Introducción

Hoy en Colombia, como en otros lugares de Latinoamérica y del mundo, casi todos los caminos de la guerra y de la paz conducen a la expansión y consolidación de la sociedad subordinada al mercado. En el caso de países subdesarrollados, subordinados y dependientes, la inserción al mercado global se hace mediante la extracción y exportación de materias primas y recursos energéticos, con destino a los países más desarrollados (Estados Unidos, Unión Europea, China).

Las regiones y países que se han especializado en la extracción y exportación de diversas fuentes energéticas y materias primas de origen mineral y vegetal son, simplemente, “repúblicas bananeras” o, más exactamente, naciones despensa condenadas a un desarrollo extensivo. Los países desarrollados, con sofisticados desarrollos científicos y tecnológicos que potencian sus sectores secundario y terciario, mantienen un crecimiento recurrente, siguiendo las definiciones que sobre el desarrollo ha hecho Jones (1988).

Las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y China han desarrollado su sector secundario (industria) y terciario (economía de la información y del conocimiento). Para mantener activo el funcionamiento de su modalidad de crecimiento recurrente nutren sus locomotoras económicas con los combustibles y las materias primas que importan del mundo subdesarrollado.

En Colombia, el notable incremento de las economías extractivas es el común denominador entre, por el lado de la guerra, la violenta pacificación implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y, por el lado de la paz, la administración de Juan Manuel Santos que culminó en el inconcluso e incierto acuerdo con las FARC. En tiempos de Iván Duque hay un retorno de las estrategias guerreristas, acompañado de una más intensa extracción de recursos naturales renovables y no renovables. Esto acontece porque, procesos de paz como el inconcluso acuerdo con las FARC, han tendido (al menos en sus intenciones) a poner fin a la violencia social a cambio de garantizar el progreso y, por lo mismo, la inclemente guerra en contra de la naturaleza, como lo muestran Cante & Quehl (2015).

A nivel regional, en años recientes, en Colombia, se destacan valiosas iniciativas como la loable labor de inclusión social y reconciliación por parte del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (en adelante PDPMM). Este fue un proyecto concebido y liderado en sus primeros años por un prohombre pacifista: el filósofo, economista y jesuita Francisco de Roux quien hoy lidera la Comisión de la Verdad en Colombia.

No obstante, como lo veremos en el resto del artículo, los bienintencionados caminos del PDPMM también conducen a la magnificación quizás diabólica del desarrollo capitalista, en especial a la consolidación de economías extractivas en la región del Magdalena Medio y, por tanto, a la subordinación local a las políticas neoliberales imperantes en el ámbito nacional desde hace tres décadas.

La paz (neo) liberal

Desde hace treinta años la paz quedó subordinada al neoliberalismo, es decir, al capitalismo en su versión más violenta (que destruye la naturaleza y cercena los vínculos sociales y afectivos). En la economía neoliberal se propende por el egoísmo y la competencia extrema; se impone la lógica de la rentabilidad en todos los campos de la vida (la familia, el afecto, la política y el medio ambiente); se extinguen los procesos de solidaridad y de ayuda mutua. También se privatizan los servicios públicos (como la salud y la educación) que se expenden como mercancías.

De acuerdo con Richmond & Franks (2011), con el final de la guerra fría y la caída del muro de Berlín el mundo entero quedó orbitando en torno al núcleo vencedor, constituido por las grandes economías capitalistas. Estados Unidos y la Unión Europea se perfilaron como grandes exportadores de paz y democracia, con la ayuda de poderosas entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, y un largo etcétera de organizaciones especializadas y de ONG. A todos los rincones del planeta en donde han existido prolongados conflictos internos (guerras civiles y secesiones) y también conflictos entre naciones vecinas, los actores internacionales mencionados han llevado una nueva receta. Esta es un modelo general y de talla única, prefabricada para promover acuerdos de paz, implementar justicia transicional y ejecutar construcción de paz. En los círculos más asépticos de la academia esta receta es conocida con el eufemismo de paz liberal, en tanto que en las esferas más permeables a la sinceridad y al lenguaje políticamente incorrecto se estila el término de paz neoliberal.

La fórmula de la paz (neo) liberal contiene los siguientes ingredientes fundamentales, a saber: desarrollo económico (obviamente capitalista); liberalización y globalización de los mercados; atracción de la inversión extranjera directa (o lo que algunos denominan como confianza inversionista); imperio de la ley, democratización y promoción de los derechos humanos; y, principalmente, construcción neoliberal del Estado, a tal punto que la agenda internacional y regional (los intereses de las grandes potencias) tienen prioridad sobre los asuntos locales. Esto gracias a la obsecuencia de gobernantes y al vasallaje intelectual de tecnócratas y de algunos activistas sociales.

Como lo argumentan Richmond & Franks (2011), en el ámbito económico, la paz (neo) liberal da como resultado un mayor crecimiento, en especial, para las potencias económicas. Esta opulencia económica se fundamenta en la mayor subordinación de los países dependientes que les proveen de materias primas, recursos energéticos y mano de obra barata. En el plano político, esta tentativa de paz se convierte en una “paz de los vencedores”, sesgada en favor de las élites y los grupos que han ganado contiendas político militares en los países que viven el llamado “post-conflicto”; en consecuencia, se da prioridad a la agenda de la seguridad: seguridad militar y jurídica que favorece a las grandes potencias (Estados Unidos y la Unión Europea) y a los más poderosos grupos económicos. La paz se reduce a la creación de una atmósfera propicia para la ejecución de buenos negocios.

La paz facilitadora de reformas neoliberales

Procesos de verdad, reconciliación y construcción de paz que estuvieron enmarcados en la denominada paz (neo) liberal como, por ejemplo, Argentina y Sudáfrica, apenas experimentaron alguna dosis de paz negativa. En ambos casos cesaron las hostilidades, se ventilaron algunas verdades, existió un avance en la reconciliación, cayeron algunos culpables. No obstante, en ambos países los procesos de paz facilitaron la implementación de una política económica neoliberal que, en consecuencia, profundizó la injusticia social y la destrucción ambiental.

Desde comienzos de los setentas del siglo pasado, aguzados escritores como Letelier (2016) y Walsh (1977) mostraron que las políticas económicas neoliberales implementadas en Chile y Argentina, mediante el autoritarismo militar, fueron la causa de la violencia directa. Además, tales políticas económicas generaron flagrantes violaciones en materia de derechos humanos al condenar a una mayoría de la población al hambre, a la pobreza y al cercenamiento de derechos en materia de salud y educación. En la misma vena, la periodista Klein (2007) ha mostrado que la expansión del capitalismo más violento (neoliberalismo) ha sido una combinación de políticas económicas lideradas por acérrimos defensores del libre mercado. Los ejércitos de tecnócratas, jocosamente apodados como Chicago Boys, fueron adiestrados por ideólogos neoliberales como Friedrich Hayek y Milton Friedman. La labor técnica y doctrinaria de estos gendarmes de cuello blanco fue complementada con la acción represiva de ejércitos torturadores legales e ilegales, foráneos e internos, que han minado la protesta social y han generado violencia directa en contra de amplios sectores sociales en diversos países de América Latina, África, Asia, Europa y Estados Unidos.

En la perspectiva de Klein (2007), el shock legado por la violencia directa y la enorme ingenuidad y miopía política de los pacifistas y de los defensores de los derechos humanos, sirve para explicar (mas no para para justificar) que estos se hubiesen concentrado, exclusivamente, en temas como desaparecidos, torturas, masacres, entre otros hechos. Tristemente, paradigmáticos líderes pacifistas como Nelson Mandela y Desmond Tutu en Sudáfrica pecaron, por acción u omisión, para permitir la instauración de políticas neoliberales. Como resultado, la gran agenda de la paz positiva, de la justicia social, de la preservación del medio ambiente, y de la auténtica liberación, se quedaron apenas en el plano de las utopías y las buenas intenciones.

En los países que viven experimentos de post-conflicto, la paz puede virar hacia el conservadurismo (garantía de seguridad y paz de los vencedores) o hacia la ortodoxia neoliberal (desarrollo económico subordinado a las potencias), o a diversas mezclas entre ambas tentativas.

En Colombia, en Latinoamérica y en otros lugares del mundo que han experimentado violentos conflictos internos, muchos de los movimientos sociales y acciones colectivas de pacifistas y defensores de derechos humanos, e incluso de las víctimas, se han enfocado, sintomáticamente, en contra de los perpetradores que ejercen violencia directa. Tristemente no hay una movilización sostenida y coherente en contra de la política económica ni menos aún del modelo económico que genera y permite las violaciones en materia de derechos humanos.

En suma: mientras que los hacedores de política económica neoliberal han estado promoviendo aperturas económicas, privatizaciones, reducción del gasto público para salud y educación, salarios flexibles a la baja, incentivos y dádivas para los inversionistas foráneos y, recientemente, extractivismo y reprimarización de economías tercermundistas, los ejércitos y sus aliados para-militares, al igual que la insurgencias, han facilitado tal labor. Estos actores armados han promovido violencias directas como desplazamiento forzado, masacres, desapariciones, secuestros, violaciones y torturas.

A su turno, quienes han fomentado la paz y la defensa de los derechos humanos, apenas han reaccionado contra la violencia directa y más visible de los ejércitos legales e ilegales.

Curiosamente el común denominador entre los violentos que, en el pasado, promovieron dictaduras y violaciones en materia de derechos humanos y, los pacifistas, que en tiempos más recientes, han promovido diálogos, acuerdos y construcción de paz, es que ambos bandos le apuestan al mismo modelo: una economía regida por los principios del neoliberalismo. Como lo veremos enseguida, el PDPMM ha sido una exitosa tentativa de paz neo (liberal) en la zona del Magdalena Medio que, camuflada en lenguaje de social democracia y mensajes católicos pacifistas, ha logrado cautivar a diversos públicos (inclusive de izquierda).

Una panorámica histórica del PDPMM

De acuerdo con Zamora (2013), en la región del Magdalena Medio han existido tres tentativas de desarrollo regional, a saber: una tentativa de extrema derecha auspiciada por la Asociación Cívica para la Paz (Asocipaz) y el movimiento NO al despeje, la cual buscaba articular la región a los circuitos globales del capital y encaminarla en la senda de la productividad (lo que implica rechazar economías rezagadas como las campesinas y las de minería artesanal); desde abajo y con participación de sectores populares se concibió una opción diametralmente opuesta, conocida como el Plan de Mesa Regional que promovió un rechazo al neoliberalismo y una defensa de la soberanía alimentaria. No obstante, el PDPMM, una opción intermedia, con ropaje pacifista y socialdemócrata, se impuso sobre las dos anteriores y alcanzó una gran concreción.

El PDPMM nació patrocinado por dos organizaciones financiadoras netamente capitalistas, a saber: la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), dedicada a la extracción y refinamiento de petróleo en el país; y el Banco Mundial que se originó en el acuerdo de Bretton Woods para promover el desarrollo económico (capitalista) y reducir la pobreza en regiones rezagadas del mundo, mediante préstamos blandos y otras ayudas.

El programa fue gestado por una de las más antiguas y experimentadas organizaciones no gubernamentales, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), con la participación de la iglesia y de uno de los más viejos y beligerantes sindicatos de Colombia, la Unión Sindical Obrera (USO). La creación del PDPMM fue encomendada al consorcio SEAP-CINEP, que fue el gestor del programa entre 1996 y 1998, de acuerdo con Saavedra (2006)

La región del Magdalena Medio abarca unos 30 mil kilómetros cuadrados, cubre 29 municipios y tiene al menos 720.000 habitantes. El PDPMM ha ejercido influencia directa en menos de 100 mil personas. Este programa arrancó y se consolidó con préstamos otorgados por el Banco Mundial, como se menciona en el portal virtual de dicha organización:

El Banco Mundial fundó el primero (sic) proyecto piloto en 1998 con un préstamo para el Aprendizaje y la Innovación (LIL, por sus siglas en inglés) de US$5 millones, que luego escaló a US$30 millones de dólares en un Préstamo de Programa Adaptable en 2004 (con un préstamo adicional en 2009) y actualmente opera en cinco regiones. A la fecha más de 85,000 colombianos se han beneficiado de las actividades de Paz y Desarrollo. Adicionalmente, el primer socio del proyecto, la Corporación de Paz y Desarrollo de Magdalena Medio, ganó el Premio Nacional de la Paz en 2001… (World Bank, 2013)

Una estudiosa y destacada participante en el proceso del PDPMM, la investigadora María del Rosario Saavedra, menciona los avances del programa concomitantes con las ayudas financieras otorgadas por el Banco Mundial y respaldadas por Ecopetrol, así:

…En el año 2001, el Gobierno colombiano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF-Banco Mundial) negociaron la financiación de una segunda fase del préstamo LIL. La entidad ejecutora fue el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que delegó la implementación del proyecto a la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM) y la administración de los recursos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El préstamo del BIRF fue de USD $5.000.000, con una contrapartida de USD $1.168.034 del Gobierno nacional, representada en los aportes de ECOPETROL, y una contribución de USD $175.000 de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) y el PNUD. El valor total fue de USD $6.343.034 (Saavedra, 2006).

La mencionada autora detalla que desde el 2001, con un nuevo préstamo mencionado, el programa abrió los siguientes frentes de trabajo:

…Organizacional (institucional y organizativo). Busca mejorar las capacidades y el margen de gestión de las organizaciones de los diferentes municipios de la región. Son los Equipos Técnicos Pedagógicos (ETP), el Equipo de Coordinación Regional (ECOR) y los Núcleos municipales las instituciones rectoras de este proceso. b) Fortalecimiento institucional. Desarrolla instrumentos para que las instituciones locales y regionales, públicas y privadas, respondan a los intereses de la región. Se trata de que los Núcleos de pobladores participen en las políticas, planes y programas de las administraciones municipales a través de la Propuesta Municipal. c) Económico productivo. Apoya las actividades económicas productivas en diversas áreas (tecnología, insumos, comercialización, capacidad empresarial y financiamiento). Se ponen en práctica proyectos como finca campesina, desarrollo agroindustrial, micro regiones y ecosistemas estratégicos, y la economía de pueblos. d) Social. Tiene que ver con el fortalecimiento de iniciativas sociales con las personas más vulnerables por la pobreza y por el conflicto armado.” (Saavedra, 2006)

La investigadora Saavedra muestra que las finalidades sociales del PDPMM son parte de una economía colectiva:

El desarrollo tal como se concibe en el PDPMM tiene un componente moral que implica que lo público se conciba como un bien que pertenece a la comunidad y no como un bien enajenado por un grupo de individuos particulares. Lo público pasa a ser, entonces, la institucionalización del bien colectivo, razón por la cual no se lo puede dejar en manos de unos pocos sino que debe tener características participativas en su construcción (Saavedra, 2006).

El PDPMM tiene su página web en donde, con transparencia, ofrece información acerca de sus principios, sus ingresos y sus actividades. Se destaca el carácter loable de su esfuerzo, plasmado en las dos grandes preocupaciones que marcaron su inicio, en donde se subraya que su trabajo “… ha estado orientado a la búsqueda de dar respuesta a dos preguntas centrales: ¿Por qué una región tan rica en recursos materiales tiene a su interior una población con altos índices de pobreza? ¿Por qué una población alegre que ama la vida, mantiene altos índices de violencia en sus relaciones sociales?” (PDPMM, 2015)

Por su parte, la investigadora Saavedra, destaca así los objetivos del programa:

a) Ampliar el control de la comunidad sobre los excedentes que genera la región. El desarrollo económico debe ir en consonancia con un mejoramiento de la dignidad y calidad de vida. b) Propender por la sostenibilidad ecológica, económica y social como elementos centrales de la estrategia. c) Construir una democracia participativa y una consolidación del espacio de lo público. El análisis de fondo que sustenta esta ruta es que no es posible que una región tan rica como la del Magdalena Medio (por sus habitantes, el petróleo, las minas de oro, la biodiversidad,) pueda vivir con municipios y veredas en donde la pobreza alcanza niveles muy altos (Saavedra, 2006).

A comienzos del presente siglo el PDPMM experimenta algunas crisis como la salida de Ecopetrol y el cuestionamiento a su trabajo por parte de algunas comunidades. No obstante, logra una articulación con la Unión Europea y, además y más grave, resulta cooptado por el gobierno de extrema derecha del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Como lo expresa Zamora (2013),

…Se produce una profundización de la articulación con la cooperación internacional. Entrada de la cooperación europea. Se crea el Laboratorio de Paz (Nº 1) y por esta vía el PDPMM se ve parcialmente involucrado con la estrategia contrainsurgente y antinarcóticos. Hay un fortalecimiento de proyectos agroindustriales (palma, cacao y caucho) a través de las “asociaciones estratégicas”. Se cuestiona seriamente su legitimidad frente a las comunidades, que ven una pérdida de autonomía en el PDPMM, sobre todo con los condicionamientos de acción que impone el gobierno de Uribe para acceder a la cooperación internacional. Se percibe una cooptación de las estrategias del PDPMM por parte de Acción Social, que se convierte en coadministradora de los fondos de la cooperación (p. 53).

Un programa funcional al desarrollo capitalista

Hacia el año 2003 el PDPMM es evaluado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de Colombia, que en ese entonces era dirigido por el profesor Jorge Iván González (que también fue investigador del CINEP). El mencionado académico reconoce que este programa se inserta en la estructura institucional de la región y destaca que el Magdalena Medio tiene una tradición en economías extractivas. También afirma que este es un programa funcional al desarrollo en tanto pretende manejar recursos y programas del Estado, con el fin de mejorar la eficiencia.

En la perspectiva académica de González, Castilla & Merchán (2003) lo público es el espacio de la elección colectiva; lo estatal tiene que ver con las formas de apropiación y de regulación de lo público (mediado por la elección colectiva). A partir de ese enfoque, destacan que hay expresiones que, en apariencia, defienden lo público pero que, en realidad, son escogencias impuestas y favorecen a unos intereses privados (de quienes tienen la capacidad de imponer sus decisiones). Ponen de relieve que el PDPMM trabaja con los políticos tradicionales (escogidos mediante regla mayoritaria) y con los poderes locales, pues con el fin de ser sostenible este programa se acopla a la institucionalidad. También resaltan que el PDPMM se orienta en la perspectiva de la descentralización espacial y apunta a convertir la región del magdalena medio en un polo de desarrollo convencional (crecimiento, productividad y competitividad) que, además, esté articulado con la nación y con el mundo. Una fragilidad del programa, señalan tales autores radica en que esta integración está subordinada a la economía mundial y nacional. Expresivamente ponen como ejemplo que un manejo inadecuado de la tasa de cambio puede afectar el precio de la palma aceitera y, por tanto, perjudicar el desarrollo regional.

En la visión de González, Castilla & Merchán (2003) se argumenta que hay procesos maximalistas como el socialismo (que puede ser ética y económicamente viable pero no es factible políticamente) o un referéndum para el no pago de la deuda externa, que a pesar de tener viabilidad ética y política, sería una bancarrota en términos económicos. En consecuencia con estos argumentos, ellos afirman que el imaginario del PDPMM es económicamente factible (se inscribe dentro del desarrollo económico dominante); es políticamente viable (se acopla a la política convencional), aunque tiene un loable atributo ético (reducir los niveles de violencia y de pobreza).

Siguiendo un enfoque semejante al de Jorge Iván González y su equipo evaluador, la investigadora Saavedra muestra la notable convergencia entre el PDPMM y la más recientemente creada Red Prodepaz, así:

El Manifiesto de la Red Prodepaz reza así: “Nuestra propuesta tiene una voluntad espiritual y social inquebrantable (...) Trabajamos por superar la exclusión y la violación de los derechos humanos y para asumir con determinación nuestros deberes ciudadanos. Pero, al mismo tiempo, nuestra propuesta se presenta como una alternativa técnicamente viable y sostenible (...) Estamos construyendo en cada región un plan de desarrollo humano integral y de paz con grandeza (Saavedra, 2006, p. 17).

Finalmente Saavedra (2006) destaca que:

Los miembros fundadores de la Red (Prodepaz) perciben que el punto de articulación de los PDP son los derechos humanos, porque el desarrollo es un derecho humano y debe servir para el bienestar individual y colectivo y para el disfrute de las personas, sin exclusiones (p. 18).

Puesto en breve: los avances en materia de defensa de algunos derechos humanos y de reducción de la pobreza por parte del PDPMM se han hecho manteniendo y promoviendo la lógica de desarrollo capitalista en el Magdalena Medio.

La oscura historia de la palma aceitera en el Magdalena Medio

La actividad de la siembra de la palma aceitera en el Magdalena Medio está asociada al despojo, al desplazamiento forzado y a otras barbaries que se vivieron en esa región, especialmente, entre 1980 y 2000. El sociólogo Alfredo Molano Bravo (2009) señala que a comienzos de los noventa, la colonización se había cerrado y prácticamente no quedaban sin propietario legal ni los playones de los ríos ni las ciénagas. Citando el libro de Alejo Vargas Colonización y conflicto armado, Molano menciona que coroneles del ejército y dirigentes de gremios económicos se han adueñado de grandes extensiones de tierra. También afirma que el 48% del área productiva del Magdalena Medio estaba dedicado a la ganadería extensiva. También señala que semejante proceso de concentración de la tierra no podría ocurrir sin el desplazamiento violento de campesinos

Molano destaca que hacia 1980 hubo 17 dirigentes cívicos asesinados en Barrancabermeja y 10 desapariciones en Puerto Parra. Subraya también que en 1985 se creó el grupo Terminator en Aguachica, el cual fue responsable de una ola de limpieza social que sembró el terror con mutilaciones y decapitaciones. Entre 1986 y 1990 hubo 1.710 asesinatos, 353 desapariciones y 351 torturados. En 1986 ocurrieron 20 masacres con 78 víctimas; en 1987 fueron 18 las masacres con 93 víctimas, y en 1988 hubo 62 masacres con 323 asesinados. El mencionado investigador narra que: “…Posteriormente se descubrió la fosa común de Hoyomalo en San Vicente, donde fueron exhumados 50 cadáveres, pero se habla del doble de muertos…San Vicente, El Carmen y Simacota constituyen el centro de la acción paramilitar en el Magdalena Medio…” (Molano Bravo, 2009, p. 45). Es en este contexto histórico donde

La explotación petrolera, la expansión ganadera y palmera y la construcción del tramo entre La Dorada y Aguachica de la Troncal de la Paz, acentuaron el ritmo de desarrollo económico regional, bajo el modelo de crecimiento-despojo. El principal efecto fue una fuerte presión sobre las economías campesinas y la migración de grandes contingentes de mano de obra hacia las ciudades de las que depende el Magdalena Medio” (Molano Bravo, 2009, p. 71).

En este punto es pertinente resaltar que fue en el Corregimiento de Yarima, en zona de San Vicente de Chucurí, que a comienzos de los ochenta se consolidaron algunas plantaciones de palma aceitera. Este monocultivo muy rápidamente se extendió por la parte del bajo San Vicente de Chucurí, por el Corregimiento de La Fortuna, por Puerto Wilches, Sabana de Torres, entre San Alberto y San Martin, donde se consolida la Industria Agraria de la Palma (INDUPALMA), que llega a poseer algo más de 10.000 hectáreas sembradas para finales de los noventa. El investigador Cote afirma que

La agroindustria de la palma africana, INDUPALMA Ltda., ha sido pionera del cultivo industrial de la palma africana desde finales de los años 50, particularmente en la región de San Alberto, sur del Cesar. Es una industria oligopólica en cuanto a la producción, a los precios, a las inversiones y a la generación de empleos… Hace parte junto con 23 empresas del conglomerado Morris Gutt (Cote Rojas, 2012, p. 44).

Cote también muestra que:

Hacia finales de los años 50 la selva nativa desaparece para dar paso al cultivo industrial de la palma africana que comenzó en la región de San Alberto y posteriormente se extendió hacia el occidente, particularmente a Puerto Wilches. Si bien la mayoría de las empresas fueron creadas por inversionistas privados, muy ligados a la gran propiedad rural de la zona, se debe señalar que el encargado de manejar las relaciones con colonos y campesinos propietarios de extensiones menores de tierra, fue José Joaquín Ortiz, conocido como el Administrador y posteriormente como el Capitán Tinieblas. Algunos habitantes de San Alberto lo acusan de haber desalojado violentamente a muchos de los colonos y jornaleros que se resistían a vender razón por la cual así fue apodado (Cote Rojas, 2012, p. 45).

Los grandes palmeros incrementan ostensiblemente la rentabilidad de sus negocios:

“… porque el campesino lo pone todo, pone la tierra, pone la mano de obra, pone a trabajar a su familia, y simplemente le entrega el producto para que lo procese el palmero y él pone las condiciones… Desaparece la relación empresa-trabajador, pues la nueva relación laboral es entre empresa y cooperativas. Éstas últimas deben asumir los costos de las prestaciones sociales y demás auxilios, que generalmente son diferidos directamente a los trabajadores” (Cote Rojas, 2012, pág. 58).

A los mencionados costes sociales se agregan los graves daños ecológicos que genera el cultivo de la palma africana. Un estudio reciente de la Universidad Autónoma de Barcelona muestra, entre otras cosas, que:

…El crecimiento de las plantaciones de palma aceitera africana se debe a la gran demanda por parte de los países del Norte para la producción de biocombustibles, lubricantes, cosméticos y alimentación. Según datos del Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) del ICTA-UAB, que recoge los conflictos ambientales a nivel mundial, el Sudeste Asiático concentra la mayor extensión de cultivo de palmera con 8 millones de hectáreas cultivadas en Indonesia y 4 millones de hectáreas en Malasia. En América Latina las mayores extensiones se encuentran en Colombia, con 400 mil hectáreas, seguido de Ecuador con 280.000 y Honduras con 250.000. (La Vanguardia, 2017).

Como lo plantean los ecologistas de Greenpeace, en aras de surtir a firmas como Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson y PepsiCo, países como Indonesia han deforestado sus selvas tropicales alcanzando una escandalosa extensión que supera el área de Alemania. Hay que hacer énfasis en que el cultivo de palma aceitera tiene una vida útil de 25 años y genera infertilidad en los suelos (Greenpeace, 2016).

El romance del PDPMM con palmeros y otros megaproyectos

Como escribe Alfredo Molano en el texto citado, en el Magdalena Medio el PDPMM brindó apoyo a la Fundación para el Desarrollo de las zonas palmeras de Colombia (FUNDEPALMA) y a otras redes de productores palmeros, con recursos o fondos de la USAID. Luego el PDPMM recibió el apoyo financiero de la Unión Europea. Desde 2012 hasta el 2019 recibió recursos de empresas extractivistas como ISAGEN, Ecopetrol y otras empresas con capitales extranjeros. Esto significa que el PDPMM fue apoyado y a su vez ayudó a empresas con grandes intereses, en materia de proyectos extractivos en el Magdalena Medio.

El PDPMM de una u otra manera legitimó el negocio de la palma allí donde está se había consolidado habiendo, previamente, generado desplazamientos y muchos actos violentos. Su estrategia fue incorporar la economía campesina al cultivo de la palma aceitera, mediante el proyecto denominado “La Palma Campesina”. Para Molano,

La Palma Campesina es con mucho uno de los más importantes proyectos del PDPMM, y lo es, paradójicamente, por la amenaza que representa para la economía campesina y la estabilidad regional el cultivo de la agroindustria de la palma africana (Molano Bravo, 2009, p. 131).

Además, resalta que:

Uno de los papeles que cumple el PDPMM es el de intermediario entre las necesidades de las comunidades y el Estado. El programa busca soluciones a los conflictos locales reclamando y gestionando la atención del gobierno, de la cooperación internacional y de la empresa privada. (Molano Bravo, 2009, p. 154)

Desde el PDPMM, persuadieron, convencieron e indujeron a miles de campesinos para que se afianzaran en la creencia de que los mejores negocios son las economías extractivas, en particular, la palma aceitera. Además, desde el PDPMM manifestaron que la extracción petrolera podía convivir con la actividad agropecuaria. Por ello impulsaron la siembra de la palma y la consolidación de las extractoras y, por el bienintencionado camino de ese trabajo social, lavaron la imagen de empresarios beneficiados de estructuras criminales. Al contribuir al establecimiento del cultivo de palma como un negocio próspero, introdujeron la lógica del ánimo de lucro en la mentalidad del campesinado. Tristemente, el apoyo del PDPMM a un desarrollo económico basado en economías extractivas de oscuro origen, significó un apoyo indirecto al despojo, a las desapariciones y a los asesinatos de cientos de campesinos, pescadores. Con el anzuelo de un negocio rentable y supuestamente provechoso para la economía campesina tradicional, los propietarios rurales quedaron sujetos a las imposiciones mercantiles de la actividad palmera.

El PDPMM incentivó el cultivo de palma aceitera en muchas veredas y corregimientos de municipios como San Vicente de Chucurí, San Pablo, Puerto Parra, Barrancabermeja. Románticamente la publicitó como “La Palma Campesina” y permitió las economías campesinas de la región santandereana se involucraran considerablemente con este cultivo. Se destaca que actualmente hay en esa región más de 85 mil hectáreas de palma y 7 extractoras (según datos de FEDEPALMA)[3], para transformar los corozos de la palma en aceite de palma y sus diferentes subproductos. En el departamento de Santander el PDPMM logró que las comunidades aceptaran, sin tanta oposición social y sin acciones jurídicas contundentes, diversos y cuestionados megaproyectos, en particular: la hidroeléctrica de Hidrosogamoso y, además, la entrega del 50% de la producción del campo petrolero más antiguo de Colombia (La Cira-Infantas) a la OXY.

En términos estratégicos con la iniciativa de la “palma campesina” implementada por el PDPMM se ha pretendido reducir el conflicto social entre campesinos, terratenientes y los propietarios de los grandes agro-negocios, mediante el supuesto fortalecimiento de la sociedad civil. En el componente económico se ha buscado modernizar la agricultura tradicional, haciendo que las parcelas campesinas se conviertan en negocios rentables al incorporar el cultivo de palma aceitera al lado de sus cultivos tradicionales de subsistencia.

De acuerdo con Sankey (2017) en la zona del Magdalena Medio, desde el año 2000 hasta el 2015, se incrementó casi dos veces el cultivo de palma aceitera, al pasar de 80.000 a 140.000 hectáreas cultivadas y otras 160.000 proyectadas.

Se resalta que, en Colombia en general y en el Magdalena Medio en particular, uno de los acicates para el acaparamiento de tierras destinadas al cultivo de palma aceitera ha sido el notable incremento en el precio de esta materia prima (el precio de esta se incrementó en 676% entre 2000 y 2011).

Como lo describe Molano en las últimas páginas de su libro en medio del Magdalena Medio:

Por último, es justo reconocer que violencia en el Magdalena Medio ha disminuido. ¿Cuál es el futuro del PDPMM si la tendencia continúa? Una de las principales funciones que el programa era la defensa de la vida y de los derechos humanos. La gente buscaba y respaldaba sus acciones porque encontraba una especie de trinchera contra la arbitrariedad. Se puede decir que, en buena medida, la defensa del PDPMM de las comunidades era el cemento de su obra. Es posible, por tanto, que al debilitarse la violencia su función principal sea sustituida por la mera promoción económica…Desde el punto de vista histórico, el PDPMM ha sido el puente para integrar la región a una estructura económica que ha cambiado solo en el sentido de privilegiar al sector primario sin modificar las reglas de la distribución de ingresos (Molano Bravo, 2009, p. 156).

Por su parte, el investigador Zamora (2013), concluye su artículo afirmando que

Lo que podemos sostener con nuestra investigación es que con el respaldo de la cooperación europea (aunque no exclusivamente ésta) el PDPMM ha contribuido a implementar un modelo de desarrollo que ha favorecido la extensión de la agroindustria palmera en el MM a través de iniciativas como la Palma Campesina.

Después del 2010 se comenzaron a generar procesos de supuesta cohesión social en varios municipios del Magdalena Medio. Cuando la violencia disminuyó fue quizás porque ya no había ni sindicalistas, ni dirigentes sociales, comunitarios y campesinos que asesinar o amedrentar. Entonces el PDPMM se convirtió en un lobista de grandes empresas con intereses en el territorio. En consecuencia, firmó contratos para asuntos de responsabilidad social con ISAGEN; en el proceso de construcción de Hidro-Sogamoso incidió para que el proyecto se construyera sin ningún tipo de oposición social; la labor del PDPMM fue contundente en convencer a las comunidades de que la construcción del embalse Topocoro generaría desarrollo para la región. Hoy han transcurrido más de cinco años del funcionamiento de esa represa, las comunidades, tanto aguas arriba como aguas abajo, son víctimas del desarrollo, debido a la apropiación del territorio, del río y del embalse por parte de ISAGEN.

El Magdalena Medio santandereano (las provincias Yariguíes y Carare), junto al Sur de Bolívar (los territorios del Valle Medio del Magdalena) ha sufrido la violencia del conflicto interno y, además, una gran presencia en materia de proyectos sociales. En tiempos recientes pululan allí actividades de asistencia social y también espacios de diálogo entre las comunidades y autoridades locales, regionales y nacionales. En ese ambiente se destaca el PDPMM en su más de 20 años de gran incidencia social y económica, más en favor de grandes proyectos extractivistas. El mencionado sesgo afecta negativamente los Derechos Humanos y la preservación del medio ambiente en el Magdalena Medio.

En el departamento de Santander son 13 municipios (Bolívar, Landázuri, El Peñón, Cimitarra, Puerto Parra, Barrancabermeja, Simacota, El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Betulia, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Rionegro) que el PDPMM definió en su planeación inicial y estableció en su idea de región para el Magdalena Medio. Al comenzar el siglo XXI estos municipios orbitan en torno a unas lógicas y unas dinámicas que permiten la consolidación de grandes proyectos extractivos en la región relacionados con explotación de hidrocarburos, la minería y la agroindustria. Esto contribuye a la degradación ambiental de un territorio con santuarios ecológicos como la Serranía de San Lucas con la Serranía de los Yariguíes y su conexión en el complejo cienagoso del Magdalena Medio.

Hoy en las comunidades muy poca gente busca al PDPMM como intermediario. También es conocido que desde la REDPRODEPAZ[4], plataforma que aglutina los diferentes Programas de Desarrollo impulsados por una parte de la iglesia católica, tiene contratos con Ecopetrol, para impulsar un dialogo minero energético, que es un escenario para convencer a las comunidades de las bondades de la extracción de petróleo o minería.

Conclusión

En los textos clásicos de elección social, de autores como Arrow (1963) y Sen (1970), se plantea que la escogencia colectiva permite remediar importantes fallas del mercado como la desigualdad, la insensibilidad ante lo público y algunas incertidumbres. Además, se subraya que es antiliberal e inadmisible que un dictador o una oligarquía impongan su voluntad sobre una sociedad. No obstante, desde orillas ideológicas disímiles, otros teóricos han mostrado la expansión de la sociedad de mercado y la consolidación de la democracia indirecta. Polanyi (2001) ha mostrado que la sociedad tiende a ser regulada por el mercado (a la inversa de lo que acontecía en las sociedades pre-modernas) y, en consecuencia, políticos y sociedades tienden a trabajar en función de los dictámenes mercantiles. Por otra parte, desde un crudo enfoque de realismo cínico, Schumpeter (1942) mostró que en el capitalismo no funciona la soberanía popular (en donde una sociedad escoge un estado social que debe ser administrado por el Estado) sino, más bien, la democracia indirecta en donde los electores apenas “escogen” a una minoría de gobernantes que son los que toman las decisiones públicas relevantes.

En el terreno de lo empírico, lo que se constata en el caso del Magdalena Medio, es que el PDPMM es el equivalente de una oligarquía ilustrada y pacifista que, no obstante, sirve de correa de transmisión, para imponer los dictámenes del mercado y algunas políticas desarrollistas por parte del Estado colombiano.

El PDPMM es una organización no gubernamental que, sintomáticamente, es ejecutora de políticas públicas gubernamentales y, además, está subordinada a las señales pecuniarias (de la rentabilidad). En particular, el PDPMM ha facilitado la subordinación de las economías campesinas del Magdalena Medio a los dictámenes del mercado nacional y mundial como la demanda de materias primas (en especial combustibles fósiles y palma africana). A pesar del compromiso con el proyecto y los riesgos asumidos, los más destacados directores y administradores del PDPMM, y la mayor parte de su personal profesional, son personas exógenas a la región del Magdalena Medio. A juzgar por su origen y sus principios y su imaginario (brevemente descritos en la secciones anteriores), esta organización equivale a una élite ilustrada o a una bienintencionada oligarquía pacifista inscrita en un proyecto de paz neoliberal. Esta sui generis organización no gubernamental promueve el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, haciendo énfasis en la construcción local de paz. No obstante su pacifismo es neoliberal porque no sale de los lineamientos impuestos por el Estado, el Banco Mundial, la cooperación europea. Además promueve inversiones productivas (y rentables), como la palma africana, siguiendo las señales de precios del mercado.

El PDPMM no es una comunidad de pobladores nativos y autónomos del Magdalena Medio que, de manera autónoma, hubiese decidido propender por la escogencia de un estado social en aras de superar las fallas del mercado, mediante un ejercicio de democracia directa (un mandato ciudadano sobre el Estado local y nacional). Tampoco es una colectividad que, en contravía de las señales del mercado pero en defensa de recursos naturales comunes (como el agua, los bosques y suelos fértiles), hubiese propendido por la defensa del medio ambiente. Mucho menos es una organización que hubiese actuado en contravía de una economía extractivista que, tristemente, es tradición en la región del Magdalena Medio y, actualmente, una prioridad nacional por parte de los gobernantes colombianos.

En la región del Magdalena Medio, como ocurre actualmente en casi todos los rincones del globo, existe una sociedad de mercado y una democracia indirecta que se imponen, vertical y antidemocráticamente, sobre los pobladores. La sociedad está regulada por el mercado (Polanyi, 2001). Así las cosas, las familias y comunidades, al igual que las diversas organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios estatales y los dirigentes de los diversos gobiernos, están subordinados a las señales y dictámenes de los grandes emporios industriales y comerciales. La democracia es indirecta pues la ciudadanía apenas elige periódicamente a unos dirigentes del gobierno que, en realidad, hacen las veces de funcionarios o mandaderos de los grandes grupos de presión económica. El PDPMM, simplemente, ha facilitado la subordinación del campesinado a los dictámenes del mercado. Así las cosas, ha sido la mano visible que, con pacifista guante de seda, ha permitido el buen funcionamiento de los negocios de economías extractivistas en la zona del Magdalena Medio.

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