Introducción

Las áreas protegidas (AP) son espacios de conservación de biodiversidad, de elementos culturales, de servicios ambientales y de valores culturales y estéticos. Son espacios definidos y gestionados a través de un marco legal (Dudley, 2008). Su creación contribuye a valorar los recursos y funciones ambientales que, en la actualidad, están siendo degradados en forma constante por la sociedad (Elbers, 2011).

A nivel mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es la organización encargada de la conservación de la naturaleza y está integrada por organizaciones gubernamentales y sociedades civiles (UICN, s/f). Este organismo, estableció las categorías de manejo de las AP, base para todos los Estados, y los tipos de gobernanza que contribuyen a la planificación y al registro de estos espacios (Dudley, 2008). En el Marco Estratégico para el Desarrollo de Capacidades, se hizo hincapié en la necesidad de la formación de las instituciones y personal de las AP (Comisión Mundial de Áreas Protegidas, 2015). Por otra parte, Lausche (2012) elaboró un documento para la legislación relativa a las AP, donde se reflejan la redacción de un anteproyecto de ley para la creación de estos espacios, los acuerdos de conservación, las actividades reguladas, el cumplimiento y aplicación de las normas.

En América Latina y el Caribe, la mayoría de los países cuenta con un sistema de AP con un marco legal, instrumentos de gestión y financiamiento (Dourojeanni, 2010).

De la Maza et al. (2003) realizaron un diagnóstico, identificando aspectos que impiden que estas áreas cumplan eficazmente con sus objetivos. Propusieron lineamientos de carácter regulatorio, financiero y de gestión que permitan hacer más efectiva su protección (De la Maza et al., 2003). Solano (2013) analizó los retos legales e institucionales que presenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado de Perú. Hace hincapié en la falta de interacción entre el sistema nacional y los regionales, en la ausencia de la consolidación y simplificación de los instrumentos de gestión y destaca la desactualización de las leyes vigentes en lo referido a la conservación.

Castaño-Uribe (2008), elaboró un diagnóstico sobre la situación actual de las AP, donde menciona el esfuerzo de los países en materia de legislación nacional, de instrumentación y de diversificación de estrategias de manejo y administración de las AP de América Latina. Expone que, en Argentina, “…varias normas provinciales requieren reglamentación o actualización para incorporar nuevos mecanismos como las reservas privadas” (Castaño-Uribe, 2008, p. 92).

A nivel nacional, la Administración de Parques Nacionales (2021a) determinó que no existe un marco político integral, más allá de la política establecida por esta institución. Morea (2014) resalta que la gestión y la efectividad del manejo aún continúan pendientes debido a la dificultad de establecer planes de manejo y al frágil marco jurídico institucional. Duval et al. (2017), mencionaron como principales problemáticas la falta de homologación de las categorías de manejo entre las provincias, la ausencia de actualización de los planes de manejo y la baja representatividad de algunas ecorregiones en la protección de ecosistemas. Recientemente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2020) reconoció el avance en la cantidad de la superficie bajo conservación por provincia y ecorregión.

A nivel provincial, existen algunos trabajos vinculados al análisis del marco legal, como por ejemplo, Beltrán y Granada (2015), quienes generaron las normativas para la gestión integrada del litoral marino de la provincia de Chubut. Por otro lado, Crespo Guerrero y Peyroti (2016) analizaron la legislación de las AP de Córdoba y concluyeron que, estos, no coinciden con la gestión del territorio. En La Pampa, Duval et al. (2017) identificaron que, entre los principales conflictos, principalmente se destaca, la ausencia de planes de manejo y delimitación en algunas de las AP.

La complejidad de la temática requiere de un análisis profundo en estos espacios y en diferentes escalas. Por tal motivo, este trabajo tiene como objetivo, analizar los instrumentos de gestión propios de las áreas protegidas, comparando la situación nacional con la provincial, en este caso se seleccionó la provincia de La Pampa.

Área de estudio

La provincia de La Pampa cuenta con una superficie de 213.478 ha bajo protección, administradas por organismos de diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, posee una superficie protegida de 1,5% del área total de la provincia. De ese total, 32.000 ha (15% de la superficie protegida) está gestionado por la Administración de Parques Nacionales (APN) y 181.478 ha (85%) forma parte del Sistema de Áreas Protegidas de la provincia. A nivel nacional, es una de las provincias con menor porcentaje de superficie bajo conservación, con un valor inferior al 1% (SIFAP, s/f).

La Pampa posee quince áreas protegidas (Figura 1), un parque nacional denominado Lihué Calel, doce reservas provinciales y dos reservas de carácter municipal: la Reserva Municipal Urbana Delfín Pérez y la Reserva Natural Municipal Laguna de Utracán. Se esperan nuevas incorporaciones al sistema, como la Reserva Miguel Fiorucci, la primera área protegida privada en la provincia y dos reservas provinciales: Laguna El Uncal y Kúla Lauquen (Subsecretaría de Ambiente, 2022). Además, el gobierno nacional, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, están trabajando en la creación de un nuevo Parque Nacional que proteja al ecosistema de bosque de caldén (Subsecretaría de Ambiente, 2022).

Figura 1
Áreas protegidas de la provincia de La Pampa
Fuente: elaboración personal sobre la base de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa (s/f)

En La Pampa se representan tres provincias fitogeográficas: Monte, Espinal y Pampeana (Cabrera, 1976). La provincia fitogeográfica del Monte se encuentra en el sector centro y oeste de la provincia y es la que presenta mayor extensión (más de un 50%). Se caracteriza por tener una vegetación de matorral o estepa arbustiva, destacándose el género Larrea (Campo y Duval, 2015). El Espinal se encuentra representado, en la provincia, a través del distrito del caldenal, que se extiende en el sector centro-este y es la segunda en superficie. La vegetación característica del área es un bosque xerófilo y tiene como representante al Prosopis caldenia (caldén). Es importante mencionar que, la Reserva Provincial Parque Luro, es la que mayor superficie protege al Espinal. Por último, la provincia fitogeográfica Pampeana es la que posee menor superficie en la provincia y se trata de una formación de pastizal. Se ubica en el sector noreste de la provincia, donde predomina la estepa de gramíneas. Los géneros Stipa, Piptochaetium, Aristida y Poa son los de mayor representatividad. Cabe destacar que es la provincia fitogeográfica que tiene la menor superficie destinada a protección dentro de la provincia.

Metodología

Se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo sobre los instrumentos de gestión de las AP a escala nacional y provincial. Para ello, se recopiló información sobre la cantidad, año de creación y localización de las áreas protegidas a nivel nacional, a través del portal de Parques Nacionales y del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). Para la búsqueda de información a escala provincial, se accedió a la página de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de La Pampa y se actualizó la base de datos de la superficie de AP, con noticias periodísticas del diario La Arena y la Agencia Provincial de Noticias.

Posteriormente, se definieron distintas categorías para analizar los instrumentos de gestión disponibles en las AP, para las dos escalas seleccionadas. Las categorías fueron: la autoridad de aplicación, las categorías de manejo, el plan de gestión, los estudios o informes de impacto ambiental, la educación ambiental y el tipo o existencia de investigaciones dentro de las áreas protegidas, particularizando en el área de estudio.

Se utilizaron distintas fuentes de información como diarios locales, informes, leyes y decretos e investigaciones científicas, a partir de los cuales se pudo caracterizar cada variable. También se creó una línea de tiempo, en la cual, se comparó el marco legislativo a nivel nacional y provincial, con la finalidad de encontrar similitudes y diferencias en los instrumentos de gestión disponibles de las AP. Finalmente, con la información recopilada, se realizó un cuadro síntesis con los principales instrumentos en cada escala de análisis.

Resultados

Evolución de las áreas protegidas en la provincia de La Pampa

La provincia de La Pampa cuenta, desde 1991, con un Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). La ley establece que, cualquier espacio natural o seminatural con importancia ecológica, social y/o histórica, podrá ser declarado AP, para su posterior conservación y aprovechamiento. La actual autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Ambiente, denominada Subsecretaría de Ecología hasta el año 2017.

La incorporación de superficie protegida (Figura 2) comenzó en el año 1976, con la creación del Parque Nacional Lihué Calel, el único espacio gestionado por la APN. Posteriormente, en el año 1991, se creó la primera reserva de carácter provincial, la Reserva Provincial Laguna Guatraché (Ley 1.321, 1991). En 1996, se incorporaron otras áreas de jurisdicción provincial a partir de la Ley 1.689 (1996). Entre ellas, se nombraron las reservas provinciales: La Humada, La Reforma, Limay Mahuida, Parque Luro y Pichi Mahuida. A partir de ordenanzas municipales, se crearon dos reservas municipales, la Reserva Municipal Urbana Delfín Pérez, en el año 2014, y la Reserva Natural Municipal Laguna de Utracán, en 2016. Salitral Encantado es un área protegida de tierras privadas y fue incorporada al SIPAP en el año 2021. Más recientemente, se incorporaron dos reservas naturales urbanas, Malvinas y Los Caldenes, a principios del año 2022.

Figura 2
Cantidad de áreas protegidas de la provincia de La Pampa según década de creación y tipo de jurisdicción
Fuente: elaboración personal sobre la base de la Subsecretaría de Ambiente (s/f)

Según el informe Nacional de Ambiente y Áreas Protegidas de la Argentina, para los años 2008-2018 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2020), la Argentina avanzó en el incremento de espacios protegidos, contando en la actualidad con 533 AP (SIFAP, s/f), de administración tanto nacional como provincial. Por lo que, el acrecentamiento en la cantidad de las AP de La Pampa, se corresponde con el escenario nacional.

La mayoría de las AP de la provincia, buscan proteger el espacio natural, principalmente el paisaje, la flora y la fauna autóctona. En los últimos años, se han sumado AP que buscan preservar también los humedales con los que cuenta la provincia, como por ejemplo Reserva Provincial Laguna El Uncal (La Arena, 2021). Se destaca también, la preservación del patrimonio cultural en el Parque Nacional Lihué Calel, con su arte rupestre y su gran diversidad de especies de flora y fauna autóctona.

Instrumentos de gestión en las áreas protegidas

Los instrumentos de gestión en el marco de las AP, dan cuenta de todas aquellas herramientas que contribuyen a la conservación, en el interior de estos espacios. Se incluyen leyes, resoluciones, decretos, políticas, planes y programas que guían el accionar de las autoridades para obtener el objetivo de estos territorios.

Sobre las autoridades de aplicación

La autoridad responsable es aquella que debe guiar la acción dentro de estos espacios sobre la base de los objetivos de las AP y de los objetivos prioritarios de conservación para el área (Lausche, 2012). A escala nacional, Argentina, cuenta con la APN que es un organismo autártico creado en 1934 y autoridad de aplicación de las AP de jurisdicción nacional. Realiza tareas de manejo, fiscalización, conservación, protección y sanción dentro de estos espacios (Ley Nacional 22.351, 1980). Este organismo, descentraliza las actividades de control de las áreas protegidas en seis delegaciones: Noroeste, Noreste, Centro, Patagonia, Patagonia Austral y Mar Argentino. Estas áreas que hoy administra la APN, se encuentran comprendidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) (Ley Nacional 18.594, 1972).

En el año 2003, se creó el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) que es una institución encargada de coordinar la implementación de políticas de conservación del patrimonio natural y cultural entre las jurisdicciones nacionales y provinciales para promover la planificación entre los espacios (SIFAP, s/f). A su vez, cada provincia, cuenta con un organismo encargado de crear áreas protegidas, administrarlas, financiarlas y gestionarlas. Estos, deben crear los instrumentos legales para la conservación del patrimonio.

En el caso de la provincia de La Pampa, la Subsecretaría de Ambiente es la institución encargada de establecer los criterios, acciones de manejo y sanciones que serán aplicados en cada AP provincial (Ley Orgánica 1.666, 1995). Previo a esto, se había constituido el SIPAP a través de la Ley Provincial 1.321 (1991), donde se determinan los objetivos de creación de AP, los criterios de conservación y manejo de estos espacios y se propone la creación de la autoridad de aplicación. En el año 2012, se determinaron los criterios generales de conservación, ordenamiento y manejo de áreas protegidas (Ley Provincial 2.651, 2011).

En la Figura 3, se muestran las leyes de mayor importancia vinculadas a las áreas protegidas a nivel nacional y provincial (La Pampa). Se observa que, el SIPAP, en la provincia de La Pampa, es más reciente y la mayoría de los instrumentos legales de la provincia se crearon entre la década de 1990 y 2000.

Figura 3
Línea de tiempo sobre el desarrollo de los marcos legales de las áreas protegidas nacionales y provinciales (La Pampa)
Fuente: elaboración personal

Por otra parte, existen otras leyes que promueven la conservación de los ecosistemas. Tal es el caso de la Ley General de Ambiente (Ley Nacional 25.675, 2002) que establece los presupuestos mínimos para la protección de los recursos ambientales y los instrumentos de la política y gestión ambiental. A nivel provincial, la Ley Provincial 1.914 (2000) menciona las herramientas de gestión para la declaración de impacto ambiental, determina la creación de un ente de control, establece medidas sobre la educación y comunicación, entre otros. Otro ejemplo es la Ley de Bosques (Ley Nacional 26.331, 2007) que tiene su correlativa en la provincia bajo la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (Ley Provincial 2.624, 2011). Estas leyes contribuyeron a incentivar el manejo sostenible de los bosques y a identificar sectores de mayor importancia para proteger.

Sobre las categorías de manejo

A nivel nacional, la ley de mayor importancia es la 22.351 (1980), de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales (Carpinetti, 2007). Esta ley dispone que, los territorios del país que presenten belleza o riqueza de flora y de fauna autóctona, serán protegidos para el aprovechamiento de las actuales y futuras generaciones. Se presentan las categorías de manejo que clasifican las AP en función del grado de conservación, actividades prohibidas y permitidas, entre otros. Las categorías son: I). Parque Nacional; II). Monumento Natural; III). Reserva Nacional; IV). Reserva Natural Estricta; V). Reserva Natural Silvestre y; VI). Reserva Natural Educativa. En el año 1990, mediante decretos nacionales, se ampliaron estas categorías, incorporando la de Reserva Natural Estricta (asimilable a Categoría I) y Reserva Natural Silvestre destinadas a excluir determinados sectores de los Parques y Reservas Nacionales del uso público (Carpinetti, 2007). En la década del 2000, se implementaron otras dos categorías de manejo: el Parque Interjurisdiccional y la Reserva Natural de la Defensa.

En la provincia de La Pampa, en el año 1995, mediante el Decreto 1.283 (1995), se clasificaron las AP según su categoría de manejo (Duval et al., 2017). Las mismas, están basadas en el documento de la UICN (Dudley, 2008): Categoría I). Reserva Natural Estricta o Área Silvestre; Categoría II). Parque Provincial; Categoría III). Monumento Natural; Categoría IV). Áreas de Gestión de Hábitats o Especies; Categoría V). Reserva de Paisaje Protegido y; Categoría VI). Reserva con Uso Sostenible de los Recursos Naturales. En la Tabla 1 se muestran las categorías de manejo que, a escala provincial, se correlacionan con las de escala nacional.

Tabla 1
Categorías de manejo de áreas protegidas de escala nacional que tienen correlación a escala provincial (La Pampa)
Fuente: elaboración personal sobre la base de la Ley Nacional 22.351(1980) y el Decreto 1.283 (1995)

Todas las AP provinciales poseen categorías de manejo. La categoría II Parque Provincial, está representada por Pichi Mahuida y Parque Luro, la IV Áreas de Gestión de Hábitats o Especies, está integrada por Casa de Piedra, La Humada, La Reforma, Limay Mahuida. En la categoría V Reserva de Paisaje Protegido, se presentan Casa de Piedra y Delfín Pérez y; en la VI Reserva de Uso Sostenible de los Recursos Naturales, Cerro Negro y Laguna Guatraché (Subsecretaría de Ambiente, 2022). Queda sin definir la categoría de manejo de la Reserva Natural Municipal Laguna de Utracán, Reserva Natural Urbana Los Caldenes y Reserva Natural Urbana la Malvina, debido a su reciente incorporación.

Sobre los planes de gestión

Otro elemento interesante de análisis, en la legislación sobre AP, son los planes de gestión. Se constituyen como instrumentos de planificación que poseen las normativas y reglamentaciones para orientar la gestión de las AP. Allí, se establecen los objetivos de manejo y conservación siendo esta de obligatoriedad en toda AP (Duval et al., 2017).

En el año 2010, la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas y la APN, diseñaron la guía para la elaboración de planes de gestión de áreas protegidas. En este documento, se plantea la necesidad de profundizar en los procesos de planificación para promover los objetivos de conservación (Administración Parques Nacionales, 2010). La guía contiene conceptos sobre planificación, planes de gestión y criterios para su elaboración y actualización. Además, cuenta con normativa, metodologías y técnicas para el desarrollo de talleres. Por otro lado, la APN presentó la guía de elaboración de planes de protección, destinada al control y vigilancia de las AP, siendo un instrumento destinado a ordenar, organizar y optimizar las actividades del cuerpo de Guardaparques en estos espacios (Administración de Parques Nacionales, 2021a).

A nivel nacional, la mayoría de las AP poseen planes de gestión, los cuales se encuentran actualizados de acuerdo con las necesidades actuales de estos espacios. Las AP que no presentan un plan de manejo, se deben a su reciente creación o bien están en proceso de validación y/o planificación. En las AP pertenecientes a la delegación noroeste, solo dos parques nacionales son los que no cuentan con un plan de gestión. De la delegación noreste, solo la Reserva Natural Educativa Colonia Benítez no presenta un plan, sin embargo, cuenta con un plan educativo desde el año 2016. La delegación centro presenta dos parques con un plan desactualizado. En la delegación Patagonia y la Patagonia Austral, todas las AP poseen un plan de gestión actualizado. Por último, se está avanzando en un nuevo plan para las Áreas Marinas Protegidas, con el fin de proteger la biodiversidad marina (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

En La Pampa, solo la Reserva Provincial Parque Luro posee un plan de manejo que se creó en el año 2004. Este plan se está actualizando, no obstante, existen distintas actividades de manejo en el interior de esta AP. En este plan se especifican tareas administrativas, de conservación, difusión, educación, investigación y de control y vigilancia. Se determina también la zonificación, aunque no se establecen los límites ni se presenta cartografía donde se puedan identificar las distintas zonas (Subsecretaría de Ecología, 2004). En la Figura 4 se muestra la información, en porcentaje, referida a la existencia de plan de gestión en la escala nacional y provincial (La Pampa).

Cabe destacar que, esta provincia, cuenta con un plan de conservación desde el año 2017, enmarcado en la Ley de bosques nativos, con el objetivo de recuperar y conservar ambientes dañados y especies nativas, incluyendo el control de especies exóticas. Además, se llevan a cabo acciones para la recuperación del bosque degradado y de especies nativas y por disposición provincial se establece la prohibición absoluta de entrada a turistas, cuando el índice de peligro de incendios sea de color rojo (Subsecretaría de Ambiente, 2022).

Figura 4
Porcentaje de áreas protegidas que cuentan con un plan de gestión a nivel nacional (a) y en la provincia de La Pampa (b)
Fuente: elaboración personal

Sobre la capacitación del personal e integración ciudadana

A nivel nacional, los principales agentes de las AP son los guardaparques, agentes profesionales en las tareas de protección y resguardo de las AP, pertenecientes al sistema nacional. Realizan tareas de administración, monitoreo de recursos naturales, entre otras. Sus funciones están reglamentadas en la Ley Nacional 22.351 (1980), artículo 33. Posteriormente, en el año 2006, se implementó el Decreto 56 (2006) donde se amplía el ámbito de actuación, funciones y atribuciones de los guardaparques.

Más allá de su formación base mediante la tecnicatura universitaria, desde la APN y su Centro de Formación y Capacitación (CFYCAP), se llevan a cabo capacitaciones permanentes, como por ejemplo, el curso para combatientes de incendios forestales y los cursos regionales para países de América Latina y el Caribe. En la actualidad, se lleva a cabo el Plan Estratégico de Capacitación de la APN 2021/2023, un documento que guía la planificación y la organización de las acciones de capacitación para todo el personal de los parques nacionales (Administración de Parques Nacionales, 2021b).

Por otra parte, desde la APN se promueve la participación ciudadana. Es por ello que, desde el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medioambiente, se creó el Programa Nacional de Voluntarios en Parques Nacionales, que permite la integración de los ciudadanos en distintas actividades en el interior de las AP, donde los voluntarios reciben capacitación y cumplen funciones específicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022). Algunos de los parques que tienen este programa son: el Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén), el Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), el Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz), el Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba) y el Parque Nacional Los Cardones (Salta). En la provincia de La Pampa, el Parque Nacional Lihué Calel, forma parte del Programa Nacional de Voluntarios de Parques Nacionales 2022-2025 y dentro de este, se capacita a los voluntarios en temáticas específicas de las AP (Administración de Parques Nacionales, 2022).

En la provincia de La Pampa, el subsecretario de Ambiente determinó que, una de las necesidades actuales que presentan las AP, es la ausencia de guardaparques, razón por la cual solicitó la creación de un cuerpo de guardaparques (La Arena, 2022). Actualmente, solo la Reserva Provincial Parque Luro cuenta con personal formado en diversas carreras vinculadas al cuidado del ambiente y al turismo. En el resto de las AP no hay personal permanente a excepción de algunas actividades de control y educación esporádicas, como en la Reserva Provincial Laguna Guatraché. Otra cuestión relevante para destacar es que no existe un documento guía para la capacitación del personal o la participación ciudadana como en las AP nacionales.

La situación irregular en las capacitaciones del personal de las AP en La Pampa se debe, en parte, a que no hay un centro de capacitación, por lo que, los cursos y/o charlas, son dictados por docentes de la universidad y/o especialistas en determinados temas de interés. Por ejemplo, desde el área de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa, se llevó a cabo, en el año 2016, un programa de voluntariado denominado Conociendo las Áreas Protegidas, con el fin de hacer conocer las funciones que cumplen las reservas naturales protegidas como herramientas de conservación de ecosistemas con valor histórico, cultural y paisajístico y educativo (Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, 2022). También, se nombran las charlas y talleres sobre conservación y biodiversidad, cuya convocatoria se realizó desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Pampa (INCITAP) y la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia.

Sobre los estudios e informes ambientales

Previo a la ejecución de proyectos públicos o privados a realizarse en cualquier AP, es necesaria la realización de estudios e informes ambientales. Estos, constituyen una herramienta fundamental para prevenir y evaluar los impactos negativos ambientales. Por lo general, se realiza una EIA, un procedimiento técnico-administrativo que logra identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales, con el fin de mejorar la toma de decisiones en cuanto al proyecto a desarrollarse. Este proyecto, debe contar con un plan de gestión ambiental, tareas que deben planificarse y ejecutarse con motivo de controlar los efectos negativos de su implementación. Dependiendo de la categoría de manejo, de sus objetivos de conservación y problemáticas, se establecen condiciones mínimas que debe cumplir cada proyecto, como por ejemplo, la construcción de hoteles o complejos turísticos, nuevos desarrollos forestales, entre otros (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016).

Con el objetivo último de conservación, las AP presentan la necesidad de que toda actividad a realizarse en las jurisdicciones que administra la APN se encuentre regulada y no vaya en contra de los principios de conservación de estos espacios. Así, la EIA, se transforma en una responsabilidad por parte de los agentes de conservación que proponen, evalúan y fiscalizan actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente. A nivel nacional y desde la APN, desde 1994, se debe llevar a cabo este tipo de evaluación en áreas de la APN. La EIA consta de una evaluación ambiental expeditaria, un estudio con su respectivo plan de gestión ambiental y de monitoreo, un informe de los impactos y las medidas de mitigación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2016).

A nivel provincial, todos los proyectos de obras y/o acciones capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente de las AP de la provincia, deberán obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), expedida por la Subsecretaría de Ambiente. La DIA corresponde a uno de los requerimientos de la Ley 1.914 (2000) Ley Ambiental Provincial. Desde la Subsecretaría de Ambiente se cuenta con consultores ambientales, empresas o profesionales especializados en el asesoramiento sobre esta temática, a nivel provincial (Subsecretaría de Ambiente, s/f).

Sobre la investigación científica

A menudo, las AP son lugares frecuentemente seleccionados para llevar a cabo investigación científica, siendo una actividad que debe ser reglamentada y controlada por cada jurisdicción. En el año 2016, la APN estableció el reglamento para la investigación científica en la APN con el objetivo de regular esta actividad que se realiza sobre el patrimonio natural y cultural presente en los parques nacionales. Para la autorización de actividades de investigación, se consideran los objetivos de conservación del AP, las metodologías de trabajo del investigador y la magnitud de la eventual recolección o manipulación, entre otras. Como parte del reglamento, se debe aprobar la solicitud, presentar el respectivo plan de trabajo y contar con el aval del organismo/entidad científica o académica. Además, deberán presentarse periódicamente informes parciales y finales sobre su investigación (Administración de Parques Nacionales, 2022).

Actualmente, a escala nacional, se encuentran en curso y finalizadas alrededor de 3.462 investigaciones, siendo las principales líneas de investigación: el patrimonio cultural inmaterial; la valoración económica de los servicios ecosistémicos; la evaluación de la conectividad actual del sistema de AP, conservación y monitoreo, articulación sistema costero-oceánicos, distribución de especies, procesos de interacción entre dinámica oceanográfica, flujos sedimentarios y morfologías, distribución de materia orgánica y transporte de sedimentos; detección, distribución y caracterización de recursos biológicos, entre otros (SIB, s/f). Además, en el año 2019, La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable participó del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, con el objetivo de presentar informes referidos a las AP en el país, detallando los avances, desafíos y factores de gestión durante el periodo 2008-2018. La participación de Argentina en este tipo de eventos, refuerza el trabajo integral en materia de manejo de las AP marinas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022).

Con respecto a la investigación científica a nivel provincial, se debe cumplir con lo establecido en la Ley Provincial 2.651 (2011), la cual establece como reglamentario, la solicitud de autorización para trabajos de investigación. Para que la autorización sea aprobada, el investigador debe presentar el respectivo plan de trabajo, siendo condición para la autorización, que las investigaciones no afecten la integridad de las AP (Subsecretaría de Ambiente, 2022).

En la provincia, los investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa están desarrollando diferentes estudios en las AP de la provincia. Esto se vio reflejado en las Jornadas Investigar y Aprender en Nuestras AP, destinadas a la comunidad en general, donde se dieron a conocer los resultados más relevantes (Subsecretaría de Ambiente, 2019). Las principales líneas de investigación que se desarrollan están relacionadas a la distribución y estado de la flora (Chiuffo, 2009; Weinzettel, 2011; Calderón y Prina, 2019) y fauna (Sosa et al., 2010; Balmaceda et al., 2019; Peralta Seen et al., 2019; Orozco-Valor y Grande, 2019), en el interior de los espacios protegidos. También se puede mencionar el estudio de las lagunas y la geomorfología (Alzuri, 2019; Bertotto et al., 2019; Minig et al., 2019; Muller, 2019). En menor medida, algunos vinculados con las actividades antropogénicas y su impacto en las zonas de conservación (Duval, 2012; Lapena y Labey, 2020).

Sobre la educación ambiental

Es un componente estratégico para la gestión, conservación y manejo de las AP, ya que logra que la sociedad valore la importancia de conservar la diversidad biológica y cultural. La Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente, contemplan a la EA, como una parte fundamental de participación ciudadana, por lo que dan forma al marco normativo general en nuestro país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, s/f). La contribución de la EA referida a las AP, es clave para establecer una nueva relación entre la sociedad y su entorno.

A nivel nacional, se creó, en el año 2020, la guía de planificación educativa ambiental como parte del programa de contenidos educativos de la Dirección Nacional de Conservación. Este, establece un marco teórico-metodológico que propone herramientas y recursos para la formulación, elaboración y planificación de propuestas didácticas en las AP. La EA que se realiza en la APN, involucra la educación no formal (interpretación del patrimonio, comunicación y capacitación), la educación formal (educación reconocida por los Ministerios de Educación) y el fortalecimiento institucional (construcción metodológica y teórica de la EA en AP) (Administración de Parques Nacionales, 2020). En cambio, en La Pampa, se realizaron numerosas propuestas y estrategias. Fantini y Lucero (s/f) publicaron una propuesta para el sistema educativo formal que posee lineamientos estratégicos para abordar la enseñanza-aprendizaje de la EA (Subsecretaría de Ambiente, 2022).

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Ambiente, se han realizado talleres destinados, especialmente, a estudiantes de nivel primario, con el fin de permitirles tomar conciencia sobre las AP e impulsar la participación activa en su protección y mejoramiento (Subsecretaría de Ambiente, 2022). Otra propuesta fue la elaboración de un recurso virtual, que cuenta con un capítulo exclusivo para las AP de la provincia. Presenta material audiovisual y propuestas pedagógicas, fortaleciendo las cuestiones ambientales y educativas (Ministerio de Educación, Secretaría General de la Gobernación, 2022). En la Tabla 2, se muestra la síntesis de los instrumentos de gestión analizados y su implementación a escala nacional y en la provincia de La Pampa.

Tabla 2
Instrumentos de gestión de las áreas protegidas y su implementación, a escala nacional y provincial (La Pampa)
Fuente: elaboración personal

Conclusiones

A través del exhaustivo análisis bibliográfico, se estableció que, existen diferencias en ambos niveles de jurisdicción, en cuanto a la presencia y profundización de los instrumentos de gestión que dan cuenta de todas aquellas herramientas que contribuyen a la conservación en el interior de estos espacios. El país no cuenta con una política integral que establezca pautas generales y comunes para el desarrollo de todas las AP, principalmente entre el ámbito nacional y provincial. Ejemplos de ello son las categorías de manejo, la implementación de planes de gestión, los recursos humanos y su capacitación. Esto se traduce al resto de las provincias, donde la situación es similar.

La provincia de La Pampa presenta inconvenientes en cuanto a la falta de actualización en la legislación vigente y a la creación de documentos, planes y programas de conservación base, donde se establezcan las pautas para el buen funcionamiento de las AP. Las mayores dificultades se observan en la ausencia de actualización de la base de datos de las AP e información vinculadas a ellas, en la ausencia de planes de gestión y a la escasa oportunidad de capacitación para el personal. Se destacan los esfuerzos en la creación de un cuerpo de guardaparques y en la ampliación de la superficie de AP. También se destacan las actividades vinculadas a la EA, que se enfocan solo en la educación formal y junto con las diversas actividades realizadas por la Universidad Nacional de La Pampa posibilitan el acercamiento de las AP a la comunidad en general.

Es de vital importancia mejorar, reforzar y establecer instrumentos de gestión adecuados sobre las AP, tanto a nivel nacional como provincial, que establezcan las pautas generales e integrales, sin dejar de tener en cuenta las características de conservación y problemáticas propias de cada espacio. El proceso de gestión de la conservación se ha profundizado debido a la necesidad de proteger y disfrutar de los ecosistemas propios de nuestro país.

Agradecimientos

Este trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación Geografía Física Aplicada al estudio de la interacción sociedad-naturaleza. Problemáticas ambientales a diferentes escalas témporo-espaciales. (24/G092). También agradecemos el financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Referencias

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