INTRODUCCIÓN

Si bien la interacción y el ejercicio del poder entre los Estados continúa basándose en el llamado “interés nacional”, hoy resulta mucho más difícil explicar la complejidad de la participación política en el ámbito multilateral debido a los desafíos globales que plantea un mundo cada vez más interconectado, en el que se incrementa el protagonismo de formidables fuerzas no estatales, incluidas, entre ellas, las corporaciones transnacionales.

La llamada sociedad civil internacional, dentro de la cual se incorporan estos actores, es una figura de interés creciente para la Ciencia Política. Aún carece de definición consensuada debido a las complejidades de los actores que aglutina, los objetivos que persiguen y la forma en que proceden. Sin embargo, ello no es óbice para aceptar y reconocer la influencia que ejerce en disímiles escenarios multilaterales, muy particularmente, en el sistema de las Naciones Unidas. Se trata de fuerzas reales que emanan de la globalización, de la transnacionalización del capital financiero, del propio ciclo de crisis y reforma del capitalismo como sistema de relaciones de producción imperante, que cuestionan la concepción westfaliana desde la cual se ha interpretado el sistema internacional y el multilateralismo que conocemos, originado al inicio de un mundo bipolar que ya no existe. Resulta indispensable preguntarse entonces: ¿asistimos a un nuevo paradigma de participación política en la actividad multilateral?

El presente artículo no pretende abordar de manera exhaustiva el fenómeno al que tributa esta interrogante. Sucintamente, nos acercaremos a la concepción o, al menos, operacionalización de la llamada sociedad civil internacional y, particularmente, al lugar que dentro de ella ocupa el capital transnacional; las condicionantes histórico-concretas que permitieron que se pergeñara y evolucionara a lo largo de los últimos años; las formas que adopta en la actualidad y cómo está incidiendo en la participación política dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas.

desarrollo

Sociedad civil internacional: una mirada al concepto desde la Ciencia Política

Cuando se aborda el tema de la sociedad civil internacional, el debate no solo se centra en su eventual conceptualización u operacionalización, sino, sobre todo, en su propia existencia como actor político, donde los criterios están también polarizados. Mientras autores como Schechter (1999) y Florini (2000) admiten como un hecho ineludible la presencia de una sociedad civil internacional; la vertiente representada por autores como Pouligny (2001) y Mouchard (2005) es más escéptica al respecto, al rechazar su concepción como una realidad objetiva, sino como un modelo de articulación de procesos de movilización diversos y heterogéneos, donde el marco nacional sigue siendo el referente principal (Massal, 2007).

Desde la perspectiva de esta última corriente, la sociedad civil internacional no tiene identidad propia, sino que es expresión de las sociedades civiles a lo interno de cada nación. Esta valoración precisa de un análisis más detallado.

Fig. 1.
Simboliza las corporaciones transnacionales.
Google

Tal y como plantea la investigadora cubana y doctora en Ciencias Políticas Thalía Fung, cada sociedad civil y su Estado forman parte de un mismo sistema político al constituir sus elementos sine qua non, cuyas funciones, extensión, modos de condicionamiento interactúan.

Al respecto, en carta enviada a Pável Vasílievich Annenkov en 1846, Marx plantea:

¿Qué es la sociedad, cualquiera que sea su forma? El producto de la acción recíproca de los hombres. ¿Pueden elegir libremente los hombres esta o aquella forma social? Nada de eso. A un determinado nivel de desarrollo de las facultades productivas de los hombres, corresponde una determinada forma de comercio y de consumo. A determinadas fases de desarrollo de la producción, del comercio, del consumo corresponden determinadas formas de constitución social, una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las clases; en una palabra, una determinada sociedad civil. A una determinada sociedad civil corresponde un determinado orden político, que no es más que la expresión oficial de la sociedad civil. Esto es lo que señor Proudhon jamás llegará a comprender, pues él cree que ha hecho una gran cosa apelando del Estado a la sociedad civil, es decir, del resumen oficial de la sociedad a la sociedad oficial.

De esta forma, la sociedad civil está objetivamente determinada por el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, lo que, en esencia, configura el orden político. Como factor más dinámico de este último, constituye el elemento legitimador del Estado. La imagen de una sociedad civil capaz de representar un contrapoder a la acción estatal se deriva en gran parte de la teoría clásica que pone énfasis en su rol de actor democratizador frente a un Estado represivo, identificado como su superestructura política. La sociedad civil actual, interna a cada Estado, contrasta con la que examinaron Marx y Gramsci, pues, por su propio carácter objetivo, en las condiciones actuales de reacomodo del capital internacional, de crisis y reforma del capitalismo, se muestra insoslayablemente compleja y heterogénea. “Si el Estado, por su condición fundamentalmente política, es más uniforme y abstracto, la sociedad civil es, por esencia, diversa, histórica, viva, real, concreta” (Fung, 2008). Por ello, su naturaleza debe examinarse a la luz de los cambios que se suceden actualmente en el sistema internacional y de las relaciones de producción, comercio y consumo sobre las cuales se articula.

La globalización ha tenido un impacto notable en los márgenes de actuación de la sociedad civil interna. Si desde su surgimiento las sociedades civiles de otros países se influenciaban mutuamente; ahora, están ampliamente condicionadas por las redes transnacionales aparejadas al proceso globalizador. Estas poseen un peso no solo sobre las sociedades civiles internas sino también sobre sus respectivos Estados que ejercen su voluntad política a favor de las relaciones con estas, ya sea por intereses económicos o como vía para ostentar mayor legitimación en el ejercicio del poder político. La cuestión es que, cuando sobre la base de esos recursos logran notoriedad e influencia, se convierten en un factor político relevante, capaz de desafiar la acción estatal en el sistema de relaciones internacionales.

Según Thalia Fung Riverón, en su libro “El mundo contemporáneo en crisis”, la sociedad civil internacional asume su identidad de la interacción entre sus componentes, entre los cuales, ocupa el lugar de mayor rango y dinamismo, el mercado internacional donde concurren las megacorporaciones y en la cual encuentran su acomodo las organizaciones sociales internacionales de diverso orden.

Comprender la noción de la sociedad civil internacional pasa por interpretar la diversidad de formas de composición y organización que asume. Por cuestiones operativas, se ha decidido dividirlas en dos categorías:

Organizaciones no gubernamentales (en el sistema de las Naciones Unidas aparecen conceptualizadas de manera genérica como toda organización sin ánimo de lucro que no sea gubernamental, ni intergubernamental, capaz de movilizar la opinión pública en esferas que revisten interés para el sistema. Estas, a su vez, se integran al concepto de organización de la sociedad civil, que tiene un alcance más amplio al contemplar el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de personas o temas de interés. En esta categoría también tienen cabida, además de las ONGs, los medios de comunicación, las autoridades locales, sindicatos y el sector académico, que incluye, entre otros, a los think tanks).

Empresas y/o corporaciones transnacionales: a diferencia de la otra categoría, estas tienen un claro fin de lucro. Según Castellanos & González (2002) constituyen un monopolio internacional de nuevo tipo en cuanto a la forma y a los mecanismos que utilizan tanto para establecer el control de la producción capitalista a escala mundial como para garantizar la consecución de su objetivo supremo: la maximización de sus ganancias.

En todos ellos se posiciona, de manera transversal, el mercado internacional como el factor más dinámico, en el cual las megacorporaciones ocupan un papel cada vez más decisorio y dual, a través de su acción fuera de la dominación legal de los Estados y, a la par, con un grado de legitimidad por su propia existencia y la utilización de las organizaciones estatales internacionales para validar su status e intereses, como es el caso de la ONU.

Fig. 2.
Las corporaciones internacionales “controlan” el planeta
Las corporaciones internacionales

Al decir de Fung (2008), la práctica de la política internacional ha operacionalizado lo que aún no aparece debidamente conceptualizado en la teoría política. En consecuencia, el concepto de sociedad civil internacional se ha ganado su ubicación entre las categorías de la Ciencia Política, y se ha alzado con una dimensión e identidad propias. Ello ocurre en un contexto de cambio del ejercicio del poder político paralelo a los efectos de la globalización sobre el Estado-Nación, con sus consecuencias inevitables en la participación política.

Génesis y evolución de la sociedad civil internacional

En un sentido amplio, la sociedad civil internacional tiene su génesis en el siglo XIX, cuando en un estadio primitivo de articulación, los movimientos sociales enarbolaron reclamos disímiles como el fin de la esclavitud y el sufragio de la mujer; pero no lograron reconocimiento oficial hasta su inclusión en el artículo 71¹ de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 bajo la exigua nomenclatura de ONG. No obstante, no es hasta la década de los 80`s en la que gana mayor expresión dentro del espectro político internacional. Su aparición y posterior despunte se circunscriben a condicionantes históricas concretas que le sirven de apoyatura para legitimarse, en lo adelante, como un actor político más.

Hay un grupo de factores que convergen a favor del reconocimiento y activismo de la sociedad civil internacional hacia la década de los 80`s: la creciente pérdida de competencia de los actores políticos tradicionales, sobre todo en los países industrializados —dígase Estados, partidos, sindicatos—, para el enfrentamiento a los problemas globales, entre ellos, la cuestión medioambiental, que comenzó a ser eje de las discusiones multilaterales en aquel contexto; el papel emergente de los medios de comunicación y el avance tecnológico a disposición de múltiples actores; la crisis del capitalismo monopolista de Estado que conllevó a la adopción de la receta neoliberal como estrategia de salvación del sistema con la subsecuente reducción de los gastos públicos y la búsqueda de vías de realización para la especulación financiera; junto a la dinámica de los denominados nuevos movimientos sociales que se consolidaron, en gran parte, debido a los factores anteriormente mencionados. Ello volcó inevitablemente la atención hacia actores alternativos.

El neoliberalismo, surgido desde los años treinta, logró gravitar en el sistema internacional hacia finales de la década del 80. Admitía que el Estado debía apoyar el mecanismo de la libre competencia frente al monopolio, como expresión de la transnacionalización del capital que exige libertad plena para el movimiento del capital financiero. Así, el Estado fue destinado a crear las condiciones para el funcionamiento del sector privado. Bajo esta égida, no solo se privatizan las empresas en manos del Estado, sino que, además, se desmantelan los servicios públicos y se trasladan a la iniciativa privada los sistemas de salud, educación, vivienda, entre otros.

En este contexto, las dinámicas del mercado internacional, en la era de la especulación financiera, propiciaron la consolidación de actores de eventual vocación transnacional, que sobrepasaron las fronteras a nivel de país para relocalizar el capital allí donde este fuera más rentable. Fueron las empresas transnacionales, de la mano del neoliberalismo, las que ayudaron a conformar un sistema mundial globalizado en torno a las exigencias de reproducción del capital financiero.

Algunas de las ventajas comparativas que se les atribuyeron a estas empresas y/o corporaciones para delegarles determinadas tareas del Estado fueron la eficacia en función de los costos y la flexibilidad. Paralelamente, en los organismos internacionales, las diversas facciones del sector no estatal comenzaron a adquirir mayor relevancia. La situación financiera en algunos foros como la ONU, debido a las contribuciones deficientes de los miembros, junto a las agendas incrementadas por los problemas globales y globalizados, confluyeron en favor de este proceso. El propio Informe Brundlandt señaló, al referirse a las ONGs que:

“Cada vez es menos posible abordar sin ellas los problemas del medio ambiente y el desarrollo” (A/42/427 (1987).

El Sistema, además, se presenta como un recurso atractivo para las transnacionales. Obrar bajo el amparo de las Naciones Unidas les permite a las empresas promover su imagen de legitimidad y prestigio, aunque en esencia, no existan medios y arbitrios que las vinculen legal y responsablemente a los principios y propósitos fundacionales de la Organización. Además, aspiran a utilizar las estructuras, relaciones y plataformas de la ONU para garantizar y beneficiar sus negocios, condicionar su mandato, bloquear la adopción de normas y convenciones contrarias a sus intereses y promover otras que les sean favorables.

En consecuencia, el dinamismo de la sociedad civil se ha posicionado de manera decisiva como condicionante del quehacer estatal, auxiliado por la revolución tecnológica, un notable componente cultural y comunicacional, pero, sobre todo, por su determinante peso económico sobre los Estados y las organizaciones internacionales. Todo ello implica que se necesiten nuevos instrumentos para medir y evaluar su alcance e impacto real en los procesos de decisión a nivel global en pleno proceso de reconfiguración del poder político.

Naciones Unidas bajo la influencia del capital transnacional

La Organización de las Naciones Unidas es el modelo más acabado y, a la vez, perfectible, de multilateralismo que conocemos. Su carácter universal la convierte en el mecanismo adecuado para el tratamiento de los diversos temas de impacto global. En sus 75 años de fundada, ha debido enfrentar los cambios que se han suscitado en el sistema internacional que, a la larga, la han modificado en cuantía y cualidad. Entre tales transformaciones se encuentra la irrupción de actores no estatales, comúnmente agrupados bajo el término “sociedad civil”. Desde sus inicios, la organización previó un cuerpo normativo endeble y discreto para la participación de estos actores, mientras que, en el curso de los años, la presencia de estos ha aumentado inversamente proporcional a su regulación.

Fig. 3.
Sesiones del ECOSOC de las Naciones Unidas.
ECOSOC de las Naciones Unidas

Marco normativo

Como ya se señaló, la Carta de la ONU en su artículo 71 incluye entre las principales atribuciones del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC) la posibilidad de realizar consultas con las ONGs. En la resolución 1296 de 1968 se establecieron los principios y los mecanismos por los cuales las organizaciones de la sociedad civil podrían sostener esas consultas.

Asimismo, incluyó la creación del Comité sobre Organizaciones No Gubernamentales con la función de evaluar y otorgar el estatus consultivo a la organización que lo solicitara.

La resolución también estipula las categorías de participación: estatus consultivo general (el nivel más alto ofrecido para aquellas organizaciones con afiliación considerable, ampliamente representativas en los países y con mayores contribuciones a los temas del Consejo); estatus consultivo especial (para las organizaciones con solo unos pocos ámbitos de actividad cubiertos por el Consejo) y el listado o roster (otorgado a aquellas que no se incluyen en las clasificaciones anteriores pero que pueden hacer contribuciones útiles ocasionales)². Sin embargo, el documento no incorporó mecanismo de verificación alguno de las actividades de estos actores, ni un método de rendición de cuentas estructurado. La resolución 1996/31 de 1996 que “actualizó” el marco de participación no representó un avance en este sentido.

Fig. 5.
Global Compact o Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Global Compact

Como parte del proceso de reforma al que se sometió la ONU en la década de los 90 y en respuesta a la creciente influencia del capital financiero transnacional dentro de la organización, se suprimieron en 1993 los órganos que en una época determinada manifestaron la intención de establecer un control sobre las actividades de estas empresas. Entre ellos se encuentra la Comisión de las Empresas Transnacionales, creada por ECOSOC en 1974. Sus tareas prioritarias consistían en indagar sobre las actividades de las sociedades transnacionales y elaborar un código de conducta aplicable a ellas, que nunca se cristalizó.

Igualmente, en función de la Secretaría de la Comisión se había creado el Centro de Empresas Transnacionales en 1974, dentro de la Secretaría de la ONU. En 1994, bajo demanda del gobierno estadounidense, se decidió transformar en una División de Sociedades Transnacionales y de Inversiones Internacionales, en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (CNUCED) de ECOSOC por la resolución 1994/1. De esta forma, la división priorizó la contribución de las transnacionales al crecimiento y desarrollo y silenció su regulación normativa.

Desde Boutros-Ghali, quien llamó a asociar más estrechamente las sociedades transnacionales a las decisiones globales, se ha sucedido un proceso de incorporación de estas empresas al sistema onusiano. Kofi Annan aceleró ese curso. En su informe a la Asamblea General en 1997 sobre “La capacidad empresarial y la privatización como medios de promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible” (A/52/428) manifestó su intención de establecer un servicio institucional de enlace con las empresas y hacer arreglos con las organizaciones empresariales más destacadas, a fin de establecer mejores mecanismos para continuar el diálogo entre los representantes del mundo empresarial y las Naciones Unidas (A/51/950, 1997). De esa iniciativa surgió el Global Compact o Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Esta plataforma fue propuesta en 1999 en el Foro Económico de Davos y lanzada oficialmente en 2000 por Kofi Annan. Surge como una iniciativa de responsabilidad empresarial voluntaria sobre la base de 10 principios (en un inicio 9)³ vinculados a cuestiones como los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción.

Carente de transparencia y sobre la exigua base de la autorregulación y la voluntariedad, las empresas que se han adherido no están obligadas a actuar de acuerdo con los principios fundacionales del Pacto y no existen sanciones en caso de incumplimiento. Como consecuencia, el Pacto les permite a las empresas promover su imagen mediante el uso de la bandera de la ONU para beneficio propio, sin cumplir con la promesa de lograr mejoras reales en sus prácticas. Para 2020, la alianza incluía a 12 084 compañías de 157 países. Ha tenido en su seno a empresas de reputación cuestionable como British Petroleum, Shell, Nestlé, Rio Tinto, Nike, Norvatis, Cámara de Comercio Internacional, entre otras, de gran poder financiero⁴.

En los años siguientes, varias propuestas se han presentado en torno a la participación y codificación normativa de estos actores dentro de la ONU. En 2004, a iniciativa también de Kofi Annan, se creó el “Grupo de Personas Eminentes encargado de examinar la relación entre las Naciones Unidas y la sociedad civil”, en cuyo informe “Nosotros los pueblos, la sociedad civil, las Naciones Unidas y la gobernanza global” se incluyeron recomendaciones que llamaban a la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los trabajos de las Naciones Unidas tanto mediante el acceso a la información relevante y la asistencia a las reuniones y procesos, como en el proceso de toma de decisiones⁵.

La resolución de la Asamblea General A/70/224 reclamó del sistema de la ONU en su conjunto “que desarrolle un enfoque común y sistémico con mayor énfasis en la transparencia, la coherencia, el impacto, la rendición de cuentas y la debida diligencia” por parte de estas empresas. Se refiere expresamente a la aplicación de las “Directrices sobre principios en la cooperación entre las Naciones Unidas y el sector empresarial”, que fueron emitidas por primera vez en el año 2000, revisadas en 2009 y 2015, conforme a lo solicitado por los Estados miembros. La revisión de 2015 cita “los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos”, aprobados por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. Sin embargo, todas estas propuestas reposan sobre la base de la voluntariedad, con un alcance limitado.

La presencia de los intereses de las empresas transnacionales en las Naciones Unidas no se mide únicamente por el nivel de reconocimiento o aceptación que ha alcanzado a nivel normativo, sino, en esencia, por las distintas vías en las que incide sobre la organización al margen de su regulación, principios y propósitos.

Vías de participación de la sociedad civil e incidencia del capital transnacional en el funcionamiento de la ONU

Como se apreció en el acápite anterior, las Naciones Unidas les han otorgado un status y espacio de actuación a entidades privadas en su estructura y funcionamiento. Ello se ha debido, principalmente, a las urgencias asociadas al financiamiento. Dentro de la genérica designación de “sociedad civil internacional”, ese sector, dominado por el capital financiero preeminente, influye sobre el sistema onusiano y tiene impacto en los procesos globales de toma de decisiones. Es una tendencia que se manifiesta tanto en el seno de la ONU, como en el sistema de organismos especializados que incluye en su diapasón.

La plataforma del Pacto Mundial, fiel a la ideología neoliberal, ha constituido el acicate principal del protagonismo alcanzado por estos actores dentro de las Naciones Unidas y en la agenda de temas que esta cubre. Esta alianza, presentada con la fachada de un learning forum, contribuye en la práctica a debilitar el poder de la organización y, en esencia, del propio Estado.

A la par, el Pacto les ofrece a las empresas la posibilidad de elevar su prestigio y reputación al asociarse a la imagen de la ONU, sin estar obligadas a respetar los valores, los acuerdos, ni los instrumentos de la misma. Ese poderoso lobby industrial busca condicionar el mandato de las instancias de la ONU y bloquear la adopción de normas y convenciones contrarias a sus intereses, al actuar como grupos de presión sobre las políticas de los Estados miembros. Los ejemplos que a continuación se muestran son solo representativos de una parte de ese sector que ha logrado posicionarse en temas de índole ambiental, social, derechos humanos, desarrollo, pero, sobre todo, de alcance económico.

La Fundación Bill y Melinda Gates (FBMG) y su influencia financiera

La FBMG es la fundación “filantrópica” más grande del mundo, dedicada esencialmente a la ayuda internacional para el desarrollo y en especial, a las áreas de salud y agricultura. Posee activos de más de 40 mil millones de dólares.

La ONU constituye uno de los principales receptores de estas “donaciones”. Sin embargo, la filantropía dista sobremanera del eje rector de esta fundación. Esta inmensa aportación financiera conlleva una importante influencia política. Bill y Melinda Gates se encuentran representados en numerosas comisiones y gremios internacionales.

La fundación se ha convertido en el principal contribuyente no estatal al financiamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que ha enfrentado una reducción notable de los aportes de los Estados para el cumplimiento de su agenda. En 2017, el 14% del presupuesto total de la entidad sanitaria provino de la FBMG. Ese aporte está vinculado a un fin determinado, por lo que los donantes eligen en qué programa contribuir y establecen prioridades en este sentido. Ello es aplicable al 80% del presupuesto de la OMS. Con ello, resulta que, en la práctica, la agenda global de salud ya no es establecida por la Asamblea General de la organización.

La FBMG potencia las soluciones basadas en el mercado y sobre todo de carácter técnico, como las grandes campañas de vacunación que benefician en última instancia a las grandes corporaciones farmacéuticas como Glaxo Smith Kline, Novartis, Roche, Sanofi, Gilead y Pfizer, en las que la fundación posee acciones.

Así, por ejemplo, la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI) fue impulsada por la Fundación Bill y Melinda Gates y el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la OMS y el Banco Mundial (BM).

Esta entidad es también activa en la tecnología de seres vivos genéticamente manipulados. Para consolidar su programa y al utilizar como paliativo su colosal influencia financiera sobre la ONU, ha socavado el proceso de discusión sobre esta materia dentro de la organización mediante un acuerdo especial con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas. La fundación está vinculada a empresas multinacionales, tales como Monsanto y DuPont, que promueven soluciones falsas a la crisis alimentaria mediante los cultivos transgénicos, de ahí su activismo en estos temas. Con esta práctica, se marginan las advertencias que al respecto han realizado el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación.

Fig. 6.
Fundación Bill y Melinda Gates (FBMG).
FBMG

Asimismo, la FBMG, además de ExxonMobil, Goldman Sachs, Cemex, Bank of America y la compañía petrolera Shell son contribuyentes de la Fundación de las Naciones Unidas (UNF) que tiene sede en Estados Unidos y busca canalizar recursos a las entidades de desarrollo de la ONU a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP). La UNF no es una entidad de la ONU, pero tiene una asociación especial con esta a través de un “Acuerdo de Relación”. A medida que su funcionamiento ha evolucionado, la UNF ha superado el entendimiento expresado en el Acuerdo de Relación y les ha dado cabida a numerosos actores privados que lejos de dar seguimiento a la agenda de desarrollo de la organización, la utilizan como método de injerencia en las economías que consideran vulnerables.

De esta forma, la búsqueda y multiplicación de ganancias se ennoblece con la pretensión de un compromiso filantrópico. Esto es en buena parte gracias a la extendida instrumentación del modelo de asociación público-privada, que lleva a que un grupo de entidades no estatales estén definiendo la agenda de las políticas globales. Mediante su contribución al financiamiento de la organización, aseguran que sus intereses, asociados a las inversiones en los grandes conglomerados corporativos, se encuentren garantizados y permanezcan bajo el amparo del propio sistema.

Las entidades privadas y el tratamiento del tema del desarrollo

Una de las áreas que ha atraído un mayor número de actores no estatales es la asociada al desarrollo, sobre todo después de la adopción de la Agenda 2030. En septiembre de 2015, tras aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la ONU otorgó el mandato al Pacto Mundial de sensibilizar a las empresas ante los temas que aborda esta nueva agenda. Asimismo, el documento final de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Agenda de Acción de Addis Abeba, aprobó las finanzas “mezcladas” e hizo hincapié en las asociaciones público-privadas como un método de alto potencial entre los instrumentos de financiación. Así, corporaciones como Nestlé se han incorporado a la iniciativa. Gracias a su contribución financiera y la declaración de cumplimiento voluntario de normas medioambientales, la entidad ha asegurado que sus prácticas continúen siendo aceptadas, aun cuando puedan violar estándares alimenticios.

Dentro de esta misma convocatoria, el 16 de octubre de 2019, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, lanzó la Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible (GISD, en inglés), descrita como la primera agrupación de la ONU de su tipo que incluye 30 líderes empresariales de alto poder de todo el mundo en cuestiones asociadas al desarrollo. La alianza, que suma activos por unos 16 billones de dólares que operan en 160 países, incluye a entidades de gran peso económico y de clara vocación privada como el Bank of America, Citigroup, Investec, Santander, entre otras.

Las alianzas con el sector empresarial traen aparejada una serie de riesgos, efectos secundarios e impactos, en su mayoría, incompatibles con los mandatos de la ONU. El financiamiento extrapresupuestario de las asociaciones público-privadas las coloca fuera de los mecanismos de revisión periódica, rendición de cuentas y evaluación de impacto. Los esfuerzos para diversificar las fuentes de financiación han alentado un giro hacia el sector privado, en detrimento del interés común sobre el que se pergeñó la organización en primer lugar. Ello socava el multilateralismo, deslegitima el sistema y a las propias entidades de desarrollo de la ONU.

Las entidades privadas y el tratamiento del tema del medio ambiente

El hecho de que la ONU responda cada vez más a las exigencias de los intereses empresariales, ha llevado al organismo a eludir el abordaje de las causas subyacentes a los problemas ambientales, sociales y económicos. En estas áreas las posiciones de los gobiernos están cada vez más influenciadas por los intereses de las empresas altamente contaminantes, y por industrias que buscan obtener ganancias con la crisis medioambiental y económica.

Previo a la Cumbre de Río+20, la ONU estuvo trabajando con las grandes empresas en el desarrollo y promoción del concepto de “Economía Verde” a expensas del desarrollo sustentable. Este concepto, que asume un enfoque basado en los mercados para proteger el ambiente natural, ha sido fuertemente promocionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y cuenta con el apoyo del Banco Mundial, y especialmente de las empresas. Estas últimas, mediante el negocio lucrativo de la industria ambientalista, son presentadas como una solución a los problemas ambientales mundiales, para desviar la atención de su papel en la generación de los mismos.

En el tema de la biodiversidad, los actores empresariales están dirigiendo cada vez más el Convenio sobre Diversidad Biológica hacia un enfoque basado en el mercado. La justificación es que será más fácil lograr la protección del medio ambiente si se le asigna un valor a la biodiversidad para que las empresas puedan comercializarla. El hecho que ello se realice bajo el amparo del PNUMA les proporciona a las empresas una imagen favorable, les asegura el acceso a los recursos naturales y pueden garantizar, una vez insertadas en el programa, que su modelo de negocios no se vea amenazado por la introducción de nuevas normas ambientales.

CONCLUSIONES

La participación política en el ámbito multilateral, particularmente en el sistema de las Naciones Unidas, es heterogénea y compartida por actores de diversa tesitura, entre los que destaca el gran capital transnacional.

Aunque no exista un consenso a nivel teórico, la práctica mundial confirma la existencia de una sociedad civil internacional, dominada por ese capital y que se posiciona como un actor político de peso sobre las posturas estatales y del propio sistema onusiano. Aglutina a fuerzas tan contundentes como diversas, cuya naturaleza debe evaluarse a la luz de sus múltiples manifestaciones.

La génesis de esa sociedad civil internacional se halla objetivamente determinada por el sistema de relaciones de producción imperante y el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, lo que, a su vez, configura el orden político mediante el cual se expresa. Su evolución en los últimos años ha estado condicionada por la priorización del mercado en las políticas mundiales y la búsqueda de realización del capital financiero en su versión transnacional. Su importante contribución presupuestaria, la revolución tecnológica que la acompaña, y la utilización de un componente cultural y comunicacional le han permitido ganar reconocimiento dentro del sistema de relaciones internacionales, en especial, en el escenario multilateral.

Estos actores han desempeñado un papel notorio en la ONU desde los años 90, cuando el déficit presupuestario llevó a diversificar las fuentes de financiamiento. La fundación del Pacto Mundial en el 2000 marcó el cambio de un enfoque regulatorio por uno voluntario en el tratamiento de las empresas transnacionales dentro de las Naciones Unidas.

Desde entonces, han sido varias las vías de participación política de la sociedad civil internacional en el Sistema de las Naciones Unidas. Estas incluyen: lobbies para influir en decisiones, el cabildeo empresarial, promesas de autorregulación, donaciones con fines establecidos, contribuciones al presupuesto, la creación de fundaciones “filantrópicas”, la crítica hacia la gestión gubernamental e institucional, entre otras. De todas ellas, el factor financiero es el más dinámico y contundente.

Su incidencia en la participación política dentro del sistema se refleja en la modificación del papel absoluto y preponderante del Estado en la toma de decisiones, la promoción de términos e iniciativas en detrimento del abordaje de las causas subyacentes a las problemáticas globales y globalizadas, y, en ocasiones, opuestos a los propósitos y principios de la organización; y el abandono de las políticas diseñadas para la regulación de estos actores. Son tendencias dentro de la ONU que contribuyen a acentuar la posición hegemónica de las sociedades transnacionales, emanada de su poder económico y financiero. En consecuencia, no solo formulan orientaciones de esta índole, sino también en los dominios político y social.

Todos los organismos del sistema se encuentran bajo la influencia creciente del capital transnacional, que determina de manera notable su agenda. El multilateralismo conocido parece ceder terreno a fuerzas que pretenden modificar de raíz el ejercicio de la participación política que se había articulado históricamente sobre la base del relacionamiento interestatal. La ONU como escenario en el que se manifiestan estas tendencias está siendo minada desde sus bases fundacionales. Los medios y arbitrios para cumplir sus propósitos y principios son cuestionados constantemente por estos actores. Ello nos lleva a afirmar que asistimos a un nuevo paradigma de la participación política en la esfera multilateral donde deberán acomodarse las distintas facciones del poder entre el actor preeminente cuestionado, representado por el Estado, y aquellos nuevos que pugnan. El multilateralismo del futuro, al margen o no del esquema onusiano conocido, deberá abordar y valorar oportunamente la incidencia de estos actores en el tratamiento de la agenda global y su impacto en el sistema de relaciones internacionales.

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Notas