Introducción

En 2019 el Informe Mundial sobre las Drogas (World Drug Report) presentaba alarmantes cifras en relación con el crecimiento de la producción y consumo de narcóticos, especialmente en Estados Unidos, el incremento de las ganancias de este negocio y de la imbricación de los dividendos ilegales en otras actividades delictivas y en las finanzas internacionales.

El problema de las sustancias psicoactivas ilegales se ha convertido en un tema cada vez más desafiante ante el perfeccionamiento de los procesos de fabricación, distribución y comercialización de los estupefacientes, que evidencian que la cooperación internacional en materia de políticas y estrategias para el enfrentamiento a este delito constituye la única manera de atacarlo eficazmente, particularmente en la región de las Américas, donde ha llegado a influir en no pocos procesos políticos y sociales. Pero, primero que todo, algunas precisiones en relación con el uso de los términos principales utilizados.

El Glosario de Términos de Alcohol y Drogas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 1994, definió que una droga:

(…) en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. (…) En el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Las teorías profesionales intentan normalmente demostrar que la cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias utilizadas a menudo con fines no médicos son también drogas en el sentido de que se toman, el menos en parte, por sus efectos psicoactivos. (Ministerio de Sanidad y Consumo de España, 1994, p. 33)

En el mismo documento se especifica que un narcótico es toda “(…) sustancia química que induce estupor, coma o insensibilidad al dolor (…)”. Además, se puntualiza que:

(…) El término se refiere normalmente a los opiáceos u opioides, que se denominan analgésicos narcóticos. En el lenguaje corriente y en la jerga legal, suele utilizarse de forma imprecisa para referirse a las drogas ilegales, sean cuales sean sus propiedades farmacológicas. Por ejemplo, la legislación para el control de los narcóticos de Canadá, Estados Unidos y otros países engloba a la cocaína y al cannabis, además de a los opiáceos (…).

Y, además, aclara que “(…) Dadas estas diferencias de uso, es preferible sustituir este término por otro de significado más específico (…)”. (p. 44)

Ambas acepciones aluden a sustancias con la capacidad de modificar el funcionamiento del organismo humano, y particularmente con efectos neurológicos y sobre la conducta del individuo; además de que destacan que tanto un término como el otro son indistintamente empleados en el lenguaje coloquial para referirse a drogas consideradas ilegales, aunque el consumo ilícito de opioides sintéticos, generalmente sujetos a prescripción médica, constituye una de las amenazas más graves para la salud en la actualidad, dado su amplio mercado en América del Norte y Europa, y los bajos costos de su producción, según explica el Informe Mundial sobre las Drogas. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2019, pp. 1-9)

Fig. 1
Sustancias alucinógenas o con propiedades psicoactivas

n relación con el término “narcotráfico”, el profesor Dr. Cs. Luis Suárez Salazar, que desde fines

En relación con el término “narcotráfico”, el profesor Dr. Cs. Luis Suárez Salazar, que desde fines del pasado siglo ha dedicado varias obras al problema de las drogas, reflexiona sobre las limitantes del uso de ese vocablo, de factura norteamericana y consolidado por el componente mediático que forma parte de casi todo proceso económico social, político o cultural en la actualidad, pues argumenta que tiende a reducir un fenómeno más complejo de lo que tradicionalmente se nos presenta (1989, p. 111).

Sobre el problema vinculado al uso de esa categoría, el profesor explica que pensar en los procesos que comprende el término “tráfico” se circunscribe a la compraventa y distribución de “(…) aquellas drogas ilegales erróneamente definidas como narcóticos”, excluyendo otros factores como el “(…) consumo-demanda, producción, procesamiento y comercialización de insumos industriales (precursores), financiamiento, transporte, etc.” (Suárez Salazar, 1989, p. 111). Sin duda, una visión más abarcadora de la que normalmente se refiere en los medios de comunicación.

El profesor Suárez Salazar también realizó un profundo análisis sobre las causas, condiciones e impacto del problema de las drogas y sus consecuencias para las relaciones interamericanas, aunque sin definir explícitamente una categoría alternativa, lo que no limita la incorporación de sus ideas esenciales al presente examen. Pero teniendo en cuenta que las categorías “tráfico de drogas” y “narcotráfico” son generalmente aceptadas tanto por la opinión pública como por académicos para referirse no solo a los mencionados procesos que completan el ciclo a través del cual opera la modalidad delictiva que se estudia, sino además a los componentes de violencia que implica en sus prácticas y sus efectos para la salud humana, serán utilizadas en lo adelante para referirse al fenómeno que se estudia.

El tráfico de drogas ilícitas en Estados Unidos

ara comprender cómo el tráfico y consumo de estupefacientes en Estados Unidos se ha convertido en un problema global, con particular incidencia en las relaciones interamericanas, hay que analizar el desarrollo del sistema capitalista posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial y el afianzamiento del país norteño como principal potencia mundial.

Las sustancias alucinógenas o con propiedades psicoactivas se emplearon desde las comunidades primitivas, y transitaron por diferentes fases a lo largo de la historia, aunque para comprender la génesis y evolución de la producción, distribución, tráfico y comercialización de drogas ilícitas o narcotráfico, tal y como se concibe hoy, a efectos de este artículo estos períodos se subdividirán: el primero, abarcará desde el siglo XVIII hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y el segundo, a partir de la culminación del referido conflicto bélico hasta la actualidad.

Los siglos XVIII y XIX estuvieron caracterizados por la producción y comercio de opio desde países productores (principalmente China y países del Sudeste Asiático) hacia Gran Bretaña, que mantuvo el protagonismo en cuanto a la correlación de poderes en el escenario internacional durante ese período, y país promotor de los conflictos bélicos denominados Primera y Segunda Guerras del Opio, acontecidos en territorio asiático entre las décadas de los años 30 y 60 del siglo XIX. Estas tuvieron como objetivo el ejercicio del control de la potencia europea sobre la comercialización de la sustancia, que en los albores de la Revolución Industrial resultaba una materia prima lucrativa cual, como cualquier otra, estaría regida por los mecanismos del “(…) comercio internacional que adquiere relevancia en las políticas exteriores de los Estados europeos y estadounidense (…)”(Renouvin citado por Cardinale, 2018, p. 101).

Los avances científicos, tecnológicos y el crecimiento de las capacidades productivas y comerciales que derivaron en el incremento de la acumulación del capital durante el siglo XIX, principalmente en el continente europeo, favorecieron también a la naciente industria farmacéutica con la aparición de sustancias que, procedentes de cultivos de adormidera, amapola, coca y marihuana, y sintetizadas químicamente en laboratorios, presentaban mayores oportunidades de negocios dados sus bajos costos de fabricación y su aceptación en los consumidores para el tratamiento médico de padecimientos o fármaco dependencias.

Aparece en esta primera etapa la “internacionalización” del empleo de psicoactivos como la morfina, la cocaína, y la heroína¹.

A lo largo de este período continúa el perfeccionamiento de los procesos productivos y la acumulación de millonarias ganancias por la industria farmacéutica, que se sustentaron en la creación, especialización y diversificación de las drogas, a la vez que se descubrían los efectos altamente nocivos que su abuso provocaban en el individuo. “(…) Las drogas como mercancías legales producidas por las industrias químicas y farmacéuticas en expansión llegaron a estar disponibles en cualquier lugar del mundo con régimen de venta libre” (Cardinale, 2018, p. 102), con Europa como principal controlador de su comercialización.

Particularmente, durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos tienen lugar los primeros intentos de inculcar en la “conciencia social” las desventajas del abuso de determinadas sustancias tóxicas y psicoactivas, con la anuencia de los gremios de médicos y farmacéuticos, que pretendían manejar los destinos de la producción y comercialización de las drogas.

Así, durante las administraciones de Theodore Roosevelt (1901-1909) y de Wiliam H. Taft (1909-1913), Estados Unidos se involucró en las primeras conferencias y encuentros de delegaciones internacionales con la participación de las potencias europeas y los países productores asiáticos, con el propósito de establecer un control, a través de acuerdos vinculantes, que frenara el poder de las potencias europeas sobre la compraventa de las materias primas para la fabricación de drogas.

En un primer momento tales esfuerzos resultaron infructuosos, aunque hacia lo interno, en 1914, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Harrison de Impuestos sobre Narcóticos, que contemplaba la creación de la primera institución gubernamental (Narcotics Control Department) que establecía las regulaciones que delimitarían el sector de profesionales dedicados al manejo y prescripción de opio, cocaína y morfina, su dosificación y marco sancionador.

Así desde 1920 se aplica la Ley Seca (Volstead Act), anexada como enmienda a la Constitución estadounidense y luego derogada², que hasta 1933 instituyó la prohibición de la producción y comercialización de bebidas alcohólicas en el país. Posteriormente, se demostró lo desacertado de tal medida, pues favorecieron el origen y empoderamiento de las mafias en el país norteño, con personajes como Meyer Lansky y Lucky Luciano, que crearon redes internacionales para el tráfico de alcohol, y luego interregionales para el trasiego de drogas como la heroína (Cirules, 2017; Cardinale, 2018), con alcance en países del Caribe, principalmente Cuba, y en Europa.

En el contexto internacional, como parte de la refrendación del Tratado de Versalles, y la creación de la Sociedad de las Naciones, quedan restringidos los procesos de producción y compraventa de narcóticos a los Estados miembros, a los que en años posteriores se le continuaron sumando limitaciones a partir de la presión ejercida principalmente por Estados Unidos en las conferencias internacionales dedicadas al tema.

En la que establecemos como segunda etapa, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, acontecen diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales que favorecen el declive de la hegemonía del “viejo continente” sobre las relaciones internacionales, la consolidación de Estados Unidos en el rango de “primera” potencia mundial y el afianzamiento de su política de Estado con un “patrón legítimamente democrático”, que acarreó una política exterior de exportación intencionada de su modelo cultural y valores nacionales, así como la creciente imposición de normativas internacionales, creadas a su “imagen y semejanza”, en un período histórico en el que se sentaron las bases para el tratamiento, que en la siguiente centuria, marcaría el surgimiento del negocio del “narcotráfico”, tal y como lo conocemos hoy.

A nivel internacional, este período se caracterizó por la realización de las primeras conferencias internacionales para el establecimiento de acuerdos de obligatorio cumplimiento por todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas, fundada en 1945, en los cuales Estados Unidos jugó un rol esencial durante la creación de instituciones especializadas en la regulación de la elaboración y el uso de sustancias psicoactivas.

Esto propició que con mayor intensidad se distinguieran qué drogas serían controladas, consideradas legales o ilegales, quién las producía y cómo, lo que generó una “jerarquización” que marcó el desarrollo posterior de la industria farmacéutica hasta la actualidad, debido a la centralización de esas funciones en grandes corporaciones como Bayern.

La intervención de Estados Unidos en la fiscalización global de las drogas es evidente cuando se examina la creación, durante la segunda mitad del siglo XX, de la mayoría de las instituciones internacionales que se dedicarían a la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) así como otras instancias reguladoras y de enfrentamiento adscritas a organismos regionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Fig. 2
Aparato político-burocrático estadounidense de lucha contra el narcotráfico
(Tomado de Calderón, 2015)

También durante esta etapa, Fonte (2018) refiere el surgimiento o afianzamiento de vínculos entre los servicios secretos estadounidenses y mafias implicadas en el tráfico de sustancias psicoactivas ilícitas y otras actividades conexas, que servían a determinados intereses de la nación norteña en las regiones en las que incidían las organizaciones delictivas, con el objetivo de penetrar y quebrantar procesos sociales, políticos y económicos.

Esto ocurrió principalmente en países de América Latina, en los que con el presunto motivo de luchar contra las drogas, Estados Unidos reforzó su presencia así como el enfrentamiento a sectores que intentasen materializar cambios estructurales o movimientos de liberación nacional en la región, lo que favoreció el incremento del alcance económico-financiero y operacional de la producción, distribución y compraventa de las drogas ilícitas, la “tolerancia” a sus líderes o “capos” y el ocultamiento de sus ganancias en las finanzas internacionales.

En relación con este tema, Fonte (2018) destaca los vínculos de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency), el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations) y la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration) con más de 20 agrupaciones criminales en Italia, Francia, Kosovo, Siria, Irak, Laos, Indonesia, México, Haití, Colombia, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Guatemala, Argentina y Uruguay que responden a intereses políticos y económicos estadounidenses, y a los que Estados Unidos les sirve como centro financiero para el lavado del 70% de los activos involucrados con el tráfico de drogas, según refiere el catedrático Claudio Katz (Gentili et al., 2017, p. 126), y actividades como la compraventa ilegal de armas, órganos y el tráfico de personas.

Hacia lo interno, la segunda mitad del pasado siglo marcó un crecimiento en el abuso de marihuana, principalmente en el sector estudiantil y juvenil en Estados Unidos; y durante las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo, el narcótico más consumido en ese país fue la heroína.

Fig. 3
Presunta operación antinarcóticos

La “guerra contra las drogas” y las relaciones interamericanas

Durante varios años, los presidentes estadounidenses Richard Nixon (1969-1972) y Ronald Reagan (1981-1989), supuestamente intentaron frenar la producción de drogas ilegales en Asia y América Latina través de organismos gubernamentales creados para el combate a este delito, estrategias que constituyeron la génesis de la proyección exterior de la “guerra contra las drogas” (Rosen y Cepeda, 2015; Cardinale, 2018), aunque sus maniobras enfocadas a la contención del consumo y la importación de narcóticos, no evitaron que su país se convirtiera en el principal mercado para las drogas ilícitas y receptador de las ganancias de este negocio.

A lo largo del siglo XX, y particularmente desde la segunda mitad de este período, nacieron en el interior del aparato gubernamental estadounidense diversas instituciones, ya mencionadas, que hasta hoy intervienen en la lucha contra el tráfico de drogas, como puede observarse en la figura 2.

La más “mediática” de ellas es la Agencia de Enfrentamiento a las Drogas (Drug Enforcement Administration), creada en 1973 por el presidente Nixon, que en los años 80 del pasado siglo se inició en la ejecución de operaciones, presuntamente antinarcóticos, en América Latina.

A partir de la década de 1990 hasta la actualidad, la llamada lucha contra el narcotráfico se ha distinguido mayormente por la militarización, a través del establecimiento y reforzamiento de bases y efectivos estadounidenses en territorios de Latinoamérica, con la justificación de ofrecer “ayuda” al enfrentamiento de esta manifestación delictiva, y el fin de entrenar personal castrense en todo el continente, con la anuencia de las embajadas del país norteamericano. En muchos casos, posteriormente, se convirtieron en grupos paramilitares como sucede particularmente en Colombia, transformado hoy en uno de los principales suministradores de cocaína y marihuana para los consumidores norteamericanos.

El problema reside en que el narcotráfico en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina no constituye un verdadero obstáculo para la Seguridad Nacional de la nación norteamericana, o por lo menos, no uno que pueda desestabilizar o poner verdaderamente en peligro el “sistema capitalista”, sino todo lo contrario, lo nutre.

A pesar de la labor más o menos efectiva de las agencias de aplicación de la ley con que cuenta el Ejecutivo del país norteño, que tienen la misión de combatir el negocio de las drogas ilícitas, no han logrado reducir el consumo interno, lo que acentúa e incrementa la existencia de rutas, principalmente a través de los países de Centroamérica y el Caribe, que sirven de corredores para el suministro a la gran potencia, como ocurre, salvando las distancias, con cualquier otra materia prima destinada a las grandes industrias transnacionales.

En relación con este tema, el profesor colombiano Jaime Zuluaga (Gentili et al., 2017), explica que

(…) el narcotráfico considerado como enemigo no fue un instrumento eficaz para fortalecer su hegemonía (de EE.UU.) y, aunque han sido acompañados por algunos países en sus políticas antinarcóticos, lo cierto es que el prohibicionismo adoptado y el tratamiento militar y policivo dado a la cuestión de las drogas ha sido criticado y no siempre aplicado por muchos de sus aliados (…) No son actividades que amenacen al sistema, aunque erosionan su “legitimidad”. (…) La articulación entre las economías legales e ilegales es una evidencia empírica de lo funcional que son para el capital estas formas de actividad económica (…). (p. 275)

A partir de la última década del pasado siglo, y durante las administraciones de George W. Bush (2000-2008) y Barack Obama (2008-2016) se manifiesta la presunción de matizar el tratamiento del tema del narcotráfico en ese país y su impacto en las relaciones interamericanas con un abordaje político-militar, cuyas consecuencias económicas, sociales y políticas en el área latinoamericana eran las causantes de la “necesaria” intervención del país norteamericano.

La politóloga Silvia C. Mantilla explica que, durante la presidencia de Bush, el Departamento de Estado de Estados Unidos entre 2004 y 2008 cuadriplicó la asignación de fondos destinados a programas de asistencia castrense en la región caribeña para el combate a las drogas ilegales “(…) bajo la Sección 1004 de la Ley de Autorización de la Defensa de 1991 (…)” hasta alcanzar los 31,3 millones de dólares, mientras que reducía en 4 millones de dólares la ayuda económica y social a esta región. (2011, p. 283)

Sobre el legado de Obama en relación con el tratamiento al tema de las drogas ilícitas como problema doméstico y su impacto en las relaciones interamericanas, Perdomo (2012) resume que mantiene “el (…) enfoque geopolítico y geoeconómico con un marcado unilateralismo (…) Esta situación ha tenido una generalización en la práctica político-diplomática de Obama, ya no sólo con los traslados de funcionarios políticos, diplomáticos a Nuestra América, sino también de las Operaciones (…)”

En referencia al incremento de la presencia de efectivos castrenses de los Comandos estadounidenses en América Latina, con el presunto objetivo de luchar contra el narcotráfico, que dejan entrever las intenciones de las administraciones estadounidenses de afianzar los principios adoptados en la Doctrina Monroe. El mensaje era claro: no se permitiría la pérdida de influencia política, ideológica, ni económica en la región, y las fuerzas militares constituían el “brazo duro” de la estrategia del Ejecutivo norteamericano.

Durante la administración de Barack Obama el enfoque del narcotráfico no se diferenció mucho de su predecesor. Aunque el único afroamericano que ha ostentado la presidencia de ese país intentó utilizar métodos guiados por el denominado “soft power” (poder blando) y estrategias de diplomacia pública para lidiar con sus vecinos latinoamericanos, no desestimó la existencia y potenciación de las bases militares ni el retiro de su personal, ni dispuso de estrategias efectivas que atacaran el consumo interno o la disminución de las desigualdades sociales y económicas que son inherentes al sistema capitalista y que marcan el desarrollo del negocio de las drogas, o sea, no ocurrieron grandes cambios.

El problema del tráfico y consumo de drogas ilícitas en Estados Unidos

El negocio de la producción, distribución y compraventa de drogas ilegales ha llegado a convertirse en un problema de escala global. Según estimaciones de la ONU entre los años 2012 y 2018, en todo el mundo, el costo de las operaciones (financiamiento de las actividades de forma general relacionadas con materias primas, fabricación, transporte, distribución y comercialización) en la actividad del narcotráfico ascendieron a 320 millones de dólares, y en el último año las ganancias de incrementaron en 600 mil millones de dólares, lo que lo sitúa como uno de los negocios ilícitos más lucrativos, sino el principal.

Según la mencionada organización internacional, la región norteamericana en general, y particularmente Estados Unidos se mantiene en la actualidad como principal destino y consumidor de las drogas consideradas ilícitas y de opioides.

El 26 de octubre de 2017 el presidente Donald Trump declaró Emergencia de Salud por el consumo de opioides sintéticos, tras registrarse ese mismo año alrededor de 30 000 muertes por este motivo, a la vez que instituciones gubernamentales e internacionales desde el 2016 anunciaban la peor crisis, en relación con el abuso de narcóticos, por la que ha atravesado ese país en su historia.

En un memorando presidencial anexo al informe sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report) fechado en septiembre de 2018, el presidente estadounidense confirmó la continuidad de la epidemia por el consumo de opioides y su enfrentamiento como una de las más urgentes prioridades de su agenda gubernamental, luego de la designación el propio año de alrededor de 4 billones de dólares adicionales al fortalecimiento de las capacidades internas para el combate a las drogas ilícitas y en las fronteras.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el tema de las drogas ilícitas se relaciona con los más de 50 mil millones de dólares correspondientes al lavado de activos relacionados con las sustancias psicoactivas que circulan en las finanzas de Wall Street y paraísos fiscales, así como al mercado doméstico de drogas ilegales o a las consumidas ilícitamente. Para el gobierno Trump, el narcotráfico es una consecuencia de la actividad de los inmigrantes latinos y las comunidades en las que habitan los sectores más desfavorecidos de esa sociedad.

Fig. 4
Lucrativo negocio del tráfico de drogas

Este es en esencia el objetivo de toda la política antinarcóticos que despliega Estados Unidos, pero principalmente en América Latina, donde, como ocurrió en Colombia, en mayo del 2020, se convierte en un pretexto para “apoyar” con recursos financieros y logísticos a gobiernos derechistas contra cualquier intento de independencia económica o política, o para evitar el triunfo de movimientos progresistas en los países que, a finales del siglo XX y principios del XXI, llegaron al poder político partidos de izquierda: Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Argentina, en los cuales también cuenta el peso de sus economías a nivel regional.

Cuando se analiza la política exterior de Estados Unidos en el combate a las drogas ilícitas entre 2017 y 2020, se destaca una marcada influencia del militarismo y de políticas autoritarias que impregnan, desde el escenario mediático, una estela de solapamiento en todo lo que rodea este asunto, pues el poder del narcotráfico se ha imbricado con las bancas internacionales que impulsan el financiamiento de conflictos de menor o mayor escala, y en el peor de los escenarios, de carácter bélico, con el consecuente impacto económico, político, medioambiental y social que estos acarrean.

Ese militarismo ha sido supervisado desde el Pentágono, y ejercido a través de la acción en la región latinoamericana del Comando Sur, principalmente en México y Colombia, pues en este último país se encuentran siete instalaciones militares de gran alcance, hacia donde cada año se trasladan cientos de soldados estadounidenses con el supuesto objetivo de luchar contra el narcotráfico (Gentili et al., 2017, pp.125-126), haciendo caso omiso a los desplazamientos forzados de campesinos, la desaparición de líderes sindicales y comunitarios, y otros abusos a los que son sometidas las poblaciones desfavorecidas de las zonas rurales, todo ello promovido por las organizaciones criminales que lucran con la producción y tráfico de drogas ilegales y la compraventa ilícita de armas.

La Revolución Cubana y la lucha contra el narcotráfico

Cuba no escapó a la tendencia creciente del lucrativo negocio del tráfico de narcóticos ilícitos durante la primera mitad del siglo XX, particularmente durante las décadas de los años 40 y los 50. El archipiélago constituyó una “base de operaciones” al servicio de los principales jefes de las mafias estadounidenses. Los mafiosos Lansky y Luciano, entre otros, traficaban drogas ilegales hacia Estados Unidos, con la anuencia de los gobiernos y cuerpos de seguridad cubanos.

Estos y otros elementos sobre el período neocolonial de la historia de Cuba, son expuestas por Enrique Cirules en la obra El imperio en La Habana (2017), donde detalla las formas en las que la corrupción de las instituciones del aparato estatal se convirtieron en facilitadoras de la presencia de estos “capos de la droga” y sus negocios en el territorio nacional, al llegar a convertirse ocasionalmente en “punta de lanza” contra los intereses que hubiesen podido tener las agencias de aplicación de la ley estadounidenses en su captura o en el desmantelamiento de sus redes.

El triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro Ruz cambió radicalmente el curso de la relación entre el Estado cubano y las mafias norteamericanas que lucraban con el tráfico de estupefacientes.

El desmantelamiento de las estructuras represivas y del Ejército, y la adopción progresiva de la concepción marxista, martiana, fidelista de una sociedad en la que no tenían cabida estos delitos, constituyeron pasos fundamentales para que durante los primeros años de la década de 1960, se fundaran las estructuras necesarias para enfrentarlos con una visión de política de Estado: la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los ministerios del Interior y Justicia, la Fiscalía General, las organizaciones políticas (Partido Comunista de Cuba, Unión de Jóvenes Comunistas) y de masas (Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas), con el imprescindible apoyo mayoritario de una ciudadanía que aborrecía el florecimiento de conductas que reflejaran “viejas prácticas” de la Cuba anterior a 1959.

Las reformas sociales, económicas y políticas que imponía la llegada de los “Barbudos”, propiciaron el descalabro acelerado de los intereses de la aristocracia nacional, particularmente de aquellos relacionados con los negocios de casinos y bares: la prostitución, el lavado de dinero, la corrupción y también el tráfico de drogas.

La Revolución Cubana se propuso la creación de un sistema social que permitiera el trabajo unificado de diversos factores políticos y sociales en la erradicación del tráfico y consumo de drogas ilegales. Al respecto, Betancourt Pulsán (2018) resume en tres fases la consolidación del sistema de prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas interno e internacional.

La primera etapa (1959-1985) comprende la conformación del sistema preventivo cubano, en el que se crearon estructuras especializadas para el enfrentamiento al delito como la Policía Nacional Revolucionaria y se integraron otras que dieron los primeros pasos en la imbricación de las organizaciones políticas y de masas a esta tarea, además de que fue un proceso acompañado por la creación de las primeras legislaciones revolucionarias a favor de la protección a la infancia, la juventud, la familia, y contra la mendicidad.

En la segunda etapa (1986-1999), se transitó hacia un sistema único de prevención, caracterizado por el papel rector de las Comisiones de Prevención y Atención Social a nivel nacional, provincial y municipal; la creación de nuevas legislaciones relacionadas con el control de la producción y distribución de medicamentos, así como la modificación o inclusión en el Código Penal de marcos sancionadores para figuras delictivas tradicionalmente vinculadas al tráfico internacional de drogas, como el lavado de activos y el tráfico de personas.

Betancourt Pulsán (2018) explica que en la tercera etapa (2000-2009) se perfeccionó lo que ella denomina el “paradigma cubano de prevención”, período en el que se afianza el enfrentamiento al tráfico de drogas a partir del desempeño de las estructuras gubernamentales integradas y de organizaciones políticas y de masas, con la Comisión Nacional de Drogas como principal impulsor de esta labor, y la promoción de la cooperación internacional para el combate al narcotráfico.

En la actualidad, Cuba se inserta en el escenario de la economía globalizada con las ventajas que esto pudiera ofrecer, y la desventaja de constituir un país políticamente asediado por el imperio más poderoso que haya existido en la historia, y una política exterior revolucionaria, progresista y solidaria que apoya las causas justas, promueve el multilateralismo y que prevalezca el respeto a los principios establecidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas. En ese marco constituye un objetivo esencial la cooperación en todas las áreas, incluida la seguridad y la lucha contra las manifestaciones delictivas, como elemento primordial para afianzar la paz y la seguridad entre todas las naciones.

En el informe anual publicado en el 2019 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que presenta los resultados de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos (International Narcotics Control Strategy Report), se reconoce que el tráfico interno e internacional de drogas ilícitas para el Estado cubano no constituye un problema mayor debido a la confluencia de factores relacionados con la actuación de las fuerzas de enfrentamiento en aguas jurisdiccionales, la política gubernamental de “tolerancia cero” a este delito y la respuesta jurídico-penal, los programas de prevención a nivel comunitario, el rol de la divulgación en los medios de información pública, y la preservación de la cooperación como principal instrumento para la acción conjunta de las autoridades cubanas y estadounidenses (p. 146).

De forma contradictoria, en mayo de 2020, el Ejecutivo estadounidense refrendó que Cuba es una de las naciones que menos recursos dedica a la lucha contra el terrorismo, en relación con el enfrentamiento al tráfico internacional de drogas ilícitas y la cooperación con las agencias de aplicación de la ley estadounidenses.

Sin embargo, lo cierto es que el desempeño de Cuba en materia de lucha contra el tráfico interno e internacional de drogas ilícitas cuenta con alto prestigio en el ámbito de las relaciones internacionales. Al cierre del 2019, Cuba había refrendado 40 acuerdos bilaterales con Estados Unidos en materia de actuación contra el tráfico internacional de drogas ilegales, y particularmente en relación con operaciones ilícitas de este tipo realizadas a través del canal marítimo, la labor conjunta entre el Cuerpo de Guardacostas del país norteamericano y la DEA (Drug Enforcement Administration), con las Tropas Guardafronteras y la Dirección Nacional Antidroga de Cuba, según reseña el informe anteriormente citado, que también destaca las oportunidades que los instrumentos legales y acuerdos han concedido a la parte norteamericana para la captura de ciudadanos de interés para las agencias federales. (Departamento de Estado de Estados Unidos, 2019, p. 146).

Con el relanzamiento de las políticas radicalmente anticubanas de Estados Unidos, las posibilidades de materializar acciones de cooperación conjunta con Cuba en cualquier temática se hicieron cada vez más distantes durante la administración de Donald Trump, escenario fomentado por la presión de funcionarios gubernamentales en las estructuras del poder legislativo estadounidense con demostrado interés económico y político en que un acercamiento entre los dos países no se materialice.

El profesor Juan Francisco Arias (2013) considera que el núcleo de las amenazas a la seguridad nacional de Cuba, lo constituye el diferendo sostenido con Estados Unidos a los largo de más de 60 años, conducta que tiene repercusión además en todas las esferas en las que se precisan los esfuerzos conjuntos de ambos países en la erradicación de problemas comunes, aunque en ocasiones afecte más su territorio que el nuestro, utilizándolos, según el criterio de este autor “(…) como instrumento de presión política y de descrédito internacional (…) para reforzar su intención de aislar a Cuba” (p. 39).

Conclusiones

La evolución histórica del tráfico de drogas está vinculada al incremento de las capacidades productivas y los avances científicos que han favorecido el perfeccionamiento de la creación, especialización y distribución de narcóticos, con el empleo de materia prima procedente de los países exportadores de la denominada periferia, creando redes transnacionalizadas que han servido a la expansión de este delito y otros conexos.

Las instituciones internacionales que deben enfrentar el narcotráfico (en su mayoría creadas por iniciativa de Estados Unidos y la Unión Europea) no han “radicalizado” la lucha antidrogas, y en cierta medida, han supeditado sus funciones a favor de las grandes compañías farmacéuticas.

El objetivo de la política antinarcóticos de Estados Unidos contribuye al afianzamiento de su hegemonía, pero principalmente en la región latinoamericana y caribeña mediante el pretexto de “apoyar” a los gobiernos derechistas en detrimento de los movimientos de izquierda.

La política exterior de Estados Unidos en relación con el combate a las drogas se caracteriza por la pretensión de ejercer influencia y dominación geopolítica a través del militarismo. El poder del narcotráfico se ha entrelazado con las finanzas internacionales, que han impulsado el financiamiento de conflictos bélicos de mayor y menor escala, con el consecuente impacto económico, político, medioambiental, social y cultural que estas acciones provocan.

Para Cuba constituye una prioridad el enfrentamiento al tráfico interno e internacional de drogas, pues existen amenazas que constantemente el país tiene que enfrentar: la persistencia del uso de itinerarios marítimos tradicionales de narcotráfico por el mar Caribe y el empleo creciente del canal aéreo en esta modalidad delictiva; además de la incidencia de grupos criminales de extranjeros y emigrados cubanos con interés de introducir drogas al territorio nacional, procedentes fundamentalmente de Estados Unidos, lo cual precisará de mayor convergencia en los procesos de trabajo de las entidades de aplicación de la ley de ambas partes.

Sin duda, la cooperación será esencial para definir los futuros escenarios y posibles resultados de las acciones contra el tráfico de drogas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.

Referencias bibliográficas

Arias, J. F. (2001). Cuba contra el narcotráfico: de víctimas a centinelas. La Habana: Editorial Capitán San Luis.

Arias, J.F. (2013). ¿Cómo ganar la guerra antidrogas? La Habana: Editorial Capitán San Luis.

Arias, J.F. (2019). Cuba vs. las drogas: la voluntad política hace la diferencia.Granma. Recuperado de http://www.granma.cu/archivo?a=1613

Becker, G., Murphy, K., y Grossman, G. (2006). El Mercado de Bienes Ilegales: El caso de la droga. Revista de Economía Institucional, 8 (15). 17-42.

Betancourt, A. (2018). Fidel contra las drogas: Apuntes para una historia. (Ponencia presentada en la Convención Internacional de Salud CubaSalud 2018). La Habana.

Calderón, E. (2015). Estados Unidos y el combate contra el narcoterrorismo como lineamiento de política exterior central en el vínculo con América Latina: el caso del modelo de cooperación con Colombia. Cuadernos de Política Exterior Argentina, (122), 3-40. Recuperado de http: https://www.researchgate.net/publication/318981171

Cardinale, M.E. (2018). El narcotráfico en la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Relaciones Internacionales, (37), 95-118. doi: http://dx.doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2018.37.004

Cirules. E. (2017). El Imperio de La Habana. La Habana: Casa Editora Abril.

Departamento de Estado de Estados Unidos (2019). International Narcotics Control Strategy Report: Volume I Drug and Chemical Control. Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Recuperado de https://www.state.gov

Drugs Enforcement Administration (2019). National Drug Threat Assessment. Recuperado de https://www.dea.gov

Fonte, M. (2018). Geopolítica de la droga. Rebelión. Recuperado de www.rebelion.org

Gentili, P., Vommaro, P., Chilcote, R.H., Martins, C.E., Gandásegui, M.A., Hernández, G.C., Pérez, S., Katz, C.,Castillo, D., Grobart, F., Castorena, C., Minella, A.C., Romano, S.M., Hernández, J., Zuluaga, J., Salinas, D., Suárez, L., Morgenfeld, L. y Martínez, L. (2017). Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional. México: Siglo Veintiuno Editores CLACSO.

Mantilla, S.C. (2011). Seguridad y narcotráfico en el Gran Caribe: geopolítica, integración regional y otros dilemas asociados. Papel Político, 16 (1), pp. 269-297. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77724397011

Maroño, A. (2018). La “guerra contra las drogas” en Estados Unidos. El Orden Mundial. Recuperado de http://www.elordenmundial.com

Ministerio de Sanidad y Consumo de España. (1994). Glosario de Términos de Alcohol y Drogas de la Organización de Naciones Unidas. España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2018). Informe Mundial sobre las Drogas 2018. Recuperado de https://www.unodc.org/wdr2018

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2019).Informe Mundial sobre las Drogas 2019. Recuperado de https://wdr.unodc.org

Perdomo, A.L. (2012, 25 enero). Entre el “narcotráfico” y la dominación. América Latina en Movimiento. Recuperado 25 enero 2012, de https://www.alainet.org/es

Rosen, J.D. y Zepeda, R. (2015). La guerra contra el narcotráfico en México: una guerra perdida. Reflexiones, 94 (1), pp. 153-168. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72941346011

Suarez, L. (1989). Conflictos sociales y políticos generados por la droga. Nueva Sociedad, (102), 107-119.

Suárez, L. (2003). Geopolítica y drogas en el hemisferio occidental: apuntes para una actualización. Recuperado de http://www.w3.org/TR/REC-html40

Txavarría, F. (2016, febrero 3). Los amos del narcotráfico mundial - La DEA, CIA, FBI, HBSC, y los marines de EEUU. Argentinatoday.org. Recuperado 03 diciembre 2016, de http://www.argentinatoday.org/2016/02/03/los-amos-del-narcotrafico-mundial-

Notas

Enlace alternativo

https://rpi.isri.cu/rpi/article/view/168/498 (pdf)