Introducción

Pensar en el desarrollo implicaría comprender la dinámica de la acumulación del capital y, para ello, la historia nos ha traído dos etapas consecuentes pero concomitantes al momento de darle explicación a la acumulación, estos dos grandes estadios son la antigüedad y la Edad Media y ambos permiten comprender parte de nuestras realidades hoy.

Pillaje-acumulación, tierra-acumulación

La antigüedad greco-romana y la Edad Media de Europa, esta última implantado luego de 1492 en Latinoamérica, nos permite descubrir tres asuntos:

El primero, es que el saqueo en la Antigüedad era el medio de acumulación de riquezas; el segundo, el esclavismo como medio para construir capital propio a costas de la mano de obra esclava; el tercero, al valor de cambio que suponía el intercambio de esclavos como moneda o representación de riqueza y que se puede evidenciar en la limitación que se cierne sobre el ciudadano romano, que le impide liberar cierta cantidad de esclavos o la imposibilidad de realizar prestamos por encima de los límites legales (Gaii, 1845; Stein, 2001):

Pues quien tenga entre dos y diez esclavos, es permitido manumitir hasta la mitad del número de esclavos que él posee; a quien tenga entre diez y treinta, hasta el tercio; al que tenga entre treinta y ciento, hasta el cuarto; en fin, a quien tenga más de ciento y menos de quinientos, no le es permitido manumitir más que el quinto. Pero esta ley no concierne al caso del dueño que no posee sino uno como la ley Furia Caninia no le concierne, conserva libre y plena la facultad de manumitir. (Gaii, 1845, pp. 21-23)

Empero el beneficio de la ley Cornelia es común a todas estas personas. Prohíbe esta ley que pueda uno obligarse, para con una misma persona y en el mismo año, por préstamo de dinero que exceda de veinte mil sestercios; y aunque el sponsor ó el fidepromissor se obligasen por mayor cantidad, como cien mil sestercios por ejemplo, no por eso serán responsables. Por dinero prestado entendemos no solo aquel que se dá en tal concepto, sino todo el que ha de deberse ciertamente desde el momento en que se contrae la obligación, esto es, todo el que constituye una obligación incondicional. Así es que aun el dinero, cuyo pago estipulamos para cierto día, pertenece á esta clase, porque si bien no puede exigirse hasta que transcurra algún tiempo, es sin embargo cierto que se deberá para el día designado. Por la expresión de dinero (pecunia) ha querido esta ley designar todas las cosas, y por tanto deben observarse sus disposiciones, aunque nuestra estipulación verse sobre vino, trigo y aun sobre un fundo ó un esclavo. (Gaii, 1845, p. 213)

Ahora bien, la acumulación inicialmente se va a fundar en el pillaje y el robo a otras ciudades o civilizaciones, sin embargo, lograran un alto desarrollo comercial a pesar de no contar con desarrollo industrial (Fernández, 1977, p. 52).

La Edad Media tendrá como modelo la acumulación de la tierra que se gestaba mediante el saqueo perpetrado por los reyes medievales, gracias a las cruzadas y guerras entre pueblos por razones (seudo) religiosas, sumada a la acumulación de la iglesia (Fernández, 2016, p. 54). El surgimiento de los feudos hereditarios por acción divina, la apropiación de la tierra comunal, la expropiación de la tierra de la iglesia en algunos periodos, sumada a la acumulación por la mano de obra surgida de las parcelas, arrendamientos y siervos, se constituían y consolidaban las riquezas de los Señores (Yeazell, 1997; Winchester y Straughton, 2006; Fernández, 1977).

Sin embargo, dicha época deja un elemento de atesoramiento pero no de acumulación, es decir, no circula la riqueza y al no hacerlo no se reproduce, evento que termina por generar un aumento de los desocupados y de la inmovilidad de la tierra, lo que sólo se rompe con la transformación de la tierra en valor de cambio y no de uso, porque el comerciante e industrial ya no usará la tierra para el pequeño cultivo o pastoreo, sino que lo transforma en grandes extensiones de monocultivo o pastoreo, sumado a que usa la tierra para el recreo con el fin de valorizarla para su venta, lo que permitirá a futuro cambiar la vocación de la tierra de feudo que se usa para sobrevivir y dejar un excedente para su amo, a la vocación capitalista que exige mayores ganancias constantes, naciendo de esta última circunstancia la razón instrumental individualista que justificaba dicha acumulación (Fernández, 1977 p. 52; Horkheimer, 1969).

Comercio-acumulación, y capital acumulado-producción

Ahora bien, el desarrollo económico desde su concepción por Adam Smith^[i] en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, será la punta de lanza de la transformación final, que hará pensar al hombre que la riqueza ya no se acumula en la tierra, sino en la producción de excedentes nacidos de la fabricación en serie, lo que aumenta la posibilidad de la acumulación que tienen las naciones, porque al aumentar el producto anual que asegure la renta o beneficio en favor del crecimiento de la industria, ello garantizará el ingreso de sus habitantes y, por tanto, de las naciones:

La proporción que existe entre las manos productivas y las improductivas, en cualquier país, depende en gran parte de la relación del producto anual que en cuanto proviene de la tierra o de las manos de los trabajadores productivos se destina inmediatamente a reponer el capital, y la que se destina a asegurar un ingreso, llámese renta o beneficio. Más esta proporción es muy distinta en los países ricos y en los pobres. [...] La proporción entre capital y renta es la que regula en todas partes la relación que existe entre ociosidad e industria. Donde predomina el capital, prevalece la actividad económica; donde prevalece la renta, predomina la ociosidad. Cualquier aumento o disminución del capital promueve de una manera natural el aumento o la disminución de la magnitud de la industria, el número de manos productivas y, por consiguiente, el valor en cambio del producto anual de la tierra y del trabajo del país, que es en definitiva la riqueza real y el ingreso de sus habitantes. Los capitales se incrementan con la parsimonia, y disminuyen con la prodigalidad y la disipación (Smith, 2007, p. 263)

Estas premisas llevan a considerar al capital económico como el timonel del aumento de la actividad económica, síndrome que se ha mantenido en la actualidad, y que implica que si no hay inyección de capitales no se pondrá en marcha el desarrollo; es decir, que la paradoja de la modernidad se funda en que, si no hay capital, no hay desarrollo, si no hay desarrollo no hay empleo, y si no hay empleo, la ciudadanía y el estado se empobrecen y tienden a desaparecer. Sin embargo, la anterior paradoja conlleva otra, y es que los países en desarrollo, subdesarrollados o pobres, al no tener la misma construcción histórica de pillaje-acumulación, tierra-acumulación, comercio-acumulación, y capital acumulado-producción, se sitúan en la posición de países para ser expoliados o colonizados, ya que al no tener capitales propios, solo les queda los tesoros naturales y, al depender de la naturaleza, están expuestos a perder los recursos a cambio de capitales, pero a su vez ello implica, como en toda economía de mercado, que solo una parte muy pequeña de la población se beneficia, mientras el resto se ve afectado por este desarrollo.

Lo anterior fue sintetizado por Marx así:

El dinero es el valor general de todas las cosas constituido en sí mismo. O sea que le ha arrancado a todo el mundo, sea humano o natural, el valor que le caracterizaba. [...] Bajo el dominio de la propiedad privada y el dinero, la actitud frente a la naturaleza es su desprecio real, su violación de hecho (Marx, 2012, p. 43)

La naturaleza, al igual que el hombre, pierde todo valor natural, social, histórico, temporal, ecológico y aun la producción natural. Sobre ello se pueden encontrar autores como Engels (1961) en su texto Dialéctica de la naturaleza, donde se aprecia cómo hasta la historia puede ser desdibujada al controlar el tiempo y la naturaleza. Mientras Lukács (1985), en Historia y conciencia de clase, evidencia cómo la naturaleza se torna en paisaje, porque ya se le ha dominado y se le ha convertido en objeto, en ese mismo camino encontramos a Löwy (2014) quien recopila dichas visiones del mundo. A lo anterior podemos aunar la percepción de la ciencia como unívoca, infalible y calculable aun en las ciencias sociales (Almond & Genco, 1999) llegando a tocar el arte como objeto o instrumento de la ciencia (Borderías, 2010).

El desarrollo, según Marcuse en El hombre unidimensional, nos lleva a comprender la forma en que

El hombre había pasado ya el largo período de inmadurez durante el cual fue víctima de abrumadoras fuerzas naturales y sociales, y se había convertido en el sujeto autónomo de su propio desarrollo. De ahora en adelante, la lucha con la naturaleza y con la organización social habría de ser guiada por los propios progresos de su conocimiento. El mundo habría de ser un orden racional (Marcuse, 1994, p. 10)

La ciencia terminó por evolucionar sin la naturaleza, porque prefirió dominarla y luego devastarla, sin importar la simbiosis que operaba entre ambos cuerpos: el natural y el social, viéndose deslegitimada su asociación por el capital, y limitándose al desarrollo económico divorciado de la naturaleza y el hombre mismo.

Es por esto que el hombre no ha logrado armonizar su racionalidad con la naturaleza y los sentimientos que le deparan de esa relación ecosistémica lo que ha derivado en no comprender hasta dónde debe llegar el desarrollo, cuáles son las consecuencias que genera sobre la naturaleza, el hombre y la sociedad como miembros activos de la misma naturaleza. Desconociendo de paso las violaciones sistemáticas a los afectados sean ellos miembros del género humano o de la naturaleza (Herrera Ospina & Insuasty Rodríguez, 2015).

Un modelo de “desarrollo”, como proyecto global, que configura territorios

Existen hoy una serie de planes globales, internacionales, regionales, o incluso locales que han considerado necesario que se piense en el desarrollo como único norte. Dichas apreciaciones han venido de organismos como la BM, CEPAL, ONU, FMI, OEA, entre otros. Contienen un mismo discurso, el desarrollo como camino seguro para alcanzar el bienestar, generar progreso.

Para los años treinta, por ejemplo, el mundo occidental (Europa – Estados Unidos) vivió una serie de cambios que fueron decisivos en la reorientación de las políticas globales, respecto de las regiones y países dependientes, por ende, América Latina y por supuesto Colombia.

La gran crisis económica de los años treinta, con la consecuente desaparición de las fuentes de financiamiento externo, la caída del comercio mundial y la relación de intercambio de los países Latinoamericanos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, afectaron las importaciones de bienes de capital y de materias primas, todo debido a que los países “potencia” dedicaron toda su energía a la actividad bélica (Zuluaga Cometa & Insuasty Rodriguez, 2017). Ya en los cuarenta, cercano al final de la Segunda Guerra, los países vencedores pactan lo que sería la transición y reconstrucción postguerra, crean nuevas instituciones globales como la Organización de Naciones Unidas [ONU], el Banco Mundial [BM], el Fondo Monetario Internacional [FMI], y desde ellos redefinen el papel de los países dependientes:

El enfoque estructuralista del desarrollo fue aplicado en América Latina a partir de los años cuarenta hasta finales de la década de los setenta. Este modelo guarda estrecha relación con el nacimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Básicamente, este modelo concebía la composición de la economía mundial en dos polos: centro y periferia, cuyas estructuras productivas disímiles -en la periferia heterogéneas y especializadas y en el centro homogéneas y diversificadas- condicionaban el tipo de intercambio comercial y de transferencia tecnológica, lo que en el largo plazo conduciría a un rezago productivo y tecnológico en la periferia y a un deterioro de los términos de intercambio. Esta postura dio forma a lo que se conoció como la teoría de la dependencia. (Mujica Chirinos & Rincón González , 2006)

Cobra vital importancia, para que los países periféricos desarrollen industria, la existencia de infraestructura, energía, tierras disponibles y mano de obra. Para saldar estos problemas, se hace necesario y de primer orden la intervención del Estado en tanto institución capaz de suplir estas condiciones a la fecha, inexistentes o muy deficientes:

El Estado jugó un papel decisivo en la construcción de infraestructura y en la actividad productiva de muchos sectores, incluyendo aquellos sustitutivos de importaciones, por lo que la planificación del desarrollo en términos de la CEPAL- adquirió un papel preponderante como ordenadora de los esfuerzos de los países en la consecución de los objetivos del desarrollo. (Mujica Chirinos & Rincón González, 2006, pp. 205-222)

Entre los años setenta y noventa, de la mano de la Banca Multilateral y el FMI, se da la entrada del enfoque neoliberal, desplazando el modelo de sustitución de importaciones. Este nuevo modelo se caracteriza por implementar un ajuste estructural, fijando sus ojos en la solvencia y liquidez de los Estados en relación al creciente intercambio comercial internacional, capacidad de pago de la deuda externa adquirida, sobre todo, para suplir las carencias en infraestructura de los país llamados subdesarrollados.

Estos cambios se fueron dando por directriz y vigilancia internacional, en el ambiente de la Guerra Fría; por ende, bajo la aplicación de la política de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que terminó validando y avalando varios golpes militares en América Latina fortaleciendo una élite regional ortodoxa, conservadora y poderosa económicamente, así como una cultura y lógica militar de gran gasto público.

Este modelo de libre mercado y ajuste estructural se aplicó primero en Chile, a la fuerza, y paulatinamente en todo el mundo; se trató no solo de un modelo económico sino de toda una reingeniería social y cultural, que implantó una cultura, una manera de ver y pensar el mundo, a lo que Klein (2007) llama “capitalismo del desastre”.

Este sistema reconfiguró el Estado, dejándole como tarea principal facilitar la inversión extranjera, propiciar la infraestructura para la economía global (entendiendo esto como necesidades del mercado occidental Europa-Estados Unidos); este modelo se impuso de manera violenta, limitó de facto la democracia real, pero se fundó en una democracia reducida, limitada, capturada a lo meramente electoral, afectando todos los sectores de la vida estatal y social. Este modelo neoliberal, capitalista, acentuó la acumulación por desposesión, para lo que empleó y emplea constantemente la violencia directa y cultural, el terrorismo contra el individuo y la sociedad.

Los nuevos dueños del mundo serán, entonces, los conglomerados financieros, industriales, comerciales y en esta nueva realidad, el Estado estará al servicio de sus dictámenes. Para estos actores, los desastres, las guerras y la inseguridad del ciudadano serán el principal combustible para mantener su poder y control (Klein, 2007).

América Latina

En América Latina, este modelo se hace al poder total debido a, por un lado, la presión del mercado internacional y por otro, unas sucesivas alianzas entre la clase política, económica y militar (local, regional y nacional), que se hizo al poder gracias al uso de diversas estrategias de orden político, electoral y militar (legal e ilegal), todas, estrategias funcionales a sus intereses y en sintonía con el proyecto económico (Valencias Grajales, Insuasty Rodriguez, & Restrepo Ramirez, 2016).

Cada etapa, entonces, sugiere una suerte de “reordenamiento” de la función de la tierra, de sus poblaciones, de sus territorios al servicio de un modelo de desarrollo foráneo y de un modelo productivista, lo que se acompañará de estrategias de control político, jurídico, militar y paramilitar abrupto, de choque, que generará un interminable y pendular ciclo de violencia armada (Cadavid, Insuasty Rodriguez, Restrepo, & Balbin, 2009).

A la par, cada época evidenciará grandes procesos populares, étnicos, campesinos, afros, en resistencia, muchos de los cuales harán uso de la lucha armada como una forma de hacer valer sus reivindicaciones y exigencias ante la implementación de políticas que no favorecen las realidades locales.

Ahora bien,

El capitalismo de nuestros días requiere materiales y energía más que en cualquier otro momento de su historia, como resultado de varios procesos complementarios: el aumento del consumo a nivel mundial, a medida que se extiende la lógica capitalista de producción y derroche; la incorporación de países como China, India, Brasil y Rusia a la órbita del capitalismo mundial, mediante la producción de manufacturas o materias primas; las innovaciones tecnológicas y la producción de mercancías electrónicas de consumo masivo precisan de minerales y materiales para asegurar su producción. En pocas palabras, la generalización del American Way of Life, requiere de un flujo constante de petróleo y materiales, para asegurar la producción de mercancías que satisfagan los deseos hedonistas, artificialmente creados, de cientos de millones de seres humanos en todo el planeta (Vega Cantor, 2013, p. 368)

El modelo de producción y de consumo capitalista requiere producir en escala ascendente, y como contracara necesita asegurarse las materias primas necesarias para mantener dicha producción y estilos de vida occidental, esto hace que sean países altamente dependientes de los países del sur, en vía de desarrollo, en tanto estos, poseen dichas materias primas en cantidad. Algunos datos ilustran la dependencia externa de los Estados Unidos:

Entre el 100 y el 90% del manganeso, cromo y cobalto, 75% del estaño, y 61 % del cobre, níquel y zinc que consumen, 35% de hierro y entre 16 y 12% de la bauxita y plomo que requieren. Europa depende en un 99 a 85% de la importación de estos minerales, con excepción del zinc, del que depende en un 74% de importaciones del extranjero”. Lo significativo estriba en que en conjunto América Latina y el Caribe suministran a los Estados Unidos el 66% de aluminio, el 40% del cobre, el 50% del níquel (Diez Canseco, 2007; p.4).

Los pueblos del sur, en especial América Latina y el Caribe, son prometedores para los países del norte, en tanto, ofertan a bajo costo, en gran cantidad y con grandes facilidades sus riquezas:

… se encuentra el 25 por ciento de los bosques y el 40 por ciento de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27 por ciento del carbón, el 24 por ciento del petróleo, el 8 por ciento del gas y el 5 por ciento del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 por ciento de la potencia hidroenergética mundial. (Vega Cantor, 2013, p. 369).

América del Sur no solo oferta gran cantidad de reservas de minerales, sino de biodiversidad, producción de alimentos, agua, variedad cultural, étnica, histórica, lingüística, etc., una amplia y diversa riqueza (Barrios, 2006). Es por esta razón que América Latina representa un sector importante dentro de los flujos de Inversión Directa de la economía mundial, pues ha recibido cerca del 30% de los flujos mundiales de inversión (Cárdenas, 2008).

El informe de la CEPAL sobre Inversión Extranjera Directa-IED asegura que:

para el 2012 en A.L. se registró un crecimiento del 5.7%, respecto de 2011, alcanzando una cifra récord de 174.546 millones de dólares, de los cuales, Brasil se constituyó en el país con mayor recepción de recursos con el 38%, para un total de 65.272millones de dólares, seguido por Chile con el 17.3% y un valor de 30.323 millones de dólares, en tercer lugar Colombia con el 9%, para un valor de 15.824 millones de dólares y en cuarto lugar Perú con el 4.7% para un total de 8.233 millones de dólares. (CEPAL, 2012; p. 3).

Colombia

Por sectores económicos de destino de la inversión, en el caso colombiano, se entregan las siguientes cifras:

Se destinaron 5.377 millones de dólares para inversión en hidrocarburos, equivalente a un 34% del total recibido; para la minera se asignaron 2.250 millones de dólares para un 14%; para el sector manufacturero: 2.049 millones de dólares correspondiente a un 13% y para sector servicios: 6.040 millones de dólares para un 38% del total de la IED en Colombia durante el 2012. (CEPAL, 2012)

Comparativamente en su análisis 2018, la CEPAL con cifras del periodo histórico 2011-2017 ubica a Colombia como el tercer país receptor de IED después de Brasil y Chile en Sudamérica con las siguientes cifras en millones de dólares, para 2011 la IED ascendió a 14.647, en 2012 15.039, en 2013 16.209, en 2014 16.167, en 2015 11.723, en 2016 13.850 y finalmente para 2017 ascendió a 13.924. Para reafirmar la diferencia entre el primer país como mayor receptor de IED y el último en Sudamérica tenemos a Brasil con 70.685 en 2017 y a Uruguay con 27. (CEPAL- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2018, pág. 30)

Así, América Latina, por ende y de manera particular Colombia, resultan regiones muy estratégicas. Colombia suma, además, estas razones:

cuenta con una reserva mineral diversa de gran importancia, así como una reserva hídrica y biológica de gran valor, - tiene acceso a dos mares lo que implicaría un desarrollo portuario importante, - un área espacial adecuada para la ubicación de satélites, - su posición en el continente es clave para el control militar de la región, - su dirigencia política es proclive históricamente, a la negociación favorable para los intereses extranjeros “confianza inversionista”, además de ser débil institucionalmente para la regulación, fiscalización para la protección ambiental y laboral (González Grisales & Insuasty Rodriguez, 3013, p. 375).

Vale reiterar que el Estado Colombiano está inserto en la dinámica de la economía mundial, soportado en una ideología neoliberal cuyos elementos más relevantes son: primero, un Estado mínimo, es decir, que la inversión privada sea quien regule la economía y que entre a aportar al desarrollo de la sociedad; segundo, que haya austeridad fiscal; tercero, la globalización de los procesos de expansión del capital en los Estados que reducen su soberanía a favor de otras políticas más globalizantes dictadas por organismos multilaterales (BM, FMI, Organización Mundial del Comercio OMC, entre otros) creados por los países desarrollados económicamente que propenden facilitar el comercio mundial.

Debido a este modelo neoliberal, el Estado colombiano quedó reducido, por un lado, al de facilitador y promotor de la actividad extractiva, actividad que puso en manos de inversores privados y segundo, de fiscalizador de dichos proyectos extractivos. De hecho, modificó toda su normatividad y diseño institucional para tal fin. Esto queda claro en el “Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002-2006” en el que se señala “…la iniciativa privada la única fuerza capaz de generar el desarrollo minero del país” (Ministerio de Minas y Energía de Colombia., 2006), Igual en el “Plan Nacional de desarrollo minero 2007-2010” (Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2007).

Colombia también asegura la estabilidad jurídica a los inversionistas, lo que incluye amplios beneficios tributarios (Ley de Estabilidad Jurídica para los inversionistas en Colombia, 2005). Los intereses del gran capital prevalecen incluso sobre el derecho de las comunidades.

Disparan las exenciones fiscales y llegan casi a anular las regalías. Pasan de $6 billones de regalías en el 2007 y exenciones tributarias de menos de un billón, a regalías de $6,5 billones en el 2009 y beneficios fiscales de $3,5 billones. Más de la mitad de las regalías se las están devolviendo. Permiten deducir las inversiones como si fueran costos de producción y con ello se anula prácticamente la obligación de impuesto a la renta (Hernández, 2011)

Para el Ministerio de Minas y Energía (2007) la calidad del ambiente de inversión y el aumento de la productividad total, en un medio de estabilidad macroeconómica.

Este modelo fue implementado durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010) y seguido por los dos periodos presidenciales de Juan Manuel Santos (2010-2014/2014-2018), quien incorporó este modelo en sus Planes de Desarrollo con el nombre de Las “5 locomotoras del desarrollo” (infraestructura, agricultura, innovación, minería, vivienda) (Dirección de Planeación Nacional Colombia, 2010).

Ahora bien, las cinco locomotoras se necesitaron para potenciar el eje central de la economía: re-primarizar el modelo, retornar a la época de la colonia, a una economía netamente extractiva. Este modelo promueve el detrimento medioambiental y los innumerables conflictos sociales, étnicos, territoriales desfavorables para las comunidades, para su seguridad alimentaria, para la permanencia en sus territorios, pérdida cultural, pérdida de saberes, de actividades económicas, entre otros impactos.

Para evaluar una sola de las locomotoras planteadas por el gobierno Santos, la denominada Infraestructura, se relaciona el siguiente texto del año 2015:

El Informe Global de Competitividad, elaborado por el Foro Económico Mundial, posiciona a Chile como el país con mejores carreteras en Latinoamérica; Colombia, Paraguay y Haití están entre los países con mayores problemas en su red vial (…) En este índice, el BM analiza, además de la calidad de la infraestructura, las percepciones sobre la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de los servicios logísticos, entre otros aspectos. Según el análisis del BM, Colombia, con un puntaje de 2,64, siendo 5 el máximo, está más cerca de Haití (2,27), el peor calificado de Latinoamérica (…) "Los proyectos de infraestructura involucran un monto no despreciable de complejidad en su planeación, financiación, construcción, operación y mantenimiento", le dijo Pablo Rodríguez de Almeida, jefe de infraestructura en el Foro Económico Mundial, a BBC Mundo. A la pregunta obligada: ¿cómo mejorar el panorama de la infraestructura vial en Latinoamérica?, Lancelot respondió: "Definitivamente el sector privado seguirá jugando un papel clave en el desarrollo de la infraestructura pero hay que tener prudencia frente al espejismo de que el sector privado va a resolver todos los problemas" (El Espectador, 2015).

Se reitera el modelo: el diseño de los que deben hacer los Estados y el cómo lo deben hacer, por parte de organismos multilaterales, por un lado, y por otro, se amplía el espacio de acción de las empresas privadas al delegarse la tarea de activar la locomotora de la infraestructura.

Según cifras oficiales, el programa de concesiones viales de cuarta generación junto con el programa de Vías para la Equidad que pretende alcanzar la construcción de 6.128 kms de vías, generará un aporte al crecimiento económico de 0,4% este año y de 0,5% por año entre 2017 y 2018 (…) el primer fondo de deuda para infraestructura gestionado por Ashmore Group con el apoyo de la CAF (Banco para el Desarrollo de América Latina) (…) En segundo lugar (cronológico), la venta de Isagen es un paso relevante para el fortalecimiento patrimonial de la FDN, (…). En tercer lugar… la Concesión Pacífico 3 logró obtener el 100% de la financiación requerida con la emisión de un bono híbrido (en dólares y UVR) (…) Este avance, o más bien, desatraso es fundamental ya que especialmente la cantidad y calidad de las carreteras en América Latina siguen siendo un factor de rezago en competitividad frente a importantes competidores como Asia emergente (Verdugo, 2016).

Así, esta manera de planear las locomotoras y su confianza total en lo privado viene causando diversos, profundos y degradados conflictos en los territorios. Por un lado, la innegable y desbordada corrupción como lo significa el caso Odebretch (El Tiempo, 2017), que no es el único (Dinero, 2017) A este se suman el Puerto de Buenaventura (Valencia & Silva Chica, 2016), hidroeléctricas como El Quimbo (Universidad Nacional de Colombia, 2015), Hidroituango (Colombia Informa, 2018), Porvenir II (Bernal, 2017), las microcentrales (Rios Vivos, 2014), el fracking (El País, 2017) y las múltiples licencias mineras a multinacionales. Todos estos procesos de corrupción afectan el agua, la economía agrícola, la cultura campesina, indígena y afro, la permanencia de las comunidades en sus territorios tanto urbanos como rurales (ABColombia, 2012), entre otros múltiples y delicados conflictos derivados de una manera de imponer y entender este llamado desarrollo.

La contradicción del modelo: entre la garantía y la vulneración constante de derechos

Queda claro que esta forma de aplicar un reordenamiento de los territorios, para anclarlos a las necesidades del llamado “desarrollo global” genera fuertes impactos en la naturaleza, en las comunidades y sus culturas, en las familias, en los individuos.

Eso puede verificarse en Colombia donde se presta una expropiación masiva de indígenas, campesinos y afrodescendientes, radicalizada desde hace un cuarto de siglo, lo cual ha significado que les sean arrebatados a esos sectores sus tierras, (unos seis millones de hectáreas), sus ríos y sus bosques, que han pasado a manos de empresarios capitalistas, narco-paramilitares y multinacionales. En ese proceso de expropiación, las clases dominantes han recurrido a todos los procedimientos violentos de despojo, lo cual debería asombrar y producir vergüenza al mundo. Como resultado Colombia ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de despojados internos, con una cifra de cinco y medio millones de personas, la mayor parte de ellos campesinos e indígenas. Este proceso de despojo violento” (Vega Cantor & Martín Novoa, 2016, pp. 309-310)

Las multinacionales, consorcios, empresas que acumulan riqueza gracias a la implementación de dichas megaobras del llamado desarrollo, se valen entre otras, para sus fines más que para el bien común, de: el desconocimiento, el miedo y la inseguridad que genera el mismo Estado, que debería actuar como garantes de los derechos de las comunidades y la naturaleza, pero que hoy actúa como buen gestor de la implementación de las megaobras planeadas desde las necesidades del mercado global, al momento de aplicar las cláusulas constitucionales y legales denominadas interés general, utilidad pública e interés social; especialmente, porque éstas se deben aplicar en el marco constitucional de los fines y principios que encierra el Estado Social de Derecho. Lo anterior debido al relativismo que se encuentra inmerso en dichas categorías, que están expuestas a la aplicación unilateral y caprichosa de los funcionarios del Estado que actúan por encima de las comunidades y afectados.

El principal problema al que se enfrentan tanto los afectados como los mismos funcionarios se encuentra en cómo aplicar las respectivas figuras jurídicas, de cara a un Estado que se dice Social de Derecho, entendiendo que las mismas buscan un funcionamiento adecuado y efectivo del Estado y a su vez se comprenden como límite contra los abusos que derivan del actuar del mismo Estado o de sus funcionarios y es también un elemento de protección frente a los particulares que tienen características estatales por ser prestadores de servicios públicos o simplemente contar con recursos o poder económico o político desproporcionado o asimétrico, que coloca en subordinación o indefensión al ciudadano o la sociedad que hace parte del conglomerado nacional

Es por lo que, sobre el tema, la Corte Constitucional haciendo referencia al interés general ha dicho:

Ante todo, es necesario aclarar que el concepto de interés general, como todas las normas constitucionales que consagran valores generales y abstractos, no siempre puede ser aplicado de manera directa a los hechos. La Constitución establece la prevalencia del interés general en su artículo primero, pero también establece la protección de numerosos valores relacionados con intereses particulares, como es el caso de los derechos de la mujer, del niño, de los débiles, etc. El Estado Social de Derecho y la democracia participativa se han ido construyendo bajo la idea de que el reino de la generalidad no sólo no puede ser llevado a la práctica en todas las circunstancias, sino que, además, ello no siempre es deseable; la idea del respeto a la diversidad, al reconocimiento de las necesidades específicas de grupos sociales diferenciados por razones de cultura, localización, edad, sexo, trabajo, etc., ha sido un elemento esencial para la determinación de los derechos sociales económicos y culturales y en términos generales, para el logro de la justicia.” Sentencia T-428 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón)

Por esto, el interés general no es un asunto de carácter absoluto, es decir, no prima sobre todos los demás derechos de la sociedad, por el contrario, el mismo se ve limitado por los derechos que se encuentran en los particulares y en los conglomerados sociales, es decir, no puede pasar por encima de los derechos fundamentales y los derechos colectivos de carácter social, económico y cultural. Ósea que el interés general no puede superponerse sobre derechos fundamentales de los niños, adultos mayores, discapacitados, grupos discriminados, étnicos, culturales, o el medio ambiente, los ecosistemas que protegen el conglomerado en general. Al ser derechos supraconstitucionales, implica que se deben resolver en primer lugar las necesidades particulares de dichos individuos o colectivos antes de realizarse la afectación o impedir la ejecución de dicho elemento, que atenta en el fondo contra la generalidad de la ciudadanía cuando se trata de asuntos ambientales o ecosistémicos, especialmente en los casos de la teoría de la imprevisión, o principio de precaución ante la probabilidad de daño a la comunidad o al medio ambiente mismo.

Ahora bien, la utilidad pública y el interés social se entienden como atribuciones extraordinarias que tiene el Estado y que utiliza frente a la necesidad de direccionar las actuaciones de sus administrados, sin embargo, dicho poder se ve limitado por el

derecho a la propiedad (…) “(i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas” Sentencia C/189 de 2006 (M.P. Manuel J. Cepeda Espinosa)

Pero cómo entender la utilidad pública y el interés social cuando estos no tienen una definición categorial o una explicación plausible, creíble y comprensible, cuando la definición de los conceptos se limita a hacer referencia a lo que diga la ley (ejemplo de ello son Ley 142 de 1994, Ley 1742 de 2014, Ley 1682 de 2013, Ley 1185 de 2008, Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, y Ley 397 de 1997, Ley 136 de 1994, el Acuerdo 46 de 2006, acuerdo 48 de 2014, el Acuerdo 13 de 2012, el Decreto Municipal 543 de 2013); y la norma, cuando hace referencia a ello, solamente informa que son todos aquellos bienes que pueda llegar a necesitar la administración pública, necesarios para construir obra pública, pero las declaratorias de utilidad pública y el interés social, nunca explican que significa que significan dichos términos.

A pesar de que los derechos de los ciudadanos deben prevalecer en la mayoría de los casos, sin embargo, sucumbe ante la norma que los obliga a entregar sus predios con los fines de permitir el desarrollo de obras públicas cuando la administración hace la declaración caprichosamente y se ampara en la función social de la propiedad:

No obstante, aunque con este modelo de Estado [ello no significa que se haya establecido que los derechos allí reconocidos sean absolutos o ilimitados. Por ejemplo, el artículo 58 Superior dispone que la propiedad privada tiene una función social y ecológica, implica obligaciones y debe ceder ante el interés público o social, al punto que es posible que el Estado lleve a cabo expropiaciones por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el Legislador. A su turno, el artículo 59 de la Carta indica que la propiedad privada debe también ceder frente al interés público en caso de guerra, para atender los requerimientos propios del enfrentamiento, lo cual incluye la posibilidad de que la propiedad inmueble sea ocupada temporalmente según las necesidades del conflicto. El artículo 332, por otra parte, señala que la libre iniciativa privada –como derecho- debe ejercerse dentro de los límites del bien común, y habilita al Legislador para que delimite el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación” Sentencia C/410 de 2015 (M.P. Maria V. Calle Correa)

Hay que repensar, desde el punto de vista del Estado, cómo debe actuar cuando el ciudadano está de por medio y los separa el derecho a la propiedad y la necesidad de la obra pública, es decir, como deba aplicar la administración las declaratorias de utilidad pública o de interés social, cuando de forma unilateral el Ente estatal puede expropiar los bienes. Es posible que la respuesta se encuentre en la aplicación de las garantías constitucionales de los principios de publicidad y debido proceso administrativo, sumado a la obligación de motivar todo tipo de decisión que tome la entidad de forma suficientemente razonada que no deje duda de la necesidad, ventajas y respeto de los derechos que derivan de la indemnización que nace en el momento de la notificación de la decisión.

Sin embargo, se mantiene una dificultad constante en todos y cada uno de los procesos de declaratoria de utilidad pública o interés social y que no se zanjan, justamente porque la administración no cumple con los mandatos legales, constitucionales y los tratados internacionales en el tema como lo son el pago previo o anticipado del valor justo y de la garantía de reubicación o reasentamiento en el sitio de la obra, tal y como lo establece el Numeral 21-2 del Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que sean resuelto en sentencias como la del Caso Palamara Iribarne; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú; Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, entre otros (CCC, 2009, C-133/09)

Hay otro elemento que se ha venido observando de forma paulatina y es que la administración pública, en la medida que pasa el tiempo, ha venido desarrollando y ampliado la cantidad de normas que permiten la expropiación de bienes por medio de la declaratoria de utilidad pública e interés social, pasando de normas que inicialmente se dirigían a la obra pública, como la construcción de puentes, carreteras, trenes, y transporte masivo; pero que con el paso del tiempo se extiende a obras de renovación, redesarrollo, conservación, consolidación, mejoramiento integral y desarrollo en áreas de expansión o sin intervenir (ley 388 de 1997). Más adelante aparecerán las que trae la ley 142 de1994, que lo regula cuando se habla de obras para la prestación de servicios públicos, después la ley 1682 de 2013 hará lo propio para los proyectos de transporte, después la ley 1742 de 2014 lo resolverá para el agua potable y saneamiento básico, sumado a la que se puede utilizar para proyectos mineros o de infraestructura y explotación de petróleo, es decir el legislador, ha venido ampliando las facultades del Estado para realizar dicha declaratoria, pero en el fondo no explica la metodología que deben tener las entidades públicas para definir la priorización de proyectos. Es por ello que al momento de llegarle a la comunidad no tiene claro por qué necesitan los terrenos, o que es lo que deben indemnizar, sumado a que no tiene los presupuestos completos o los diseños de las obras, lo que termina encareciéndolas, pero no porque los ciudadanos se opongan al desarrollo, sino porque la administración les impone un desarrollo que no es consultado y cuando se hace solo tiene por finalidad cuantificar y cumplir con los requisitos normativos, pero realmente jamás se les tiene en cuenta. Esto se puede apreciar en que, al momento de realizar los avalúos, estos no se realizan con respecto a la realidad, a la proyección del tiempo de la obra, las necesidades de los habitantes de tener un bien de las mismas condiciones que perdieron, y lo que es peor, nunca se les paga previamente como lo exige la norma constitucional, convencional de los tratados o la misma ley. Es decir, los afectados son simplemente engañados, porque solo les hacen la oferta de compra y pretenden que con ello sea suficiente para que desalojen, o se les paga arriendo por un periodo corto y luego se les deja a la deriva sin haberles pagado siquiera por el bien que perdieron, y en el mejor de los casos les abonan un porcentaje de la casa que no alcanza para tener una propiedad de igual o incluso de menor valor, y en caso de conseguir algún bien inmueble con lo que les pagaron por sus propiedades, termina quedando por fuera de la ciudad o demasiado alejado de ésta, lo que termina por generar adicionalmente afectaciones económicas, psicosociales y culturales.

Los afectados/víctimas del desarrollo

Las anteriores disertaciones son los elementos necesarios para comprender las tensiones y contradicciones derivadas de la visión del hombre y el desarrollo en la Modernidad, que nos permite establecer las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, ecológicas y científicas a las cuales nos enfrentamos, para con ellas poder realizar una conceptualización de lo que se entiende por afectación del desarrollo.

Hablar de afectados implica igualmente comprender cómo se caracteriza o se categoriza el término dentro de la construcción social, para ello es necesario comprender que la afectación se puede presentar de múltiples formas (o múltiples facetas), desde lo económico, cultural, emocional, étnico, ancestral, ecológico y político, hasta la afectación del núcleo de los derechos humanos: la dignidad humana.

Las afectaciones, en el plano económico, se evidencian ante la pérdida del empleo, de oportunidades de obtenerlo o la expectativa de tomar otro, como ocurre ante la instalación de represas sobre territorios agrícolas. Ello genera pérdidas económicas a sus propietarios, que son expropiados y adicionalmente a los empleados que se encuentran en dichas instalaciones, que no podrán ejercer el empleo que tenían y en ocasiones difícilmente se restituye en otro lugar, porque las condiciones climáticas y del terreno no siempre pueden sustituirse, pues muchas de las características que rodeaban las relaciones comerciales cambian ostensiblemente, cuando no desaparecen.

Desde lo cultural, desaparece todo tipo de contacto con la tierra, con el barrio, con la cuadra, con los vecinos, con el pueblo, con los amigos, con la sociedad alrededor y las condiciones específicas que comparten sus moradores, porque dependiendo de la novedad, sea esta urbanística, de amueblamiento, de megaobras, intervención o proyecto; se puede perder el parque, las obras de arte, los árboles, los puentes, escuelas, las cuadras o el pueblo entero como ha ocurrido en Antioquia con El Peñol, y aquellos hundidos en la construcción de Hidroituango.

Desde lo emocional se filtran las percepciones frente al desarrollo, ellas pasan por el temor, la indignación, desconfianza, pérdida, desarraigo, enojo y tristeza, todo ello cuando el actor se ve afectado y enfrentado a ese desarrollo, que se vende civilmente como una panacea de bondades, pero en la medida que se aplica se transforma en todo aquello esperado e inesperado incluso de quien genera el desarrollo. Ello genera la desconfianza, el temor, como lo explica Luhmann, "una persona que desconfía necesita tanto de más información como al mismo tiempo limita la información en la que se siente seguro que puede confiar. Se hace más dependiente respecto a menos información" (Luhmann, 1996, p. 124), lo que la hace susceptible de ser engañada y manipulada bajo ciertos intereses. Esto evidencia que el desarrollo genera campañas de información que afectan lo emocional, premiando la necesidad con la esperanza y el deseo de mejoría, pero no explica los costos que puede llegar a producir, en caso de fracaso o de reveses, al momento de tener resultados inesperados.

El desarrollo, en el plano de lo étnico, ha generado afectaciones al generar estrategias dirigidas a destruir las idiosincrasias, por medio del elemento de macartización, que también pueden tocar lo emocional (Friede, 1976), tildando a los indígenas, afros, mestizos mulatos o gitanos como perezosos, sucios, borrachos, pobres, incultos, o incluso como inexistentes (Kalmanovitz, 2015; Camargo, 2011); todo ello con el fin de justificar el desplazamiento o los maltratos a las comunidades, por las supuestas obstaculizaciones que ellas realizan al desarrollo (Vallejo & Insuasty, 2012; Velásquez, 2009; 2014; Borja Bedoya, 2013).

El componente ancestral, ante el desarrollo, ha visto como la memoria histórica ancestral (patrimonial), fundada en las cosmogonías y comportamientos propios de los pueblos indígenas, afros y raizales, intenta borrar sus costumbres (Unesco, 2006; Friedemann, 1979; Zambrano, 1998; Restrepo & Rojas, 2004;) lo que ha llevado a constantes luchas por el territorio (Coronado, 2010; Neyder, 2011) sin que ello haya implicado el respeto por las comunidades etnias, pueblos o culturas (ONIC, 2018; Pacheco, 2018; El Colombiano, 2018).

Lo ecológico ha sido uno de los puntos esenciales en las disputas actuales frente al desarrollo, y ha venido ganando fuerza en razón a las consecuencias certificadas de la destrucción y afectaciones a la salud humana, lo que ha desencadenado en nuevos elementos de juicio que permiten comprender que el desarrollo no es la panacea que resuelve los problemas de las comunidades al darles mayores empleos o divisas económicas, ya que las consecuencias sobre el medio ambiente, la conservación de la vida y su diversidad, así como la salud humana termina por revertir las ganancias y transformarlas en pérdidas, especialmente para las comunidades y a largo plazo sobre la nación y el sistema de seguridad social, fenómeno que se puede evidenciar en casos como la producción de asbesto, la minería en todas sus formas, el petróleo como cadena productiva, el plomo, la ganadería extensiva, la agricultura de monocultivo y la extracción de recursos (Semana, 2017; Silva, 2014; El Tiempo, 2018, El Colombiano, 2018a, FAO, 2006; Vilches, Gil, Toscano & Macías, 2009). Desde lo político se pierden las asociaciones, desde las culturales, deportivas, estudiantiles, hasta los mismos directorios de partidos, se desvanecen los esfuerzos realizados por las comunidades por hechos que consideraban necesarios urgentes, como la calle, el parque, el puente, la fiesta, como ocurre con los Festivales del Río, del natalicio o la simple ceremonia social, lo cual se convierte en un detonante social cuando en el mismo se incluye la violencia en razón a la búsqueda de explotación de recursos por los grupos armados al margen de la ley (Leiteritz, Nasi & Rettberg, 2009; Sandoval, Marín y Almanza, 2017; El Tiempo, 2016, 2016a, El Espectador, 2014; De la Hoz, 2009).

En últimas, el desarrollo desordenado, inconsciente, colonizador, destructivo, que hoy retorna al voraz extractivismo, caso Colombia, genera una serie de daños en varios órdenes de la naturaleza, en el campo, en el ecosistema, en el medio ambiente, en el hombre mismo como especie y como miembro de un ecosistema, bioma y hábitat específico. Ello sin contar que aun el desarrollo sostenible (ONU, 1992; 1992a) no es viable en la medida que la demanda de recursos es superior a la realmente necesaria. Esto se puede evidenciar con las toneladas de basuras en plásticos, desechos orgánicos, escombros, industrial, nuclear y con riesgo biológico producidas en el mundo (Hernández & Corredor, 2016; Solarte, Rodríguez & Solarte, 2015; Díaz & Causado, 2007). Los anteriores condicionantes permiten establecer cómo el hombre en búsqueda del desarrollo económico ha descuidado los demás componentes de lo que nos hace humanos. Incluso Naciones Unidas, dentro de su Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, informa sobre su objetivo principal que se encuentra en su artículo primero al decir

Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. (p. 5)

Es apenas lógico que, el actuar de la sociedad económica, conlleve una serie de afectaciones que surgen de ese desarrollo económico que acumula capitales, pero despilfarra los recursos naturales para transformarlos en productos que no beneficia a la mayoría de la población, trayendo ganancias a unos pocos y daños a la mayoría. Este tipo de acciones se evidencian igualmente en la construcción de obras que destruyen la naturaleza, los hábitats o moradas, para renovarlas o reconstruirlas, dejando como resultado en el mejor de los casos la gentrificación de la población (Borja, 2010; 2003; Brenner, Peck &Theodore, 2015) o la pérdida del suelo cultivable, y en el peor de los escenarios la pérdida de especies, bosques, ríos, selvas y ecosistemas.

Como otro elemento de análisis están las licencias ambientales que se otorgan a los proyectos que generan mayores riesgos para la salud humana y el ecosistema, como lo son las autorizaciones en sectores como los agroquímicos y proyectos especiales (pesticidas, plaguicidas, introducción de especies, criaderos y organismos vivos); energía, presas, represas, trasvases y embalses (construcción, operación, exploración y proyectos); hidrocarburos (exploración, perforación, explotación, transporte, conducción, construcción y operación); infraestructura (construcción, ampliación, operación, dragado, estabilización, redes, vías, túneles); y la minería (carbón, materiales) (ANLA, 2018). Aquí se encontró que actualmente se tienen más de 9594 títulos mineros, que comprometen más de 5.084.084.91 hectáreas de tierra, que equivale al 4,5% del total del territorio colombiano. Los materiales de construcción tienen 3.711 títulos, es decir los referentes a piedras, arenas y cementeras; mientras hay 2261 títulos para explotación minera en campos como el oro, plata y platino entre otros; aclarando que solo el carbón tiene actualmente 1534 títulos; teniendo 354 títulos para esmeraldas, 13 para níquel como el de Cerro Matoso en cabeza de la BPH Militon (Valencia & Marín 2017; El Espectador, 2015).

Dichos títulos mineros, no se encuentran en cabeza de pequeños mineros o mineros artesanales, por el contrario, dichos títulos mineros terminan beneficiando a unas pocas empresas privadas y especialmente a multinacionales que dejan realmente pocas ganancias al Estado. Con ello no se quiere desconocer que puede existir un daño ambiental producto de algunas prácticas, que a menor escala, usan elementos y métodos como agua, lixiviación, cianuro, plomo o mercurio, que generan contaminación, aunque no en iguales proporciones a la gran minería.

Las cifras, según la Agencia Nacional de Minería ANM, son:

Es necesario aclarar que los títulos mineros que se encuentran en las zonas de resguardos indígenas, en algunos casos no son de comunidades indígenas y que estas comunidades tienen legalmente la potestad de conceder o negar los títulos mineros, razón por la cual la información de la ANM se presta para equívocos que pueden ser de buena o mala fe por parte de la agencia, que no da explicaciones sobre el porqué ubica estos títulos como si los indígenas fueran sus propietarios. Adicionalmente, con ello no se les permite ejercer su jurisdicción en un territorio que les es propio y que históricamente han habitado, viéndose afectados igualmente por un desarrollo que no respeta costumbres, títulos reales de la Colonia o derechos de los pueblos. Como casos emblemáticos al respecto se pueden relacionar el Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, y el municipio de Marmato, en Caldas, ya que se otorgaron licencias sin haber consultado el pueblo indígena y las comunidades asentadas en dichos territorios (CCC, 2017, SU133/17; 2016, T-530-16).

Es particularmente extraño que a las comunidades indígenas se les considere como propietarias de títulos mineros, pero no se les deje ejercer el derecho a no disponer de los mismos e impedir la explotación minera en sus territorios. Lo que evidencia que las personas que componen dichos núcleos étnicos sociales en Colombia siguen cumpliendo la misma tarea de la colonia, es decir, solo los utilizan para culparlos como chivos expiatorios, a quienes se les recortan sus resguardos, utilizando los mismos como mazmorras para las comunidades o camuflándose con supuestas propiedades que no se pueden laborar o están inhabilitadas para ser productivas (Friede, 1976)

Conclusiones

¿Se justifica que los proyectos de “desarrollo” vulneren los derechos de las comunidades, de los pueblos, de la naturaleza y pongan en riesgo el futuro y sostenibilidad humana?

El desarrollo económico como meta mundial, nacional, regional y local ha terminado convirtiéndose un enemigo mismo del planeta, el desarrollo económico está divorciado de la naturaleza y el hombre mismo, lo que derivará constantemente en una serie de afectaciones sobre el hombre mismo en todas las dimensiones de su actuar, y sobre la naturaleza.

Se resquebraja el tejido social y el arraigo. Se reiteran los daños al tejido social, a sus labores económicas, su presente y futuro se ven en riesgo, deberán ir reconstruyendo todos sus planes y proyectos de vida individual y colectivos. Se pone en riesgo el presente y futuro de estas comunidades, dejándolas en peores condiciones que las que ya tenían, en tanto el suelo se hace menos productivo, deben poco a poco empezar a buscar nuevos lugares habitacionales que con los posibles pagos e indemnizaciones no alcanzaría para cubrir los costos actuales de vivienda en la ciudad de Medellín, ciudad a la que pertenecen. Es necesario repensar por qué y para que el desarrollo, a quién beneficia realmente, porque se hace por encima de las comunidades, y porque se utiliza la norma (Valencia Grajales, 2014a). como elemento de despojo para obligar a los habitantes de los territorios a entregar sus tierras con la disculpa de la obra pública, el interés general, el interés social, o la utilidad pública, lo que no solo afecta las comunidades, sino los entornos ecosistémicos, sino la misma naturaleza, que luego pasa factura por medio de fenómenos naturales imprevisibles o irresistibles.

Existe en Colombia una larga tradición respecto a la defensa del territorio, desde movilizaciones, mingas, marchas, constituyentes municipales, hasta las recientes consultas populares llevadas a cabo en diversos municipios para impedir la expropiación de los territorios de cuenta del extractivismo sobre los recursos naturales, son algunos ejemplos; pese a esto, la economía en Colombia que se basa precisamente en la extracción de recursos, el Estado y el capital privado nacional y transnacional no tienen escrúpulos a la hora de imponer su modelo hegemónico depredador.

Para la superación del conflicto armado en Colombia, se ha puesto de moda el concepto del desarrollo con enfoque territorial, un adjetivo al desarrollo que en esencia busca superar la iniquidad en el agro, avanzar en infraestructura, legalizar predios, estimular la autonomía y seguridad alimentaria nada diferente a lo que podemos encontrar al leer planes de desarrollo-sostenible, sustentable-rural alternativo, integral de los corregimientos de Medellín, sin embargo sus realidades distan mucho de lo que plantean (Rojas Bolaños, Insuasty Rodríguez, Mesa Duque, Zuluaga Cometa, & Valencia Grajales, 2020).

Lo anterior busca significar que el territorio rural o urbano, en términos de su planeación no responde a los imaginarios y necesidades de sus habitantes, el desarrollo como proceso y realidad se construye en forma piramidal de arriba hacia abajo, esto es de lo global a lo local y con una estrecha o nula participación efectiva de ciudadanas y ciudadanos. Urge hoy, fortalecer esa capacidad organizativa resquebrajada, con ella, la necesidad de crear alternativas, otros mundos posibles, crear e implementar unas políticas públicas que garanticen y protejan de manera cierta y real, a las comunidades que están inmersas en estas problemáticas, que tengan derecho a una vivienda digna, a que se les reconozcan las compensaciones e indemnizaciones justas, que haya claridad con respecto a quién es un morador y que en efecto se garanticen sus condiciones de vida sin ningún tipo de detrimento.

De fondo, tenemos la tarea de cuestionar, problematizar, repensar ampliamente la idea de “desarrollo” pues, estamos ante un clara imposición de las necesidades de la economía global, que termina reconfigurando los territorios urbanos y rurales de la misma forma; esa necesidad de la economía global termina capturando a los estados, que han dejado de ser autónomos y su función se limita al poder suplir las necesidades de la economía de mercado, las necesidades de los que llamamos o del mundo desarrollado, lo que implica para los “subdesarrollados” unas condiciones de despojo y unas condiciones de no vida, aunque sean esos territorios donde se produce la vida diversa.

La lucha por otros mundos posibles avanza y se teje desde abajo, desde el duro aprendizaje del dolor causado por la violencia que ejerce este modelo económico, pero implica repensar los conceptos que hasta ahora creemos como válidos y repensar unos nuevos que den cuenta de nuestras reales necesidades, porque hay un desfase entre la realidad y el corpus teóricos (Valencia Grajales, 2014), que no da cuenta que somos seres humanos, que habitamos un ecosistema, y solo somos parte del mismo pero no los amos y señores del mundo como se nos ha venido vendiendo desde la era industrial.

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Notas