Introducción

Este artículo de reflexión basada en investigación, recoge a manera de síntesis algunos de los resultados y conclusiones fundamentales que se han desarrollado a lo largo de la investigación “Barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia”, que se desarrolló entre grupos de investigación de diversas universidades del país, en 9 ciudades de Colombiaⁱⁱ. El presente texto se centra en los principales hallazgos, discusiones y conclusiones en torno a las categorías ‘narrativas del pasado de la memoria colectiva’ y ‘representaciones sociales de hechos históricos’, enfatizando precisamente en los procesos de construcción de memorias hegemónicas en vastos sectores de la sociedad, que se han convertido en barreras psicosociales para la construcción de la paz, la reconciliación y la democracia en Colombia.

La disputa por el relato de realidad hoy, es un frente de lucha incansable. Se trata de una estrategia de control social intencionada para beneficiar al poder instituido, ese poder hegemónico dominante. Es importante identificar las claves de estas formas vedadas pero efectivas de manipulación social que buscan incidir en la toma de decisiones colectivas a favor de bloques de poder instaurados, aunque esto último signifique mayor daño colectivo.

De hecho, la realidad descarnada de muchos de los territorios de nuestro país pone de manifiesto la magnitud de los daños colectivos que el orden social hegemónico produce sobre el grueso de la población, con la complicidad de gobiernos sucesivos que han sido funcionales a los poderes instaurados. En este sentido, es clave recordar que en la Sentencia fruto de la audiencia número 16, que realizó el Tribunal Permanente de los Pueblos- TTP (un tribunal ético internacional) sobre Impunidad en América Latina, el cual sesionó en Colombia en el año 1991, se afirmó que:

Un gobierno formalmente democrático que vive en una inusitada y persistente ejecución de crímenes de lesa humanidad. La violencia institucional (fuerzas armadas y organismos de seguridad), parainstitucional (organismos paramilitares) y extrainstitucional (sicarios y asesinos a sueldo) …persigue acabar con toda persona y organización social, gremial o política que confronta las injustas estructuras socio-económicas y políticas vigentes. El asesinato de líderes populares y políticos de oposición, la desaparición forzada, las masacres de campesinos, los bombardeos de zonas rurales, la detención ilegal, son varios de los instrumentos utilizados en la sistemática y permanente violación de los más elementales derechos y se describían los mecanismos de impunidad, que han seguido vigentes durante muchos años. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 1991)

Luego, en el año 2008, este mismo tribunal en su Sesión número 33 titulada “Empresas trasnacionales y derechos de los pueblos en Colombia”, nuevamente condenó al gobierno de Colombia afirmando que:

por su participación, directa o indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de prácticas genocidas, […] en la comisión de crímenes de lesa humanidad […] y por incumplimiento de sus obligaciones de persecución del genocidio, […] y de los crímenes de lesa humanidad, y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes». La continuidad de las prácticas de la violencia en contra de los pueblos colombianos y sus derechos fundamentales, en su forma, su gravedad y sus actores está demostrada en la presente Sesión, así como la magnitud de los grupos poblacionales afectados a lo largo de la historia reciente de Colombia. (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2008)

No solo estas sucesivas sentencias del TPP, sino también en las más de 20 condenas al Estado Colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que quedó de los procesos de Justicia y Paz, lo que va emergiendo en el actual proceso de la Justicia Especial para la Paz, La Comisión de la Verdad, etc., van dejando claro que en Colombia ha tenido lugar un exterminio, que no solo se ha manifestado desde una dimisión material sino también simbólica, a través de la criminalización de las acciones emprendidas por las personas defensoras que intentan revertir las vulneraciones y la impunidad; situación que ha ido alcanzando una magnitud grave en toda América Latina (OEA, 2015).

Estas formas de eliminación, a través del exterminio y la criminalización, ocurren además en un marco de impunidad, un tercer elemento que entra a abonar al escenario antes de escrito. Es así que, históricamente en Colombia la impunidad por asesinatos de defensores de derechos humanos ha sido del 95%, fenómeno que incluye la falta de investigación, procesamiento y rendición de cuentas de los responsables, realidades que fomentan la vulneración de derechos humanos (Colombia Informa, 2013).

El ataque a periodistas es otra forma más refinada, pues se busca evitar la comunicación y análisis de una realidad concreta. Igual el ataque o negación a la labor de grupos de investigadores académicos que se atreven a poner su mirada desde una perspectiva crítica sobre estos fenómenos. Esto nos conduce a reconocer cómo en la actualidad una herramienta esencial y estructural de eliminación se centra también en la captura del relato de realidad, la captura de las narrativas.

El ejemplo más claro consistió en presentar desde la matriz de comunicación hegemónica nacional, a los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc-Ep (2016) como un mal para el país, buscando borrar de la memoria las relaciones estructurales de injusticia, exclusión, despojo, extorsión, los crímenes de guerra de las partes, las lógicas de exterminio del Estado y sus gobiernos, es decir, buscando por todos los medios invisibilizar las relaciones de dominación que dan cuenta de los fenómenos de rebeldía que originan históricamente los conflictos. Asimismo, se construyeron mentiras en torno a las propuestas del acuerdo, movilizadoras de emociones como la indignación y la rabia, las cuales fueron ampliamente difundidas y que calaron profundamente en el imaginario colectivo, influyendo en la toma de decisiones de la población. Es así que, asistimos a una marcada violencia simbólica, puesta sobre aquella narrativa que busca posicionar una sola idea, la verdad de los poderosos, del poder instituido.

En el año 2021, en la Sesión número 46 del Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en Colombia, se condenó al Estado Colombianos:

A) A LOS SUCESIVOS GOBIERNOS DE COLOMBIA, DESDE 1946: - Por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2021).

El concepto de “genocidio continuado” da cuenta de la conjunción de varios mecanismos y procesos de destrucción y aniquilamiento del “enemigo” que fueron encontrando cierta unidad en América Latina desde los años 70, una estrategia de control y reordenamiento poblacional que se propició para darle entrada al Neoliberalismo. Mecanismos que incluyen de manera especial, la captura del relato, la narrativa de la realidad, la gestión y construcción de conocimiento en virtud de dicho proyecto hegemónico, el bloque de posibilidades a otras voces, a otras formas.

Así lo dejan ver Espinosa e Insuasty (2021) al advertir en esta línea argumentativa que:

el control neoliberal al conocimiento es una de las prácticas sociales que permiten comprender el alcance del exterminio. La creciente anulación de la vocación crítica de las universidades, la transformación de su pensamiento y su perfilamiento empresarial, es parte sustancial de la exclusión política que enmarca tal exterminio. (Espinosa & Insuasty, 2021)

Carrillo Nieto (2010) advierte y recuerda que el modelo neoliberal en Chile, inició con la ruptura normativa del país, se instauró una dictadura militar y mediante el terror y el uso excesivo de la fuerza se reordenó toda la sociedad, su pensamiento. Se aniquiló la oposición, se persiguió, criminalizó, se moralizó como negativa y digna de ser exterminada. Así fue ocurriendo en esa década por toda América Latina. Ahora bien, en Colombia no se vivió como tal una dictadura, sin embargo, la implementación de las reformas neoliberales y esa idea de “desarrollo” instaurado por organismos internacionales sí implicaron ajustes que se realizaron sobre una profusa violencia, una sostenida represión y exterminio físico y simbólico-narrativo.

Los casos del genocidio de la Unión Patriótica (Gómez, 2008), del Movimiento A Luchar (Rojas, 2020), Frente Popular, Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia o de las comunidades arrasadas por el maga-proyecto Hidroituango (Román, et al., 2020) nos recuerdan que esta práctica genocida, ese constante exterminio se ha perpetrado durante la historia del país, pero lo peor es que sigue ocurriendo con fuerza a pesar de la firma de un acuerdo de Paz. Todo, en medio de una democracia y no una dictadura, una gran paradoja.

En la línea de Francisco Gutiérrez (2014) podemos afirmar que, se trata de “una anomalía” donde nuestro sistema político cuenta con un régimen democrático de larga duración aparejado a una sistemática exclusión de sectores políticos de oposición. Colombia ha sufrido dos “ciclos de represión exterminadora”: la violencia de mediados del siglo XX y aquella vivida desde los años 80; y al parecer, luego del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC (2016) se avivó un nuevo ciclo, lamentablemente. Se ha configurado así una forma, diríamos, institucionalizada de represión política y de exterminio dentro de la democracia.

Ahora bien, este proyecto sostenido de exterminio ha procurado la transformación de los patrones que configuran la identidad colombiana centrando su fuerza aniquiladora contra los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, contra identidades políticas como los partidos de oposición y con mayor fuerza contra movimientos sociales y diversas manifestaciones de la sociedad civil que se oponen al régimen de poder económico y político, extendiéndose hacia otras especificidades en la construcción de los lazos sociales del pueblo colombiano, como en el caso de la relación con la tierra, el movimiento campesino o el mundo obrero y sindical, de identidades de género, entre otras.

El poder instituido e imperante en Colombia, ese grupo de poder, ha delimitado y determinado su idea de “espíritu nacional” que define cuáles son las formas “aceptables” de vivir y actuar esa nacionalidad y señala otras formas que considera contrarias y, bajo esta idea de defensa de la nación, define esto o aquellos como “enemigos absolutos” (Feierstein, 2016). En el caso de Colombia, lo que podemos observar es un conflicto que atravesó al conjunto de los lazos sociales y comunitarios, pero cuya representación tiende a ser reducida a los efectos de un conflicto armado o a la lucha contra el narcotráfico, invisibilizando las consecuencias del terror en la transformación de lazos sociales y los efectos de estas representaciones en cualquier posibilidad de reparación o elaboración de la experiencia de aniquilamiento.

De esta manera, insistimos en la necesidad de reconocer que el exterminio se genera también a través de estrategias simbólicas y psicosociales de captura del relato de realidad, las cuales impactan en la construcción de identidades, de formas de emocionar y en la posibilidad de reconocer o no ciertas situaciones como injustas o legítimas.

¿Es posible superar el conflicto armado en Colombia?

En este contexto, una inquietud que emerge en cualquier persona que reflexione en torno a la dificultad para cerrar el conflicto armado colombiano y lograr construir una paz estable y duradera, por los múltiples intentos fallidos de negociación política, acuerdos de paz malogrados y un reciclaje de nuevas formas de violencia, debe conducirlo a dos preguntas que hemos desarrollado en el marco de nuestra investigación: “Barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia”. La primera: ¿Es el conflicto colombiano un conflicto intratable? (Villa et al, 2021); la segunda: ¿además de los claros vacíos para transformar las dimensiones estructurales del conflicto armado, existen elementos en la sociedad civil y en la ciudadanía que configuren un ethos del conflicto que se traduzca en obstáculo y repertorio psicosocial que bloquea desde la subjetividad individual y colectiva la construcción de la paz en Colombia? (Villa, Quiceno y Andrade, 2021).

Estas preguntas las hemos abordado en diferentes momentos y hemos desarrollado una amplia difusión de nuestro trabajo desde la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ) y en un trabajo con una red de investigación que se ha centrado en las barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia, con la cual hemos realizado ejercicios investigativos sobre el tema en varias ciudades de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Neiva, Palmira y Quibdó).

Para este texto nos centraremos en la forma en que los medios de comunicación capturan las narrativas de la memoria colectiva, las representaciones sociales sobre los hechos del conflicto armado y los imaginarios sobre el adversario que construyen versiones del conflicto que reifican la construcción de un enemigo único, un enemigo absoluto, encarnado en la insurgencia armada, que se extiende de manera subrepticia, aunque muchas veces de manera explícita a toda oposición política al régimen establecido, unificando significantes como terrorismo, narcotráfico, guerrillas, maldad, caos, destrucción, lo cual posteriormente se transfiere a comunismo, marxismo, izquierda o progresismo, movilización social y protesta social, tal como desarrollaremos en el presente texto.

En algunas de nuestras investigaciones (Villa, 2019, Villa et al, 2020; Velásquez, et al, 2022; Villa, Andrade y Quiceno, 2021; Barrera, Villa e Insuasty, 2018; Villa y Arroyave, 2018; Villa et al., 2022) nos encontramos con un discurso oficial monolítico repetido miles de veces por los operadores políticos de la oficialidad, un discurso retórico de la derecha y extrema derecha difundido por los medios de comunicación, que se replica en conversaciones cotidianas en la vida social y familiar (Velásquez, Barrera y Villa, 2020; Avendaño y Villa, 2021). Este discurso repite como un estribillo que las FARC y las guerrillas han sido los principales causantes de la violencia en Colombia y de todos los males que azotan al país, que sus objetivos y acciones son perversos por naturaleza, que son incapaces de un cambio en caso de reinsertarse en la vida civil; lo cual les va configurando un estatuto de deshumanización que niega los mínimos de dignidad, cerrando posibilidades a su discurso, devaluando sus objetivos y su dimensión política (Bar-Tal, 2013; García Marrugo, 2012, Gallo, et. Al, 2018). Al mismo tiempo, se minimiza o incluso borra la responsabilidad de otros actores frente al devenir del conflicto, particularmente de aquellos sectores políticos y económicos dominantes y de su brazo armado legal o ilegal, lo que sostiene un profundo marco de impunidad, que bloquea las posibilidades de transformación real de ese orden sociopolítico genocida previamente enunciado.

La violencia narrativa

Paradójicamente este discurso entra en relación con una versión difundida ampliamente por estos diversos mecanismos de configuración de creencias, representaciones e imaginarios que niega la existencia del conflicto armado y definen el problema del país como una ‘amenaza terrorista’, simplificando toda su complejidad. En efecto, este es el significante más utilizado por estos sectores políticos y replicado por los medios de comunicación desde el cual se niega la posibilidad de reconocer, no solamente la humanidad, sino también la dimensión política de la insurgencia armada en Colombia, imposibilitando escenarios de negociación política, puesto que sólo sería posible derrotar y eliminar esta “amenaza”, dado que estos actores han sido satanizados y convertidos en la figura misma del mal, en un plano que toca incluso lo religioso (Villa et al, 2020; Villa y Patiño, 2021).

En esta misma lógica, que legitima la derrota y eliminación de este ‘enemigo absoluto’, se justifica el paramilitarismo como mal menor, como legítima defensa, que, a pesar de sus ‘crímenes’, ‘proporciona seguridad’, conduciendo al encubrimiento de este proyecto militar y político contrainsurgente, en una construcción social influenciada mediáticamente, tal como puede inferirse de lo que los participantes en varias de nuestras investigaciones referidas enuncian (Villa, 2019; Villa Gómez et. Al, 2019 a, b; Villa, Agudelo, et al, 2020; etc.);al igual que en otras investigaciones sobre el tema (Borja, et al., 2008; Gallo, et. Al, 2018, García Marrugo, 2012; Huerta, Torres y Díaz, 2011; Valencia Nieto, 2014).

Esta lógica discursiva se profundiza en la narrativa del héroe que ‘se sacrifica, cuida, protege y ofrece seguridad’, que minimiza la violencia del Estado cuando es dirigida contra la población civil, obviando la protección de los derechos humanos, del respeto a la vida:

En ese sentido, y siguiendo a Butler (2017), los medios de comunicación construyen marcos de significado dominantes, “campos de inteligibilidad que ayudan a enmarcar nuestra capacidad de respuesta al mundo…” (p.59), puesto que responden a poderes que determinan los términos de aparición o desaparición de ciertos hechos, creando, incluso, pruebas falsas que hacen que la conclusión sea verdadera, como en las ‘Fake news’, donde resulta imposible evadirse del marco/engaño. En este sentido parece que ejercieran una especie de ‘psicagogia’ puesto que pueden moldear modos de ser, formas de vida, el trato con otros y la producción de subjetividad; produciendo imaginarios del enemigo y polarización (Roncallo-Dow, et al., 2019 – Cfr. Villa et al, 2020, p. 40).

Esto, en un contexto donde además los medios de comunicación se parcializan y rompen todas las formas de ética periodística (Levendusky, 2017), y donde los periodistas deciden el sentido y significado de ciertos hechos de violencia enunciando cuando la acción de un grupo armado es importante y válida o cuando es condenable y repudiable (Gallo, et Al, 2018). Estos medios pueden crear matrices de opinión y sentido que recogen versiones polares de la realidad y de los contrarios, deslegitimando y estigmatizando al adversario político y cerrando vías a la democracia y la paz; puesto que según Gallo et. Al (2018), se trata de un discurso que normaliza el patriotismo y lo identifica con la lucha contrainsurgente que compele a la toma de partido, el apoyo de un bando del conflicto, descalificación de posturas políticas adversas al régimen, generado desconfianza, resquemor, e incluso rechazo hacia quienes asumen una posición crítica en relación con el gobierno, las Fuerzas Militares, entre otros; cuyo nivel de degradación lleva a la legitimación, exaltación y celebración de la muerte de los adversarios.

Así, se ha orientado la opinión pública y se ha conducido a un sector de la población a la absolutización del ‘terrorismo’ como único problema del país, asociándolo a un solo actor del conflicto. Para Cabrera (2013) y Castellanos (2014) desde el 2002 el discurso de la seguridad democrática se configuró de esta manera, trayendo consigo una fuerte polarización, en una lógica amigo/enemigo, que posibilitaba al poder establecido un cierto nivel de control sobre los escenarios y movimientos adversos al gobierno. Esto “se ha reeditado en el gobierno del presidente Iván Duque, que ha reencauchado este tipo de significantes y significados, con apoyo de algunos sectores de la sociedad civil y algunos medios de comunicación masiva” (Villa, et al, 2020, p. 43). Discurso del ‘peligro’ frente a lo diferente, que se ha extendido incluso a quienes hemos respaldado el acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las FARC, y seguimos propulsando por una salida política y negociada al conflicto armado colombiano, a través de la negociación con todas las insurgencias y una política pública que transforme la violencia estructural, la exclusión y la injusticia social histórica en este país.

Medios de configuración para la construcción de barreras psicosociales para la paz y la reconciliación

La categoría medios de configuración para la construcción de barreras psicosociales para la paz y la reconciliación fue un emergente de nuestra investigación. Se nos impulsó a profundizar en ella porque los y las participantes en las diferentes regiones estudiadas, le otorgaban a los medios su confianza y credibilidad, aceptándolos acríticamente, suponiéndoles confiabilidad y verdad en la transmisión de información. Pocas veces se preguntaban por el origen y la intencionalidad de la forma como se transmite, ni quienes son los propietarios de los medios, ni sus relaciones con gobierno y Estado (Villa, et al, 2020).

De esta manera, comenzamos a atender al impacto de los medios de comunicación en la configuración de repertorios psicosociales, como las narrativas de memoria colectiva, las creencias sociales y las orientaciones emocionales colectivas. En esta lógica, y en términos de las narrativas de la memoria colectiva y las representaciones sociales de la historia, los medios de comunicación han resaltado ciertos hechos cometidos por las guerrillas, generando mayor exposición y énfasis con el objetivo de deslegitimarle como adversario (Bar-Tal, 2010;2013); generando, a su vez, emociones colectivas de repudio, rabia y odio en una orientación emocional colectiva que bloquea la empatía, la compresión de sus objetivos y su humanización. Lo que, a su vez, trae consigo una mayor recordación de algunos hechos emblemáticos o acciones que han desarrollado los grupos guerrilleros, fáciles de evocar y que pueden ser nombrados con cierto tipo de detalles o pueden producir calificativos que definen y esencializan a este actor (Villa Gómez, 2019; Villa Gómez, et al. 2019 a. b; Villa Gómez et al, 2020).

Este tipo de hechos, se van constituyendo como ‘traumas elegidos’ que la gente en la cotidianidad recuerda fácilmente, son tema de conversación cotidiana, que pueden ser evocados de forma inmediata, avanzando hacia orientaciones emocionales colectivas basadas en el odio y el repudio del actor que se ha definido como enemigo absoluto (Villa, et al, 2019 a, b), normalizando una respuesta represiva y violenta contra el hilo significante esgrimido que liga a ‘Terrorismo’ con ‘insurgencia’ a esta con ‘izquierda y oposición’ y finalmente con ‘movilización y protesta social’, lo que cierra puertas a procesos de democracia participativa, puesto que se logra ganar la mente y el corazón de una parte de la población (Martín-Baró, 1989), a través de una identificación con las fuerzas que representarían al bando de “los buenos”, los ‘héroes de la patria’ quienes tendrían la autorización moral para eliminar o exterminar a un adversario que se ha ido amplificando a toda posición que ponga en cuestión el régimen establecido.

Para sostener estas representaciones, el énfasis sobre ciertos hechos o traumas elegidos se combina con el silencio mediático (absoluto o relativo) sobre aquellos cometidos por otros actores, como los paramilitares y las Fuerzas Armadas; de tal manera que se promueve el olvido por parte de la sociedad, un olvido conveniente, pues genera toda una estructura simbólica funcional a la impunidad.

Creencias instauradas en beneficio del establecimiento

En otro ejercicio investigativo (Villa et al, 2022) nos encontramos con que estos sectores de la sociedad que se han identificado con el discurso oficial terminan por construir creencias, también configuradas a partir de los medios comunicación, que son favorables al Gobierno de turno y desfavorables para la oposición, englobando en una misma categoría izquierda/comunismo con la diversidad de los movimientos sociales (Barreto et al., 2012; Cárdenas, 2015). Por lo que tendríamos que preguntarnos: ¿por qué en este país decir “izquierda” significa señalar la encarnación del mal, el desorden social, la desestabilización económica y política? ¿Por qué se iguala con subversión armada, caos, desorden, terrorismo? (Velásquez, et al, 2022). ¿Por qué oponerse a un orden social injusto es definido como delictivo? (Villa, et al, 2022). Nos encontramos con un ‘leimotiv’ discursivo que pone en el mismo plano la protesta social con el enemigo absoluto, representado simbólicamente en la imagen de las guerrillas, justificando, en este caso, la violencia perpetrada por entes estatales (policía, ESMAD) como la forma de responder ante la movilización social.

En este caso, sobre la figura de “enemigo absoluto”, como se dijo anteriormente, se ha construido un leitmotiv narrativo y discursivo, con fuerte impacto emocional, que conecta tres significantes: narcotráfico-terrorismo-guerrilla. El primero (narcotráfico), se vincula con “ambición”, de manera que se puede pensar, por ejemplo, que es más inhumano quien tiene una intención asociada a estas orientaciones emocionales que quien no la tiene.

El segundo significante (terrorismo) aparece asociado con significados como “sangre fría”, “barbarie”, lo que evoca la imagen de personajes llenos de avaricia y ambición, que no tienen “escrúpulos”; “crueles”, capaces de ejecutar cualquier acto que implique dañar a otros, destruir, matar, producir sufrimiento y dolor a cualquier precio. Finalmente, el tercer significante (guerrillas), se vincula con “rebeldía”, “romper leyes y normas” y con “comunismo” que se asocia en los relatos de algunos participantes con “caos” y “pobreza” (Villa, et al, 2020; Velásquez, et al, 2022; Villa et al., 2022), en una lógica en la que estos actores buscarían solamente el poder para enriquecerse, dominar a la población y dejarla en la miseria. Esta narrativa maestra (Bar-Tal, 2003; Jelin, 2014) a manera de “thémata” (Nicholson, 2017) descalifica y deslegitima cualquier objetivo positivo de orden político, endilga toda la posibilidad del mal y la destrucción en este grupo y quita la “luz” y la “reflexión” sobre el papel histórico de las élites en el poder, tanto en la violencia estructural, la desigualdad y la corrupción, como en el mismo conflicto armado, al hacer uso tanto de la fuerza legal, en las Fuerzas Armadas, como en el proyecto paramilitar; que, a pesar de las cifras y los hechos, no es considerado por los y los participantes, ni siquiera de cerca, como actores similares a la insurgencia. Por el contrario son visibilizados o minimizados, tanto en el reconocimiento de los hechos que ejecutaron, como en las responsabilidades que se les atribuyen, que, incluso en los hechos cometidos por este grupo, son inferiores a las de la insurgencia armada.

Esta naturalización de los responsables instala un olvido conveniente y un pacto denegativo (Feierstein, 2012) en la mayoría de la sociedad, generando un marco representacional y de memoria colectiva funcional para el mantenimiento del orden social y del conflicto armado, desde un uso literal de la memoria (Todorov, 1995) que reproduce la violencia, obstaculiza la salida negociada al conflicto y actúa como barrera psicosocial para la paz. Pero también contra la democracia, porque cuando se extienden y se vinculan estos calificativos con la oposición política, la izquierda democrática y los movimientos sociales, se estigmatiza, se bloquea y se persigue a cualquier alternativa de orden social y político que se contraponga al régimen oficial, lo que lleva a estigmatizar, reprimir y criminalizar acciones democráticas legítimas como la oposición política y la protesta social.

Lo grave de esta construcción de representaciones, creencias y narrativas de memoria es que, cuando el Estado atenta contra la vida y la integridad de los manifestantes, o cuando se reprime, golpea y se hace violencia a la oposición política de izquierda, sectores de la sociedad no sólo lo aceptan y legitiman (Villa et al, 2020), sino que estas acciones son respaldadas y requeridas, favoreciendo un clima de aparente impunidad, que al final le ofrecen motivos a quienes defienden la lucha armada, para justificarla.

Así pues, en su inmensa mayoría, son los medios de comunicación mencionados quienes orientan el conocimiento y la forma de comprender las circunstancias y hechos en el marco del conflicto colombiano, con lo cual, lo que se puede esperar de las creencias, representaciones sociales, narrativas de memoria e imaginarios construidos por vastos sectores de la población es que estén alineadas con el discurso promovido por estos medios, es decir, el oficial, que, a su vez, es movilizado desde las élites en el poder; que, posteriormente, se reproduce en la escuela (sobre todo primaria y secundaria), pues son muchas las limitaciones para generar procesos pedagógicos alternativos en este escenario, gracias a la acción de la mismas formas de criminalización, señalamiento y persecución antes descritas. De esta manera, las fuentes alternativas y críticas a la historia y a la construcción de otras representaciones, imaginarios y otras memorias colectivas, que incluyan todas las voces, es apenas incipiente.

Aunque siendo más específicos, lo que parece constituirse más que una memoria, son formas del olvido a partir de pactos denegativos (Feierstein, 2012) que obturan la posibilidad de nombrar, reconocer, profundizar, estudiar y develar, no sólo los hechos violatorios de los derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, sino, y sobre todo, los hilos del poder político, económico y social que subyacen a estas acciones, además de sus fines, encaminados a perpetuarse en el control del Estado y los recursos económicos del país, deslegitimando todo movimiento social o político que pretenda hacer frente a este ejercicio de dominación y exclusión; de tal manera que se logra un alineamiento de varios sectores de la sociedad, de la gente del común, a estas prácticas y discursos, aún a costa de sus propias necesidades e intereses. Como colofón de esta práctica está, por ejemplo, la exclusión de la cátedra de historia en la enseñanza básica y media desde el año 1993 (Villa y Barrera, 2017, 2021).

El recuerdo y los trauma elegidos. De la construcción funcional de la memoria

Ahora bien, con este panorama, y en otro proceso investigativo, encontramos que los hechos que se han cristalizado con mayor fuerza en la memoria de los participantes (Paéz et al., 2016) son El Bogotazo, la Masacre de Bojayá, el Atentado al Club El Nogal, la Toma del Palacio de Justicia, hechos asociados al narcotráfico y la Operación Orión (Velásquez, et al, 2022), y en su mayoría se le atribuye a la insurgencia armada la responsabilidad en los mismos, adornando los relatos para desresponsabilizar al Estado de la violencia que vive el país y como actor participante.

Dicha desresponsabilización se enmarca en una de las funciones que cumple la historia oficial al buscar una identificación con el relato hegemónico en torno a discursos de unanimidad ligados a la “patria” en el intento de configurar una identidad nacional (Villa y Barrera, 2017), anclándose a una forma particular del recuerdo que, a su vez crea pactos denegativos (Feierstein, 2021) cuya característica fundamental consiste, no en que los hechos se olvidan o se desconocen, sino que conociéndose, se decide ignorarlos, no darles relevancia e importancia, haciendo ‘como si’ no hubiesen existido, tal como se ha evidenciado en nuestra investigación con varios de estos hechos (Masacres de El Salado, Mapiripán, El Aro y la Granja, cometidas por grupos paramilitares; o Masacres de Jamundí, la Galleta o Villatina, cometidos por la Fuerza Pública). Lo que a su vez configura repertorios de olvido, en otras palabras, un olvido institucionalizado, implícito y generalizado (Velásquez, et al, 2022; Villa, Avendaño, et al, 2019; Villa et al., 2022).

Lo anterior termina configurando lo que mencionan diversos autores: la construcción de una memoria victimista de tipo competitivo (Bar-Tal, et al., 2014; Christou, 2007; Bekerman y Zembylas, 2010; Hammack, 2010; Christou y Philipou, 2010; Psaltis y Cakal, 2016; Bekerman, y Zembylas, 2016; Nasie y Bar-Tal, 2020; Bilali, 2012; Martín Beristain, 2021), relatos simplistas, absolutistas, indiferenciados o naturalizados, que denotan no sólo falta de conocimiento, sino la instalación de un discurso estereotipado que se difumina en la sociedad desde sectores de poder. Pero al mismo tiempo, como se anotaba anteriormente, unos pactos denegativos y unos repertorios del olvido, porque otros hechos, cometidos por los paramilitares y por la Fuerza Pública, por los que hemos indagado en nuestros procesos de investigación terminan siendo poco recordados, confundidos u olvidados (Villa, Avendaño, et al, 2019; Velásquez, et al, 2022; Villa et al., 20

Existen representaciones vagas, no hay narrativas, ni un conocimiento de los actores responsables de estos hechos. De tal manera que dentro de la larga historia de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, masacres y demás actos contra la población civil en el marco del conflicto armado, responsabilidad de la Fuerza Pública y del proyecto paramilitar, la memoria se queda en un vacío mnémico producto de ese pacto negativo promovido y alentado desde el poder y los usos de los medios de comunicación (Feierstein, 2021). No se configura una imagen, no hay relato, hay un vacío discursivo que denota la instalación y proliferación de Políticas del olvido, aun cuando esto no esa explícito en ningún discurso oficial.

La construcción del único responsable

De este modo, nos encontramos nuevamente con que se va constituyendo una concepción de la existencia de un único culpable (enemigo absoluto) con base en la identificación con las narrativas de ese grupo salvador (Bar-Tal, et al., 2014; Nasie, et al., 2014) y con las formas en las que éste reproduce su versión de forma reiterativa y educativa por los medios de comunicación, que permite comprender la adherencia de sectores de la sociedad civil ya mencionados, a estas narrativas hegemónicas y representaciones sociales que contribuyen en mayor medida a la creación de barreras para la paz.

En este ejercicio investigativo del que venimos hablando, al preguntar por más de 25 hechos acaecidos en el marco del conflicto armado colombiano, encontramos que la mayoría, el 63% eran atribuidos por las personas participantes a las FARC o al genérico ‘guerrilla’, incluso en aquellos casos en que las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por grupos paramilitares y Fuerzas Militares. Así pues, el 55% de los hechos ejecutados por los paramilitares, fueron atribuidos a la guerrilla y más del 70% de los hechos cometidos por la Fuerza Pública fueron atribuidos a insurgencia armada. Teniendo en cuenta que la atribución de responsabilidad para el Estado y las Fuerzas Militares, en todos los hechos mencionados era de sólo el 4% y de los paramilitares de sólo el 19%.

El problema no es trivial. Atribuir la responsabilidad de la mayoría de los hechos históricos del conflicto armado a uno de sus actores (las guerrillas), aunque sea por suposición e incluso en aquellos casos en que no se recuerda nada acerca de dichos hechos, da cuenta de cómo desde el relato oficial se ha construido una representación sobre quién es el culpable y, por consiguiente, el enemigo. No se recuerda el hecho, ni las circunstancias, ni los actores responsables, pero si se debe atribuir un responsable, de forma inmediata y no reflexiva, espontánea y sin rodeos aparece de forma contundente y más allá del azar, la atribución a la insurgencia armada (FARC, ELN, M-19 y guerrillas en general).

Esto, según la propuesta de Bar-Tal (2013;2018) y en nuestra propia investigación (Barrera y Villa, 2018) podría estar a la base de la oposición de una parte importante de la sociedad colombiana a una negociación política del conflicto armado con dicho actor; de tal manera que tales representaciones de hechos históricos, narrativas del pasado y olvidos construidos terminan por convertirse en serias barreras para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia. Así pues, la forma como se construyen estas narrativas y representaciones de la memoria colectiva son dispositivos que posibilitan una perspectiva victimista de la historia, una construcción de un endogrupo que es el afectado por ese actor y reclama la legitimidad de la respuesta, violenta y desresponsabilizada, en contra del mismo.

Sumado a esto, es posible afirmar que la poca información que se ha identificado que tienen los participantes en torno a los Falsos Positivos o ejecuciones extrajudiciales, da cuenta del escaso esclarecimiento y difusión frente a las acciones violentas cometidas por el Ejército, tal como se va evidenciando gracias a diversas investigaciones independientes e incluso declaraciones de exintegrantes de la misma fuerza pública (Rojas Bolaños, et al, 2020) y en especial al trabajo realizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) quien dio a conocer la cifra parcial de 6.402 víctimas de Falsos Positivos (León, 2021).

Esto sugiere que la responsabilidad del Ejército y de ciertos actores del Estado frente al devenir del conflicto armado no es reconocida por una parte de la población, lo que impide comprender su complejidad, generando visiones maniqueas que no aportan a la transformación real, sino que refuerzan la intratabilidad, en un escenario simbólico que claramente permite reconocer a “los más malos” (Villa, Avendaño, et al, 2019).

Idea que se complementa con la concepción que tienen los participantes de nuestra investigación sobre las FARC desde una plantilla narrativa del pasado que los ubicaba al comienzo como “buenos” o como “un grupo que luchaba por el pueblo”, pero que luego “se desvió del camino y se dejó corromper” por la ambición de poder y el lucro que implicaba el negocio del Narcotráfico (Villa y Barrera, 2021), una lectura que aportó a la victoria del “No” a los acuerdos de paz en el plebiscito celebrado en el 2016, pero adicionalmente hace posible que la deficiente implementación de los acuerdos de paz prevalezca, amparada por ciertos sectores poderosos que incluso celebran que este acuerdo se esté “haciendo trizas”, según las promesas de campaña del partido del anterior gobierno de Iván Duque.

Esta temporalidad también es característica de las narrativas (Barrera y Villa, 2018; Bar-Tal, et al., 2014 y Jelin, 2014), las cuales en este caso devienen como barreras, puesto que las FARC resultan ser los únicos victimarios y, por ende, la sociedad termina siendo de alguna manera las víctimas, asumiendo una posición victimista de reclamo hacia ese “otro” calificado como “terrorista”, “perverso”, “demoníaco” que atenta contra la seguridad y estabilidad de la sociedad, en búsqueda de su propio interés (Barrera y Villa, 2018; Bar-Tal, 2018; Bar-Tal, et al., 2014; Nasie, et al., 2014; Villa et al., 2022).También aparece en dicho entramado de los responsables, la generalización de los grupos, la posibilidad de que todos se concreten en un solo grupo, no obstante, esta tendencia puede ser riesgosa en el medida en que se naturalicen las acciones y a los responsables, es otra forma de naturalizar el conflicto y, por consiguiente, de no cuestionar lo que sucede.

Conclusiones parciales

Se observa entonces cómo los medios de comunicación, a partir de los intereses de ciertos sectores dominantes, aportan a la configuración de un escenario simbólico y narrativo que captura el relato de realidad y presenta ciertas versiones de la historia, de las causas del conflicto armado y de sus responsables; las cuales están construidas en lógica de enemigo absoluto, en tanto esto favorece el silencio y la invisibilización de la responsabilidad de otros actores, alimentado un contexto de impunidad.

La idea de enemigo absoluto resulta rígida, en tanto se resiste a la crítica y a la argumentación; sin embargo, puede enlongarse a tal punto de incluir dentro de esta categoría a una amplia gama de actores contrasistémicos; no solo a las insurgencias armadas o guerrillas, sino también a cualquier otro personaje o sector que cuestione el orden hegemónico. Con esto, se legitima socialmente el mismo tratamiento, la eliminación o exterminio, que termina entonces soportado sobre una fuerte base simbólica.

Para revertir esta lógica se hace necesario desarrollar a través de la educación, la academia y los medios de comunicación, una postura ética y una democratización de la información que le dé valor a los medios alternativos. Puesto que los medios hegemónicos, al estar vinculados a las élites en el poder, se limitan a reproducir la historia oficial o las versiones que favorecen la interpretación histórica de estas élites, constituyendo una mirada sesgada, estereotipada, simplista y conveniente; de tal manera que la configuración de estas formas de la memoria y el olvido colectivos significan una barrera psicosocial para la paz y la reconciliación, que sólo puede ser rota cuando las voces de las víctimas, las voces de todos los actores, el dolor no competitivo y la identificación de todos los actores del conflicto como responsables, sea parte integral del relato y del recuerdo (Velásquez et al., 2022; Villa et al., 2022).

De otro lado, esa es la tarea que esta sociedad requiere de la Comisión de la Verdad y de la JEP, de tal manera que por fin Colombia pueda comprender que no hay buenos ni malos en la guerra y que nuestra tarea ética y política fundamental es superar la violencia como una forma normal de ejercer la política y de resolver los diversos conflictos sociales, políticos, económicos que nos agobian como nación. Además de superar la violencia estructural que sigue estando a la base de nuestra historia de conflicto interminable.

Para poder lograrlo, Butler (2017) propone la necesidad de desafiar a los medios de comunicación dominantes para que su visión hegemónica y homogenizante sea confrontada. Entrelazar acciones desde las fuerzas populares, étnicas, territoriales alternativas para disputar esta narrativa, darle lugar a otras miradas, fuentes, versiones, enfoques, relatos de lo que nos pasa como país, sus responsables, actores, intencionalidades, disputar el relato hegemónico. Las Instituciones Universitarias tienen allí una gran responsabilidad, liberar el ejercicio de una academia comprometida, ética, transformadora y liberadora es un tema profundo para tratar y que no ha sido asumido en su real dimensión (Borja Bedoya & Insuasty Rodríguez, 2016).

De esta manera podrán circular otros relatos, otras versiones, otras experiencias, otras narrativas que permitan comprender que todos los tipos de vida sean visibles y cognoscibles, de tal manera que todos y todas, los que han caído en esta guerra, puedan ser objeto de duelo. Para que las posiciones políticas alternativas, críticas, de izquierda y no afines al poder hegemónico puedan tener espacios proporcionales de difusión, con un tratamiento equitativo libre de prejuicios, estereotipos, sin miedo y sin odio. Quizás esta sea la única forma de desafiar las lógicas de la guerra (Butler, 2017), el autoritarismo y las lógicas fascistas que tienden a circular cada vez más en América Latina y en Colombia. Y confrontar discursos monolíticos, cerrados, centrados en ideas de patriotismo, unidad, preservación del orden (Gallo, et. Al, 2018) y con ello, lograr por fin un país incluyente, en paz, democrático y equitativo que haga dignos de vivir a sus hijos (Villa et al, 2020).

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Notas