Introducción

En el siglo XXI, se hace evidente el protagonismo de las grandes ciudades y el acelerado proceso de urbanización existente a nivel mundial. “Cada vez más acuden a las ciudades de los países en desarrollo cinco millones de personas más y en 2011 más de la mitad de la población del mundo es urbana” (Glaeser, 2011, p.13). Este proceso de urbanización ocurre debido a que la densidad urbana ofrece el camino más corto para pasar de la miseria a la prosperidad. Las personas migran a las ciudades porque se ven atraídas por los beneficios que estas ofrecen, dentro de los que se incluyen aspectos como la calidad de vida, el bienestar y la seguridad. Asimismo la densidad urbana es el escenario propicio para la transmisión de conocimiento, debido a que las aglomeraciones facilitan la transmisión de ideas, y permite que los trabajadores pasen con mayor facilidad de un empleo a otro (Glaeser, 2011, pp.58-64).

Los procesos de urbanización representan un aumento en los beneficios de los ciudadanos que logran alcanzar mejores niveles de vida, pero también evidencian la aparición de una mayor complejidad, enmarcada en las disputas que surgen por el control del espacio urbano, entendido como el núcleo de concentración económica, política y social.

Al igual que en el resto del mundo, en Colombia, las personas se trasladan cada vez con mayor frecuencia a las zonas urbanas. Desde finales del siglo XX en Colombia se ha presentado un proceso de urbanización creciente, debido a que las personas encuentran en la ciudad mejores oportunidades en cuanto a educación, salud y empleo, que las que tienen en sus lugares de origen. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD en 2011, denominado Colombia rural: razones para la esperanza, “más del 60% de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior a un salario mínimo” (PNUD. 2011, p.348)

Este crecimiento acelerado de algunas ciudades ha llevado a que se desdibujen los límites municipales tradicionales, pues los ciudadanos generan transacciones sociales, económicas, políticas y comerciales intermunicipales. En otras palabras, el límite territorial del municipio ha sido superado por la expansión de la huella urbana que, en la realidad, desbordan a las entidades administrativas y a las capacidades gubernamentales, creando barrios marginales donde el gobierno local tiene una presencia limitada. En este contexto, donde las transacciones intermunicipales resultan superiores a los modelos institucionales de gobierno, se presentan espacios vacíos de control territorial, que grupos armados ilegales, estructuras mafiosas y organizaciones criminales hábilmente logran llenar (Patiño Villa & Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín (Contribuidor), 2013, p. 18).

En Colombia se hace cada vez más notorio la manera en que las ciudades se convierten en escenarios estratégicos para las estructuras criminales y los grupos al margen de la ley. Ejemplo de esto es la presencia de Bandas Criminales¹ como “Los Urabeños” -o “Clan Úsuga”- , “Los Rastrojos”, las milicias urbanas de las FARC y del ELN, y otra serie de organizaciones ilegales, en las grandes ciudades del país (Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá), así como en poblaciones (Cúcuta, Barrancabermeja, Riohacha y Buenaventura) tal como se ha evidenciado en diversas publicaciones de prensa (El Colombiano, 2014, párrafo 2., Semana, 2014, párrafo 3., El Tiempo, 2013, párrafo 5) .

Desde esta perspectiva, este artículo de investigación se centra en argumentar que la violencia urbana contemporánea se desarrolla a partir de varias condiciones: primero, un crecimiento acelerado de las ciudades, producto de la migración del campo a los centros urbanos, puesto que las urbes ofrecen ventajas y brindan oportunidades que las personas no encuentran en las áreas rurales. Segundo, el surgimiento de interrelaciones entre los habitantes de un municipio y quienes habitan en los municipios aledaños, lo que implica la creación de redes de intercambio, así como de transacciones que se establecen tanto en la esfera legal, como en la ilegal. En tercer lugar, la proliferación de espacios grises, producto de la conurbación², que permiten que grupos criminales e ilegales establezcan capacidad de gobierno y suplantación estatal, convirtiéndose en áreas esenciales para sus actividades criminales. En cuarto lugar, el Estado se ha caracterizado por una debilidad para ejercer un control directo del territorio urbano a través de una presencia permanente de las instituciones gubernamentales, en especial de seguridad y de justicia.

Con el propósito de determinar las razones que brindan protagonismo a algunas ciudades contemporáneas, como escenarios estratégicos para la criminalidad, este artículo expone la infiltración urbana de una variedad de actores ilegales, en las ciudades de Medellín y de Buenaventura. En un segundo momento, hace referencia a las capacidades crecientes de diversas estructuras criminales que desafían las del gobierno urbano, en cuanto a pie de fuerza, organización, armas y control territorial. A partir de allí, se analizan las diversas alianzas criminales entre varios actores ilegales, con el propósito de hacer evidente los desafíos que tiene el Estado, para el control efectivo del territorio en la ciudad.

La importancia de una investigación de estas características radica en que permite dar cuenta de los nuevos fenómenos de violencia que se desarrollan en las áreas urbanas y los retos que el Estado tiene para gobernar en una sociedad colombiana cada vez más urbanizada. Asimismo, la investigación pretende hacer evidente la importancia de darle una valoración estratégica al territorio con el fin de asegurar mejores niveles de gobernabilidad como un mecanismo de mantenimiento de la seguridad pública entendida como el núcleo básico del ordenamiento social y del pacto político que se da entre el Estado y los ciudadanos.

ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS

Las ciudades de Medellín y de Buenaventura se constituyen como escenarios estratégicos para la filtración de las estructuras criminales debido a que el Estado no tiene control efectivo del territorio donde gobierna y por tanto, las transacciones políticas, económicas, sociales y comerciales que se desarrollan en éstas áreas urbanas son susceptibles al control criminal.

Se establecieron las siguientes categorías de análisis: ciudades, Estados, estructuras criminales y control territorial. A partir de la caracterización de dichas categorías se inició el proceso de búsqueda y recopilación de fuentes de información, de datos cualitativos y cuantitativos y se definieron los criterios para su análisis. Se procedió a establecer conceptos, definiciones, significados, a agrupar categorías en temas y patrones con el fin de relacionar las variables y a identificar las bases teóricas pertinentes para el desarrollo de la investigación.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

David Kilcullen, en su libro Out of the mountains: the coming age of the urban guerrilla, plantea que las teorías contrainsurgentes deben abordar de manera adecuada los problemas actuales o potenciales, como las tendencias globales de crecimiento demográfico, la urbanización y la difusión de los conocimientos técnicos militares y de tecnología. Así mismo, hace referencia a las ciudades contemporáneas como centros fundamentales para las nuevas guerras, en la medida en que son los escenarios donde se presentan múltiples formas de violencia urbana que involucran esferas formales e informales, legales e ilegales, civiles y no civiles. (killcullen, 2013, p. 40).

En la misma línea, Gustavo Duncan (2005) plantea que la infiltración urbana de redes mafiosas sólo ha sido posible por el apoyo logístico, militar y financiero recibido, por los señores de la guerra, desde el campo. Sin embargo, plantea que los procesos de urbanización y tercerización de la economía han transformado la connotación de lo rural, dejando a un lado la imagen tradicional de zonas agrestes, sometidas al orden de economías y sociedades campesinas, convertidas ahora en áreas de influencia de municipios e incluso de ciudades intermedias. En este sentido, las consecuencias de la infiltración urbana por parte de las estructuras ilegales, van más allá de la crisis de seguridad y se enmarcan en transformaciones estructurales del Estado (Duncan, 2005, p.4).

Se identifican diversos escenarios citadinos, en este contexto, susceptibles de control de las estructuras criminales: negocios legales que mueven grandes volúmenes de dinero, negocios que, en principio, son lícitos pero informales, y actividades propiamente ilegales. De esta manera, el grado de infiltración de las estructuras mafiosas y criminales, en las ciudades, se clasifica dependiendo de su capacidad para controlar las transacciones criminales, las actividades legales y las instituciones gubernamentales. Las diferencias entre los niveles de infiltración de los tres tipos de actividades varían, dependiendo de dos grupos de ciudades: El primer grupo está compuesto por ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla (con más de un millón de habitantes) y el segundo grupo está compuesto por ciudades intermedias y pequeñas como Buenaventura, Cúcuta, Riohacha y Barrancabermeja (Duncan, 2005, p. 32).

Las ciudades contemporáneas son escenarios estratégicos para el desarrollo de las actividades ilegales debido a la densidad poblacional, las posibilidades de organización y las nuevas tecnologías de comunicación (Demarest, 1995, párrafo. 3). Asimismo, en las ciudades se desarrollan actividades económicas como los Sanandresitos³, los comercios ambulantes (lustrabotas, lavadores de autos y vendedores de tintos, empanadas, cigarrillos o chicles), los mercados de abastos y los juegos de azar, que si bien son negocios que se enmarcan en la informalidad, necesitan de un agente regulador que se encargue de imponer el cumplimiento de los contratos y definir los derechos de propiedad. Las fallas del Estado para regular ciertas transacciones hacen que estos negocios sean vulnerables al control de agentes ilegales que compiten violentamente por la captura de excedentes (Duncan, 2005, p, 37). De manera similar, los barrios marginales, que están más alejados del corazón económico de la ciudad y en donde los servicios del Estado no se reciben o se reciben de forma limitada, se convierten en escenarios propicios para que los grupos ilegales se apropien de rentas directas e indirectas, algo que genera el control territorial, el control de la población, y se imponen servicios de seguridad y justicia que están al margen de la esfera legal.

El control sobre las actividades legales, también es fundamental para los grupos ilegales, en la medida en que les permite incursionar en economías más grandes y con mayor rentabilidad, que sirven para el desarrollo de actividades esenciales como el lavado de activos, la inversión en el mercado lícito de las ganancias, producto de actividades ilícitas, y la filtración en las esferas políticas y sociales urbanas, que finalmente se convierten en un mecanismo para entablar contactos en Colombia y más allá de las fronteras nacionales.

Ahora, ¿cómo se explica el desarrollo y la consolidación de las grandes estructuras criminales en las ciudades? La causa principal que ilustra la infiltración urbana de las estructuras criminales y de los grupos armados ilegales, radica en la debilidad del Estado central, que es una manifestación recurrente en la historia colombiana. Tomando la definición, de Miguel Ángel Centeno (2014), el Estado es: “El núcleo institucional permanente de autoridad política, en el cual los regímenes descansan y del cual dependen. Es permanente en la medida en que sus capacidades permanecen constantes a pesar de los cambios de gobierno, esta institucionalizado en el sentido en el que asume cierta autonomía respecto a cualquier sector social y su autoridad es ampliamente aceptada dentro de la sociedad más allá del debate sobre políticas específicas” (Centeno, 2014, p. 24 ).

Así, la fortaleza o la debilidad de los Estados se encuentra enmarcada en su capacidad de establecer un control directo del territorio, imponer el monopolio de las armas, tener la capacidad para el cobro de impuestos, consolidar instituciones de gobierno en la totalidad del área urbana, brindar una adecuada infraestructura de servicios urbanos, condiciones óptimas de salud, educación y oportunidades de empleo así como imponer las instituciones de seguridad y justicia. Lo anterior le permite al Estado administrar y gestionar de manera efectiva los bienes públicos y obtener el monopolio de la violencia para evitar la aparición de grupos subversivos, de grupos del narcotráfico y de organizaciones criminales que pretendan establecer el control y suplantar las facultades estatales.

No obstante el Estado Colombiano se ha caracterizado a lo largo de su historia por una situación acción limitada de expansión del Estado y de instituciones de gobierno sobre el territorio nacional tanto en las áreas urbanas como en las rurales (Patiño, 2010, p. 95), y por lo tanto no ha logrado superar los constantes brotes de violencia que se desarrollan especialmente en aquellas áreas de disputa por rentas ilegales en donde la fuerza militar y policial no ha sido suficiente.

RESULTADOS

El caso de Medellín

Un ejemplo claro de la limitación del Estado en las grandes ciudades es el caso de Medellín, en donde el proceso de conurbación con sus municipios aledaños ha permitido que la huella metropolitana se expanda por todo el Valle de Aburrá, desdibujando los límites municipales, dificultando el control del gobierno local, porque mientras la criminalidad es metropolitana, el Estado es municipal. (Patiño Villa & Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín (Contribuidor), 2013, p. 89)

Imagen 1
Condicionantes espaciales de la expansión de la mancha urbana de la ciudad de Medellín.

Fuente: Patiño Villa & Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín (Contribuidor), 2013, p. 93.

La ciudad de Medellín se constituye como el núcleo urbano más importante en la región centro occidental del país, debido a su importancia política, su peso demográfico, su capacidad industrial y participación del PIB nacional. Asimismo su ubicación geográfica es estratégica debido a la cercanía con las selvas del Chocó y el Darién, el Magdalena Medio, y por la conexión hacia los océanos Pacífico y el Atlántico. En este sentido, el control de su territorio tiene un valor tanto para el Estado como para los actores ilegales. Bajo esta perspectiva, Medellín se ha constituido históricamente como epicentro de actividades ilegales y criminales, protagonizadas tanto por la infiltración urbana de milicias de las FARC, el ELN y el M-19⁴, como por el desarrollo y la consolidación de las AUC y de las estructuras criminales y narcotraficantes.

El surgimiento del narcotráfico en Medellín se dio con el crecimiento de la banda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, de 1976 a 1982, y con la consolidación de su poderosa estructura narcotraficante y criminal, a finales de los años ochenta. El rápido crecimiento del poder de los narcotraficantes evidenció las debilidades del Estado, al ser incapaz de contener, perseguir, juzgar y castigar a los criminales. Tras la muerte de Escobar, y a finales de 1995, Carlos Castaño en un principio creó las Autodefensa Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), pero posteriormente se convirtió en un “movimiento nacional” con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con apoyo de empresarios, ganaderos, comerciantes y narcotraficantes que habían sufrido vacunas, extorsiones, secuestros y asesinatos por parte de las guerrillas insurgentes de las FARC y el ELN (Martin, 2012, p. 169).

En Medellín, la urbanización del conflicto armado se facilitó por el gran número de bandas existentes en la ciudad y por el tamaño y la complejidad de su mercado criminal. La ciudad se convirtió en escenario de la lucha territorial entre las guerrillas de las FARC y el ELN, y los bloques de las Autodefensas. Este recrudecimiento de la violencia en la ciudad dio lugar a una nueva modalidad urbana del conflicto armado en el país, por lo que implicó una reacción tanto del gobierno nacional como del gobierno local. El 16 de octubre de 2002 se inició una operación militar para la recuperación de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín conocida como Operación Orión que duró cuatro días, involucró a más de mil uniformados, de las Fuerzas Antiterroristas del Ejército, de la Policía Nacional, la Fiscalía, Fuerza Aérea, DAS, personería y Procuraduría.

No obstante, a pesar del repliegue de las guerrillas, Envigado mantuvo, al final del siglo xx, su posición como núcleo mafioso principal del Valle de Aburrá, bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien creó el Bloque Cacique Nutibara y quien disputó, posteriormente, el control territorial con el Bloque Metro, dirigido por Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero”. Luego de la desmovilización de los bloques de las AUC, en 2003, y de la extradición de “Don Berna”, se dió un periodo de recrudecimiento de la violencia, por la disputa por el control de la Oficina de Envigado⁵, entre alias “Sebastián” y alias “Valenciano” (Martin, 2012, 530).

Las capturas de “Valenciano” y “Sebastián”, a finales de 2011 y mediados de 2012 respectivamente, dieron lugar a un periodo de reestructuración de la Oficina de Envigado, que fue aprovechada por la banda criminal de “Los Urabeños⁶”, para consolidarse en Medellín y en el Valle de Aburrá, a través de Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, quien a su vez mantenía negocios con los zetas mexicanos hasta su captura en octubre del 2012 (Pérez, 2013, p. 6).

Con el fortalecimiento de “Los Urabeños”, en Medellín se activaron las extorsiones y amenazas por el control territorial, principalmente en la comuna 13⁷ y en el municipio de Bello. La principal estrategia en el accionar de las grandes estructuras criminales, como la de “Los Urabeños”, en las ciudades, ha sido eliminar a los delincuentes comunes, para crear una sensación de seguridad en la ciudadanía, por regular la criminalidad, construir un centro de control sobre los delitos y, a cambio de esta “seguridad”, cobrarle periódicamente a las comunidades determinado monto de dinero. En este sentido, disminuyen los atracos callejeros, los hurtos menores y la presencia de pequeñas pandillas callejeras, pero se generan estructuras delincuenciales más eficientes y organizadas, que adquieren legitimidad en las comunidades, a través de la micro extorsión⁸.

El puerto, ubicado en el Pacífico colombiano, que deja un recaudo tributario de más de $2 billones anuales (El Espectador, 2013, párrafo 1) es otro ejemplo reciente de la incursión de organizaciones criminales en las ciudades. Desde octubre de 2013, “Los Urabeños” y “La Empresa”⁹ han sido los dos grupos principales que se disputan el control territorial del casco urbano de Buenaventura, desatando una oleada de terror y de violencia contra la población civil que incluye desapariciones, violaciones, desmembraciones, mutilaciones y desplazamiento forzado. Según el informe de Human Rights Watch, La crisis en Buenaventura: Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico (2014), se produjeron más de 45 desapariciones, en sólo tres barrios de la ciudad, durante un periodo de apenas dos meses, a comienzos de 2013. De igual manera, durante el último año y medio, se hallaron en Buenaventura restos humanos en las llamadas “casas de pique”¹⁰, producto de descuartizamientos, que pertenecían al menos a una docena de personas. Muchos de los restos aparecieron en las zonas costeras de la ciudad y se registraron más de 150 casos de desapariciones, entre enero de 2010 y diciembre de 2013 (Human Rights Watch, 2014, p.15). La ola de terror que se desató en la ciudad, generó altos índices de impunidad, debido al temor generalizado de los bonaverenses para denunciar los crimines ante las autoridades. Esto se hizo evidente en los testimonios recopilados por Human Rights Watch (2014):: “La gente se da cuenta y sabe dónde hay casas de pique, pero la gente no se mete porque es un temor total”, menciona un testimonio, mientras que otro expresa: “Entonces uno por mucho grito que escucha, el temor no lo deja a uno salir” (Human Rights Watch, 2014, p.24).

Otro de los fenómenos que se presenta en el casco urbano de Buenaventura, por las acciones de las bandas criminales, está la expulsión de la población y su envío, por parte de los victimarios, hacia sectores específicos de otras ciudades, principalmente de Cali, donde supuestamente van a recibir un lugar para asentarse, como retribución por el despojo del cual fueron víctimas (tabla 2). No obstante, a su llegada a estos sectores, las victimas se encuentran con que habían sido remitidos a lugares donde tiene control la misma red criminal que los expulsó. En el nuevo destino, los criminales se encargan de someter a los recién llegados a cobros extorsivos (Pérez, 2013, p. 12). Igualmente, los actores criminales ejercen un control sobre la circulación de la población, vigilan a las personas que transitan entre los diferentes barrios de la ciudad y establecen horarios para la entrada o salida de personal (Human Rights Watch, 2014, p.19).

De otro lado, los residentes de algunas zonas de la ciudad donde “La Empresa” o “Los Urabeños” ejercen poder, han señalado haber visto a policías reuniéndose con grupos ilegales en sus barrios (Human Rights Watch, 2013, p. 4). En ciudades intermedias como Buenaventura, la corrupción de las instituciones de justicia o de policía, se genera con mayor frecuencia y facilidad que en las grandes ciudades. La menor presencia de agentes del Estado reduce los costos y los nexos políticos necesarios para obtener los aliados para el desarrollo de las actividades ilegales. Bajo este contexto, las oleadas de terror e impunidad en Buenaventura dejan en evidencia cómo, en ciudades donde el control del Estado es precario, se establecen estructuras que logran infiltrar las instituciones gubernamentales, la movilización de grandes cantidades de capital, así como el desencadenamiento de procesos de violencia colectiva.

Las crecientes capacidades de las estructuras ilegales y las alianzas criminales en las ciudades

Las estructuras de poder de las organizaciones criminales y de los grupos armados ilegales que operan en las ciudades, se organizan mediante células con funciones especializadas, conectadas por vínculos de mando independiente entre sí, pero subordinadas a una célula superior. Dentro de las células, se destacan tres tipos principales: células soldado, que se encargan de la violencia que se ejerce sobre individuos y organizaciones, para el control territorial; células operativas, que ejecutan las actividades lícitas e ilícitas de las propias redes y que se encargan de las transacciones de terceros sobre contratos de protección; y las células de intercambio, que se encargan de intercambiar bienes y conductas, con agentes de alto poder, en una sociedad como la clase política, los administradores de justicia, los agentes del sistema financiero o las fuerzas de seguridad del Estado (Duncan, 2005, pp.31-32 ). Las actividades que se desarrollan bajo esta modalidad de criminal en red se centran en una estrategia de cooptación e instrumentalización de los pequeños grupos de pandillas existentes que se insertan en el mercado criminal y generan una estructura más sofisticada.

Estas Bandas Criminales, en los últimos años, han presentado crecimientos destacados en las grandes ciudades, principalmente “Los Urabeños”, según fuentes de inteligencia de la Policía Nacional, estimaron que a comienzos del 2013 contaban con 2.370 miembros a nivel nacional, y una estructura con mando y cohesión nacional (Human Rights Watch, 2014, p.12).

Gráfico 1
BACRIM: Evolución del estimativo de pie de fuerza, neutralizaciones y número de grupos

Fuente: Pérez, B., Montoya, C. (Diciembre 2013). Las BACRIM después de 2013. ¿Pronóstico reservado? Lugar: Fundación paz y reconciliación. 1-34.

Asimismo, en noviembre de 2013, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el informe Report on Preliminary Examination Activities, afirmó con respecto a “Los Urabeños que, “sus miembros tienen una férrea disciplina; respetan una estructura jerárquica; se ejerce un control efectivo sobre los miembros; mantienen control territorial; tienen capacidad para reclutar miembros y obtener armas; y cuentan con numerosos integrantes”, por lo que “Los Urabeños podrían constituir un conflicto armado no internacional” (Corte Penal Internacional, noviembre, 2013, p. 31).

Los grupos armados ilegales, además de los enormes volúmenes de dinero que reciben por actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, tienen un portafolio amplio de actividades criminales urbanas, que contribuye al aumento de sus finanzas. Dentro de esas actividades, está el tráfico de estupefacientes y la administración de las “ollas de vicio”, la venta de alcohol adulterado, el hurto de combustible, el robo de celulares y de hogares, la venta de repuestos para carros y motocicletas, el servicio de vigilancia, el sicariato, el chance ilegal, el llamado “gota a gota”¹¹, el microcomercio, el contrabando, el control sobre el negocio inmobiliario, el secuestro extorsivo, el cobro de extorsión al comercio formal e informal, la extorsión a conductores de buses de servicio público, el control sobre la prostitución, el desplazamiento intraurbano, el repoblamiento estratégico, entre otros (Patiño Villa & Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín (Contribuidor), 2013, p. 243- 251).

Una característica reciente de algunas ciudades colombianas es que se han convertido en un escenario propicio para el desarrollo de nuevas formas de criminalidad, caracterizadas por el uso de una amplia gama de formas y tácticas de guerra, y por las alianzas entre la actividad criminal y la insurgencia. En este sentido, a lo largo de los últimos años las FARC se han fusionado con BACRIM como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, en las ciudades grandes e intermedias, para controlar las actividades ilegales. Estas alianzas incluyen conexiones con las organizaciones criminales internacionales, para el tráfico ilícito de drogas, armas y municiones, así como mercancías y dineros. Con base en esta lógica criminal, se entablan las relaciones entre las FARC y “Los Rastrojos”, para el tráfico ilícito de drogas que sacan desde Buenaventura, en lanchas, rumbo a Centroamérica (El Tiempo, 2013, párrafo 5), y las alianzas de las FARC con “Los Urabeños”, en el departamento de Antioquia y Chocó para la explotación mineral ilegal del Oro (Revista Semana, 2014, párrafo 1).

Estas alianzas en las ciudades constituyen una amenaza fundamental, en la medida en la que se combinan las formas de criminalidad, con actividades de insurgencia que desafían al Estado.

CONCLUSIONES

Los procesos acelerados de urbanización que se han venido desarrollando en el siglo XXI, dejan en evidencia la importancia estratégica de las ciudades para el desarrollo y la consolidación de una serie de actores ilegales que le disputan al Estado el control territorial del espacio urbano. Una variedad amplia de grupos armados ilegales, grupos de narcotraficantes y estructuras criminales, buscan la infiltración y el control de amplias actividades ilegales, informales y legales, que se desarrollan en las grandes y medianas ciudades, debido a que éstas representan un núcleo de producción y acumulación de capital.

Así, ciudades grandes como Medellín, se convierten en escenarios estratégicos para la criminalidad, por el dinamismo de su economía (Según el DANE (2014) con una participación del $ 35.061 miles de millones de pesos en el PIB nacional), la densidad poblacional (Según el DANE (2014) 2.441.123 millones de personas) y por su ubicación geográfica estratégica que ha permitido establecer rutas y corredores estratégicos para la exportación de drogas, armas y dineros ilegales. En este sentido, las estructuras criminales han establecido en los barrios marginales de la ciudad un monopolio sobre la coerción, un control territorial, una destacada capacidad para cobrar extorsiones a las personas que desarrollan diversas actividades económicas.

Buenaventura, por su lado, ha sido objeto de la infiltración urbana de las estructuras criminales, por su ubicación geográfica estratégica como -principal puerto de Colombia en el océano Pacífico, por su potencial económico, pues es la ciudad/puerto por donde sale y entra una parte considerable del comercio internacional marítimo de Colombia y por ser una ciudad intermedia, donde existe un precario control estatal, que permite la penetración criminal y que facilita la corrupción de las instituciones gubernamentales. Mientras la guerrilla de las FARC domina el área rural, las bandas criminales se disputan el control de la zona urbana. Los lugares donde se genera y se concentra la riqueza son un punto de referencia para la filtración de las estructuras criminales por tanto, les resulta estratégico el control no solo de la economía informal e ilegal sino también la filtración en la economía legal. La práctica de generar terror y hacer que la gente se desplace hacia las zonas rurales para que los megaproyectos puedan llevarse a cabo en el área urbana de Buenaventura en ciertos casos es llevada a cabo por alianzas entre algunos empresarios y las estructuras criminales.

Así, en esa ciudad, se ha desatado una ola de terror caracterizada por una serie de acciones violentas como amenazas, asesinatos selectivos, secuestros, torturas, mutilaciones, desplazamientos forzados y despojos, debido principalmente a la disputa que se libra entre dos bandas criminales por el control político, social y económico de la ciudad, donde el Estado ha estado históricamente ausente.

Se puede afirmar, desde esta perspectiva, que la causa principal de la presencia activa de una variedad de actores y de la instauración de alianzas criminales, entre diversos grupos ilegales en las ciudades, se enmarca en la incapacidad del Estado para ejercer un control directo sobre el territorio, a través del ejercicio de la coerción del cobro permanente de impuestos, así como de la imposición de instituciones de gobierno, especialmente en cuanto a seguridad y justicia .En este sentido, los desafíos en términos de gobierno se complejizan, debido a que Colombia, en la actualidad, se caracteriza por ser principalmente una sociedad urbana, pues según datos del Departamento Nacional de Estadística DANE el 76% de la población del país reside en áreas urbanas.

Las nuevas formas de criminalidad, las alianzas estratégicas y las oportunidades que los grupos ilegales encuentran en las zonas urbanas, se convierten en una amenaza de tipo estructural para el gobierno de las ciudades y, en general, para la seguridad del Estado.

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Notas

Notas de autor

Enlace alternativo

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/issue/view/4044 (oth)