Introducción

En este trabajo propongo un análisis de las normas locales que rigen el uso del territorio en las comunidades campesinas en Santiago del Estero. Presento para ello un estudio de caso situado en Piruaj Bajo, una comunidad del sudoeste del departamento Copo, en el norte de la provincia (Mapa 1). La apropiación y el uso de la tierra por parte de esta comunidad, como de todas las de la zona (y, sin duda, de otras partes de la provincia), sigue un conjunto de normas que no tienen su origen y respaldo en el derecho sancionado desde el Estado, sino que se producen y reproducen en prácticas locales, aunque estas incorporen en cierta medida nociones y elementos provenientes de aquel.

Mapa 1
Ubicación del caso de estudio
Fuente: elaboración personal sobre datos del Instituto Geográfico Nacional

Los trabajos de Judith Farberman (2016; 2019; Cacciavillani y Farberman, 2019) han mostrado que la tenencia de la tierra en forma de mancomún, documentada en tiempos coloniales, persistió en Santiago del Estero hasta entrado el siglo XX, y que los intentos de disolver los mancomunes a partir de la sanción del Código Civil (asimilándolos jurídicamente a la figura del condominio) solían desembocar en juicios interminables y finalmente infructuosos. Por su parte, el valioso libro sobre la comunidad de Pozo del Castaño (departamento Figueroa) coordinado por Bonetti (2019) permite visualizar la continuidad de esas formas de tenencia hasta el presente, y la perpetua tensión entre las relaciones jurídicas validadas desde el Estado y las prácticas de uso común del territorio desplegadas por la población. También el Grupo de Sociología Rural del INDES ha aportado estudios relevantes sobre estas prácticas, analizándolos con apoyo en la extensa literatura sobre bienes comunes de las décadas recientes (Jara et al., 2018). En particular, Gómez Herrera y colegas han estudiado los llamados encierros comunitarios, de los que existe una veintena en los departamentos Figueroa y Alberdi (Gómez Herrera et al., 2018). Se trata de porciones de los territorios comunitarios que han sido cercadas (‘encerradas’) mediante la asistencia de programas estatales, en general ante la amenaza del avance del cercamiento de las tierras por actores de corte empresarial (estrategias de ‘contracercamiento’) (Gómez Herrera et al., 2018), y que han sido establecidas como comunes a través de acuerdos explícitos que regulan su gestión colectiva (no necesariamente con éxito, como muestran las autoras). En contraste con estos casos, me interesa indagar las normas que regulan el uso del territorio en su conjunto, lo que puede eventualmente, pero no necesariamente, incluir acuerdos explícitos, como en los casos estudiados por esas autoras.

En términos conceptuales, parto de un trabajo ampliamente citado de Schlager y Ostrom (1992), quienes conectan la tradicional metáfora de la propiedad como un haz de derechos (bundle of rights) con la cuestión de los bienes comunes. Distinguen los derechos de acceso, uso, exclusión, manejo y enajenación, que se encuentran amalgamados en el derecho de propiedad moderno (el reconocido por nuestro Código Civil, por ejemplo), y muestran que estos pueden separarse, y de hecho se encuentran separados en diversos ordenamientos existentes, tanto formales como consuetudinarios. De esto se desprende, entre otras cosas, que es insuficiente una clasificación de la propiedad en individual y comunitaria, ya que los diferentes derechos del haz pueden ser lo uno o lo otro: por ejemplo, derechos individuales de acceso y uso o extracción pueden estar sujetos a derechos comunitarios de manejo. Numerosos trabajos empíricos han ofrecido ejemplos de las diversas posibilidades de combinación, como lo recogen algunos artículos de revisión (Galik y Jagger, 2015; Ojanen et al., 2017), que a su vez han añadido a la lista de Schlager y Ostrom (1992) otros derechos que podrían separarse, como los de alteración y de obtención de ingresos. Estos añadidos responden a intentos de ordenar el material empírico, y no hay razones para excluir a priori otras posibilidades. El punto clave de esta literatura es que —en lugar de preguntarnos, con las anteojeras conceptuales del derecho civil, quién ejerce la posesión o es dueño de cierta porción de tierra—, nos invita a indagar quién decide sobre qué aspectos del uso del territorio, con quiénes, bajo qué restricciones, es decir, nos invita a exponer las prácticas en su complejidad intrínseca y no en función de las categorías prefijadas del derecho estatal.

Aún así, la exposición de Schlager y Ostrom (1992), y muchos de los análisis que han seguido esa propuesta, pecan de lo que Bourdieu (1986, p. 40) había llamado “juridicismo”, es decir, “la tendencia […] a describir el mundo social en el lenguaje de la regla” (tendencia que él atribuye a la etnografía de sus años de inicio). Bourdieu advierte que las regularidades que las prácticas revelan a los ojos de quien las estudia no surgen, en muchos casos, de la observancia de normas explícitas por parte de los actores, sino de una especie de “sentido del juego” (Bourdieu 1986, p. 42) que permite a los sujetos competentes producir prácticas que exhiben sentido y regularidad sin que ello sea su intención propia. Esto se resume en la noción de habitus: “El habitus, como sistema de disposiciones a la práctica, es un fundamento objetivo de conductas regulares, y por consiguiente de la regularidad de la conducta” pero “no tiene su principio en una regla o una ley explícita” (1986, p. 40). Por ello, si bien a los fines del análisis es inevitable la formulación explícita de las regularidades, ella falsea su objeto si pretende estar exponiendo el principio de acción que guía efectivamente a los sujetos.

Ahora bien, según Bourdieu (1986, p. 42) el habitus no da lugar a una uniformidad perfecta, deductiva de las conductas, sino que se asocia a una propensión de carácter “borroso” y “vago”, y ello porque obedece a una lógica práctica que define la relación ordinaria con el mundo, que es la de quien se encuentra sujeto a las exigencias de la acción, diferente de la del estudioso que analiza y formula explícitamente las regularidades, lo que requiere de tiempo y de condiciones materiales y sociales específicas (Bourdieu, 2007).

Sin embargo, conviene distinguir entre el carácter habitual de las normas y su vaguedad o falta de precisión. Le Roy (2016) retoma para ello una clasificación de Macdonald (1986; 2011), quien, por un lado, divide las normas en formuladas e inferenciales, y por otro lado, en implícitas y explícitas. Una norma es ‘formulada’ si es expresable mediante una proposición ritualizada cuyo sentido se supone transparente (una ley, una fórmula, un proverbio), y es ‘inferencial’ si no puede ser expresada de ese modo. Y una norma es ‘explícita’ si emana de una institución o autoridad habilitada para producirla, e ‘implícita’ si no emana de una autoridad. De acuerdo a esta terminología, un estándar comercial sancionado por la costumbre (referido, por ejemplo, a las dimensiones corrientes de un producto, o al número de unidades que se ofrecen conjuntamente a la venta, como docenas o decenas) puede ser una norma formulada en cifras precisas, pero implícita. Por otro lado, una norma puede ser explícita y sin embargo inferencial; por ejemplo, cuando el Código Civil y Comercial de la Nación (2014, Artículo 1928) (una norma explícita, ya que emana de una autoridad habilitada) define que “[c]onstituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento o impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y, en general, su apoderamien- to por cualquier modo que se obtenga”, (cursivas propias) apela a una figura inferencial, que en los fallos judiciales será concretizada según el contexto, y que no es posible reducir a una fórmula precisa. En otros términos, el carácter vago y aproximativo que Bourdieu atribuía a las regularidades que son producto de un habitus no necesariamente acompaña a las normas implícitas, ni está ausente de las explícitas, aunque resulta plausible admitir que aquellas lo presentan con más frecuencia.

Como expondré, las normas que rigen el uso del territorio en Piruaj Bajo son implícitas, ya que no existe ninguna autoridad local formalizada que las establezca, y son en gran medida inferenciales. Esto conlleva dificultades específicas para quien intenta estudiarlas, ya que habitualmente no son tematizadas y ‘dichas’ por los propios sujetos y no existe un vocabulario de uso local para referirse a ellas. En este sentido, como observa Le Roy (2016, p. 609), la noción de “derecho consuetudinario”, o incluso de norma en general, puede resultar engañosa, pues sugiere que existen reglas de gobernanza “generales e impersonales”, cuando más bien se trata de habitus que operan en forma contextual y tácita. De esta manera, la reconstrucción (o construcción) de estas normas a partir del material empírico es laboriosa y falible, e inevitablemente las traspone a un lenguaje que les es ajeno; sin embargo, en la medida en que no confundamos el artificio analítico con la realidad social analizada, constituye un instrumento de conocimiento válido y quizá indispensable.

Por territorio entiendo, a los fines de este estudio, la porción del espacio que los pobladores de la comunidad estudiada consideran suyo (y que los pobladores de las comunidades cercanas les reconocen como suyo) y sobre el cual ejercen un determinado control, modulado por las normas que aquí describo y materializado en demarcaciones y en prácticas productivas cotidianas que se realizan en ese espacio. En la medida en que se refiere al control sobre personas y actividades en un área determinada, originado en relaciones sociales específicas que contribuye a reproducir, esta perspectiva empalma con la noción de territorio propuesta por Sack (Haesbert 2013; Benedetti 2011). Cabe aclarar, por otra parte, que también nuestros interlocutores en el terreno utilizan habitualmente la palabra ‘territorio’ para referirse al área que utilizan y sobre la cual reclaman el reconocimiento de derechos por parte del estado.

En lo que sigue hago primero un breve señalamiento sobre la base empírica en la que se sustenta este trabajo. Luego presento algunos rasgos generales de la comunidad. A continuación describo con cierto detalle el modo en que está organizado actualmente el uso del territorio en Piruaj Bajo. Esa descripción se organiza en tres bloques, referidos a diferentes zonas del espacio: a) el poblado; b) el monte que lo rodea; c) los límites que separan este territorio del de las comunidades vecinas. Finalmente discuto el carácter y la validez de las normas descritas. Esta presentación sinóptica deja muchos puntos sin tratar; por ello, a modo de cierre, señalo una serie de aspectos que merecerían un tratamiento más profundo.

Método

Las descripciones y el análisis que aquí presento se apoyan en un estudio de campo realizado entre abril y octubre de 2019, durante el cual he residido en la zona, visitado alternativamente tres comunidades y recorriendo varias otras. El trabajo de campo en Piruaj Bajo consistió en entrevistas y conversaciones, participación y observación en diversas situaciones cotidianas, actividades laborales y eventos sociales (fiestas patronales, un funeral, una actividad artística llevada a cabo en el lugar por estudiantes de bellas artes, presentación de la ‘academia’ de danza, entre otras), realización de algunos trabajos de apoyo técnico para los pobladores (mapeo de parcelas y deslindes con GPS, redacción de un informe para uso de representantes de la comunidad), construcción de un árbol genealógico. En muchas de las entrevistas participó también la ecóloga Patricia García, quien realizaba en paralelo un estudio sobre abejas nativas sin aguijón y prácticas vinculadas a su uso. Cotidianamente se tomaron notas de lo observado; se grabaron algunas de las entrevistas, pero no todas. Como ya lo señalaba Vessuri (2011, p. 35) a propósito de su trabajo en Antajé en los años 1960, el intento de llevar adelante un interrogatorio sostenido sobre un tema sigue dificultando seriamente el diálogo; a esto se suma que en Piruaj Bajo, como en muchas otras comunidades santiagueñas, existe una disputa con actores externos por el derecho a la tierra, y ello lleva a los interlocutores a mantener cautela con respecto al registro formal de la información mediante notas in situ o grabación. El trabajo de campo fue posible gracias a una beca posdoctoral del CONICET y a una licencia otorgada por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Empleo también datos recabados en anteriores estadías en el lugar. En 2017 trabajé en Piruaj Bajo en tareas de asistencia técnica en el marco del programa Bosques Nativos y Comunidad (crédito BIRF 8493-AR, ejecutado por el Ministerio de Ambiente de la Nación); mi conocimiento inicial del lugar y la hipótesis que dio lugar a esta investigación proceden de esa experiencia anterior (Langbehn, 2020). En el marco de Bosques Nativos y Comunidad se formularon en Piruaj Bajo dos proyectos con diferentes partes de la población; para cada uno se realizaron registros detallados (fichas de economía familiar, mapeos comunitarios, inventarios forestales), a los que accedí en su totalidad para el proyecto del que participé, y parcialmente, gracias a la gentileza de las autoridades del programa, en el caso del otro proyecto. Asimismo, acompañé como co-director una tesis de maestría (Laurent, 2018), con un estudio sobre las prácticas de commoning en Piruaj Bajo, que constituye otro antecedente del presente trabajo.

Piruaj Bajo

Piruaj Bajo es una población conformada por un centenar de familias, descendientes del matrimonio formado por Luis Alberto Romero y María Manuela Alvarado a fines del siglo XIX. Cuenta con una escuela primaria y un ‘agrupamiento’ que permite a los jóvenes iniciar sus estudios secundarios en el lugar, aunque para completarlos tienen que trasladarse a San José del Boquerón u otra localidad. También hay una sala de atención primaria de la salud y, desde hace uno o dos años, un puesto de policía con dos agentes. Además de la población del lugar, esas instituciones atienden a la de otros parajes vecinos más pequeños.

Como en muchos parajes, en Piruaj Bajo existe una capilla del culto católico; hay asimismo un templo evangélico, al que asiste aproximadamente un cuarto de la población. El poblado cuenta con dos clubes de fútbol, que son centros importantes de la vida comunitaria: por fuera de la actividad deportiva, es allí donde suelen celebrarse las fiestas de fin de año y otras festividades, y donde se realizan reuniones con autoridades y otras personas que llegan desde afuera. En cuanto al comercio, hay solo algunos expendios de comestibles que venden productos de consumo diario y algunos vecinos que fraccionan nafta.

Piruaj Bajo se encuentra unos 15 km al este de San José del Boquerón y, por lo tanto, de la ruta provincial nº 4, pavimentada hasta esta última localidad, que es un centro zonal importante: allí funciona la comisión municipal (encargada de proveer servicios también a Piruaj Bajo, como el mantenimiento del camino de acceso o la ejecución de programas de ayuda para la vivienda, entre otros), la escuela secundaria, un pequeño hospital, la parroquia, y varios comercios como mercados de comestibles, estación de servicio, ferretería, corralón. Para compras más específicas, trámites burocráticos o atención médica especializada hay que llegar a Nueva Esperanza (Pellegrini), la ciudad intermedia más próxima, o directamente a Santiago del Estero o San Miguel de Tucumán. Los habitantes de la zona también suelen desplazarse por diversos trámites y otros motivos a Monte Quemado, cabecera del departamento Copo (al que pertenecen San José del Boquerón y Piruaj Bajo), aunque la conexión es dificultosa debido al estado de los caminos.

El paisaje es el típico de la región chaqueña. El terreno es llano, con ondulaciones casi imperceptibles, pero que tienen un efecto visible sobre la vegetación y los suelos. En las partes más altas, llamadas localmente ‘lomadas’, se encuentran los bosques más altos, con presencia de quebrachos colorados, el principal recurso forestal para la población. Las partes más bajas tienen suelos arcillosos y una vegetación más achaparrada. En toda la zona existen además rastros de viejos cauces del río Salado, más o menos tenues según su antigüedad. En algunos puntos, estos forman hondonadas donde se colecta agua durante el verano, que es la estación lluviosa; durante la parte seca del año, estas hondonadas o ‘pozos’ adquieren importancia como fuente de bebida para el ganado.

Las principales actividades en la economía monetaria de Piruaj Bajo son la cría de ganado vacuno y la actividad maderera, especialmente la elaboración de postes. Revisten importancia también los ingresos por trabajos extraprediales, en la mayoría de los casos como cosecheros, y los ingresos pasivos por jubilaciones, asignaciones, pensiones. Según un relevamiento realizado en 2017 en el marco de uno de los proyectos financiados por Bosques Nativos y Comunidades, entre 23 familias de la parte sur del poblado, el 51% de los ingresos monetarios correspondía a pasividades, el 33% a la actividad maderera, y el 16% a trabajos extraprediales como cosecheros. El relevamiento entre 48 familias de la parte norte, en el marco del otro proyecto financiado por BNyC, no registró los ingresos pasivos, pero entre los ingresos activos releva un 44% correspondiente a la ganadería, un 21% a la actividad maderera y un 35% a trabajos extraprediales.

Estos datos se refieren a los ingresos en moneda, pero debe tenerse en cuenta que una proporción importante de los trabajos que se realizan en el lugar son de autoabastecimiento. Esto comprende la obtención de una parte del alimento a través de la agricultura, la cría de cerdos, gallinas y cabras, la recolección de miel (meleo) y la caza; la obtención de leña, que es la principal fuente de energía para cocina y calefacción; y la construcción y mantenimiento de viviendas, infraestructuras productivas (corrales, chiqueros, galpones) y obras de uso común (clubes, templos, entre otras).

Todas esas actividades, destinadas tanto al mercado como al autoabastecimiento, se organizan en el espacio de acuerdo a un orden que se basa, en parte, en acuerdos explícitos, en parte en prácticas no explicitadas, y en parte en la reapropiación de normas estatales, como intentaré explicar a continuación. Dado que las características del paisaje de llanura no ofrecen una división natural del territorio, las divisiones internas, que determinan la organización de las actividades, y también los límites entre el territorio de Piruaj Bajo y los de las comunidades vecinas, son puramente convencionales y generalmente siguen trazados rectilíneos.

Organización espacial: (a) el poblado y la reserva

El centro del territorio, en un sentido funcional más que geométrico, lo constituye el poblado; allí vive toda la población de Piruaj Bajo, pues no hay casas aisladas en otros lugares. En el centro del poblado se encuentra un pozo surgente que asegura el agua para el ganado, especialmente en la estación seca. Hasta hace poco garantizaba también el agua para uso humano, pero durante nuestro trabajo de campo se inauguró una red de distribución domiciliaria de agua, realizada con apoyo del INTA y alimentada por un segundo pozo surgente que se encuentra en la escuela. Para bebida y cocina se prefiere, de todos modos, el agua de lluvia guardada en aljibes y cisternas, porque el agua de los surgentes contiene arsénico en concentraciones que la hacen inadecuada para esos usos, aunque no para limpieza, higiene personal o riego de plantas de patio.

El poblado se extiende en un radio de unos mil o mil quinientos metros en torno al pozo (Mapa 2). Cabe tener en cuenta que, hasta que se inauguró la red de distribución, esa era la distancia de acarreo del agua hasta las casas, que generalmente se realizaba en ‘zorras’ (carros tirados por un burro o mula) o para menores cantidades en bicicleta u otros rodados. Sin embargo, las viviendas no se encuentran densamente agrupadas en torno al pozo, sino que entre una y otra las distancias suelen ser de un centenar de metros o más, salvo excepciones, por ejemplo en el caso de hermanos que tienen sus casas más juntas.

Cada casa se encuentra rodeada de un ‘sitio’, muchas veces cercado con alambrado (más rara vez con ‘palo a pique’), aunque también puede carecer de cerco, o tener solamente los postes que marcan su dimensión. En algunos casos, en un mismo sitio hay dos casas, por ejemplo las de un padre y un hijo. En el sitio, además de la casa, se encuentra la cocina (generalmente separada de la vivienda), un aljibe o cisterna, muchas veces un galpón o cobertizo. La parte delantera, por donde se ingresa, conforma el patio, casi siempre escrupulosamente barrido; suelen verse algunas plantas ornamentales cultivadas con esfuerzo en macetas o en el suelo. Los chiqueros o rediles para cerdos y cabras suelen estar en la periferia del sitio.

Mapa 2
Piruaj Bajo: el poblado
Fuente: elaboración personal con base en recorridas por el territorio y digitalización de imágenes satelitales (Google Earth, Bing) mediante QGIS

El poblado crece en términos generales desde el centro hacia los bordes. Por ejemplo, doña Yonay, una vecina de unos 50 años comenta: “Antes éramos los orilleros, era lindo para criar. Ahora mire todas las casas que hay”. Señala las cinco o seis casas, tres de ellas de sus hermanos menores, que se interponen entre su vivienda y el monte; según explica, esto le dificulta la cría de cabras. Como dinámica general, los vecinos, cuando alcanzan la edad adulta o forman familia, ocupan un lugar para levantar su vivienda; habitualmente lo hacen alejándose del centro, aunque existen excepciones.

En general son los varones quienes hacen uso de esa posibilidad, ya que es común en la zona que las mujeres vayan a vivir al paraje de su marido, sin que esta regla sea estricta. Las casas de los hijos suelen levantarse cerca de la de los padres, de manera que se forman ‘barrios’ unidos por la proximidad del parentesco, pero tampoco esta disposición es estricta y hay entrecruzamientos. Muchas veces las casas de los mayores, cuando fallecen, quedan abandonadas y son eventualmente desmanteladas. Así, no queda rastro de la casa del primer matrimonio, de fines del siglo XIX, ni de las de sus hijos, aunque haya personas que recuerdan su ubicación en el centro del poblado.

Además de los sitios con las casas, en el poblado se encuentran, como cabe esperar, instalaciones tales como la escuela, la ‘salita’ de salud, los clubes de fútbol y los lugares de culto. Pero también, y esto es quizá más peculiar del carácter disperso y espacioso de la organización espacial, una quincena de cercos de cultivo de entre dos y cuatro hectáreas, y unos pocos potreros de dimensiones similares. Algunos vecinos también tienen una represa donde almacenan agua para sus animales. Este tipo de instalaciones siempre se encuentran cerca de las casas de sus dueños, aunque no necesariamente ad- yacentes, ya que por ejemplo los cercos de cultivo se ubican en lugares adecuados por su suelo y humedad, que no son los que se eligen para las casas. Algo más lejos, saliendo del poblado por el camino que corre al noreste, pero todavía a una distancia que permite llegar a pie, se encuentra el cementerio.

De esta manera, en el poblado conviven las actividades familiares, culturales, religiosas y deportivas con las productivas. Los cerdos y cabras, que generalmente están sueltos durante el día, no se alejan a gran distancia de las casas ya que regresan cotidianamente para recibir agua y, según el caso, una ración suplementaria, y pasan la noche encerrados. Estos animales circulan por el poblado o se alejan hacia la periferia, pero nunca más de uno o dos kilómetros.

Los terrenos de cultivo, por lo tanto, están cercados para evitar el ingreso de estos animales (de allí su designación habitual de ‘cercos’), y se admite que quien cultiva carga con la tarea de impedir su ingreso. Por ejemplo, Rubén, de 45 años, cuenta que antes vivía junto a su abuelo, y allí tenía un cerco de cultivo. A los veintitantos trasladó su casa hacia la periferia del poblado; siguió atendiendo ese cerco por un tiempo pero como le quedaba lejos no podía impedir que entraran cerdos. Inicialmente puso un techo de chapa en el lugar y se iba a dormir ahí para cuidar la cosecha, pero finalmente lo abandonó. Ahora, veinte años más tarde, él y su mujer están despejando un cerco de cultivo junto a su casa; en el ínterin participaron en los cercos de sus respectivos padres.

En total hay unos quince cercos que pertenecen generalmente a las personas de más edad, aunque en su cultivo y cosecha participan hijas e hijos, como en el caso referido, y también nietas y nietos. Sin embargo, no todas las personas del pueblo participan de algún cerco, y hay coincidencia en que antiguamente la agricultura ocupaba un lugar mayor en la economía y en la alimentación. Los cultivos principales son maíz y cucurbitáceas que se plantan en asociación; en la zona se conservan variedades locales de estas especies.

A diferencia del ganado menor que queda encerrado por las noches, los vacunos circulan libremente y se alejan del poblado en busca de alimento; como explicaré más abajo, se alejan especialmente en verano, mientras que en invierno retornan al poblado en busca de agua. Junto al pozo surgente hay una infraestructura básica para la ganadería: un tan- que australiano elevado, bebederos de mampostería y corrales, algunos de alambrado y otros de madera, construidos por los pobladores. El pozo y las demás instalaciones fueron realizadas con financiamiento estatal y canalizadas a través de la OCCAP (Organización Campesina de Copo, Alberdi y Pellegrini), de la cual varios vecinos eran (y son) miembros. El uso de los bebederos y corrales está abierto a todos los vecinos que tienen vacas, y dado que el agua no escasea, no hay reglas que limiten su consumo.

El pozo surgente existe desde el año 2000. Anteriormente se utilizaban dos pozos ‘calzados’ o abroquelados con madera, de considerable profundidad (~80 m), que también tenían agua de forma permanente, aunque para extraerla era necesario ‘baldear’, una tarea sumamente laboriosa (Bilbao, 1965). Uno de ellos todavía se encuentra en funcionamiento pero es usado solo por dos vecinos que cuentan con una bomba a motor (y que también tienen sus corrales propios cerca de ese pozo). Los pozos calzados se encuentran a unos 100 m del surgente. Entre el surgente y los pozos viejos se encuentra una gran represa o laguna, que ahora, alimentada por el surgente, tiene agua en forma perenne; está cercada para que los animales no ingresen y se hundan en su lecho arcilloso. El uso común de los corrales y bebederos junto al pozo constituye una suerte de ritual de sociabilidad masculina. Especialmente en invierno, cuando llegan muchos animales, durante toda la mañana se ve un grupo variable de vecinos acodados en el corral o sentados a la sombra de los algarrobos, hablando sobre las vacas, intercambiando novedades, bromeando. Cuando hay que realizar tareas como descornar y marcar el ganado, se lo hace en grupo, siempre con la participación y un cierto liderazgo del dueño de cada vaca, aunque se encierran juntas las de varios dueños, y además se suman otros vecinos, principalmente jóvenes.

La manera en que se organiza la disposición de las casas en el poblado, el cuidado de los cercos, el uso del pozo y la infraestructura ganadera está regulada por normas de carácter implícito e inferencial. Son implícitas porque no existe en Piruaj Bajo ninguna autoridad local constituida que pudiera establecer ese tipo de normas, y son inferenciales porque no existen máximas o fórmulas nítidas que expresen cómo deben hacerse las cosas, y de hecho para nuestros interlocutores enunciar esas normas tiene la dificultad que suele tener explicar lo evidente, comparable a la del hablante nativo (si no es lingüista) para exponer las reglas de su propia lengua, aunque le resulte fácil hablarla y discernir un enunciado mal formado.

Organización espacial: (b) el monte

Sin embargo, no todas las normas que rigen el uso del territorio en Piruaj Bajo tienen ese carácter inferencial. Por fuera del poblado existe una división del territorio referida especialmente al uso maderero del monte, que está formulada en términos precisos y transparentes (Mapa 3).

En efecto, alrededor del año 1990 los vecinos trazaron un cuadrilátero en torno al poblado, llamado la Reserva, que tiene casi 4 km de extensión norte-sur, y otro tanto de extensión este-oeste. Dentro de ese cuadrilátero, deslindado con picadas bien visibles, han convenido no extraer madera o leña con fines comerciales, aunque sí está permitido recolectar leña para el uso doméstico y cortar madera para construir las propias casas y demás infraestructura. Naturalmente, dado que la Reserva rodea al poblado, los nuevos sitios que se van habilitando para las casas de los más jóvenes también están dentro de la Reserva.

Alrededor de la Reserva se trazó en aquel mismo momento una serie de parcelas de uso individual. Inicialmente se establecieron parcelas de 50 hectáreas, de forma alargada, cada una con un frente de aproximadmente 250 metros sobre el deslinde de la Reserva y 2 km de fondo. Por fuera de la zona parcelada quedaba una gran parte del territorio sin demarcar, y en la práctica como zona de uso común. La razón por la cual se eligió ese tamaño de parcela fue que, por entonces, el estado provincial estaba otorgando parcelas de 50 ha a pobladores en otros parajes de la zona, y los pirueños aspiraban a que las suyas también fueran reconocidas por la provincia. De hecho, así ocurrió al menos en algún caso; uno de los vecinos me mostró un permiso precario de ocupación otorgado a su madre en 1989 sobre la parcela que había deslindado, aunque este reconocimiento no resultaba suficiente a los ojos del hijo.

Posteriormente, a estas parcelas iniciales, dispuestas de manera sistemática, se añadieron otras en forma más desorganizada y algunas de las parcelas iniciales fueron redimensionadas. Para describir con más detalle este proceso es necesario primero señalar otra división del territorio, que se complementa con la recién explicada, y que divide el territorio en tres sectores: uno hacia el norte del poblado, uno hacia el sudeste, y uno hacia el sudoeste. Estos tres sectores están delimitados con precisión: la parte norte está dividida de la parte sur por un deslinde claramente trazado, y la parte sur se encuentra dividida en dos por otro deslinde menos visible, pero igualmente preciso, ya que forma un ángulo recto con el anterior. El punto de encuentro de estos deslindes está marcado por un mojón (un pequeño poste de quebracho colorado), que se encuentra en el centro del poblado, a unos 100 m del pozo surgente. El origen del deslinde norte-sur y del mojón se relaciona con el trazado de los límites exteriores del territorio; volveré a este punto más abajo. Cabe aclarar que, en términos generales, los vecinos que tienen sus parcelas en uno de los tres sectores tienen sus casas en el correspondiente cuadrante del poblado, de manera que los sectores del territorio se corresponden a grandes rasgos con barrios o partes del poblado, aunque hay solapamientos (personas que tienen sus casas al norte del deslinde central pero tienen su parcela al sur, o viceversa, y lo mismo entre el sudeste y el sudoeste). A su vez, dado que los hijos suelen habitar cerca de los padres, también hay una coincidencia general, pero no estricta, entre la pertenencia a un barrio y a una rama familiar.

Los tres sectores mencionados funcionan cada uno con una dinámica propia en lo que se refiere al trazado de las parcelas y también al uso del territorio no parcelado. En primer lugar, para las partes del territorio que no se encuentran parceladas y que son por lo tanto de uso común, se admite que quienes tienen sus parcelas al sudoeste, y sus hijos, utilizan también (en lo que se refiere a la actividad forestal) la parte del territorio que queda sin parcelar hacia el sudoeste; y en cuanto a los hijos, eventualmente pueden trazar sus parcelas en ese sector, pero no en otros. Lo mismo ocurre en los otros sectores. Sin embargo, el modo en que se organizan colectivamente los vecinos que tienen sus parcelas en cada uno de ellos es diferente.

Mapa 3
Piruaj Bajo: parcelamiento forestal y límites del territorio

Señalo con contorno neto las parcelas medidas con GPS o trazadas sobre imagen satelital con los vecinos, y con líneas grisadas aquellas que bosquejo de modo aproximativo, según explicaciones de los vecinos, más o menos precisas según el caso

Fuente: elaboración propia mediante QGIS

En el sector norte, que es el más extenso y el más numeroso en cuanto a las personas que allí trabajan, después del parcelamiento inicial la generación siguiente comenzó a trazar parcelas de manera individual, sin mediar un acuerdo expreso con otros vecinos. Las dimensiones de las parcelas nuevas no se limitaron a las 50 ha iniciales, sino que se las trazó de hasta 200 ha y más. El trazado de parcelas nuevas no comenzó inmediatamente después del arreglo inicial, sino unos 20 años más tarde. Paulatinamente las parcelas fueron cubriendo la totalidad del territorio disponible hacia el norte, de manera que en la actualidad no existe allí espacio para trazar más parcelas. Actualmente se están trazando parcelas nuevas hacia el este, en un antiguo lote fiscal conocido como Lote 8, que antiguamente era usado en común por habitantes de Piruaj Bajo y de Vilmer, una comunidad cercana; más recientemente, en conexión con un conflicto de tierras con terceros (volveré sobre él), las comunidades precisaron el deslinde que separa la zona de uso de cada una.

En el sector sudoeste, alrededor de 2014 los vecinos decidieron ampliar las parcelas de las 50 ha iniciales a unas 80 ha; esto se hizo prolongándolas por el extremo más alejado de la reserva. Las parcelas orientadas hacia el poniente se prolongaron hasta el límite del territorio de Piruaj Bajo; el motivo fue que los vecinos de otra comunidad situada hacia el poniente comenzaron a extraer madera de la zona situada entre el deslinde del territorio y el fondo de esas parcelas, lo que llevó a un conflicto que se saldó después de intensas discusiones, y que llevó a los vecinos del sector sudoeste de Piruaj Bajo a remarcar el deslinde original del territorio y a prolongar las parcelas, para reforzar su presencia en esa área. Las parcelas que no daban hacia esa dirección (las orientadas hacia el sur) se ampliaron de manera análoga, por razones de equidad. Por su parte, los jóvenes no demarcaron parcelas nuevas de manera desorganizada, como en el norte, sino que hubo un acuerdo en el que se convino la disposición de las parcelas nuevas que tienen la misma dimensión que las otras¹. A su vez, durante mi trabajo de campo en 2019, una parcela que estaba vacante a raíz de un fallecimiento fue otorgada, por decisión colectiva, a uno de los más jóvenes, y no dejada en manos de la persona que por parentesco pretendía heredarla, pero que ya tenía una parcela propia. Es decir que en este sector, en comparación con el anterior, hay un mayor control colectivo sobre el parcelamiento; este control se ha visto favorecido por la integración de la casi totalidad de esos vecinos a una organización campesina (la central Las Lomitas del Mocase-Vía Campesina), con reuniones periódicas y mecanismos formales de decisión, que funciona como una incipiente autoridad colectiva. El parcelamiento sigue un criterio de equidad y esto ha limitado el tamaño de las parcelas de modo que una parte considerable del sector queda aún sin parcelar y es usada en forma común.

En contraste, en el sector sudeste la división espacial ha sido menos organizada. Según la explicación de uno de los vecinos de ese sector, cuando se trazaron las parcelas inicialmente alrededor de 1990, en ese cuadrante eran pocos y no les pareció necesario parcelar el monte, aunque sí demarcaron el cuadrilátero de la Reserva. Posteriormente fueron dividiendo el territorio, pero no en forma de pequeñas parcelas como las de los otros sectores, sino dividiendo la totalidad del sector que quedó marcado en cuatro grandes parcelas. Estas tampoco se trazaron de común acuerdo, sino que primero dos vecinos se atribuyeron una mitad del total, y luego otros dos se dividieron la parte restante. Otros vecinos de esa parte del poblado tienen sus parcelas en el sector norte o en el sudoeste, pero los más jóvenes ven dificultado su acceso a una parcela, sin que esto, aparentemente, se haya manifestado como conflicto hasta el presente (o al menos no en un conflicto que se comente frente a un extraño).

En resumen, cada uno de los tres sectores ha seguido una dinámica diferente en lo que se refiere a la demarcación de las parcelas forestales, que da como resultado diferentes configuraciones espaciales del parcelamiento y diferentes grados de control colectivo sobre él. Lo que permanece igual en todos los casos es el efecto del parcelamiento sobre las actividades, ya que este limita solamente la extracción de madera y leña.

En lo que se refiere al ganado vacuno, todo el territorio funciona como una unidad, en última instancia centrada sobre la aguada en el centro del poblado. Los animales se mueven libremente por todo el territorio, e incluso más allá de los límites de lo que nominalmente es el territorio de Piruaj Bajo, aunque si se alejan demasiado, los dueños buscan recuperarlos por temor a que se extravíen o sean robados. Especialmente en verano, la época lluviosa, cuando hay agua disponible en muchos charcos y hondonadas, los vacunos se dispersan al punto que es muy difícil o imposible para el dueño dar con un animal determinado. A medida que avanza el otoño, solo queda agua en los llamados ‘pozos’, que son las hondonadas más grandes; en esta época cada vacuno vuelve al pozo de su ‘querencia’, y allí se lo puede encontrar. La importancia de estos reservorios de agua ha llevado a que cada uno tenga su nombre: Vinal Viejo, Batea, Cadena, Calachín, entre otros. Cuando el agua escasea también allí, los animales acuden al pozo surgente del poblado, o se alejan más para encontrar agua en otros pozos fuera del territorio de Piruaj Bajo. De todas maneras, desde que el surgente asegura agua en forma continua, muchos animales se han acostumbrado a beber allí y se dispersan menos.

Podría decirse que los vecinos que tienen mayor cantidad de vacas (que son calificados de ‘vacudos’, una expresión de tinte humorístico no exenta de un cierto reconocimiento) son quienes más se benefician de este arreglo, ya que aprovechan los recursos comunes más intensamente que los demás. Los vecinos opinan que el ganado existente es poco en relación a la capacidad de carga del territorio, y me han señalado zonas donde efectivamente quedaba abundante pasto, incluso al final del invierno y cerca del poblado, lo que significaría que no hay escasez de forraje, aunque hay que tener en cuenta que 2019 fue el segundo de dos años sucesivos muy lluviosos. Como quiera que esto sea, en la zona nadie cuestiona el derecho del ganado, sea de los vecinos de Piruaj o de otros parajes, de circular y alimentarse en todo el territorio; más bien, como ya he dicho, son los dueños los que tienen la preocupación de no perderlo de vista.

Otras actividades como la caza y el meleo, de menor importancia económica pero no simbólica, están pautadas a su vez de modos propios. La caza en particular no está limitada al territorio de la propia comunidad. Sin embargo, no está abierta a desconocidos, sino solo a pobladores de la zona, y en cierta medida parece estar modulada por lazos de amistad o parentesco. Por ejemplo, dos vecinos van a cazar vizcachas al territorio de una comunidad donde vive el suegro de uno de ellos; o un maestro que vive en la zona aprovecha a cazar unos conejos cuando tiene que visitar una comunidad donde abundan; o un vecino casado con una mujer de Piruaj Bajo y que vive allí sale a cazar en el territorio de su comunidad de origen, donde también tiene algunas vacas (en términos generales, abunda más la caza en los territorios menos poblados que el de Piruaj Bajo). Sin embargo, frente a la pregunta directa, los vecinos coinciden en decir que pueden cazar en “cualquier lado”. Antiguamente ingresaban también cazadores que venían de las ciudades, pero ello causó una merma de la fauna y los pobladores ya no lo permiten.

En cuanto al carácter de estas normas, la división del territorio en parcelas forestales constituye una norma formulada, en la medida en que consiste en una demarcación precisa, inscrita en el territorio con signos visibles (visibles al menos para los interesados, como puede ser una muesca hecha a machete en un quebracho), y que puede ser traducida fácilmente a coordenadas de GPS, como lo hice a solicitud de varios vecinos. Sin embargo, se trata de una norma implícita, pues no hay una autoridad constituida que la haya establecido, o que eventualmente pueda hacerla cumplir o decidir los conflictos que a propósito de ella se susciten, sino que surge de un acuerdo ad hoc. Por otra parte, si el parcelamiento inicial tuvo el carácter de una norma formulada, no quedó a la vez formulado un principio de expansión; la trayectoria posterior muestra en el norte un derecho inferencial e implícito de cada vecino de delimitar una parcela propia, mientras que en el sudoeste muestra el incipiente surgimiento de una autoridad colectiva capaz de establecer una norma explícita. En lo que se refiere a otros usos del territorio, las normas que operan son inferenciales e implícitas.

Organización espacial: (c) los límites del territorio comunitario

Veamos ahora cómo se definen los límites externos del territorio de la comunidad, y qué efectos prácticos se derivan de ellos. Con respecto a lo primero, los límites que dividen el territorio de Piruaj Bajo de los de las comunidades vecinas y que los pobladores de Piruaj Bajo y de esas comunidades se reconocen recíprocamente, se remontan a viejos lotes catastrales. Esto, hasta donde he podido observar, es lo habitual en la zona, y también en otros puntos de la provincia, aunque hay casos de subdivisión o de modificación de los límites mensurados.

La historia de las mensuras de la zona, en la medida en que resulte posible trazarla, deberá quedar para una investigación posterior. De acuerdo a la información que he podido recabar en el lugar, los actuales límites del territorio de Piruaj Bajo fueron mensurados y deslindados en la década de 1940, aunque probablemente no se tratara de la primera mensura². Don Segundo, de 79 años, recuerda que en su infancia llegaron “unos ingenieros” que midieron y plantaron mojones, pero afirma que el ya mencionado mojón cercano a los pozos, que marca el punto medio del poblado, es anterior. Más tarde los habitantes de Piruaj Bajo tuvieron noticia de varios presuntos propietarios de la tierra, siempre a través de rumores y sin contar con información fehaciente. En los años 1960 o 1970 uno de esos presuntos propietarios hizo repasar las picadas perimetrales, posiblemente con la intención de someter el monte a explotación maderera, cosa que no ocurrió. Desde los años 1980, con la desaparición de los obrajes madereros en la zona, los vecinos de Piruaj Bajo comenzaron a extraer madera por cuenta propia, explotando el monte dentro del territorio deslindado, que parcelaron unos años más tarde, como ya he dicho.

En general, los deslindes entre las comunidades son respetados, aunque ocasionalmente se producen transgresiones o disputas. Durante mi trabajo de campo se produjeron al menos dos situaciones de este tipo. En una de ellas un habitante de otro paraje situado más al norte extrajo postes cerca del deslinde norte del territorio de Piruaj Bajo, en la parcela de uno de los vecinos de esta comunidad. Este, según relata, fue a interpelarlo y a recordarle sus derechos, aunque no reclamó los postes ya extraídos; argumentó que “desde que supimos entender” el límite de Piruaj Bajo siempre había sido ahí, y que “si siempre le han dicho que era ahí” correspondía respetarlo. Admite que el vecino del otro paraje “también necesita trabajar”, pero no reconoce en su caso una situación de pobreza que justifique la transgresión ya que el vecino dispone de suficiente monte propio, tiene animales, y en general, no tiene un mal pasar. En otro caso la confrontación fue más intensa; un poblador de un paraje situado al sur construyó un horno de carbón cerca del deslinde sudoeste y comenzó a extraer leña dentro del territorio de Piruaj Bajo. Después de un reclamo individual, infructuoso, media docena de pirueños fue a hablar con él, mostrando su unidad. Para reforzar la presión se acercaron además a la parroquia, a través de la cual el vecino díscolo estaba por conseguir un subsidio para mejorar su infraestructura e intentaron condicionar la entrega de esa ayuda a un comportamiento más respetuoso de las normas.

Los límites territoriales que organizan las relaciones entre los pobladores de diferentes parajes no lo hacen en virtud de su validez jurídica, sino del reconocimiento recíproco entre la población local. Sin embargo, toman como referencia viejas mensuras, impuestas con la autoridad estado, que permanecen en uso más allá de su eficacia legal. Pero la función que adquieren estas demarcaciones no coincide con la que les otorgara el derecho estatal (demarcar un territorio sujeto a derechos de propiedad plenos, o a una presunción de tales derechos), sino que viene definida por el uso local: igual que en el caso de las parcelas internas, los límites externos se refieren solamente al uso maderero, ya que no existen alambrados perimetrales y los animales se desplazan libremente en busca de alimento y agua.

Ahora bien, si las normas locales tienen eficacia, en términos generales, entre comunidades vecinas, no ocurre otro tanto en lo que se refiere a actores externos, como lo testimonian los innumerables conflictos por la tenencia de la tierra que han enfrentado durante las últimas décadas a la población campesina con personas o empresas que adquirieron títulos de dominio de las tierras y movilizan resortes judiciales (entre otros recursos) para hacer prevalecer sus pretensiones (REDAF, 2013; Barbetta, 2009). Así ocurre también en Piruaj Bajo. En 2007 una empresa perteneciente a inversores de Buenos Aires adquiere, o pretende haber adquirido, los títulos de propiedad de los lotes que constituyen el territorio de Piruaj Bajo e intenta tomar posesión de una parte de ellos. Esto conduce a un áspero conflicto, todavía en curso, en el cual se producen amenazas y episodios de violencia, la ocupación y el cercamiento del extremo noreste del territorio por parte de la empresa, un proceso civil que la empresa pierde en primera y segunda instancia (pero que se refiere solo a una pequeña parte del territorio, en torno al poblado), y finalmente el contracercamiento mediante alambrado del límite oriental del territorio por parte de los habitantes de Piruaj Bajo (Langbehn y García 2020).

La presencia del conflicto modifica las dinámicas internas de la comunidad y de sus modos de uso del territorio. Por momentos, el enfrentamiento ha generado mayor unidad frente a la amenaza común y, por momentos, divisiones en torno a las estrategias a seguir y sospechas de cooptación; de hecho, algunos habitantes de Piruaj Bajo han trabajado como empleados de la empresa, lo cual es comentado por sus vecinos con desaprobación, pero rara vez en tono de condena definitiva. En cuanto a los usos del territorio, el conflicto implica desviar esfuerzos hacia actos posesorios reconocibles para el aparato de justicia (Gómez Herrera, 2019). Pero también implica, por ejemplo, priorizar la extracción de madera en las áreas que se suponen más amenazadas al avance de la empresa, ‘mezquinando’ la madera de las zonas consideradas más seguras como reserva a futuro. Esta interacción debe quedar aquí apenas señalada, aunque sin duda ha modificado las prácticas y la percepción de los derechos territoriales.

Carácter y validez de las normas de uso descritas

De esta descripción se desprende que en Piruaj Bajo existen normas complejas que organizan diferentes usos del territorio y definen quiénes pueden realizar determinadas actividades en ciertas zonas. He esbozado las normas que operan en la configuración del poblado (distribución de las casas y otras instalaciones), las que ordenan el uso ganadero, tanto en lo que se refiere a las instalaciones situadas en el poblado (aguada, corrales) como al territorio en general, y las que ordenan la extracción de madera, regulada mediante un parcelamiento que atribuye áreas de uso individual y de uso común; estas actividades se organizan de manera diferente en el espacio, superponiéndose entre sí. También he hecho referencia a los límites del territorio que usan los pobladores de Piruaj Bajo y que les es reconocido por los pobladores de otras comunidades.

Se trata de normas de carácter implícito ya que no proceden de una autoridad formalizada (aun local, como una asamblea o un consejo) que las dicte y las pueda interpretar y eventualmente hacer cumplir, sino que su origen y eficacia son o bien de carácter puramente habitual, o bien surgen de acuerdos ad hoc, como en el caso de la Reserva y las parcelas trazadas inicialmente junto a ella. Además, se trata en gran parte de normas inferenciales, es decir, no expuestas en forma de proposiciones o fórmulas con un sentido preciso, y de hecho no expuestas generalmente en forma verbal. Esta caracterización, sin embargo, no se aplica a los límites internos y externos del territorio, que están trazados con toda claridad y se conciben como inmediatamente inteligibles para todos los involucrados, de manera que operan como normas formuladas.

La inexistencia de alguna forma organizada de autoridad o de gobernanza local dificulta la tarea de entender la organización de los usos del territorio, y sin duda también la interacción de las instituciones estatales y no-estatales con las comunidades. En efecto, si bien frente a situaciones específicas que requieren decisiones colectivas suelen hacerse reuniones o asambleas, estas no tienen una composición fija, muchas veces no participa gran parte de la población y no necesariamente las decisiones que allí se tomen son vinculantes o acatadas por todo el pueblo. Esto no significa que no haya decisiones colectivas, por ejemplo para el parcelamiento del territorio o para su defensa ante la amenaza externa; pero esas decisiones se van construyendo gradualmente en situaciones de sociabilidad como la que he descrito junto al bebedero del ganado, y otras similares, que son numerosas: sorteos a beneficio de un enfermo, preparación de festividades religiosas o profanas, gestión de actividades para la infancia (comedor escolar, academia de danzas, entre otras), prácticas de fútbol, a lo que se añaden las constantes visitas entre vecinos, ocasiones todas ellas en las que se intercambian pareceres, chismes e información, y eventualmente se alcanzan consensos lo suficientemente robustos para desembocar en acciones colectivas como las mencionadas.

Estas normas organizan los usos del espacio de un modo que no se corresponde con los postulados del derecho de propiedad, entendido como un artificio jurídico en el cual coincide en un mismo sujeto un determinado haz de derechos, como se mencionó en la introducción (Schlager y Ostrom, 1992). En efecto, vemos que el parcelamiento forestal operado por los vecinos está muy lejos de atribuir al titular un conjunto de facultades análogo al derecho de propiedad, ya que atribuye al individuo únicamente el derecho de extracción, de exclusión y de manejo en cuanto a la componente maderera, mientras que el uso en cuanto a la componente ganadera es ejercido de manera común, incluyendo un solapamiento con las comunidades vecinas cuyos animales también circulan libremente. También el derecho de acceso al territorio es común no solo a los vecinos de la comunidad, sino también a los de las comunidades cercanas, de la misma manera que los vecinos de Piruaj Bajo transitan libremente por el territorio de las otras comunidades. En cuanto al manejo, si bien no hay reglas formuladas, sí puede ocurrir, como sucedió durante nuestro trabajo de campo, que un grupo de vecinos de mediana edad vaya a inter- pelar a otros más jóvenes que, a criterio de aquellos, están extrayendo madera de manera excesiva o imprudente e intente persuadirlos de modificar sus prácticas; esto supone que se reconoce al menos un interés de la comunidad en un adecuado manejo del monte por parte de cada individuo, sin que existan mecanismos formales para encuadrarlo.

En cuanto a la transmisión de los derechos territoriales, no está contemplado otro modo de adquisición que la pertenencia hereditaria a la comunidad o la incorporación a ella por matrimonio. Además, solo quienes permanecen en el territorio acceden a estos derechos, un dato que es relevante en una zona que ha visto un constante flujo de emigración desde hace muchas décadas. Varios de los vecinos que actualmente viven en Piruaj Bajo emigraron por algunos años y regresaron luego, reincorporándose a la comunidad, pero no existen parcelas ni animales atribuidos a personas distantes (aunque sí, en ciertos casos, a personas ancianas que están en San José del Boquerón). En otras comunidades nos han referido casos de conflicto con parientes que han emigrado y posteriormente pretenden obtener una parte de lo que conciben como la tierra heredada de sus padres, en algunos casos mediante acciones judiciales; pero no en Piruaj Bajo.

En resumen, el modo en que está organizado el haz de derechos relativos al uso del territorio en este ordenamiento local difiere profundamente del modo en que lo organiza la propiedad privada. Tampoco resulta esclarecedor hablar, sin más calificaciones, de propiedad comunitaria o uso común del territorio, aun si evidentemente hay una componente comunitaria, y de hecho la validez de los derechos atribuidos localmente a los individuos depende enteramente de la comunidad en la que se reproducen y se hacen cumplir las normas locales, es decir, en última instancia, de su reconocimiento por parte de las demás vecinos y vecinas.

Ahora bien, esta normatividad de fuente puramente local carece de una forma jurídica reconocida por el Estado, lo cual representa una seria vulnerabilidad en cuanto aparecen otros sujetos que pretenden hacer valer sobre el territorio derechos de origen estatal. Si bien el uso del territorio por parte de la población campesina constituye una forma de posesión colectiva, son bien conocidas las dificultades que implica obtener el reconocimiento judicial de esa posesión, como lo estudió Barbetta (2009), sin que haya habido avances en la década transcurrida desde ese trabajo. El auto-reconocimiento de numerosas comunidades indígenas en la provincia desde el comienzo del presente siglo debe verse también en el contexto de esta vulnerabilidad jurídica, en la medida en que la propiedad comunitaria indígena goza de una protección específica de origen constitucional, si bien insuficientemente legislada (Kosovsky e Ivanoff, 2015; Abreut de Soler, 2012).

A modo de cierre

Entender la organización del uso del territorio mediante normas locales como las aquí descritas no solo interesa en términos teóricos, sino que reviste gran importancia desde el punto de vista práctico, tanto en lo que se refiere a la posibilidad y las modalidades de reconocimiento por parte del Estado, de los derechos de la población campesina e indígena, como en lo que se refiere a la formulación de políticas de desarrollo o de asistencia técnica adecuadas (Langbehn 2020). Sin embargo, no parecen existir estudios previos que aborden de manera sistemática la cuestión aquí planteada para el mundo rural santiagueño, o para el país en general. Por ello, las preguntas que quedan por dilucidar son numerosas; destacaré algunas para terminar.

En primer término, aislar analíticamente las normas referidas al uso del territorio implica una abstracción, ya que esas normas operan imbricadas con otros aspectos de la vida social y productiva de los sujetos. Reponer algunos de estos aspectos permitiría una mejor comprensión del modo en que operan las normas aquí expuestas. En este sentido cabe pensar en: (i) las diversas prácticas que reproducen cotidianamente la trama de relaciones materiales y personales en las cuales se sustenta la vida colectiva y se incorporan las normas; (ii) las relaciones entre los géneros y la dinámica de la institución familiar; y (iii) las estrategias productivas y los usos concretos del territorio que llevan adelante los sujetos, es decir, qué actividades se realizan efectivamente dentro del marco de las normas expuestas, y en qué medida y de qué manera esas actividades contribuyen a la reproducción económica de la comunidad; en efecto, puede suponerse que las normas perderían rápidamente su capacidad de organizar las prácticas si tornaran inviable la subsistencia de los sujetos. En segundo lugar, sería deseable un abordaje comparativo entre comunidades; en efecto, como mostraré en otros trabajos, la organización territorial difiere de una comunidad a otra, aun si se pueden señalar algunos elementos constantes. Por último, todos estos aspectos merecen ser considerados en una dimensión diacrónica, ya que las normas, las prácticas y las relaciones en el territorio no son estáticas, sino que tienen un devenir cuya reconstrucción, en la medida en que sea factible, puede contribuir también a iluminar el modo en que adquieren o pierden operatividad normas como las aquí consideradas. En este sentido, merece atención la dinámica del conflicto con los actores externos y sus efectos sobre la organización interna de la comunidad, así como el rol que tienen diversos agentes (organizaciones campesinas, iglesias, programas sociales y de desarrollo rural, ONG), incluyendo a quienes realizamos investigación, en la configuración de las prácticas referidas a los usos del territorio³. Por otra parte, más allá de las formas concretas en que se organiza en cada momento la vida en común en el territorio, el fenómeno mismo de las tierras de manco- mún y las disposiciones y hábitos necesarios para hacer posible ese tipo de convivencia hunden sus raíces en una historia de larga data, y es desde ese hontanar que fluyen las formas de organización colectiva que los pobladores de Piruaj Bajo, y de innumerables parajes santiagueños, eligen darse.

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Notas