I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la inclusión financiera se ha considerado como un factor importante para mejorar el desarrollo del sistema financiero, así como para formalizar su uso en la mayoría de las economías a nivel global (López Mateo, et al., 2018). Suministrar correctamente las herramientas, es el objetivo de la inclusión financiera para que las poblaciones con carencias y con menos accesibilidad a los servicios financieros puedan mantener medios de subsistencia y, de manera más efectiva, crear activos y suavizar el consumo para evitar la desestabilización económica de los hogares (De Olloqui, et al., 2015).

Uno de los factores determinantes para la inclusión financiera en México es la geografía, puesto que las áreas rurales frecuentemente carecen de servicios financieros. De acuerdo con el reporte del Microscopio Global 2018 (The Economist Intelligence Unit, 2018), alrededor del 80 % de los municipios rurales no tienen una sucursal bancaria local, el 90% no tiene cajeros automáticos y el 75% no tiene ningún establecimiento con una terminal de punto de venta.

Otro factor clave que se ha considerado es la falta de comprensión y confianza sobre la prestación de servicios del sector financiero provocando una limitación clave para elevar la adopción y aumentar la inclusión financiera. Por último, se tiene el tamaño de la economía informal, que emplea a alrededor del 60% de la población, considerándose también como una restricción para la inclusión financiera en México. En este sentido estudios orientados al sector rural son necesarios para generar evidencia que permita tomar decisiones en términos de política pública y decisiones administrativas en los prestadores de servicios financieros públicos y privados.

Al analizar los principales resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), se revela que la inclusión financiera en México creció durante el periodo de 2012 a 2018, pasando de 39.4 a 54 millones de habitantes, lo cual equivale al 68% del total de adultos (CNBV, 2018). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos orientados hacia una mayor difusión, aún se detectan importantes deficiencias que podrían perjudicar el bienestar de las personas y de sus familias (Raccanello, et al., 2014).

A nivel regional, la ENIF 2018 revela que la región Noreste representa el 75% de la proporción de población financieramente incluida, en la que se encuentra el estado de San Luis Potosí. El 51% de la población tiene alguna cuenta de ahorro, el 39% ha adquirido un crédito en los diferentes sistemas bancarios, el 30% tiene un seguro y un 51% tramitó su ahorro para el retiro (CNBV, 2018). Sin embargo, los análisis puramente cuantitativos no han mostrado la realidad particular de las poblaciones, ni su impacto en los niveles de bienestar económico, línea de investigación que debe ser abordada según los lineamientos y recomendaciones establecidos en la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) del Comité de Educación Financiera (CEF, 2017) de México.

Salinas es un municipio de San Luis Potosí que se encuentra localizado en la parte noroeste del estado, en la zona Altiplano. Cuenta con una población semi-urbana total de 33,649 habitantes, de los cuales 23,282 es población adulta, de acuerdo con la base de datos de inclusión financiera (CNBV, 2018). El municipio de Salinas cuenta con tan solo dos sucursales bancarias (Banorte y BBVA) que incluyen seis cajeros automáticos. Del total de la población, 17,155 personas cuentan con una tarjeta de débito y tan solo 1,799 cuentan con una tarjeta de crédito; por último, cero individuos han abierto una cuenta de ahorro en ambas sucursales, además la cabecera municipal cuenta con cinco corresponsales.

II. MARCO REFERENCIAL

De acuerdo con el informe que el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) publicó en el 2018, de junio de 2016 a junio de 2017, el indicador de puntos de acceso, considerando sucursales, cajeros automáticos y comisionistas creció de 11.5 a 12.0 por cada 10 mil adultos. El porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso avanzó de 72% a 73% y, el porcentaje de adultos que habitan en municipios con al menos un punto de acceso permaneció en 98%. A junio de 2017, se registraron 16,945 sucursales de todo el sector financiero, 2.4% más en comparación al mes de junio del 2016 (CONAIF, 2018). En México un usuario de los servicios financieros se asusme como la persona que contrata, utiliza, o por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a una institución financiera como resultado de la operación o servicio prestado (DOF, 2018).

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF, 2018) menciona que el buen manejo que tiene una persona sobre sus finanzas impacta positivamente en su calidad de vida y en la de su familia, si tenemos en cuenta que la educación financiera: (a) promueve la cultura del ahorro; (b) genera conciencia sobre cuándo es conveniente tener una deuda; (c) permite hacer comparaciones de los productos financieros que ofrecen las instituciones; (d) otorga protección a los consumidores para que haya una mejor demanda de servicios financieros y; (e) protege el dinero individual, familiar, empresarial y del gobierno. Estos conocimientos son clave para que la calidad económica de los usuarios se vea altamente beneficiada. Para Roa (2013), la calidad económica se refiere a los atributos de los productos y servicios que se ajustan a las necesidades de los clientes y si el desarrollo de productos tiene en cuenta estas necesidades, se mide evaluando las características y profundidad de la relación entre consumidores y prestadores de servicios financieros; así como también las alternativas disponibles y los niveles de comprensión de esas alternativas y sus implicaciones.

De acuerdo con Salazar-Cantú, et al. (2017) la inclusión financiera se define como “el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población” (p.49). Sus cuatro componentes fundamentales son (CNBV, 2018):

· Acceso: se refiere a la penetración de la infraestructura del sistema financiero para ofrecer servicios y productos financieros como son los canales de acceso: sucursales, cajeros automáticos, corresponsales y terminales punto de

De acuerdo con el informe que el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) publicó en el 2018, de junio de 2016 a junio de 2017, el indicador de puntos de acceso, considerando sucursales, cajeros automáticos y comisionistas creció de 11.5 a 12.0 por cada 10 mil adultos. El porcentaje de municipios con al menos un punto de acceso avanzó de 72% a 73% y, el porcentaje de adultos que habitan en municipios con al menos un punto de acceso permaneció en 98%. A junio de 2017, se registraron 16,945 sucursales de todo el sector financiero, 2.4% más en comparación al mes de junio del 2016 (CONAIF, 2018). En México un usuario de los servicios financieros se asusme como la persona que contrata, utiliza, o por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a una institución financiera como resultado de la operación o servicio prestado (DOF, 2018).

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF, 2018) menciona que el buen manejo que tiene una persona sobre sus finanzas impacta positivamente en su calidad de vida y en la de su familia, si tenemos en cuenta que la educación financiera: (a) promueve la cultura del ahorro; (b) genera conciencia sobre cuándo es conveniente tener una deuda; (c) permite hacer comparaciones de los productos financieros que ofrecen las instituciones; (d) otorga protección a los consumidores para que haya una mejor demanda de servicios financieros y; (e) protege el dinero individual, familiar, empresarial y del gobierno. Estos conocimientos son clave para que la calidad económica de los usuarios se vea altamente beneficiada. Para Roa (2013), la calidad económica se refiere a los atributos de los productos y servicios que se ajustan a las necesidades de los clientes y si el desarrollo de productos tiene en cuenta estas necesidades, se mide evaluando las características y profundidad de la relación entre consumidores y prestadores de servicios financieros; así como también las alternativas disponibles y los niveles de comprensión de esas alternativas y sus implicaciones.

De acuerdo con Salazar-Cantú, et al. (2017) la inclusión financiera se define como “el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población” (p.49). Sus cuatro componentes fundamentales son (CNBV, 2018):

• · Acceso: se refiere a la penetración de la infraestructura del sistema financiero para ofrecer servicios y productos financieros como son los canales de acceso: sucursales, cajeros automáticos, corresponsales y terminales punto de venta.

  · Uso: es la adquisición o contratación por parte de la población de uno o más productos o servicios financieros, así como a la frecuencia con que son utilizados.

  · Protección al consumidor: se refiere a que los productos y servicios financieros se encuentren bajo un marco que garantice como mínimo la transparencia de información, el trato justo y mecanismos efectivos para la atención de quejas y asesoría de los clientes contra prácticas desleales y abusivas.

  · Educación financiera: incluye las aptitudes, habilidades y conocimientos que la población debe adquirir para estar en posibilidad de efectuar un correcto manejo y planeación de sus finanzas personales, para evaluar la oferta de productos y servicios financieros, tomar decisiones acordes a sus intereses y elegir productos que convengan a sus necesidades.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018), la pobreza es una manifestación extrema de las múltiples facetas de la desigualdad, que hasta ahora, es una de las preocupaciones centrales en la agenda de este organismo. La escasez de recursos monetarios para alcanzar un nivel de bienestar compatible con la dignidad humana es una de las formas más temibles en que se presentan las diferencias sociales. A su vez, la elevada desigualdad y la pobreza generan desincentivos para la innovación y la inversión en los países, por lo que, representan una ineficiencia de alto costo en el proceso de desarrollo.

Para superar la pobreza se requiere ir más allá de garantizar niveles mínimos de bienestar como objetivo de las políticas de desarrollo. Se requiere de un modelo de desarrollo basado en un cambio estructural progresivo para la igualdad y la sostenibilidad, en el que las instituciones, las estructuras y las políticas se orienten hacia el cierre de brechas entre grupos, hacia la igualación de oportunidades y la erradicación de la cultura del privilegio (CEPAL, 2018).

En México, la medición oficial de la pobreza la realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), esta permite conocer la situación social de toda población mexicana y el tipo de atención que requiere cada grupo de población. Además, proporciona información relevante para que las políticas públicas de reducción de la pobreza sean más efectivas. Para el CONEVAL (2015), la pobreza se clasifica dependiendo de la cantidad de carencias sociales con las que se vive: (a) rezago educativo, (b) acceso a los servicios de salud, (c) calidad y espacios de la vivienda, (d) acceso a servicios básicos en la vivienda y, (e) acceso a la alimentación. Por otro lado, una mejor calidad de vida se caracteriza por la ausencia de estas carencias.

Demirguc-Kunt y Klapper citados en López Mateo, et al. (2018) afirman que, al no existir inclusión financiera, la población que percibe menores ingresos queda limitada a subsistir con los ahorros e ingresos restantes de su actividad productiva y no tienen opción de realizar inversiones de alto valor, tanto social como económico. Esto limita las posibilidades de formación académica técnica y superior en la población, cancelando la movilidad social y perpetuando las condiciones de pobreza en las zonas rurales. Así mismo, no permite la generación de microemprendimientos, autoempleo y a su vez desarrollo económico para la región. En la zona esto tiene un impacto adicional al ser una región que históricamente tiene altos niveles de migración por falta de oportunidades (INEGI, 2020).

Estudios como el de Mukong y Amadhila (2021) confirman una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la inclusión financiera y el bienestar de los hogares en la población de Namibia. Destacan como factores que impactan al bienestar, la educación, el ingreso y las decisiones financieras.

Cabeza-García, et al., (2019) encontraron que la inclusión financiera en las mujeres reduce la brecha de la inequidad. El estudio que abarca 91 países desarrollados y en desarrollo confirma que la cantidad de mujeres que cuentan con tarjetas de crédito o cuentas de ahorro impactan de manera positiva en el desarrollo económico de la región.

En la India, Churchill y Marisetty (2019) confirmaron un fuerte impacto de la inclusión financiera al disminuir los niveles de pobreza a través de índices como el de probabilidad de pobreza, de carencias en el hogar y la línea de pobreza. Es por ello que la inclusión financiera es considerada como un factor que impulsa la inclusión social, disminuye la pobreza y la inequidad de ingresos en poblaciones vulnerables.

Omar e Inaba (2020) concluyen la existencia de esta relación en una muestra de 116 países, encontrando que esta relación es mayor en las economías en desarrollo.

Koomson, et al., (2020) encontraron que en poblaciones africanas la inclusión financiera reduce la pobreza y la vulnerabilidad hacia la pobreza más en las áreas rurales que en las urbanas. También, Adegbite y Machethe (2020) encontraron que, en Nigeria la falta de equidad de género en la inclusión financiera disminuye el desarrollo sostenible en aspectos tales como acceso a la alimentación, al ingreso, a la productividad, entre otros aspectos.

Se destaca que este tipo de estudios tienen alta presencia en economías como las africanas y la región del indostán, mientras que en Latinoamérica es un área que está en desarrollo, lo cual una oportunidad que se pretende atender con este estudio.

La pobreza crea un entorno negativo para la inclusión, ya que representa la falta de capacidad de un país para lograr un desarrollo en el sistema financiero sostenible y de alto impacto. De acuerdo con la medición de la pobreza durante diez años del CONEVAL (2019), es un problema persistente, puesto que entre 2008 y 2018 el número de personas en situación de pobreza se incrementó en 2.9 millones, al pasar de 49.5 a 52.4 (+5.85%) millones de personas; aun así, el número de personas en pobreza extrema disminuyó de 12.3 a 9.3 (-24.4%) millones de personas.

Es importante que la política social se dirija de forma efectiva a la población con mayores desventajas económicas y sociales. La política pública debe seguir atendiendo todas las carencias sociales.

El ingreso de las familias y la seguridad social son los dos retos más importantes de las políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza, porque de acuerdo a estos, entre 2010 y 2015 aumentó el porcentaje de personas en pobreza en 1,064 municipios, en tanto que en 1,185 de ellos aumentó el número de personas en situación de pobreza, siendo más aguda en el sureste del país y entre la población de los pueblos indígenas, los adultos mayores, la población con discapacidad y entre los niños, niñas y adolescentes. Además, es preciso abatir las desigualdades territoriales y entre grupos de población, en particular entre las mujeres indígenas que viven en las zonas rurales.

Al respecto de lo aquí abordado, los autores asumen que existe evidencia empírica para afirmar que la inclusión financiera tiene un impacto positivo en los niveles de bienestar social y para reducir la pobreza (Cabeza-García, et al., 2019; Churchill y Marisetty, 2019; Mukong y Amadhila, 2021; Omar e Inaba, 2020). También que dicha relación, al ser un fenómeno social, cultural y económico, tiene una composición multifactorial. Se considera que la medición de la inclusión financiera y de la calidad de vida, como manifestación del bienestar social, se pueden analizar y medir a través de las dimensiones que se muestran en la figura 1. Asímismo, que existen varios elementos en el contexto que deben considerarse en un modelo que trate de representar la relación teórica estudiada, de acuerdo con la literatura analizada.

Como se observa, se plantea una correlación entre ambas variables dado que la evidencia con que se cuenta no permite al momento realizar que exista una relación de causalidad, aunque es intención de este documento, generar evidencia que permita contribuir a este fin.

Figura 1
Relación teórica de la inclusión financiera, la calidad de vida y variables exógenas

III. METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo cuantitativa, transversal, no experimental y correlacional. El objetivo de la investigación es identificar la posible asociación entre los niveles de inclusión financiera y el nivel de vida -en base a carencias sociales- de los habitantes de la ciudad de Salinas que hacen uso de servicios financieros formales.

La población de la investigación es de 23,282 habitantes mayores de edad del municipio de Salinas de acuerdo con la base de datos de inclusión financiera (CNBV, 2018). La técnica de este muestreo que se usa es no probabilística por conveniencia, esto permite seleccionar aquellos elementos accesibles que acepten ser incluidos (Manterola y Otzen, 2017). El tamaño de la muestra es de 100 personas que puedan acceder y/o utilicen créditos, cuentas de ahorro y ahorros para el retiro. Se utilizó este tamaño de muestra dado que la accesibilidad a los sujetos resultó complicada por la cantidad de personas que no estaban interesadas en participar en el estudio o dijeron no entender el propósito y por lo tanto declinaron a responder. La encuesta fue aplicada durante el mes de octubre y noviembre de 2020.

Se plantea la siguiente hipótesis: La inclusion financiera se asocia con la calidad de vida de los individuos. Para esta investigación se asume a la inclusión financiera como el acceso a productos y servicios financieros útiles y asequibles que satisfagan necesidades de transacciones, pagos, ahorros, créditos y seguros que prestan las sucursales bancarias y corresponsales de manera responsable y sostenible (Citibanamex, 2017). Por su parte, la variable de calidad de vida en base a carencias sociales, se asume como los niveles de las carencias sociales que puede tener una persona en cuanto a rezago educativo, acceso a servicios de salud, serguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación (CONEVAL, 2019). Cabe destacar que no se incluye el indicador ingreso dado que se considera como inductor de los indicadores de carencia social. La definición operacional de las variables se muestra en la tabla 1.

Tabla 1

Operacionalización de las variables de estudio

Para esta investigación se diseñó una encuesta que incluye once ítems para la variable de inclusión financiera y ocho ítems para la variable de calidad de vida, estos fueron distribuidos en preguntas directas y una escala ordinal tipo Likert con valores desde el uno hasta el cinco a saber: nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre. Se consideraron los niveles de 4 y superiores como aceptables. Con esto se mide la frecuencia y niveles de la percepción que existe entre los indicadores. El instrumento incluye también factores sociodemográficos con la intención de identificar posibles asociaciones entre éstos y las variables de estudio. Para medir la consistencia interna del instrumento se utilizó el estadístico Alpha de Cronbach, el cual arrojó un valor de 0.941 para la variable Inclusión Financiera y 0.791 para la variable Calidad de vida en base a carencias sociales, por lo cual se consideraron aceptables. Para el análisis estadístico descriptivo e inferencial se utilizó la aplicación SPSS versión 23.

IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El 70% de los encuestados son mujeres y el 30% hombres, la media de la edad fue de 28.7 años, con una desviación estándar de 10.7 años. Del total de sujetos encuestados el 30% son casados y el 70% solteros. Por otra parte, el 93% residen en el municipio de Salinas y el 7% no radican en el municipio, pero utilizan los servicios financieros en las sucursales bancarias locales. Se encontró mejor disposición en las mujeres y en general en la población joven para responder. Cabe destacar que los programas sociales del Gobierno Federal para alimentación, estudios y para aprender un oficio se distribuyen mediante el sector financiero formal y preferentemente a través de las madres de familia, lo cual explica en parte la presencia de más mujeres en las sucursales bancarias. También, que es más común que sean las personas jóvenes o los hijos de las mayores los que acudan a las sucursales.

A continuación, se presentan los resultados de la variable inclusión financiera que incluyen las dimensiones: acceso y uso, protección del usuario y educación financiera, los resultados se presentan en la figura 2.

Como se observa ninguno de los indicadores alcanza niveles aceptables (de 4 o más), tanto acceso y uso, como protección del usuario presentan un nivel intermedio, mientras que la educación financiera presenta niveles un poco mejores, aunque también insuficientes. Esto pone en evidencia la baja percepción que se tiene acerca de la inclusión financiera cuando se mide desde la percepción del usuario. Es de destacar que la inclusión financiera se ha considerado tradicionalmente -como lo hace actualmente el CONAIF- desde la postura de disponibilidad de infraestuctura y no, como la posibilidad de utilizar los servicios financieros para mejorar las condiciones de vida en los usuarios (Sánchez-Macías, et al., 2018a).

Figura 2.
Dimensiones de la Inclusión financiera

En la figura 3 se observan los indicadores del acceso y uso, los cuales muestran qué tanto son utilizados y no únicamente si existen los servicios disponibles. Como se observa, las cuentas de ahorro son el servicio financiero más utilizado, en parte porque las transferencias que realiza el Gobierno Federal se realizan por este medio y se ha emprendido en el gobierno actual una campaña para bancarizar y entregar de manera directa los apoyos a los beneficiarios. Por otro lado, cabe destacar que el ahorro para el retiro, típicamente concentrado en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) presentan un nivel de uso bajo, lo cual confirma la precaria situación del empleo en la región en la que una buena parte de la oferta laboral es del tipo informal (Martínez Luis, et al., 2018). El crédito está en niveles bajos, considerando su capacidad para la generación del autoempleo es una señal de falta de inclusión. Los seguros también presentan niveles bajos, efecto típico en situaciones de baja inclusión financiera, dado que son percibidos como un lujo y no como una herramienta de previsión indispensable para preservar el patrimonio.

Figura 3.
Acceso y uso

En cuanto a las medidas de protección al usuario, se identifica una baja percepción acerca de los niveles de la regulación, acciones para la defensa del usuario y protección para la seguridad de los usuarios. Esto coincide con el diagnóstico presentado por Gómez Macfarland (2018) quien además considera que no basta la regulación ni los mecanismos jurídicos, sino promover la comprensión, análisis y valoración de la información por parte de los usuarios de manera que esto permita una mejor interiorización en los usuarios y los ponga en posibilidad de ejercer sus derechos (ver figura 4).

Figura 4
Protección del usuario

En cuanto a los niveles de educación financiera, se asumió el enfoque de competencia financiera, el cual se basa en el enfoque crítico que la considera como un medio para generar empoderamiento en el usuario y que le permite, luego, tomar decisiones patrimoniales a su favor y no como un recurso informativo para dar a conocer cláusulas, términos y condiciones de los servicios que ofertan, para luego poder aplicar comisiones, cobros excesivos e intereses moratorios (Sánchez Macías et al., 2018b). En la figura 5 se observa que las dimensiones están lejos de alcanzar niveles adecuados (de 4 en adelante), los conocimientos muestran los niveles más bajos, por su parte las habilidades y actitudes muestran un resultado un poco mejores. En términos generales, la competencia financiera muestra niveles de educación financiera de moderada a baja, consistentes a los encontrados en empresarios de Salinas por Sánchez Macías et al. (2018a).

Figura 5.
Educación financiera

Los resultados de los indicadores de calidad de vida, estudiados con base en los niveles de carencias sociales se presentan en la tabla 2.

Tabla 2

Indicadores de calidad de vida

Un resumen bajo una escala cuantitativa que valora en términos de bajo, medio y alto se presenta en la figura 6. Destaca que el acceso a la vivienda, seguido del acceso a servicios básicos en la vivienda alcanzan los niveles más bajos. Por otro lado el acceso a la alimentación se presenta como el mejor evaluado. Los resultados son razonablemente consistentes con el informe de CONEVAL (2019). Cabe destacar que la muestra estuvo integrado por personas que se encuentran incluidos financieramente, y no únicamente porque exista infraestructura disponible (acceso), sino porque al menos cuentan con un servicio contratado con una institución financiera (uso). Esto evidencia que en esta muestra, la inclusión financiera no influye destacadamente a no padecer carencias sociales y a tener mejor calidad de vida.

Figura 6.
Calidad de vida en base a carencias sociales

En la tabla 3 se muestra un análisis de asociaciones estadísticamente significativas obtenidas a partir de pruebas de hipótesis no paramétricas. Como se observa, la inclusión financiera se relaciona de manera específica con el rezago educativo, a mayor nivel educativo mayores niveles de inclusión financiera. Ser soltera o soltero, así como ser hombre condiciona a tener mayor inclusión financiera que siendo casado o ser mujer.

Tabla 3

Relaciones estadísticamente significativas

En cuanto a la calidad de vida, la ocupación es un factor condicionante, mayores niveles se asocian en cuanto a su magnitud en este orden: empresarios, estudiantes, empleados y desempleados. En cuanto al nivel educativo, a mayor grado de estudios mayor calidad de vida. Evidentemente contar con seguridad social o con casa propia también mostraron ser factores que se relacionan con mejores niveles de calidad de vida. Para identificar la posible relación entre la calidad de vida con base en las carencias sociales se presenta el resultado de la correlación no paramétrica, Rho de Spearman. Se verifican relaciones estadísticamente significativas y directas en todos los casos, sin embargo, también son de una fuerza menor con niveles que van desde los 0.259 hasta 0.347 (ver tabla 4).

Tabla 4

Correlación no paramétrica Rho de Spearman entre Calidad de vida y las dimensiones de la inclusión financiera.

Finalmente se realizó un Análisis de Correlación Canónica (ACC) para perfeccionar la identificación de la asociación entre las variables estudiadas. Se encontró un ajuste apropiado para dos dimensiones con un valor de 1.8162, un 90.81%. Los autovalores de las dimensiones 1 y 2 fueron de 0.914 y 0.906. Así mismo, las pérdidas simples entre las dimensiones están en niveles menores de 0.01 por lo cual, se considera que el modelo tiene un ajuste apropiado, de acuerdo con los parámetros recomendados en la literatura (Badii y Castillo, 2017).

Figura 7
Saturaciones de componentes

Como se observa en la figura 6 ambas dimensiones están dominadas por las carencias sociales. La primera dimensión (eje x) se denominó “Alimentación y Servicios”, la cual es influida mayormente por el acceso a la alimentación y el acceso a servicios básicos en la vivienda. Por otro lado la segunda dimensión (eje y) se denominó “Salud y Seguridad Social” y está influenciada mayormente por el acceso a servicios de salud y los servicios básicos de vivienda. Es de destacar que la variabilidad es explicada en mayor medida por las carencias sociales, mientras que las dimensiones de la inclusión financiera se agrupan al centro del modelo. Esto si bien, no desestima la asociación entre la variable calidad de vida con base a carencias sociales e inclusión financiera, sí establece una distancia en cuanto a la importancia que tuvieron en las respuestas y da indicios de una posible relación de dependencia que requiere análisis posteriores para verificarse.

El aporte al conocimiento de esta investigación se encuentra en la descripción de los niveles de inclusión financiera, la calidad de vida, y su correlación, así como en la identificación de variables exógenas involucradas en esta asociación. Estos resultados aportan a la evidencia empírica existente y además coinciden en lo general con otros estudios citados en este trabajo. El estudio considera el uso del ACC, el cual es un abordaje estadístico alternativo al uso del análisis de regresiones y se considera más apropiado dada la naturaleza cualitativa de las variable estudiadas.

Se confirma también mediante pruebas de hipótesis no paramétricas, como las variables: vivir en zonas rurales, el género, el estado civil y el nivel de ingreso, modifican a las dimensiones de la inclusión financiera y la calidad de vida. Estos resultados se consideran importantes porque confirman la necesidad de la implementación de políticas públicas para mejorar las acciones tendientes al fortalecimiento de la inclusión financiera en contextos rurales de la región altiplano en México. También, establecen el punto de partida para que este estudio pueda aplicarse en otras muestras de otras regiones del país para identificar si los resultados son consistentes.

V. CONCLUSIONES

La importancia de identificar los niveles de inclusión financiera aquí expuestos, es que esta tiene la posiblidad de reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, por lo tanto, inclusive ha sido incluido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015. Según la ENIF (CNBV, 2018) algunos de los factores que inciden en los bajos niveles de inclusión financiera son la informalidad laboral y un nivel bajo de ingresos. Ambos factores se relacionan con la calidad de vida, lo cual coincide con los resultados obtenidos en este trabajo.

Experiencias en pueblos indígenas como la documentada por la Fundación BBVA (2020), evidencian que la inclusión financiera puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los individuos y familias. Por su parte, Martínez-Carrasco Pleite, et al. (2016) mostraron que políticas para incluir a los excluidos en zonas rurales, propician una mejora en sus ingresos, pero que requieren un enfoque de participación y cooperación, de valor compartido y no únicamente una visión orientada a obtener utilidades, que si bien, también son necesarias y alcanzables.

En cuanto a la hipótesis planteada, la inclusión financiera se asocia con la calidad de vida de los individuos, se considera que hay evidencia para aceptarla, sí existe una correlación, directa y estadísticamente significativa; asumiendo que a mejores niveles de calidad de vida se tiende a tener mayores niveles de inclusión financiera. Sin embargo, el ACC si bien mostró un ajuste adecuado entre ambas variables, también revela que las carencias sociales tienen un impacto mayor que la inclusión financiera al explicar el comportamiento de ambas en un único modelo. Esto quiere decir que con esta evidencia, de momento, solo puede afirmarse la correlación, pero aún no una relación de causalidad. Se considera que replicar este estudio en otras poblaciones sería necesario para confirmar lo aquí encontrado. Además se destaca que cuando se analiza la calidad de vida y las dimensiones de la inclusión financiera se encuentra que la educación es el factor en que la fuerza de la correlación es mayor, lo que da cuenta de su relevancia en el modelo presentado. A este respecto, los autores de este trabajo consideran que, si bien las políticas públicas deben establecer las condiciones para mejorar los niveles educativos, también deben incluir contenidos y estrategias que impacten a la inclusión financiera mediante programas educativos específicos. Así mismo, las instituciones educativas -públicas y privadas-, deben considerar de manera urgente en sus planes y programas, desde los niveles básicos, el desarrollo de competencias financieras mediante estrategias didácticas significativas y contextualizadas.

La Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024 (CONAIF, 2020), yendo más allá que su anterior edición, ha establecido como ejes, ya no únicamente el análisis estadístico de la situación actual, sino acciones para atender los factores asociados a la exclusión financiera. Los autores de esta investigación, consideran que una acción que debe ser también implementada es una mejora regulatoria y normativa del Sistema Financiero Mexicano (SFM), con un enfoque integral, es decir, no sólo desde la visión del mercado, sino de las posibilidades para generar bienestar en las mayorías. En México, es indispensable propiciar una auténtica competencia en el sector financiero, el cual la simula y actúa con prácticas de colusión (COFECE 2014; 2018). Esto es fácilmente verificable al comparar los costos del financiamiento y de las comisiones entre las instituciones y observar que las diferencias no son significativas.

Por otro lado, se considera que la evolución de los servicios financieros hacia aquellos basados en las TIC, denominados Fintech, tienen la posibilidad de disminuir costos de operación y permitir disminuir el precio de los servicios, con lo cual se pueden alcanzar mayores niveles de penetración en la sociedad, no solo como infraestructura, sino como potenciador de mejor calidad de vida. En este sentido nuevos emprendimientos sociales tienen la posibilidad de incidir y generar una auténtica competencia en el sector.

VI. REFERENCIAS

Adegbite, O. O. y Machethe, C. L. (2020). Bridging the financial inclusion gender gap in smallholder agriculture in Nigeria: An untapped potential for sustainable development, World Development, 127, 104755, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104755.

Badii, M. H., y Castillo, J. (2017). Análisis de correlación canónica (ACC) e investigación científica. Innovaciones De Negocios, 4(8). https://doi.org/10.29105/rinn4.8-9

Cabeza-García, L., Del Brio, E. B., y Oscanoa-Victorio, M. L. (2019). Female financial inclusion and its impacts on inclusive economic development. Women's Studies International Forum, 77, 102300. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.102300

CEF (2017). Estrategia Nacional de Educación Financiera. México: Comité de Educación Financiera. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254432/Estrategia_Nacional_de_Educaci_n_Financiera.pdf

CEPAL (2018). Medición de la pobreza por ingresos. México: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/publicaciones/44314-medicion-la-pobreza-ingresos-actualizacion-metodologica-resultados#:~:text=Descargar-,publicaci%C3%B3n,-DESCRIPCI%C3%93N

Churchill, S. A. y Marisetty, V. B. (2020). Financial inclusion and poverty: a tale of forty-five thousand households. Applied Economics, 52(16) pp. 1777-1788. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1678732

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