FRENTE A LA ENCRUCIJADA DE LAS ETIQUETAS POLÍTICAS. EDITORIAL COSTA RICA, ESTADO E INTELECTUALES (1959-1987)

Este artículo estudia la Editorial Costa Rica -en adelante, ECR o Editorial- como un espacio de poder cultural. Proponemos que la Editorial y sus publicaciones se convirtieron en sitios de lucha entre intelectuales.

Conceptualizamos su papel de esta manera porque la institución se creó sobre los cimientos del Estado Benefactor, el cual al ofrecer condiciones favorables de subvención la perfiló como el principal ente de promoción de la literatura. Por momentos, esta situación desencadenó disputas por el acceso a sus puestos y a sus programas de publicaciones. Y por otros, las divisiones políticas heredadas del conflicto de 1948 y el contexto global de polarización ideológica, canalizaron los debates hacia la función política de la Editorial y el alcance de sus publicaciones en el público lector.

A partir de entonces, sostenemos, los motores de lucha entre intelectuales tuvieron tres dimensiones. La primera giró en torno a la asignación de recursos estatales y a la oportunidad, con ello, de cubrir el costo total del libro. La segunda se vinculó con la legitimidad literaria otorgada por la institución y las posibilidades de dar a conocer las creaciones artísticas a través de un canal oficial del Estado. Finalmente, la tercera se relacionó con la afinidad ideológica de los autores y autoras, y las consecuencias para la Editorial de publicar sus obras.

El trabajo inicia con el análisis de la creación de la Editorial en 1959 y concluye con su crisis económica en 1987. Un período que se vincula, respectivamente, con la implementación y el agotamiento de las políticas culturales del proyecto socialdemócrata. A través de fuentes como el proyecto de ley, las actas institucionales y los artículos de prensa, estudiamos desde la Editorial las limitaciones de este modelo de Estado y las principales discusiones ideológicas de las décadas filtradas en la aprobación -o no- de sus publicaciones.

El análisis del tema se aborda en cuatro apartados. En el primero de ellos, se realiza un balance de las principales investigaciones relacionadas con nuestro objeto de estudio. Desde estos enfoques, la Editorial solo se consideró como una institución administrativa y emblemática. Fueron los estudios en historia y literatura los que visibilizaron, brevemente, el proyecto político de la Editorial. Por ello, en el segundo apartado, se contextualiza su proceso de creación y su representatividad en el medio nacional. En la tercera sección, se explica la manera en que los debates políticos de la esfera pública se trasladaron al Consejo Directivo. Estas discusiones se analizan a través de la publicación de tres casos: las obras de Carlos Luis Fallas y los escritores de izquierda, las tesis políticas de Carlos Araya Pochet y Óscar Aguilar Bulgarelli, y los tomos sobre el pensamiento político costarricense. Finalmente, en el cuarto apartado se estudia el surgimiento de una serie de dependencias del Estado y nuevas editoriales que amenazaron el mercado nacional de publicaciones y presionaron la capacidad de respuesta de la Editorial para la comercialización de obras.

Los estudios de la Editorial Costa Rica surgieron en la década de 1990. Esta tendencia se pudo explicar por la crisis económica de la institución sufrida en los años 1986-1987¹ y el interés de las investigaciones por analizar sus razones. En el marco de este contexto, los estudios visibilizaron la relevancia del tema. Desde distintos enfoques, coincidieron en que la importancia de este objeto de estudio fue el carácter estatal de la Editorial y los beneficios que esta condición otorgó a la literatura al cubrir el costo total de la producción del libro.

Así, por ejemplo, los estudios de Manuel Hernández y Guillermo Zamora se enfocaron en el funcionamiento financiero de la Editorial en los noventas.² Con base en un enfoque administrativo, encontraron las causas de la crisis en las inconsistentes políticas de planificación y mercadeo, la dependencia a la subvención del Estado, el aumento en la planilla y las deudas. A pesar de sus hallazgos, los trabajos solo ofrecieron una evaluación organizacional a corto plazo y se concentraron en una lista de recomendaciones para repensar las posibilidades de sobrevivencia empresarial en la industria editorial.

La Editorial volvió a capturar la atención desde un enfoque conmemorativo. A las explicaciones administrativas se les sumó una nueva perspectiva focalizada en la institución como un aporte a la educación y la “cultura nacional”. Des- de este planteamiento, la Editorial se exaltó por su promoción artística, su rescate a la literatura, sus actos de entrega de libros, sus certámenes y colecciones especiales.³ Sin embargo, estos trabajos solo contribuyeron con descripciones breves, por lo general, con intenciones de reivindicar a sus personajes fundadores, sus aniversarios y su prestancia en el medio cultural.

En este recorrido por las principales investigaciones, fueron los trabajos producidos en historia y literatura los que aportaron un enfoque crítico. De esta manera, para Arturo Arias en el contexto centroamericano de 1945-1970, se per- filó como “la primera editorial nacional centroamericana” y uno de los ejemplos por institucionalizar la cultura.⁴ Desde la perspectiva de Rafael Cuevas, representó la necesidad de atender la demanda del sector intelectual y cooptar a los intelectuales de izquierda al proyecto socialdemócrata.⁵ Según Magda Zavala, en el marco de la posguerra centroamericana y la globalización, contribuyó con la creación del canon literario y controló la selección de obras a través de cúpulas de escritores posicionados en la institución.⁶ Y para Carlos Cortés, como parte del proyecto cultural socialdemócrata consagró una literatura nacionalista siguiendo los valores liberales del siglo XIX -realismo, nacionalismo y paternalismo-.⁷ A pesar de estos sugerentes puntos de vista, no profundizaron en sus ideas ni ofrecieron una reflexión a largo plazo, con pruebas o ejemplos, para sostener sus señalamientos.

En el balance anterior sistematizamos los estudios más próximos al objeto de estudio. En esencia, brindaron recomendaciones administrativas para superar la crisis; descripciones conmemorativas para destacar los logros y cuestionamientos exploratorios para evidenciar intencionalidades políticas. Nuestra pro- puesta, en cambio, entiende la Editorial y sus publicaciones como espacios de pugna entre intelectuales. Sostenemos que, en distintos momentos de su historia, la institución y sus productos se convirtieron en sedes de lucha ideológica y disputas por la obtención de sus recursos. Partimos de su proyecto fundacional para comprender la representatividad de la institución en el medio nacional. Luego, nos trasladamos a los debates generados por el contenido de las obras, discusiones comprendidas a luz de las divisiones políticas del conflicto del 48. Y concluimos estas pugnas, con la amenaza gestada por otras entidades para absorber sus beneficios estatales y competir en el mercado nacional de publicaciones.

La creación de la ECR involucró dos fechas claves y un personaje central.⁸ Según el intelectual socialdemócrata Alberto Cañas, en 1955 se llevó a cabo una reunión de escritores y editores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta oportunidad, Fernando Volio expuso una serie de solicitudes enviadas por diplomáticos residentes fuera del país. Entre sus demandas, expresaron la necesi- dad de contar con información impresa sobre Costa Rica para divulgar en el exte- rior.⁹ A raíz de esta situación, la reunión de intelectuales derivó en una comisión encargada de formular el proyecto editorial.¹⁰ Una vez concluida la redacción de los lineamientos generales de operación, Volio en calidad de diputado trasladó la propuesta a la Asamblea Legislativa, aprobada finalmente en 1958 y publicada como Ley No. 2.366 el 10 de junio de 1959.

Así planteado, el proyecto de ley fue bien recibido en el plenario. El principal inconveniente, recuerda Cañas, fue el seguimiento político del anteproyecto en la Asamblea desde su formulación en 1955-1956 hasta su ratificación oficial en 1958-1959.¹¹ No obstante, en su proceso de creación confluyeron dos formas de comprender la existencia editorial y la producción artística. Por un lado, una versión sostuvo que “nosotros no podemos presumir de un buen poeta, de un buen pintor, ni de un buen músico, ni de un buen escultor”.¹² Según este punto de vista, Costa Rica destacaba por el ingenio en la actividad política y no en la creación artística. Motivo suficiente para respaldar ahora este renovado movimiento en el campo de las letras. Por el contrario, otra perspectiva justificaba la urgencia de un canal para “hacer llegar a conocimiento del público la existencia, la realidad y la calidad” de las obras costarricenses. De esta manera, se revelarían las “facultades creadoras” de los escritores y escritoras nacionales, enorgulleciendo al país con “altos valores estéticos y espirituales”.¹³

El hito fundacional de la Editorial en el fondo revistió antiguas mitificaciones de la historia costarricense. Para un lado, partió de una demanda internacional y de la posibilidad de proyectar la “cultura nacional” impresa al exterior.¹⁴ Desde esta línea, retomaba la concepción política, habitual a finales del siglo XIX,¹⁵ de fundamentar las instituciones culturales con el argumento de exponer y difundir la imagen nacional. Condición identificada, incluso en una fecha tardía como 1985. Para entonces, el presidente Luis Alberto Monge, con la urgencia de anunciar la posición de Costa Rica frente al conflicto centroamericano, comunicó a la ECR la disponibilidad de financiamiento para la publicación expedita de La neutralidad y la paz, obra que hacía constatar el “desarrollo de esta institu- ción jurídica en la vida política de la nación”.¹⁶

Por otro lado, el hito fundacional implicó el reconocimiento público y la revalorización de la producción literaria. Este acto condujo a romper con la percepción de la pobreza artística, la inexistencia de una “tradición”, la “pequeñez de nuestro ambiente” y la “vida pueblerina”; según la crítica, limitantes del genio creador.¹⁷ No obstante estas reconceptualizaciones, la fundación de la ECR también reveló el comportamiento del público lector; puesto que la preocupación por abrir un espacio especializado para la edición, publicación y circulación de material literario se concretaría hasta 1960,¹⁸ trasladando la interrogante de quiénes serían los sujetos productores de las obras a quiénes serían las personas consumidoras.

La relevancia de la Editoral y de su proyecto institucional se asoció a tres razones principales. En primer lugar, el capital económico fue suministrado por la subvención estatal, las deducciones del impuesto de renta, la ley de marcas y las utilidades de la venta de ediciones. Por tanto, la institución financió en su totalidad los derechos de autor, el costo y la publicidad de los libros. En segundo lugar, el Consejo Directivo conformó comités de lectura de tres personas para evaluar las obras.¹⁹ Esto significó la asignación de dietas por evaluación o edición; y de acuerdo con los informes, la aprobación inmediata del libro, sin pasar por otra instancia de intermediación.²⁰Finalmente, la ECR organizó sus escritos en las colecciones Colibrí, Nuestros clásicos, Clásicos de la literatura universal, Biblioteca Patria y otorgó premios como Carmen Lyra -1972-, Editorial Costa Rica -1972- y Joven Creación -1976-.²¹

El proyecto editorial formó parte de un conjunto de instituciones en la gestión del arte y la literatura. También era la época de los Premios Nacionales

-1961-, la Dirección General de Artes y Letras -1963-, posteriormente Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD) -1971- y sus adscritos en cine,

teatro, música, danza, entre otros. A pesar de este nacimiento dentro de la política cultural del Estado, la ECR encargada de “lo más selecto de las letras nacionales”,²² tuvo que rendir cuentas de sus publicaciones. Como veremos a continuación, los debates políticos se filtraron en las decisiones intelectuales del Consejo y en la manera de valorar la labor de la entidad en la prensa.

Desde su puesta en marcha en la década de 1960, la labor de la ECR se sometió al escrutinio público. Aparte de las inconformidades en el funcionamiento administrativo señaladas por la Contraloría General de la República,²³ la institución se enfrenó a la encrucijada de las etiquetas políticas. La necesidad de esclarecer el posicionamiento editorial devino en una constante fuerza tensora, fuera y dentro del Consejo Directivo. Para entonces, la preocupación se centró en la afinidad ideológica de quienes poseían cuotas de participación en la Editorial, y en la posible influencia ejercida para la selección y publicación de las obras.

Sin negar el contexto global de polarización, los siguientes tres casos reflejaron que las diferencias políticas del conflicto armado de 1948 traspasaron las décadas. El primer caso representa el discurso anticomunista, detectado desde la aparición del Partido en las campañas de 1930-1940, pero intensificado con los (des)acuerdos posteriores al enfrentamiento civil. En ese sentido, hacia las décadas de 1960-1970 la ECR tuvo que justificar ante la opinión pública la publicación de Carlos Luis Fallas y los escritores comunistas; así como las estrategias empleadas para impermeabilizar a la institución del avance comunista.

El segundo caso retoma la problemática de revisitar el conflicto desde la investigación histórica. Las tesis de Carlos Araya Pochet y Óscar Aguilar Bulgarelli sentaron sobre la mesa de discusión las consecuencias de publicar las memorias del 48. Este debate se centró en la búsqueda de “la verdad histórica” de los hechos y en los posibles efectos emocionales del recuerdo. Todo ello se llevó a cabo en un período próximo a la campaña electoral de 1970, la cual postularía a uno de principales protagonistas del 48, José Figueres, a la administración presidencial por tercera vez.

El tercer caso aborda el intento por conformar una colección sobre el pensamiento político costarricense. Las corrientes ideológicas se definieron única- mente desde dos tendencias: la socialdemocracia y el socialismo-marxista. Las apelaciones del editor, Joaquín Gutiérrez, revelaron el posible uso político de las publicaciones, ya fuera como medio de propaganda o de desprestigio. El segundo tomo, sobre todo, sucintó el desvelo del editor por las posibles interpretaciones del público de Manuel Mora, otro protagonista del 48, que para la década de 1980 entró en polémica por la separación de su partido.

En este escenario general entenderemos las discusiones del Consejo. En distintas décadas, los grupos directivos se cuestionaron ¿qué obras debían reconocer de un escritor?, ¿cuáles implicaciones traería consigo? y, ¿cómo esclarecer la “neutralidad” de la institución en medio de estos contextos? Fueron las creaciones de Carlos Luis Fallas y los escritores comunistas, las tesis sobre historia política de Carlos Araya Pochet y Óscar Aguilar Bulgarelli, así como los autores de la colección sobre el pensamiento político costarricense, quienes avivaron estas interrogantes.

El autor Manuel Gamboa sostiene que el discurso anticomunista se empleó como una herramienta para desacreditar al adversario político e infundir un temor irracional en la población. Gamboa argumenta que el recuerdo del 48 en la prensa responsabilizó a la izquierda de las consecuencias políticas y humanas, presentándola ante la opinión pública como una corriente fuera de los principios constitucionales. El comunista, aunque no se tuviera precisión del concepto, re- presentó al “enemigo de la república”, el “peligro extranjero” a la soberanía y la “amenaza al sistema democrático”.²⁴

Dentro de este contexto de alarma sobrevino el debate de hasta qué punto “la Editorial del Estado” se transformaría en un instrumento de reproducción comunista. Este órgano, llamado a publicar “nuestros intelectuales”, era peli- grosamente rondado, por “elementos” como Carlos Luis Fallas. El argumento se fundamentó en el acceso a puestos, “oficiales o semioficiales”, desde los cuales se brindaban las “magníficas condiciones para realizar su propaganda”. Y fue insistente al considerar “que un Estado que tiene colocado al comunismo fuera de ley, les facilite a dirigentes de ese mismo partido nada menos que la dirección de la única editorial nacional”.²⁵

El temor se originó por el nombramiento de la primera Asamblea de Auto- res. En estos años, la Asamblea funcionó como una agrupación de artistas nacionales encargada de nombrar al Consejo Directivo. Aunque Fallas estuvo en otras convocatorias, como en el grupo de escritores que apoyaron el anteproyecto de ley de la Editorial,²⁶ su participación en esta asamblea fue mucho más cuestionada. Quizá el estatuto de organización de la Asamblea y el puesto de tesorero,²⁷ parecían asignarle a Fallas un poder político y oficial en la toma de decisiones de una institución del Estado. La situación anterior desencadenó una alarma en la prensa, perturbada por corroborar la noticia y visibilizar las secuelas de esta participación. Incluso, la representatividad del suceso alcanzó la década de 1990 cuando Cuevas acudió al hecho para explicar la cooptación de intelectuales comunistas al proyecto socialdemócrata.²⁸

A pesar de la reacción en la opinión pública y el planteamiento de Cuevas, sostenemos que la Editorial tuvo una reacción comedida en sus primeros años con el “caso Fallas”. Para empezar, el intelectual nunca formó parte del Consejo ni de las visitas de escritores; participación que sí tuvo, por ejemplo, Jorge De- bravo, Fabián Dobles y Joaquín Gutiérrez.²⁹ Además, ante la muerte de Calufa en 1966, el Consejo solo acordó el pago de los derechos de autor por Mi madrina y Tres cuentos; ya que “sería interesante saber cuánto le ha pagado el Partido Comunista por los derechos de la edición de Mamita Yunai”;³⁰ novela incorporada al programa de publicaciones hasta 1987.

La receptividad de la obra de Fallas develó, desde luego, los cambios generacionales y políticos en la dirección editorial. Un Consejo que, en sus años iniciales, albergó el rechazo de Mamita Yunai por parte de Marcelino Antich, posiblemente explicado por la inspiración autobiográfica de la obra y el protagonismo del escritor en la contienda civil del 48; y que, además, experimentó el desacuerdo conservador de Lilia Ramos en emitir las condolencias de la muerte del escritor. Consejo que, posteriormente, con la dirección de Alfonso Chase declaró las obras de Fallas “patrimonio de la Editorial”³¹ y con la gestión de Vladimir de la Cruz, respaldó el acercamiento a los mercados socialistas interesados en autores como Calufa, Joaquín Gutiérrez, Fabián Dobles y Alfredo Cardona Peña.³²

Al mismo tiempo, el “caso Fallas” permitió inferir las percepciones generales sobre los “otros” escritores comunistas. De alguna manera, Joaquín Gutiérrez, se enmarcó como el clásico de la literatura limonense e infantil, principalmente con Cocorí, Manglar, Puerto Limón y Murámonos, Federico. Fabián Dobles, figuró como el retratista del agro costarricense, de rostro campesino y ambiente aldeano, con Ese que llaman pueblo, El sitio de las abras e Historias de Tata Mundo. Y Jorge Debravo, era recordado como el poeta humanista, con quien la Editorial asumió un “compromiso moral”³³ de publicación y llegó a aprobar la edición de cinco de sus obras en un mismo año.³⁴

En estos términos, planteamos que la aceptación de este grupo de escritores y el reconocimiento parcializado de las obras de Fallas³⁵ se vincularon con la lectura oficializada de sus creaciones. Las obras se leyeron según los esquemas de la literatura realista validada en la época; una estética interpretada como la expresión de la “idiosincrasia costarricense”, la reproducción de imágenes nacionalistas y el “reflejo” de una realidad tradicionalmente relacionada con la angustia social.³⁶ Según Jorge Valdeperas, incluso, el realismo poco crítico de algunos escritores de izquierda -Fallas, Dobles, Herrera y Gutiérrez- facilitó su inclusión en la literatura nacional, pues no representaron una amenaza política a los “viejos valores liberales”.³⁷ Estas obras, asimismo, por su venta asegurada, se incorporaron en las listas de prioridades para enfrentar la crisis de 1987.³⁸

La ECR encontró tres maneras para argumentar la inclusión de estos intelectuales a sus programas de publicación. En primer lugar, los escritores se justificaron por sus “grandes méritos” en la “literatura nacional”, valor previamente

legitimado por otras instancias como los Premios Nacionales.³⁹ En segundo lugar, el Consejo remarcó que ninguna de las obras “se publicó por primera vez en la Editorial, ni ha sido reeditada por ella”.⁴⁰ Finalmente, el posible grado de “penetración” en la Editorial permaneció neutralizado, para tranquilidad del público, por la presencia de “anticomunistas como don Hernán Peralta y don Marco Tulio Zeledón” y de personas con “ideas tan equilibradas como Alberto Cañas y Guillermo Padilla”.⁴¹

La posible filtración comunista en la Editorial del Estado condujo a la di- rectora Lilia Ramos a elaborar un comunicado de prensa. Al interior del Consejo, Ramos insistió en desmentir la complicidad con el comunismo sugerida por el suplemento de Artes y Letras de La Prensa Libre. Y a la vez, controlar en las ofi- cinas de venta la distribución de libros “ajenos a los intereses de la Institución”; debido a que los vendedores “son utilizados en esa labor… de carácter político. Actitud esa que puede traer un grave perjuicio al prestigio” de la Editorial.⁴²

La aclaración anterior estuvo lejos de ahuyentar las controversias. Ante la lectura de la Liga Cívica de Mujeres, guiada por los principios de su lema “Dios y la Patria”, la ECR publicaba libros con tendencia desmoralizadora y protegía al comunismo de manera tal que los escritores no daban abasto con los encargos.⁴³ La organización implantó el imperativo de negar “a la Editorial el derecho de publicar libros “sin distingos de credos religiosos o políticos”. Por su parte, el Consejo catalogó la orden como una acción discriminatoria en el campo de las ideas y una imposición de censura; señaló que esta “ingrata época de la ‘cacería de brujas’ es cosa del pasado”.

De acuerdo con lo expuesto, la Editorial y sus publicaciones fueron objeto de vigilancia. Aunque el Consejo, en su defensa, reconoció el capital literario de Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez y Luisa González; también se encargó de trazar los límites de su perímetro. Estas líneas de trinchera aseguraron la moderación de la izquierda mediante la conformación de sus miembros directivos y la selección de las obras; así como, la rendición de cuentas en la prensa para no “confundir a la opinión pública”.⁴⁴ La argumentación recordó la publicación primigenia de estas obras en otras empresas y la distinción otorgada por otras instancias, asignándose con ello una licencia para su distribución y venta.

Una segunda discusión política se desencadenó en 1968 con las tesis universitarias Historia de los Partidos Políticos: Liberación Nacional de Carlos Araya Pochet, y Costa Rica y sus hechos políticos de Óscar Aguilar Bulgarelli. En este caso, la disputa se generó por las posibles interpretaciones partidistas en la historia política de Costa Rica y, principalmente, las implicaciones en las memorias del 48. Carlos Meléndez, evaluador de las tesis, explicó que la intención fue “presentar al público lector dos versiones diferentes” de los acontecimientos, por lo que recomendaba la venta simultánea de las obras.

Las desaprobaciones provinieron de Marco Tulio Zeledón, Nelson Chacón y Claudia Cascante de Rojas. Los primeros dos objetaron la toma de partido de la obra de Pochet “por una de las fracciones políticas actualmente en plena campaña”; y en ese sentido, el empleo indebido de los “recursos del Estado en propaganda”. Aunque Pochet no explicitó su trabajo como parte de una asignación partidista, se autodefinió representante de la juventud liberacionista re- volucionaria. Y su obra salió a luz en un período en que el Partido Liberación Nacional (PLN) se preparaba para recuperar la administración presidencial con el triunfo electoral de José Figueres en 1970. No obstante lo anterior, las observaciones de los evaluadores giraron en torno a los contenidos tratados, sucesos históricos que, a su juicio, debían ser escritos por generaciones posteriores “no enturbiadas por la pasión o el interés partidista y militante”.⁴⁵

Las tesis, defendidas en historia, trasladaron a la mesa de discusión el problema de la contemporaneidad de los acontecimientos. Aunque para esta fecha habían transcurrido 20 años del enfrentamiento armado, Aguilar y Pochet advirtieron las consecuencias de estudiar la historia reciente. Se corría el riesgo, según los autores, de “herir susceptibilidades de los que aún tienen lazos afectivos”,⁴⁶ o bien, de filtrar una “esencia eminentemente subjetiva”⁴⁷ en el tema. Siendo así, las provocaciones de las tesis eran, por un lado, la proximidad temporal; y por otro, el desafío de ofrecer, prácticamente por primera vez, un relato sistematizado del conflicto del 48.

Las implicaciones de sus lecturas fundamentaron la tercera desaprobación. Para Cascante de Rojas, las obras podían despertar las divisiones políticas de los “hogares costarricenses”, vivida desde su experiencia, entre las estudian- tes del Colegio Superior de Señoritas. En un artículo de prensa amplió su criterio, insistiendo en que:

“¿mitigarán o más bien avivarán los rencores que han venido del 48?... No debe ser motivo de angustia para la Editorial… Esperemos a que el tiempo, buen sanador de todo, nos traiga el ansiado olvido, para que después, pero muy después, puedan ser leídas con quietud y amansa- miento en el alma”.⁴⁸

Las obras, aprobadas con los votos negativos de Zeledón y Chacón, evidenciaron la tensión de publicar libros acerca del tema. Una resistencia asocia- da con las interpretaciones partidistas y las revisiones al hecho político, que de acuerdo con Fabrice Lehoucq, polarizó -como ningún otro conflicto- la política del país y la manera de entender el desarrollo de las instituciones democráticas.⁴⁹ Dicha tensión se relacionó también con el concepto de investigación histórica, asumido por ambos autores como la búsqueda de “la verdad”. Así las cosas, Aguilar se propuso el esclarecimiento de las “sombras” del evento, al encontrar las causas en la oposición a los gobiernos de Calderón y Picado. Sin embargo, su investigación, retadora en un entorno universitario intolerante y anticomunista,⁵⁰ terminó por evaluar a los líderes involucrados en un plano narrativo de “aciertos y errores”, “sentimientos sinceros”, “hombres de carácter”, “terquedades”, “exoneración de culpas” y “patriotismo”.⁵¹

La conclusión de Aguilar cuestionó la “revolución” del conflicto y la su- puesta fundación de la “segunda república”. En este punto, posiblemente, Meléndez identificó la diferencia entre los autores; ya que Pochet trató de demostrar la transformación de Costa Rica con el aporte del PLN al desarrollo institucional, económico y educativo. Como el “triunfante” de la “revolución”, según Pochet, el partido contribuyó asimismo con una maduración política en cuanto a la democracia, coherencia de tesis y representatividad de las mayorías; bases difícil- mente localizables en otras propuestas políticas.⁵² Partiendo de esta idea, su obra parecía conciliar las fricciones al interior del PLN, que justamente para 1968- 1969 evidenciaba divisiones ideológicas con la aparición del Manifiesto de Patio de Agua y la Carta Fundamental.⁵³ Un partido que debía estar unido para vencer a la oposición que en las elecciones anteriores les arrebató la victoria, y que para 1970 sería su contrincante de nuevo.

De vuelta en el Consejo de la ECR, sus miembros acordaron una declaratoria de prensa para justificar las obras como un “estímulo a la cultura costarricense” y a la “libertad de expresión”. Sin embargo, retomaron la reforma a Ley de 1962, en la que se especificó la prohibición de “inmiscuir a la Editorial en actividades político electorales, y asimismo intervenir, con carácter personal, en críticas y polémicas relacionadas con la labor de la Editorial”.⁵⁴ Siendo así, la institución ofrecía el canal para difundir estas “crónicas políticas” y explicaciones coyunturales a un tema apenas explorado, pero la citación legislativa reivindicaba el silencio de los directivos ante cualquier intento de referirse al contenido de las obras, o después de todo, de opinar sobre los hechos políticos.

Las polémicas anteriores se llevaron a cabo en la década de 1960 y principios del decenio de 1970. En un contexto ampliamente reconocido por las polaridades ideológicas que, para nuestros efectos, asociaron a los autores y autoras, y sus publicaciones, con pretensiones de propagación política y, por consiguiente, a la Editorial, como medio de divulgación. No obstante, el caso presentado a continuación se ubicó una década más tarde, puntualmente en los años 1980 y 1985. Tuvo su origen en la conformación de un conjunto de tomos sobre las corrientes de pensamiento político costarricense, con la edición de Joaquín Gutiérrez.

Los tomos, sin localizar hasta la fecha, pudieron vincularse con la necesidad de explicar las corrientes de pensamiento que dirigieron la administración pública o tuvieron una fuerte adhesión política en la sociedad costarricense. Más aún cuando, en esta década de crisis económica, se criticó al gobierno de Rodrigo Carazo por el encarecimiento en la calidad de vida. Y en cambio, con el ascenso de Luis Alberto Monge, se ofrecieron los programas del FMI y el AID como solución para reactivar la economía. Tomos que además buscarían explicar el comportamiento de las fracciones políticas, cuyo patrón bipartidista PLN-PUN empezaba a resquebrajarse con la aparición de una tercera fuerza en las elecciones de 1978. Para entonces, la colación de las izquierdas, escindida en 1986, manifestó interés por abrirse espacio dentro de las diputaciones.⁵⁵

El primer debate generado por los tomos ocurrió entre el editor y el encargado del “pensamiento socialdemócrata”, Carlos José Gutiérrez. El editor señaló la presencia de intenciones político-partidistas en el volumen,⁵⁶ interpretación reforzada por la iniciativa del autor de exhibir la obra en el Congreso Ideológico del PLN. Aunque el tomo no se publicó con el sello ECR, ni tampoco se rastrearon referencias posteriores, Gutiérrez sacó a luz su trabajo en 1986 con la Asociación Libro Libre, sello que expresó su apoyo con la publicación de esta obra a la celebración del 35 aniversario del PLN.⁵⁷

Para evitar controversias de publicar una sola tendencia política, el Consejo acordó la elaboración de un segundo tomo dedicado al “pensamiento socialistamarxista”. Alrededor de este último tomo y de su encargado, Vladimir de la Cruz, se produjo el segundo debate. El editor expresó sus diferencias con las selecciones realizadas de Vicente Sáenz y Manuel Mora. Con respecto a Sáenz, Gutiérrez y de la Cruz discutieron de qué manera definirlo: ¿anti-imperialista?,

¿socialista?, y según este último ¿socialdemócrata? Este conflicto de definición parecía heredarse de la polémica entre las izquierdas de la década del 30. En esta época, Sáenz como representante del Partido Socialista buscó un frente común con el Partido Comunista de Mora. Ante el malogrado intento y a pesar de las críticas al sistema político, al imperialismo estadounidense y al capitalismo agrario que lo emparentaban con la izquierda, calificó al comunismo como una “teoría exótica” y “extremista”⁵⁸; un personaje que, por sus controversiales cambios discursivos, para la década de 1980, aún provocaba distintas apreciaciones entre representantes de la izquierda.

Aparte de lo anterior, el editor cuestionó la selección de los discursos de Mora. A consideración de Gutiérrez, con esta antología el público “difícilmente continuará leyendo a don Manuel”. La defensa de la Cruz fue que después del 48, gran cantidad de costarricenses escribieron con seudónimos o en el anonimato; y la beligerancia de los escritos, firmados por Jacinto Carvajal -Mora-, condensó la capacidad organizativa desde la clandestinidad.⁵⁹ A este respecto, podría pensarse que Gutiérrez reaccionaba por el contexto de la separación del Partido Vanguardia Popular y la expulsión de Mora de la Secretaría General; un persona- je que, con dicha publicación, podía permanecer en una indeterminada polémica, incluso al interior de su mismo partido. La posición de la Cruz podría responder a un intento por reivindicar el espíritu de “lucha revolucionaria” de Mora, más aún cuando el dirigente comunista pronunció un llamado a la prudencia costarricense en la Revolución Sandinista y sus palabras desataron la respuesta negativa de varios sectores de la izquierda.⁶⁰

El tomo ubicado de esta colección se tituló El pensamiento contemporáneo costarricense.⁶¹ A cargo de Eugenio Rodríguez Vega y Luis Demetrio Tinoco solo abordó “el pensamiento neoliberal” y el “pensamiento socialcristiano”. Podría pensarse que la lejanía temporal de los pensadores, cuyos discursos surtieron efecto en la primera mitad del siglo XX, facilitó la publicación de la obra en comparación con los otros dos tomos. El comportamiento de la política electoral, y sus proyectos de sociedad en un contexto inmediato de crisis económica, guerrilla nicaragüense y declaratoria de neutralidad parecieron detener la aprobación final; una colección que volvía a dirigir la mirada sobre las principales fracciones políticas involucradas en el conflicto del 48, leídas esta vez, desde la década de 1980.

En la década de 1970 surgieron una serie de editoriales y órganos de publicación focalizados en la venta de productos de investigación, material didáctico y obras literarias. Dentro de ellas se encontraron la Editorial Universitaria Centroamericana -1970-, el Departamento de Publicaciones del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes -1971-, el Instituto Costarricense del Libro del mismo Ministerio -1982- y las editoriales universitarias.⁶² La oferta de estas opciones editoriales y su interés en el mercado nacional presionaron a la ECR, más aún cuando diversos escritores y escritoras optaron por el retiro de la obra debido al retraso en la publicación.

En esta coyuntura, la capacidad de respuesta de la Editorial estuvo limitada, en cierta medida, por los condicionamientos característicos de los países latinoamericanos. Para Néstor García Canclini, la producción editorial en nuestras sociedades tiene que batallar con los bajos índices de lectura producto de sistemas educativos y servicios bibliotecarios deficientes; con los deplorables canales de distribución regional y liberarías especializadas; y con la caída del poder adquisitivo de los sectores medios o populares; todo lo cual, ligado a un restringido capital cultural, desestimulan la inversión en bienes simbólicos como los libros.⁶³ Estos problemas estructurales sumados a la competencia por el espacio editorial, la crisis económica del país en 1980 y de la entidad en 1986-1987 provocaron una revalorización de la definición orgánica y de las prioridades institucionales de la ECR.

Desde sus años iniciales, la ECR se convirtió en un espacio de disputa. Es por ello que encontramos los intentos del Círculo de Poetas Costarricenses por incorporarse en las comisiones de lectura y obtener financiamiento para la edición de sus obras; así como las discusiones sobre la funcionalidad de la Asociación de Autores y su tentativa de escalar cargos en el Consejo.⁶⁴ Visto de esta forma, los puestos de personal lector, editor o directivo en una institución cultural subvencionada por el Estado representaron la asignación de dietas. Al mismo tiempo que abría la posibilidad para la publicación de obras y la inserción de obras al canon literario oficializado por esta instancia.

Dentro de este marco de oportunidades, entenderemos la primera amenaza experimentada por la Editorial. En 1970 el futuro primer Ministro de Cultura y antiguo miembro del Consejo Directivo, Alberto Cañas, propuso una reforma de ley para absorber el organismo editorial dentro del recién creado Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Al interior del Consejo, la oposición liderada por Claudia Cascante de Rojas, interpretó la legislación como una pérdida de independencia:

“¿Está segura la Editorial de que ella no figura dentro de esos organismos aislados y semiautónomos que, según los dictaminadores de la Ley del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, son verdaderos ‘gérmenes’ de una acción ministerial importante y que urge ‘centralizar, ampliar y fortalecer’?... ¿Está de acuerdo la Editorial Costa Rica con que se centralice o racionalice la utilización de sus recursos

económicos...? ¿Quedarán relegadas o anuladas las funciones de la Editorial?... ¿Es o no, una actividad política la creación de un nuevo Ministerio?”.⁶⁵

Cascante sostuvo su cuestionamiento al retomar las palabras del candidato a Ministro en un informe de la Asamblea General de la Asociación de Autores. En aquella sesión, Cañas insistió en la importancia de resguardar la Editorial y en “evitar que caiga en manos de quienes quieran desnaturalizar su función con fines políticos o de otro orden”.⁶⁶ El problema de la intervención gubernamental, entendido por el mismo Cañas años atrás, era el riesgo de perder autonomía y sujetarse a las regulaciones de una nueva jerarquía institucional; condición de autonomía, declarada en su ley orgánica y retomada después para recordarle a la segunda Ministra de Cultura, Carmen Naranjo, la separación de labores entre ambas entidades.⁶⁷

En 1977, Cañas presidente del Consejo en ese momento, expresó su preocupación por una segunda amenaza: el programa del Departamento de Publicaciones del MCJD. Desde su punto de vista:

“actualmente se están publicando libros que deberían editarse en la Editorial Costa Rica… anteriormente los campos editoriales de las dos entidades estaban muy bien definidos, pero últimamente se están confundiendo y el Ministerio está invadiendo el ámbito de la Editorial”.⁶⁸

Aunque desconocemos el catálogo de publicaciones, dicho departamento se concentró en la publicación de biografías y antologías. Para 1971, por ejemplo, apuntó la mirada en personajes como Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Max Jiménez, Yolanda Oreamuno, Ricardo Fernández Guardia, Carlos Luis Fallas, Roberto Benes Mesén, entre otros;⁶⁹ recuperados por la ECR desde sus primeros años. El propósito con estas series fue la divulgación y, por consiguiente, la circulación gratuita y la venta a “precios populares”. Como lo sugiere el caso descrito a continuación, posiblemente los entes directivos compitieron no por cuál institución cultural tendría la autoría del patrimonio literario, sino por cuál tendría la capacidad de captar recursos estatales y reducir los costos del producto final.

En esta línea podemos comprender la reacción frente el Instituto del Libro del MCJD, diseñado por Alfonso Chase en 1982. Para Cañas, principal analista del proyecto en el Consejo, se corría el riesgo de comprometer las utilidades asignadas por el Estado, en papelería, maquinaria, asistencia a ferias internacionales y financiamiento.⁷⁰ La propuesta, concluyó el directivo, era una intervención gubernamental, para facultar al Ministerio con el poder “de fijar las normas, al Director la de dirigirlas, y a las editoriales solo las de asesorarlas”.⁷¹ Bajo esta perspectiva, la acción ministerial comprometía, una vez más, la autonomía institucional, mediante la fijación de políticas editoriales, la edición de libros de texto y la participación en festivales fuera del país.⁷²

Los conflictos con el MCJD pusieron en entre dicho los propósitos de la política cultural en el campo de las publicaciones. La “difusión artística” desde la égida liberacionista en la década de 1970 y la “promoción humana” con la tutela socialcristiana en la década de 1980, periodos en los que se desencadenaron las discrepancias, fueron interpretadas como mecanismos para centralizar las instituciones culturales. Así entendida, la amenaza del control ministerial tuvo dos dimensiones: una económica y otra simbólica. Dentro de la primera, entraba en juego la asignación de recursos y el manejo de los presupuestos -ordinarios y extraordinarios- otorgados por el Estado. Como parte de la segunda, se corría el riesgo de regimentar por primera vez las normas de la producción literaria en un solo ente rector y, asimismo, perder la representatividad y la apertura de contactos editoriales en el exterior.

La competencia por el mercado nacional se hizo presente con la aparición de nuevas alternativas editoriales para los escritores. Así, por ejemplo, en 1984 Adela Ferreto anunció a la ECR la publicación de las obras de Carlos Luis Sáenz en EUACA y en 1986 Joaquín Gutiérrez la comercialización de Cocorí con EDUCA.⁷³ A pesar de un continuo envío de cartas para evitar la entrega de las obras, Ferreto y Gutiérrez argumentaron la tardanza en la publicación por parte de la ECR y la oportunidad de trascender la frontera nacional con las nuevas editoriales. La administración general advirtió el espacio ganado por esta competencia y “la necesidad de crear una agresiva estrategia de ventas que permita sobresalir a la Editorial -incluso mediante el obsequio de libros-”.⁷⁴

El hecho reflejó un conjunto de presiones que terminarían con la redefinición orgánica de la Editorial. Para empezar, la ECR solo tuvo cobertura del mercado costarricense y su proyección al área centroamericana se limitó por “los problemas políticos de la región”.⁷⁵ Una ventaja comparativa lograda, por ejemplo, por EDUCA, cuya red de distribución abarcó Centroamérica, Panamá, México, Suramérica, Estados Unidos y España,⁷⁶ y estuvo financiada por cinco universidades centroamericanas. El potencial consumo centroamericano fue, quizá, el estímulo para que el Consejo acordara en 1985 “impulsar la edición de literatura centroamericana en la rama de la narrativa”,⁷⁷ iniciando con la obra del autor panameño Enrique Jaramillo Leví.

Adicionalmente, este hecho reveló la ausencia de una legislación para resguardar los derechos de autor o de propiedad literaria. Es por ello que hacia 1986

se firmaron los primeros contratos, ubicados en actas, para garantizar la exclusividad de la ECR en la edición y exportación en el país, Centroamérica y el Caribe de obras costarricenses. Así, por ejemplo, se establecieron acuerdos legales con Joaquín Gutiérrez por Te acordarás hermano, Manglar y Chito Pinto; Ricardo Blanco por Lo que el obispo juzgare, Alfredo Cardona Peña por Viento en prosa y Vladimir de la Cruz por El 1 de mayo de 1913.

La dependencia al mercado nacional, la ausencia de una directriz editorial y el descontrol en el programa de publicaciones pusieron en evidencia que:

“el problema de la Editorial y del país es que no existe una política editorial definida… la decisión de cuáles[obras] deben publicarse y cuáles no, es del Consejo Directivo, quien marca las pautas a seguir… esta es una Editorial muy particular puesto que hay que vender lo que presentan los autores y aprueba el Consejo, sean obras de venta rápida o lenta, contrariamente a las grandes editoriales comerciales que con- trata el libro que según los estudios que realizan, es el que va a tener una favorable acogida del gran público”.⁷⁸

La década de 1980 fue decisiva para que los entes directivos revaluaran la rentabilidad de la institución y su alcance comercial. Es por ello que en 1982 propusieron explotar el “carácter empresarial” de la entidad,⁷⁹ distanciándose con ello de la ley orgánica que postuló el valor cultural por encima del comercial.⁸⁰ Asimismo, en 1985 se elaboró el primer instructivo para fijar la presentación gráfica de los libros y las normas generales de aprobación.⁸¹ Y en 1987, se estableció un proceso mucho más selectivo para la aceptación de obras; estas tendrían que contar con el juicio de personal lector externo, la Gerencia General y el Departamento de Producción. Con ello, el informe de aprobación abarcaría “el costo de producción, las posibilidades de mercado y la duración previsible del proceso total de edición”.⁸²

Estas modificaciones se insertaron dentro de un plan de reorganización institucional. Una reestructuración que formó parte de las pocas posibilidades de respuesta a la competencia editorial, al consumo del mercado nacional y al

peligro de sobrevivencia que auguró la crisis económica de1986-1987.⁸³ Las principales recomendaciones para rescatar la institución insistieron en el fomento de los hábitos de lectura, la creación de la figura Gerente General “como máxima posición ejecutiva de la entidad” y la asistencia de un Jefe Editor. Finalmente, para cumplir con la demanda de 1988 se planteó como prioridad de publicación los libros de texto, las lecturas complementarias y los contratos firmados.⁸⁴

El estudio de quienes evaluaron concluyó ineficiencias en el asesoramiento financiero y administrativo de la Editorial, así como dificultades de recuperación económica por sí misma. La búsqueda de partidas entre diputados y diputadas, presidentes de turno o préstamos externos remarcaron la necesidad de inversión de capital. Considerando estos aspectos, la reorganización institucional mostró que su papel proteccionista,⁸⁵ inspirado en los cimientos de un Estado Benefactor, no era sostenible para este período, más en un país que había aprobado el recorte del gasto público y se insertaba en la lógica neoliberal con la implementación de los programas de ajuste estructural.

Las investigaciones sobre la Editorial concentraron su atención en el análisis empresarial y la descripción emblemática de la institución. Sus enfoques priorizaron en las propuestas de mejoramiento financiero y la labor de promoción artística en el campo de las letras. Estas perspectivas se interesaron en la búsqueda de soluciones a la crisis y en la necesidad de legitimar su vigencia en el medio cultural; intenciones posiblemente explicadas por una coyuntura financiera que comprometió su existencia y competitividad. Fueron especialistas de historia y de la crítica literaria quienes, con breves aproximaciones al tema, sugirieron una función política en su creación, principalmente atribuida a la cooptación de intelectuales y al control del canon literario.

Este estudio, por su parte, profundizó en las contiendas políticas asociadas con la Editorial y demostró que la institución fue un espacio de pugna intelectual. Iniciando con su proceso de creación, se constató que la justificación de su proyecto heredó los discursos fundacionales de las instituciones culturales del siglo XIX. En este caso, se propuso potenciar internacionalmente la imagen del país y acudir a la “cultura impresa” como vehículo para divulgar las distinciones identitarias. Desde este hito fundacional se puso en evidencia el poder que tendría la publicación, al facilitar la circulación de ideas políticas en el público lector.

Los “efectos de la lectura” generaron debates entre los directivos y la prensa. Estos conflictos expresaron la polarización ideológica de la guerra fría; pero a la vez las divisiones políticas del 48. Alrededor de este contexto, se explicó el conservadurismo de la Editorial frente al comunismo; al punto de justificar la selección de sus autores y autoras con base en el reconocimiento previo de otras instancias, tales como los premios nacionales y los programas educativos. Estos escritos se leyeron, además, con las expectativas de la época de una litera- tura realista-nacionalista, la cual no podía desentenderse de figuras centrales de la generación del 40, en su mayoría de izquierda.

Este combate ideológico también involucró las publicaciones sobre historia y pensamiento político. Escribir sobre la crónica del 48, los partidos políticos y sus líderes desató interpretaciones encontradas entre el personal evaluador y la intelectualidad de la opinión pública; debates que representaron, a su manera, las preocupaciones políticas en cada década de estudio. La visita a las “memorias del 48” reveló el peligro de la contemporaneidad de los acontecimientos relacionados, por lo general, con los vínculos afectivos al evento y la institución de la verdad. En estos debates también se cuestionó la intencionalidad de la obra, ya que, en medio de coyunturas electorales, se identificaron como instrumentos de propaganda política.

Los debates recuperados mostraron el capital cultural alcanzado por la Editorial. Este espacio simbólico e institucional en el medio artístico lo logró al constituirse como el principal ente de edición y difusión de la producción literaria costarricense en el período de estudio. Alrededor de estos beneficios se originaron pugnas intelectuales; juegos de poder entendidos en el marco de una instancia portadora de legitimidad literaria y retribución económica. No obstante lo anterior, estas facilidades de publicación, sin una política editorial definida la mayor parte del tiempo, terminaron por comprometer su capacidad financiera y competitividad frente a nuevas ofertas editoriales. Las medidas tomadas para reorganizar la institución y restablecer sus prioridades, posiblemente adelantaron las transformaciones a las que se empezó a afrontar el campo literario costarricense. Esta vez la necesidad de trascender la frontera nacional y apostar por la comercialización de los productos se impusieron como nuevas reglas de juego y reconocimiento en una sociedad en la que se abrían paso los imperativos de la lógica neoliberal.