Entre las obras que trataban en la misma época del mismo tema, sólo dos son dignas de mención: "Napoléon le Petit", de Víctor Hugo y "Coup d'Etat", de Proudhon. Víctor Hugo se limita a una amarga e ingeniosa invectiva contra el editor responsable del golpe de Estado. En cuanto el acontecimiento mismo, parece, en su obra, un rayo que cayese de un cielo sereno. No ve en él más que un acto de fuerza de un solo individuo. No advierte que lo que hace es engrandecer a este individuo en vez de empequeñecerlo, al atribuirle un poder personal de iniciativa que no tenía paralelo en la historia universal. Por su parte, Proudhon intenta presentar el golpe de Estado como resultado de un desarrollo histórico anterior. Pero, entre las manos, la construcción histórica del golpe de Estado se le convierte en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Cae con ello en el defecto de nuestros pretendidos historiadores objetivos. Yo, por el contrario, demuestro cómo la lucha de clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe.

Fuente: (Marx, 2003, p. 7-8) (Subrayado agregado).

Introducción: análisis de coyuntura y estallido social

A finales de abril de 2021, en Colombia se empezó a configurar una auténtica coyuntura política-económica susceptible de analizarse con criterios sociológicos, teniendo en cuenta una mirada de media, corta (Osorio, 2016) y larga duración (Braudel, 1970); un mapeo de los actores en contienda y su correlación de fuerzas (poderes); un balance que pondere la contradicción fundamental que la estructura y las contradicciones particulares de cuya integralidad resulta tal estallido; una lectura crítica de los detonantes del acontecimiento conflictivo tanto en su aspecto fenoménico como en su esencia, y una aproximación a la condensación acelerada de tensiones contenidas en un mismo espacio-tiempo, correlato de la transversalidad de las leyes del capital como conjunto de relaciones sociales (Osorio, 2019; Nieto, 1993). Pero también exige una mirada prospectiva (De la Garza, 2018), es decir, que se visualicen las tendencias (hacia dónde pareciera dirigirse, no hacia dónde inevitable y teleológicamente se dirigirá), el devenir o desenvolvimiento de la contradicción, consecuentemente, en el corto y mediano plazo. Este ejercicio no pretende teorizar el análisis de coyuntura como método sociológico de investigación e interpretación de las contradicciones sociales, pero se apoya en sus preceptos para reflexionar el acontecimiento histórico acaecido entre abril y junio de 2021 en Colombia.

En efecto, con el estallido, se asistió a una expresión efervescente y concreta de la contradicción fundamental-estructural del modo capitalista de producción, la misma que lo ha atravesado desde que este se impuso, con total claridad, a partir del siglo XVIII: producir socialmente y apropiarse privadamente la riqueza, como resultado de relaciones sociales en cuya base (al tiempo estructural-económica y superestructural-jurídica) está la propiedad privada sobre los medios de producción con arreglo al capital; dicho de otro modo: la transfiguración en mercancía del ser humano y la naturaleza en su conjunto, muy especialmente, la conversión del trabajo en fuerza de trabajo asalariada, es decir, el trabajo como mercancía creadora de valor para dar vida al capital (que, a su vez, da origen a la contradicción trabajo asalariado-capital, piedra angular de la teoría crítica del valor trabajo) (Marx, 1975a; Hobsbawm, 2009).

Las ondas de un sismo social pueden prolongarse a lo largo del tiempo,de acuerdo con las resoluciones que se hayan presentado, esto es, las secuelas de los tipos de violencia, alianzas y divisiones establecidas entre actores en el marco de la movilización, acuerdos y cuentas por saldar al final de la contienda, la correlación de fuerzas postconflicto, entre otros. La importancia de un buen análisis de coyuntura reside, justamente, en que logra captar los aspectos más importantes del sismo, develar las posibles tendencias y, a partir de allí, ganar basamentos teórico-prácticos para venideras contradicciones que puedan tornarse antagónicas. Un análisis de coyuntura post-estallido social, puede serle útil a las masas para prepararse mejor pensando en próximos levantamientos de magnitudes semejantes, acontecimientos que muy probablemente se volverán a presentar en el corto tiempo, teniendo en cuenta lo experimentado en medio de la confrontación y la tendencia de las contradicciones político-económicas en Colombia, en especial, el aumento de la pobreza, el hambre, el desempleo y, quiérase o no, las elecciones parlamentarias y presidenciales 2022, las mismas que pueden acelerar o mitigar –jamás resolver cabalmente– los detonantes que originaron el estallido.

El contexto concreto para el análisis de semejante contradicción es Colombia, con trazas históricas de media duración (cuando menos, desde la última década del siglo XX), actores claramente en contienda (Estado y sus múltiples aparatajes, gobierno, pueblo oprimido, masa crítica), agregándose, a cada contradicción contingente y/o particular (en cuanto tiempo, espacio y actores), elementos que agudizan y hacen más visibles las contradicciones que brotan desde las más profundas entrañas del capital global.

No es una contradicción puramente nacional, o el resultado apenas de un gobierno y una reforma de turno. Se trata, en cambio, de una dialéctica más amplia y compleja, ante la cual el horizonte analítico obliga revisitar y revalorar categorías de análisis claves (clases, lucha de clases, capitalismo, imperialismo, Estado), desmarcándose de perspectivas esencializantes y esencializadoras de "la protesta" o "el paro" o “la movilización social” (otra de las tantas disputas, en este caso semánticas con alcances conceptuales, para denominar lo que ha estado pasando). La protesta, el paro, la movilización, en últimas, las masas que se han alzado para repeler y resistir la opresión y represión del Estado (resistencia sumamente importante, valiosa y necesaria en medio de un gobierno autoritario con claras muestras de prácticas fascistas, síntesis de más de 20 años de autoritarismo y tendencias fascistas, acentuadas en el octenio de Uribe), no debería tapar lo que subyace a este mar de leva beligerante y ruidoso: la búsqueda de los múltiples y diversos factores que se entroncan en una estructura maciza y en movimiento (y que no saltan a la vista, no están en la superficie y poco se pregonan en las consignas de quienes se manifiestan), que dan vida a este momento histórico, es la tarea.

Asimismo, el fenómeno o acontecimiento que origina esta coyuntura (el intento fallido, temporalmente, de reforma tributaria en el marco de los estragos económicos y políticos que han ocurrido con la pandemia decretada por la Covid-19) y los responsables nacionales directos de la misma (el Estado, el gobierno, el Congreso, la coalición de gobierno, la burguesía burocrática proimperialista), no pueden definir el horizonte analítico estrechamente parroquial-nacional, electorero, electoralista, reformista, pro statu-quo o partidista democrático-burgués. Por el contrario, esto no debería ser más que las huellas a seguir para reconstruir la totalidad compleja (Osorio, 2016), o sea, la multiplicidad de variables aprehensibles a partir de las relaciones sociales, que implica entonces la reconstrucción de la totalidad concreta (Kosík, 1967), síntesis de múltiples determinaciones (precedentes históricos, no teleologías ni determinismos futuristas), unidad de lo diverso.

De nuevo: se presenció, parafraseando literariamente al Marx satírico de El dieciocho brumario, la comedia que secunda a la tragedia. Ocurre que, en este caso, comedia y tragedia se han integrado, son una y la misma: es la tragicomedia estructural del capitalismo-imperialista^[2] ensañado sin misericordia sobre millones de seres humanos del planeta, y que encuentra en esta Colombia un caldo de cultivo ideal, con un Estado servil y sucesivos gobiernos lacayos –que, como se mostrará en este texto, no pueden ser de otro modo en tanto la ruta jurídica, normativa y democrática burguesa a través de la cual llegan al poder, les marca la cancha, les traza el camino–, para expandir, a la par de sus necesidades de ganancia, miseria crapulosa y opresión: es la farsa del Estado social de derecho colombiano, retrato a escala nacional del modo capitalista de producción y reproducción de la vida material y espiritual.

Con la consciencia de que la tarea de dar cuenta a plenitud de la estructura que atraviesa esta coyuntura es titánica, pero además enmarañada a raíz de que la coyuntura sigue viva^[3], se propone un punteo en forma de ensayo −tratando de aportar al debate que se ha generado en torno a este momento− sin mayores pretensiones que describir y analizar críticamente algunos de los aspectos claves que confluyen y hacen parir el acontecimiento, a partir de este extraordinario coctel que mezcla diversos y variopintos actores y fenómenos. Ergo, se tratará de mostrar, primero desmenuzados y luego como totalidad analítica, los hechos y actores más destacados de la coyuntura (y que, se reitera, no se detiene, sigue su curso, está en movimiento), intentando documentarlos lo mejor posible, de forma tal que el resultado aporte al debate –como lo propone el subtítulo de esta primera entrega– y a la reflexión suscitada al calor de las manifestaciones recientes y, finalmente, adoptar una postura política bien definida respecto a lo que se analiza.

No se escribirá un solo texto con todo el contenido del debate. Se opta, con la licencia del grupo de investigación Kavilando y sus medios de difusión científica, por escribir en tres entregas los contenidos temáticos del análisis. El primer artículo expone y analiza –además de esta introducción– el acontecimiento a partir del intento de reforma tributaria, la deuda externa pública y el lastre de la corrupción, a lo que se agrega la mirada de media duración, situando el análisis a partir de 1990, hasta llegar al gobierno Duque. El segundo artículo se detendrá en los principales actores del estallido social y el lugar de la violencia de las masas y el Estado durante las protestas. El tercer artículo, además de elaborar una reconstrucción analítica del estallido social 2021 con base en toda la información recabada, discutirá el papel de la democracia (burguesa) como horizonte de posibilidades, el posible ascenso de un prototipo de ideología filofascista al Estado y al conjunto de la sociedad que mostró sus dientes durante las manifestaciones, el escenario electoral parlamentario y presidencial, el papel del pueblo y del proletariado colombiano (en sí, como sujeto organizado de clase) en las luchas que se dieron y las que se vienen en este país y en el mundo, y el lugar que ocupa el imperialismo en todo este embrollo.

Dos aclaraciones finales, necesarias, en relación con la centralidad del debate sociológico aquí propuesto y al objetivo de este texto. La primera aclaración alude a que, aunque se disecciona el problema en diversos aspectos, no se crea que se ven separados o que, a priori, uno de ellos se constituya en el factor decisivo o, como lo nombrara Mao Tsetung (1968), en el aspecto principal de la contradicción: toda contradicción tiene aspectos principales y secundarios, pero en este texto el orden de la presentación no es un indicador de tal cosa. Tampoco el momento de aparición de los apartados o subtítulos significa, per se, la preponderancia o subordinación de unos y otros. Por ejemplo: el primer punto que aborda la relación reforma tributaria-deuda externa, no indica que esta cuestión sea decisiva por sobre los actores en disputa, la democracia burguesa, el imperialismo o la contradicción capital-trabajo a escala global. Significa, ni más ni menos, que para abordar la coyuntura en perspectiva sociológica, el texto reflexiona el papel de la conexión reforma tributaria-deuda externa, como una variable de necesaria consideración, pero además como la punta del iceberg, el fenómeno empírico que abre la puerta al entendimiento del problema tratado.

La segunda aclaración atiende el objetivo del presente escrito. Se trata, en primera instancia, de construir una especie de guía para dialogar con personas y colectivos que no habitan, necesariamente, el mundo académico, y con quienes se entró en contacto en el más candente fragor de la movilización social ^[4]. En tal sentido, buena parte de lo que se presentará, probablemente sean temas “trillados” en las universidades, difundidos en medios de comunicación o debatidos en los cientos de foros y conversatorios virtuales que se dieron durante el estallido social 2021, pero que afloraron todo el tiempo en medio de los conversatorios, talleres y espacios de reflexión en la calle.

Lo anterior no significa que no se pongan en discusión problemas de orden conceptual o teórico. Lo conceptual-teórico irá transversalizando las reflexiones que resultan de los hechos materiales-objetivos en los que se apoya el texto, pero no se partirá de ello, es decir, el punto de arranque será la realidad que se tiene en frente, la ebullición de las contradicciones que se constituyen en la puerta de entrada al fenómeno y, a partir de allí, emergerán las elaboraciones conceptuales y perspectivas teóricas. Pero también la idea es seguir compartiendo con personas y colectivos que no tienen la oportunidad (o no les interesa…que también las hay) de habitar las universidades, análisis que partan de ciertas cuestiones aparentemente “elementales” y que no necesariamente lo son: el endeudamiento externo, la caracterización sociológica del actual gobierno, la Constitución de 1991, los actores de la movilización, entre otros, pueden verse como trivialidades al lado de categorías de análisis con tradición científica, pero no por ello deben pasarse por alto si lo que se busca es llegar a un público no estrictamente académico.

Se sabe, con todo lo anterior, que “el arma de la crítica” de un texto no puede sustituir a la “crítica de las armas” (Marx, 1968), esto es, resistencias, luchas y rebeliones que el pueblo y las masas colombianas vienen desarrollando –con predominio de la espontaneidad– sistemáticamente, día a día, sin tregua. Cualquier sujeto de academia que construya este tipo de textos o que participe en escenarios de debate, si quiere realmente aportar a la resolución de la actual contradicción en favor del pueblo que lucha, tendrá que vincularse con esas masas y asumir el reto de entender y hacerse entender, de guiar y permitir ser guiado, de interrogar y dejarse interrogar, de cuestionar y aceptar el cuestionamiento, de captar la subjetividad y el pensamiento de la gente respecto a esta coyuntura y, desde una perspectiva que se proponga transformar de raíz todas las contradicciones estructurales y superestructurales generadas por la formación económica capitalista, ayudar a canalizar el cumulo de estas luchas e imaginarios hacia la destrucción de ese nodo que las origina y las totaliza. He ahí, uno de los tantos retos que se tienen desde el mundo académico que defiende la ciencia y, al tiempo, los pilares de un mundo libre de todas las formas de opresión basadas en la propiedad privada, las clases, las relaciones sociales y las ideas que de allí emanan (Marx, 2015).

1. El acontecimiento como detonante: reforma tributaria, deuda externa y corrupción

¿Por qué en medio de los mayores índices de pobreza, miseria y hambre −huelga decir, agudizados por el confinamiento obligado de la población durante casi seis meses producto de la “emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” (Ministerio del Interior, Decreto 457 de 2020)−, el Gobierno de Iván Duque decide lanzar una reforma tributaria? El detonante del “estallido social” fue un popurrí de hechos en torno a la “Ley de Solidaridad Sostenible”, máscara con la cual se pretendía cubrir el verdadero rostro de la susodicha reforma.

La reforma pretendía gravar productos de consumo básico e incluso servicios como los funerarios (que, dada la facilidad con la cual la vida es arrebatada en este país, termina siendo otro servicio esencial) que no tenían la carga impositiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El objetivo era recaudar 23 billones de pesos ($23.000.000.000.000)^[5], buena parte de los cuales provendrían de las clases medias y las masas trabajadoras. Desde 1990, con seis presidentes piloteando el Estado, los sucesivos gobiernos de turno, en suma, propusieron y ejecutaron 20 reformas tributarias (Salazar, 2021a). El reformismo tributario es, por tanto, una constante o tendencia del Estado colombiano en las más recientes décadas^[6]. Ahora, ¿por qué estos gobiernos se han visto obligados a hacer tales reformas? En los últimos 10 años, la inversión extranjera en este territorio ha sido de 72.484 millones de dólares (Amaya, 2020). Asimismo, para su funcionamiento (esto es, cubrir el déficit que se genera entre lo que recauda y lo que gasta), el Estado –este tipo de Estado– debe recurrir a endeudamientos con instituciones financieras internacionales y, luego, establecer los lineamientos políticos necesarios para cumplir con los pagos.

Entra en escena la deuda externa pública (que es como se conoce a los empréstitos del Estado, pues también se endeuda, directamente, la gran burguesía colombiana, la misma que será descrita a lo largo de las tres entregas) (Banco de la República de Colombia, 2021a)^[7]. Pero ¿qué hace el Estado con el dinero que recibe en forma de préstamo? En principio, los dólares que ingresan por deuda externa tienen como fin primordial la construcción de obras públicas y pagar intereses de deudas anteriores (así como se lee: ¡el Estado se endeuda para pagar deuda!)^[8].

El pretexto más común para sumergirse en ese agujero negro, es que “solo se puede salir del subdesarrollo endeudándose”: si los dineros provenientes del endeudamiento externo van a parar a la construcción de vías, megaobras y mejoramiento de infraestructura en el territorio nacional, parece lógico el argumento que iguala a la deuda con “salir del subdesarrollo”, pues ello presupone que las mercancías que aquí se producen y las que llegan de otras latitudes, circulen fácilmente y se generen condiciones de riqueza. Sin embargo, como se ha encargado de mostrarlo la historia, lo contrario ha sido lo cierto: tanto más se endeuda el Estado colombiano, tanto más se han deteriorado no solo las finanzas públicas sino, en especial, la naturaleza y la biodiversidad del país, pues sobre ellas (pasando por encima de ellas) se instalan las grandes obras de infraestructura, la megaminería, las grandes vías y puertos, los represamientos de los ríos, los monocultivos agroindustriales y la ganadería extensiva.

La verdad es que con el endeudamiento se genera un tipo de desarrollo acorde a las necesidades de una élite burguesa nacional y del capital transnacional, y las migajas que se desprenden de dicho desarrollo a veces llegan al pueblo vía trabajo o vía comercio, pero la balanza donde se ubica lo que se destruye Vs lo que se gana, se inclina, más temprano que tarde, del primer lado. Vía destrucción de la naturaleza de la mano de un Estado servil a los puros intereses del capital y que opera bajo la lógica de la deuda externa, la degradación y deterioro representa el aporte desarrollista del Estado al antropoceno (Trischler, 2017) ^[9], es decir, a una nueva era geológica que antecedería a la sexta extinción: la humana. Si los recursos del endeudamiento externo y los condicionamientos que de allí se desprenden tienen como fin, predominantemente, la construcción material de mejores condiciones para la fluidez del capital (principalmente transnacional), y este a su vez opera destruyendo ecosistemas (generalmente rurales), no puede desligarse la ley del endeudamiento que aplica en este sistema del deterioro de la naturaleza que, para algunos climatólogos, está llegando a un punto de no retorno o punto de inflexión (Hansen, 2009).

Pero, a la luz de todo lo anterior, cabe preguntarse: ¿cuál es la situación actual de la deuda externa del Estado colombiano (y que, siendo del Estado, está obligada a pagar toda la población)? A enero de 2021, la deuda externa pública llegaba a US$91.988 millones, aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto (PIB), señalado anteriormente (Banco de la República de Colombia, 2021b). Para hacerse una idea del impacto de la deuda externa en el desenvolvimiento de una nación como la colombiana, obsérvense estas cifras: el presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso de la República (se hace énfasis en este órgano del poder legislativo: aún con desacuerdos entre las distintas bancadas, el Congreso, donde confluyen las principales organizaciones partidistas que representan a la masa de votantes, aprueba y/o legitima esta y todas las leyes de la República) para 2021 fue de 313,998 billones de pesos (Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación, 2020). De este monto, el 24,2%, equivalente a 70,52 billones, se destina al “pago del servicio de la deuda”. Dicho de otro modo: cerca de un cuarto del gasto del Estado se destina a pagar, fiel y religiosamente, las acreencias con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Desarrollo de América (CAF), entre algunos otros órganos de la banca internacional. A su vez, estas entidades y, más directamente, las agencias calificadoras de riesgo^[10], determinan la viabilidad y capacidad de endeudamiento de los Estados y, al tiempo, les “recomienda” lo que deben hacer para subir sus calificaciones y hacerse más “atractivos” a la inversión y el empréstito extranjero.

Como se ve, es una especie de círculo vicioso que no tiene como romperse bajo la naturaleza política y jurídica del Estado burgués y la instalación de los distintos gobiernos en sus instituciones. Desde los aparatos políticos de Estado (para este caso, Planes de Desarrollo, leyes, decretos, políticas públicas, entre otros), los gobiernos garantizan el cumplimiento de las recomendaciones externas, sin salirse del mandato constitucional, antes bien, cumpliéndolo. Con ello, todos los gobiernos que se han parapetado en el Estado pignoran el destino económico de la ciudadanía del país sometiendo, al grueso de la misma, a la pobreza, la ignominia y la miseria que hoy llega a niveles escandalosos (en otro momento se precisarán las cifras). Cada gobierno que ha llegado al Estado y toma las riendas de sus instituciones, indefectiblemente, tiene que formular y proponer reformas como la “Ley de Solidaridad Sostenible” que originó este brote de exaltación social, porque es inherente al tipo de Estado sometido al dominio y las leyes del capital global, del imperialismo.

A la deuda externa que condiciona los destinos de la nación, debe agregarse otro de los fenómenos que se ha constituido en un rasgo distintivo del Estado: la burocracia colombiana, la institucionalidad estatal de este país, es uno de las más corruptas del mundo^[11]. De acuerdo con las afirmaciones del entonces Contralor General de la Nación en 2017, Edgardo Maya, en este país los corruptos se roban entre 40 y 50 billones de pesos “de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales” (Betín, 2017), equivalente, aproximadamente, al 15% del presupuesto general de la nación para 2021.

Podría pensarse que la corrupción es apenas una mancha en el funcionamiento de este tipo de Estado, un saco pequeño de papas podridas en medio de la carga completa de burócratas y políticos profesionales^[12], una mácula que se adhiere atrevidamente a lo prístino del sistema. Sin embargo, baste con documentar tres prácticas instaladas en el mismo sistema estatal para sospechar que, en vez de individuos delincuentes, la corrupción es inherente al Estado burgués (con las cuatro grandes expresiones de esta clase social: terratenientes, industriales, comerciantes/servicios, financieras), en especial, en prototipo de países como Colombia: 1- la baja tasa de judicialización de funcionarios corruptos, 2- las penas irrisorias a quienes condenan por este delito y, en especial, 3- la consciencia que tienen estos especímenes parasitarios del negocio de la corrupción: “Es mejor negocio la política que el narcotráfico…la plata que deja una alcaldía no la deja un embarque”, afirmaba el condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez quien, desde la cárcel, dirigía “gran parte de la política regional colombiana (y)… Aspira(ba) a elegir cinco gobernadores y 106 alcaldes sin que el Estado pueda hacer mucho para impedirlo” (“El hombre que maneja medio país desde la cárcel”, 2011).

Sin duda, la corrupción es un lastre, una vena abierta a la riqueza de las naciones. Sin embargo, en la medida en que se encuentra adherida al ADN de la democracia burguesa^[13] (aun más en Estados como el colombiano), la corrupción es el reflejo del carácter mercantil del Estado y este no es mas que el ente rector y delineador del negocio de las grandes facciones burguesas en sentido económico (grandes industriales, terratenientes, banqueros y comerciantes) que echa a rodar la rueda del capitalismo aceitada por la corrupción. Vista así, la corrupción, siendo nefasta, no es lo fundamental de las contradicciones sociales en sociedades capitalistas, como demócratas y liberales pregonan: “el problema del país es la corrupción”, dando a entender que si se acaba esta nación será otra. ¡Y no! Si se acabare la corrupción, el Estado tendría más recursos para ejecutar, si lo prefieren, obras sociales y de infraestructura al servicio de los pueblos, pero en nada modificará la ley del valor trabajo, la contradicción trabajo asalariado-capital, la acumulación y concentración de la riqueza producto de la enajenación de las clases trabajadoras a manos de las grandes burguesías, la producción socializada apropiada privadamente, la anarquía en la producción, por mencionar solo algunas contradicciones inherentes al capitalismo imperialista; seguirán incólumes todas las formas de opresión basadas en la propiedad privada y las clases; seguirá su marcha estructural la reificación de la vida humana y la destrucción de la naturaleza.

La corrupción, aun cuando se revela escandalosa en Colombia (y en buena parte de países del mundo) es solo un reflejo de la moderna sociedad capitalista, con la burguesía como clase dominante que impone no solo su modo de producción y reproducción de la vida material, sino su ideología, en especial, su imperativo económico de poner la plusvalía y la ganancia al mando. En las relaciones sociales basadas en el capital y la ideología burguesa –y no en la corrupción– descansa el problema de raíz. ¿Se puede erradicar la corrupción burocrática en el Estado burgués y su democracia? Es poco probable, pero suponiendo que se lograre, el núcleo que le da vida seguiría intacto. Y, entonces, ¿no vale la pena luchar contra la corrupción? No solo vale la pena, sino que es necesario, es una lucha justa. No obstante, la lucha contra la corrupción, si quiere ser efectiva, deberá estar engranada a la lucha por la destrucción del sistema capitalista imperialista y las relaciones sociales que la engendran, al nicho que le da vida y la robustece.

Contrario a lo anterior, la lucha de demócratas contra la corrupción en Colombia se ha limitado a convocar referéndum, a señalar clanes e individuos, a la denuncia pública, las demandas jurídicas y, muy especialmente, a presentar candidaturas que, desde los mismos aparatos burocráticos del Estado, prometen acabar la corrupción. El desenlace de la historia es ya conocido: la corrupción, incluso con demócratas en alcaldías, consejos, gobernaciones, asambleas y congreso, sigue incólume. No es, entonces, un problema que se resuelva vía democracia burguesa, vía votos, vía partidos con aspiraciones electorales. Pareciera, antes bien, que esta vía se ha ajustado a lo que la corrupción estatal y, particularmente, el gobierno de turno promueve.

Frente a todo lo anterior, Duque es, apenas, un Bonaparte más, no como un bohémien, como lumpemproletario principesco del linaje de Napoleón en Francia (al que Marx se viera en la penosa tarea de descuartizar analíticamente en su brillante “18 brumario de Luis Bonaparte”), pero sí como una suerte de saltimbanqui y timador, comprador de conciencias con puestos y dádivas apalancados a través de recursos del erario, con lo cual ha podido gobernar sin gobernabilidad y ejercer poder reprimiendo con la fuerza del fusil y de la ley: con la tiranía del autoritario que, a falta de legitimidad, oprime abierta y descaradamente ante los ojos del mundo.

La reforma de Duque –en su momento pospuesta para hacerla reaparecer semanas después con un nuevo antifaz– lo supera a él como individuo e incluso a lo que representa su gobierno. Más que él (o los anteriores presidentes de Colombia Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe o Santos), lo que exige reformas tributarias que atentan contra las masas trabajadoras, es el sistema en el que opera la economía política de Estados como el colombiano. Verlo de otro modo, es decir, centrar la crítica en Duque terminará, como se lo señalará Marx (2003) a Víctor Hugo, engrandeciendo a un individuo pequeño (intelectual y políticamente) o, como se lo demostrará a Proudhon, cayendo en un historicismo apologético del poderoso de turno. Subsumiendo al actor Duque (el militante de un partido, el agente y delegado para ejercer poder, el representante de una ideología) está el conjuro del mago que se sale de las manos de cualquier actor: ni Duque, ni el Centro Democrático, ni el Grupo Aval, ni el Grupo Empresarial Antioqueño, ni siquiera el FMI o el Club de Bilderberg, pueden detener la fuerza de la ley del valor (y todas las contradicciones que de allí se generan en la sociedad capitalista, señaladas un par de páginas atrás en este texto), ni pueden regular cabalmente la producción y, entonces, no tienen control de la misma, se les sale de las manos lo que ellos mismos han generado que, como lo detalló el más reciente informe de la ONU (2021b) al respecto, tiene a punto de destruir las condiciones (físicas, químicas y biológicas) para la vida humana en el planeta tierra.

La burguesía imperialista de todo el mundo, las burguesías proimperialistas asentadas en los países oprimidos y los Estados burgueses (con su democracia burguesa, por ejemplo, Colombia), son responsables de la destrucción del planeta, usurpan el trabajo humano, se apropian privadamente la riqueza socialmente producida y, aun así, no tienen control de las leyes fundamentales de la sociedad capitalista. El valor, el desarrollo de las fuerzas productivas, la conversión de la naturaleza y el trabajo en capital se han convertido en el conjuro que los magos burgueses capitalistas-imperialistas no controlan.

A pesar de lo anterior, se requiere auscultar y descifrar el papel que juega el actor Duque (su gobierno) en la coyuntura, para desentrañar, de un lado, su incidencia en la misma y, de otro, de qué formas se engrana en un movimiento mayor, en una estructura transversal que, al tiempo, subsume el acontecimiento.

2. Mirada de mediana duración: gobiernos y Estado contra el pueblo

El gobierno colombiano, presidido desde 2018 por el abogado de la Universidad Sergio Arboleda y militante del partido Centro Democrático^[14], Iván Duque, es la continuidad y síntesis temporal de un proceso que se inició, con total claridad, en 1998. Mírese la cuestión con un trayecto histórico un pelín más largo. La Constitución de 1991 (tan ensalzada por distintas vertientes políticas, ideológicas y académicas…todas devotas de la democracia burguesa y sus concepciones apenas liberales), se convirtió en la visa de ingreso a la sociedad mundial de apertura “democrática y económica”, acorde al nuevo orden que advino con la postguerra fría. En efecto, aun cuando siguiera invocando –como la de 1886– la protección de Dios, la Nueva Carta Política resultaba progresista, en principio, al establecer que Colombia empezaba a ser un “Estado Social de Derecho”, pues ello presuponía aperturas democráticas, secularización de las instituciones, mecanismos electorales transparentes, separación de poderes que garantizara autonomía en el control del Estado, entre otros.

Sin embargo, aunque se ha visto la irrupción de nuevos movimientos y/o partidos políticos, la democracia del Estado burgués no ha dejado de ser una figura ficticia –como lo esclareciera Marx (1980) en su “Crítica al Programa de Gotha”–, que aparenta ser incluyente y plural, pero que, en su real expresión, es todo lo contrario: un órgano que, en su dialéctica Estructura (económica-productiva)-Superestructura (política-legislativa-ideológica), está puesta al servicio de las clases dominantes y de la propiedad privada sobre los medios de producción, tal como reza la tan alabada Constitución de 1991 en su artículo 58: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.” (Constitución Política de Colombia, 7 de julio de 1991)

El Estado, en el planteamiento del comunista revolucionario Bob Avakian (2003), no es “de todos” como se enseña en escuelas y universidades, y se vende a través de la “democracia”, ya sea en su faceta representativa, en su acepción participativa o en una mezcla de ambas. Estado y democracia no pueden salirse de la lente analítica de las clases sociales y su concubina, la lucha de clases:

En un mundo de profundas divisiones de clase y grandes desigualdades sociales, hablar de la “democracia” sin señalar su carácter de clase y a qué clase beneficia no tiene sentido o tiene implicaciones peores. Mientras exista la sociedad dividida en clases no puede haber “democracia para todos”: dominará una clase u otra, y la clase que gobierna defenderá y promoverá el tipo de democracia que concuerde con sus intereses y metas. Por eso, debemos preguntar: ¿qué clase dominará y si su gobierno, y sistema de democracia, sirve para continuar las divisiones de clase, y las relaciones de explotación, opresión y desigualdad que corresponden a estas, o lleva a abolirlas? (párr. 1)

No es un problema que se resuelve con mayores aperturas para la participación en las instancias del Estado (presupuestos participativos, Consejos Municipales de Juventud, burocracia paritaria en cuanto género, etnia o raza…), o con mejores garantías para la movilización y la protesta social (lo que no significa que no se pelee por el derecho a la protesta y a la movilización), o con reformas a la policía (que no significa paralizarse frente a la barbaridad policial) o al sistema electoral (que no significa guardar silencio ante la compra de votos, las maquinarias barriales y regionales, el gamonalismo). Es un problema que no se resuelve, como lo sugieren e invitan buena parte de las organizaciones y expresiones políticas que se han movilizado en esta coyuntura, en la estrecha ranura de una urna. Es un problema de orden económico estructural, en cuya base está, en el aspecto interno de la contradicción a escala país, lo que reza el artículo 58 de la Constitución del 91: la propiedad privada…burguesa…a partir de la cual se establecen relaciones sociales protocapitalistas, esto es, relaciones sociales de clases con el sello de la ideología burguesa que domina (cultural, política y económicamente) el mundo.

Pues bien, la Constitución de 1991 se dio en el marco de un contexto global que se reestructuraba como resultado del derrumbe de la Unión Soviética en 1989. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1990, se había fabricado un discurso que prefiguraba un planeta con tres tipos de países: capitalistas, socialistas y los de tercera^[15]. Lógicamente, en esa tercera tipología se hallaba la nación colombiana. Para matizar la “despectiva nominación” y dada la evolución de algunas naciones en términos económicos, empezó a hablarse, desde los años 70-80, de “países en vía de desarrollo”, una cuarta especie que se incorporaba a aquella tipología anteriormente trifásica, y que se constituyó en el escaño deseable para los “países del tercer mundo”, verbigracia Colombia.

Con una constitución liberal en el marco del auge neoliberal, Colombia se embarcaba en un capitalismo cada vez más robustecido y global, que había roto, como lo señalara el Manifiesto Comunista, todas las fronteras para preñar con sus afanes de ganancia y plusvalía el pleno de las regiones del país. El cuatrienio de Cesar Gaviria dio las puntadas iniciales en cuanto a leyes y estatutos para implementar la Constitución del 91 y, desde entonces, cada año y hasta el presente se ha reformado 53 veces (5 reformas constitucionales se promulgaron en 2019 y 2020), en procura de ajustarse mejor a las medidas (exigencias) de la era del capitalismo a escala imperialista, llamada comúnmente “neoliberal”. El periodo de Ernesto Samper, más recordado por haber llegado al poder con la financiación del “Cartel de Cali” que por su gobernanza, siguió en la vía de la implementación liberal de la constitución y la búsqueda de tratados de libre comercio con distintos países.

Es en el Gobierno de Andrés Pastrana donde pueden encontrarse los quistes más protuberantes de la actual coyuntura. En su mandato, mientras se negociaba con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el Caguán, en 1999 se firmaba con Bill Clinton, presidente en esa época de Estados Unidos, el inefable “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado”, más conocido como “Plan Colombia”. Entre 1999 y 2015, a través del Plan Colombia, la Casa Blanca invirtió cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales, en promedio, durante los últimos 15 años, de cada 10 dólares 7 se destinaron a ayuda militar y policial y 3 a inversiones para el desarrollo económico y social. La mayoría de los recursos para la fuerza pública (85%) fueron dirigidos a la lucha contra el narcotráfico (Departamento Nacional de Planeación, 2016).

El resultado lógico de semejante inversión fue el fortalecimiento acelerado del aparato militar del Estado, incrementando el número de combatientes oficiales, la flotilla de aviones y helicópteros, la artillería de combate y la tecnología de inteligencia^[16]. El objetivo de esta jugada estaba predefinido: crear condiciones de confianza y viabilidad para la inversión extranjera en territorios claves (principalmente rurales) de la nación colombiana, para lo cual era necesario pacificar a fuego (fruto de la artillería del Plan Colombia) y sangre (a borbotones, en su mayor parte, emanada de las venas de la población rural), so pretexto de una lucha contrainsurgente y de erradicación de cultivos ilícitos. Más que contrainsurgencia, en la práctica, lo que se dio fue, de un lado, un ataque frontal a todo tipo de pensamiento crítico y organizaciones sociales que defendieran su territorio y, de otro, el desarraigo y despojo de miles de familias campesinas, cuya práctica de vida principal era la producción de alimentos.

A este hecho decisivo se suma que entre la última década del siglo XX y los primeros años del XXI, se incrementó la deuda externa pública. Mientras los Gobiernos de Gaviria y Samper, juntos, habían contraído una deuda de 21.812 millones de dólares, entre 1999 y 2002, durante el mandato de Pastrana, el Estado colombiano se endeudó por 15.444 millones de dólares (Banco de la República de Colombia, 2021, p. 20a). Agréguese, además, el lobby de Pastrana para “atraer inversión extranjera”, destacándose, en el año 2001 durante una visita a Indonesia, la promesa de destinar 3 millones de hectáreas del territorio (rural) colombiano para el cultivo de palma de aceite (Mingorance et al., 2004).

Al fortalecer el aparato militar, al incrementar y crear “mejores condiciones” para la inversión extranjera, al acelerar la republicana práctica de pignorar la Nación contrayendo deudas con el imperialismo, y al definir el uso agroindustrial del campo colombiano, Pastrana dejó servida en bandeja de oro (o de minerales de todo tipo: el 90% del territorio colombiano está solicitado para explotación de este “reino de la naturaleza”) las condiciones necesarias para la puesta en marcha del octenio de Álvaro Uribe (o, para ser precisos, los ocho años de ejercicio de poder directo de este digno representante de la clase dirigente política criolla).

Ríos de tinta (y sangre) han corrido sobre el periodo presidencial de Uribe y no es este el espacio para recaer en redundancias. Baste con mencionar que, entre 2002 y 2010 se instauró, como doctrina de seguridad Nacional, la sangrienta “Seguridad Democrática”, bandera política y discursiva que se aplicó, con mano firme, en todas las regiones del país. Con el camino allanado por el Plan Colombia, la llegada de Uribe al poder se propuso refundar la patria… ¡Y a bien que lo consiguió! (López, 2010). Estos ocho años sirvieron para configurar una sinergia que venía evolucionando desde los años 70, y que totalizó –es decir, que entroncó y sintetizó en una unidad diversa– carteles del narcotráfico y narcotraficantes, grupos e individuos terratenientes (en especial ganaderos y palmeros), agronegocios, empresas mineras, transnacionales de distinto tipo, entre otros, que requerían reestructurar la tenencia y el uso de los bienes naturales (en especial en contextos rurales) para exacerbar la extracción de ganancia y plusvalía, algo que solo puede ocurrir a condición de expoliar y explotar las dos grandes fuentes de riqueza: la naturaleza y el trabajo humano (Marx, 1975b).

El octenio de Uribe fue la cúspide de la estrategia paramilitar, la rueda de transmisión legal de una maquinaria que venía funcionando, por lo menos, tres décadas antes de que este sujeto llegara al poder y que había pasado por repertorios de violencia siniestra cuyo resultado fue el desarraigo de cerca de 8 millones de personas (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2018), mientras las cifras del despojo de tierras “bailan entre los 10 millones de hectáreas que establece el Movimiento Nacional de Víctimas y las 6,5 millones de hectáreas consignadas por Acción Social con base en los Registros Únicos de Territorios y Predios Abandonados individual y colectivo (RUPTA)” (Gómez, 2016, párr. 1). Uribe y su poder, son entonces el designio de una estrategia (la paramilitar, como totalidad compleja de múltiples actores filocapitalistas y adheridos al capital imperialista) que necesitaba del Estado antes, durante y después para cristalizarse a plenitud.

Duque es, a su vez, como resultado de los malabares circenses del Centro Democrático^[17], el que dijo Uribe (como lo fue Santos, el “prócer” Nobel de la Paz), que ha actuado al nivel de un saltimbanqui llevándole saludes al rey de España de parte de su titiritero Uribe y su socio Pastrana; que juega a las cabecitas en el Santiago Bernabeu para que luego un exfutbolista le recuerde que la cabeza se usa para pensar; que agarra toscamente una guitarra y le saca acordes tan burdos como sus “cabecitas”; que declaró fanfarronamente, hace aproximadamente dos años, que “la dictadura de Maduro tenía los días contados” y promovió un concierto en la frontera para cantar la eminente victoria; que hace gala de su lucidez histórica agradeciéndole al abolengo Yankee su colaboración en la independencia de Colombia; que “teoriza” sobre la economía naranja mezclando jugo de naranja con agua; que dice “Colombia con p mayúscula”; que habla en el pleno de la Naciones Unidas de las maravillas del número 7 por los siete enanitos de Blanca Nieves; que conjuga el pasado del verbo “querer” como “querí”; que se calzó el traje de Pacheco (ese ícono de la presentación de programas de concurso en los años 80 y 90) en un show de televisión por casi un año y puso a “cantar un gol contra el coronavirus” a un recordado narrador de fútbol; que recorre en cuatrimoto (aparato infernal que, como lo escribiera Alfredo Molano, es una de las tantas representación en las regiones colombianas de la ideología paramilitar por estridente, farandulero y elitista) una San Andrés devastada por el Huracán Iota –como cualquier turista ostentoso en medio de la miseria y la desolación–, que arma una opereta tipo stand-up comedy para autoentrevistarse en un inglés machacado y postizo (como él…).

En fin, la lista de las cualidades bufonescas del presidente del Estado colombiano es larga y, a pesar de ello, no es lo más problemático –aunque sí lo más desopilante– del actual Gobierno^[18].

El salto de prospecto de saltimbanqui a portento de autoritarismo con prácticas y tendencias^[19]filofascistas de Duque y su gobierno, es lo realmente problemático y lo que más ha aflorado en la actual coyuntura.

Con sutil y hábil cuidado, Duque se ha encargado de que a la Contraloría (con Felipe Córdoba, en su momento integrante de las juventudes del Centro Democrático y copartícipe de la creación de tal partido), la Fiscalía (con Francisco Barbosa, uña de la mugre del hoy presidente en sus juveniles épocas universitarias), la Procuraduría (con Margarita Cabello, que pasó de ser Ministra de Justicia a ocupar este cargo), la Defensoría del Pueblo (con Carlos Camargo, discípulo del renombrado exmagistrado Jorge Pretelt, aquel que fuera condenado por corrupción y, además, envuelto en un litigio por compra de tierras “de buena fe” producto del despojo paramilitar en la región del Urabá antioqueño), estén manejados, literalmente, por amigos suyos, personajes que, además de pertenecer a la coalición que dirige el rumbo del país o directamente a su partido político, tienen sus afectos y sentimientos al servicio del poder y las pretensiones de la facción que domina el Estado desde hace más de 20 años (Barreto, 2020; Duque et al., 2020)^[20]. De este modo, los organismos de control, que se suponen son garantes de la contención de los abusos de poder de la burocracia de Estado, están, como lo señala Transparencia Internacional en su Capítulo Colombia, plenamente concentrados, alertando “que la estabilidad y la independencia del sistema del control al poder en nuestro país está en riesgo” (Alarmante concentración del poder en el ejecutivo en Colombia, 2020, párr. 5).

Ligado a lo anterior, el Gobierno Duque –esto sí, como todos los que le antecedieron desde 1990–, influyó, con la manguala de los jerarcas de las grandes Cortes, en la elección del Registrador Nacional (Alexander Vega, militante activo del hoy escuálido Partido de la U, aquel esperpento que se inventaron algunos burócratas y lagartos politiqueros, para reelegir a Uribe en 2006), eslabón determinante en el engranaje del sistema electoral, en tanto, desde dicho puesto, se conduce y controlan las votaciones en todas las instancias para cargos de elección popular del Estado. (Priradiotv, 2020; Fundación Paz y Reconciliación [Pares], s.f.).

Por último, la cereza del pastel de la concentración del poder en manos de lo que Duque representa, fue colocada en plena movilización nacional. El 6 de mayo, Duque se sentaba con los presidentes de las Altas Cortes del poder Judicial (Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial^[21]) y, posterior a dicho encuentro, se leyó un comunicado conjunto donde Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, en nombre de todos los magistrados afirmó que “la justicia y la separación de poderes y en colaboración con la institucionalidad respaldan el orden institucional y democrático en el marco del respeto a la Constitución política que corresponde el gran pacto de paz y convivencia como la brújula de la nación. Condenamos los actos criminales de violencia de terrorismo, vandalismo y vías de hecho que afectan el derecho fundamental a la protesta la expresión libre en el marco de la constitución política y al funcionamiento general de la sociedad” (Colprensa, 2021, párr. 7, subrayado añadido).

Aunque posterior al hecho, otras personas que hacen parte de las magistraturas esgrimieron su malestar por el Comunicado Conjunto Cortes-Gobierno (CM&, 2021), quedaba claro que los jerarcas de la justicia en Colombia sentaban una postura parcializada en favor de Duque, en medio de una coyuntura de choque y confrontación entre un sector de la sociedad y el Gobierno, desdibujando las líneas que separan, en cualquier Estado liberal moderno, las distintas ramas del poder.

Analistas de medios alternativos advierten, respecto a esta cuestión, que las Altas Cortes, en su grueso y sin desconocer confrontaciones entre cortes y magistrados, tienden a ser cooptados por el ejecutivo, no solo porque algunas de las magistraturas dependen del Congreso y de que el presidente proponga ternas, sino porque se han comprobado casos de prevaricatos en favor de icónicos acontecimientos de corrupción, en todos los cuales se han involucrado entidades del Estado y sus funcionarios. La sospecha no es descabellada: en el cierre a las patadas de la Legislatura del primer semestre 2021, se aprobó en el Congreso de la República el proyecto de Ley 423 (2021), por medio del cual se reforma la Ley 1952 de 2019 que otorga “Titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y autonomía de la acción”, y puntualiza: “Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley”

Dicha ley le otorga a la Procuraduría –directamente a la exministra de Duque y hoy procuradora– superpoderes, a través de los cuales es portadora de un cheque en blanco que le permitirá cobrar, cuando a bien tenga, “deudas por pagar” de opositores al poder actual. En conclusión: la Procuraduría tendrá la potestad de perseguir a todos aquellos que, siendo funcionarios, estén bajo su tutela disciplinaria (Jerez, 1 de junio del 2021) y privar de las libertades políticas de representatividad, elegir y ser elegido, pero incluso cercenar el pensamiento y las ideas contrarias a las que ha impuesto el poder actual, con lo cual se amenaza no solo a los políticos profesionales que ocupan cargos de elección popular^[22]sino, por ejemplo, a docentes de universidades públicas y funcionarios que, por tanto, pueden llegar a ser objeto de investigación de la superpoderosa Procuradoría. ¡El pensamiento crítico debe poner sus barbas en remojo en escuelas, colegios y universidades estatales!

Con los órganos de control y vigilancia del Estado bajo su dominio y los tentáculos tendidos hacia las Altas Cortes, el Gobierno de Duque ha juntado todos los elementos de una “tormenta perfecta”, tendiente a constituir un régimen de poder autoritario que ha empezado a sembrar minas en los mojones elementales de la democracia liberal, participativa y ciudadana garantizando, a la clase que representa, condiciones ideales para controlar a plenitud el Estado, y poner toda la maquinaria de este órgano al servicio de sus intereses, como lo fueran los reinos medievales.

El autoritarismo, el paulatino monopolio de las principales instituciones del Estado y la coacción de esos mínimos de democracia liberal, no son más que una táctica para contener cuestiones más profundas. En efecto, durante los tres años que lleva en la presidencia el Gobierno de Duque, la pobreza, la miseria, el desempleo y la desigualdad han llegado a niveles sin precedentes. De los cerca de 50 millones de personas con ciudadanía colombiana, 21 millones están en condiciones de pobreza, esto es –según una de esas maniqueas formas de medición– que viven con $331.688 mensuales (unos USD 88,58); asimismo 7,47 millones de personas que habitan el país del “Estado Social de Derecho” y encomendado a Dios, están en condiciones de pobreza extrema, o sea, que viven con 145.004 al mes, dinero insuficiente para comprar los alimentos que garanticen su existencia saludable (Salazar, 2021b). El hambre, según la medición del mismo DANE, se disparó: en 2021, solo en Bogotá, un tercio de la población (2.4 millones de personas, cifra representativa al ser este el mayor conglomerado del país) afirmó haber pasado hambre durante este año (Staff, 2021); en Colombia, la situación no dista mucho: 1,6 millones de familias no tienen posibilidad de comer tres veces al día…pasa hambre.

Con todo lo anterior, se entiende por qué Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y el segundo de América Latina. Para 2020, Naciones Unidas y el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), estimaron que el índice Gini^[23]nacional llegó al 0,54 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021), lo que refleja una concentración de la riqueza −producida socialmente− escandalosa: en el último lustro, el 1% más rico concentra el 20% de la riqueza social representada en dinero (Cañete, 2015), ocupando el primer puesto como el país más desigual con base en esta medición (Cañete, 2015). Es una grotesca obviedad decir que a estas cifras no se llegan en estos tres años (escudo que suelen sacar los partidarios del Centro Democrático, alegando que la culpa es de Santos): se viene argumentado que hay momentos claves y una especie de parteaguas desde los años 90 del siglo pasado, que permite entender por qué se viven, en el presente, estos niveles de pobreza, miseria y hambre. Pero, dicho lo anterior, era preciso detenerse en el Gobierno Duque para ver cómo se van conectando múltiples determinaciones económicas y políticas a través del mismo y tener mayores elementos para analizar la coyuntura del Estallido Social en Colombia 2021.

Se está frente a un portento de gobierno autoritario con claras prácticas fascistas, ejerciendo poder sobre una población empobrecida y hambrienta. Claro está: su tendencia fascistoide es un medio, no el fin. El fin sigue siendo el mismo desde que el capitalismo cobró vida: el Estado burgués y los gobiernos que administran tal negocio, tienen la tarea inexorable de crear todas las condiciones institucionales para poner la nación (pueblos y territorios propiamente dichos) al servicio de la obtención de ganancia y plusvalía de las cuatro grandes manifestaciones concretas de la burguesía (mundial y nacional): industriales, comerciantes-servicios, terratenientes y banqueros-financieros: “El poder estatal moderno no es más que una junta administradora que gestiona los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, 2019, p. 52)

Pero también, la misma población hambrienta o que sueña y se moviliza por cambiar la sociedad, se ha mostrado, en esta coyuntura, resistente, beligerante, combativa, deliberante e incluso, en algunos lugares y dadas ciertas situaciones, ha sabido pasar de la contención-resistencia al ataque (de nuevo, con el predominio de la espontaneidad y no de la fuerza organizada consciente, tema que será tratado en los próximos artículos). De ello había dado indicios a finales de 2019, un par de meses antes de la declaratoria de emergencia nacional por el virus del Covid-19, cuando en el icónico 21N se lanzó en estampida a las calles exigiendo muchos de los puntos que luego se repitieron en el pliego del Comité Nacional de Paro del estallido social 2021 (Escuela Nacional Sindical, 2019). Sin duda, el estallido social 2021 es también resultado de la sumatoria de luchas anteriores incluyendo la del 21N, y el análisis de coyuntura que aquí se realiza, sabrá retomar esta cuestión cuando se describan, en el siguiente artículo, los actores más destacados de dicho estallido.

Consideraciones finales (parciales)

Hasta aquí se han tomado para el análisis dos grandes aspectos de la contradicción social que se vivió en Colombia entre abril y julio de 2021: los detonantes del estallido y el lugar del Gobierno Duque en perspectiva temporal a escala media. Pues bien, si el detonante del estallido social fue un intento de reforma tributaria que el gobierno necesitaba implementar para responder a los compromisos adquiridos con el capital financiero internacional y tapar los orificios de su maquinaria burocrática, los orígenes de tal estallido no están en dicha reforma, sino en la naturaleza política del Estado colombiano en relación con el capital global, directamente con el imperialismo: la reforma solo era (es) su apariencia fenoménica, pero el contenido, las raíces de tal fenómeno, estaban (están) más profundas. Obliga, sociológicamente hablando, hurgar más allá y no dejarse aturdir por el ruido de las marchas, las balas del ESMAD, conciertos musicales, tomas culturales o los estribillos de agitación cortoplacistas o estrechamente electoralistas. Mirado en perspectiva de coyuntura política, el acontecimiento Estallido Social 2021 fue una expresión antagónica de una contradicción que venía gestándose desde finales del siglo XX, habiendo tenido, en su evolución, nodos problemáticos, asomos de estallidos y estallidos parciales, pero nunca con alcances iguales a lo vivido entre abril y julio de 2021.

Desde este ángulo, un balance crítico con lo que se ha tratado hasta ahora para el presente análisis, permite poner en discusión el carácter relativo del papel del Gobierno Duque en todo este batiburrillo. A pesar de sus prácticas circenses, autoritarias abiertas y soterradas, y su tendencia al fascismo, Duque y su gobierno son apenas la válvula de la olla a presión de una convulsión de mediano aliento en Colombia y de larga duración que trasciende la esfera nacional, es decir, que danza al ritmo del capitalismo a escala mundo. Es importante, como se ha hecho en este artículo, describir los rasgos principales del gobierno y la fisonomía general del Estado colombiano para reconstruir su papel y su lugar en la coyuntura. Pero precisamente esta lupa ayuda a superar lecturas minimalistas que, en el calor de las movilizaciones, alientan y orientan que la reversión de las contradicciones en favor del pueblo, está en la toma de “buenas decisiones al momento del voto”, en “votar bien”, es decir, en situar las ilusiones de la transformación y el cambio de la sociedad, en la democracia electoral…burguesa.

Entonces ¿Cuáles son y vienen siendo los principales actores de este conflicto y cómo se manifestaron en el estallido social? ¿Cuáles son las alianzas y confrontaciones que se han dado en medio de las protestas? ¿Cuáles son las reivindicaciones y las banderas que alzaron los actores en disputa? ¿Cuál es el mapa de organizaciones políticas y/o partidos que se manifestaron de uno u otro modo en esta coyuntura, y que tienen ambiciones de poder de Estado? ¿Cuál es, en últimas, el ecosistema del estallido social y su tendencia en el corto y mediano plazo? ¿Tiene o puede tener alguna incidencia el proletariado –para sí– colombiano? ¿Cómo opera, en todo esto, el capitalismo-imperialismo?

No se cierra, así, el análisis en este primer texto. Más bien se describen, lo más detallado posible, los detonantes del estallido y el espacio-tiempo que lo origina, al menos, con una mirada de media duración. Las preguntas que quedan son, a todas luces, más provocadoras y aleccionadoras que lo reflexionado hasta aquí, en tanto el esfuerzo por responderlas presuponen, como lo formula cierta lógica del análisis de coyuntura en perspectiva dialéctica materialista, la brega por superar lo puramente apariencial y hurgar hasta las raíces más profundas del acontecimiento.

Al seguir las huellas de la dialéctica materialista como método de investigación científica, la reconstrucción de la totalidad concreta que aparece en principio como representación caótica (por la cantidad de actores, fenómeno denso y la complejidad de sus interacciones), resultará de ir encontrando los nódulos a través de los cuales se puede identificar la estructura estructurante (o lo fundamental) de ese ecosistema convulso, no con concepciones apriorísticas, sino como resultado de investigar y demostrar en la realidad de qué forma se presenta y funciona tal estructura. Pero, además, este método exige, en su cúspide, enseñorearse en las masas, introducirse en las contradicciones que se están viviendo y elevarse de una científica arma teórica a un poderoso arsenal práctico.

Para ello, como se planteó al inicio de esta reflexión, es menester esforzarse por entender el pensamiento y las ideologías de las masas, de las distintas facciones del pueblo que se alzaron durante el estallido y combatieron con valentía y arrojo, conversar con ellas, comprender el lugar desde donde luchan y compartirles, con toda la pedagogía que sea necesaria, miradas científicas que, siéndolas, sepa recoger e integrar sus saberes y prácticas, sus experiencias vividas y sentidas. En síntesis, sumergirse en las disputas de los pueblos y atreverse a reconducir los objetivos cortoplacistas, electoralistas, identitaristas y reformistas de sus exigencias o propuestas, hacia metas radicales, es decir, los orígenes y estructura de la pobreza, el desempleo, la democracia falseada, la tendencia al exterminio de ciertas culturas e identidades, la explotación del ser humano por el ser humano, la concentración de la riqueza, el hambre, el deterioro acelerado de la naturaleza, entre muchos otros problemas que padecen las masas oprimidas que manifestaron su desprecio por este sistema durante el estallido social 2021 y su capacidad combativa para ponerlo en jaque.

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Notas

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