INTRODUCCIÓN

El Sistema Interamericano, surgido de la transformación de la Unión Panamericana en las conferencias de Chapultepec, Río de Janeiro y Bogotá, entre 1945 y 1948, nació como un mecanismo al servicio de Estados Unidos. Recuérdese, por solo citar algunos casos, el papel desempeñado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para derrotar el gobierno de Jacobo Arbens en Guatemala, la conjura contra la Revolución Cubana, que conduciría a su expulsión de la Organización y al aislamiento continental de la Isla, y el apoyo a la invasión propiciada en 1965 por Washington para destruir un proceso popular en República Dominicana. Durante este largo periodo la tendencia latinoamericanista en el organismo regional no pudo imponerse al panamericanismo minorista, debido a la influencia de Estados Unidos y las oligarquías nativas.

DESARROLLO

Durante los finales de los años 60 y la década del 70, en el contexto del reflujo de la influencia internacional de Estados Unidos, debido a su evidente fracaso en la guerra de Vietnam y el fortalecimiento del campo socialista, particularmente la URSS, que entonces alcanzó la paridad militar con Estados Unidos, se desarrolló en América Latina un movimiento de carácter nacionalista, impulsado por figuras como Omar Torrijos, Velazco Alvarado y Salvador Allende, que se plantearon, entre otras metas, la restructuración del llamado Sistema Interamericano, para hacerlo menos parcial y más equitativo. Pero Washington y sus aliados incondicionales se opusieron a la mayoría de los cambios propuestos por los gobiernos de la región, lo que conduciría a que la OEA y las demás instituciones interamericanas perdieran credibilidad y cada día jugaran un papel más insignificante en la problemática latinoamericana.

Los esfuerzos aplicados por Estados Unidos durante la administración Carter, dentro del marco de la política de “modificación constructiva” de la situación latinoamericana y caribeña, no lograron detener los procesos que venían desarrollándose en la región y menos aún revitalizar a la OEA según los intereses norteamericanos. Debe recordarse en este sentido el fracaso estadounidense en su empeño de aplicar la "variante dominicana" para evitar el triunfo popular en Nicaragua y su incapacidad para lograr la condena de la actuación de Cuba en África, sobre todo en Angola, o para conseguir la aprobación colectiva de su proceder en la llamada minicrisis del Caribe, a fines de los años setenta.

También fracasó en ese empeño la ultra conservadora administración de Ronald Reagan, que triunfó en las elecciones de noviembre de 1980. Reagan trató de reconquistar la influencia de Washington en el mundo retomando el lenguaje y los métodos de la Guerra Fría, lo que se tradujo en nuestra región en el apoyo a los gobiernos y fuerzas reaccionarias en su lucha frente a los gobiernos y movimientos progresistas, que eran calificados de comunistas. Reagan reanudó el apoyo a los regímenes militares del cono Sur, desechando la política de derechos humanos de Carter, apoyó al gobierno derechista salvadoreño en el enfrentamiento al movimiento popular, organizó la guerra sucia contra la Nicaragua sandinista, utilizando los regímenes de El Salvador, Honduras y Guatemala, retomó la hostilidad hacia Cuba, llegando a afirmar que no se sentía obligado por los acuerdos Kennedy-Kruschov, que pusieron fin a la crisis de octubre de 1962, e invadió a la pequeña isla de Granada, propinando el tiro de gracia al proyecto progresista de Maurice Bishop, que prácticamente estaba liquidado por problemas internos.

Fig.1.
La OEA intervino y derrotó gobiernos democráticos en América Latina y el Caribe.
Elaboración propia

Pero la ofensiva estadounidense, que también impuso el modelo económico neoliberal en el subcontinente, con el llamado consenso de Washington, no pudo alcanzar los resultados esperados en lo tocante a la reanimación del Sistema Interamericano, pues el conflicto de las Malvinas, en abril-junio de 1982, puso al desnudo la hipocresía de la política norteamericana hacia los vecinos del Sur y del Caribe, al apoyar a Inglaterra frente a Argentina, a pesar de lo establecido en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que lo obligaba a lo contrario. Ello incrementó el sentimiento latinoamericanista y sepultó, por lo pronto, cualquier posibilidad de regreso a los viejos tiempos del Panamericanismo, cuando actuaba sin tapujos como un instrumento al servicio del poderoso vecino del norte.

La posición de Estados Unidos en el conflicto de las Malvinas incrementó considerablemente la disminución del papel y la influencia de la OEA y de las demás instituciones del sistema regional en la vida política de la región. Concluyentes en este sentido fueron las palabras de Alejandro Orfila, entonces Secretario General de la OEA, pronunciadas en la XIII Asamblea General de la organización, efectuada en noviembre de 1983: “Es necesario reconocer que la OEA ha sido ajena o ha estado apenas tangencialmente involucrada en muchos de los grandes temas que afectan al presente y que determinan el futuro de América. Si en algunos casos es una gran ausente, en otros, peor aún, es ignorada”.¹

Los problemas más importantes de la región fueron desde entonces abordados por foros alternativos como el Grupo de Contadora y el Grupo de Río. El Grupo de Contadora, surgido en enero de 1983, por acuerdo de los presidentes de México, Venezuela, Colombia y Panamá para buscar una salida negociada a la compleja problemática centroamericana, logró sentar en la mesa de negociaciones a todos los países implicados en el conflicto. Tras un largo proceso negociador, que fue todo el tiempo torpedeado por Estados Unidos, los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica firmaron el Acuerdo de Esquipulas, el 7 de agosto de 1987. La aplicación de dicho acuerdo sería fiscalizada por el Grupo de Contadora, que logró finalmente el apoyo de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, en lo que influyó el hecho de que dicho grupo había recibido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Otras organizaciones también han hecho notables contribuciones a los procesos integracionistas en nuestra región, como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), así como la Comunidad del Caribe (CARICOM).

El Grupo de Río, creado en Río de Janeiro en 1986, como instrumento diplomático para apoyar la paz en Centroamérica, devino enseguida en un mecanismo permanente de consulta y concertación política entre países latinoamericanos. Sus miembros fundadores fueron México, Colombia, Venezuela, Panamá, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, pero en unos diez años estaba integrado ya por la mayoría de los países de la región, cuyos Jefes de Estado se reunían anualmente para discutir los problemas existentes y concertar posiciones sobre asuntos regionales y globales de interés común. El Grupo de Río fue el antecedente de la actual Unión de Naciones de Sudamérica (UNASUR) y, sobre todo, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

No obstante lo anterior, algunos países latinoamericanos, sin abandonar los foros alternativos creados anteriormente, emprendieron renovados esfuerzos encaminados a tratar de reanimar a la OEA y hacer de ella un vehículo para el diálogo y la colaboración entre ambas partes del continente. Pero este proceso fue interrumpido por la unilateral invasión yanqui a Panamá, en diciembre de 1989, decidida por el presidente republicano George Bush (1988-1992), con el pretexto de capturar al general Manuel Noriega y trasladarlo a Estados Unidos, donde sería juzgado por asuntos relacionados con el tráfico de drogas. Para ello fue “necesario” enviar a Panamá unos 24 mil soldados y ocasionar miles de muertos y heridos, la abrumadora mayoría civiles del capitalino y populoso barrio del Chorrillo. La débil actuación de la OEA con relación a aquellos acontecimientos demostró, con meridiana claridad, que, si bien no era ya un dócil instrumento al servicio de Estados Unidos, no había devenido en el mecanismo que necesitan los países de Nuestra América y que no podría lograrlo en el futuro cercano.

El colapso del socialismo europeo y la desintegración de la Unión Soviética, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, provocaron un profundo cambio en la correlación mundial de fuerzas y en la dinámica de las relaciones internacionales, que sería determinada por el predominio indiscutido de Estados Unidos, superpotencia vencedora de la Guerra Fría. Esta situación provocó el surgimiento de una nueva etapa en las relaciones interamericanas y, por consiguiente, en la evolución del Panamericanismo. Dicha etapa se caracterizó, durante la década del 90, por un notable aumento de la influencia estadounidense en la vida de la región y por sus intentos de revitalizar a la OEA en función de sus intereses, utilizando ahora lo que los norteamericanos han calificado como un nuevo panamericanismo, que no puede, por mucho que lo pretenda, ocultar su esencia monrroísta.

El llamado neopanamericanismo se presentó como una política destinada a promover la colaboración para garantizar la institucionalidad democrática (ya no habían dictaduras en la región), combatir el narcotráfico y el terrorismo y fomentar la economía mediante los tratados de libre comercio como el firmado entre Estados Unidos, México y Canadá, en 1994, y que se pretendió extender a todo el Continente mediante la llamada Alianza de Libre Comercio para las Américas (ALCA), que la OEA abrazó y proclamó como su meta más importante. Pero en la práctica ello condujo a un cada vez mayor control político y militar estadounidense y al incremento del neoliberalismo, provocando la protesta social y la aparición de nuevas alternativas, que condujeron a la apertura de una fase de cambios positivos en la región.

Esa nueva etapa fue el resultado de la intensificación de la batalla contra el neoliberalismo y contra el ALCA, expresada en la protesta de los pueblos y también en la toma de conciencia de algunos gobiernos, lo cual se evidenció en la Cumbre de Monterrey, realizada en enero de 2004, y sobre todo en la Cuarta Cumbre de las Américas, efectuada en Mar del Plata, Argentina, en noviembre del siguiente año, donde fue sepultado el proyecto del ALCA, debido a la oposición de los países del MERCOSUR, Venezuela y Bolivia. Allí tuvieron un destacado papel los presidentes de Venezuela, Argentina y Brasil.

La pérdida de legitimidad de la “gobernabilidad neoliberal”, precedida en casi todos los casos de intensos conflictos sociales, y las aspiraciones populares de cambios en las estrategias económicas que se venían aplicando, explican también los triunfos electorales de fuerzas progresistas a fines de los noventa y, sobre todo, los primeros años del siglo XXI. El proceso comenzó en Venezuela con el triunfo electoral de Hugo Chávez, en 1998, y continuó en Argentina y Brasil, en 2003, con las victorias de Néstor Kirchner y Luiz Inacio Lula da Silva, respectivamente. En el 2006 se produjo el triunfo indiscutido de Evo Morales en Bolivia, que significó un hecho histórico, pues por primera vez un indígena llegaba al poder en ese país. Un año después ganó las elecciones en el inestable Ecuador el economista Rafael Correa, que daría inicio a la llamada Revolución Ciudadana. A ello debe sumarse la victoria de Michelle Bachelet, en Chile, y del Frente Amplio-Encuentro Progresista en Uruguay, en las elecciones de 2004 y 2009, respectivamente. En Centroamérica se destacaron los triunfos del Frente Sandinista (2007), en Nicaragua, y del Frente Farabundo Martí de El Salvador, a principios del año 2009. Al mismo tiempo, en Paraguay y Honduras, así como en varias islas del Caribe conquistaron el poder partidos de orientación progresista.

Fig. 2.
Luis Almagro, servil instrumento de los Estados Unidos.
Elaboración propia

En este positivo contexto, se produjo un acercamiento y una mayor colaboración entre la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, lo que promovió el surgimiento de proyectos como Petrocaribe, Petrosur y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) así como al fortalecimiento del Mercosur. En el orden de la colaboración política, se auspició el surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que integró a todos los países de aquella región y que ha desempeñado un importante papel en la solución de diferentes conflictos, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que fueron fundadores todos los países del área menos Estados Unidos y Canadá.

Salvo contadas excepciones referidas a asuntos muy puntuales, la OEA y las demás instituciones del llamado sistema interamericano se han opuesto, de forma abierta o velada, a los cambios progresistas que se fueron produciendo en nuestra región, con mayor énfasis tras la llegada del uruguayo Luis Almagro al cargo de Secretario General de la Organización, quien contradiciendo el carácter imparcial de su papel como funcionario internacional, se ha convertido en un lacayo al servicio de Estados Unidos. La OEA ha venido apoyando en todas partes a las fuerzas reaccionarias, llegando, incluso, a resucitar los golpes de Estado, el más reciente de ellos en Bolivia, en noviembre del 2019, y desvergonzadas maniobras judiciales y parlamentarias contra gobiernos y líderes políticos. Recuérdese en este sentido las destituciones de Lugo en Paraguay y Dilma en Brasil, así como los procesos contra Lula, Correa y otros líderes progresistas.

La ofensiva reaccionaria de la OEA ha contribuido a acentuar el oleaje de gobiernos de derecha que se ha producido en la región desde hace algunos años, lo que ha propiciado la recuperación e incremento de la presencia de Estados Unidos en nuestros países. Un papel importante en esta ofensiva le corresponde a la utilización de la llamada Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima, en septiembre de 2001. Dicha carta establece el deber de velar por la preservación de la democracia, entendida solo como democracia burguesa, e incluye varios artículos que representan una intromisión en los asuntos internos de los gobiernos miembros. Uno de estos artículos es el 18, que faculta al Consejo Permanente y al Secretario General a tomar las medidas necesarias para restaurar la democracia y los consabidos derechos humanos donde consideren que sea necesario.

La Carta Interamericana ha sido invocada en varias ocasiones, siempre siguiendo la postura cada vez más negativa de la OEA. Se destaca el caso de Venezuela, cuyo gobierno bolivariano ha sido objeto de una permanente hostilidad, antes y después de abandonar la Organización. La OEA, siguiendo el guion de Washington, sirvió de escenario y apoyó la creación del llamado Grupo de Lima, integrado por varios países de la región. También y nuevamente atendiendo a la política estadounidense, ha mantenido su respaldo al autoproclamado gobierno del exdiputado opositor Juan Guaidó, que como todo el mundo sabe no tiene soberanía ni en un ápice del territorio venezolano.

A pesar de haber salido de la OEA hace casi 60 años, no escapa Cuba a la servil labor de Luis Almagro, quien quisiera aplicarnos con todo rigor la Carta Democrática Interamericana. Almagro se ha sumado a todas las campañas y medidas de Washington contra la Isla y se entromete sistemáticamente en nuestros asuntos internos, apoyando con entusiasmo a los llamados opositores del sistema elegido por la mayoría de los cubanos, como ocurrió recientemente con el respaldo absoluto al mal llamado movimiento de San Isidro y a otras manifestaciones que le siguieron, que es bien sabido quienes la promueven y financian.

CONCLUSIONES

En fin, que la OEA y la mayoría de las instituciones interamericanas, que parecían moribundas hace 10 años, se han recuperado y vuelven a desempeñar su tradicional y parcializado papel de instrumento de la política de Estados Unidos hacia nuestra región, así como de las oligarquías nativas. Ello, sin duda alguna, representa un grave peligro en las actuales circunstancias de retroceso que atraviesa el proceso de cambios progresistas que se desarrolló desde principios del nuevo siglo y que generó grandes expectativas entre las mayorías de nuestra población. Ojalá algunos esperanzadores signos de protestas masivas y de cambios de gobiernos sean el preludio de un regreso del oleaje progresista y que ello pueda impulsar la eliminación o al menos una transformación a fondo del llamado Sistema Interamericano.

BIBLIOGRAFíA

Contreras, M. (1979). Monroísmo y América Latina. México.

Díaz, E. (2015). El fracaso de una conjura. La Habana: Editorial Félix Varela.

Roa, R. (1977). Retorno a la alborada. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

Guerra, S. (1998). Breve Historia de América Latina. La Habana: Editorial Félix Varela.

Notas