la sociedad civil, al tener conocimiento de primera mano, por moverse en el terreno, sobre las necesidades de dichas colectividades, resultaron ser un aliado estratégico en la satisfacción de dichas demandas, en un proceso en el que estas se convierten en un vehículo para las demandas sociales y la solución de estas, permitiendo establecer mecanismo para la incidencia en la política pública y, por otro lado, la puesta en marcha de programas gubernamentales.

Las OSC y sus formas de actuación

De manera ideal, la sociedad civil a través de sus organizaciones busca promover más participación de grupos marginalizados en los procesos políticos, a través de la búsqueda de respuesta de las inequidades asociadas con el género, la clase socioeconómica, la raza, la etnia, la incapacidad y la sexualidad, entre otras variables y una mayor apertura de los gobiernos hacia los/las que tradicionalmente se han visto excluidos de la acción política. Por lo tanto las organizaciones de la sociedad civil, adquieren gran relevancia para el desarrollo de comunidades y poblaciones, se convierten en un medio de participación y representación de una multiplicidad de intereses particulares, como resultado de procesos organizativos que a menudo rechazan la toma de poder, e incluso asumen discursos anti estatistas, emprenden actividades de transformación, disminución de la pobreza, cuidado de recursos naturales y en diversos ámbitos en los que la pieza clave es la participación social.

A que me refiero cuando digo, “de manera ideal”, me refiero, que la pobreza se convirtió en el sistema de relaciones[10] desde el cual se sustenta el discurso, desde el que se crean conceptos, aparatos ideológicos y finalmente acciones desde los cuales se aborda la pobreza, en la que “se impone una doble carga a los pobres: pagar impuestos para financiar al Estado neoliberal que sirve a los ricos, y auto explotarse de manera privada a fin de satisfacer sus propias necesidades” (Alonso 2015: 243).

Pero no solo los pobres son incluidos en la ecuación, el capital ha sido poco expuesto en esta hilatura de ideas, sin embargo, recordemos que la retracción gubernamental en el aprovisionamiento de servicios y la solución a las problemáticas sociales, tienen como una de sus principales consecuencias, que el gobierno deje al mercado la asistencia social y la cobertura de servicios básicos, acentuando la vulnerabilidad de grupos excluidos debido a la inequidad en la distribución de recursos, el cada vez mayor desempleo, las jornadas de trabajo prolongadas y los raquíticos sueldos.

Este esquema de desigualdad arroja a las personas hacia la dependencia de programas gubernamentales, en el que los derechos de los ciudadanos se convierten en moneda de cambio con la cual se solidifican grupos de poder.

¿Cuál es la relación actual de las organizaciones de la sociedad civil con la iniciativa privada? De nuevo encontramos una convergencia interesante, mientras que el mercado defendía su libertad ante el control gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil pugnaban por la garantía de los derechos de los ciudadanos, se fue consolidando un discurso descentralizador, en el que ambos sectores de la sociedad comenzaron a ganar espacios de incidencia en la organización de la vida social, económica y política del país.

Es por ello que el mercado busca fortalecer a la sociedad civil como medio de compensación para aquellos que han sido olvidados por el desarrollo, pero el mercado no tardara en darse cuenta del potencial económico, hasta ahora olvidado, que representan las poblaciones más pobres del país y mediante discursos como el capitalismo inclusivo en el que se vincule a toda la sociedad con la economía de mercado, en la que cada uno desarrolle plenamente sus propios talentos, todo ello como un medio para incrementar la productividad y la competitividad.

En ese sentido, una vez más las organizaciones de la sociedad civil tiene un papel protagónico para reproducir las intenciones del mercado, pues este, necesita “tener mejores conocimientos sobre el terreno, las corporaciones transnacionales necesitan contar también con las organizaciones de la sociedad civil” (Romero y Ramiro 2012:16) al cual agregarían su conocimiento y pericia en la gestión empresarial para “magnificar el impacto y la eficacia de la ayuda” (id), con este planteamiento se desarrolla una oportunidad de negocio incluyente en la que el capital tiene la posibilidad de ganancias y así mismo los pobres.

De esta manera a pesar de que las organizaciones de la sociedad civil, hagan una constante visibilización de las condiciones de inequidad de la sociedad actual y de sus patologías, constantemente se ven limitadas por el gobierno, y el mercado, quienes las financian, las monitorean, las evalúan y después deciden si continúan haciéndolo o no.

En ese sentido, a pesar de los discursos de justicia e igualdad social con los que a menudo navegan las organizaciones de la sociedad civil a menudo son criticadas, pues no denuncian, por ejemplo: “las violaciones de aquellos de quienes reciben financiamiento… A medida que aumentó la oposición al neoliberalismo, el Banco Mundial (BM) ha incrementado sus donativos a las ONGs… en esta forma, las ONGs se convierten en el rostro comunitario del neoliberalismo” Alonso 2015: 243).

Una vez que se ha revisado el cambio en la forma de gobernanza del Estado hacia su refinamiento táctico, la promoción del mercado hacia las organizaciones civiles y su discurso de participación y en contra del autoritarismo, es conveniente preguntarse de nuevo: ¿Hasta qué punto las organizaciones son cómplices involuntarios del avance neoliberal? ¿Hasta qué punto las organizaciones son cómplices voluntarios del avance neoliberal? ¿Cuál es el papel de las OSC en la reproducción y fortalecimiento del aparato estatal y el neoliberalismo? La respuesta correcta a todas estas interrogantes dependerá de la organización que se analice, lo cierto es que no todas las organizaciones se pueden cortar con la misma tijera, hay algunas que buscan mantener su independencia económica y autonomía política. La pregunta que queda en el aire es ¿Cómo será esa organización? ¿Cómo se organiza? Sin duda la respuesta se encuentra dentro del mismo campo organizacional.

¿Por qué hacer todo este recorrido conceptual e histórico? El cambio en la relación interinstitucional y la cooperación para el desarrollo traen consigo cambios en las organizaciones por lo cual, éstas modifican sus medios de interacción para adecuarse a las nuevas realidades sociales, adquiriendo nuevas características y conservando otras que posibiliten su subsistencia. En otras palabras, estos procesos de cambio tienen como resultado la formación de nuevas organizaciones que necesitan ser entendidas, para así explicar la realidad social en que se desenvuelven.

Hacia una mayor comprensión de la sociedad civil

Como puede distinguirse, en las reflexiones desarrolladas hasta este momento, se ha hecho alusión a la sociedad civil como una forma institucional diferenciada del Estado o el mercado, sin embargo no es así, ya que al hablar de sociedad civil se hace alusión a la abstracción para referirse a “la esfera de interacción social situada entre la economía y el Estado, compuesta sobre todo por la esfera íntima (especialmente la familia), la esfera de las asociaciones (en particular las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública” (Cohen y Arato 1997, citados en Vargas, 2006: 123).

Se llama la atención sobre “la esfera de asociaciones” que integra la sociedad civil, y las formas de comunicación pública que Cohen y Arato, destacan en su noción de sociedad civil, ya que es, esta última no es una entidad homogénea, de hecho, se integra por una multiplicidad de intereses y acciones individuales y colectivos que mediante mecanismos de interacción establece relaciones con el Estado y el mercado, para la resolución de problemas e implementación de agendas específicos; Y adquieren mayor relevancia en el nuevo modelo de distribución de riqueza y el subsecuente abandono de responsabilidades por parte del Estado, la desconfianza de la ciudadanía y al fungir como una alternativa ante las limitaciones de este mismo, y que no obstante requiere de él para ejercer influencia. Para tal efecto la sociedad civil se configura en diversos tipos de organizaciones, en las que destacan “la solidaridad, el compromiso, la cooperación voluntaria, la responsabilidad por el otro como principios que caracterizan a las organizaciones de lucro, en tanto mecanismos de asignación de valores; es diferente del mercado, que se basa en la competencia; y el Estado fundado en el poder coercitivo” (Pérez, 2014: 199).

Como se puede adivinar, existe una diferencia entre la sociedad civil y la multiplicidad de organizaciones que la conforman, así pues, si la sociedad civil es el ámbito de acción de la sociedad ubicada entre el Estado y el mercado, entonces las organizaciones civiles han de entenderse como;

“… la organización libre, en este sentido voluntaria, de ciudadanos, que a partir de la identificación sobre campos específicos de la vida social realiza acciones tendientes al bienestar colectivo, para lo cual pretenden influir en las decisiones públicas y en su normatividad. Son agrupamientos estables, organizados, con una estructura de relaciones, con reglas de funcionamiento, con objetivos relativamente estables, que tienden a profesionalizar las acciones que realizan y que, en la mayoría de los casos, cuentan con personalidad jurídica” (Canto 2015: 60).

Como se ha dicho, la sociedad civil contiene diversos tipos de organizaciones, por un lado, están aquellos movimientos sociales que surgen con el propósito de representar intereses particulares que van desde la ocupación del ocio hasta la recuperación de la dignidad humana, en ese sentido uno de los objetivos de estos movimientos es “transformar dichos intereses y necesidades en derechos; en derechos establecidos por el poder político” (Ibarra, 2005: 80), justo en esta búsqueda de la transformación de necesidades en derechos, es que algunos movimientos sociales tienden a superar al movimiento social y es así que se institucionalizan de acuerdo a la normatividad política del sistema, es decir se valen de “la existencia de una plataforma institucional que estabilice la sociedad civil como una esfera de interacción autónoma tanto frente al Estado como ante el mercado” (Peruzzotti, 2002:79), para lo cual generan rutinas y formas políticamente correctas de negociación con las instituciones y estrategias diversas para el logro de sus objetivos sociales.

De esta manera podemos establecer a la sociedad civil como la denominación que se ha dado al marco público, en donde diferentes colectividades buscan interactuar, incluso, políticamente con el Estado y el mercado, en este sentido se debe hacer énfasis en que los distintos tipos de organizaciones que integran a la sociedad civil, no deben ser confundidas con la sociedad civil en sí misma, para hacer más clara esta afirmación se distinguirá entre algunos conceptos que son usados comúnmente para referirse a las organizaciones contenidas en la sociedad civil, una de ellas es: organización no gubernamental:

Son organizaciones, que al menos en el discurso, “pretenden representar los intereses, quebrar los agravios, de individuos que no están en la ONG. Sus objetivos son en este aspecto públicos, situados más allá de los privados intereses de sus componentes” (Ibarra, 2005: 80), este tipo de organizaciones son por lo general de carácter humanitario y que no representan a ningún Estado, un ejemplo son organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos, educación ciudadana y defensa del voto.

Canto (2015) destaca otras dos formas de organización; Organizaciones civiles del tercer sector y organizaciones civiles, entre las primeras aluden a aquellas organizaciones de carácter filantrópico asistencialista, que enfatiza la caridad de la iniciativa privada, ya que es frecuente que su origen sea precisamente la iniciativa privada.

Por otra parte, las organizaciones civiles, “son aquellas que tienen como pretensión crear capacidades que conviertan a sus destinatarios en sujetos sociales, es decir: ubican su actuación en el desarrollo social como un mecanismo para generar capacidades organizativas en los sectores populares que les permitan entran en el juego del intercambio político.” (Canto, 2015: 66)

En general, dichas organizaciones también pasan por un proceso de legitimación e institucionalización a nivel jurídico y social, “pues han obtenido reconocimiento social, por sus resultados y actividades; jurídico amparado por normas y leyes” (León, 2010: 95). Si observamos algunos elementos que integran la sociedad civil tales como la heterogeneidad, la participación voluntaria, la legitimación e institucionalización con base al reconocimiento y prestigio social, así como de adquirir una relación jurídica con el Estado, su importancia en la asignación de valores, además de su diferenciación entre el Estado y el mercado, podemos deducir que la configuración que sus organizaciones adquieran han de ser flexibles ya que;

“… tienen un carácter voluntario a partir de la identificación de espacios o campos específicos de la vida social y el planteamiento de una variedad de objetivos… son autónomas a partir de su relación con otras organizaciones… son flexibles y descentralizadas en lo que respecta a la toma de decisiones y la creación de nuevos productos e insumos. Este tipo de OC es capaz de responder a los cambios ocurridos en el ambiente, logra la eficiencia en sus estructuras al incorporar la tecnología…Ante este planteamiento se observa que las OC utilizan los medios virtuales, diversas formas de contratación, honorarios, concurso de proyectos, recurriendo a recursos humanos como son voluntarios y servicios sociales, este tipo de recursos resulta difícil de cuantificar pero da una idea del tipo de redes y vínculos con los que trabajan este tipo de organizaciones” (León, 2010: 81-84)

Al entender sus peculiaridades, podemos visualizar que el factor de reproducción y subsistencia de la OSC depende del éxito en la representación de intereses múltiples y la creación de espacios para el diálogo, en la que las visiones distintas del mundo sean posibles.

Posibilidades y retos de las organizaciones de la sociedad civil en el marco del nuevo enfoque del desarrollo.

Afirmar que el factor de éxito en la reproducción de las OSC, depende del éxito en la representación de intereses y la apertura a espacios dialógicos, en los que se puedan incorporar distintas visiones del mundo, implica replantear el paradigma del desarrollo, pues si bien, discursivamente el paradigma del desarrollo ha cambiado de perspectivas (crecimiento, modernización, desarrollo sustentable, desarrollo humano, etnodesarrollo, etc.), en la práctica, conservó las bases del desarrollo capitalista, del espíritu de la modernización y la innovación tecnológica.

Ello ha generado una mayor desigualdad y dependencia económica, de las poblaciones hacia el estado y/o el capital, ayudando a la reproducción de estos, incluso, en detrimento de sí mismas, todo, por la búsqueda de un crecimiento material.

Pero las sociedades, las culturas y las formas en que se producen discursos son dinámicos, se encuentran en un constante cambio y con ello los sistemas de relaciones, en el que la forma de pensar (se) respecto al mundo cambia, se producen conocimientos de manera distinta, por lo tanto el paradigma de desarrollo no puede seguir una vía hegemónica, se vuelve necesario hacer;

“énfasis en la valorización de la vida y la cultura de cada lugar, de la escala humana y comunitaria, y de la producción de conocimiento y poder en los ámbitos socioterritoriales, como alternativas a los discursos y prácticas hegemónicas (al capitalismo, la globalización y al desarrollismo, en particular). (Bruno y Guerrini 2011: 159).

Surge, entonces, el concepto del posdesarrollo y con él nuevas formas de accionar frente a la realidad en la que, el entendimiento de lo cultural se vuelve fundamental para entender la vida de las personas y los grupos, un medio de representación, una forma de manifestar las contradicciones generadas por el desarrollo y la desigual concentración del poder económico, y finalmente un instrumento para la reivindicación.

Adoptar a la cultura de esta manera, involucra, también, una forma nueva de producir conocimiento científico, que parta de comunidades y poblaciones, conocimiento que sirva para evidenciar las relaciones de poder y opresión desarrollados por el Estado y el capital, también implica una nueva forma de organización para el desarrollo, que pueda representar la crítica a la hegemonía respecto a su apuesta por el desarrollo tecnocrático y económico. Se requiere por lo tanto un tipo de organización capaz de dialogar con las instituciones gubernamentales y el capital, de mantener una perspectiva crítica e incidir en el diseño de la vida política, sin duda un gran reto para las organizaciones.

Se habla de la capacidad de diálogo, como una forma de representación de las voluntades múltiples, ya que solo así se podrá negociar sobre aquellas prácticas injustas o autoritarias, pero también como una potenciador de las capacidades de acción de las organizaciones de la sociedad civil, pues en efecto el Estado y el mercado son aliados invaluables en la búsqueda de mejores condiciones de vida, siempre y cuando no se ponga en riesgo la autonomía, autodeterminación y sobre todo la capacidad de demanda y exposición que hagan visibles los efectos negativos de las actuaciones de ambas entidades.

Conclusiones

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un marco de acción privilegiado entre el Estado y el mercado, pueden ser, en efecto, un espacio de representación de voluntades múltiples, de culturas distintas, formas de vida diversas, que no privilegian el crecimiento económico como fundamental para el mejoramiento de sus condiciones de vida, ello implica una constante lucha política e ideológica en defensa de su dignidad, de su territorio y por supuesto de su cosmovisión, las OSC que realmente busquen representar todas estas voluntades, tienen un reto estremecedor por delante, pues serán las organizadoras de las tareas para alcanzar un tipo de desarrollo distinto, representando intereses heterogéneos y evitar la reproducción de la desigualdad o la exclusión.

¿Porque imponerle el reto a las organizaciones? La actividad individual y grupal, sin duda aportara, a formas alternativas de democracia y de intercambio entre el estado y la sociedad civil, pero, tarde o temprano, incurrirán en un proceso organizativo, en la división y coordinación de actividades, en la especialización en un área de interés e influencia, pero sobre todo, para acentuar la capacidad de fungir como mediadoras en el diálogo intercultural, cuyo principal aporte será poder comunicar símbolos culturales para la creación de acuerdo, todo ello, sin supeditarse a ningún poder económico o fáctico.

¿A qué tipo de organizaciones nos lleva este cúmulo de exigencias? ¿Qué tipo de organizaciones se pueden construir? Sin duda, entre las organizaciones de la sociedad civil se puede encontrar la respuesta, ya que dada su naturaleza y nivel de involucramiento con los diversos actores sociales pueden contribuir a la distribución equitativa de los recursos, así como a la politización de los ciudadanos, incluso en la profesionalización en el uso de mecanismos de incidencia en la política pública para transformar las formas de gobierno.

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[1] Licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México, ha sido miembro y asesor de diversas organizaciones de la sociedad civil en temas de economía solidaria, desarrollo, proyectos sustentables, y eco-tecnologías. Actualmente estudiante de maestría en Estudios Organizacionales en La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa.

[2] Una trascripción de tal discurso, puede encontrarse en la obra de Arturo Escobar La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo, disponible para consulta en el sitio web: https://cronicon.net/paginas/Documentos/No.10.pdf

[3] Principalmente, mano de obra y materias primas.

[4] Lo que originaría nuevos levantamientos sociales como el propiciado por Rubén Jaramillo, excombatiente zapatista.

[5] Para ampliar la información sobre este tema se sugiere consultar la tesis de doctorado de Rubén Aguilar Valenzuela “Las organizaciones de la sociedad civil en México: su evolución y sus principales retos” México, D.F 2006, Universidad Iberoamericana.

[6] Este concepto es utilizado para describir “la tendencia de acción de gobierno, es el arribo a los límites de la capacidad de gestión del todo social” (León 2017; 93), en la que de acuerdo con Foucault, el Estado ya no tiene la posibilidad de ejercer un poder omnipresente, en lugar de ello selecciona partes del todo social en los que focaliza su atención mediante mecanismos de conducción.

[7] Si bien, el concepto de sociedad civil, es un concepto complejo y de larga data, que encuentra sus raíces con autores como Hobbes (1994), Locke (1998) y Rousseau (1762), entre otros; aquí nos referimos a aquella que surge después de acontecimientos como la guerra fría, la expansión de la democracia como sistema político y a través de la cual se manifiestan subjetividades distintas y la conciliación de intereses particulares en el ámbito social como parte de un proceso de diferenciación entre la sociedad y el Estado. Este y otros aspectos, como la multiplicidad de nociones de sociedad civil, se desarrollan más extensamente en el capítulo destinado a la caracterización de las organizaciones civiles.

[8] Resultado de los patrones de gobierno social, rehén de las criticas empresariales, sindicales y de los diversos flancos (izquierda y derecha), en el que se enfatiza al gobierno como rebasado por las expectativas sociales en cuanto a la cobertura de servicios y necesidades, como se verá más adelante esta cobertura será trasferida a los individuos.

[9] Dicha comisión fue formada a principios de los años 70 por Rockefeller a fin de impulsar la cooperación para el desarrollo y discutir acerca de los problemas de control gubernamental en las democracias industrializadas. Para conocer los antecedentes de dicha comisión se recomienda revisar la publicación: El concepto de gobernanza, en el siguiente sitio web: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2818/5.pdf

[10] El sistema de relaciones establece una práctica discursiva que determina las reglas del juego: quién puede hablar, desde qué puntos de vista, con qué autoridad y según qué calificaciones; define las reglas a seguir para el surgimiento, denominación, análisis y eventual transformación de cualquier problema, teoría u objeto en un plan o política (Escobar 2007: 80)

Fuentes

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Notas

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