Introducción

En el presente trabajo examinaremos, a través de un recorrido histórico, las diferentes disputas que se fueron desarrollando en la región del Delta del municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires, desde la década de 1970 hasta 2014. Nuestro trabajo, tiene como objetivo, analizar las diversas controversias, es decir, enfrentamientos, disputas por y a través de los sentidos, que se irán gestando en esta región en torno a las condiciones socioambientales y territoriales. La cuestión será determinar el entrelazamiento de elementos capaces de construir lo que llamaremos, inscribiéndonos en la teoría del actor red y por tanto en el pragmatismo francés, los colectivos, las asociaciones de humanos y no-humanos, las naturalezas-culturas (Latour, 2007; 2008).

Nos enfocaremos en la construcción del colectivo isleño o de la naturaleza-cultura isleña, el establecimiento de una determinada unidad -no sin tensiones- entre la producción de elementos considerados – a posteriori– como naturales y otros como sociales. Mediante un registro histórico o, más bien, una lectura genealógica –abarcando las relaciones de fuerza, las producciones de sentidos, los aparatos de medición y la positividad de las prácticas científicas–, las controversias analizadas, servirán para determinar las condiciones en las que se puede generar un objeto natural como es el caso de humedal, las prácticas normativas específicas para regularlo (el Plan de Manejo sancionado en 2014 como hito) y los vínculos civiles, políticos y sociales que se construyen para dar respaldo a los objetos y determinar los cursos de acción de los colectivos.

Por medio de una serie de documentos, declaraciones y archivos, evidenciaremos que, la producción de naturaleza y cultura, se realiza a través y en medio de controversias que se desarrollan en la primera sección de las Islas del municipio de Tigre -y que incluyen otras disputas, expandiendo la escala de la denuncia. Para ello, organizaremos el trabajo de la siguiente manera: en primer lugar, daremos los lineamientos teóricos desde los cuales analizaremos los conflictos, retomando los posicionamientos teóricos de Luc Boltanski y Bruno Latour, entre otros. En segundo lugar, haremos un recorrido, en dos etapas segmentadas, a partir del cambio de problematización y de actores que entran en la escena (o en la mira) de los isleños. Así, estableceremos, en los dos apartados siguientes, un primer momento que podríamos denominar “ambiental”, desde 1970 hasta la década de 1990, y otro que podríamos señalar como “territorial”, hasta nuestros días¹. En un último apartado, analizaremos un conflicto emblemático que es el caso de Colony Park S.A. (un emprendimiento urbano de grandes dimensiones, que ha sido un parteaguas, literal y metafóricamente, en las coordenadas conflictivas de las islas).

Lo que intentaremos poner en relieve es la capacidad y la injerencia de los actores, los colectivos y las redes, para determinar el curso de un conflicto, para definirlo y actuar en consecuencia. Veremos así, cómo aparecen/desaparecen/se rearticulan actantes, problemas, objetos y técnicas. Siguiendo la hipótesis de Merlinksy (2017a) examinaremos cómo el conflicto produce, genera efectos sociales por fuera o más allá de la propia dinámica conflictiva. En ese sentido, nuestro trabajo pretende describir el proceso de emergencia del colectivo isleño durante el proceso de controversias, primero contra la contaminación de los ríos, entrada la década de 1970 y luego, contra las urbanizaciones cerradas y movimientos de suelo, desde la década de 1990.

¿Desde qué orilla nos paramos?

Para comenzar nuestro recorrido, e introduciendo ya nuestra perspectiva teórica, podemos decir que, la zona deltaica de Tigre, presenta un rico entramado de actores, tejidos y destejidos en procesos dinámicos que exige competencia y conocimiento a todos, exige movilización de recursos, reducción de escalas, ampliación, cortes y traducciones. En síntesis, presenta todas las características de una práctica articulatoria incesante, encargada de enlazar entidades, de definirlas y sellarlas, objetivarlas o desarmarlas. Es la constitución misma de lo social -en tanto asociación- y lo societal -en tanto objetivación-, en una de las zonas ontológicas modernas, lo que con este trabajo pretendemos ejemplificar. El enfoque metodológico es de tipo cualitativo, basado en el análisis de informes de los actores (científicos, organizaciones civiles, fundaciones, por parte de algunos agentes del Estado, y algunos aspectos de los argumentos sostenidos por los inversores y agentes privados)². Intentaremos seguirlos³.

Veremos cómo las diferentes acciones de los actores nos llevan a la producción de una red de significantes, de una orientación de sentido, ordenando el mundo de una forma coherente y con peso suficiente para interpelar a los agentes, para ser llamados o enrolados por estos sistemas (Callon, 1986). Los agentes se desempeñan como actantes, en el sentido de que son unos personajes con una función sintáctica dentro de un sistema de relaciones diferenciales; es decir, en las diversas situaciones, los agentes son diferentes actantes según pueda ocupar la posición de sujeto que corresponda, con sus recursos, prescripciones, posibilidades (Callon, 1986).

No hay una sola forma de enrolar a estos personajes, de constituirlos. Sin embargo, el discurso, en tanto articulación, tiene que posibilitar una identificación, una estabilización del actante y de los elementos que se dan en situación pues, justamente, la situación es siempre ya una estabilización de elementos, actantes y entidades dispuesta de forma relacional, o sea, diferenciada según la magnitud⁴ de cada “ser”, sea humano o no humano. En este sentido, cabe mencionar que sostenemos una simetría en aquello que es considerado habitualmente como “objetos” y “sujetos”; a su vez, desde nuestra posición teórica, otorgamos autonomización a aquello que se puede considerar no-humano, en el sentido de que estos objetos, entidades o elementos, tienen la capacidad de incidir en el transcurso de la situación, actuar en ella, producir efectos (Latour, 2007). Por lo tanto, cada una de estas entidades puede desplegar su acción según la posición que ocupen en el sistema.

Podemos decir que, nuestra posición, reconoce tres tipos de entidades: las personas o posiciones de sujeto; los seres metafísicos (el bien común, la naturaleza, las leyes, etc.) y; las cosas “propiamente dichas” (Boltanski, 2000, p. 71). Reconocer a otros seres como autómatas, con capacidad de acción o como actantes, significa que, en la asociación con un actor humano, los dos devienen en otro tipo de agente: se constituyen ambos en uno de tercer tipo (Latour, 1998). Volveremos sobre esta cuestión a lo largo del trabajo; simplemente es necesario adelantar que, la automatización otorgada a los no-humanos, implica la capacidad de desplazamiento de la problemática, imprimiendo otras coordenadas al conflicto y formándose por ellos las posibilidades de crítica.

Ahora bien, perfilaremos las características generales del lugar donde estudiaremos las interacciones que, si bien corresponde a un área delimitada (partido de Tigre), pronto veremos cómo son los propios actantes quienes direccionan, amplifican o reducen las escalas, y cómo también se van definiendo las entidades a través del proceso de problematización. Esto es, el movimiento de algún elemento para esbozar un problema/obstáculo/necesidad/pregunta que establezca cierta relación con otros elementos. La problematización tiene un carácter hipotético, perfila cierta relación y ciertos objetivos, delimita, en este movimiento, a algunos actores, los llama o les da “entidad”; en ella comienza la articulación para la construcción de una cadena de entidades, significantes, magnitudes, cosas y dispositivos diferentes o en proceso de diferenciación (Callon, 1986). Por otro lado, podemos entender a la problematización, como el proceso por el cual, en un momento histórico, aparecen cuestiones, puntos que ponen en jaque una articulación discursiva y práctica (Castel, 2001).

Dentro de una misma cadena, se puede observar la longevidad y solidez de las asociaciones, en la medida en que se logra interesar, interpelar, motivar o hacer hablar a los actores. Es en el mismo momento de problematización, que se despliegan los mecanismos de “interesamiento”, de poner en el medio a otro elemento. En las redes “las entidades de las que se componen, sean estas naturales o sociales, pueden en cualquier momento redefinir sus identidades y relaciones mutuas, y traer nuevos elementos a la red” (Callon, 1998, p. 6). Así, cuando hablemos de un sistema isleño o insular, a lo que nos referimos es a una serie de elementos que se equivaldrían por no-ser-continente; a partir de esta exclusión se organiza la magnitud de los diferentes elementos, su relación y su identificación (que también es no-ser) (Laclau y Mouffe, 2006). Si bien esta definición parte de la negatividad, también es necesario definir un ‘bien común’que permita la equivalencia de los elementos, es decir, aquello por lo que todos los actores reconocen como primordial y necesario para ser reconocidos dentro del sistema de pertenencia. Ambas cuestiones, exterior constitutivo y bien común, no se hallan escritas de antemano, sino que es en proceso, un constante ‘pase’ o ‘interrelación’,siempre proclive al desarme.

Por lo tanto, el dinamismo de los sistemas y, en definitiva, de los territorios, requiere del ejercicio de unión y de diferenciación de los elementos posibles en el espacio y en el tiempo de una causa. La capacidad de desingularizarla dependerá de los datos, de toda una serie de pruebas⁵, de las entidades que se pongan en juego, del apoyo táctico que puedan establecer con otros actantes y de los recursos que se puedan poner en valor en la práctica de denuncia y crítica de una serie de situaciones. Uno de los temas a tener en cuenta, en este movimiento de construcción de un discurso, es el pasaje de los pseudo-objetos de crítica a los objetos (y sujetos) que merecen intervención, atención, de toda una serie de instituciones, agentes, etc.; nos referimos particularmente a cómo comienza siendo esbozado, balbuceado, por ciertas personas tal o cual objeto hasta que “cobra” peso, hasta que se pueden ver las diferentes relaciones que establece para que tal estado de situación tenga sentido y relevancia (Latour, 1993).

Ahora bien, dentro de esta red, se irán constituyendo colectivos, es decir, asociaciones más duraderas, ya que pudieron establecerse conexiones y traducciones que significan o interesan (interponen) a los actores. La palabra colectivo es utilizada por Latour para “subrayar el trabajo continuo de recolección de asociaciones entre actores humanos y no-humanos”, por lo tanto, la metafísica dualista es reemplazada por una “red de conectores” y “un conjunto de procedimientos (materiales, institucionales, procesuales, técnicos, etc.)” para ir entrelazando poco a poco, con un arduo trabajo de “hormiga”, una “unificación potencial”, siempre disponible a desarme (Ronis, 2016, p. 128). Esta noción no designa a los objetos o a los sujetos, sino que rompe con esa dicotomía propia de la metafísica de la modernidad, en cambio resalta la visión de lo que tienen en común los actores, los humanos y no-humanos, a saber: capacidad de hablar, de actuar y asociarse y su realidad, es decir la capacidad de generar efectos. El colectivo se puede definir como mezcla de actantes, que se irán diferenciando hasta hacer expandir los propios campos de lo social y lo natural (Latour, 2007; 2008).

En cuanto a la localidad en donde se desarrolla la mayor cantidad de conflictos –que como veremos se establecerán por medio de los actores, otras escalas que traspasan la demarcación administrativa-jurídica – vale aclarar que Tigre, perteneciente a la provincia de Buenos Aires, se encuentra en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, a unos 30 km de la Capital Federal. El municipio presenta una particularidad (entre otras): el 60% de su territorio está en la zona deltaica, en las islas de baja altitud (esta zona corresponde a la parte joven del Delta, presenta un constante crecimiento). Según el Censo de 2010 (INDEC, 2010), la población del partido alcanzaba los 380.709 habitantes, de los cuales solo 9 mil habitaban en el sector de islas. En tanto que, la primera sección de islas tiene una extensión de 20.000 km² delimitados por el Canal Arias, al oeste, el Río de la Plata al este, el río Paraná de las Palmas, al norte, y el río Luján, al sur (Informe UBAnex, 2011).

Guido Galafassi (1999; 2000; 2005) categoriza la historia de las Islas según tres momentos: el primero va del siglo XVIII al XIX y se caracteriza por la extracción de monte blanco y nativo para utilizarlos como madera, carbón o leña, y la explotación de la fauna para la incipiente ciudad de Buenos Aires. El segundo, corresponde a la producción frutihortícola, introduciéndose variedades de especies arbóreas (sauce y álamo) y mimbre. Las unidades de explotación corresponden a la unidad familiar isleña (Galafassi, 1999; 2000; 2005). Hay una interconexión entre la producción de hortalizas y frutos, maderas blandas y, sobre todo, mimbre y junco. También, en este periodo, que va desde inicios del siglo XX hasta mitad de siglo, comienzan a arribar sectores pudientes, que ven en las islas, un lugar de descanso y recreación, construyendo casas de verano o segundas viviendas; una cuestión similar se da con los sindicatos que posibilitan, en la adquisición de complejos, vacaciones familiares a sus afiliados. El tercer momento trascurre desde mitad del siglo XX hasta finales del mismo y se caracteriza por una reducción, hasta el estancamiento de la producción frutihortícola dada la emergencia de otras zonas productoras con un alto nivel de capitalización (San Pedro y El Valle de Río Negro). Además, una gran inundación acaecida en 1959, destruyó gran parte de la capacidad productiva del sector isleño. De ahí en más, la zona isleña pasará a estar asociada a la producción forestal, concentrando la tenencia de la tierra y produciendo el arribo de empresas, como Papel Prensa S.A., a la dinámica isleña (Galafassi, 2005).

Un cuarto momento es caracterizado por Astelarra y Domínguez (2015, p. 136), desde fines de siglo XX hasta la actualidad, como una “reconfiguración territorial”, donde la zona deltaica es “re valorizado socialmente, tanto en su importancia ecosistémica por ser un humedal, como en términos de valorización paisajística”; como veremos, esta característica paisajística da un plus de valor económico a las urbanizaciones cerradas. La cuestión que nos ocupa, una vez señalada esta periodización incipiente, consistirá, pues, en el despliegue de actividades y capacidades de los actores denominados isleños en la tercera y la cuarta etapa, diferenciando tres momentos, según la problematización y el anudamiento de actores. Entonces, nos adentraremos en las diferentes problematizaciones que se han dado desde la década de 1970, considerando que en esta época, comienza a ser perfilada la problemática ambiental.

Luego, desarrollaremos los conflictos acaecidos en la década de 1990, para pasar, finalmente, a señalar un hecho emblemático: el caso Colony Park S.A. La hipótesis que guía este trabajo es la siguiente: los actores humanos –asociaciones civiles, grupos de trabajo, asambleas de isleños, como veremos a continuación–, van produciendo datos y pruebas en la medida en que existe algún tipo de pregunta/problema, en el proceso de problematización de su propia situación, cambiando su propia configuración al asociarse con esos datos y pruebas, con los actores no-humanos. Es por ello que, en un primer momento, en la década de 1970 hasta 1990, la temática ambiental adquiere mayor relevancia y, luego, hacia la década de 1990, se ve desplazada por otro problema, el territorial. Finalmente, en el desarrollo del caso Colony Park S.A., las dos dimensiones se aúnan y requieren nuevos dispositivos. A través del rastreo de asociaciones, veremos cómo los actantes se posicionan en una red que no tiene nada de natural, cómo se construyen y eliminan alianzas y problemas, que es, en nuestro marco teórico, la marcha misma de los dos polos ontológicos, lo social y lo natural (Latour, 2007).

Primer momento: de la problematización difusa a la sustancialización del problema

Podemos considerar que, hacia fines de la década de 1970, comienza a perfilarse, en la agenda pública tigrense, la cuestión ambiental. Es conceptualizada al momento de observar el incremento de la turbiedad del agua, al identificar el olor y el color del agua como un tema problemático que exige respuesta, porque hasta ese momento, la relación agua-color-olor-isleños era, desde una mirada simplista natural puesto que el agua y sus elementos-características (olor, color, plantas, peces, etc.) no presentaba una variación según lo que se decía que había sido. Como nos dijo Martín: “cuando llegamos [junto con su esposa, Viviana, en 1978] era todo muy hermoso, pensábamos que estábamos en el paraíso. Luego nos dimos cuenta de que el paraíso estaba en peligro” (Martín Nunziata, comunicación personal, febrero 2018).

En esa época, hay una oleada de peces muertos en los ríos. ¿Qué es lo que causa la turbidez del agua y, quizá, consiguientemente, la muerte de los peces? El único órgano de gobierno al cual se consulta e interpela, fue a la Secretaría de Salud Pública. No dio respuesta porque no tenía un área de incumbencia para tratar la pregunta de estos actores, y las asociaciones que lo hacían, no podían ser refutadas o comprobadas por falta de “instrumentos”: el análisis era directo desde los sentidos. Ante esta negativa, los vecinos isleños enviaron una propuesta al municipio de Tigre y al de San Fernando para la conformación de Comisiones de Saneamiento Ambiental. Las comisiones marcan el primer antecedente institucional dedicado a la problemática ambiental; en la propuesta se ve una primera problematización, se enlazan y se perfilan algunas entidades: contaminación (expresada en los peces muertos, en el olor y el color del agua), empresas privadas industriales (como primer actor que podría explicar la contaminación); vecinos y vecinas isleñas, que tienen la potestad de denunciar a las empresas y alertar a las autoridades sobre lo acontecido en las islas.

La problematización del ambiente tiene, como primera entidad, la contaminación industrial. Este es el primer objeto de crítica. También se asocia a la idea de que el Estado debería controlar a estos actores. Ahora, el Estado debería hacerse cargo de esos efluentes, de los materiales contaminantes, de las empresas. En el mismo funcionamiento de las Comisiones se va constituyendo un conocimiento que permite vislumbrar algunos actores y sus respectivos intereses: empresas que contaminan porque el control produciría una reducción de las ganancias, el Estado o las estatalidades que no hacen bien su trabajo (o que, en todo caso, tiene uno nuevo que debe atender urgentemente), técnicos y expertos que deben dar información sobre los procedimientos de las empresas y su impacto ambiental, y los propios isleños, que deben también informar y estar en las Comisiones a fin de direccionarla. Un activista señala: “todo esto que estaba tan diluido, que no era parte del idioma diario, lo fuimos aprendiendo a medida que participábamos de estas cuestiones” (Marcelo, integrante de la Comisión de Saneamiento de Tigre, como se citó en Ronis, 2013, p. 148).

La comisión de San Fernando, presidida por el químico Emilio Echegaray, se diluyó luego del caso de la fábrica Stani; se había detectado una conexión no declarada donde se vertían efluentes sin tratamiento ni control. Pese a las pruebas presentadas, el tribunal de San Isidro absolvió al presidente de la fábrica de caramelos. Luego de este veredicto, el intendente retiró todo apoyo, incluso pidió disculpas al empresario. La comisión de Tigre no fue mejor; el caso ejemplar fue la fábrica de sidra Real, ubicada en la zona lindera a las islas, denunciada por vecinos a causa de su olor putrefacto. Pero por la negativa de los trabajadores, empleadores y del municipio, nunca pudo hacerse el registro de las instalaciones. Para 1983, las Comisiones de Saneamiento habían sido desmanteladas.

Cuando se cancela esa línea de acción, algunos isleños ven la necesidad de organizarse por su cuenta. Es por ello que surge Unión Amigos del Delta Argentino, una organización civil sin fines de lucro que, tiene como dirección, promover e incidir sobre políticas públicas relacionadas hacia los servicios (alumbrado público, recolección de residuos, saneamiento, agua, electricidad) pertinentes para el mejoramiento de la vida en las islas; también propugnaba por la puesta en marcha del aparato productivo posible en el Delta, fomentando el “repoblamiento”. Aquí, las presas y los endicamientos, serán conceptualizados por los isleños para el alza de la productividad de los terrenos, para poder producir más y repoblar la zona. Por otro lado, el objetivo sigue siendo pensar y solucionar la problemática ambiental: se proponen, según su Estatuto, “luchar contra el flagelo de la contaminación, siendo un objetivo de vital importancia la información permanente en materia de conservación ambiental” (Ronis, 2013, p. 150). Cabe señalar que, el Delta, es concebido como una unidad geográfica y como unidad potencialmente política, promoviendo delegados por ríos y arroyos.

En vistas de esos objetivos, la Unión establece relaciones, a pocos meses de su fundación, con la Asociación de Productores Agrarios del Delta Argentino (APADA) para la elaboración de la “Propuesta para la repoblación y el desarrollo del Delta argentino” (Astelarra, 2020). En ese informe, se reconstruye la historia del Delta, estableciendo ciertas causas del despoblamiento (decaimiento de la producción tradicional, falta de respaldo ante los intereses de los comerciantes, falta de acción colectiva frente a las mareas). El diagnóstico que dan del Delta es de extrema orfandad y abandono. Postulan, en esa línea, la necesidad impostergable de tomar medidas en pos de la protección ambiental. La falta de normatividad propia, y por consiguiente la falta de relevancia en las instituciones, es la conclusión del estudio de las organizaciones.

Con la apertura democrática, hacia fines de la década de 1983, surgen dos nuevos grupos; por un lado, la Fundación Pro-Tigre, abocada principalmente a las acciones jurídicas, a la capacitación y a la denuncia pública; por otro lado, en la fragmentación de la Unión surge Asociación Pro-Delta (APRODELTA), organización de trayectoria y peso considerable, cuyas acciones principales consistieron en la participación de charlas, congresos, en la producción de conocimiento y divulgación. Estas organizaciones tienen como formato la ONG, tendientes a producir conocimiento y a accionar judicialmente. La posibilidad de personería jurídica dotó a estas asociaciones de otros recursos cívicos, permitió otro despliegue que, durante la dictadura, hubiese sido imposible. “Enmarcados en esta asociación civil, los actores comenzaron a desarrollar prácticas de investigación y experimentación que tuvieron por resultado la formación de un cúmulo de saberes contra- expertos”, que permitieron ir acercándose al “Delta” como un subensamble espacial e histórico, y potencialmente político (Ronis, 2013, p. 153).

Hacia septiembre de 1984, estas dos organizaciones van a confluir en la primera Marcha Acuática; aquí se extiende y visibiliza el conflicto por la contaminación. Uno de los reclamos de la marcha es el saneamiento del río Reconquista. Incluso los actores amplifican la escala, es decir, involucran a otros actores, elementos, y extienden las dimensiones espaciales (Boltanski, 2000), ejemplificada a través de la atención y problematización hacia la cuenca del río Reconquista. La problematización, en tanto cuenca, será esbozada en estos años: ella perfila otra relación entre los espacios que se podrían considerar separados o alejados, incluye a una serie de ríos y arroyos y, sobre todo, a los valles de inundación, esas masas de tierra que funcionan como “esponja”, lindera a las corrientes de agua. Técnicamente, la cuenca comprende hasta el límite de la extensión de agua que desborda de los ríos y arroyos. La idea de cuenca es más abarcadora que la de partido, pues pretende englobar una pluralidad mayor de actores.

Durante la década de 1980, estas organizaciones se enfocan en las demandas jurídicas a una serie de empresas (Pro-Tigre, principalmente). Una de las primeras acciones es la oposición al decreto del Poder Ejecutivo Nacional sobre las cuotas de resarcimiento por contaminación; la acción promovida por la Fundación, logró juntar 800 firmas y oponerse exitosamente al decreto. Los casos ejemplares llegarán, en 1990, con los frigoríficos Bancalari, Rioplatense y Cocarsa, además de la química Petroquim S.A. En algunos estudios, surgirá el plomo como un elemento para tener en cuenta; en efecto, dar cuenta de la contaminación será demostrar la presencia de metales pesados, principalmente el plomo, en el agua o en el aire. A través de máquinas de inscripción se tratará de dar sustento científico al reclamo, a la denuncia, produciendo el hecho mismo que la sustenta. Es decir, en la extracción de materiales potencialmente dañinos para la salud, están inscriptas las posibilidades de denuncia y que ella se solidarice con otros elementos y máquinas de inscripción. Es por ello que, se puede hablar de una ‘sustancialización del problema’: la sustancia plomo o las diferentes sustancias que engloba la categoría metales pesados se construyen, en estos años, a través del análisis del agua, principalmente. Además, se irán determinando las causas de la aparición de esta sustancia en el vertido de las empresas.

APRODELTA, por su parte, se centra en la organización y concientización isleña, retomando, a su vez, la tarea del repoblamiento y la puesta en valor de la producción deltaica. Sin embargo, se intenta asentar sobre otras bases de desarrollo ya que, por ejemplo, a través del proyecto Asentamientos Productivos Autosuficientes, se observa un sentido en la consideración de la economía social, basada en cooperativas que desarrollen actividades productivas preexistentes en la región. A su vez, presentan el proyecto de Área Protegida para el Delta del Paraná y participan de la Asamblea Ecológica Permanente en la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien, en la mesa iban a participar como consultores en la elaboración de normativas, no pudo aprobarse ningún proyecto.

Durante este periodo, las organizaciones ambientales se inclinaron a las demandas judiciales, fomentando, al mismo tiempo, otra forma de organización, con perspectivas de producir conocimientos y datos. La Constitución del año 1994 les dará nuevos puntos de apoyo jurídico que será explotado por los actores, aunque a veces de forma insatisfactoria. Martin Nunziata, nos decía, en consideración a estos años, que tuvieron que recurrir a

algunas pocas leyes que nos obligaron a conocer que empezaron a surgir después de la reforma del ‘94 (…) que prevén los derechos ambientales incluido el derecho a litigar si fuese necesario en defensa de los “recursos naturales”, ellos lo llaman, nosotros le decimos “bienes comunes.” (Martín Nunziata, comunicación personal, febrero, 2018)

En el mismo año de la reforma constitucional, se inicia la Unidad de Coordinación del Proyecto Río Reconquista (Unirec), un ente autárquico provincial para el saneamiento de la cuenca. No obstante, la coordinación con las organizaciones isleñas no tuvo dinamismo; pronto avanzarán con las obras del canal aliviador y un nuevo pico de contaminación a fines de la década encontrará, en los informes isleños, al Unirec como uno de sus cómplices. A fines del año 1996 y principios de 1997, se llevó a cabo el Estudio de Optimización y Protección de la Batería de Pacheco, modelizando el acuífero en la zona, y concluyendo que el acuífero Puelche ya se encontraba vulnerado en dicha región, por contaminación urbana en general y puntualmente por contaminación industrial. Otro actor que se desprende de estos debates, particularmente del Puelche, es Francisco de Amorrortu, que inicia una serie de demandas judiciales y que rápidamente adquiere cierta relevancia como figura pública en las controversias por aquellos años (Levenzon y Graham, 2016).

Tenemos así, en estos años, algunas consideraciones a destacar; en primer lugar, la contaminación va tomando cada vez más forma, se “descubre” plomo en el aire y en el agua, las napas y otros recursos o bienes comunes comienzan a estar en peligro⁶. Por otro lado, algunos ven el fracaso de las acciones como una prueba de la “complicidad” de los funcionarios (políticos y judiciales) con los empresarios, a la vez que se intensifican las acciones de demanda de justicia. Algunas presentaciones del colectivo comienzan a tomar forma en la medida que se historiza el presente del Delta: ¿cómo se llegó a dónde estamos? Es una pregunta que desemboca en la reconstrucción del éxodo, en la imagen de deterioro de las condiciones de vida trae aparejada un llamado a la puesta en producción del Delta.

Segundo momento: de la contaminación a las dragas

Se puede decir que, a partir de la década de 1990, la concepción de las estatalidades en relación con el Delta, cambia (hasta ese momento, la conexión estaba dada con fábricas, empresas, industrias, su contaminación y las incapacidades u omisiones del Estado), al entrar en juego un nuevo actor: el inversor inmobiliario, y un nuevo objeto, las urbanizaciones cerradas (UC)⁷. Esa extensión de tierras inundables, bajas, vistas a veces como improductivas, pasan a ser un elemento estratégico para la atracción de inversiones, haciendo posible lo que el intendente Ricardo Ubieto (elegido democráticamente entre 1997 hasta 2006, aunque sería intendente de facto entre 1979 y 1983) llama el “Nuevo Tigre”. Así, se intentará establecer un discurso que diferencia el nuevo del tradicional/viejo Tigre; este, con casas de madera, muelles derruidos, embarcaciones pequeñas y a tracción; aquél se presenta con hoteles internacionales, casas al ras del suelo, lagunas claras y servicios. Para llevar a cabo esta creación, se requiere de una serie de técnicas y aparatos (relleno, dragado, terraplenes, edificaciones y polders) que, justamente, se abaratan en este período.

Por otro lado, en la misma década, se produce un “loteo popular” donde muchas personas imposibilitadas de alquilar o comprar una casa en la ciudad o buscando un mejor estilo de vida, se irán a zonas consideradas rurales. Este tipo de loteo y de oleada migratoria se da entre los sectores medios y bajos de la zona metropolitana y de países limítrofes, principalmente Paraguay. No obstante, este tipo de loteo se venía desarrollando antes de la década de 1990, pero por medio del Decreto-Ley 8.912 (1977), las zonas consideradas urbanizables, se extienden y ciertos desarrollos inmobiliarios, por cierto embrionarios dado la tecnología existente, comienzan a invertir en la zona continental -aunque tengan elementos ecosistémicos que los categoriza como zona de inundación. En un segundo momento, hay una oleada migratoria que se ve beneficiada por el avance del transporte metropolitano y de políticas gubernamentales para la creación de diversos emprendimientos que tienen como consumidor principal a estratos sociales más pudientes; así se da un “loteo vip”, que construye espacios residenciales o espacios estrictamente recreativos. Para establecer estos asentamientos, fue necesario pasar del régimen de zonificación, de rural a urbanizable, en el año 1996, a través de la Ordenanza 1.894 del año 1996 (Ríos y Pírez, 2008). Frente a las críticas a este modelo, los actores que lo defienden, ponen en juego la idea del bien común de la población local, por el hecho de generar fuentes de trabajo o de hacer una recuperación ambiental de esas tierras (Astelarra, 2014). También, hay que considerar que, ese “maquillaje verde”, imprime un plus de valor económico frente a las UC de las ciudades. Si bien este proceso arranca en Tigre continental, no tardó en llegar a las islas; y a partir de 2003-2004, se instalan varias UC en la Primera sección, como: Isla Santa Mónica, Poblado Isleño, Isla del Este, entre otros.

Sin embargo, antes del desembarco de las UC en el Delta, la idea de un puente es evocada por varios agentes, desde el municipio hasta los inversores privados. Un hecho central en la historia que estamos relatando es el famoso “Camino Isleño”, un camino de 17 km con un puente que conectaría el delta con Tigre continental, saltaría el río Luján⁸ para rellenar y reconvertir las islas, generando así una “gran masa de agua” (como aparece en algunas descripciones de los isleños ante el proyecto) que impactaría en otras zonas y no en las UC. Incluso, pese al argumento de los productores, Ernesto Casaretto (en ese momento Secretario de Gobierno de Tigre) afirmaba a: “el camino va a estimular la construcción de viviendas en lugar donde hay muchísima tierra abandonada” (Lipcovich,1999); en esta declaración se puede ver la intención de los funcionarios, o al menos así lo leyeron los isleños.

Carlos Flenner, un isleño reconocido por muchos como un pionero por su posición ambientalista, exhortaba en esos días a participar a los “conciudadanos” ya que “nosotros somos tan responsables de lo que pasa como los que están arriba” (Lipcovich, 1999). Los argumentos giraban en torno a la “constitución provincial, que exige audiencias públicas y estudios de impacto ambiental”, y explicaban que “el camino va a ser un gran dique de cuatro metros de alto”, porque toda el agua que no puede “filtrar” esas tierras se va para otro lado (Lipcovich, 1999). Castro, vecino, explicaba la función del Humedal, esas islas “funcionan como una esponja gigante que absorbe agua traída desde el Río de la Plata por la sudestada” (Lipcovich, 2009), evitando así la inundación de los habitantes de zonas aledañas. Martín Nunziata relata el proceso de “toma de conciencia”:

Nos obligaron a capacitarnos, a darnos cuenta que esto era un humedal. Hasta ahí sabíamos que era el delta, que era muy lindo, etc. Tuvimos que estudiar cuáles eran los fundamentos para defender el territorio desde el punto de vista científico. Surgió la palabra humedal como algo raro, nos miraban como diciendo “¿de qué hablan estos tipos, de valorar estos territorios?”; nosotros la utilizábamos para la defensa territorial, en el fondo esto se trata de una defensa del territorio. La ley nos daba un resquicio que los propios decisores desconocían. (Martín Nunziata, comunicación personal, febrero, 2018)

Además, la idea de puente era problemática en otro sentido para los habitantes de las islas, ya que, alegaban, iba a traer un problema novedoso: la delincuencia o la inseguridad. Así, Fernando Del Giúdice, isleño de la primera sección, decía “En las islas se registran uno o dos robos a casas por año. En el partido de San Isidro, hay 400 por mes”, y sentencia que, en San Isidro “hay un homicidio o hecho de sangre por día” mientras que “en la sección primera de Islas [de Tigre] hubo un caso en los últimos cinco años” (Videla, 2002). Cabe mencionar que, las presiones para construir un puente que conecte las islas, han estado presentes desde 1996 con el camino Interisleño, hasta mediados de la década del 2000, donde se encuentra un nuevo proyecto que dará conformidad a una conglomeración de intereses y fuerzas en resistencia, como veremos en el siguiente apartado.

Nuevos elementos comienzan a aparecer en esta década⁹; un caso ejemplar es el disputado en 1999, cuando Rockefeller impulsa un megaproyecto urbanístico de cuatro torres y un centro comercial ubicado en las costas del río Tigre, cerca del centro. Incluso, el millonario, hizo un comentario sobre el color oscuro del río, y Ubieto “prometió” poner manos en el asunto. “El desvío del río Reconquista, en agosto del 2000, mediante el canal aliviador, fue interpretado por las organizaciones como parte de la promesa que Ubieto le hizo a Rockefeller, de solucionar el problema del color del río” (Ronis, 2013, p. 157). Desde agosto del 2000, vecinos denuncian el incremento de peces muertos y el olor putrefacto del río. Es menester aclarar que, el canal aliviador, corta el curso del río Reconquista, permitiendo que los afluentes industriales y cloacales no pasen por el centro urbano. Lo que hicieron los ingenieros de la Unirec fue cerrar con un terraplén el curso “natural” del río, direccionándolo hacia el canal aliviador para que corra hacia el río Luján, más arriba del río Reconquista y su brazo, el río Tigre; es decir, el desvío permitió extender más adentro del Delta los afluentes contaminantes. Algún relato de esos momentos nos ayudará a dimensionar:

En la Municipalidad nos informaron que el agua iba a estar mala por seis meses. Nosotros ya no la podemos usar para bañarnos. Esta agua apenas sirve para los sanitarios. Cada tanto voy al pueblo y traigo agua para tomar, pero la gente que está siempre acá no sé como hace. (Juan Carlos Vásquez, río Caaguazú). (Scaletta, 2000)

Esta agua ya no podemos usarla para nada. Nunca pensé que el mal olor iba a llegar hasta acá arriba. Cuando el río crece, entra toda la porquería que viene desde el Luján. Ahora tenemos que comprársela a la lancha y cuesta mucha plata. Dicen que están limpiando ahí en el Tigre y por eso nos mandan el agua sucia. (Carlos Mansilla, río Caraguatá). (Scaletta, 2000)

Pese a los datos y argumentos de las organizaciones, Graciela Ambrosolio, directora ejecutiva de Unirec desde 2001, justifica el accionar del ente, e incluso se desliga de la polémica de la relación Rockefeller-Ubieto, y dice: “quizá se haya dado la coincidencia casual con algún proyecto urbanístico, pero estas obras vienen de antes” (Scaletta, 2000). APRODELTA, mediante Alfredo Etchevarne Parravicini, sostiene que la masa de contaminación tendrá efectos irreversibles sobre la biosfera del lugar, por lo que no es exagerado decir que se está frente a un ecocidio. Ya se registran una sensible disminución de fauna y mortandad de peces. Las variadas direcciones de las corrientes, que suben o bajan según las mareas y la dirección de los vientos, han expandido la contaminación incluso muchos kilómetros aguas arriba de la nueva desembocadura (Scaletta, 2000).

Al año de abrir la desembocadura, y al calor de varias jornadas en contra de dichos proyectos, en noviembre del 2001, el Concejo Deliberante de Tigre, trató el plan de Reducción del Camino de Sirga -es decir, el área lindante al río que se deja para uso público. Básicamente, “era para darle a Soldati la posibilidad de habilitar dentro de estas 500 hectáreas, mucho más territorio (…) para la construcción de un mega-country” (Vanina, activista de la Asamblea Delta y Río de la Plata, como se citó en Ronis, 2013, p. 158); varios/as isleños/as sabían que las operaciones de compra-venta y reestructuración de los suelos estaba emparentada con la parte más adinerada de la sociedad. Un ejercicio constante es la singularización y personificación del caso (ponerle nombre, reducir la escala, ver detalladamente los problemas), para luego proceder a su “generalización”, ver en esos nombres y actos “individuales” posiciones más amplias (“inversores”, “especuladores de toda laya”, “empresarios”, etc.). Aquí una síntesis: “esas personas tienen rostros, son parte de la sociedad patricia de San Isidro: Beccar Varela, Pasinato, O’reilly, Constantini, Soldati” (Martín Nunziata, comunicación personal, febrero 2018). Así, podemos retomar lo dicho por Pugliese y Sgroi:

Las demandas representan en realidad una extensa, profunda y radical denuncia a la perspectiva ingenieril en el manejo del agua en las áreas de implantación de las urbanizaciones cerradas polderizadas. Las presentaciones no se limitan a las cuestiones técnicas sino que ponen siempre de relieve lo que el denunciante considera un abierto sistema de incompetencias y complicidades, casi siempre identificadas con nombre y apellido, con los grandes emprendedores inmobiliarios. (Pugliese y Sgroi, 2012, p. 140)

Hacia fines del 2001, surge Vecinos Autoconvocados del Delta, un intento de organización asamblearia en el proceso álgido de esos años. En el municipio de San Fernando, el Consejo Deliberante, autoriza la construcción de un viaducto que empalmaría con la ruta provincial n° 197, saltando por el río Luján mediante un puente. Esta nueva amenaza se relaciona rápidamente con el camino de sirga, y se asocia a la empresa Delta del Plata S.A. (de Soldati) la elaboración del proyecto. Nunziata explicaba en una entrevista (Videla, 2002) que el “proyecto prevé elevar el terreno en unas 600 hectáreas de islas, con vistas a un plan inmobiliario”; este plan se llamaría “Isla Delta del Plata” o “isla de la fantasía”, como le decían los isleños, ya que se iba a asentar en los juncos, o sea en el primer momento de formación de las islas. Como se sabe, las islas se van haciendo en un proceso de sedimentación, los juncos son el “frente de avance” de las islas ya que a partir de ahí se va reteniendo materia orgánica que poco a poco va formando tierra y luego la isla¹⁰. Por lo tanto, estos actores inmobiliarios, desde el junco, piensan en producir un terreno altamente rentable económicamente (en la Isla Santa Mónica, por ejemplo, hay juncos alrededor del terreno que ya tiene el cartel de “propiedad privada”, e incluso un pedazo de “proto-humedal” donde todavía no hay tierra puede ser mercantilizado).

Tercer momento: de un caso ejemplar al desarrollo de dispositivos

Varios/as vecinos/as isleños/as, junto a otros activistas del continente, algunos de los cuales venían trabajando en organizaciones ambientalistas, comenzaron a juntarse para encontrar una explicación al nuevo pico de contaminación de los ríos del Delta. Surge así la “Asamblea Delta y Río de la Plata”. Según Martín Nunziata, este nombre es “interesante” porque permite “ampliar el espectro de participación”, ya que como es “un sistema delta-cuenca del Plata -funciona el uno con el otro-, con el nombre queríamos involucrar un nuevo sentido, y dar una oportunidad para que haya una participación más amplia” (Martín Nunziata, comunicación personal, febrero 2018). Sumar mayor cantidad de adherentes y poner de manifiesto la generalidad de la denuncia, ya no involucra a los isleños sino a todos los bonaerenses que consumen agua del Río de la Plata. En ese sentido, se comienzan a presentar, en bocas e informes, la noción que ya venía siendo aludida: el humedal. Este concepto, dispone de una serie de procedimientos naturales asociados al orden ecosistémico, donde la inundabilidad es un factor central; los isleños dan cuenta de esto, y de otros beneficios ecológicos de los humedales (asimilación de carbono, productor de oxígeno, control de inundaciones, purificación y provisión de aguas dulces, etc.).

En el discurso de los isleños, se construye la noción de humedal, en cierto sentido, desde la “física pura” y con ello se critica los endicamientos, rellenos, refulados, entre otros movimientos de suelo y técnicas utilizadas. Es a través de la presentación de datos como el volumen de agua y tierra que se remueve, los procedimientos de abnegación y absorción de la cuenca, de las consecuencias proyectadas -y contempladas- del desvío de los ríos y arroyos, por medio de todo aquello simplificado en panfletos y demás formatos de comunicación (donde las presentaciones y jornadas presenciales se solidarizan con las repercusiones en formatos digitales -mailing, blogs, etc.) es que podemos permitirnos la expresión “física pura”. La complejización de los datos vendrán una vez más a reforzar lo que se dice coloquialmente; ello aparece en la problemática del Barrio Las Tunas.

Durante el 2006, se van a producir datos sólidos de más de una entidad científica determinando el exceso de arsénico en el agua, particularmente del Barrio Las Tunas que pertenece a la localidad de General Pacheco, partido de Tigre. Este barrio comprende aproximadamente 150 manzanas y está habitado por 25.000 personas, “las cuales se encuentran atrapadas y sin salida” (Tigre Verde, 2007). Desde esos años, aseguran los vecinos de Las Tunas, se contaba con información científica referida a la situación de colapso ambiental del barrio. En Las Tunas se proyectó un circuito de una serie de canillas comunitarias a cargo de la Fundación Nordelta y de otras ONG. A pesar de esto, la solución no fue considerada por los vecinos que vieron incrementadas sus dosis de arsénico en el agua luego de que el estudio de Chemil Consult, en junio de 2007, llamara la atención sobre los índices, un elemento a tener en cuenta es la dioxina, toda una familia de compuestos derivado del dibenzo-p-dioxina (Tigre Verde, 2007). ¿Alcanzan estas muestras y la situación en la localidad de Las Tunas para dar cuenta del deterioro de la vida en los valles de inundación cercanos al continente, y en el Delta? Todo parecería apuntar a que, para las organizaciones, los datos estaban a la vista.

Las muestras que se van construyendo sobre y alrededor de la problemática ambiental del Barrio Las Tunas tienen una importancia decisiva a la hora de enlazar los argumentos para la defensa del humedal: como bien lo hace notar Ricardo Barbieri, un isleño que tiene una gran producción periodística en el blog Tigre Verde (medio de comunicación fundamental en las diversas controversias), la problemática del barrio Las Tunas se solidariza con la crisis ambiental del Delta del Paraná en general, ya que a través del Arroyo Las Tunas la contaminación se esparce por todo el humedal (Tigre Verde, 2013). Por otra parte, este y otros barrios en la zona continental, se perfilan como un ejemplo más de la incompetencia y/o corrupción de las autoridades, generando medidas de saneamiento que quedan truncas y rectificaciones de los arroyos que no respetan la importancia ecosistémica de los mismos.

Junto con esta nueva problemática descubierta, se desarrolla otra de gran envergadura. Vamos a embarcarnos ahora en la descripción de un hecho trascendente o histórico para varios/as activistas y para la reconstrucción que estamos haciendo aquí. A mediados de 2007, la Municipalidad de Tigre, otorga un “permiso” de prefactibilidad a la empresa Colony Park S.A. que con títulos en mano (comprados a una compañía uruguaya en 1999) se dispuso a transformar una superficie de más de 300 hectáreas (ubicada en las intersecciones del Canal Vinculación, el arroyo Anguilas y Pacú, y el río Reconquista). Con la llegada del dragado y del desmonte al predio, se comienza a alertar a los residentes de esas tierras (vivían 20 familias); se inicia así un proceso de negociación/desplazamiento, se ponen en juego pruebas de fuerza y de legitimidad. Por un lado, la empresa iba con el título de propiedad de esos terrenos y refería que los residentes se tenían que ir, ya que ellos poseían el amparo de los títulos. Si las familias se negaban, intentaban negociar su desalojo, así dieron a algunos isleños un acta de desalojo voluntario; a otros, en cambio, cuando se ausentaron de sus “ranchos” se los quemaron o sepultaron bajo barro: “cuando volvimos no encontramos nada. Lo habían sacado todo y habían extendido tierra sobre donde estaba la casa. Enterraron los restos”, relata Roberto Gallardo (Bullentini, 2009).

Uno de los pocos dichos de la empresa se puede hallar en la declaración de Alberto Urani, ex-apoderado de la misma, quien aseguró que “la única familia que era habitante antigua de la isla era la Aguirre Castro, con la que la empresa llegó a un acuerdo. Le pagó 30 mil pesos y les dieron un terreno en otra isla, más materiales”. Y sostuvo: “todos los demás eran ocupantes de la isla, no propietarios. Gente que tenía un ranchito al que iba los fines de semana a pescar” (Bullentini, 2009). En efecto, la compañía ofreció a Juan Carlos Aguirre Castro, la firma de un convenio de desalojo en el que el hombre “reconoce la titularidad dominial a favor de Colony Park S.A. (CP), comprometiéndose en este acto a la desocupación total y definitiva del inmueble”. Se firma, y al poco tiempo se “arrepiente”, destruye el convenio e inicia contacto con el Dr. Ferreccio Altube (Asamblea Río de La Plata, 2012).

Así se inicia, en 2008, la causa contra Colony Park S.A., que queda a cargo de la Dra. Arroyo Salgado, constatando que se dieron inicio a obras que ponían en peligro el ecosistema del humedal, a la libre circulación de los ríos y afluentes (amparados por varios dispositivos legales), y que no contaban con las autorizaciones pertinentes ya que se tenía que tener la declaración de impacto ambiental y las audiencias públicas que implicaba, al darse positivo, la factibilidad del emprendimiento, además se resalta su tamaño: 300 hectáreas, demostrando que, en conjunto, sería un “gran dique” para tomar una expresión anterior. En el mes de julio de ese año, se produce el amparo de la Alzada n° 1 de San Isidro, tomando en consideración la denuncia puesta por Ferreccio, estipulando que se revise “el movimiento de tierras, trabajo de las topadoras, endicamiento, dragado, secado de arroyos, canalizaciones, desmontes y cambios de curso de las corrientes de agua” que implicaría un “daño ambiental colectivo” (Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Su denuncia, 2010). Si bien esta medida jurídica retoma los elementos de la denuncia -ya que contempla la posible “existencia de un peligro de la salud, en las viviendas de los habitantes del Delta y partidos aledaños, en virtud de inminentes inundaciones y contaminación ecológica o daño ambiental”-, pone también como sentencia “investigar el presunto incumplimiento de actividades” de los emprendimientos (Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Su denuncia, 2010). La municipalidad había expedido una orden de paralización en calidad “intimidatoria”, mientras que en la estación fluvial iban vecinos y vecinas de las islas, personas vinculadas a las disciplinas científicas, y medios de comunicación digitales.

Como los actores lo invocan, el caso involucra a todos los isleños, a todos los argentinos, e incluso a la humanidad, presente y futura, ya que tamaño daño ecológico daría lugar a un “atentado” contra la especie humana. Los isleños, según Tigre Verde(2008), ponen en discusión la necesidad de “audiencias públicas” porque “surge en principio del acuerdo celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Tigre, mediante el cual la Provincia transfiere a la Municipalidad la gestión del inicio del procedimiento de aprobación (…) por los decretos 9404/86 y 27/98”, es decir, el permiso de prefactibilidad y no la autorización de los emprendimientos; esto seguía estando reglamentado por la provincia, lo cual implicaba la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Uno de los antecedentes de este estudio era la resolución de la audiencia pública por “Poblado Isleño” (emprendimiento de cabañas de 25 km²); aquí el Estado reconoce la “inundabilidad” del humedal y que debería ser contemplado por el emprendimiento; en el EIA de Poblado Isleño reconoce que el humedal es un sistema abierto y que se reconstruirá por la propia dinámica natural.

Por otro lado, Colony Park S.A., en su página web, argumenta que cumple “con todas las normativas ambientales”, que pretende vivir en “armonía” con la “naturaleza”, respetando el sistema deltaico. No obstante, para los activistas ambientales, esto es una mentira, ya que los “desarrolladores”, los inversores y constructores, edificaron las islas interrumpiendo el flujo del agua. Siguiendo con Nunziata (2018), podemos pensar que, los inversores y constructores y, también los compradores de las UCs, producen ese tipo de territorialidad por dos miedos: el miedo al agua y el miedo a la inseguridad. Por lo tanto, la seguridad es un bien de mercado bastante nombrado dentro de este círculo, ya que la vida se ha vuelto algo inmanejable en la ciudad, las UCs construyen su valor económico por el hecho de ser “fortificaciones” que quitan toda incertidumbre a la vida, esto se ve desde el punto de vista sobre el agua (nada va a afectar las cosas, no hay riesgo de sorprenderse por el agua en los pies de la casa) y sobre la inseguridad (nada que no sea ajeno a esa posición de clase va a ingresar al terreno).

En ese sentido, es interesante el slogan de la empresa “Desurbanizá tu vida en 5 minutos. Bienvenido a la Isla Colony Park. Isla privada, llegar a una isla y olvidarse de todo”; pues, en este, se producen distintas operaciones discursivas: por un lado, la posibilidad de desurbanizar la vida tiene un valor poderoso porque la ciudad está desbordada de incertidumbres y porque no tiene ya un atractivo estético, e incluso se presenta como insalubre (en el video de presentación del emprendimiento, la empresa antagoniza dos imágenes: por un lado la vida caótica de la ciudad y por otro la tranquilidad de la UC). Con Astelarra se puede decir que “esta promesa de desurbanización en nada implica un retorno a la vida rural, considerada como atrasada, fatigosa, llena de condiciones no dominables (como las inundaciones o los ‘otros’) sino más bien, significa la construcción de una urbanidad ideal y exclusiva, que permite mejorar la calidad individual de vida conservando la forma urbana en un ‘marco natural’” (Astelarra, 2014, p. 12).

Por otro lado, el “olvidarse de todo”, habla de dejar todo en manos del sistema de la UC: hay seguridad, el relleno y los tablaestacados los van a proteger de las inundaciones, las personas van a estar en una misma posición por ser tan exclusiva, no hay posibilidad de encontrar a otros (es interesante cómo la palabra isla es utilizada: se repite tres veces en la segunda parte del slogan; primero adherida al nombre, luego como un lugar con una condición especial: privada y, tercero, como un espacio donde uno se sumerge hasta olvidarse de todo). En ese sentido, Ríos y Murgida señalan que:

Las UC polderizadas se constituyen en un símbolo de la disputa por el espacio social, entendiéndolo como el ámbito de relaciones sociales determinadas por las distancias sociales, en este caso inscriptas en la relación espacial. Un mismo sistema constructivo que mitiga el riesgo de unos, es la causa atribuida del aumento del riesgo de otros. (Ríos y Murgida, 2004, p. 190)

Con el caso Colony Park S.A., se pone en cuestión la necesidad de tener normativas propias que regulen el funcionamiento de los agentes en el Delta y que contemple a este como Humedal. “No podíamos estar todo el tiempo saliendo contra cada nuevo emprendimiento” expresa Nunziata (comunicación personal, febrero, 2018). Llegando a 2009, y en esta escala de conflicto, se desarrollan marchas en el continente y corte de ríos, asambleas, peticiones, etc. El intendente, Sergio Massa, decide intimidar a la empresa con la paralización de obras; a pesar de ello, la obra no se detiene, draga cada vez más los ríos y al arroyo Anguila lo ensancha hasta 40 metros. Los isleños comienzan a trabajar junto con la bióloga Patricia Kandus, entre otros, en lo que iría a ser el “Régimen de Protección Socio Ambiental” para el Humedal. Por su parte, Kandus explicaba que, estos emprendimientos involucran la transformación de los humedales en un sistema terrestre continental, mediante el relleno de tierras por sobre la cota de la marea máxima, o en un sistema netamente acuático, que implica, por ejemplo, el vaciamiento de porciones bajas de las islas para la formación de lagunas internas o marinas¹¹ (Tigre Verde, 2009).

Asimismo, sostiene que, “existen normas municipales, provinciales, nacionales e internacionales vigentes que amparan este tipo de ecosistemas y nuestra región en particular, debiendo ser tenidas en cuenta a la hora de gestionar políticas de ordenamiento territorial y cuidado del ambiente sobre el área” (Tigre Verde, 2009). Se “demuestra” así que, cualquier incidencia tecnológica de tal magnitud en el humedal, sacaría sus beneficios ecológicos. Por el avance de la obra, las denuncias se dirigen también a la órbita estatal, intenta establecer los “intereses” que tienen los políticos y los inversores inmobiliarios.

La empresa emite su EIA, donde pone de manifiesto la idea de rellenar y generar lagunas artificiales, trastocando, según lo visto, las funciones del humedal. Por otra parte, en dicho estudio, se explicita que, el estrato social receptor de los beneficios que acarrearía constituir la UC, podría generar frentes de potencial conflicto, ya sea por la falta de integración y por la presión fiscal de esas islas, o por la falta de confort que es parte de la calidad de vida de pobladores locales, pareciera que la diferencia entre el nuevo y viejo Tigre se ejemplifica en este caso (Ronis, 2013).

Al poco tiempo de presentar estos estudios, ya en el 2010, entra en el Honorable Consejo Deliberante de Tigre, por medio del concejal Cancelo (de la Unión Cívica-ARI), el Plan de Manejo elaborado por las organizaciones. Este plan de manejo no fue aprobado, pero significó una puesta en marcha inicial del proyecto sancionado unos años después. Hay cinco puntos que van a ser de especial interés para los isleños, y que se van a considerar, vamos adelantando, en el “Plan de Manejo Integral” del Municipio sancionado en 2012/2013 y realizado por la Fundación Metropolitana en conjunto con la regional Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional; así nos decía Nunziata:

La normativa se define por cinco puntos: la insularidad, lo que hace es que, al definirlo como zona insular, no se puede continentalizar. La segunda, mantener la inundabilidad, no se puede construir rellenos, ni terraplenes, ni endicamientos. La tercera, las paredes hidráulicas, nada se puede oponer al paso del agua, que tiene que pasar libre en su tránsito. La cuarta, conservación del fondo de isla, que garantiza el funcionamiento del humedal. Y luego, incluye la prohibición de barrios privados en las islas, y podés añadirle la identidad isleña, no cambiar el target, debido a que estos barrios privados pretenden descalificar las tradiciones isleñas, y el mantenimiento de la diversidad biológica. (Nunziata, comunicación personal, febrero, 2018)

Si bien el municipio contrata a un agente externo, a una consultora para hacer la normativa reglamentada en 2013, esta se apoya en el Régimen de protección esbozado por los isleños, incluso varios lo ven como una traducción relativamente fiel (salvo por el apartado de las construcciones, que lo “hicieron para recaudar”, y que puso a los isleños a la defensiva, desacreditándola hasta que no se pudo implementar) (Pablo, comunicación personal, marzo, 2018).

Asimismo, la jueza Arroyo Salgado, pone fecha para la audiencia pública por el pedido de las organizaciones, que expresarán: “pedidos hablar con la jueza y pedir audiencia pública para saber si hay voluntad real de parar esto”. La audiencia se celebra en julio dando una gran “victoria” por el rechazo unánime del recinto (solo dos personas, un vecino y Laura Janerio, quien firma el EIA, se ponen a favor del desarrollo inmobiliario)¹². En las organizaciones se discutía si ir o no, ya que, se consideraba nula e ilegal, porque la audiencia tendría que haberse hecho antes del inicio de las obras y porque las obras no se podrían haber realizado sin las autorizaciones correspondientes. Finalmente, en noviembre de 2010, se produce un fallo clave en la causa: la jueza Arroyo Salgado, amparándose en las investigaciones in situ del personal calificado, resuelve “garantizar la paralización de las obras”, es decir “disponer preventivamente la clausura de las instalaciones correspondientes”, exigir al municipio y organismos provinciales que utilicen su facultad de policía y no la simple “intimación”, paralizando así las obras (Ferreccio Altube, Enrique Carlos s/ Su denuncia, 2010). En ese fallo, se da cuenta de los atropellos que hace la empresa a los isleños afectados, de las reiteradas vulneraciones de las normativas locales, provinciales y nacionales, la falta de autorización y el posible daño ecológico que se tendrá que investigar. Ya la empresa se queda sin aliados, no puede seguir construyendo: las pruebas disponibles van mermando su capacidad de acción.

Se inicia, a principios de 2011, el proyecto UBAnex dirigido por el Licenciado Kalesnik donde se registraron algunos de los impactos ambientales, tales como:

el sepultamiento y degradación de los albardones naturales y bajos, el sepultamiento de la cobertura de vegetación natural y el suelo, la generación de canales artificiales sobre zonas deprimidas, alteraciones en los drenajes naturales y por último cambios en el ancho de los cursos por dragado. En especial, el canal Anguilas fue desviado y su cauce ensanchado de 6 a 40 metros. (Kelesnik et al, 2011, p. 34)

Nuevos elementos surgen de este análisis: “limos”, “arcilla fina”, material contaminante subyacente a la capa del suelo, y “contaminación de las napas” (aunque este último ya estaba siendo advertido por algunos informes isleños). En 2012, nuevamente, la jueza Salgado se pone en el centro de la cuestión, cierra la causa iniciada por Ferreccio, la resolución dictamina el procesamiento de los hermanos Schwartz, apoderados de la empresa, “por encontrarlos prima facie autores mediatos penalmente responsables del delito de daño agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso público” (Vecinos Del Humedal, 2012).

De lo expuesto, puede decirse que, el ensamble “humedal”, con todos sus ingredientes, funciones y características, logra constituirse a fuerza de datos, movilizaciones, panfletos simplificadores, denuncias judiciales y etiquetamientos; si bien el Plan de Manejo no logró consolidarse y aplicarse como se estipulaba en sí mismo, sin duda constituyó un avance en materia de legislación y de intento de institucionalización de una “postura isleña” en las políticas públicas dedicadas al Delta de Tigre. Consideramos que la fuente de poder del laboratorio permite expandir la conceptualización sobre la ciudadanía y sobre el rol del Estado en materia de política ambiental. Por último, puede decirse que el “continente”, expresado en los emprendimientos que pretenden sobrepasar la barrera que significa el río Luján, se conceptualiza como el otro exterior a los isleños; la “continentalización” y luego, la “colonYzación” (como aparecen en varios carteles y panfletos) será algo a oponer una forma de vida alternativa, la isleña. Con sus características específicas -con casas de madera palafíticas (sobre una estructura que permita la inundabilidad del humedal) y ubicadas en el albardón, con el uso de embarcaciones pequeñas, con el cuidado de las funciones del humedal-, los isleños pueden catalogar -particularmente a las UC- como una gran amenaza, no solo contra el “modo de vida isleño” sino contra otras zonas y poblaciones por el “efecto dique” producido por la alteración de las masas de agua y tierra (Astelarra, 2013).

El informe de UBAnex demuestra la conexión entre UC y contaminación, y nuevas materias contaminantes salen a la luz: limos y arcillas finas. A su vez, la idea de la “gran masa de agua”, la problemática hídrica, los escándalos por las inundaciones (virtuales, posibles y, obviamente, acontecidas durante esos años) van renovándose controversia tras controversia. De nuevo, la ciencia o los aparatos de inscripción que permiten la visibilidad de ciertos elementos, permite oponerse a los intereses de los inversores inmobiliarios, la naturaleza enmarcada en los limos o en la masa de agua se vincula directamente con la especulación inmobiliaria o financiera, con las arquitecturas jurídicas y las intervenciones judiciales, aunque podemos afirmar que, con la inscripción y presentación de datos, tampoco está resuelta la disputa. La técnica empleada por las organizaciones isleñas conlleva ciertos significados y materialidad, pero produce otros tantos: la técnica en cuanto traducción cambia la materia de la expresión de aquello que se quiere denunciar (Latour, 1998). La contaminación experimentó una traducción o desplazamiento desde un color, olor y densidad particular a los vertidos industriales y los desechos cloacales, pasando hacia los metales pesados, específicamente el plomo, arsénico, zinc y mercurio, hasta que, en otras circunstancias y con otros actantes en el medio (inversores inmobiliarios, rellenos, dragas), se expresen por medio de los limos o arcillas finas.

La constitución del colectivo no es nunca definitiva. Se puede ver un esfuerzo de los habitantes del delta de generar constantemente un colectivo isleño, en el sentido de que pone en relación las funciones del humedal, las casas palafíticas, cierto respeto por lo “natural”, normas que amparan su asentamiento, ríos, montes, embarcaciones de bajo calado, etc. En fin, toda una serie de elementos que de alguna u otra forma contribuye a pensar en algún “nosotros” donde el mundo parezca más habitable. En esta línea, puede decirse que este trabajo intenta ser un aporte a la “socio-logia” (Latour, 2008), a la ciencia de vivir en conjunto, contribuyendo a la historización y estabilización de las controversias surgidas en esas zonas bajas del Delta argentino, hoy por hoy ya catalogadas y estabilizadas (objetivadas) como humedales.

¿Dónde estamos? Interpretaciones finales de estos afluentes

Las disputas determinan el resultado de la inscripción, la identidad de los objetos, sus influencias y las asociaciones. Lo que pudimos determinar en este trabajo, es la capacidad de influir en los diversos saberes, técnicas, movilizaciones para amplificar la escala, tanto para las causas como para los objetos. “Las ciencias y las técnicas, entre nosotros, no reflejan la sociedad” tampoco se trata de un “juego de espejos” entre cultura y naturaleza, pero lo que se encuentra para la construcción de los colectivos es la diferencia de tamaño: a cuántos, de qué forma, bajo qué medios enrolan o interpelan a distintos elementos, humanos, no humanos (Latour, 1998, p. 159). Los isleños determinan, de múltiples formas, sus elementos, aunque no lo dejen librado a la técnica ni a la ciencia, las (sobre) utilizan.

Si de algo estamos convencidos, luego de lo relatado, es de que no podemos dar por sentada la solución de ninguna controversia de la mano de la ciencia. Tampoco podemos atribuir todo a esos pedacitos de cosmos que calificamos como humanos: sin el plomo, el arsénico, y más al principio, sin los peces muertos y el olor nauseabundo, no hubiese existido problematización. Los isleños solos, no hubiesen podido siquiera constituirse en tanto colectivo (ensamble potencialmente duradero de humanos y no-humanos) porque, ¿qué es un habitante de las islas sin el río, los árboles, los peces, las zanjas y las mareas?

En la propia conceptualización se perciben otros actantes. Y, lo que constituye su reverso, las funciones naturales del humedal, las características del entorno, con sus riesgos y elementos estables, la contaminación expresada en múltiples actantes, y los seres no-humanos que lo habitan, no podrían enlazarse, enrolarse, ensamblarse o formarse sin los actantes isleños. Todo lo que hacen y lo que son aquellos que llamamos humanos, se dirige a “naturalizar” ciertas relaciones de actores: el agua tiene que circular libremente sobre los valles de inundación; lo natural en construcción es la casa palafítica, sobre el albardón, donde no pase la altura de las copas de los árboles; e incluso, “naturalización” de la historia en tanto punto de partida común (el éxodo, la desidia, la orfandad en el Delta es de “todos” los isleños). Por otro lado, hay una sociologización del mundo: el plomo, el arsénico, las dioxinas, los limos fueron hechos difíciles de conseguir, hubo una serie de experimentos, ensayos, movilizaciones y desplazamientos que se tuvieron que hacer para poder determinar lo que, en otras palabras, podría aparecer como contaminación. En definitiva, lo que predomina es la proliferación de híbridos que luego se asentarán, encontrarán su posición, su hogar, en las dimensiones ontológicas, esto es, los polos natural y social que han dominado en nuestra modernidad (Latour, 2007, p. 85).

Por lo tanto, tenemos así, en un primer momento, problematizaciones que engarzan la contaminación con industrias, viaductos clandestinos e ilegales, inoperatividad del Estado, falta de regulaciones isleñas; engloba mecanismos de inscripción específicos: análisis de metales pesados, ensayos químicos/biológicos, pruebas de ph, etc.; moviliza e interpela actores específicos: químicos, médicos, organismos de salud, industriales y sus efluentes, etc. Se puede llegar a considerar los endicamientos y presas como potencialmente beneficiosos para el plan de repoblamiento y producción isleña.

En paralelo, tenemos el segundo momento de problematización: los usos del suelo que conlleva un registro de otros actores: dragas, refulados, masa de agua, masa de tierra, lodo, entre otros. Ingenieros hídricos, arquitectos, inversores inmobiliarios, son algunos de los nuevos mediadores. Los diques, las presas, terraplenes, polders, etc., ya no tienen ninguna función positiva en esta articulación. Se trata de una nueva puesta en tensión: la territorial, es el desplazamiento de los isleños por los desarrolladores, inversores y gente que quiere vivir en un entorno natural. Luego, en el caso Colony Park S.A., los esfuerzos se pondrán a motorizar el impacto ecológico de los movimientos de suelo, y su correlación con la degradación del modo de vida isleño. Incluso emergen nuevos elementos contaminantes: limos, arcillas finas. El movimiento de suelo comienza a ser protagónico en el desarrollo de las controversias y de las identidades, pero en este tercer momento se encabalga con la problemática anterior, la cuestión ambiental.

En referencia al caso histórico Colony Park S.A., si bien desde el inicio de las obras, incluso antes, varios actores denunciaban y traían a colación los impactos negativos al humedal, desde la denuncia se puede ver cómo van calando las nociones de humedal, daño ecológico, falta de autorización y otras que demuestran la injusticia de la situación, en las voces de otros actores humanos. La secuencia de la cadena se empieza a expandir, desde la indignación personal de Castro u otros habitantes de esos terrenos, desde la situación extra-judicial, desde las islas, pasando a canales de divulgación nacional, a informes científicos y judiciales, a los discursos de los políticos. La asunción de un colectivo implica la consideración o enrolamiento de otros seres: el curso de los ríos, sus márgenes, la cota de suelo, el lodo que se utiliza para rellenar, las lagunas artificiales permiten construir el colectivo (si nos permiten la expresión) isleño-en-peligro y también humedal-en-tensión. Los colectivos emergen en la controversia y para la controversia, aunque en el pliegue temporal puedan solidificarse relaciones, objetos, habilidades, es decir, elementos dentro de los colectivos.

Consideramos que, el agua, o mejor, la inundación es un elemento no-humano que se asocia en la red que encadena los isleños como punto de apoyo para esgrimir la crítica: en la propia naturalidad isleña la inundación es un elemento más en la medida que permite garantizar las funciones del humedal; pero, en la medida que se producen los desarrollos inmobiliarios y se modifica la fisionomía del lugar, lo que se pone en juego es el tamaño de las mismas, las construcciones que se proyectaron traerían una gran masa de agua a las islas que no pueden ni quieren levantar sus terrenos, aunque también se ponga en relación el poder de compra de esos servicios ya que afectaría a los más empobrecidos.

Los actores que efectúan la crítica intentan des-singularizar su conflicto, es decir, tratar de entrelazar e interpelar a la mayor cantidad de actantes, por ello ponen entidades generales en su discurso: los isleños, los argentinos, la humanidad está comprometida en esa lucha. Por otro lado, buscan re-singularizar la denuncia, es decir situarla, establecer las relaciones necesarias con los dispositivos situacionales y las personas cercanas, nombrar la cuestión isleña, centrarse en la primera sección de islas de Tigre.

Además, la traducción de la administración y de los dispositivos llegan (incluso se puede decir que llega en cuanto a una serie de objetos: las UC, los terraplenes, las desviaciones de los ríos; sin embargo, no contempla otros elementos ligados a la contaminación del primer momento); en el sentido de que luego la controversia se dispone una normativa (que si bien no está operativizada permitió, asentado el antecedente emblemático de Colony Park S.A., en 2016 frenar el emprendimiento Remeros Beach, entre otros), se llama a audiencias públicas, se generan informes desde la Municipalidad. Por lo tanto, los dispositivos se tensan, intentan reajustarse a la situación. No obstante, se puede entrever que, la capacidad de hacer legible a los isleños, tiene como consecuencia un intento de presionar sobre sus condiciones prácticas (cómo hacer la casa, descreimiento de sus saberes, etc.) para poder regular de manera más eficaz la vida en el delta. Desbordar los dispositivos y producir nuevos, pueden verse como una forma de salir de las condiciones técnicas que la vida moderna impone; generando así una suerte de “epidemiología popular” y conocimientos colectivos que se materializan sin recurrir a las jerarquías clásicas del mismo (Merlinsky, 2017b).

Por último, creemos que es necesario referirnos a la condición de portavoz que le dimos, quizá de manera implícita, a Martín Nunziata. Nos amparamos en una situación vivida en el trabajo de campo: en donde hubiera sido Colony Park S.A., se hizo un evento “Sentipensar el Humedal” (2018), y Pablo, un isleño con largo recorrido en las diversas luchas, expresa al referirse a Martín como una persona que “no necesita presentación, pero quisiera señalar que es unos de los pioneros en estas luchas por el territorio. Es una de las personas que más información tiene y ha estado desde las primeras luchas, no sólo acá (CP) sino en muchas luchas de las islas” (Pablo, comunicación personal, marzo, 2018). Otro isleño nos comentó en una charla que “Martín es al único que puedo considerar referente” (Pablo, comunicación personal, marzo, 2018); por lo tanto, su palabra tiene peso. Igualmente, la noción de portavoz encierra mucho más que una representación, posibilita asociar (Callon, 1986; 1998), algo que Martín hace constantemente, nombra en sus notas o en las entrevistas una serie de elementos heterogéneos: humedal, inundación, efecto esponja, inversores, humanidad, especuladores inmobiliarios, ordenanzas, registros científicos, target, presión fiscal, expulsión de isleños, éxodo, etc.

La constitución del colectivo no es nunca definitiva. Se puede ver un esfuerzo de los habitantes del delta de generar constantemente un colectivo isleño, en el sentido de que pone en relación las funciones del humedal, las casas palafíticas, cierto respeto por lo “natural”, normas que amparan su asentamiento, ríos, montes, embarcaciones de bajo calado, etc. En fin, toda una serie de elementos que de alguna u otra forma contribuye a pensar en algún “nosotros” donde el mundo parezca más habitable. En esta línea, puede decirse que este trabajo intenta ser un aporte a la “socio-logia” (Latour, 2008), a la ciencia de vivir en conjunto, contribuyendo a la historización y estabilización de las controversias surgidas en esas zonas bajas del Delta argentino, hoy por hoy ya catalogadas y estabilizadas (objetivadas) como humedales.

Referencias

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