Introducción

El 20 de enero de 1918 la fusión de las tendencias conservadoras de la provincia cuyana[2] (civitistas y populares) bajo la etiqueta Partido Conservador no fue suficiente para vencer a la Unión Cívica Radical (UCR) conducida por José Néstor Lencinas que llegaba por primera vez, a través de comicios, a la gobernación. Esta derrota inauguraba una nueva etapa para la galaxia conservadora ahora posicionada en la oposición, alejada de los resortes gubernamentales y recursos públicos y ante el desafío de adecuarse a un mercado electoral ampliado que, durante la década lencinista (1918-1928), lo relegó a un segundo plano en el tablero político provincial. El triunfo radical, en parte, implicó ciertos reacomodamientos y reorganización en el seno de las fuerzas liberal-conservadoras para frenar su descomposición, organizar espacios de poder y reflexionar acerca de su rol como partido de oposición.

Mientras la renovación académica local centró su atención en las particularidades del radicalismo provincial (Olguín, 1961; Rodríguez, 1979; Lacoste, 1992; Luis, 2018; Abraham, 2022; Iriart Gabrielli, 2023), las ideas y el accionar de los liberales-conservadores mendocinos durante la etapa de la democracia ampliada no ha sido indagada en profundidad (Lacoste, 1991). Por ello esta investigación se propone examinar su ingeniería partidaria, su vinculación con el resto de las agrupaciones políticas, su concepción como partido de oposición y algunos alcances y límites sobre su capacidad de adaptación a los desafíos inaugurados por la ampliación democrática. En sintonía con estas preocupaciones una serie de estudios arroja pistas para recomponer el derrotero de este sujeto político en otros espacios provinciales y locales dando cuenta de las similitudes entre conservadores y radicales y la gravitación de los partidos políticos ante problemáticas ligadas a la política de masas (Béjar, 2005; Tato, 2013; Moyano, 2011; Solís Carnicer, 2020; Giannone, 2020; Hirsch y Reyes; 2021; Galván y López, 2022; Lichtmajer, 2023). Al mismo tiempo, interesa dialogar con un corpus bibliográfico que ha puesto el foco en el universo de las derechas al mostrar la heterogeneidad, la porosidad y el pragmatismo de estas fuerzas desde una perspectiva histórica y desde sus vínculos cambiantes con el régimen democrático-liberal (Béjar, 2005; Echeverría, 2010; Bohoslavsky y Morresi, 2011; Tato, 2013; Losada, 2020).

En primer lugar, resulta oportuno precisar que se entiende a la categoría liberal-conservador como un conjunto de actores diversos “con simpatías por la organización liberal de la economía y republicana de la política” (Bohoslavsky y Morresi, 2025: 21) que adquirió en Argentina una serie de rasgos particulares que perduraron a lo largo del tiempo (unanimismo, ejercicio autoritario del poder, cultura política personalista) debido, en parte, a la dificultad por aceptar el pluralismo político que otorgó el peso conservador al liberalismo del siglo XIX (Losada, 2024). Desde esta mirada la prevalencia del liberalismo como piso ideológico compartido obturó su adecuación con la democracia de masas (Halperin Donghi, 1987).

Asimismo, y siguiendo la línea propuesta por Bohoslavsky y Morresi (2025), se comprende a la “familia liberal-conservadora” como una tendencia dentro del campo de las derechas argentinas. Estas son y fueron múltiples y aquí se utiliza una mirada híbrida que combina la posición política de las derechas que asume la desigualdad como criterio de distinción frente a la igualdad propiciada por las izquierdas (Bobbio, 1994) y el abordaje relacional para analizar las derechas en vinculación con sus adversarios políticos (especialmente los radicales) para intentar identificar cómo se concibieron, cómo mutaron sus orientaciones ideológicas y sus prácticas políticas. En este artículo se circunscribe la indagación a un actor histórico concreto, un partido político cuyo nombre fue variando a lo largo de los años: Partido Conservador (1918), Partido Autonomista (1919-1921), Partido Liberal (1921-1931) y posteriormente Partido Demócrata Nacional (1931-1943).

En este marco, se atiende, por un lado, a la vida interna del liberal-conservadurismo local para conocer sus recomposiciones y realineamientos internos, identificar cómo se repensó como partido de oposición y contribuir a su caracterización como un actor histórico de peso en el periodo de entreguerras. En este sentido interesa dilucidar: ¿Cómo se procesó la reorganización al interior del partido y en vinculación con la construcción de liderazgos en su seno? ¿Cuándo y por qué predominaron los lazos cooperativos y las tensiones y/o diferencias entre las distintas tendencias en el seno de este órgano político? Se advierte una mayor capacidad de los conservadores para mantenerse unidos en la oposición mientras que el radicalismo experimentaba continuos fraccionamientos. Esto no quiere decir que no existieron disputas o tensiones en su seno sobre los modos de interpretar la realidad e incidir en ella.

La perspectiva propuesta articula, por un lado, el acercamiento atento para reconstruir los discursos y prácticas de esta organización de derecha y, por otro, la dinámica relacional con los adversarios políticos para desentrañar una vida política que excede al grupo estudiado y pone sobre el tapete a las interacciones y representaciones cruzadas. Las interpretaciones que los actores políticos realizaron sobre ellos mismos y sobre sus adversarios permite conocer las representaciones de la vida política argentina de las primeras décadas del siglo XX en relación con el problema de la representación, el vínculo entre gobernantes y gobernados y el sentido de las normas y las prácticas políticas.

Para restituir estos procesos se recolectaron fuentes primarias en diversos repositorios institucionales y se privilegió el análisis exhaustivo de la prensa periódica partidaria y los diarios de sesiones de la Legislatura de Mendoza y del Congreso Nacional.

El artículo se encuentra dividido en tres partes. La primera atiende a las recomposiciones internas del conservadurismo liberal en la provincia tras la derrota de 1918 y hace hincapié en las representaciones cruzadas con el lencinismo. En este sentido, los interrogantes que atraviesan este apartado escrudiñaron los mecanismos, disputas y consensos que se fraguaron en la reconfiguración del conservadurismo-liberal y en su dinámica con el resto de las agrupaciones políticas. Así, se analizan las representaciones que elaboraron los conservadores de sí mismos y sobre sus adversarios políticos y viceversa. En este sentido, durante esta etapa su principal enemigo lo constituyó la UCR y, específicamente, el radicalismo lencinista: ¿cómo se concibió a sí mismo y cómo definió y estigmatizó a su enemigo, a aquellos que permanecieron fuera de su identidad?

En segundo lugar, se presta atención a las interpretaciones que sostuvieron las fuerzas políticas opositoras al lencinismo sobre la dinámica política provincial de los años veinte desde el seno del Congreso Nacional para identificar la mirada desde el poder central. En este último espacio, ¿qué posturas asumió el liberalismo mendocino en los debates nacionales sobre las intervenciones federales a Mendoza? ¿qué temáticas se reiteraron para poder justificar el envío de las intervenciones?

Por último, se reconstruye el papel de la derecha mendocina como partido político opositor y se ausculta su rol en la Legislatura provincial. El recinto legislativo se constituyó en un escenario privilegiado de las disputas entre liberales y lencinistas y de sus modos de comprender e intervenir en la sociedad mendocina de su época.

Desde la derrota hacia la reorganización: el sinuoso camino de conformación del Partido Liberal y sus confrontaciones con la UCR Lencinista

La bibliografía ha remarcado cómo la mayor parte de la elite conservadora a comienzos del siglo XX compartía el diagnóstico de la necesidad de reformular las reglas del juego electoral, lo cual a su vez suponía una pregunta por la ingeniería institucional en su conjunto, pero las discrepancias surgían en torno al método (Devoto, 1996; Halperin Donghi, 2007; Bertoni y de Privitellio, 2009; Míguez, 2012; Roldán, 2010, 2012; de Privitellio, 2012, 2015). En este sentido, se expresaba “el imperativo de darle forma política a lo social” (Roldán, 2010:201) y, por ende, la necesidad de asentar la articulación entre Estado y la sociedad sobre mecanismos más transparentes.

En este marco de preocupaciones, Castro (2007) complejizó la mirada en torno a los años finales del orden conservador al prestar atención al proceso de conformación de una coalición antiroquista que combinó la presencia de facciones políticas, sectores de las élites sociales e intelectuales cercanas al pellegrinismo y la gravitación de Roque Sáenz Peña que compartía la preocupación por desmantelar la maquinaria política diseñada por el roquismo y por las consecuencias generadas por el proceso de modernización. De todos modos, la propuesta de Sáenz Peña no buscaba un reemplazo de la élite política, pero sí su renovación mediante la inclusión de sectores hasta entonces marginados por el diseño roquista a través del sufragio libre y la participación electoral.

En el ideario sáenzpeñista los partidos nuevos lograrían solamente la minoría y obligarían a las fuerzas conservadoras a metamorfosearse en un partido orgánico de alcance nacional que, en la práctica, resultó más difícil de conseguir de lo que se había supuesto. Sin embargo, las consecuencias del voto secreto, obligatorio y con representación de la minoría se revelaron imprevisibles y posibilitaron el triunfo de socialistas y radicales.

Lejos del ideario reformista del 1912 sustentado en la conformación de dos grandes partidos orgánicos organizados bajo ideas permanentes, el escenario político provincial estuvo caracterizado por la fragmentación de las fuerzas políticas cuyas fracturas, coaliciones e intercambios dinamizaron la política provincial y otorgaron vitalidad a la política y lo político (Rosanvallon, 2003) durante el ocaso del régimen oligárquico y la experiencia radical, tanto a escala nacional como provincial, en el pasaje de la lógica notabiliar a los partidos de masas (Persello, 2007; Solís Carnicer, 2020). La disputa central fue protagonizada por las tensiones interpartidarias entre conservadores y radicales, en menor medida con los socialistas, y con los vaivenes intrapartidarios (Olguín, 1961; Rodríguez, 1979; Lacoste, 1992; Bragoni y Mellado, 2012).

En el caso del conservadurismo, Emilio Civit[3] fue la expresión de una facción política conservadora que dominaba los destinos políticos de la provincia y que llegó nuevamente a la gobernación en 1907. La concepción civitista del Estado y del poder tuvo su expresión institucional en la Constitución de 1910 que otorgó al Poder Ejecutivo tantas facultades que menoscabaron las funciones de los otros dos poderes e incluso dispuso recortes a las garantías y derechos individuales (Mateu, 2004). Sin embargo, las fisuras en el orden conservador y el impacto del desmantelamiento de la maquinaria roquista se exhibió hacia fines de 1911, durante la gestión de Rufino Ortega hijo (1910-1914), cuando un grupo de políticos opuestos al accionar de un régimen de gobierno impregnado por la política de círculo de tinte oligárquico vinculado al autoritarismo civitista y con un planteo reformista de las prácticas políticas se desgajó del conservadurismo para conformar el Partido Popular (Mateu, 2004) y expuso las rivalidades de la “galaxia conservadora” (Bragoni y Mellado, 2012). Entre sus miembros fundadores destacaron Alberto Day, Rafael Guevara, Emiliano Torres, Pedro Benegas, Ramón Castañeda, Luis Silvetti, Ramón Agüero, Melchor Villanueva, Arturo Funes, Francisco Álvarez, Salvador Reta y Severo Gutiérrez del Castillo (Egües, 2008). En sintonía con estas disputas, el trabajo de Martín Castro (2012) sobre el ocaso de la república oligárquica exhibió con claridad las tensiones de los grupos dirigentes que componían el PAN cuyo foco de conflictividad gravitó en torno del desmembramiento de la maquinaria roquista. En este sentido, civitistas y populares expusieron las fisuras en el mundo liberal-conservador, el impacto de la reforma electoral en las dirigencias provinciales y el dinamismo de las agrupaciones políticas locales pos-1912.

Retomando el devenir provincial, tras la adopción temprana de los cambios propiciados por la reforma electoral (Ley N° 589 de 1912), los populares obtuvieron la gobernación en 1914 encabezada por Francisco Álvarez y lideraron el proceso de reforma constitucional de 1916 que, entre otras innovaciones, estableció el voto directo para la elección del gobernador. Ante la proximidad de los comicios para renovar los cargos de gobernador y vicegobernador en 1918, los civitistas y los populares se unificaron contra el radicalismo bajo la denominación de Partido Conservador (Rodríguez, 1979). En esta contienda electoral durante la jornada del 20 de enero de 1918 la fórmula de la UCR -José Néstor Lencinas y Delfín Álvarez- con 18.349 votos superó el binomio Emilio Civit-Alfredo Ruiz por el Partido Conservador que registró 12.747 votos.[4]

De este modo, las huestes conservadoras, un tanto languidecidas tras la derrota en 1918, sufrieron diversos obstáculos para poder reorganizarse y evidenciaron que las fracturas no eran privativas del radicalismo sino un elemento constitutivo de las maneras de conformación de las organizaciones partidarias y las trayectorias políticas. El clima sumamente hostil para el desenvolvimiento de la oposición tras el triunfo de Lencinas también fue una condición remarcada por uno de sus líderes, Adolfo Vicchi, como arista clave para explicar la disolución de las fuerzas conservadoras.[5]

Luego de esta pérdida clave para la trayectoria conservadora, la UCR fue perfilando una imagen del conservadurismo como un organismo en descomposición, sin fuerzas y sin apoyo popular. Descripciones tales como “piara de cerdos en fuga”, “espectros” o “cadáveres” dieron cuenta de la imagen de desarticulación que sobre esta fuerza transmitía la UCR[6], así como también de la apropiación de una discursividad de tono regeneracionista por parte del radicalismo en consonancia con el proceso de sacralización de la política como han demostrado los estudios de Reyes (2018). Paradójicamente, se le negaba su carácter de partido, constituía más bien un “injerto político”, se lo deslegitimaba y descalificaba mientras que y, al mismo tiempo, el radicalismo le reclamaba su formación como un partido organizado para actuar como una verdadera oposición.[7] Por su parte, La Tarde, órgano conservador, puntualizaba “que el doctor José N. Lencinas, es un político que no merece la más mínima confianza del electorado, dado sus antecedentes nada limpios y los actos deshonestos que con su partido ha cometido”.[8]

Los esfuerzos organizativos no cesaron y hacia comienzos de 1919 algunos elementos de la juventud conservadora[9] declararon la disolución del partido conservador para crear una nueva agrupación, con una comisión provisoria presidida por Luis Silveti, que más tarde asumiría la etiqueta demócrata.[10] Sin embargo, este estado de cosas distaba de ser aceptado por el estado mayor del conservadurismo. En una reunión en la casa de Emilio Jofré, Civit desautorizó lo proyectado por Silveti. Los conservadores, entre ellos Alfredo Amaya y Mario Arenas, resolvieron que el Partido Conservador subsistía y que se organizaría con sus programas y fuerzas, para lo cual se nombró una comisión ejecutiva.[11] Dos meses más tarde, en marzo de 1919, durante una asamblea en el Teatro Odeón, miembros adherentes del Partido Conservador formaban el Partido Autonomista. Su Junta de Gobierno quedó conformada por el presidente doctor Cruz Vera; vicepresidentes Alfredo Amaya y Ricardo Villanueva; secretarios: doctor Raúl Godoy y Mario de la Reta; tesorero: Polidoro Cuervo; y vocales Manuel R. Guiñazú, Benjamín Civit, Mario Arenas, Melitón Arroyo, Luis Arroyo, Gilberto Suárez Lago, Roberto Saravia, Nicolás López y doctor José V. Auriol.[12] Estas desavenencias expresaron las rispideces por el control de la autoridad partidaria y los diversos liderazgos en torno a la coalición dominante del liberal-conservadurismo.

En esta ocasión, el Partido Autonomista se dotó de su carta orgánica que fortalecía una concepción republicana del ordenamiento institucional, gestionaba leyes protectoras del comercio, la industria y para las clases trabajadoras, velaba por las autonomías provincial y municipal y propendía a la ejecución de presupuestos equilibrados. Asimismo, dispuso la fisionomía de la asociación política encabezada por una Junta de Gobierno y comités departamentales siendo la autoridad soberana del partido una Convención Provincial formada por delegados que designarían los comités departamentales.[13]

¿Cómo procesaron la derrota los conservadores? En la mayoría de las ocasiones les costó aceptar el peso del número y los triunfos electorales de los radicales. Además, criticaron la capacidad de las dirigencias oficialistas para el gobierno y expresaron su decepción frente a la preparación del pueblo para la modernización política. En este sentido, calificaron a los cuadros lencinistas de “analfabetos posesionados del gobierno”[14] e interpretaron su acceso al poder como fruto de la “inconsciencia colectiva” que continuaría pisoteando las instituciones mendocinas bajo las riendas de un “tiranuelo improvisado”.[15] Mientras que el Partido Autonomista se concebía como una “asociación política compuesta de lo más sano y honesto de la provincia” que denotaba una concepción elitista de la política encargada de velar por las instituciones, las libertades públicas, la moralidad administrativa, la autonomía provincial y comunal y la gestión de leyes protectoras del trabajo.[16]

Unos meses más tarde, se remozaban las fisuras en el arco conservador en medio de la llegada de la intervención federal de 1919 y las dificultades del conservadurismo para articular una organización más compacta. De este modo, a los ojos de los radicales lencinistas, la ruptura entre autonomistas y demócratas en el mundo conservador reeditaba la otrora fractura entre civitistas y populares. Se los describía como conglomerados alejados de “la masa popular” y de las aspiraciones del pueblo, teñidos de “ideas de superioridad social” y actuando “al margen de la vida democrática”.[17] De todos modos, las disputas no solo atravesaban al mundo conservador y así el conservadurismo parecía observar en los incidentes internos del radicalismo, entre lencinistas e intransigentes, un síntoma de descomposición.[18]

A los ojos del radicalismo lencinista, los conservadores locales subsistían mediante las mismas prácticas de antaño e intentaban “aggiornarse” utilizando expresiones asociadas a la “democracia, la pureza electoral y las buenas costumbres republicanas”, cuando hasta el advenimiento del radicalismo los conservadores consideraban a la “entidad pueblo” como algo cuya mención provocaba “escépticas sonrisas”.[19] Los radicales se preguntaban si esas fracciones esporádicas con escaso capital político y sin arraigo nacional podían constituir partidos orgánicos:

Seguimos creyendo que el partido conservador-hoy autonomistas y demócratas- es lisa y llanamente un caso de policía de investigaciones, vale decir, que el partido conservador no existe y que autonomistas y demócratas constituyen fracciones políticas aisladas, esporádicas, sin arraigo y sin más radio de acción que el que cada afiliado tiene dentro del círculo de sus amistades personales.[20]

De este modo, en el discurso radical convivía la necesidad de una oposición organizada como mecanismo para mejorar el juego democrático con la dificultad de aceptar legítimamente a esa oposición cuando constantemente se la descalificaba. En este sentido, como ya ha destacado la literatura académica la idea de identificación entre el radicalismo y la nación obstaculizaba la aceptación del pluralismo político (Persello 2007; Romero, 2014).

Posteriormente, a comienzos de mayo de 1919, el interventor firmó un decreto disolviendo la Legislatura y convocó a nuevas elecciones para renovarla en su totalidad para el 22 de junio. El interventor nacional, Perfecto Araya, desestimaba la pretensión de los partidos de oposición respecto de la renovación del Poder Ejecutivo y expresó una visión que exaltaba la supremacía del Poder Legislativo frente a los otros poderes al enfatizar que “el remedio para establecer la normalidad y equilibrio de los poderes debe buscarse haciendo un llamado a la soberanía popular, cuya fuerza radica principalmente en el Poder Legislativo armado del derecho de acusación por juicio político”.[21]

Finalmente, fueron varios los partidos que participaron en la lucha comicial para integrar la Legislatura provincial: la UCR que cosechó el 60% de los votos, en segundo lugar, el Partido Radical Intransigente con el 25%, el Partido Socialista con el 8%, algunos candidatos independientes que alcanzaron casi el 3% y en último lugar el Partido Demócrata Progresista con el 2, 27% de los votos. En esta oportunidad el Partido Autonomista había decidido abstenerse y solamente en otra ocasión, para las elecciones nacionales de marzo de 1923, la galaxia liberal-conservadora se presentó dividida en el Partido Liberal (15, 87% de los votos) y el Partido Liberal Democrático (6,97%). Esto resulta indicativo de la capacidad de mantener la unidad partidaria a pesar de las desavenencias existentes.

Los autonomistas mendocinos también se hicieron eco y participaron de los intentos por construir un partido de alcance nacional que se reveló de difícil concreción. Uno de sus más conspicuos representantes, Gilberto Suárez Lago[22], sostuvo en una asamblea en La Plata, organizada por el Partido Conservador de Buenos Aires, que en Mendoza se vivía bajo un “régimen del terror” en el cual “la ineptitud triunfaba sobre la capacidad, la amoral sobre la virtud, la mentira sobre la verdad, la ignorancia sobre el estudio, la fuerza sobre el derecho y la esclavitud sobre la libertad”.[23] Por ello, exhortaba a los conservadores en la construcción de un partido de alcance nacional para poner fin a la “tiranía analfabeta y demagógica”.[24] Los conservadores retomaron su participación en agosto de 1921 en vísperas de las elecciones presidenciales de 1922 y en la reunión de las fuerzas conservadoras en Córdoba en 1927 con la intervención de Gilberto Suárez Lago (Béjar, 2005).

Tras la intervención federal de Eudoro Vargas Gómez (septiembre 1920-febrero 1922), los partidos se aprestaban para una nueva lucha electoral para renovar la gobernación en diciembre de 1921 y las posteriores elecciones para la presidencia en 1922. Para esta contienda la galaxia conservadora se había reorganizado bajo el nuevo nombre de Partido Liberal (PL) bajo la presidencia del Doctor Cruz Vera, germen del Partido Demócrata de la provincia que dominaría las riendas del poder durante los años treinta. Frente a esta reorganización los radicales mendocinos señalaron que los conservadores seguían “durmiendo como lirones felices” incapaces de enfrentarse a los triunfos radicales[25] y que el cambio de nombre de autonomista a liberal no guardaba sentido alguno.[26] La fórmula del Partido Liberal se integró con Mario Arenas y José Auriol que cosechó el 21% de los votos frente a la fórmula triunfante de la UCR Lencinista conducida por Carlos Washington Lencinas y Bautista Gargantini (45% de los votos). Las otras agrupaciones que intervinieron en los comicios fueron el Partido Radical que aglutinaba las fuerzas antilencinistas (17% aproximadamente), el binomio socialista Ramón Morey-Santiago Castromán (7%) y una exigua participación del comunismo (0,6%).

Al año siguiente el PL, bajo la presidencia del Dr. Mario Arenas, conquistó la minoría en las elecciones para diputados provinciales en 10 departamentos, mientras que consiguió la mayoría en la Capital y también logró triunfos por la minoría en las elecciones comunales celebradas en julio de 1922 aunque no logró escaños en el concejo deliberante de la Ciudad que incluyó concejales socialistas.

Con relación a la recomposición del conservadurismo, uno de sus dirigentes, Adolfo Vicchi[27], precisó que el Partido Liberal lo encabezaba un grupo de gente joven y que su fuerza residía “en la capital y en el campo se reduce, y eso revela que el Partido Liberal no fue un Partido conservador, sino que fue un Partido con un dinamismo y con un sentido social muy acentuado, lo que probó después cuando fue gobierno, por la serie de sanciones de leyes de contenido social importantísimo que se adoptaron”.[28] En efecto, los liberales mendocinos ya se habían manifestado decididos partidarios por resolver la cuestión social cuando, por ejemplo con motivo del aumento del salario mínimo en 1926, el senador liberal y abogado Agustín de la Reta expresó que según su conciencia personal y por el mandato imperativo de su partido era necesario proporcionar a la “clase débil” “mejoras y reformas posibles en su vida económica”[29], aunque en los modos no siempre se encontraban de acuerdo con los lencinistas.

En palabras de Adolfo Vicchi para ese entonces

el Partido Liberal se convierte en una fuerza opositora muy eficaz y vigorosa, que concurre a las elecciones que pide la intervención Mosca contra del radicalismo; el Partido Liberal tenía grandes posibilidades de triunfo, pero pasó lo que pasó en otras épocas, le fueron alargando el período electoral hasta agotarlos. Se había hecho una acción muy intensa y sostenida, yo me había incorporado ya al Partido, era muy joven, trabajando en política, pero me acuerdo que pasamos, recorriendo los Departamentos, viendo gente, de la mañana a la noche, sin tregua, quedamos agotados física y financieramente agotados.[30]

Por su parte, el líder liberal Mario Arenas describió al PL como un “partido de orden, de ley y de honradez administrativa” frente al desprestigio del lencinismo y su uso de los resortes del poder público para ganar las elecciones.[31] Sus estructuras partidarias, comités y líderes anclados en diversos puntos de la provincia realizaron una intensa labor política a través del robustecimiento de los comités, giras políticas y mítines con el fin de nutrir sus adhesiones y potenciar sus actos públicos en medio de un “cálido ambiente popular”.[32] También aceitó protestas contra la violencia lencinista y las medidas arbitradas para impedir los mítines liberales en la Ciudad de Mendoza e impedir el derecho de reunión.[33] Un ejemplo concreto lo constituyó el atentado contra el director del diario liberal El Censor, Joaquín Méndez Calzada. Además, los liberales acusaban al lencinismo de “asaltar varios comités de su partido”, denunciando la violencia y el “matonaje” de los elementos policiales y la “compra de los presidentes de los comicios”.[34] Sintetizaban que la democracia había muerto en Mendoza y que la “política oficial no tiene otro fin que el electoralismo”.[35]

A pesar de los atropellos vivenciados el PL sostuvo su participación en las elecciones de 1924 para las cuales se presentaba, en palabras de su entonces presidente coronel Octavio Fernández, como “unido, organizado y lleno de bríos”, seguro de su “arrastre electoral” y de la decadencia del lencinismo, al mismo tiempo que celebraba la incorporación de elementos de la campaña y denunciaba el uso de fondos de las reparticiones públicas para la campaña electoral.[36] Otro de sus principales dirigentes, el doctor Mario Arenas, señaló que los candidatos nacionales del PL bregaban por un amplio abanico de temas que incluían una adecuada legislación nacional de vinos, la gestión de las comunicaciones, la cuestión de las letras de tesorería y la normalización institucional de la provincia.[37] Desde su punto de vista, el robustecimiento liberal se debía a la “cohesión partidaria”, luego del breve quiebre de 1923, a su acción en las cámaras, al aumento de sus adhesiones y al descrédito del oficialismo.[38]

Desde las páginas de La Nación se describía la situación de Mendoza como un “espectáculo de atraso político y administrativo”, en el cual los partidos de oposición solo se disputaban el lugar de la minoría que les permitía el sistema de lista incompleta.[39] Las elecciones nacionales del 2 de marzo de 1924 otorgaron el triunfo al lencinismo y el liberalismo consiguió la minoría con el ingreso del diputado nacional Pascual Herraiz al Congreso. Mario Arenas caracterizó el posicionamiento del PL con “una finalidad social de alto orden” y un “ideal político de esencia democrática” en comparación con el socialismo y el radicalismo.[40] Los liberales manifestaron que las garantías constitucionales habían desaparecido del canon cívico del lencinismo y apoyaron la intervención a la provincia en 1924.[41] Más tarde, en las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo en 1926, el PL exhibió uno de los resultados más abultados de la década cuando consiguió más del 36% de los votos. Por el contrario, el PL cosechó solo el 4% de los votos en las elecciones nacionales de abril de 1928 lo que evidenció su incapacidad para combatir al yrigoyenismo en las urnas.

Si bien los dardos del liberalismo apuntaban la mayoría de las veces contra el lencinismo, también criticó la falsa preocupación cívica hacia los votantes por parte del socialismo cuando eran los oradores del Partido Liberal quienes “combatían desde la tribuna pública la forma de acción del lencinismo”.[42]

Los escaños legislativos tanto provinciales como nacionales entre 1922 y 1928 estuvieron repartidos entre lencinistas, radicales y liberales que protagonizaron las disputas en el seno de la Legislatura y del Congreso Nacional. Este último se transformó en una caja de resonancia de las distintas posturas que las agrupaciones políticas sostuvieron respecto del instrumento jurídico de las intervenciones federales. En este sentido, la provincia experimentó cuatro intervenciones durante este periodo: una por decreto en 1919 y las otras tres mediante leyes del Congreso en 1920, en 1924 encabezada por Enrique Mosca que puso fin a la administración de Carlos W. Lencinas y la última en 1928 conducida por Carlos Borzani que clausuró la última gestión de tinte lencinista.

La experiencia provincial en revisión: la mirada desde el Congreso Nacional y las interpretaciones sobre el principio federal

De este modo, el Congreso Nacional constituye otro espacio para profundizar en torno de las concepciones de los actores políticos y para conocer la mirada del poder central sobre la experiencia mendocina de los años veinte a partir del análisis de los debates sobre las intervenciones federales al poner sobre el tapete el vínculo nación-provincia en clave de federalismo. Si bien las intervenciones que llegaron a la provincia fueron varias y cada una de ellas exhibió contextos y coyunturas específicas, también fue posible rastrear una serie de temáticas que se reiteraron en las mismas para justificar el envío de estas intervenciones.

Uno de los tópicos constantes giró en torno del carácter antirrepublicano del gobierno radical mendocino y el peso excesivo del Poder Ejecutivo. En este sentido, con motivo de la intervención decretada por Yrigoyen, a comienzos de 1919 el diputado nacional conservador Julio César Raffo de la Reta describió al poder de Lencinas como “absoluto” y remarcó el avasallamiento sobre la división de poderes, sobre la autonomía institucional de la justicia, la legislatura y las municipalidades.[43]

Para 1920 la situación creada por el gobierno interino de Ricardo Báez, tras la muerte de José Néstor Lencinas, al perpetuarse en el poder mediante la clausura violenta de la Legislatura y el desconocimiento al presidente de la Corte Suprema constituía un caso de alteración de la forma republicana de gobierno y exigía, según la visión de los actores políticos, el arbitraje del poder central. Mientras los radicales se mostraron decididos al respaldar la intervención, otros sectores como el demoprogresismo rechazaban la política del Poder Ejecutivo Nacional al concebirla como un avasallamiento de las autonomías provinciales.[44]

El diputado nacional conservador Raffo de la Reta se refirió a la incapacidad de los radicales para conducir los destinos de la provincia y al escaso respeto por los partidos de la oposición: “¡Cómo va a haber oposición en Mendoza si se la corre a palos y se la deporta a los médanos y se le quita el agua que necesita para cultivar sus propiedades!”[45] Este argumento también revelaba el peso del control del agua como otro mecanismo de presión política. Posteriormente, se desató un intenso combate entre radicales y conservadores que fusionaban distintas interpretaciones respecto del federalismo y de la historia política del país. El diputado conservador por Buenos Aires Julio Costa sostuvo que ahora el radicalismo pretendía suprimir el federalismo argentino y se opuso al despacho y calificó al gobierno de Yrigoyen como “unicato”.[46]

En las discusiones de 1924 algunas de las críticas más acérrimas provinieron del diputado nacional yrigoyenista Valentín Vergara quien, como miembro informante de la comisión de negocios constitucionales, precisó que la provincia de Mendoza debía ser intervenida con el fin de asegurar la forma republicana de gobierno, subvertida por graves irregularidades, cuando “gobernantes alzados, que creen que la soberanía es para ellos y no para los pueblos, la intervención procede” por parte del gobierno federal.[47] Esta mirada fue compartida por el diputado liberal por Mendoza Pascual Herráiz al sostener que en Mendoza no existía la división de poderes cuando “el único poder que existe es la voluntad del señor gobernador”[48] y cuando gravitaba en la ingeniería institucional un Poder Legislativo dependiente y sumiso del Poder Ejecutivo. A ello se sumaba el atropello experimentado por las municipalidades y el reparto de los puestos administrativos entre los parientes y allegados del gobernador.

En contraposición, el diputado lencinista José Núñez aludió implícitamente a la incapacidad de la oposición para aceptar los resultados electorales cuando remarcó que “nuestra democracia va eligiendo en los estados argentinos los gobiernos que representan su verdadera voluntad” que el partido no necesitaba valerse de ningún otro recurso que el de los comicios libres para ganar elecciones.[49] Respecto de la acusación de que en la provincia no existía la división de poderes desbarató esta visión al puntualizar que “hay una corriente cordial de relaciones entre los poderes del estado”.[50] Con relación al Poder Legislativo sostuvo que en la Legislatura de Mendoza todos sus miembros, y aquellos que ocupaban bancas por la minoría, ejercitaban el “derecho de contralor, de discusión y de iniciativas” en la elaboración de las leyes y nunca habían “iniciado el juicio político al gobierno”, y ello demostraba que eran “respetuosos de los poderes constituidos”.[51] Además, manifestó que el gobierno había restablecido las autonomías municipales convocando las elecciones que se llevaron a cabo en julio de 1922.[52] Por todos los argumentos esgrimidos el lencinista José Núñez ratificó que no existían motivos de peso para motivar la intervención.

En la discusión de 1928 el diputado liberal Raffo de la Reta repitió el argumento opositor cuando precisó el panorama de “completa subversión del régimen republicano”, no existía la división de poderes porque todo estaba en manos de Carlos Washington Lencinas que era “dueño y señor de la provincia”.[53] Afirmó que los liberales de Mendoza sí oficiaban esta vez de “enterradores” de una "calamidad pública", el lencinismo, para bien del país y para no levantarse más.[54]

Por su parte, otra arista reiterada no sólo por los conservadores, sino también por los socialistas, fue el manejo inadecuado de los recursos públicos y la injerencia de la política en la administración. Una vez más el conservador Julio César Raffo de la Reta precisó “las finanzas desenvueltas entre las sombras”, la emisión clandestina de letras de tesorería y la “prensa enmudecida”.[55] Los lazos entre la política y la administración constituyeron quejas recurrentes dentro de los círculos de la oposición: “El comité radical de la provincia de Mendoza (…) no es sino una congregación de todos los empleados públicos dependientes del gobernador Lencinas”.[56]

Las cuestiones financieras no se habían resuelto ya que para 1924 este planteo fue también el esgrimido por el sector socialista a pesar de sus críticas al sistema federal (Gallucci, 2024) al referirse el diputado Pena al “desquicio administrativo”, puntualmente a la cuestión de las letras de tesorería, como razón suficiente para “determinar una intervención que pusiera término a los excesos de una camarilla financiera que está enriqueciéndose a costa de la miseria de todo el pueblo mendocino”.[57] Los socialistas sostenían que se justificaba la intervención en todas aquellas provincias donde circulara moneda falsa porque se trataba de facultades privativas de la nación que no podían ser ejercidas por las provincias sin violar el texto constitucional. En este sentido, los socialistas de Mendoza habían mantenido este punto de vista en materia de moneda sana con actos importantes en la provincia.

Estas discusiones también constituyeron la oportunidad para que otros legisladores expusieran su visión acerca del principio federal violentado por los gobiernos radicales. En este sentido, el conservador Sánchez Sorondo calificó a las intervenciones como “atentados al pacto federal”[58] :

Una provincia intervenida, como una satrapía de Cyro o de Artagerges, no tiene autoridades propias, autonomía ni legislación; no tiene más que a su sátrapa, que es el interventor. Una provincia intervenida es una provincia robada; robada a su pueblo, robada a las instituciones (…) la política del poder ejecutivo ha convertido el territorio de la república en un vasto imperio personal, en que la vida, el honor y la fortuna de sus habitantes, están virtualmente en sus manos”.[59]

Por su parte, en el Senado, el conservador Benito Villanueva sostuvo que muchas de las intervenciones, que calificó de “máquinas aplanadoras” para imponer la política presidencial, no tenían más propósito que “desalojar a todos los que no pertenecían al credo radical y recibir con los brazos abiertos a todos los rezagos de los partidos del pasado, a todos los tránsfugas, que querían convertirse al partido radical, y que son hoy, en su mayoría, lo que provocan las disidencias que tiene el partido en casi todas las provincias”.[60]

Desde una perspectiva diferente para 1924 el sector conservador se dejó oír por medio de las palabras del diputado nacional por San Luis Reinaldo Pastor quien sostuvo que en Mendoza se había sustituido

la soberanía de la sociedad por la soberanía gobernante, la soberanía del pueblo por la del caudillo, la política del estado por la política individual y, sobre todo ese enorme cúmulo de ruinas, se ha levantado el más crudo despotismo en la historia política del país.[61]

Por otro lado, el senador yrigoyenista Armando Antille recordó la concepción yrigoyeneana sobre la cuestión federal para fundar su voto a favor de la intervención:

Las autonomías no son para los gobiernos, son para los pueblos; porque el gobierno central garantiza la libertad de los ciudadanos, la libertad individual, la libertad de gozar con independencia de las constituciones; no garantiza a los gobiernos, si no existe un sistema republicano en la realidad viviente.[62]

Contrariamente, para 1928, el sector yrigoyenista bajo la voz de Amanelo González Zimmermann sostuvo que los gobiernos de Mendoza y San Juan:

se transforman en estas provincias desprendidas de la vida moral y armónica del país, por la acción de las almas vulgares y conciencias empobrecidas en instrumentos de presión sobre las fuentes del trabajo y de la riqueza, para construir sobre el halago material a la muchedumbre, imposturas de gobierno, con poderes absolutos y con falsas definiciones sociales, en un extraño maridaje de doctrina incipiente y de exacerbados sentimientos subalternos egoístas y sensuales.[63]

Estas disputas demostraron que la provincia cuyana no fue solo intervenida en tiempos de Yrigoyen, sino también durante la presidencia de Alvear. En efecto, recorrer las discusiones en torno de la intervención de 1924 permite observar las rispideces en torno de la relación nación-provincia e invertir la perspectiva para mirar a la provincia desde el gobierno central. En este sentido, se enfrentaron distintos tipos de legitimidad y se identificó cómo la experiencia lencinista le resultó incómoda no solo al conservadurismo sino también al yrigoyenismo y al antipersonalismo. Asimismo, se exhibieron las disputas interpartidarias, así como las diversas modalidades de interpretación en torno del principio federal y se hizo patente que prácticamente ningún sector político defendió al lencinismo. Si mientras en Diputados[64] solo el demoprogresista González Calderón se opuso a la intervención, aunque por motivos constitucionales y no porque defendiera la situación política de Mendoza, y se preguntaba si desde 1853 a la fecha las 130 intervenciones: “¿ha mejorado el régimen federal con la tutela del poder central en las provincias?, ¿han consolidado ellas su autonomía?”.[65] Por su parte, el diputado lencinista José Núñez interrogó a la Cámara: “¿dónde está el funcionamiento normal del régimen federalista de la república? Nuestro régimen federalista va existiendo sólo en la letra muerta”.[66] Mientras que en el Senado solo se alzó la voz de Cantoni a favor del lencinismo que precisó la falta de una ley de carácter general sobre las intervenciones para amparar a las autonomías provinciales de los ataques políticos circunstanciales. El proyecto fue finalmente aprobado como ley N° 11.313 y el interventor designado fue Enrique Mosca. Por último, la ley N° 11.460 de 1928 dispuso la liquidación del último gobierno lencinista cuya única voz defensora en el Congreso había sido la del diputado lencinista Francisco Trianes.

La cuestión federal estaba lejos de ser zanjada y continuó siendo un núcleo de disputas entre gobierno y oposición, pero también entre las fuerzas que, como el antipersonalismo, formaban parte del denominado “contubernio” que en la teoría defendía al lencinismo alineado en el antipersonalismo dado su acendrado antiyrigoyenismo.

Sin embargo, las coyunturas específicas de cada intervención otorgaron matices propios a los argumentos esgrimidos por los distintos sectores para justificar o no la intervención federal. En este sentido, no fue lo mismo la crítica que los conservadores realizaron al uso excesivo de este instrumento jurídico por parte del gobierno de Yrigoyen (Mustapic, 1984), por ejemplo, en las discusiones de 1919 y 1920, que menoscaba la autonomía provincial frente al efecto reparador de esta en clave yrigoyenista. De esta manera, la oposición interpretó el uso político y electoralista de las intervenciones como un modo de extender la influencia del radicalismo en las provincias. Mientras que para 1924 y 1928 fueron los propios sectores antiyrigoyenistas y también los yrigoyenistas quienes clamaron por la intervención debido al poder absoluto de los Lencinas sumado al descalabro financiero que azotaba a la provincia, argumento que también fue reforzado por el socialismo, aunque los votos no se traducían bajo una estricta disciplina partidaria. Desde esta mirada ahora era el propio gobierno lencinista el que menoscababa la autonomía provincial. De este modo, Ansaldi (2004) manifestó que las intervenciones federales funcionaron como dispositivos que erosionaron el principio federal y a la propia democracia. Por su parte, Gerchunoff (2024) puntualizó cómo el empleo de las intervenciones federales implicó una batalla entre los propios radicales como lo atestiguaron los casos de San Juan y Mendoza.

Los recorridos por estos debates también habilitaron para comprender cómo la mayoría de las fuerzas políticas presentes en el Congreso concibieron la experiencia lencinista como una asociada al retraso y a la barbarie reeditando el dilema argentino “civilización y/o barbarie” (Svampa, 2006). En efecto, en palabras del diputado conservador Edgardo Míguez la rutina lencinista:

de adueñarse de las riendas del poder, dominar los briosos corceles de la civilización y el progreso, y arrastrar la carroza del Estado por los infectos lodazales de la barbarie- que es barbarie resucitar el más crudo caudillismo y declarar guerra violenta a todo lo que signifique cultura, prosperidad, bienestar y saber.[67]

Estos altercados también permitieron entrever la amplitud constitucional del dispositivo interventor y las múltiples interpretaciones jurídicas e históricas que emanaban de él permeadas por las coyunturas políticas y los posicionamientos aleatorios de los partidos políticos. A ello se sumaba los límites imprecisos entre las atribuciones provinciales y las nacionales.

El rol de la oposición y las disputas en la Legislatura

A partir de las renovaciones legislativas durante los gobiernos de Carlos Washington Lencinas (1922-1924) y de Alejandro Orfila (1926-1928), el eje de las disputas políticas en la Legislatura tuvo como protagonistas a lencinistas y liberales que prosiguieron con las críticas mutuas, discutieron acerca del rol de los partidos y los poderes republicanos. Los liberales se instituyeron en defensores de la autonomía del Poder Legislativo, avasallado por la presión del Poder Ejecutivo, que concibieron como un espacio privilegiado “como poder contralor”[68], cuestión que ya había sido remarcada en el Congreso Nacional.

De esta manera, con relación al papel de los partidos, el líder liberal, diputado Mario Arenas, remarcó que la misión de la oposición era de control y no de legislar porque muchas veces sus iniciativas carecían de valor ya que las cuestiones de fondo, a su modo de ver, se resolvían con un criterio partidista.[69] De modo contrario, la réplica del lencinista Mariano Lugones interpretó que ese rol de control por parte del liberalismo se desplegaba con un claro criterio político y su no colaboración “es una modalidad de la política argentina cuyas oposiciones se mantienen siempre en ese terreno de intransigencia estéril que anula la colaboración inteligente del adversario e impide en el orden administrativo la obra real y duradera”.[70] Asimismo, distinguió que si bien no negaba a los partidos políticos de la oposición el derecho que tenían a discutir los actos de la administración pública, también poseían derecho los partidos triunfantes de analizar, de juzgar los actos de la oposición y poder presentarlos ante la opinión pública, “que es la que resuelve en definitiva y la que está por encima de todo partido”.[71]

Además, el liberal Suárez Lago se preguntaba cómo se podía calificar de “régimen de oprobio” a la labor organizadora iniciada por Urquiza y continuada por Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Quintana y Sáenz Peña, frente a “la ineptitud taimada” de Hipólito Yrigoyen.[72] Autodefinió a los liberales como hombres jóvenes que recogían lo positivo del pasado reivindicando el legado de la “república posible”, pero mirando hacia el futuro, marcando las diferencias que los separaban de sus adversarios al no hacer de la política una profesión de lucro, ni un apostolado[73], sino que:

procuramos en la acción política, en la tribuna y en la plaza pública, hacer una cátedra de educación cívica, y es así como buscamos trocar en la conciencia popular la sombra por la luz, el talero por el libro, el garito por el aula, el matón por el maestro, (...) y en esta forma propulsamos el progreso democrático del pueblo argentino.[74]

Por el contrario, el lencinista Alejandro Orfila expresó que el bloque liberal vertía estas opiniones en el recinto legislativo, “templo de las leyes” para atacar a un “partido popular” con arraigo en toda la provincia.[75] Los lencinistas criticaron a la diputación liberal por cobrar sin presentar ni un proyecto: eran los “aviadores” de la Cámara de Diputados.[76]

Posteriormente, las rispideces continuaron y se expresaron en situaciones particulares como la conformación del jury de enjuiciamiento y la aprobación de los diplomas de los legisladores electos.[77] Por un lado, las diferencias se exhibieron a comienzos de las sesiones ordinarias de 1924 cuando la diputación liberal se retiró del recinto e impidió la conformación del jury de enjuiciamiento ante la negativa de la mayoría de incorporar a un miembro de la minoría al jury.[78] El diputado liberal Edmundo Cuervo trajo a colación como antecedente la conformación del jury de enjuiciamiento durante el gobierno de Álvarez (1914-1918) que había dado lugar a la oposición en su seno. De este modo, se preguntaba si no sería posible “que esta mayoría radical que constantemente manifiesta inspirarse en los principios democráticos, niegue a la minoría parlamentaria su representación en ese tribunal del jury de enjuiciamiento”.[79] Si la negativa persistía los miembros liberales tampoco formarían parte de las comisiones internas de la cámara. El jury se compuso exclusivamente de miembros lencinistas y por ello los diputados liberales abandonaron el recinto. Este conflicto y el uso político del jury de enjuiciamiento fue, como se vio anteriormente, uno de los muchos argumentos esgrimidos por la oposición para justificar la intervención a la provincia en 1924. Frente a ello el diputado lencinista Vaistij expresó que esa actitud demostraba el escaso interés de la oposición en atender las necesidades del pueblo de la provincia y afirmó, dirigiendo sus palabras al pueblo de la provincia único juez de los actos de sus representantes, que:

La Unión Cívica Radical Lencinista, para gobernar, y para gobernar bien, no necesita del sector conservador: no necesita de sus consejos, no necesita de su presencia porque los que aquí representamos a nuestro partido, tenemos suficiente capacidad como para interpretar y resolver como se merece, cualquier problema que se presente a consideración de esta H. Cámara. No necesitamos de esos señores que quieren convertirse en torniquete para nosotros, haciendo de su presencia, como una cosa indispensable.[80]

Este conflicto por la conformación del jury de enjuiciamiento se replicó en 1926 y provocó la renuncia de los diputados liberales a sus puestos en las comisiones internas durante ese año.[81]

Por otro lado, durante la última administración lencinista la Legislatura volvió a evidenciar tensiones entre lencinistas y liberales. Al considerar los diplomas de los diputados electos por el segundo distrito electoral tras los comicios del día 4 de abril de 1926, el despacho por la mayoría de la Comisión de Poderes decidió postergar la aprobación del diploma del diputado liberal Gilberto Suárez Lago. Este manifestó la fuerza arrolladora de los legisladores por la mayoría que se saltaban las hojas de la constitución, abrogaban derechos individuales, quebraban la estructura social de la comunidad y vulneraban el régimen republicano, representativo y federal; mientras que frente a ello la minoría se veía obstaculizada de encauzar la tranquilidad de la colectividad amenazada por los “procedimientos políticos bárbaros del oficialismo” y por una “tiranía ignominiosa”.[82]

Por su parte, el diputado lencinista Alberto Saá defendió a la UCRL, “encarnación del obrero” que constituía la inmensa mayoría, que sufría los ataques del Partido Liberal que arribaba incluso al asesinato político y precisó una distinción entre partido y gobierno cuando afirmó que no podía culparse a la mayoría lencinista de la cámara de todos los errores de los gobiernos radicales, así como ellos no querían depositar todas las corrupciones del régimen en los hombres del actual Partido Liberal. No obstante, en su visión “cualquier gobierno radical era mejor que el mejor de los gobiernos conservadores”.[83] A ello el diputado liberal Rodolfo Corominas Segura contestó que puntualmente “el radicalismo está lleno de hombres que han pertenecido al régimen”.[84] De este modo, las discusiones se transformaban en un debate político plagado de acusaciones mutuas que distaban de resolver la cuestión puntual de la aprobación del diploma de Gilberto Suárez Lago que tuvo lugar recién un año más tarde.[85]

Estas desavenencias también tuvieron su expresión en el Senado provincial en el contexto del tratamiento de los diplomas de los senadores electos el 3 de enero de 1926. El despacho de la mayoría (lencinista) proponía aprobar todos los diplomas y postergar el de Noé Biritos (liberal). Mientras que el despacho de la minoría firmado por el liberal Agustín de la Reta también proponía aprobar todos con excepción del de Carlos W. Lencinas. El senador liberal Agustín de la Reta expresó que durante el gobierno de este último no había existido la división de poderes, que el Poder Legislativo funcionaba como una “mayoría regimentada”, y predominaba “la imposición, en todo, de la voluntad absoluta de Lencinas”[86] y que la autonomía del régimen municipal no se respetaba.[87] En contraposición, el senador electo Leopoldo Suárez defendió la gestión del segundo gobierno lencinista afirmando que había sembrado la provincia de obras públicas y no se habían comprobado los supuestos atropellos contra el crédito público.[88]

Por lo tanto, en los debates legislativos los liberales sostuvieron el respeto a la legalidad y las instituciones y la supremacía del Poder Legislativo, mientras que los lencinistas mantuvieron el predominio de la voluntad popular y la fuerza del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, con motivo de las discusiones a las reformas de la ley sobre la Caja de Pensión a la Vejez e Invalidez, el liberal Suárez Lago criticó la excesiva injerencia otorgada al Poder Ejecutivo y se preguntó cuál era el motivo mediante el cual se concedía al Poder Ejecutivo una función de control, cuando "la máxima soberanía popular está concentrada precisamente en el recinto donde se reúnen los representantes del pueblo, que es el Parlamento".[89] A esta concepción Saá contrapuso que el Poder Ejecutivo poseía también funciones judiciales y podía sancionar o vetar las leyes: "es el poder ejecutivo el que representa la armonía entre los tres poderes".[90] Sostuvo que lo que estaba en crisis en el mundo era el sistema parlamentario y que en el parlamento es donde más se perdía el tiempo y menos se trabajaba.

Conclusiones

La derrota de los conservadores a comienzos de 1918, si bien trastocó el esquema de poder provincial y relegó a esta fuerza política a un segundo plano, no constituyó un factor suficiente para disolverlas a pesar de las dificultades que entrañó la reorganización y la unidad partidaria. La derecha mendocina atravesó momentos de tensión (civitistas y populares, luego autonomistas y demócratas), pero estas fisuras no implicaron un quiebre definitivo dentro del campo conservador. Éste se reveló más capacitado para cohesionar sus filas en la oposición, mientras que su principal adversario encarnado en el radicalismo experimentó continuos fraccionamientos. De este modo, el sistema político provincial distó de conformarse con una serie de partidos disciplinados y fuertes y se caracterizó por la fragmentación política como una forma del quehacer político que atravesó a los integrantes del campo político más allá de 1912.

El dinamismo político impulsado por la rutinización de las elecciones libres y competitivas orientó a las fuerzas conservadoras para construir un partido en el territorio provincial denominado Partido Autonomista y, posteriormente, Partido Liberal. Catapultado por la derrota y por los cambios inaugurados por la reforma electoral articuló dispositivos propios de los partidos considerados modernos a través de la adopción de su carta orgánica, plataforma política y Junta Ejecutiva. De esta forma, reforzó su concepción republicana del poder y defendió las autonomías municipales. Asimismo, impulsó la inauguración de comités urbanos y rurales para potenciar la participación en los comicios provinciales y nacionales a tono con la democracia de masas y logró ocupar bancas en los concejos deliberantes, en la Legislatura y en el Congreso Nacional.

Los debates en estos recintos permiten afirmar que existió un imaginario nacional compartido en este periodo, por ejemplo, aquel que concebía a los radicales como el gobierno de los incapaces vinculados a la barbarie; o la voluntad popular como principio de legitimidad vs el republicanismo y el respeto a las instituciones. En este sentido, las críticas constantes por parte de la oposición liberal-conservadora enfatizaron las cualidades negativas del adversario político como la presencia de elementos de comités en las estructuras estatales, la intolerancia hacia la oposición política, la incapacidad y mediocridad de los cuadros lencinistas para manejar los asuntos públicos, el acusado personalismo de la UCRL y el atropello a las instituciones republicanas.

Todas estas disputas manifestaron algunas cuestiones que vincularon las particulares coyunturas políticas locales a un imaginario nacional en el cual los radicales se creían imbuidos del mandato popular mientras que la oposición interpretaba el avance radical como un signo de la barbarie, la corrupción y del avasallamiento a las instituciones (Persello, 2007). En concreto, distintas concepciones acerca de la soberanía se advertían entre los radicales que acentuaban la gravitación de la voluntad popular frente a los conservadores que hacían hincapié en el respeto a las instituciones, en criterios meritocráticos y en la supremacía del Poder Legislativo. Esa concepción de la democracia como plebiscitaria entraba entonces en tensión con las normas de juego republicanas y liberales. En consonancia con ello, el juego de escalas entre lo nacional y lo provincial permite observar un proceso de nacionalización de la política que quitó peso a las especificidades locales y, al mismo tiempo, hacer tambalear los grandes relatos. Por ello, la investigación contribuyó a caracterizar a un actor político de gravitación que, aunque desplazado del rol protagónico en el tablero político provincial, jugó un papel central en los alcances y los límites de la democracia ampliada en la provincia. En efecto, el PL no se concibió como un partido conservador sino como un partido con un fuerte contenido social que reivindicó mejoras para la clase trabajadora que lo colocó más cercano a las concepciones del PD cordobés y contribuyó a los intentos por organizar una fuerza a nivel nacional compuesta por tendencias heterogéneas que convivían dentro del liberalismo-conservador.

En este esquema político entraba en juego entonces la recreación del “dilema argentino civilización o barbarie” (Svampa, 2006) fórmula de combate que en la tradición democrática inaugurada en este periodo cuestionaba “la posibilidad de la sola legitimación por la vía del sufragio universal” (Svampa, 2006:9). En efecto, del recorrido por la prensa y los debates legislativos se advirtió la recuperación que los liberales mendocinos realizaron del legado de la república posible, de la defensa de las instituciones parlamentarias, de su dificultad por aceptar el resultado de las elecciones en las cuales triunfaba el lencinismo que lo llevaron a adoptar algunos posicionamientos críticos acerca de la capacidad del electorado y de las dirigencias lencinistas y a exponer una concepción elitista de la política, cuestiones remarcadas por Tato (2013) para el universo liberal-conservador.

La arista republicana y liberal fue defendida con ahínco por el Partido Liberal de Mendoza que, además, formó parte de las tentativas infructuosas de reorganización de un partido de alcance nacional durante los años veinte que logró ciertas articulaciones en vísperas de las elecciones presidenciales como lo demostró la conformación de la Confederación de las Derechas entre 1927-1928. Posteriormente, con la formación del Partido Demócrata Nacional (1931) y la utilización de mecanismos de falsificación institucional, los conservadores lograron mantener para sí una importante cuota de poder dentro de la arena política de la próxima década.

Asimismo, los liberales se erigieron en el Congreso Nacional en una fuerza crítica de la experiencia lencinista al impulsar proyectos y argumentos que sostenían la necesidad de las intervenciones federales, pero en ocasiones criticaron el uso de estos dispositivos de control político por parte del radicalismo yrigoyenista. Los motivos de los liberales-conservadores para justificar las intervenciones fueron diversos: subversión del régimen republicano, escasas garantías electorales, manejo inadecuado de las finanzas provinciales, incumplimiento de las autonomías municipales, injerencia política en la administración. La preocupación fue compartida por otros sectores políticos como el yrigoyenismo y el socialismo. La cuestión federal resultaba un debate candente alejado de una resolución consensuada entre las distintas fuerzas políticas atadas a las coyunturas de los vaivenes nacionales y locales.

Del recorrido por los diarios de sesiones local también se desprendieron concepciones en torno a la relación entre los poderes y, específicamente, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Mientras que los liberales mantuvieron una imagen del Poder Legislativo como un organismo avasallado por el Poder Ejecutivo, los lencinistas enaltecieron las iniciativas del Poder Ejecutivo. Además, la Legislatura se transformó en un espacio de intenso debate político al momento de aceptación de los diplomas de los legisladores electos y al momento de selección de los senadores nacionales.

En su derrotero durante los años 20 el Partido Liberal intentó amoldarse a las condiciones de un mercado electoral ampliado fruto de la reforma de 1912, de la llegada de la democracia de masas y la posterior retracción del liberalismo como eje rector de la política. La presencia de sus estructuras y líderes partidarios por todos los rincones de la provincia, sumado al mantenimiento de una prensa de tinte liberal y al accionar en el seno del Congreso y la Legislatura, mostró su competencia para constituirse en un partido de oposición que se concibió como una fuerza joven capacitada para aclimatarse a los vientos epocales teñidos de necesidades sociales y aires democráticos, a pesar de sus dificultades para aceptar el peso popular del lencinismo. Los años treinta inauguraron una nueva etapa para esta agrupación que se transformó en el Partido Demócrata y lideró los destinos de la provincia hasta 1943.

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Notas