Introducción

En Colombia, la historia política del país ha venido desarrollándose entre luces y sombras, entre esperanzas y desasosiegos imperantes marcados por cuenta de la guerra y la búsqueda de la paz, en medio de diálogo y conflictos causantes de la violencia más larga de la historia, dejando miles de víctimas y victimarios.

El conflicto armado en Colombia se remonta a hechos históricos que por décadas han vulnerado la integridad del tejido social y la vivencia de los derechos humanos de los colombianos. En este sentido, el conflicto armado argumenta la eficacia de la educación en la medida en que ésta contribuya a formar para la paz y la vivencia de la unidad en la diversidad, partiendo de la integralidad como accionar benévolo de naturaleza social que mitiga los resquemores, vestigios e índices de violencia que persisten en los espacios educativos de zonas de conflicto, ya sea por predisposiciones históricas, sicológicas o experienciales y que persisten en la coyuntura contemporánea del proceso de paz y el actual posconflicto, (Bernate et al., 2019)

Es así como el conflicto armado Colombiano ha generado en los procesos educativos ausencia de formación en valores en los jóvenes de la sociedad actual y las tendencias de la época moderna en su acontecer más profundo han venido menoscabando la importancia de la dimensión social del ser humano tras el surgimiento de la nueva utopía cultural definida según Yentzen (2004) como la modernidad convertida en la liberación de la mente humana por medio de la razón y bajo la convicción de que este hombre racional deja atrás la barbarie. Si bien es cierto, que la incapacidad cultural para realizar la promesa utópica de dejar atrás la barbarie, la espiritualidad y la paz interior siguen siendo una aspiración deseada, aún en medio de los efectos del materialismo y del consumismo que imperan en la sociedad actual, promovidos por los medios de comunicación, menoscabando de alguna manera aspectos fundamentales de la dimensión trascendental de los jóvenes, considerándolos desde una esfera efímera, terrenal y pasajera, por ello se hace prioritario considerar los escenarios educativos como territorios de paz.

En este contexto, la educación de la sociedad actual independientemente de la cultura, identidad de género o religión que profesen, el materialismo y el consumismo excesivo que les ofrece la sociedad, genera leves y marcadas réplicas en ellos en su forma de vestir, en sus expresiones verbales, en su auto valoración y en el valor por el otro, incluso, en la manera como definen el amor y como dirigen sus relaciones interpersonales y afectivas. Por su parte, los padres de familia y los educadores, se proponen luchar contracorriente procurando una formación en valores y espiritualidad, para forjar jóvenes con sentido trascendente a través de la vivencia en la fe, enmarcada en principios universales como la ética y la moral (Bernate, 2021).

Sumado a lo anterior, la educación pública en Colombia en los últimos años se ha visto afectada por la sobrepoblación escolar y la escasez de recursos económicos para atender integralmente sus demandas; pues, las zonas de conflicto, por ser territorios alejados de la civilización moderna semejan problemas de ausencia del Estado y carencias propias de las grandes regiones rurales.

Frente a este panorama, los bajos niveles educativos de sus habitantes, la informalidad laboral y las fuentes de ingreso para las familias de los estudiantes en estas regiones son caldo de cultivo para la lucha extenuante por encontrar el sustento diario, a costa de renunciar a sus propios intereses e ideales de superación personal y acoger propuestas nefastas que provenientes de líderes de los grupos subversivos y los alzados en armas. Así, el sometimiento de los jóvenes a estos grupos armados refleja una nostalgia de libertad con un deseo de acercamiento preferencial a lo que les signifique unidad, lejos de aferrarse a una determinada cultura, aun cuando por tradición y herencia social, la mayoría de ellos procedan de familias con ideologías conservadoras.

Los efectos de la violencia en Colombia han penetrado parte fundamental de las esferas geográficas del centro del país, las mismas que han servido de albergue para los grupos desmovilizados y también, como refugio de los grupos alzados en armas, según lo comenta Pérez (2005) cuando refiere el proceso de inserción social y configuración territorial a partir de los imaginarios de la Población en Situación de Desplazamiento –SD– localizado en la periferia de la ciudad de Bogotá, específicamente en la zona limítrofe entre el municipio de Soacha y Ciudad Bolívar, evidenciando con ello parte de la problemática social secundada en las nuevas generaciones producto de una guerra sin sentido desde hace cinco décadas.

En consecuencia, la educación universitaria desde los programas de pregrado y posgrado, debe partir del abordaje de las etapas evolutivas de los estudiantes en todos los niveles, tocando mente y corazón en función de la transformación personal y comunitaria a escala local, nacional e internacional, resignificando el sentido de vida, la espiritualidad y la trascendencia que tienen los seres humanos en orden a su misión y visión, priorizando los adolescentes y jóvenes universitarios, para hacer de ellos instrumentos de paz tanto en la escuela como en la sociedad.

Breve reseña histórica del conflicto y posconflicto en Colombia

El conflicto a través de la historia y desde los tiempos remotos ha sido considerado un suceso inherente a los grupos sociales, ya sea por la naturaleza homogénea de los mismos o por la composición múltiple de las categorías socio-culturales diferenciadoras de los criterios humanos, entre los que pueden predominar: edad, denominación religiosa, idioma, etnia, opinión filosófica, estrato socio-económico, entre otros. De acuerdo con Bajoit (2008) el conflicto es la manifestación natural de las comunidades humanas; y parafraseando a Vargas-Velázquez (1994) ha de ser entendido como la expresión de la diversidad y la complejidad de las sociedades con múltiples intereses, expectativas y problemas de los grupos que lo conforman, por lo que lo condenable surge cuando las diferencias generan un desplazamiento polémico hacia las esferas sociales en la que la única solución posible se fundamenta en la eliminación del otro, entendido como un enemigo al que hay que abolir.

Para la comunidad internacional, el conflicto armado en Colombia es considerado el más largo de la historia contemporánea del mundo, cuyas consecuencias a esfera local, departamental y nacional han sido devastadoras afectando principalmente el desarrollo económico y social del país, sumado al debilitamiento del tejido social. En esta línea, de acuerdo con Salas-Salazar (2016) al hablar de conflicto armado en Colombia se hace referencia al conjunto de factores que promueven la articulación y las relaciones entre individuos y factores que facilitan el trato social y las relaciones entre individuos que promueven el desarrollo de las comunidades, por lo que una vez fragmentado es necesario repararlo mediante la aportación individual que puedan accionar los individuos, sumada a la acción colectiva de los agentes estatales desde sus esferas de acción con proyectos y planes que promuevan conductas hacia la tolerancia y convivencia pacífica para impactar positivamente en la transformación de la conciencia individual y colectiva de los ciudadanos.

Cabe anotar que la naturaleza del conflicto armado radica en la violación a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo que se traduce en la afectación a la paz individual y colectiva de los ciudadanos y por ende de las nuevas generaciones. En esta línea, la acción colectiva conflictual de categoría social propia del conflicto, evidencia unas dimensiones particulares, que hacen referencia a los campos de enfrentamiento ya sea por las prácticas antagónicas o por las imágenes implícitas en la memoria de los colombianos que recrudecen la utilización de la violencia como recurso fundamental a la defensiva; imágenes que se han heredado a las nuevas generaciones y por ende a la población escolar, fruto de la actual sociedad.

En concordancia con lo anterior, parafraseando a Cortés et al. (2016) la necesidad de cambio, perdón y reconciliación deben surgir como un proceso de reemplazo de las emociones negativas hacia los agresores por emociones positivas, acompañadas del olvido y la aceptación, entendidas como la reconciliación con las interacciones con total apertura al compromiso de no repetición de la ofensa y en otros casos, a la exigencia de que los ofensores experimenten amnistía por sus agravios; tarea que debe desplegarse desde las diferentes esferas educacionales en el actual posconflicto, especialmente en las nuevas generaciones.

A mediados de los años sesenta cuando las consecuencias de la Guerra Fría se evidenciaron en América Latina, en Colombia se generó una serie de anomalías sociales en las que la democracia fue vulnerada por los proyectos a modo de dictadura militar que confluían desde arriba y de grupos armados o guerrillas que emergían desde abajo. Es así como las raíces del conflicto armado se ahíncan desde tiempos remotos a la época bipartidista entre liberales y conservadores con la aparición de los primeros campesinos alzados en armas en protesta por la ausencia de mecanismos redistributivos de la propiedad de la tierra y para incitar a los gobiernos de turno a instaurar nuevas reformas agrarias.

Posteriormente, en el año 1948 y tras la muerte del líder Jorge Eliécer Gaitán mientras enarbolaba la bandera de las reformas sociales con esperanzadoras propuestas de mejora a la dimensión social del Estado Colombiano, se inicia una era de violencia en contra del Estado Colombiano, mezclada con los grupos emergentes del narcotráfico, las bandas criminales, las FARC, los Paramilitares, el Ejército y la Policía Nacional, los mismos que se desarrollaron en dos fases, siendo la primera entre 1964 y 1980 en donde se confrontaron las Guerrillas de la primera generación y las Fuerzas Militares, caracterizada por el debilitamiento de la guerrilla a finales de los años sesenta y principios de los setenta; pero agudizada en la segunda fase, entre 1980 y 2015 con la aparición de grupos paramilitares poderosamente financiados con recursos sin antecedentes legales, provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión; dando lugar a organizaciones criminales que se sumaron al conflicto a través del liderazgo de agentes políticos que buscaban obtener beneficios particulares en medio del conflicto.

La violencia continúa y se recrudece alrededor del año 1982 cuando el presidente de esa época, Belisario Betancur, inicia el primer proceso de paz en Colombia, en un panorama sin modelos internacionales que pudiera orientar la resolución de conflictos internos entre partidos políticos en tiempos de guerra civil protagonizada por liberales y conservadores, donde había ganadores y perdedores tras el triunfo de las campañas políticas y el liderazgo de sus representantes. Es entonces cuando, a través de negociaciones exitosas iniciadas a comienzos del siglo XX llega un momento de tregua y con ello el fin de la Guerra Fría, suscitándose paralelamente casos de soluciones negociadas en Centroamérica, África y el Medio Oriente.

Pese a que el común de la gente de esa época pensara que los intentos de paz del presidente Betancur fracasaron, se vislumbra que en su gobierno hubo un cambio importante orientado a la vivencia de la Paz como valor universal, y para ello fue preciso reconocer que “la oposición armada es un actor político y por tanto es necesario abrir un diálogo con ella” (Chernick, 1996, p. 1) contemplando la apertura al proceso democrático como nuevo planteamiento de política pública para la negociación con la guerrilla sobre la base de su particular sistema político reformado. Y fue así como el cese al fuego dio paso a las mesas de discusión sobre los grandes problemas del país en materia de equidad y desigualdad, y se plantearon grandes reformas a realidades propias de la población agraria y urbana, legislándose con ello la garantía de los derechos humanos sin alcanzarse en esencia el preciado don de la paz para los habitantes de las zonas en conflicto.

Por su parte, Virgilio Barco llega al poder en el año 1986 y este nuevo gobierno evalúa la política de paz de Betancur, concluyendo que sus predecesores improvisaron las negociaciones por la paz y por tanto se desconocieron las metas claras y generaron confusión, para lo cual era necesario delimitar los actores sociales involucrados trazando de por medio tareas concretas y certeras que concluyeran en un final desenlace a los conflictos del país.

Resultado de las valoraciones del presidente Barco, se funda la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, como emblema del compromiso del gobierno de ese entonces por el más alto nivel, lo que permitió filtrar el alcance de las negociaciones discriminando las situaciones manejables a través de la conciliación con los grupos subversivos siguiendo los pasos del desarme y la posterior reinserción a la vida civil de manera legal. Y a pesar que este gobierno desarrolló una serie de programas encaminados a la rehabilitación de las zonas de violencia, sin embargo, no logró su objetivo luego que la población civil percibiera que el interés del gobierno se enfocaba en reafirmar la autoridad del Estado como Estado y deslegitimar a los grupos alzados en armas, lejos del diálogo y la participación ciudadana, concluyéndose que la estrategia de Barco fue un programa maquiavélico, por cuanto impidió las negociaciones sustantivas al permitir la ruptura de los acuerdos del cese al fuego firmados por las FARC durante el gobierno de Betancur, adicional a que la guerrilla aprovechó este tiempo para darse una tregua aumentando su pie de fuerza y fortaleciendo sus frentes de ataque (Calderón, 2016)

Ya en 1989, el gobierno de Barco vuelve a tomar las riendas de las negociaciones sobre la estrecha dejación de las armas y la subsecuente incorporación política, para lo cual, algunos grupos guerrilleros como el M-19, parte del EPL y el grupo indígena Quintín Lame entran en una era parcial de paz respecto de los derechos de la población indígena, los derechos humanos, el regreso de las poblaciones exiliadas, la conducta de las Fuerzas Armadas y otros temas de interés nacional.

En 1991, bajo el mandato de César Gaviria, el país sufre grandes transformaciones económicas y políticas orientadas a la base de la estructura competitiva, para lo cual se da una reforma constitucional y se promulga la actual Constitución Política, a través de la cual se legisla a Colombia como un estado social de derecho que propende por la paz como valor social universal.

Llega al poder el presidente Ernesto Samper en el año 1994 y uno de sus primeros actos fue pedir un informe al Alto Consejero para La Paz sobre la voluntad de la guerrilla y la posibilidad de entrar en negociaciones con esta organización. Es entonces cuando se empieza a considerar a la guerrilla como un grupo de carácter político, lejos del temor social que se generó en la ciudadanía al considerarlos secuestradores y bandidos.

Para el año 1997 asume la presidencia Andrés Pastrana, quien en San Vicente del Caguán crea la zona de distención, consistente en un área de 42.000 km2 otorgados mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998 para adelantar el proceso de paz con las FARC y el EPL y de esta manera, acabar con el conflicto armado; resultando finalmente infructuoso y sin éxito.

Hacia el año 1998, Pastrana intentó negociar con la guerrilla y se inició el llamado Proceso del Caguán en el que se intentó un acercamiento por parte del Gobierno Nacional con las FARC, pero por el incumplimiento de su máximo líder Manuel Marulanda Vélez, el proceso quedó inconcluso. Años más tarde, en 2002 asume la presidencia Álvaro Uribe Vélez, quien con su política beligerante patrocinada por el Plan Colombia de Estados Unidos abolió la zona de despeje del Caguán y se inició una Política de Seguridad Democrática en la cual se planteaba la existente necesidad de fortalecer la actividades a lo largo del territorio colombiano, y al mismo tiempo permitir que la sociedad civil colaborara para obtener el éxito militar satisfactorio frente a los grupos armados al margen de la ley, de tal manera que se llevara a la desmovilización y la rendición de los subversivos.

Fue entonces en el año 2002 cuando el presidente Uribe impulsó la política de seguridad democrática como estrategia activa en la sociedad colombiana dentro de la lucha del Estado y sus órganos de seguridad frente a las amenazas de los grupos subversivos, en la cual se proponía:

Recuperar el orden y la seguridad -requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es preocupación central de este Gobierno. La Seguridad Democrática es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos. Que el Estado proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos (Ministerio de Defensa, 2003, p. 5)

Esta política de seguridad democrática permitió que el país se moviera entre actores armados preparados para combatir con noción y base de considerar a los grupos subversivos bajo la idea de “enemigos” del Estado, sembrando sutilmente fuertes brechas entre la policía y las fuerzas militares. Al respecto, Montes (2009) refiere que la administración de Uribe estuvo centrada en el proceso de negociación con las autodefensas, al considerarlo como un paso importante hacia la consolidación de la paz en el país, pese a que después del proceso de desmovilización, muchos cuestionamientos surgieran en relación con la sostenibilidad del proceso y el impacto real del mismo en la dinámica del conflicto.

Y posteriormente, en el año 2016 el presidente de esa época, Juan Manuel Santos le apuesta al país por la paz estable y duradera estableciendo los Acuerdos de Paz, que buscaban impedir la violencia entre víctimas y victimarios alcanzando con este proceso que el Comité del Parlamento Noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz por su labor como presidente de un país que ha vivido por más de cincuenta años en guerra civil y ha cobrado miles de vidas humanas, a la vez que se logró la firma del Tratado de Paz, en donde se acordó por parte de las FARC ponerle fin a la violencia y concentrar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera.

Para tal efecto, se ofrecieron cuantiosas recompensas a informantes, la estimulación de las deserciones de los grupos armados ilegales, la creación de unidades de soldados campesinos y el aumento del presupuesto asignado a la Defensa Nacional. Sin embargo, esta política no dio el resultado esperado debido a que se inician grupos insurgentes y se suman considerables cifras que tenían presencia a lo largo y ancho del territorio colombiano, soportados en sumas millonarias que recrudecían sus fuerzas deliberantes en guerra contra el Estado.

Con el paso del tiempo y gracias a la Política de Seguridad Democrática se produce un estancamiento doloroso en el auge de la guerrilla, en la que terminaron considerablemente debilitadas por la deserción de un sinnúmero de sus integrantes; sin embargo, el Gobierno Nacional no obtiene todavía la victoria militar y se continúa en su lucha por abolir a los grupos insurgentes, lejos de pensar en una nueva negociación. Por último, este gobierno dedica parte de los esfuerzos enfocados exclusivamente al paramilitarismo y es así como a finales de los años sesenta se vinculan al conflicto los Carteles de Medellín y Cali, buscando consolidarse como los señores de la guerra, con un proyecto criminal en contra del Estado, al que el gobierno colombiano desarticuló con grandes esfuerzos, los subversivos, por su parte rebatieron con el llamado Clan Úsuga o Bandas Criminales.

Por otro lado, ya en el año 2011 Juan Manuel Santos, presidente de Colombia mediante la promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, manifestó a la guerrilla su intención de retomar las discusiones, para lo cual empezó una serie de comunicaciones secretas por medio de recados entre la subversión y el gobierno. Posteriormente, estos diálogos se hicieron presenciales en Cuba y finalmente, tras varias escenas de discusión, las partes optaron por la elaboración de una agenda de reuniones, en las que designaron a Cuba y Noruega como países garantes. Así las cosas, las partes discutieron la necesidad de nombrar más facilitadores y es entonces cuando se escoge a Venezuela y al gobierno de Chile.

Transcurre el tiempo y llegado el año 2016 el presidente Santos suscribe el acuerdo con representación internacional el 26 de septiembre de este mismo año, al cual asistieron miembros del grupo insurgente y de altos mandos del gobierno nacional, el mismo que pocos días después es sometido a votación popular mediante el plebiscito por la paz, en el que ganó el No con un mínimo porcentaje por encima del Sí. Cabe anotar que esta derrota no fue impedimento para continuar con el Proceso de Paz que finalmente se hizo efectivo y a la fecha se encuentra en su fase de posconflicto con nuevas políticas y acciones por ejecutar en beneficio del país y de la paz en los ciudadanos colombianos.

En la actualidad, el presidente de Colombia desde el año 2018, Iván Duque, mantiene su rechazo a los acuerdos de pactados por Santos en 2016, asegurando que su Gobierno quiere que la reincorporación salga bien y por tanto “mi idea de paz con legalidad no está atada al antes o al después del proceso con las FARC” (El País, 2020).

Afectaciones, retos y desafíos educativos del conflicto armado en Colombia

La afectación al derecho a la educación, reconocido constitucionalmente en Colombia como una fuerza de niños, niñas y jóvenes se desarrolló principalmente en el Departamento de Antioquia en el marco de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el que se constató de acuerdo con Romero (2013) que los grupos al margen de la ley tomaron más de una vez las escuelas como sitios de alojamiento, trincheras, mientras que hacían reclutamiento forzado y proselitismo con operaciones de tortura y entrenamiento militar, concentrándose en las escuelas para resguardarse en medio del conflicto. En consecuencia, se impidió la normalidad académica y el disfrute del derecho a la educación de miles de niños, sumada la siembra indiscriminada de minas antipersona que fueron utilizadas como estrategia de guerra pese a que la legislación colombiana y mundial las prohíbe (Romero, 2013).

De acuerdo con Rodríguez, De La Torre y Miranda (2002), el conflicto armado colombiano a nivel social ha marcado la salud mental de las nuevas generaciones, en la medida en que la confrontación compleja y prolongada de los grupos subversivos ha influenciado las acciones o respuestas a implementar por parte de la población civil, involucrando sesgos de violencia y actitudes a la defensiva frente a las diversas situaciones cotidianas por las que han tenido que pasar los habitantes en territorios de conflicto.

Ante este escenario y al igual que en otros países, “los actores involucrados han participado en numerosos acercamientos, diálogos políticos o procesos de paz, aportando experiencias de negociones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil” (Rodríguez et al., 2002, p.1), generando expectativas asociadas a la vivencia de la paz estable y duradera, pero sin un desenlace convincente que permita la orientación nacional o internacional con organizaciones multilaterales para llevar a feliz término el disfrute de los derechos humanos en un país que dice ser libre y soberano.

Esta mentalidad social con vestigios de resentimiento y violencia transmitidos de generación en generación desde finales del siglo XX, avanza entre luces y sombras hacia el posconflicto en etapas, como bien lo refiere Calderón (2016) al explicar desde una perspectiva teórica los ciclos de vida que tienen los conflictos hasta alcanzar el punto máximo e incluso violento, para luego, disminuir y por último, desaparecer; y aunque en algunos casos reaparece, se espera que en Colombia este largo camino de la violencia a la paz se desarrolle en sus tres etapas: la inicial, la intermedia y la final, con objetivos y avances medibles en cada una de ellas, pese a que la etapa final, conocida como el posconflicto sea la más larga, costosa y la que tenga mayor número de retos debido a su complejidad (Bernate, 2021).

De otro lado Trejos (2013) luego de hacer una revisión teórica del conflicto armado en Colombia, concluye que en la actualidad es el único conflicto armado activo en Latinoamérica y el más longevo de la región, debido a las cinco décadas de confrontación armada en la que los cambios sucedidos a nivel internacional y las dinámicas políticas y militares de los actores han estado en permanente pugna debido a la complejidad de los intereses y los procesos de diálogo fallidos que obstaculizan la comprensión académica y el abordaje conceptual de manera clara y contundente, permitiendo evidenciar la ineptitud de los gobernantes de turno cuando han rezagado los problemas internos del país para centrar su atención en los problemas de los países vecinos.

Este argumento es corroborado por Contreras (2003) cuando expresa que en Colombia los funcionarios judiciales tienen una mínima participación en las causas del conflicto armado dejando en evidencia la vulnerabilidad resultante del ejercicio de la función pública en condiciones precarias y dentro de una sociedad carente de corresponsabilidad social y sentido de justicia frente a las desigualdades causantes de los grandes conflictos, para lo cual, el reto del aparato judicial es mantenerse en el punto neutro de cara a la independencia y la autonomía de los actos del conflicto, como garantes de los derechos humanos de los ciudadanos.

De otra parte, Nasi & Rettberg (2005) tras estudios avanzados sobre el conflicto armado y la paz como procesos de evolución permanente, sostienen que el fuerte impacto de las sociedades han sido centro de interés de los académicos del mundo, en la medida en que por experiencia del fin de la Guerra Fría se han aumentado los múltiples argumentos y explicaciones que ponderan el conflicto y la guerra como centros de confrontación bipolar entre comunismo y capitalismo, siendo el respiro de otras dinámicas políticas, económicas y sociales internas y externas de las naciones, en donde, de manera particular en Colombia el conflicto armado supera medio siglo de duración nutriendo sustanciosamente la prolífica producción académica de intelectuales y eruditos con literaturas complejas, diversas y sofisticadas tendientes a exaltar la necesidad de adaptación y transformación mental enfocada a superar los nuevos retos conceptuales y empíricos, lejos de consolidarse como una propuesta contundente y un plan operativo que pueda poner fin a su existencia.

Así las cosas, Ríos (2016) al hablar de la periferización del conflicto armado en Colombia refiere que la violencia se ha focalizado en el nororiente y el suroccidente del país, debido a la ausencia del Estado en algunas zonas en las cuales no ha podido ejercer su poder ejecutivo, entre tanto que en escenarios muy alejados de los centros decisorios del país, los funcionarios públicos en contraparte se han prestado para ser actores de corrupción y vulneración de los derechos humanos de los menos favorecidos, haciendo de estos sectores caldo de cultivo para el incremento de las problemáticas sociales secundadas por el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado a menores de edad y el activismo guerrillero.

Lo anterior permite afirmar que la geografía política colombiana se reivindica como una disciplina de análisis en el campo educativo, dadas las posibilidades que ofrece para la creación de nuevos programas y carreras profesionales centradas en el estudio riguroso de los fenómenos sociales y la comprensión de las dinámicas de la violencia como posibilidades de construcción de paz, sobre todo de los sectores geopolíticos influenciados por las FARC y el ELN.

En esta misma línea, Pérez (2011) tras una investigación sobre conflicto y posconflicto en Colombia en clave de seguridad democrática hace un acercamiento a los debates actuales sobre el conflicto armado interno que se ha venido gestando a partir de la política de seguridad democrática propuesta por Álvaro Uribe a comienzos del siglo XXI en donde se pretende construir escenarios que conduzcan a la unidad nacional en ambiente de paz y reconciliación mental y física en clave sutil de políticas de ultraderecha con sesgos capitalistas orientados a la superación del conflicto político y social que permitan dar por terminada la guerra entre subversivos y militares.

Este argumento es corroborado por Gómez-Restrepo, (2003) cuando enlaza la fase que viene después de la firma del acuerdo de paz, visualizando el posconflicto deseable que se debe construir entre todos los frentes humanos, pero principalmente desde el campo de la salud mental para incentivar la resiliencia frente a las adversidades que conlleven a la recomposición de la sociedad favoreciendo la desmovilización de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción a la vida civil y el desarrollo de los acuerdos de paz, toda vez que el conflicto debe verse positivamente como una oportunidad para desarrollar competencias enfocadas a la capacidad de negociación, de mediación y realización de acuerdos, siendo esta última la etapa más importante en cuanto se llega al posconflicto, donde deben primar fundamentalmente la preservación de la paz, la construcción y reconstrucción del tejido social y el cumplimiento de los acuerdos entre las partes negociantes para que la construcción de la paz sea orientada en orden a las “acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto” (Gómez-Restrepo, 2003, p. 2)

Por su parte, la comunidad internacional a lo largo de los años ha ofrecido apoyo a Colombia y le ha sugerido desarrollar políticas orientadas al ejercicio de acciones específicas conducentes a la recuperación de la paz con actividades de atención humanitaria a las víctimas del conflicto, retorno y apoyo a las poblaciones desplazadas y desmovilizadas; construir colectivos comunitarios para debatir acerca de los caminos y posibles salidas al fin del conflicto, con participación de sectores tanto privados como públicos, aunando esfuerzos por el desarrollo sostenible y la generación de empleo, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la forma de compartir el poder con el sector privado; la restauración o la consolidación del Estado de Derecho, la realización de comisiones para tratar diversos temas jurídicos, el resurgimiento y la consolidación de la sociedad civil a través del perdón y la reconciliación.

Así las cosas, es preciso afirmar que la educación en el escenario del conflicto y el posconflicto en Colombia requiere de procesos académicos, según lo refiere Moreno (2017) cuando sostiene que la función de la escuela ha de sobrepasar la construcción de sociedad con el ejercicio investigativo que centre su análisis en la transición del conflicto al posconflicto educando a las nuevas generaciones en los compromisos asumidos para ponerle fin a los más de cincuenta años de guerra y resentimientos entre compatriotas por intereses diversos; pues en el escenario social y empresarial, el posconflicto ha generado un impacto en el país a causa de la firma del acuerdo de paz, y por tanto “se precisa analizar si las empresas colombianas están preparadas para insertar, integrar y brindar igualdad de condiciones laborales a las poblaciones que fueron impactadas por el conflicto armado” (Guiliany et al., 2018, p. 2)

De otra parte, García (2015) afirma que la finalización del conflicto armado con las FARC ha despertado gran interés en la comunidad internacional para la implementación del esperado acuerdo más allá de los recursos económicos, para lo cual esta cooperación debe tener un rol particular en la implementación de los acuerdos a nivel local, “mitigando las debilidades institucionales en las zonas de conflicto con procesos de fortalecimiento local” (García, 2015, p. 1) toda vez que a pesar de la ruptura de los diálogos de paz, los principales donantes continuaron aportando recursos a Colombia, siendo el principal receptor de estos recursos por parte de la comunidad internacional de la región, como bien lo refiere Cortes (2016) en su reflexión sobre los costos de la paz y el posconflicto en busca de la materialización real de los derechos humanos y la atención especial a los grupos marginados, realizada mediante la adopción de las políticas públicas con perspectiva de justicia social y posconflicto, siendo a la vez una guía para la acción e intervención de las autoridades públicas a través de los diferentes planes y programas de desarrollo económico y social.

Para Combita et al., (2013) la mirada focalizada por parte del gobierno nacional para analizar e investigar los avances que se han llevado a cabo para la construcción de la paz y el culmen del proceso, tienen en cuenta diferentes autores de los últimos 10 años acerca del tema, determinando si realmente el gobierno colombiano se encuentra preparado para asumir el posconflicto con nuevas perspectivas analíticas sujetas a nuevos cambios de la realidad. De ahí que para Díaz (2015) las secciones del conflicto colombiano estén enfocadas a objetivos concretos, a saber: 1) comprender los orígenes del conflicto, sus estadísticas con sus pros y sus contras; 2) revisar algunos enfoques estratégicos del marco teórico básico, así como sus propuestas o líneas de acción orientadas no solo a la recuperación de las víctimas, sino también de los territorios afectados con perspectiva de programas y proyectos enfocados en el desarrollo de las zonas de conflicto en beneficio de la sociedad civil y las víctimas; y 3) consolidar los temas estratégicos del posconflicto, así como las consideraciones previas que permitan afrontar soluciones a ciudades y territorios con legalidad e integración, salud, bienestar, desarrollo familiar, derechos humanos, valores y principios morales.

Respecto de la emergencia educativa para una sociedad en posconflicto y paz, Pérez (2014) presenta los resultados parciales que han identificado la investigación de las políticas, discursos y prácticas sobre la memoria, la reparación y la paz con las víctimas del conflicto armado, sobre todo en el gobierno de Santos (2010 – 2018) planteando retos y desafíos para los actores educativos enfocados a los procesos de reconciliación y superación de la guerra y logrando la implementación de la educación en emergencia para contrarrestar los flagelos de la guerra en niños, niñas y adolescentes, los procesos de justicia transicional y la educación para el posconflicto a través de la Cátedra de la Paz que se orienta en todos los establecimientos educativos del país en los niveles de educación Básica y Media.

El alcance del enfoque de la educación inclusiva en el proceso formativo de sujetos en condiciones de desmovilización y reintegración en Colombia, puede definirse según Galtung (1984; citado por Castellanos, 2017, p. 10) como “una habilidad para tratar un problema de intereses, trascendiendo sobre las incompatibilidades y actuando en el mismo sin hacer uso del recurso de la violencia”, toda vez que se logre identificar el factor determinante en el tránsito de la paz al conflicto y viceversa, determinando factores de orden interno y externo que permitan esclarecer el enraizamiento del carácter emocional y emotivo en las víctimas y los victimarios. De ahí que, si la paz es un sistema dentro de un contexto, es preciso urgir de condiciones para que ese sistema no se desequilibre, porque “para conocer la paz tenemos que conocer la violencia” (Galtung, 1984; citado por Castellanos, 2017, p. 11).

En ese orden de ideas y partiendo de la anterior afirmación, se constituye en reto y desafío para la educación actual en Colombia educar a las nuevas generaciones en procesos pedagógicos de orden social y cultural, toda vez que el ejercicio individual está ligado a la corresponsabilidad social, respondiendo a la naturaleza transformadora de la esencia de educar con sentido en el aquí y el ahora, como bien lo refieren Perilla y Machado (2020) cuando sostienen que la gestión para la paz constituye un gran reto que implica la transformación de muchos conceptos arraigados en la sociedad colombiana, ante lo cual las instituciones educativas tienen el papel determinante de accionarlas con base a las normativas vigentes propuestas.

Conclusiones

La búsqueda de la paz en Colombia ha sido un proceso arduo y complejo que ha atravesado por diferentes fases sin alcanzar el máximo objetivo para esta sociedad, sin embargo, diariamente se suman esfuerzos políticos y sociales para la vivencia armoniosa de los ciudadanos en un territorio enmarcado en los derechos humanos.

Formar de estudiantes pacíficos y democráticos, se convierte en el desafío prioritario de la escuela y sobretodo de la educación superior, dado la incidencia que tienen los futuros profesionales en el crecimientos y fortalecimiento de la sociedad colombiana.

Es necesario que el estado colombiano blinde la escuela para que de ninguna manera se afecte el proceso académico, democrático y social de los estudiantes en los diferentes niveles, cumpliendo así con el objetivo liberador de la educación.

El conflicto armado ha generado profundos daños en la sociedad colombiana, por lo que es necesario crear estrategias que fortalezcan los valores y los principios en las personas, de ahí que se pueda construir una interacción cotidiana basada en el respeto lo que a su vez crea una visión esperanzadora de futuro.

Referencias

Bajoit, G. (2008). El cambio social: Análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas. Siglo XXI Editores, S.A: España.

Bernate, J. (2021). Los sistemas educativos iberoamericanos: Revisión documental. Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0, 25(2), 383–400. https://doi.org/10.46498/reduipb.v25i2.1488

Bernate, J. (2021). Pedagogía y Didáctica de la Corporeidad. Una mirada desde la praxis (Pedagogy and Didactics of Corporeality. A look from praxis). Retos, 42, 27-36. https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.86667

Bernate, J., Fonseca, I., & Urrea, P. (2019). Impacto en los procesos de la internacionalización y transnacionalización en la educación física superior UNIMINUTO. EmásF: revista digital de educación física, (61), 11-23. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7133734

Calderón, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (62), 227-257. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-85742016000100227&script=sci_abstract

Castellanos, R. H. (2017). Conflicto armado y posconflicto en Colombia: alcance del enfoque de educación inclusiva en el proceso formativo del sujeto en condición de desmovilización y reintegración. Textos y Sentidos, (16), 81-92. https://revistas.ucp.edu.co/index.php/textosysentidos/article/view/136

Chernick, M. W. (1996). Introducción. Aprender del pasado: breve historia de los procesos de paz en Colombia (1982-1996). Colombia Internacional, (36), 4-8. https://doi.org/10.7440/colombiaint36.1996.02

Combita Reina, L. M., Delgadillo Perdomo, L. M., & Torres Rodríguez, S. M. (2013). El posconflicto en Colombia: una mirada hacia los diferentes procesos de paz. [Corporación Universitaria Minuto de Dios Facultad. Ciencias Empresariales Especialización en Gerencia Social]. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/2224/1/TEGS_CombitaLuzMery_2013.pdf

Contreras, M. H. J. (2003). El conflicto armado en Colombia. Revista de derecho, (19), 119-125. https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/2960

Cortes Zambrano, S. (2016). Derechos humanos en las políticas de paz y posconflicto en Colombia. Via Inveniendi Et Iudicandi, 11(1), 129-145. https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2016.0001.03

Cortés, A. Torres, A., López-López, W., Pérez, C. y Pineda-Marín, C. (2016). Comprensiones sobre el perdón y la reconciliación en el contexto del conflicto armado colombiano. Psychosocial Intervention, 25(1), 19-25. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592016000100003

Díaz Uribe, A. (2015). Estrategia para el posconflicto en Colombia. [Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Relaciones Internacionales. Especialización Administración de la Seguridad]. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/6502/DiazUribeAndres2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y

El País. (2020). Sitio oficial sección internacional. https://elpais.com/internacional/2020-12-20/ivan-duque-mi-idea-de-paz-con-legalidad-no-esta-atada-al-antes-o-al-despues-del-proceso-con-las-farc.html

García Guiliany, J., Durán, S. E., Parra, M. A., & Martínez Caraballo, H. (2018). Inserción, integración y equidad en el ámbito laboral: Escenario empresarial posconflicto en Colombia. Revista De Ciencias Sociales, 24(3), 36-49. https://doi.org/10.31876/rcs.v24i3.24920

García, J. (2015). Cooperación Internacional y posconflicto en Colombia: más allá de los recursos económicos. Horizontes. [Universidad de los Andes. Bogotá DC].

Gómez-Restrepo, C. (2003). El posconflicto en Colombia: desafío para la psiquiatría. Revista colombiana de psiquiatría, 32(2), 130-132. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502003000200001

Ministerio de Defensa (2003). Política de Defensa y Seguridad Democrática. https://www.oas.org/csh/spanish/documentos/colombia.pdf

Montes, C. B. (2009). Posconflicto en Colombia: un análisis del homicidio después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa. Criminalidad, 51(1), 163-177. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-31082009000100006&script=sci_abstract&tlng=es

Moreno Trujillo, E. E. (2021). Educación, conflicto y posconflicto en Colombia. Diálogos De Saberes, (46), 125–142. https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.46.2017.2578

Nasi, C., & Rettberg, A. (2005). Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución permanente. Colombia internacional, (62), 64-85. https://doi.org/10.7440/colombiaint62.2005.04

Pérez P., T. H. (2014). Colombia: de la educación en emergencia hacia una educación para el posconflicto y la paz. Revista Interamericana De Investigación Educación Y Pedagogía RIIEP, 7(2). https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2014.0002.06

Pérez, M. (2005). De campesinos desplazados a excluidos urbanos: En: El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicas. http://www.catedras-bogota.unal.edu.co/catedras/ancizar/2007I/documentos/DesplazamientoColombia.pdf

Pérez, T. H. P. (2011). Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática. Magisterio, 5(10), 129-150. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3948593

Perilla, A., & Machado, M. (2020). La inteligencia espiritual en los entornos educativos de la Educación Religiosa: una aportación a la formación de gestores de paz en el posconflicto. Innovación educativa desde la praxis y la formación docente, 61. https://www.editorialeidec.com/wp-content/uploads/2020/03/Capitulo-3-LA-INTELIGENCIA-ESPIRITUAL-EN-LOS-ENTORNOS-EDUCATIVOS-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-RELIGIOSA.pdf

Ríos Sierra, J. (2016). La periferialización del conflicto armado colombiano, 2002-2014. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder, 7(2), 251-275. https://doi.org/10.5209/GEOP.52270

Rodríguez, J., De La Torre, A., & Miranda, C. T. (2002). La salud mental en situaciones de conflicto armado. Biomédica, 22(Su2), 337-346. https://doi.org/10.7705/biomedica.v22iSupp2.1183

Romero Medina, F. A. (2013). Conflicto armado, escuela, derechos humanos y DIH en Colombia. Análisis Político, 26(77), 57–84. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/44001

Salas-Salazar, L. G. (2016). Conflicto armado y configuración territorial: elementos para la consolidación de la paz en Colombia. Revista Bitácora Urbano Territorial, 26(2), 45-57. https://www.redalyc.org/journal/748/74846551005/html/

Trejos Rosero, L. (2014). Colombia: Una revisión teórica de su conflicto armado. Revista Enfoques, 11(18), 55- 75. http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-uno/article/view/52

Vargas-Velázquez, A. (1994). Las formas asociativas de tipo productivo en la economía campesina colombiana. En: Participación social, planeación y desarrollo regional. Santafé de Bogotá. 1994. Pág. 64.

Yentzen, E. (2004). Apuntes sobre la espiritualidad contemporánea, su impacto en la modernidad occidental y su presencia en Chile. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, 3(8). http://journals.openedition.org/polis/6082