1. INTRODUCCIÓN

En el mundo existe una controversia sobre los índices de criminalidad, este no deja de ser un tema latente, países ricos y pobres se enfrentan diariamente con la violencia en sus territorios y están obligados a llevar a cabo planes eficientes que reduzcan estos niveles. A lo largo de los años muchos países han logrado reducir sus tasas de criminalidad, y no sólo eso, sino también reducir sus niveles de pobreza, desigualdad, e incrementar sus niveles de acceso a servicios básicos para la población aspectos que los hacen destacar como los mejores. Pero hay una región que no logra librarse de los terribles fantasmas de la criminalidad y la violencia siendo la región latinoamericana, y en una situación peor se encuentra Centroamérica. Alrededor del mundo la región centroamericana destaca por ser una de las más violentas pues según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C [CCSPJP] (2019) de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, 47 están ubicadas en el continente americano, 42 específicamente en América Latina y de esas 4 pertenecen a la región centroamericana (p.12).

De una manera específica para Honduras un estudio realizado por Delgadillo y Bezerra (2018) señala que este es uno de los países más violentos de Centroamérica, ubicándose en segundo lugar solo después de El Salvador (p. 23). Con cifras, Dalby y Carranza (2019) confirman lo dicho por Delgadillo y Bezerra en un análisis sobre los homicidios del año 2018 en América Latina observando a Honduras con una tasa de 40 homicidios por cada cien mil habitantes (3,310 asesinatos) siendo ésta la segunda más alta después de una tasa de 51 homicidios por cada cien mil habitantes pertenecientes a El Salvador. Sin embargo, el presupuesto hondureño para defensa ha presentado un aumento del 174 por ciento desde el año 2008 al 2016 (Donadio y Kussrow, 2016, p.168). Las cifras no lucen muy bien para Honduras, aun así, estas sirven para entender cuál es la situación propia y de los demás países en Centroamérica.

Combatir la violencia y criminalidad es uno de los principales objetivos de los gobiernos en cada uno de los países. El problema es que antes de hablar de la seguridad ciudadana se debe hablar de la causa que provoca que este servicio sea una necesidad en la cual los gobiernos invierten tanto dinero. Entender qué lleva a las personas a cometer los delitos y crímenes es un buen paso para comenzar a elaborar políticas públicas. Según Irriadaga y Godoy (1999) hay ciertos factores que se asocian con la violencia y conllevan al individuo a delinquir. Entre los principales se encuentra la pobreza de los hogares urbanos, aunque esto no necesariamente significa que la pobreza es una causa forzosa de la delincuencia, también la tasa de desempleo, desigualdad del ingreso que enmarca la brecha entre los más pobres y los más ricos, un déficit educacional, y el porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan los cuales son más propensos a cometer actos criminales (p.13). Lo más grave de esta ola de criminalidad es que afecta diferentes aspectos, tales como, el desarrollo social y económico pues existe un costo alto para los delitos cometidos. Sumado a esto Álvarez (2007) menciona que la violencia y criminalidad representan “un obstáculo para la consolidación de la gobernabilidad democrática en la región” (par. 4). En una posición completamente opuesta Delgadillo y Villagra (2014) aseguran que lo que Irridiaga y Godoy ven como causa ellos lo consideran más bien consecuencias y es esto lo que lleva a plantear soluciones “cortoplacistas” (p.463).

Son estos y otros hechos los que conducen a cuestionamiento acerca de los gastos en el combate a la criminalidad pues tal como lo menciona FischerBollin (2008) el valor que los ciudadanos permiten al Estado y su sistema político está determinado por la calidad de los servicios que obtienen, estos gracias a sus propias contribuciones, tales como tasas de seguridad, impuestos o precios. En otras palabras, el nivel de satisfacción de la población está determinado por la eficiencia del servicio que reciben y es justamente lo que no ha resultado fácil para los países, pues a lo largo de los años no han logrado que las personas se sientan satisfechas con el servicio de seguridad que reciben. Esto lleva a una sola interrogante ¿es eficiente el gasto público en seguridad en los países de la región centroamericana? Además, es inquietante saber si un mayor gasto determina una mayor eficiencia en el servicio de seguridad ciudadana y de no ser eficientes los gastos, ¿cómo pueden mejorarse? Por tanto, el objetivo principal de este artículo de investigación es determinar si el gasto en seguridad ciudadana es eficiente en los países de la región Centroamericana haciendo un análisis en el tiempo desde el año 2000 hasta el año 2018. Se busca específicamente justificar la implementación de los programas y proyectos en materia de seguridad, determinar si existe relación entre un gasto público mayor garantiza el mejoramiento del servicio en la seguridad ciudadana, y analizar la forma en que los gobiernos pueden incrementar la eficiencia del gasto en materia de seguridad.

Así, la presente investigación es una contribución académica realmente importante y conveniente para la sociedad, que tal vez no soluciona el problema de seguridad en los países objeto de este estudio, pero que seguramente hará reflexionar a más de uno. Con esto, la sociedad tendrá un análisis dedicado al tema y conocerá la eficiencia del gasto público en el sector seguridad, teniendo la oportunidad de ver una comparación entre países mediante un método innovado en el tema de seguridad con un modelo confiable, tal como los datos de panel.

Por último, dado que se cuenta con el recurso humano y financiero, se cuenta con datos confiables de plataformas de organismos certificados a nivel mundial, el tiempo necesario para documentar todos los datos requeridos y el conocimiento obligatorio para tratarlos estadísticamente, esta investigación resulta viable para los autores.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Revisión de Literatura

Uno de los aportes más importantes lo hace Vásquez (2018) con su documento ¿Cuál es el Costo de la Seguridad y la Defensa en Honduras 2002 - 2019? este es un aporte en nombre del personal del Foro Social de Deuda Externa (FOSDEH) brindando un enfoque descriptivo de las estructuras de gabinete de prevención y seguridad, gasto de seguridad y defensa, pero sobre todo la existencia de incidencias delictivas asociados al modelo actual de seguridad y defensa.

En complemento con lo anterior, se relaciona el aporte brindado por Izquierdo, Pessino & Vuletin (2018) en su informe Mejor gasto para mejores vidas, Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos mencionando las exigencias por parte de los ciudadanos de los países latinoamericanos de más y mejores servicios brindados de sus respectivos gobiernos. Mejoras que no dependen precisamente del tamaño de un país o de su productividad sino más bien de una administración eficiente que se ajuste a lo que tiene y sepa convertirlo en resultados duraderos. Para los expertos en general, los países de América Latina no gastan de manera eficiente sus recursos financieros y por medio de un análisis envolvente de datos (DEA por sus siglas en inglés) lo demuestran a lo largo de sus publicaciones.

En paralelo, el aporte brindado por Pino (2011) llamado Gasto público en Seguridad y justicia en Centroamérica describe y analiza el comportamiento de los gastos en el rubro de defensa, seguridad y justicia que realizaron los gobiernos de Centroamérica en el período 2006-2010. Parte del aporte brindado en Los costos económicos de la violencia en Centroamérica, incluye una estimación sobre los costos de la violencia en Centroamérica y utiliza un enfoque contable que abarca todos los costos tangibles directos e indirectos de la violencia (p. 10).

De una forma específica la descripción de González y Posada (2001) en su documento Criminalidad, Violencia y Gasto Público en Defensa, Justicia y Seguridad en Colombia muestra la realidad del sector seguridad en Colombia, el cual, a pesar de recibir más fondos cada año no logra disminuir sus niveles de violencia mediante cifras meta basadas en un Plan Indicativo Sectorial concluyendo que los efectos de la criminalidad son lamentables, toman desprevenidos a los ciudadanos e instituciones y disminuye la certeza de castigo incitando a la continuación de la violencia.

Laura Jaitman también se vuelve parte de esta revisión literaria por sus importantes investigaciones sobre el comportamiento del crimen en América Latina y el Caribe y es precisamente su trabajo “Frontiers in the economis of crime: lessons for Latin America and the Caribbean” publicado en el año 2018 el que hace un profundo análisis de los patrones de criminalidad en la región y que se ve influenciado, al igual que el trabajo de Laverde et al., por la teoría de Gary Becker. Jaitman concluye que hay dos elementos clave para reducir las tasas de criminalidad, entender los mercados marcados por la ilegalidad y la mejora del servicio y la eficiencia del gasto público en seguridad.

2.2. Perspectiva Teórica

lograr los objetivos planteados por el gobierno siendo la seguridad ciudadana uno de los servicios públicos que El objetivo de este trabajo de investigación es entender de una forma general cómo se ejecuta el gasto público y cómo se logra una utilización eficiente en los diferentes aspectos en los que es asignado, esto desde la teoría del sector público, donde para lograr la eficiencia se renuncia a otras cosas.

Contreras (2008) señala que el Estado debe desempeñar ciertas funciones de las cuales debe rendir cuentas a la ciudadanía. Tomando en cuenta conceptos que en los últimos años han cobrado importancia tales como gestión pública, eficiencia, y calidad del gasto analizando sí dichas funciones se están efectuando de manera correcta (p. 4), pues como es lógico, las personas como tributantes se encuentran en el pleno derecho de recibir servicios de calidad y ver sus aportes vueltos obras. El Estado y Gobierno juegan un papel importante, en el año 2015, Ruiz señaló que el gobierno es sobre quien recaen las funciones públicas del poder del Estado, las cuales se distribuyen en una estructura gubernamental para ejercer dicha función (p. 51).

Uno de los elementos importantes que poseen los gobiernos es el gasto público, ya que este posibilita la opción de lograr los objetivos planteados de desarrollo económico, social e institucional de las naciones. Además, contribuye al crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la legitimidad del estado (Machado, 2006, p.2), esto convierte al gasto público en un elemento indispensable de política pública el cual debe asignarse de manera adecuada para compete proporcionar el Estado. El concepto de seguridad es muy amplio, definiéndolo como la ausencia de riesgo en las circunstancias que este concepto se emplee (individual, familiar, social, pública, ciudadana, regional, cultural, etc.). Por eso, la seguridad debe ser uno de los principales pilares que el Estado puede utilizar a su favor para incentivar la inversión, el empleo y crecimiento económico. Sin esta, los ciudadanos no pueden tener la seguridad que requiere el poder circular libremente, sin riesgos, ni temores para desarrollar pacíficamente sus múltiples actividades (Peña, 2012, p.2).

Entendido que la seguridad ciudadana es considerada un bien público. Cabe mencionar, que un bien o servicio público es aquel que, aunque las personas no paguen por él, cualquiera puede consumirlo sin ninguna clase de exclusión ni rivalidad (Parkin, 2010, p. 117). En el 2000, Stiglitz señala que todos resultan beneficiados y podrían salir ganando si la administración del Estado es mejor, eficiente y sensible (p.173) mostrando la importancia de conceptos como eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto público en programas y proyectos. Como lo hace notar, Rueda (2011) menciona que la eficiencia exige una dualidad en donde se puede obtener el máximo de producción de un servicio a partir de una cantidad dada, o minimizar recursos para lograr una determinada producción del servicio; así la eficiencia en seguridad ciudadana indica que a medida se incrementa el gasto público para el combate

de la inseguridad ciudadana disminuirán los actos de criminalidad y violencia en la mayor proporción posible. Los impuestos juegan un papel importante en la administración pública ya que estos representan la sostenibilidad del estado y financiar el gasto público en seguridad.

Daza (2013) refiere que la eficiencia es el intercambio, y la producción constituyen que los servicios pueden mejorar el bienestar de una persona, pero necesariamente deben empeorar el de alguna otra haciendo alusión a la disyuntiva que existe entre la eficiencia y la equidad, pero en referencia al caso de la eficiencia del gasto público centrado en la producción de bienes y servicios. En específico, la seguridad ciudadana y la eficiencia se encuentra cuando se produce de manera eficiente y se logra dar a las personas ese bien que cumple sus expectativas. Cuando sucede el delito entonces la sociedad se siente insatisfecha, y es que cada delito genera daños y costos; daños en la pérdida de bienestar para los ciudadanos y costos que surgen de aumentar los agentes policiales en las calles, o de mantener las cárceles en los países. En complemento, según Pino (2011) las políticas públicas focalizadas en lograr la seguridad efectiva deben ser consistentes con el enfoque del desarrollo humano en generar la diversidad requerida de valores: seguridad efectiva, libre y equitativa. Estas políticas de seguridad se presentan de dos maneras: la primera consiste en una política preventiva la cual tiene como objetivo atacar la causa de los actos delictivos en una nación, la segunda conlleva un enfoque represivo, es decir, que busca castigar por los actos delictivos cometidos o atacarlos. Dentro de las medidas posibles están las siguientes: incremento de oficiales de seguridad, aumento en el número de recintos carcelarios, inversión en tecnología, formación a los agentes de seguridad, entre otras.

3. METODOLOGÍA

Con los datos recolectados y obtenidos de las diferentes instituciones concernientes al tema de investigación bajo una serie de tiempo definida se busca probar que “el gasto en seguridad ciudadana es eficiente en los países de la región Centroamericana” haciendo un análisis desde el año 2000 hasta el 2018 a través de una medición numérica y con análisis estadístico. Esta investigación plantea claramente un enfoque cuantitativo permitiendo denotar la naturaleza de la realidad social referente al tema de seguridad ciudadana.

Esta investigación es no experimental con un diseño longitudinal basado en el análisis de las variables sin que sean manipuladas permitiendo ver su comportamiento en un entorno natural. Se efectuó una revisión literaria para identificar la mejor alternativa de abordaje a la problemática y así realizar de la mejor manera posible la estimación en donde se concluya, en base a la hipótesis, si el gasto público en seguridad es eficiente en la región centroamericana.

La base de datos se conforma por datos anuales de las siguientes variables: tasa de homicidios, el índice de Gini, la tasa de desempleo, gasto militar como porcentaje del PIB, el personal de fuerzas armadas, el gasto en el sector seguridad, y el PIB de los países centroamericanos en un periodo comprendido entre 2000 y 2018 constituyéndose en un panel de datos mixto de serie temporal y corte longitudinal, se utilizó un formato Long en donde las columnas tienen cada una de las variables objeto de análisis y en la filas se recogen los individuos en los distintos periodos de tiempo, se añadió la columna año y país para identificar el periodo y los individuos en la base de datos.

Entre las ventajas que motivó el uso de la técnica de Datos de Panel se encuentra que permite elaborar y probar modelos relativamente complejos de comportamiento en comparación con los análisis de series de tiempo y de corte transversal siendo lo idóneo para medir la eficiencia en la que incurre el gasto público en materia de seguridad en la sociedad hondureña y en Centroamérica. Esta técnica permitirá conocer y analizar el conjunto de datos de cada país centroamericano en el tiempo de estudio conociendo los efectos individuales que estos representan.

Se utilizó como variable dependiente la tasa de homicidios como cálculo de los hechos cometidos en resultados de conflictos internos, violencia interpersonal, conflictos violentos por la tierra o sus recursos, violencia entre pandillas por el territorio o el control, y asesinatos y violencia. En la serie de años comprendida entre el año 2000 al 2018. Se restringió en el modelo las variables de lesiones personales, hurto a personas, a establecimientos, residencias y vehículos debido a la falta de completitud de los datos de estos indicadores y así se pudo realizar estimaciones más eficientes, insesgadas y consistentes. Si bien, la tasa de homicidios no es la única variable determinante de la eficiencia es la más observada en este tipo de análisis y sumando la situación de escasez de datos también resulta ser la más conveniente, pues es la variable con las series más completas en las plataformas institucionales consultadas. Para autores como Laura Jaitman, Álvarez o González y Posada, la tasa de homicidios determina la situación en que se encuentra un país respecto a la seguridad ciudadana.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El Salvador presentó la mayor tasa de homicidios, en el año 2015, con 105.4 homicidios por cada cien mil habitantes y Costa Rica la más baja de la región con 6.3 homicidios por cada cien mil habitantes. Es interesante destacar que Panamá, Costa Rica y Nicaragua presentaron las tasas más bajas de la región sin alcanzar los 20 homicidios por cada cien mil habitantes en la serie estudiada. En cambio, Guatemala, El Salvador, y Honduras se mantuvieron en un rango dentro del 24.9 y 105.4 homicidios, siendo Guatemala quien presentó menores índices de homicidios entre los países del triángulo norte centroamericano. La muestra de los datos refleja que El Salvador posee la media más alta con 62.16 homicidios por cada cien mil habitantes, seguido por Honduras con 57.81, y Costa Rica posee la tasa más baja con 9.34 homicidios por cada cien mil habitantes (Ver figura1).

En cambio, relacionándolo con el tiempo la serie muestra que la media de la tasa de homicidios ha oscilado entre 20 y 40 homicidios por cada cien mil habitantes en el periodo de tiempo estudiado mostrando una mayor homogeneidad en la media a través de los años siendo el 2011 el que presenta el pico más alto con 38.58 homicidios por cada cien mil habitantes y el 2018 presenta la media más baja con 24.33 homicidios por cada cien mil habitantes.

Como variable explicativa el índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos y hogares se distribuye equitativamente el desempleo como la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo, la pobreza entendiéndola como la cantidad de personas que viven con menos de 2.5 dólares de ingreso diario, el PIB como el máximo exponente del crecimiento económico. Además, como variable explicativa se tomaron los gastos de los diferentes Gabinetes Sectoriales de Seguridad y Defensa de los países centroamericanos donde Guatemala es quien más ha asignado presupuesto al sector seguridad en la región destinando un máximo de $984,748,926 en el año 2018, El Salvador siendo quien menos asignación presupuestaria ha destinado a dicho sector con un mínimo de $70,442,788 en el año 2016. Honduras, El Salvador y Panamá no han mantenido una política presupuestaria constante en el sector. Lo que sí ocurre en Costa Rica y Guatemala se ha incrementado el gasto público en la serie de años estudiados, por lo cual, Guatemala representa un 47.67% respecto al gasto total de la región, Honduras un 21.54%, El Salvador un 3.08%, Costa Rica un 15.53% y Panamá un 12.16% (Ver figura 2).

Figura 1
Resultado del Y_mean en stata con base a la tasa de homicidios
Fuente: elaboración propia

Figura 2
El gasto en seguridad ciudadana como porcentaje del gasto total
Fuente: elaboración propia

Ahora tomando en consideración un análisis individual de cada país se observa en la figura 3 cuanto fue el gasto en defensa como porcentaje del PIB en los últimos cinco años (2013-2018).

Figura 3
El gasto en defensa y seguridad expresado como porcentaje del PIB
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de las diferentes instituciones financieras de cada país

Honduras ha sido el país que ha realizado más gastos en defensa (en relación con el PIB) en comparación a los demás países de la región y muestra un importante cambio en la relación a partir del año 2015. Este comportamiento responde a la aplicación de una serie de medidas orientadas a “reforzar” programas de seguridad ciudadana, destinando montos para la compra y mantenimiento de equipos, vehículos, uniformes, entro otros para fortalecimiento operacional y logístico de la policía nacional anualmente. En una situación diferente se encuentra El Salvador país que mantiene un gasto relativamente constante a lo largo de los años y que destina la mayoría de ese presupuesto a la Policía Nacional Civil.

Analizar los gastos desde distintas perspectivas resulta interesante, debido a las diferentes situaciones cambiantes, Guatemala es quien más presupuesto destina de acuerdo con su gasto total en relación con el gasto en defensa/PIB viéndose superada notablemente por Honduras. Estas situaciones son las que vuelven complejas determinar la eficiencia de los gastos públicos a simple vista aspectos que podrán visualizarse en la figura 4.

De acuerdo con los resultados obtenidos y tomando el 2014 como base de este análisis, podemos observar que la cantidad de dinero ($) del presupuesto destinada al sector o gabinete de seguridad muestra que no necesariamente gastar más, es garantía de obtención de mejores resultados, Costa Rica con $349, 619,941 obtuvo una eficiencia del 77.98% la segunda más alta en la región a partir del 2008 aún cuando es el segundo país que menos invierte en defensa. El tercero que menos invierte en seguridad ciudadana. El Salvador con $61,197,066 obtuvo una eficiencia de 62.76%, Guatemala con $881,853,041 obtuvo una eficiencia del 53.04% y por último Honduras con $405,782,661 obtuvo una eficiencia del 49.02%, esto a pesar de ser el segundo país que más invierte en seguridad y el que más invierte en defensa nacional respecto al PIB.

Los datos permiten afirmar que la asignación presupuestaria de las instituciones encargadas de brindar seguridad, defensa y justicia experimenta aumentos año tras año. Actualmente la atención se centra en que los gastos se efectúen de una forma eficiente y esto se logra con una administración que también sea eficiente. La mayoría de los resultados obtenidos en este modelo concuerdan con los resultados de Izquierdo, Jaitman, Pessino, y Vuletin con la única diferencia en los valores de Honduras y El Salvador. Sin embargo, algo no cambia y son los países del triángulo norte los que se encuentran en las posiciones más bajas en comparación con Costa Rica y Panamá quienes lideran los porcentajes más altos. Además, coinciden con los análisis de Jaitman en las relaciones entre variables.

Figura 4
Eficiencia por países 2000-2018
Fuente: elaboración propia

Es controversial saber que Guatemala, El Salvador y Honduras siempre mantienen altas tasas de criminalidad a pesar de los esfuerzos ejercidos para reducirlas. ¿Qué evita el desarrollo de estos países?, una interrogante interesante, no se puede denunciar una ubicación en desventaja o menores oportunidades, o menor posesión de tecnología, o quizás menor conocimiento de procesos fundamentales de producción que pudieran llevar a los países al desarrollo. Es más, una situación de conveniencia para algunos y una disparidad en las técnicas de erradicación de la violencia y criminalidad.

Los resultados demuestran que si bien muchos comportamientos han mejorado en los países aún no se encuentran en los niveles deseables o máximos, aunque quizá esto sea demasiado ambicioso. La región aún tiene obstáculos por superar y se requiere de una visión realista y objetiva que plantee las mejores medidas.

El motivo de estas diferencias en los resultados observados y niveles máximos se mantiene desconocido, a pesar de ser un tema ampliamente estudiado no hay un motivo establecido como único. Izquierdo, Pessino y Vuletin (2018) mencionan algunas causas de la ineficiencia: poca cualificación de los trabajadores estatales para llevar a cabo buenas gestiones, sumándole gastos que más que una inversión son una fuga de dinero pues no lleva a soluciones permanentes. También, Barro (1990) citado por Albis & Castellon (2013) decía que el gasto público se vuelve menos productivo a medida que la ratio del gasto del gobierno aumenta. Son más eficientes los gastos limitados, organizados y adecuados realmente a las necesidades de cada país para poder atacar de frente a las causas del problema que los altos gastos. En la opinión de Jaitman (2018) la falta de interacción entre la comunidad y los policías es una causa para un servicio ineficiente, pues de existir la misma, sería posible que se unan esfuerzos y se identifiquen las causas de la violencia y del crimen como tal. Esta visión ya se vuelve menos técnica y así se suman muchos puntos de vista que sugieren diferentes causas pero que no logran plantear una solución concreta. La realidad es que ningún análisis, de ningún autor, se puede desmeritar, ya que tratan de exponer una búsqueda de causas que pueden lograr algún resultado. Los países del triángulo norte han adoptado la versión “mano dura” contra la delincuencia, los demás países han optado por una mejora íntegra del ser humano fundamentando primero la educación y el valor de la libertad de la persona, y sin duda ha funcionado. Quizá sea el momento de buscar nuevas alternativas para tratar los problemas de violencia y criminalidad en nuestros países.

5. CONCLUSIONES

El presente texto fue un recorrido por la situación de los países centroamericanos respecto a la seguridad ciudadana y sobre todo respecto a la eficiencia del gasto público en la misma. El delito tiene un impacto fuerte en los países, pero la situación se torna más difícil al echar un breve vistazo a la situación de cada país y entender que hay más que problemas de seguridad ciudadana a los que se enfrenta cada uno. En base a los resultados obtenidos se concluye que en los países que conforman la región centroamericana el gasto en seguridad ciudadana que se incurren aún no ha sido determinante para lograr una máxima eficiencia. Durante el período analizado específicamente en Costa Rica y Panamá presentaron una eficiencia mayor a la media. En términos relativos, estos países son los dos más eficientes de la región. El Salvador a pesar de tener una de las tasas más altas de homicidios es el tercer país con mejores índices de eficiencia seguidos por Guatemala y Honduras que presentan los índices más bajos de eficiencia en el gasto en seguridad ciudadana. Con este panorama resulta fácil afirmar que un mayor gasto no es indicador de una mayor eficiencia. Se requiere de medidas más estructuradas como evaluar las políticas establecidas por cada país que puedan dar pistas del por qué se dan estas diferencias entre los países, y sin duda alguna, lo mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador es seguir de cerca los casos de éxito e intentar implementar las acciones más convenientes que ayuden a aumentar su eficiencia para años futuros.

De forma particular cada país de Centroamérica implementa diversas políticas, proyectos o programas para hacer frente a la inseguridad mientras algunos optaron por combatir el problema desde las bases haciendo frente a las causas estructurales que originan el problema, otros optan por enfrentar el problema hasta que ya se ha cometido el crimen fomentando el castigo o consecuencias ante dichos actos. No se puede asegurar que una u otra forma de enfrentar la delincuencia determinen directamente la eficiencia, pero dado que hay variedad de medidas y también de resultados se vuelve sumamente importante detenerse y evaluar cada escenario, buscar las relaciones entre el castigo y los cambios de comportamiento en el delito, y determinar si las que cada uno aplica son las más adecuadas.

Para algunos países de la región gastar más en seguridad ciudadana les permite obtener buenos resultados para otros no sucede de la misma manera debido a que aún no han aprendido a invertir, sino a gastar. Los resultados de evaluar cuánto se gasta y qué se logra no siempre son iguales para todos los países, por lo que cada uno debe ser consciente de su situación y plantear soluciones ajustadas a la realidad. Luego de analizar los datos y generar los elementos visuales necesarios queda determinado que un mayor gasto no implica una mayor eficiencia en cuanto a seguridad ciudadana.

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Información adicional

JEL: : D69, H56

Enlace alternativo

https://www.lamjol.info/index.php/EyA/article/view/10518 (html)