Introducción

La vida cotidiana de los sectores populares en los espacios rurales a principios del siglo XX en Córdoba estuvo marcada por un ordenamiento jurídico-administrativo escaso y ausente al mismo tiempo. La resolución de los conflictos sociales se configuraban como grandes procesos de resolución lenta o retardada, fundamentalmente debido a una muy débil penetración del Estado provincial y, como consecuencia, de la distancia material y simbólica con la que sus funcionarios se acercaban a dichos espacios.

En el caso de la región noroeste,^[1] este diagnóstico se presentaba con mayor dificultad: se trató de una región aislada, principalmente, por la casi inexistente red vial de caminos rurales o con un estado de conservación insuficiente y, por otro lado, marginada del acceso de bienes y servicios básicos, acordes a las necesidades de su población, debido a la falta de políticas públicas dirigidas y sostenidas en el tiempo.

Mapa 1
La región noroeste de Córdoba.
Elaboración propia

A mediados del siglo XIX la región norte constituía el núcleo poblacional y económico más importante de la provincia –con una estructura típicamente colonial–, donde predominaban las explotaciones familiares, alternando actividades de la chacra, el cultivo del maíz, el cuidado de animales y algunas actividades artesanales (Moreyra, 1992). Esta situación demográfica cambió hacia principios del siglo XX, cuando el noroeste cordobés se configuró como una zona de escasa población permanente, entre otros factores, porque las condiciones de existencia y la reproducción social representaron allí un desafío cotidiano, por ejemplo, en la dificultad en el acceso al agua potable o la inexistencia de un mercado de trabajo estable y unificado, que asegure el empleo de la mano de obra disponible.

El primer Censo Nacional (1869) arrojó como resultado una población total para la provincia de Córdoba de 210.508 personas. De ellas, 116.886 correspondía a la región noroeste, representando un 55,52% de la población total, lo que significaba que dicha región era la contenedora de la mayoría de la población provincial. Esto comenzó a modificarse hacia 1895, cuando comenzó a producirse un reacomodamiento poblacional interregional, debido a que el noroeste proveía de mano de obra a la región sudeste para satisfacer las necesidades propias que impuso el desarrollo del modelo agroexportador en esta última región. Así, para el segundo Censo Nacional (1895), la región pasó a representar el 41,26% del total de la población provincial. En 1914 continuó en baja el porcentaje de población que representaba el noroeste, cayendo al 24,41%; es decir, no alcanzando a representar ni a un cuarto de la población provincial. Esta caída demográfica continuó hasta, por lo menos, el siguiente registro censal en 1947, llegando al 23,39%.^[2]En efecto, el período 1869-1914 fue el más significativo en la caída poblacional del noroeste, cuando porcentualmente representó una caída de más del 50% del total provincial.

El boom exportador, que en Córdoba tuvo su epicentro en la región sudeste, la que requería constantemente mano de obra proveída por el noroeste, cristalizó las transformaciones más profundas en relación con las condiciones de vida de los habitantes de ambos polos socioproductivos, marginando de los beneficios económicos, sociales y culturales al norte en favor del sur. En ese contexto, se sostiene que la reproducción de la vida de los habitantes del noroeste cordobés estuvo ligada con la práctica de la subsistencia.

La dispersión de la mano de obra hacia la región sudeste de la provincia, en búsqueda de trabajos estacionales concordantes con las épocas de las cosechas, o el acceso limitado a bienes y servicios básicos como el agua potable, es decir, la falta de acceso a un bienestar, hicieron que muchos de sus habitantes migraran hacia otras regiones con el fin de sortear dichas condiciones materiales de existencia. Estos migrantes protagonizaron el éxodo de los desesperados del hambre o el éxodo silencioso de cada año, debido a la coyuntura del mercado laboral y la estructura de marginalidad de la región proveedora de mano de obra (Moreyra y Remedi, 2005).

Una de las problemáticas permanentes que atravesó la cotidianeidad descrita anteriormente, tuvo que ver con las relaciones entre los habitantes y las autoridades locales. En particular, el accionar policial fue el principal detonante de la conflictividad vecinal, en tanto situación que generaba inseguridad, ya que muchas veces dicho accionar atentaba directamente contra la integridad física de los vecinos. No obstante, otras figuras de autoridad también estuvieron involucradas en las denuncias por abuso de autoridad: jefes políticos, jefes de registro civil, jueces de paz, empleados de investigaciones, y otros agentes importantes de cada comunidad como el médico de la policía, maestras de escuelas, la comisión municipal o miembros de la junta de riego.

Entendemos a la inseguridad en una dimensión amplia: por un lado, inherente al estudio de las condiciones de vida de las personas, que abarca desde la acepción anteriormente mencionada, es decir, referida a las relaciones cotidianas de poder entre las autoridades locales –especialmente las autoridades policiales– y los vecinos, hasta aquella que engloba hechos de robo o contra la propiedad que generaron una convivencia problemática, en nuestro caso, en la campaña del noroeste cordobés.

Este trabajo tiene como objetivo analizar diversas denuncias de los habitantes de la región noroeste de Córdoba contra el accionar de las autoridades locales en los primeros años del siglo XX. Nos interesa demostrar que esas quejas contra el accionar abusivo de las autoridades locales fue en clave de estrategia de supervivencia (en adelante, EDS), ya que las denuncias elevadas a las autoridades provinciales, buscaba, además, visibilizar el maltrato y los abusos que sufrían en sus pueblos, constituyendo un “resguardo”, como garantía de sus propias vidas.

En la lectura de los reclamos, el principal conflicto giró en torno a los abusos de autoridad. En su mayoría, esas denuncias tuvieron que ver con prácticas de detenciones arbitrarias, tratos violentos o relativos al accionar policial –ineptitud, mal proceder, violencia, persecución y hostilidad, amenazas, entre otros–.

Analizar en detalle la heterogeneidad de las denuncias y la diversidad de los conflictos exceden los límites del presente trabajo. Aquí nos limitaremos a presentar algunas líneas acerca de lo que creemos que merece una profundización teórica y empírica para poder desarrollar los alcances de este objeto en torno a las denuncias de los vecinos como EDS y que tiene como problema de fondo la relación entre la sociedad civil y el Estado y, en particular, de los sectores populares que practican su derecho a peticionar (Allevi y Carbonetti, 2021; Basconzuelo, 2007a y 2007b; D´Amico, 2008; Di Stefano, Sábato, Romero y Moreno, 2002; Maizón, 2009; Moreyra, 2009).

A continuación, haremos una síntesis de los antecedentes y el estado de la cuestión del concepto de EDS, los cuales nos permiten enmarcar a nuestro trabajo en el estudio de la vida cotidiana de los sectores populares y sus formas de combatir algunas opresiones sistémicas referidas a las relaciones de poder.

El concepto de estrategias de supervivencia

El concepto de EDS es un término vasto para el que aún no se tiene un consenso definitivo en las ciencias sociales y presupone una serie de determinaciones metodológicas acerca de su uso, aplicación y contenido (Argüello, 1981; Arredondo Velázquez y González Alcalá, 2013; Cuéllar, 1996; Massa, 2010; Manzano Paulido, 2023; Lomnitz, 1979; Rodríguez, 1981; Scott, 2014; Torrado, 1981; Valdés y Acuña, 1981).

Su origen se remonta a la década de 1960, cuando los científicos sociales latinoamericanos comenzaron a preocuparse por el cambio social desde diferentes perspectivas teórico-metodológicas, como la teoría de la modernización, la teoría de la dependencia o el marxismo (Hintze, 2004).

El primer tratamiento del concepto se dio alrededor de los inicios de la década de 1980, en el marco del Programa de Investigaciones sobre Población en América Latina (PISPAL),^[3] mediante el cual se intentó abarcar la problemática poblacional en su conjunto. La EDS se caracteriza por ser un concepto discutido y aplicado por todas las ciencias sociales, fundamentalmente, en aquellos estudios dedicados a la pobreza y la marginalidad. Pero también atañen a estudios de la antropología, la sociología o la sociodemografía, gracias a su extenso enfoque, atendiendo a diversas problemáticas sociales (Altamirano, 1983; Arredondo Velázquez y González Alcalá, 2013; Hernández Burgos y del Arco Blanco, 2021; Hernández Burgos y Leira Castiñeira, 2020; Hintze, 1989; Hintze, 2004; Lomnitz, 1975; Moguel Viveros y Urania Moreno Andrade, 2005; Oberto, 2014; Remedi, 2005; Scott, 2000; Torrado, 1981).

Como se observa, la bibliografía que trabaja con este concepto es extensa, aunque cabe mencionar que esta referencia es sólo un recorte de lo que se puede encontrar. Las temáticas variadas en tiempos y espacios estudiados a través del concepto de EDS –que se aplicaron a los estudios coloniales como a los de la actualidad– revelan el abanico de investigaciones que avalan la vigencia del concepto.

En concreto, las EDS son comportamientos que se desarrollan en el ámbito familiar “para enfrentar el problema de ‘existir’ o ‘vivir’” (Rodríguez, 1981: 240). Al mismo tiempo, no se trata de un concepto aislado, sino que por el contrario, es cambiante y fluido, ya que es puramente coyuntural (Manzano Pulido, 2023). No debe pensarse como un objeto meramente economicista, porque “la sobrevivencia atañe no sólo a la capacidad de sus miembros para satisfacer demandas biológicas esenciales que les permiten subsistir, sino que también atañe a la capacidad del grupo para mantenerse como tal, ya sea una familia o un conjunto de ellas unidas por redes de intercambio” (Valdés y Acuña, 1981: 236).

La particularidad del concepto hace referencia a los grupos sociales “excluidos”, es decir, aquellos que no forman parte directamente de los beneficios que genera el orden económico imperante. En este sentido se discutió cómo diferenciarse de aquellos arreglos que referían a otros grupos sociales, por ejemplo, las estrategias de ascenso social de trabajadores asalariados (Rodríguez, 1981).

Para nuestro trabajo, consideramos que la práctica de la denuncia se podría caracterizar como una EDS oficial, como parte de un proceso burocrático-administrativo requerido para elevar una queja formal a la administración provincial que acepta las normas políticas dominantes impuestas por la élite gobernante. En este sentido, las armas que utilizan los vecinos peticionantes son legales, abiertas, formales y aceptadas por las autoridades: usan las reglas que el juego impone. Mas no por ello deben ser comprendidas como meras formalidades, sino que creemos que ese procedimiento pudo incidir en las decisiones que tomaron las autoridades provinciales –por ejemplo cuando éstas decidieron investigar y sumariar a los funcionarios–, haciendo uso de su derecho como ciudadanos peticionantes y logrando dejar asentadas sus quejas, con el objetivo último de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, coincidimos con Scott (2014) en la importancia de no romantizar las armas de los débiles, ya que “es poco probable que consigan algo más que afectar de forma marginal los diversos modos de explotación a los que se enfrentan” (87).

Dejando de lado una discusión mayor sobre la hegemonía del poder, la conciencia de los sujetos o sus intenciones, visto desde las prácticas, De Certeau (1999) propone pensar a estas acciones como tácticas que son utilizadas en favor de corroer el sistema opresivo mediante los intersticios que éste suele dejar, sin importar sus resultados, ya que lo que interesa es resaltar su potencial transformador.

Así, veremos cómo muchas veces las denuncias que presentamos sirvieron para visibilizar los tratos abusivos de las autoridades locales, por lo que creemos que, muchas veces, fue gracias a ellas que lograron proteger sus vidas y sus intereses como ciudadanos.

En este sentido, De Certeau y Scott coinciden sobre la posibilidad de acercarse a la experiencia cotidiana no organizada: el primero, como una coexistencia de tácticas dispersas, el segundo, atendiendo a lo que el campesinado hace entre revuelta yrevuelta para defender sus intereses.

Abordaremos las denuncias considerando la problemática de la seguridad en torno al rol de la policía rural y sus relaciones con los vecinos. Aunque contamos con una literatura extendida sobre la temática, la cual se pregunta por las diversas respuestas estatales frente al armado burocrático y administrativo de la fuerza policial en una época de incipiente organización, en este trabajo, el foco estará puesto en la denuncia en sí, vista como un insumo para poder observar la vida cotidiana de los agentes sociales.

El problema de la seguridad

En Córdoba, debemos enmarcar el problema de la seguridad en un lento, tardío e ineficaz proceso de construcción de la burocracia provincial desde las últimas décadas del siglo XIX e inicio del XX, en el marco general de la cuestión social. Este proceso no escapó, entre otros aspectos, a la forma de reclutamiento del personal policial provincial, que incidió especialmente en la constitución de la policía rural, sobre todo en aquellas zonas como la región noroeste que se caracterizaba por ser un espacio amplio, heterogéneo, con escasa y mala comunicación vial y donde muchas veces el personal policial escaseaba (Moreyra, 2009).

El problema de la seguridad fue un tema recurrente y afectó la vida cotidiana de todos los habitantes de las zonas rurales de la provincia. En concreto, los hechos de inseguridad versaban sobre los siguientes temas: el cuidado de la propiedad, ya sea por el accionar del fuego intencionado o el robo de animales –abigeato–, esto último dándonos indicios sobre la situación que atravesaron muchas familias en torno a la subsistencia y la necesidad de recurrir a estas prácticas para proveerse el alimento diario. En cuanto al despojo de la propiedad se sucedieron múltiples denuncias contra las autoridades policiales, sobre todo al señalarlas de ser cómplices de arbitrariedades sobre las mismas o de la sustracción de animales. Por ejemplo, en 1906, en el departamento de Río Seco, los vecinos denunciaron al subcomisario que “iba a robar y hacer robar”.^[4] Por otro lado, la presencia de “extraños” que merodeaban las zonas rurales hizo que muchos pobladores decidieron portar armas de fuego para defenderse, lo que también trajo conflictos entre vecinos y con las autoridades policiales. Sin embargo, el máximo signo de inseguridad se reflejaba en la ineficacia de las fuerzas de seguridad, lo que desencadenaba en prácticas arbitrarias o abusivas (Moreyra y Remedi, 2005).

La falta de recursos invertidos en la reclutación, capacitación y equipamiento de profesionales policiales hizo que, en muchos casos, las personas que se hicieron cargo de puestos de autoridad policial lo hicieran ad honorem y de manera temporal, ya que muchos agentes rasos cambiaban su trabajo por el de las faenas agrícolas, con mejores jornales. Por este motivo, las multas impuestas por ellos funcionaron como ingreso extra para integrar los magros salarios de los agentes policiales (Moreyra, 2009).

Las situaciones que se denunciaron por el accionar ineficaz se reflejaron en prácticas concretas de inoperancia por parte del personal policial. Por ejemplo, en 1905, más de 30 vecinos de Cruz del Eje denunciaron el ineficaz accionar de la policía ya que la subcomisaria próxima se encontraba a varios kilómetros de distancia. El pedido de creación de una subcomisaria más cercana se pospuso para el año siguiente por falta de presupuesto.^[5] En este caso también se puede señalar que dicho ineficaz accionar policial se veía condicionado por la precaria estructura de la policía rural que sostenía el Estado provincial. O el caso de los vecinos del departamento de Minas que en 1924 denunciaron al comisario porque “no levantó sumario por ser analfabeto y sordo”.^[6]

En definitiva, los abusos de autoridad por parte de los policías se vincularon, frecuentemente, con la ausencia de garantías contra las vidas de las personas y sus propiedades. Así, muchos denunciaron, temerosos, contra la autoridad que “ha dejado de ser una garantía para convertirse en el terror de sus habitantes”.^[7]

Los abusos policiales se debieron a dos situaciones constantes y particulares: en algunos casos, la ausencia de otra autoridad local, lo que los obligaba a asumir otras funciones de hecho, convirtiéndose “en verdaderos caciques que se limitan en el mejor de los casos a no oponerse a las iniciativas progresistas del vecindario”.^[8] En segundo lugar, debido a la concentración de poder económico y social del estanciero, el Estado le delegaba el poder de policía, convirtiéndolo en el comisario local. Ese lugar privilegiado en la sociedad local derivó, muchas veces, en vínculos cercanos con algunos vecinos, que también se denunciaron como favoritismos personales entre ellos.

En 1912 un vecino del departamento de Ischilín denunció la intromisión a su propiedad por órdenes del subcomisario, destacando los vínculos que éste tenía con las personas que entraron en su domicilio.^[9] En 1920 un vecino del Cruz del Eje denunció a otro vecino por robo y solicitó que el subcomisario no investigara la denuncia hecha porque “obedece ciegamente las indicaciones de la persona acusada”.^[10]

Por su parte, las autoridades judiciales también tuvieron denuncias en su contra. La complicidad con otras autoridades como la policía, las irregularidades o los procedimientos que llevaban adelante, fueron motivo de queja, dando como resultado la injusticia o el avasallamiento de los derechos. Según la mirada de un viajero italiano a principios del siglo XX, los “enemigos” de los colonos eran “los huracanes, las sequías, las heladas y el juez de paz” (Moreyra, 2009: 144).

Pero, lo que mayormente se denunciaba sobre los jueces de paz, en contraposición del accionar policial, fue la omisión o ausencia en el cumplimiento de sus obligaciones. En 1904 un vecino del departamento de Pocho explicaba que “por una feliz casualidad salí con vida del incidente, el que he denunciado inútilmente ante el comisario y juez de paz de Salsacate, quienes se negaron a atenderme, por tratarse de personas que gozan de la culpable complacencia de las autoridades de este depto que no han dejado abuso por cometer”.^[11]

La convivencia y la complicidad sobre irregularidades o el abandono de sus funciones entre las autoridades locales fue sistemáticamente denunciado y formaba parte de las quejas cotidianas. En ese mismo sentido, el accionar del jefe político fue fuertemente cuestionado, muchas veces señalando que su amistad con las fuerzas policiales y el encubrimiento que éste hacía con otros funcionarios, prevaleció en el ejercicio de su mandato. Así elevaron una queja los vecinos contra el jefe político: “ratificamos la denuncia contra el jefe político de Minas, al cual acusamos nuevamente por actos de despojos cometidos en nuestras propiedades, utilizando para ello los agentes de orden pública puestos a sus órdenes para garantizar la vida y la propiedad de los habitantes del departamento”.^[12]

Denuncias y agencia vecinal

La estrategia de denunciar al poder se constituyó para los vecinos denunciantes –de forma individual o colectiva– como una forma de resguardo a sus vidas–o como una forma de advertir sobre el peligro que ella corría–, ya que en sus reclamos postulaban que esas quejas las hacían “para la garantía de nuestras vidas e intereses”;^[13] “para garantizar la vida y la propiedad de los habitantes del departamento”;^[14] o apelaban ante el ministro de gobierno “en demanda de garantías porque creo que peligra mi tranquilidad y mi persona en este pueblo”.^[15]

A estas quejas oficiales, que forman parte de las reglas del juego administrativo y burocrático, ese derecho a peticionar al que apelaban los vecinos como argumento principal puede considerarse una EDS que, en principio, no tuvo pretensiones de derrocamiento del orden social, sino que quiso dejar asentada una forma de vida, una queja formal sobre las desigualdades existentes y, sobre todo, llamar la atención a las autoridades provinciales sobre las irregularidades que los funcionarios locales hacían en los pueblos.

Estudiamos las denuncias realizadas por los vecinos de la región noroeste de Córdoba entendiendo que su poder de agencia está presente a la hora de peticionar y hacer uso de su derecho a reclamar, en un contexto que se puede enmarcar entre el fervor asociativo y la madurez de la sociedad civil (Di Stefano, Sábato, Romero, y Moreno, 2002). La cuestión policial, que está íntimamente ligada al origen de las denuncias, es una problemática que atraviesa las preocupaciones actuales de la historiografía (Fernández Marrón, 2018; Moroni, Casullo y Carrizo, 2018).

Por su parte, el vecinalismo que se va construyendo, se expresa en la necesidad de acercar a las autoridades provinciales sus preocupaciones en torno a los conflictos cotidianos que sufren por parte de las autoridades locales. A partir de sus denuncias, podemos conocer sus discursos, las formas de validar su sufrimiento y el desesperado eco de pedido de garantías hacia sus vidas (Allevi y Carbonetti, 2021; Basconzuelo, 2007a).

Sin embargo, las denuncias aquí estudiadas no responden a la organización vecinal bajo una institución propiamente dicha, esto es, una asociación en particular, sino que se presentaban bajo las frases “Los que suscriben…”, “los vecinos de…”, sin que por ello se pueda desestimar cierta convocatoria colectiva o asamblea vecinal para juntar firmas o ponerse de acuerdo con el texto de la denuncia. En definitiva, es el sentimiento de pertenencia a una comunidad local lo que agrupa a los vecinos para reclamar (Maizón, 2009).

Los vecinos denunciantes en su mayoría fueron hombres, argentinos, comerciantes o dueños de una propiedad, pero también, dentro de la heterogeneidad de las denuncias analizadas, encontramos algunas quejas de aquellos que pertenecieron a los estratos más bajos de la sociedad: peones de campo, trabajadores rurales o jornaleros que habitaron esos pueblos y que sufrieron el maltrato de las autoridades locales en su vida cotidiana.

Entre 1902 y 1927 relevamos 271 denuncias realizadas de manera individual o colectiva contra las diferentes autoridades locales, en su mayoría, contra los abusos y arbitrariedades efectuados por la policía. La mayoría de los reclamos eran dirigidos al ministro de gobierno de la provincia y, muchas de ellas, fueron publicados en diferentes periódicos locales y provinciales, como estrategia de visibilización de los abusos sufridos. En muchos casos, la presencia de las denuncias en la prensa significó un aval que dejó al descubierto dichos abusos de autoridad, ayudando a exponer las condiciones de vida en los pueblos y ejerciendo presión hacia el poder ejecutivo para su contemplación y rápida solución.

En efecto, observamos a lo largo de los expedientes que, cuando se trataba de una denuncia aparecida en algún periódico, ésta cobraba un mayor interés de resolución por parte de las autoridades ministeriales. Así, el efecto performativo de la prensa sobre la opinión pública importaba al funcionamiento del gobierno, en tanto garante del orden público y el buen accionar de sus funcionarios. En las publicaciones se explicita que el fin de la misma era “llamar la atención, a quienes corresponda, hacia la injusticia de que he sido víctima por parte del juez de paz de esta localidad”.^[16]También los acusados utilizaban este medio para hacer sus descargos y “esperando que tome la palabra quien corresponda, trayendo la aclaración del caso”.^[17]

La denuncia que realizó el senador Blas Ordoñez, con motivo de un asalto al comité radical de la localidad de Deán Funes por el subcomisario del lugar, tuvo como impacto la suspensión de la autoridad policial, resultado poco frecuente en los casos estudiados. En sus palabras, la importancia de publicar la denuncia en un periódico radicó en que “el gobierno es sordo a los clamores de la opinión pública. Nos dirigimos, pues, al país entero para que forme juicio sobre esta situación fuera de la ley, que abochorna a Córdoba”.^[18]

Como en este caso, otras denuncias tuvieron carácter político, en tanto se denunciaba persecución o arbitrariedades cometidas por el subcomisario local, “en detrimento de los intereses, cuando no la vida de los vecinos honestos, cuya orientación política no comulga con la delictuosa actuación de los funcionarios oficialistas”.^[19] Las rencillas partidarias también se sucedieron entre las autoridades quienes, en algunas ocasiones, se denunciaron entre sí, con el objetivo de favorecer a alguna amistad. Así aclaraba un comisario general de policía en el periódico La Idea de Cruz del Eje, acusando al jefe político y su secretario a causa de los “chismes” que señalaban falta de apoyo y poca confianza hacia él: “No comprendo si esta actitud del Señor Jefe, lo hizo por desconocer la jerarquía de un Comisario General de Policía, que según el Reglamento dice como la segunda autoridad del Dep. [departamento] o fue un plan premeditado, para quedar bien con un amigo, perjudicando a un Demócrata de verdad”.^[20]

La distribución de las denuncias por departamento en todo el período analizado permite observar que la mayoría de ellas se produjeron en la región norte, con 151 denuncias en total, siendo Cruz del Eje el departamento con el mayor número –48–, lo cual era previsible, debido a ser la ciudad más importante de la región en la época. De la misma forma, podemos decir que en el oeste las denuncias se distribuyeron de forma pareja, destacando el departamento de Punilla con 22.

Entre 1920 y 1925 se concentraron la mayoría de las denuncias relevadas –destacando también 1912 con 15 en total–, siendo 1925 el año con mayor número de denuncias de todo el período estudiado, llegando a un total de 36. Ese año, se produjo por lo menos una denuncia en cada uno de los departamentos –con excepción del departamento Río Seco–.

En los años 1902, 1908, 1915, 1923 y 1924 la región oeste registró un mayor número de denuncias. Es decir, en un período de 25 años en total, sólo en 5 la región norte no lideró con el número de denuncias. Esto permite identificar las zonas de calor donde se desarrolló mayor conflictividad social entre la población y sus autoridades, cruzando así las zonas geográficas y las quejas registradas por año, corroborándose que los departamentos más poblados eran los que sufrían los mayores abusos de poder por parte de las autoridades.

Con respecto al resultado de las quejas, en la mayoría de los casos las denuncias se desestimaron o se archivaron, sin dejar constancia de por qué se resolvía de esa manera cada expediente, lo que nos impide saber las razones. Lo que sí podemos afirmar es que de las 271 quejas presentadas, sólo 45 obtuvieron algún tipo de acción disciplinaria contra el funcionario, es decir, el 16,6% del total de denuncias. Las respuestas fueron múltiples y abarcaron desde una multa, un sumario, la suspensión, el traslado, la exoneración o la derivación a la justicia del funcionario denunciado. La intervención de la justicia penal estuvo ligada a que algunas denuncias tuvieron que ver con hechos criminales que derivaron en asesinatos, lo que demuestra el grado de violencia ejercida por algunos funcionarios y la falta de control con la que actuaban.

De esas 45 denuncias con resultado a favor de ellas, sólo 3 fueron a otras autoridades que no eran policías: 1 se produjo contra el jefe político de Cruz del Eje en 1907, 1 contra el jefe político de San Alberto en 1923 y 1 contra el jefe del registro civil de Ischilín en 1925. El resto se refieren, en su mayoría, a subcomisarios o comisarios, pero también algunas otras se nombran como autoridades policiales sin especificar o empleado de investigaciones, que dependía de la jefatura de policía.

Las que no tuvieron ese resultado favorable para el denunciante, sino que quedaron desestimadas, archivadas o de las que no conocemos su resolución, fueron 52 denuncias contra jefes políticos, jueces de paz y otros funcionarios –a veces se denunciaba de forma combinada, es decir, al subcomisario y al jefe político– con reclamos variados: desde mal desempeño en sus funciones, robo de animales, agresiones a vecinos, intrusión a la propiedad, abusos y crímenes, asuntos electorales o quita de menores. Hubo algunos pocos casos en los que, a partir de la denuncia, los funcionarios decidieron renunciar a su cargo.

Breves escenas de la vida cotidiana

Dentro de la multiplicidad de casos analizados, las denuncias de vecinos giraron en torno a distintas problemáticas que se desprendieron de sus vínculos con las autoridades locales. Algunas tuvieron que ver con dejar en evidencia la precariedad en la que se encontraba la corporación policial en esos espacios rurales de la provincia. Otras versaron sobre casos de arbitrariedades cometidas por diferentes miembros de la fuerza o funcionarios políticos que tuvieron un rol relevante debido a la injerencia de su poder en esas localidades.

A continuación, presentamos algunos fragmentos de los documentos que creemos que ilustran de forma clara y concreta dichas heterogéneas denuncias, con el objetivo de mostrar cómo los vecinos denunciantes dejaron alguna huella sobre su vida cotidiana a través de esas quejas formales.

I

En Octubre de 1902, dos vecinos del departamento Minas presentaron una denuncia acusando al jefe de policía del departamento exponiendo que “sirviéndose de la policía departamental, ha cometido actos de despojo en nuestras propiedades, ubicadas en la pedanía de San Carlos (...), rompiendo cercos y construyendo caminos contra nuestra voluntad”.^[21]Asimismo, recuerdan cómo en febrero y marzo del mismo año, presentaron queja formal contra el jefe político que no fue contestada, a lo que dijeron que las autoridades departamentales se burlaban de este tipo de denuncias porque no se hacían eco en los ministerios debido a la buena amistad entre el jefe político y el ministro.

Estos vecinos manifestaron su humilde situación explicando que no pudieron recurrir a los tribunales de justicia por falta de recursos, lo que muestra que las denuncias realizadas sirvieron, en algunas ocasiones, como única herramienta para plasmar las quejas de los pobres. Con esto, entendemos a la práctica de la denuncia como una EDS con la que los sectores populares intentan morigerar las situaciones de abusos de autoridad sufridas cotidianamente.

II

En 1902, más de 54 vecinos del departamento San Javier, haciendo uso de su derecho de petición, expusieron cómo diariamente se cometían hechos que debían ser castigados si no fuera por la impunidad que les brindaba su amistad con el subcomisario local. Por esto, decidieron romper nuestro silenciosuplicando el cambio del subcomisario de policía quien, “en vez de manejar el pueblo, con su ejemplo, no solo desatiende por completo sus deberes como empleado sino que sin conocer absolutamente el derecho que le asiste como autoridad procede en todos sus actos con verdadera arbitrariedad y capricho”.^[22]En la denuncia, insisten con el accionar caprichoso del funcionario, proceder que tuvieron que soportar hace años, junto al desamparo y la falta de garantías que su accionar significaba. Presentaban la queja para que el pueblo no sufra por más tiempo dicho accionar, sino que de una vez y para siempre, las autoridades actuaran cumpliendo su deber, con una conciencia sana, en la legalidad y la justicia. Finalmente, plantean su falta al no haber presentado esta queja ante el jefe político, lo que argumentan hicieron así sabiendo que éste de todo tiene conocimiento “nada hace por satisfacer los deseos de este pueblo, al que siempre miró con el mayor desinterés e indiferencia”.

III

En 1904, 12 vecinos del departamento de Punilla solicitaron relevar al subcomisario por otra persona que reúna las condiciones necesarias para desempeñar tan importante y delicado puesto. En su petición, presentaron 10 argumentos que los ayudaba a justificar su pedido. Entre las consideraciones se encontraban los siguientes fundamentos: que el accionar del empleado alcanzaba grandes grados de malicia, inhabilidad, falta de firmeza carácter y valor personal, “que al presente ha perdido toda la autoridad de su investidura y ha caído en tal desprestigio, que sus órdenes tienen más tono de súplicas y de ruegos, son objeto de burla y de desobediencia insólitas, en su propia presencia”.^[23]Así, continúan enumerando otras actitudes poco consecuentes con su cargo, denunciando el abandono general de sus tareas de control, como evitar peleas o la intervención en conflictos vecinales o la toma de medidas en casas de negocios donde se desarrollaba el juego o la embriaguez. Las reiteradas quejas de los vecinos ante la falta absoluta de entereza, valor, decisión y demás condiciones indispensables por parte del policía, repercutió también en el trato con los agentes a su cargo quienes, según los denunciantes, carecían de disciplina y, por lo tanto, “hacen su propia y soberana voluntad”. Finalmente, con el apoyo del jefe político a estas denuncias, expresándole a los vecinos que no tenía intención de mantener en el cargo a empleados que no cumplan con sus obligaciones, se informó la renuncia del subcomisario y la designación de uno nuevo.

Cabe destacar que, en la denuncia, los vecinos aclaran que ésta no es impulsada por ninguna razón personal contra el subcomisario, “que dicho sea de paso posee modales bondadosos que apreciamos”. Por lo anterior, resulta interesante pensar la aclaración, ya que muchas denuncias eran recusadas por decir que los vecinos tenían algún encono personal contra la autoridad denunciada; sin embargo, esta frase señala que lo que se ponía en juego era, en última instancia, el accionar o el carácter del funcionario para cumplir con sus funciones y la autoridad que pudiera construir en sus vínculos con los habitantes de la localidad y la capacidad que tuviera en hacer cumplir la ley.

IV

En 1911, en la pequeña comuna de Paso Viejo, Cruz del Eje, los vecinos solicitaron al ministro de gobierno que tome las medidas necesarias y le aplique el correctivo que merezca al accionar abusivo, inepto e inútil del subcomisario, ya que “todo este pueblo se siente hondamente indignado por los continuos desmanes (...) y que hasta ahora este vecindario ha guardado silencio en espera de una reforma”.^[24]

Un año más tarde, un vecino propietario de dos estancias, denunció a dos subcomisarios del mismo departamento, quienes acompañados de agentes de policías y cuatro ciudadanos más, “obedeciendo no sé qué órdenes o ejerciendo no sé qué venganza”,^[25] entraron a su propiedad con una “salvaje invasión”, llamada así porque derribaron sus cercos y abrieron puertas, dejando su domicilio a disposición de quien quisiera ingresar. El vecino aclara que desconoce el móvil de dicha violenta intromisión pero asegura que éstas se repiten con frecuencia y solicita las medidas necesarias para frenar este abuso de autoridad.

V

En Deán Funes, en 1914, el jefe político del departamento Ischilín decidió levantar un sumario contra el comisario de la villa con el propósito de constatar las reiteradas denuncias en su contra “sobre la poca autoridad observada por el comisario (...) en el cumplimiento de su deber, así como también sobre la falta de respeto que inspira el mismo, por encontrarse frecuentemente en estado de ebriedad”.^[26]

VI

El comisario general de la policía de Cruz del Eje realizó su descargo en el periódico local La Idea, luego de haber sido acusado de abandono de sus tareas y “ocupándose en la compañía salinera, con grave perjuicio para el público que viene a la oficina y no lo encuentra”.^[27] Esta denuncia fue contrarrestada con el pedido de otros vecinos que avalaron “su normal comportamiento”. Entre ellos, curiosamente, se encontraban las firmas del administrador general de la compañía Córdoba Salinas, el dueño de la casa más importante de ramos generales y compra-venta de carbón y leña de la estación San José, un estanciero llamado Segundo Cabrera, el jefe de correos y telégrafos, el jefe de la estación F.C.C.C., comerciantes, entre otros. Es decir, vemos cómo mientras los vecinos denunciaron –en este caso más de una vez– la ausencia del funcionario y, por lo tanto, el abandono de la oficina del registro civil, el aval de “buen desempeño” lo consiguió gracias al apoyo de personas vinculadas a los grandes negocios del pueblo y a quienes, según los denunciantes, respondía el funcionario, trabajando para ellos.

Con estos ejemplos podemos ver las tensiones existentes entre los vecinos peticionantes y los grandes intereses locales. Aunque finalmente el funcionario decidió renunciar a su cargo –en el cual sólo duró un año–, quedó en evidencia su vinculación con los poderes económicos del lugar.

Estas son sólo algunas de las denuncias que seleccionamos para ilustrar la problemática de la inseguridad y las denuncias realizadas contra las distintas autoridades locales de la región noroeste de Córdoba. También se destaca el caso de los vecinos de San Alberto que en 1923, reunidos en asamblea, resolvieron por unanimidad dirigirse al ministro de gobierno rogándole que envíe a un inspector de policía “a fin de constatar las arbitrariedades que a cada instante son producidas por la policía local, desmanes que han traído como consecuencia el terror entre la población, pudiendo garantizar que se hallan los ánimos tan exaltados que es de esperar una masacre en cualquier momento, si no se toman medidas inmediatas”.^[28]

Creemos que rescatar la práctica de la denuncia popular, muchas veces colectiva –pero no por eso necesariamente realizadas en el marco de organizaciones vecinales institucionalizadas– permite acercarnos a las condiciones de vida de los agentes sociales que intentaron intervenir en su realidad con las pocas armas que contaron, haciendo frente al poder local y dejando testimonio de los abusos de poder cotidianos que tuvieron que soportar.

Reflexiones finales

En este artículo analizamos las denuncias realizadas por los vecinos de la región noroeste de Córdoba contra las múltiples formas de abusos e irregularidades que llevaron a cabo las autoridades locales en los primeros años del siglo XX. Las 271 denuncias relevadas, consignadas entre los años 1902 y 1927, dieron cuenta de cómo la problemática de la seguridad debe considerarse como un elemento imprescindible a la hora de analizar las condiciones de vida de los habitantes de los espacios rurales.

En un espacio tan heterogéneo y aislado como la región noroeste de Córdoba durante los primeros años del siglo XX y en el marco de la llamada cuestión social, la inseguridad se reflejó en diversas modalidades: sobre la propiedad –por el accionar del fuego o el robo de animales–, la presencia de extraños y el uso de las armas de fuego, y el accionar ineficaz y abusivo de las fuerzas policiales en particular y de las demás autoridades locales en general.

Destacamos la apelación al derecho apeticionar de los vecinos, el que analizamos en clave de EDS, como una forma oficialde denunciar las desiguales fuerzas entre ellos y las autoridades locales. Esas denuncias tuvieron la intención de llamar la atención de las autoridades provinciales, haciéndoles ver los diversos conflictos sociales que se vivían en las zonas más alejadas de la ciudad capital, específicamente, en la elaboración de una denuncia elevada al ministro de gobierno y, en algunos casos, al publicar la queja en periódicos locales como estrategia de visibilización de la conflictiva cotidianidad rural, para que ésta tenga mayor alcance en la opinión pública. Asimismo, esa práctica peticionante pretendió la intervención del gobierno provincial, para garantizarles a los vecinos su permanencia en las localidades que habitaban, ya que muchas veces los denunciantes veían amenazada su vida y sus intereses a merced del trato abusivo policial y decidían irse a otro pueblo, huyendo de las arbitrariedades sufridas en manos de los funcionarios.

La denuncia formal no pretendió desarticular el sistema en su conjunto, sino que buscó oponerse al accionar cotidiano injusto y desproporcionado de las autoridades policiales, pero también de otros funcionarios como los jueces de paz o los jefes políticos quienes, en la mayoría de los casos, actuaban con casi la totalidad del ejercicio del poder real (por lo menos en lo que refiere a los asuntos de la vida cotidiana). Así, advirtieron sobre la convivencia y complicidad entre ellos, mostrando cómo decidían abandonar su compromiso de funcionarios públicos con el que debían velar por la justicia común y el bien de toda la población a su cargo.

La realización de la denuncia –individual o colectiva y, en su mayoría, ésta última forma no institucionalizada–, funcionó como una manera de erosionar o influir mínimamente al poder establecido. De hecho, de las 271 denuncias estudiadas, 45 lograron un efecto disciplinario sobre el funcionario denunciado. Aunque podemos decir que si bien ese efecto representó solo el 16,6% de los casos seleccionados, también se puede ver el logro de alguna consecuencia concreta sobre las conductas que en una primera instancia aparecían como aparentemente impunes y que diariamente ejecutaban las autoridades locales. Es decir, las denuncias pudieron cambiar la realidad de algunos vecinos denunciantes, a pesar de que esto haya sido de forma marginal o temporal. En ese sentido, las denuncias analizadas nos permiten acercarnos al poder de agencia que construyeron los vecinos del noroeste cordobés a principios del siglo XX, quienes intentaron visibilizar su padecimiento cotidiano por los abusos sufridos a cargo de las autoridades locales encargadas del destino de sus pueblos y ciudades.

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Notas