Introducción²

Sin embargo, un hecho queda claro: a partir de esta fecha -24 de abril de 1970- algo ha comenzado a cambiar en Costa Rica.¹

Fuente: Comisión Costarricense Pro-democracia y Libertad, Una jornada patriótica. 24 de abril de 1970 (San José, Costa Rica: Artes Gráficas, 1970), 2.

En términos de su trascendencia se puede afirmar que, el movimiento que adversó el contrato-ley entre el Estado costarricense y la corporación minera norteamericana Aluminium Company of America −en adelante, ALCOA−, marcó, entre otras cosas, un hito en la historia de la movilización social costarricense, luego de una casi total ausencia de este tipo de acción colectiva en el centro geográfico y político del país. Si bien se centró fundamentalmente en la capital, tuvo repercusión nacional debido a las dimensiones, a lo planteado y a algunas de sus consecuencias. Hasta cierto punto, la Guerra Civil, la reacción a la Revolución Cubana y la Guerra Fría marcaron su huella desmovilizadora y represiva sobre la sociedad civil que pretendiera protestar y sobre las fuerzas sociales disidentes; pero a partir de estos acontecimientos, tales condicionantes comenzaron a ceder.³

Por lo tanto, esta protesta reviste relevancia por varias razones; aquí mencionamos cinco. En primer lugar, porque a partir de aquellos sucesos, y en buena medida gracias a ellos, se inició una etapa de crecimiento y de diversificación de la movilización social; en particular la izquierda adquirió, renovada y pluralizada, un protagonismo como no ocurría desde los años 1940, se amplió, así, el panorama político-ideológico en el país. Por los resultados de la Guerra Civil de 1948 y por influencia de la Guerra Fría, se había abierto una fase de represión e ilegalización del Partido Comunista −desde 1943 denominado Partido Vanguardia Popular (PVP)− y sus organizaciones sindicales y, por lo tanto, de regresión de la movilización social en general, pero particularmente en el centro del país. Hasta ese entonces, y desde 1931, había sido el Partido Comunista de Costa Rica-Vanguardia Popular la organización que principalmente generó la protesta social. Luego de 1970, buena parte de la movilización se orientó desde diversidad de posiciones y organizaciones político-ideológicas de izquierda, las cuales surgieron o se fortalecieron como consecuencia de condiciones nacionales más favorables, pero gracias también al movimiento de lucha contra ALCOA y a su particular desenlace.⁴

En segundo término, a partir de entonces, la movilización y la protesta social se legitimaron en mayor grado, hasta nuestros días, como fenómeno socio-político consustancial a la vida democrática del país, pese a frecuentes reacciones represivas por parte del Estado, así como a flujos y reflujos propios de los ciclos de movilización. Es decir, para la sociedad civil esta herramienta de presión y lucha se fue reconociendo en el acontecer social costarricense, una vez más, como un recurso legítimo, aceptable y necesario para contender por intereses que consideraba legítimos, si bien hasta la fecha genera reacción y conflicto. El cambio fue notorio en el centro del país, pues distinta fue la situación y evolución histórica de las zonas bananeras del Caribe y el Pacífico Central y Sur, con luchas y huelgas de trabajadores bananeros, periódica e ininterrumpidamente, aún después de la Guerra Civil y hasta 1984.

Un tercer aspecto que hace relevante aquel movimiento es el de representar, como fenómeno socio-político, un desmarque respecto del alineamiento político-ideológico resultante de la Guerra Civil, aspecto que había gravitado con gran fuerza en el ámbito nacional, durante las dos décadas anteriores. Fue un síntoma temprano de que la sociedad costarricense comenzaba una paulatina y larga superación de dicho encuadre, si bien este continuó siendo influyente en la política hasta concluir el siglo XX, con, por ejemplo, la elección de los hijos de los antiguos caudillos: Calderón y Figueres. La lucha contra ALCOA la impulsó, decisivamente, una emergente generación y una nueva intelectualidad crítica, influidas por acontecimientos y procesos que estaban ocurriendo en los ámbitos nacional, regional e internacional, distintos a los que el conflicto de la década de 1940 implicaba y simbolizaba. Estos elementos nuevos planteaban para la juventud, por cierto, no solo radicalización político-ideológica, sino también nuevas sensibilidades y visiones de mundo; estas últimas, por ejemplo, expresadas en una cultura juvenil distinta de la de sus predecesores, lo que particularmente ocurrió en las áreas urbanas.

En cuarto lugar, gracias en buena parte al desprestigio originado por el movimiento hacia los contratos ley, pocos años después de este se sepultó legislativamente esta figura jurídica, la cual se practicaba desde la época de los contratos ferroviarios y bananeros de finales del siglo XIX y primera mitad del XX, y que habían tenido un gran peso en la historia económica y social del país.⁵

Por último, estos acontecimientos han sido relevantes por haber estado de alguna manera presentes en la memoria histórica de una parte de aquella juventud estudiantil y como uno de sus referentes identitarios, tanto desde lo político-ideológico como desde algunos aspectos culturales. Pero ha trascendido a esa generación, dado que, por ejemplo, de tanto en tanto ha sido rememorada en algunos medios de comunicación, si bien centrándose con frecuencia en la violencia del último día, y presentándola como una especie de efeméride contestaria, pero dejando por fuera un análisis más exhaustivo y complejo. Actualmente hay una gran nebulosa de conocimiento, para contemporáneos o no, de aquella protesta. En las percepciones y la memoria de muchos lo que ha quedado es una serie de sensaciones e imágenes de la violencia desatada por la frustración de los manifestantes y por la represión policial. Se ha obviado, olvidado o ignorado que el movimiento, a lo largo de aproximadamente un año, si bien fue beligerante y activo, también fue moderado en sus objetivos, discursividades y en su acción.

Pese a su relevancia, es llamativo que como objeto de estudio estos acontecimientos no han sido tratados de manera sistemática en la academia. Uno de los propósitos principales del artículo es contribuir a llenar este relativo vacío e incentivar a generar más producción historiográfica sobre aquellos sucesos y sobre la época que la enmarcó. Al menos se ha generado material testimonial que ha venido a llenar parte de ese vacío y a ofrecer vivencias de quienes fueron protagonistas, sea desde la dirigencia o desde la base del movimiento, y del cual se ha obtenido provecho como fuente informativa.⁶ En este esfuerzo preliminar y delimitado, como artículo que es, no es posible responder a todas las interrogantes que pueden plantearse alrededor de la movilización y la coyuntura en la cual transcurrió, ni agotar los distintos aspectos abordados o los que apenas se aluden, pero al menos se espera que arroje conocimiento y motivación para producir sucesivos abordajes desde múltiples ángulos y con diversidad de metodologías.

El segundo propósito del estudio, más específico que el de ofrecer una contribución historiográfica sobre los acontecimientos, es la de bosquejar una caracterización de los principales protagonistas: por un lado, el movimiento de lucha y, por el otro, el Gobierno y la prensa escrita. Estos último se han elegido por el protagonismo de ambos y porque las fuentes disponibles lo permiten sin mayor dificultad. Queda pendiente la incorporación de otros actores sociales para futuros estudios, como las cámaras de empresarios, la Iglesia, el parlamento, los partidos existentes, la intelectualidad, entre otros, los cuales aquí solo vamos a poder aludir.

Generalmente, al movimiento de lucha contra ALCOA se le conoce e identifica, como ya se dijo, por los acontecimientos ocurridos en la tarde- noche del viernes 24 de abril de 1970. Ese día, como consecuencia de la aprobación legislativa en tercer debate, se produce un brote de violencia por parte de un nutrido grupo de manifestantes, que frustrado y encolerizado, apedrea y agrede el edificio parlamentario. La policía reacciona reprimiendo con garrotes, gases lacrimógenos y detenciones, por lo que el choque violento se agudiza y se extiende por el centro de la ciudad durante algunas horas. Las consecuencias del choque fueron personas heridas y lesionadas en ambos bandos, gran cantidad de manifestantes y ciudadanos afectados por los gases lacrimógenos, algunos edificios apedreados −particularmente los de la prensa, dado el rol representado por dichas entidades de apoyo irrestricto al contrato en todo el proceso− y un buen número de detenidos. Estos acontecimientos generaron imágenes y discursos identitarios que habrían de recrear símbolos para la memoria colectiva de buena parte de aquellos jóvenes manifestantes, y se convirtieron en un referente de la lucha social y en particular de la lucha juvenil y estudiantil por muchos años, ya que no ha sido usual que este tipo de confrontaciones masivas y violentas se produjeran en el país.⁷ A raíz de lo sucedido, en dicha fecha se conmemora el Día del Movimiento Estudiantil Costarricense, por acuerdo tomado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica −en adelante, FEUCR−, pocas semanas después de los acontecimientos.

A la vez, esas imágenes de los disturbios de aquel día generaron, y continúan generando, estereotipos, percepciones distorsionadas y limitadas de lo que realmente fue el movimiento, en un sentido o en otro. Sin embargo, debe enfatizarse que la cuasi-mítica fecha que creó íconos y simbologías estuvo precedida de una paciente y sostenida organización estudiantil por algo más de un año, lo cual es poco conocido: primero, durante una fase de meses de estudio y de información sobre el proyecto de ley; luego hubo una segunda etapa de denuncia, que se imbricó con la primera y con la tercera; y esta última estuvo caracterizada por acciones de movilización durante aproximadamente un mes. Pero, además, si bien fue un movimiento predominantemente estudiantil universitario, dentro de él estuvieron los diputados contrarios al contrato, un sector importante y connotado del profesorado universitario, agrupaciones político-estudiantiles universitarias, algunas organizaciones gremiales, sindicales, políticas e independientes, los normalistas, varios colegios profesionales, organizaciones comunales, gobiernos estudiantiles de segunda enseñanza y algunos miembros renovadores de la Iglesia Católica, si bien la incorporación de cada uno de estos sectores ocurrió, mayoritariamente, en las últimas dos fases del movimiento.

De tal manera que fue una acción colectiva que se incubó poco a poco, y que, pese a su beligerancia y constancia, fue moderada en sus objetivos, formas de acción y discursividad; conforme avanzó fue más amplia, compleja y diversa en su organización y composición; culminó con las manifestaciones masivas, durante tres días, ante la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial; y concluyó, una semana después, con el levantamiento de la huelga y la liberación de la amplia mayoría de personas detenidas.

Las actividades previas de la transnacional del aluminio en Costa Rica⁸

La corporación ALCOA inició gestiones y exploraciones, de manera indirecta, desde la década de 1950. Como bien lo señala un documental al efecto, coincidentemente fue el 24 de abril de 1956 −en la administración Figueres Ferrer (1953-1958)− cuando se le otorgaron los primeros permisos a agentes particulares nacionales con tales propósitos, catorce años exactos antes de la firma final del contrato. Estas concesiones se confirieron para iniciar exploraciones de bauxita en el Valle del General, en el cantón de Pérez Zeledón, al sur de la provincia de San José. El mismo permiso indicaba con claridad que la autorización de exploración se traspasaría posteriormente a la ALCOA, con domicilio en Pensilvania, Estados Unidos. Luego de dos supuestos intentos infructuosos de exploración, uno de los concesionarios declara formal renuncia a todos los derechos otorgados, en 1958.⁹

Sin embargo, al menos desde marzo de 1963, la Compañía había vuelto a tomar interés en invertir en el país durante la administración de Francisco J. Orlich (1962-1966). El entonces ministro de Industria y Comercio, Hernán Garrón, viajó a Texas y Jamaica para informarse y conocer de cerca, respectivamente, las instalaciones para el procesamiento de aluminio y los yacimientos que se estaban explotando por parte de la transnacional. En ambos casos el ministro quedó “positivamente impresionado”, según sus declaraciones a la prensa.¹⁰

El 17 de enero de 1964, en nota periodística se indica que el gerente de la Compañía en Costa Rica y su abogado, Fabio Fournier Jiménez, se presentaron en audiencia a la Asamblea Legislativa para reunirse con los diputados que formaban parte de la comisión que analizaba el proyecto de ley correspondiente. Además de evacuar dudas de los diputados, sus intenciones fueron las de convencerles de cambiar la legislación vigente, ya que, según ambos personeros, esta misma estaba adaptada para los “minerales fuertes” y no para minerales como la “laterita”, de la cual se extraería el aluminio. Este último mineral tiene porcentajes de aluminio con menos del 50%, pero la “bauxita” es de mayores porcentajes. Según la Compañía, en la zona en cuestión el porcentaje de aluminio apenas alcanzaba al 33%; es por eso que sus personeros seguirían refiriéndose a los yacimientos como de “laterita”, a diferencia de los opositores al contrato que, desconfiando de la verdadera riqueza del mineral, le llamarán “bauxita”. Las confrontaciones ocurrirían hasta en el frente de la terminología: para la Compañía, una concentración relativamente baja de aluminio implicaría que el país anfitrión le debía reconocer ciertas condiciones más favorables que incentivaran la inversión.

Se añade en la nota periodística que ya en Panamá había fracasado un contrato similar y además se indicaba que, en Costa Rica, la Compañía construiría una carretera, o un ferrocarril, para enlazar el área de explotación con un eventual puerto en Punta Uvita, en la provincia de Puntarenas. Los diputados de ese entonces se preocuparon por varias cosas, principalmente por el impacto en los suelos una vez extraído el mineral, el canon que pagaría la Compañía por derechos de explotación y exportación, la posibilidad de que alguna parte del procesamiento se hiciera en el país y el estado real de las reservas existentes. La Municipalidad de Pérez Zeledón, aunque favorable hacia el proyecto por las fuentes de trabajo que supuestamente generaría, también se preocupó por un canon “justo” y porque una parte del procesamiento se hiciera en la zona. Si bien en esta nota la Compañía se pronuncia por construir la vía de comunicación entre los yacimientos y el puerto, sobre este último no se indica quién lo construiría.¹¹

Estos temas y preocupaciones serían parte del centro de la controversia en la opinión pública nacional, entre 1969 y 1970. A mediados de ese mismo año de 1964, algunos diputados intentaron obtener de la Compañía mayor información sobre el potencial alumínico de los yacimientos explorados, pero además ALCOA se rehusó a dar la información, amenazó con retirarse de las negociaciones.¹²

Fue el 4 de diciembre de 1964 cuando ALCOA firmaría, esta vez de manera directa y sin testaferros, un “contrato administrativo” para la explotación y exportación de la bauxita. Cómo fue que de exploraciones calificadas de “infructuosas”, según los testaferros de la década anterior, se pasó en pocos años a la intención de proponer un contrato-ley, es algo que llama mucho la atención.¹³ Finalmente, el 19 de diciembre de 1968, en la administración de José J. Trejos Fernández (1966-1970), el ministro de Industria y Comercio, Manuel Jiménez de la Guardia y el gerente de la Compañía, Robert S. Overbeck, firmaron el proyecto de contrato-ley, el cual fue enviado a la Asamblea Legislativa para su ratificación.¹⁴ De ahí en adelante se inició el proceso legislativo definitivo, el que culminaría aproximadamente un año y medio más tarde con la aprobación el 24 de abril de 1970. Sin embargo, como ya se adelantó, el contrato nunca sería puesto en ejecución por parte de la Compañía, y finalmente fue derogado en noviembre de 1976, por iniciativa del entonces diputado, José Manuel Salazar Navarrete, durante la administración de Daniel Oduber Quirós (1974-1978).¹⁵

Orígenes del movimiento de lucha contra ALCOA

Luego de que el contrato llegara al parlamento para su aprobación, a finales de 1968, la Comisión de Asuntos Nacionales de la FEUCR se interesó y encargó a dos de sus miembros para que efectuaran un estudio sobre dicho asunto. Después de entrevistarse con especialistas, ambos estudiantes presentaron su trabajo en el XI Congreso de Estudiantes Universitarios. El Congreso acordó integrar una comisión para pulir el documento antes de ser publicado y realizar un encuentro que denominaron “Seminario sobre la contratación ALCOA de Costa Rica y el Estado de Costa Rica”, el cual sería organizado por la misma Comisión.¹⁶

El Seminario se efectuó entre el 9 y 11 de mayo de 1969. Se cursó invitación al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la República, a la Contraloría General de la República, al Sistema Bancario Nacional, a la Municipalidad de Pérez Zeledón, entre otros organismos públicos; además, a entidades privadas como la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), la Asociación Costarricense de Gerentes y Empresarios (ACOGE) y varios colegios profesionales, lo cual muestra la amplitud que se buscó para analizar el contrato. De igual manera se cursó invitación a ALCOA y a otras personalidades interesadas; pero tanto los personero de la Compañía, como el Ministro de Industria y Comercio, se excusaron, ya que, según ellos, no había nada nuevo que debatir.¹⁷ Esto es importante y significativo como reacción del Gobierno, porque esta será la actitud constante hasta la aprobación, en la tarde-noche del 24 de abril; es decir, no hubo aceptación de discusión con el sector universitario, ni con el movimiento en general, pese a que se invitaba a un foro amplio.

Algunos de los elementos que levantaron la controversia y la animadversión de importantes sectores de la sociedad costarricense, comenzando por el movimiento estudiantil, fueron recogidas desde el inicio en las conclusiones a las que se llegó en el Seminario, según se puntualiza de manera resumida a continuación: 1) La contratación no debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa por la cantidad de defectos señalados en las distintas comisiones. 2) Dada la gran riqueza de bauxita en la zona de Pérez Zeledón, solo se debe contratar salvaguardando reservas para una posible explotación nacional del recurso. Si hay varios oferentes, que compitan en condiciones de igualdad, incluso para nacionales. 3) Una parte minoritaria de los participantes considera que solo debe ser explotada por cuenta nacional, en beneficio de los costarricenses. 4) Se considera inconveniente para los intereses nacionales utilizar la figura de contrato-ley para negociar con la empresa privada. 5) Se debe asegurar que al concluir la explotación se restauren los suelos; de no ser posible, que se haga indemnización respectiva a los afectados. 6) Es necesaria la promulgación de un nuevo Código de Minería para la más conveniente explotación de la riqueza minera del país.¹⁸

Estos serían los principales señalamientos que el movimiento estudiantil haría al contrato-ley en adelante. Con posterioridad, estas argumentaciones circularon en las publicaciones, declaraciones y en la propaganda difusiva con un discurso moderado, con contenido patriótico, nacionalista-económico y anticorporativista, si bien beligerante y movilizador.

Por su parte, Fernando Chaves Molina, químico y miembro destacado del PVP, había venido alertando sobre las pretensiones de la transnacional del aluminio, desde años atrás, con argumentos técnicos y científicos, pero también económicos y políticos, y quien para ese entonces compareció ante la comisión legislativa que estudiaba el contrato, a mediados de 1969. El PVP publicó su intervención en un folleto en el que se recogen los diversos aspectos argumentados por Chaves: la geopolítica del aluminio; la riqueza real del mineral generaleño y la subvaloración que interesadamente estaría haciendo la Compañía; la táctica de esta de llevar adelante la contratación de forma cambiante, como fue el uso inicial de testaferros, presentarlo luego como “contrato ejecutivo” y el intento último de ampliar el área de explotación; advirtió que luego podría venir también la solicitud de una concesión hidroeléctrica para el procesamiento del mineral. Además, argumentaba con una serie de críticas, desde lo tecnológico y económico, sobre las limitaciones de empleo que se proyecta y sobre cómo el contrato era fiscalmente negativo para el país. En dicha comparecencia Chaves llamó la atención sobre la posición crítica que estaba teniendo el estudiantado universitario en esos momentos, aludiendo al movimiento que nos ocupa, el cual ya era evidentemente visible para la opinión pública nacional.¹⁹

Como dato interesante, que muestra la participación temprana, tanto de la Universidad de Costa Rica, como de algunos de sus académicos, y posiblemente de él mismo, el autor informó en su comparecencia, que en 1965, luego de que en La Gaceta Oficial se publicara el contrato de ese entonces, en la Universidad se organizó una mesa redonda en la que participó el gerente de ALCOA, señor Colgrove; el abogado de la Compañía, Lic. Fabio Fournier; el Dr. César Dóndoli, jefe del Departamento de Geología del Ministerio de Industrias, y el Ing. E. Malavassi, entre otra cantidad de profesionales de diversas ramas. Al contrato se le habrían hecho importantes críticas en esa ocasión y se le consideró “redactado con descuido” por los errores que se le imputaron. Este antecedente muestra cómo, desde cuatro años antes, hubo interés por parte de algunos universitarios −y evidentemente del PVP, a través de Chaves− respecto de las pretensiones de la transnacional; interés que se mantendría en relación con la última versión del contrato-ley, a partir de finales de 1968.²⁰ Buena parte de las argumentaciones utilizadas por la dirigencia estudiantil están en el folleto en cuestión.

Características del movimiento: composición social, organización, tipo de acción movilizadora y objetivos

Para una mejor comprensión del surgimiento y desarrollo del movimiento contra ALCOA, se requeriría profundizar en el contexto estructural y coyuntural del país, en las características generacionales de la población universitaria y en el entorno socio-cultural en que le correspondió desarrollarse, lo que implicaría introducirse en ámbitos nacionales, regionales e internacionales, desde lo socio-económico, lo político y lo cultural. Sin embargo, por razones de espacio, reducimos el foco de atención a lo apenas imprescindible para caracterizar al movimiento en lo interno y en su funcionamiento, no sin antes, al menos, mencionar procesos y acontecimientos concretos que ilustran tal entorno.

En primer lugar, a finales de la década de 1960 existían inconformismos político-ideológicos variados y mezclados, como reacción a la situación imperante, al menos entre una parte de los jóvenes estudiantes universitarios de entonces, lo que los inducía a la adopción de posiciones ideológicas desde moderadas a radicales. Entre las principales situaciones que provocaban malestar estaban: el subdesarrollo, la pobreza, las distintas inequidades sociales, las limitaciones de la democracia formal o delegativa, la política intervencionista norteamericana, así como de complacencia y apoyo a las dictaduras de derecha, la religiosidad y la moralidad conservadoras.²¹ Estas y otras inconformidades, interpelaciones y cuestionamientos favorecían la adopción incipiente de posiciones político-ideológicas moderadas y radicales de tipo socialdemócrata, socialcristiano, marxistas o de la teología de la liberación. Había también posturas académicas e intelectuales críticas, como las que originaban la teoría de la dependencia, el marxismo y el neomarxismo y la educación popular o pedagogía crítica. Corrientes de pensamiento y procesos como el nacionalismo económico desarrollista, el antiimperialismo, la religiosidad renovada reformista o revolucionaria y socialismos de distinto tipo apoyaban tales alineamientos. Acontecimientos de aquella década, como la Revolución Cubana, las luchas antidictatoriales centroamericanas, el proceso político chileno, la Guerra en Vietnam, Mayo 68 en París, la Primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco en México, la invasión a República Dominicana

−1965−, los avances tecnológicos y materiales del socialismo soviético, la Revolución China, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín −1968−, entre otros, catalizaban de distintas maneras y grados las disposiciones y voluntades transformadoras de jóvenes disconformes.²² Este proceso de radicalidad parece haberse acelerado con el propio movimiento de lucha contra ALCOA y por su desenlace.

A la vez, se originó en aquellos años una nueva mentalidad colectiva expresada, por ejemplo, en cambios de sensibilidad y de visiones de mundo, y que tiende a resumirse en lo que se ha dado en llamar “cultura juvenil”, la cual, en buena parte, procedía de los centros culturales mundiales como proceso autónomo, pero a la vez cooptado en parte por el mercado de consumo. El mismo se componía de elementos como la música −rock y pop−, la vestimenta, nuevas percepciones estéticas y morales, así como posiciones contraculturales; como por ejemplo, el antirracismo y el pacifismo, lo cual se enmarcaba en la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, contra la “carrera armamentista” y contra la Guerra en Vietnam.²³ Este inconformismo cultural, sobre todo urbano y estudiantil −precisamente en medio de procesos de urbanización nacional−, tendió con frecuencia a integrarse con algunas de las posiciones políticas radicales, por lo que de manera híbrida, con frecuencia, destacaba elementos culturales del folclore latinoamericano, o bien, “populares” y vernáculos, dando como resultado una denominada “cultural popular latinoamericana”, contrapuesta a las tendencias culturales dominantes y comerciales, nacionales o provenientes de los países centrales.

A ello habría que sumar otro fenómeno social relacionado con los anteriores, y que fundamentalmente se originaba, también, en los centros mundiales occidentales: la denominada “revolución sexual”, consistente en ideas relativas a la igualdad entre los sexos, el feminismo, la utilización de métodos anticonceptivos, la aceptación más plena del cuerpo humano, la sexualidad como parte integral de la condición humana individual y social, y cuestionamientos a la institución tradicional del matrimonio. Finalmente, habría que mencionar el uso de drogas, particularmente la marihuana, lo cual, si bien fue algo marginal entre la juventud costarricense en su conjunto, fue un elemento sobre todo llamativo para la opinión pública y utilizado para estigmatizar a ese grupo etario por parte de las fuerzas policiales y la prensa.²⁴ Al igual que en lo político-ideológico, habría que estudiar cuánto y cómo se extendió esta mezcla cultural apenas delineada.²⁵

Composición social

El movimiento de lucha contra ALCOA estuvo constituido y liderado, fundamentalmente, por el estudiantado universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR). Iniciada la lucha se incorporaron gradualmente otros sectores durante las distintas fases del movimiento, aunque la mayoría de estos lo hicieron en la parte final y multitudinaria: profesores universitarios,²⁶ normalistas, gremios y colegios profesionales, sindicatos, estudiantes de educación media, algunas organizaciones políticas, ciudadanía, así como sectores del cantón de Pérez Zeledón. Los colegiales fueron, mayoritariamente, de la capital y sus alrededores, pero también de otras ciudades, como de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón −Liceo Nocturno UNESCO− y de la ciudad de Heredia −por ejemplo, colegios Samuel Sáenz y Vocacional−, donde también participaron estudiantes de la Normal Superior.²⁷

La amplia mayoría de estudiantes de la universidad, de finales de la década de 1960, provenía del Área Metropolitana de San José: “al menos en un 70%”.²⁸ Además, socialmente dominaban quienes tenían procedencia de los estratos medios y altos, aunque también había hijos de empleados y de trabajadores urbanos. La población estudiantil universitaria y colegial estaba creciendo notablemente por dos factores interrelacionados: uno era el demográfico y el otro era la expansión de la educación en el nivel de enseñanza secundaria, especialmente en cabeceras provinciales y cantonales, y un proceso de gradual expansión de la admisión universitaria.

En la década de 1950 y primera parte de la siguiente, Costa Rica experimentó un fuerte crecimiento demográfico debido al incremento de la fecundidad y a un apreciable retroceso en la mortalidad, particularmente infantil. El pico de crecimiento en los años 1950 es cuando nace el grueso de la “generación de ALCOA”. Costa Rica tuvo entonces unas de las cifras más altas de crecimiento poblacional en el ámbito latinoamericano y mundial, de tal forma que la población se incrementó, entre 1950 y 1963, en más de un 60%. Como contrapartida, el descenso en los subsiguientes años de esa década de 1960 fue de los más pronunciados en la región.²⁹ Además, alrededor de 1970, el país se perfilaba como una sociedad con clara tendencia urbana, lo que evidencia e implica cambios económicos, pero también sociales, políticos y culturales.³⁰

En esos mismos años de explosión demográfica, el Estado costarricense creó una importante cantidad de centros educativos de enseñanza secundaria o media, ampliando notablemente la prestación de los servicios educativos en el nivel cantonal y aumentando los ya existentes en las principales áreas urbanas, en particular en el Área Metropolitana, lo que provocó presión para el ingreso de más estudiantes a la universidad. La situación económica estable y de crecimiento, combinada con una política de salarios crecientes y de mayores prestaciones sociales, posibilitó que incluso hogares de la clase trabajadora pudieran enviar a algunos de sus hijos a la universidad; lo mismo puede suponerse que ocurrió con hijos de pequeños empresarios y trabajadores “cuenta propia”.³¹ Tanto el ingreso a la educación media, como a la universidad, fue un mecanismo de ascenso social notable de la época, que se debilitaría notablemente, en la década de 1980, debido a la grave crisis estructural y de deuda externa.

De la organización

Hasta aquel entonces la organización estudiantil universitaria tenía como base fundamental las asociaciones de estudiantes por carreras o escuelas. Estas se agrupaban en el Consejo Superior y desde aquí se elegía al directorio de la Federación; es decir, la FEUCR. Funcionaba exactamente, como su nombre lo indica, como una federación de asociaciones, articuladas por una instancia llamada Consejo Superior, el cual sesionaba con un representante de cada asociación, el respectivo presidente de cada una de ellas, el Directorio del Consejo y la Presidencia. Esta y la Vicepresidencia no tenían entonces la relevancia o preeminencia que empezaría a tener a partir de las reformas estatutarias incorporadas en el XI Congreso, de inicios de 1969; precisamente el mismo evento donde se acordó iniciar la oposición al contrato-ley.³²

El movimiento estudiantil universitario tenía cierto nivel de experiencia previa, dado que contaba con una larga trayectoria de lucha alrededor de reivindicaciones académicas, comedor estudiantil, becas, infraestructura, admisión, presupuesto, apertura de carreras, autonomía universitaria, pasillos techados; así como por temas y problemáticas nacionales e internacionales.³³ De igual forma, realizaba actividades culturales, recreativas y deportivas. Todo esto le daba cierta identidad y fortaleza organizativa.

En cuanto a la lucha contra ALCOA, desde un año antes de que culminara, el peso principal de la organización y movilización estuvo a cargo del Consejo Superior y de las asociaciones de estudiantes, según los testimonios escritos y las entrevistas realizadas. Si bien la estructura y la forma de elección variaron formalmente durante los meses de desarrollo del movimiento, el funcionamiento federativo siguió como antes, dado que el cambio en la Presidencia y Vicepresidencia ocurrió solo pocos días antes de los debates legislativos. Desde 1969, ambos puestos fueron electos en elecciones universales, por lo que esas figuras directivas se fortalecieron, aunque el resto del Directorio continuó siendo dominado por las asociaciones. Aun así en ellos recayó una responsabilidad y atribuciones importantes de representación, administración y liderazgo, pero como se verá, las cosas se complicaron, por la dinámica y la beligerancia del movimiento, primero al presidente y luego al vicepresidente.

Las elecciones con voto universal, según lo acordado en el XI Congreso, se efectuaron en octubre de 1969, y debía efectuarse el traspaso de poderes en abril del año siguiente. Esto hizo que coincidiera el cambio de nuevas autoridades estudiantiles con la fase de máxima movilización contra ALCOA. Habían resultado electos en los puestos de presidente y vicepresidente, Rodolfo González y Jorge Enrique Romero, respectivamente. Sus posiciones político-ideológicas, según los testimonios recogidos para este estudio, eran conservadoras o muy moderadas y carecían del suficiente compromiso con el movimiento de lucha contra ALCOA. Esto último pareciera haber sido acentuado en el caso del presidente, lo que creó rápidamente tensiones importantes con buena parte de las instancias federativas de conducción en el momento álgido del movimiento. González fue reemplazado muy rápidamente

“por falta de compromiso en la lucha planteada”; e incluso, antes de asumir su puesto ya se había desmarcado del movimiento. La responsabilidad formal recayó en el vicepresidente Romero, aunque en la práctica la conducción fue más bien colectiva, orientada por el Consejo Superior, por algunas de sus comisiones, por las asociaciones de las unidades académicas y por algunas agrupaciones estudiantiles que ya expondremos.³⁴ Romero, que ocuparía el lugar del presidente hasta poco después de las movilizaciones, al respecto de su ideología ha afirmado que, “a lo largo de mi vida es, si es que de algo sirven las palabras, la de izquierda democrática”.³⁵ Todo parece indicar que la medida de sustituir al presidente no fue por lo ideológico, sino por la ausencia de compromiso de lucha y capacidad de dirección. Por eso Romero fue aceptable para el Consejo Superior para sustituir a González y, al menos, continuar por unas semanas hasta finalizar las movilizaciones. Pareciera que ni su incorporación para conducir fue fácil ni fue aceptable su conducción, pues finalmente también terminó siendo relevado de su puesto.³⁶

En aquel entonces en la universidad había distintos tipos de agrupaciones estudiantiles; unas que participaban políticamente con vinculaciones a partidos políticos nacionales, otras que lo hacían en términos sociales o pastorales y otros que actuaban para elecciones estudiantiles. Entre los primeros estaba el Movimiento Universitario Socialdemócrata (MUSDE), que mantenía “lazos poco formales de coordinación” con la Juventud Liberacionista (JUL). El liberacionismo había hegemonizado a la Federación y a las asociaciones en los años de 1960. Participó de manera limitada en el movimiento en cuestión, pero estuvo representado en ella por varios de sus miembros que tenían puestos dentro de la estructura de la FEUCR. Su participación limitada posiblemente se debió al hecho de que el Partido Liberación Nacional (PLN) estaba dividido con respecto a la contratación con ALCOA, lo que a su vez se pudo haber reflejado a lo interno de la agrupación. De hecho, el grupo comenzó a sufrir división interna y debilitamiento por la competencia con el resto de agrupaciones de izquierda y de centro en esos años.³⁷ La lucha misma contra ALCOA reforzó esta situación, por la efervescencia estudiantil originada y por el débil papel representado por algunos de sus dirigentes. En todo caso, a los liberacionistas no les impidió renovar cuadros y organización, y posteriormente continuar accediendo a puestos en el directorio federativo.

La única agrupación de izquierda estructurada y con alguna trayectoria en el ámbito estudiantil era el Frente de Acción Universitaria (FAU), creada en 1965 como brazo universitario de la Juventud Vanguardista Costarricense (JVC), la que a su vez era el frente juvenil del PVP. No eran muchos sus militantes, pero estaban bien organizados y activos; además de que publicaban un pequeño periódico o boletín −Unidad− que circulaba en el campus universitario y continuamente repartían volantes sobre asuntos estudiantiles, nacionales e internacionales. Aunque formalmente carecía de presencia importante en el Consejo Superior, se le permitía a algunos de sus dirigentes hacerse presentes e intervenir, de manera destacada, en las sesiones durante la lucha contra ALCOA. Las mismas denuncias y argumentaciones de Chaves Molina las transmitieron en el seno del movimiento estudiantil y colaboraron para incorporar un componente más político en la lucha.³⁸ El PVP disponía del único medio de prensa alternativo a escala nacional, el semanario Libertad, el cual se oponía sistemáticamente al proyecto minero, y su frente sindical, como veremos, también se integró a las acciones movilizadoras de la última etapa.³⁹ Por otro lado, había un grupo pastoral de procedencia católica, entre otros con similares características, que habría tenido un papel crucial en la lucha contra ALCOA: era la Juventud Universitaria Cristiana (JUC), que tenía su sede en la Parroquia de San Pedro de Montes de Oca, en las inmediaciones de la UCR, guiados, entre otros, por los curas Armando Alfaro, Walter Aguilar y Arnoldo Mora, grupo de sacerdotes imbuidos por la renovación de la Iglesia de ese entonces. Parte de sus integrantes se convertirían en activistas del movimiento estudiantil, tanto contra ALCOA, como dentro de las agrupaciones de izquierda a la cuales muchos de ellos ingresarían en los meses y años inmediatamente posteriores. Varios de sus integrantes formaron parte de la Secretarías de Asuntos Campesinos y de Asuntos Nacionales de la FEUCR, las que protagonizaron un papel relevante en la lucha.⁴⁰ Otro grupo que se formó entonces fue la Juventud Universitaria Revolucionaria Demócrata Cristiana (JURDEC), el cual se había separado del Partido Demócrata Cristiano por diferencias ante el contrato-ley. Este nuevo partido se presentaba en el escenario político nacional de entonces como una alternativa reformista. La agrupación estudiantil tuvo un protagonismo similar al de MUSDE, sin destacar especialmente en conducción y fuerza de apoyo al movimiento, salvo algunos de sus dirigentes.⁴¹

Buena parte de los “estudiantes progresistas”, sin agrupación política o de algunas de los círculos cristianos se aglutinó para participar en las elecciones de octubre de 1969 alrededor del Movimiento Universidad Joven (MUJ), el cual, si bien perdió las elecciones ante la agrupación de González y Romero, obtuvo una importante votación. Sus seguidores formaron parte activa del movimiento de lucha contra ALCOA desde las asociaciones y las comisiones de la Federación.⁴² Por último, existió una agrupación relativamente pequeña, pero bastante beligerante y que le aportó dinamismo al movimiento, la cual dirigía la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales −el primer año universitario−, denominada Movimiento Patriótico 11 de Abril.⁴³

Más allá de quienes participaban dentro de estas y otras organizaciones, la amplia mayoría de estudiantes universitarios no militaban en ningún partido o agrupación, pero conformaron la base movilizada del movimiento; por ejemplo, desde las asociaciones de estudiantes.

Es necesario señalar que un importante porcentaje del estudiantado universitario no se unió al movimiento, ya sea por apatía, porque priorizó no interrumpir el estudio o porque no adversaba el contrato. Dentro del mismo Consejo Superior parece haber existido un grupo importante, si bien minoritario, que no aprobó las medidas de lucha adoptadas. Las agrupaciones de derecha aquí no se abordan, pues no formaron parte del movimiento; hasta esos años alguno de ellos tuvo alguna relevancia universitaria, pero desapareció en muy poco tiempo.⁴⁴

Otros sectores participantes

No hay duda de que fue muy importante la participación de un sector académico de la universidad, incluso desde los primeros años de trámite del contrato ley, en 1965, como ya fue señalado. Un ejemplo de académico opuesto a las pretensiones de ALCOA es la figura del entonces decano de Economía, José Manuel Salazar Navarrete, cuyo rol fue muy importante, ya que mostró su oposición en instancias muy visibles: lo fue así desde 1965, cuando era diputado liberacionista; luego como decano durante la movilización entre 1969 y 1970; y, por último, de nuevo como diputado liberacionista, en 1976, impulsando la erradicación de los contratos de ley en la Constitución. El rector Monge Alfaro mantuvo una actitud firme en defensa de la autonomía universitaria y la libre expresión de ideas por parte del estudiantado y la ciudadanía.⁴⁵ Grupos de profesores con distintas adscripciones políticas o independientes, mostraron su oposición y apoyaron la movilización; por ejemplo, en campos pagados y artículos de periódico.⁴⁶

Entonces, además del movimiento estudiantil universitario, de un sector académico con distintas posiciones políticas y del PVP −como ya fue explicado−, también se incorporaron al movimiento −específicamente en las concentraciones, desfiles y publicación de campos pagados en los diarios− normalistas, estudiantes de segunda enseñanza, distintos colegios profesionales, varias organizaciones gremiales, sindicales y comunales. Por aparte se destacó la posición de nueve diputados del PLN y tres de la bancada oficialista −Unificación Nacional−, quienes desde el inicio tomaron posición ante el contrato y coordinaron algunas acciones con la dirigencia estudiantil; así, por ejemplo, algunos de ellos participaron en los eventos de discusión desde un año antes y en determinados aspectos de la organización del movimiento, incluso con colegiales en la etapa final.⁴⁷

En los días previos a los debates parlamentarios finales, grupos de estudiantes universitarios se presentaron en distintos centros de educación media del Área Metropolitana, principalmente de la ciudad de San José y alrededores, para conversar con los respectivos miembros de los gobiernos estudiantiles y convencerlos de que se sumaran a las concentraciones y marchas que se estaban organizando. Pero también llegaron a arengar en las inmediaciones de dichas instituciones y a repartir volantes con información respecto del contrato y sus inconveniencias para el país. La respuesta en muchos centros de educación media, públicos y privados, fue masiva.⁴⁸ El material fotográfico publicado evidencia esta acogida y poder de convocatoria para las concentraciones frente a la Asamblea Legislativa y para las marchas que se efectuaron durante los tres días de debates: 22, 23 y 24 de abril. De hecho, la gran magnitud de las concentraciones en esos días se debió principalmente a la numerosa presencia de colegiales.⁴⁹

Carecemos de suficiente información respecto de la participación del movimiento sindical, pero los campos pagados en la prensa escrita consultada evidencian que sindicatos de empleados públicos, del magisterio nacional, así como de algunas confederaciones, dieron su apoyo público y fueron más allá de lo declarativo, llamando a paros de protesta y denuncia, así como a participación directa en las concentraciones, como más adelante veremos.⁵⁰ De igual forma, varios colegios profesionales manifestaron su repudio al contrato mediante campos pagados. Es de suponer también que hubo espacios pagados en algunas de las radioemisoras nacionales.

Los objetivos y el desarrollo de la movilización

A continuación, se hará una síntesis interpretativa de la movilización, retomando y ampliando aspectos de organización y acción que han sido adelantados en la exposición. De igual forma, se examinará el discurso que movilizó y articuló al movimiento, donde se destacan los objetivos de lucha como elemento esencial. En este sentido, movilización y discursividad contribuirán a caracterizar al movimiento en su conjunto.

En lo relativo a la organización y las acciones, se puede señalar una fase inicial apoyada en la estructura organizativa ya existente de las asociaciones de estudiantes y de la FEUCR en su conjunto, la cual consistió en informarse por medio de estudios, foros y, en general, acopio de información sobre las implicaciones del contrato, con el fin de construir criterio fundamentado. Estas actividades fueron organizadas por el Consejo Superior y las propias asociaciones estudiantiles, eran muy abiertas y pluralistas, tanto en el sentido de que se invitó a participar en ellas a representantes de los distintos sectores involucrados −corporación, políticos, representantes del Gobierno y especialistas−, como en el sentido de que participaron estudiantes de diversas posiciones ideológicas. Esta fase comenzó a inicios de 1969. La actitud del Gobierno fue, desde el inicio, renuente a participar y dialogar, y se fue endureciendo por la posición adversa y sostenida del movimiento estudiantil y académico.

La segunda etapa fue la de organizar movilizaciones y concentraciones, aproximadamente desde un mes antes de los debates finales, tanto hacia la Asamblea Legislativa, como hacia la Casa Presidencial, con desfiles por el centro de la ciudad capital; pero también en algunas otras ciudades, particularmente Heredia y San Isidro de Pérez Zeledón. Como se señaló, el peso recayó en las asociaciones estudiantiles y el Consejo Superior. Algunas agrupaciones político-estudiantiles incrementaron su participación y fue cuando comenzaron a recibirse apoyos de algunas centrales sindicales. Se caracterizó esta fase, además, por establecer piquetes pacíficos y permanentes en las inmediaciones del edificio legislativo.⁵¹ Ya en esta fase hubo fuerte represión policial contra manifestantes en distintos momentos: particularmente durante la marcha del 1 de abril en el centro de San José y, a los pocos días, contra el piquete que se encontraba al lado de la Asamblea Legislativa.⁵² La segunda etapa también fue de preparación, pero ya no tanto hacia lo interno de la universidad, sino hacia la incorporación de la opinión pública y las organizaciones sociales, como sindicatos, gremios del magisterio nacional y de profesionales, agrupaciones campesinas y comunales, así como de los gobiernos estudiantiles de segunda enseñanza, con los cuales se hicieron reuniones informativas y de coordinación.

La tercera y última etapa consistió en las movilizaciones masivas, entre el 20 y el 24 de abril, por el centro de San José, las que desembocaron en grandes concentraciones y discursos frente a la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial, en ese entonces, a una cuadra un edificio del otro. Durante los últimos tres días se dieron los respectivos debates para la aprobación del contrato-ley. Los mitines se agrandan notablemente, sobre todo, con la incorporación masiva de una buena parte del estudiantado colegial, pero también por la presencia física de más manifestantes de los otros sectores participantes, así como de ciudadanos independientes. El 23 de abril la FEUCR se declara en huelga, como protesta por la aprobación del contrato en primer debate, el día anterior; varios gobiernos estudiantiles de educación media hicieron lo mismo y posiblemente esta fue la mayor concentración durante los tres días de movilizaciones masivas. El 24 de abril también fue de gran participación y correspondió con la sesión para el tercer y último debate. Cuando la información llega a la calle sobre el resultado del debate, se produce el estallido de violencia de parte de un amplio sector de manifestantes y la subsiguiente represión policial, como ya fue relatado. La huelga se extendería en la UCR por varios días más, hasta el 1 de mayo, como protesta por el desenlace parlamentario, por la represión policial, que se consideró desmedida, y por la detención extendida de algunos manifestantes.⁵³

Los objetivos de todo el movimiento, desde sus inicios, fue denunciar la contratación y presionar para impedir su aprobación legislativa, por los perjuicios que el contrato acarrearía al país en lo económico, en lo social, en la pérdida de soberanía y en lo ambiental. Su estrategia fue la de hacer frente a la tramitación parlamentaria mediante la presión social de las organizaciones sociales y la ciudadanía: primero, haciendo conciencia entre los estudiantes y la comunidad universitaria; luego hacia sectores organizados, como el sector sindical y las asociaciones gremiales, principalmente magisteriales y, por último, los centros de educación media y la opinión pública en general; siempre interpelando y haciendo presión sobre el Gobierno y los diputados. La táctica fueron los foros −primera etapa−; las reuniones preparativas de la coordinación con otros sectores y organizaciones, las hojas sueltas, las movilizaciones de las últimas dos etapas; la realización de manifestaciones para hacer presión y denuncia, durante las dos fases finales −pero sobre todo para la última− y los campos pagados. Obviamente, los tiempos estuvieron marcados por los ritmos del trámite legislativo del proyecto de ley.

Un campo pagado del último día de movilizaciones sintetiza buena parte de los objetivos y motivaciones de la lucha:

“La FEUCR en pie de huelga, manifiesta: / 1. Basados en estudios y pronunciamientos de los colegios profesionales, y después de analizar la contratación con ALCOA en un seminario de carácter nacional que organizamos, nos hemos opuesto rotundamente a la contratación tal y como se suscribió; / 2. Nuestras conclusiones les fueron enviadas a los señores diputados, muchos de los cuales, demostrando un desinterés vergonzoso en los asuntos de la Patria, ni siquiera las leyeron; /

3. Pretenden ahora esos señores diputados darle la aprobación al contrato, a pesar de que en forma irresponsable, admiten que se trata de un mal negocio para Costa Rica; / 4. Porque tenemos dignidad y vergüenza de costarricenses, hemos colocado sobre nuestros hombros la responsabilidad de oponernos firmemente a que por medio de un contrato-ley se viole nuestra soberanía; / 5. Porque nos oponemos a la humillación de someter a la Patria a la jurisdicción de tribunales de justicia de los EE. UU.; porque defendemos los derechos laborales de nuestros trabajadores, porque queremos para Costa Rica un progreso digno. / A todas las asociaciones, sindicatos y ciudadanos conscientes y responsables de sus obligaciones para con nuestro pueblo, les decimos que nos mantendremos en pie y que nos unamos ahora. La huelga de hoy nos evitará dolores y sacrificios innecesarios en el futuro. Todos a la huelga! Viva Costa Rica! Federación de Estudiantes Universitarios de Costa Rica”.⁵⁴

Como se puede observar, la línea discursiva principal, la cual se reitera en los campos pagados de las asociaciones estudiantiles universitarias en los diarios, fue moderada y patriótica, pero también fue exigente y cuestionaba a los políticos con cargos en el Gobierno y en el parlamento; de igual forma se llamaba a la unidad nacional en contra del proyecto de ley. No aparece en las principales publicaciones del movimiento un tono propiamente antiimperialista, y menos aún más radical, por ejemplo, anti-capitalista. Aunque sí existe un ataque permanente contra las pretensiones económicas de la transnacional y, en general, de las grandes corporaciones hacia nuestro país. Este fue, inclusive, el tono de Libertad, el semanario de Vanguardia Popular.

Veamos algunos ejemplos de llamamientos de las organizaciones que formaban parte del movimiento, publicados en La Nación entre marzo y abril: “¡A luchar costarricenses! Defiende tu Patria amenazada por ALCOA” −Frente Nacional de Lucha contra ALCOA y Movimiento Patriótico 11 de Abril−; “Estudiantes patriotas de San Isidro del General en defensa de Costa Rica” −Estudiantes de San Isidro−; “Nuestra patriótica posición contra ALCOA” −Frente Nacional de Lucha contra ALCOA−; “La Asociación de Estudiantes de Educación ante la brutal agresión de las autoridades contra estudiantes universitarios” −Asociación de Estudiantes de Educación−; “De pie costarricenses! Unámonos ahora. La huelga de hoy nos evitará dolores y sacrificios innecesarios en el futuro. Todos a la huelga! Viva Costa Rica!” −FEUCR−.⁵⁵ Es cierto que estas publicaciones hechas en los principales diarios pasaban por una revisión y censura previa de parte de esas empresas periodísticas, pero aun así, muestran el tono principal del lenguaje discursivo.

Otros ejemplos tomados durante las semanas de movilización en el semanario Libertad: “Contrato leonino y escandaloso que no conviene al país”; “Basta ya de entregar nuestros recursos naturales. La juventud y todo el pueblo deben poner fin a estos atropellos, a la soberanía y a la economía de Costa Rica”; “39 diputados contra el país”.

Mención aparte merece un artículo de análisis publicado, luego del 24 de abril, en que Arnoldo Ferreto, dirigente del PVP, se dirige específicamente a los lectores del semanario y ahí emplea algunos conceptos antiimperialistas y una cita del mismo Marx: “Toda la jauría reaccionaria se ha movilizado para echarse encima de nuestro Partido por los sucesos del viernes 24 del corriente […] La lucha contra el imperialismo en nuestro país ha entrado en una nueva etapa. […] En fin, el gran combate de nuestro siglo, por liberar al país del imperialismo y por darle un régimen de amplia democracia, está en marcha”.⁵⁶

¿Podrían haber pasado desapercibidos en la investigación discursos más radicales que circularon en escritos o que se vocearon en las calles y que podrían haber representado posiciones de algunas de las agrupaciones más radicales? Es posible, pero en todo caso, no habrían representado a los del movimiento más general, ni a su dirigencia. Hemos encontrado mucha uniformidad en el tono del lenguaje en la documentación revisada. La dirigencia del movimiento aglutinó a la diversidad de sectores que lo componían, bajo un discurso o ideario “patriótico”, aunque algunos en sus posiciones particulares pudieran haber sido antiimperialistas y anticapitalistas. Muy probablemente, parte de la estrategia fue la moderación discursiva con el fin de mantener la amplitud del movimiento.

Una vez concluido el movimiento, presumimos que la radicalización ideológica y discursiva de algunos sectores estudiantiles, que hasta entonces habían mantenido la moderación, surgió como reacción a las respuestas dadas por el Estado y la prensa; o si es que existía desde antes, finalmente pudo expresarse al desaparecer el movimiento y sus objetivos de amplitud.

Un año después de las movilizaciones, un destacado joven poeta e intelectual testimoniaba sobre lo que fueron la composición y los objetivos del movimiento, reafirmando lo que de alguna manera hemos encontrado y expuesto:

“El estudiante costarricense se organizó en células de trabajo de manera espontánea, producidas por el entusiasmo ante la posibilidad de un rechazo del contrato por parte de la Asamblea o de un retiro por parte del Ejecutivo. / En un principio se llevó a cabo un proceso de mutua concientización entre profesores y alumnos, lográndose resultados sorprendentes hasta el punto de que profesores y alumnos, sin ningún tipo de discriminación, desfilaron juntos, y ayudándose mutuamente, lograron la paralización y el ausentismo total en algunos centros de enseñanza. / […] El estudiante desfiló e hizo su protesta efectiva por medio de afiches y pancartas, cantos patrióticos, piquetes permanentes y movilizaciones relámpago que culminaron en la gloriosa manifestación del 23 de abril, frente a Casa Presidencial. / Quizá la experiencia de participación más interesante fue la combatividad de ciertos alumnos de colegios de órdenes religiosas, cuya mística de combate, a pesar de pertenecer a familias de extracción burguesa mostró un alto grado de concientización en el problema. /La FEUCR, pese a sus contradicciones internas, logró mantener una cierta unidad que fortaleció al movimiento estudiantil. / [...] La protesta estudiantil adquirió varios matices. En un principio fue la labor de concientización, con el fin de explicar los puntos por los cuales se adversaba a Alcoa. Luego la protesta se concentró también contra los medios de comunicación colectiva −prensa y radio−, para volcarse en los últimos días contra los diputados, señalándolos como servidores de las grandes compañías extranjeras. / Algunas organizaciones estudiantiles y políticas se manifestaron contra todo tipo de violencia física, pero otros sectores más radicales y concientizados se manifestaron por una cierta presión contra intereses específicos, tales como el diario ‘La Nación’, la Asamblea Legislativa, y algunos otros medios defensores de la contratación. Todo ese movimiento de repudio fue espontáneo y provocado por las actitudes de estos elementos en su saña contra el movimiento estudiantil”. ⁵⁷

En fin, el movimiento se expresó de manera unitaria en manifiestos, hojas sueltas, campos pagados, dado que se integró, para tal fin, una instancia coordinadora bajo el nombre de Frente Nacional de Lucha Contra ALCOA; en particular, convocó a la marcha y a la concentración de los días de debate legislativo y efectuó una serie de publicaciones.⁵⁸

Resumiendo lo que los testimonios parecen señalar, se puede afirmar que la etapa inicial fue circunscrita al ámbito más estudiantil y universitario, pero conforme el debate se hizo más generalizado, se amplió con el apoyo, sobre todo solidario, de organizaciones sindicales, campesinas, juntas progresistas y asociaciones de desarrollo comunal, ya que la movilización predominantemente fue siempre estudiantil.⁵⁹ El comunicado de la Federación consigna ochenta y dos agrupaciones. Al constituirse el Frente Nacional de Lucha Contra ALCOA, comenzó a reunirse en el local de las Juntas Progresistas, en los altos del Mercado Central, o en el Centro de Recreación de la FEUCR. Por ejemplo, el SEC −Sindicato de Educadores Costarricenses− estaba recién creado y fue muy importante su participación para involucrar a los maestros e integrar parte de los colegiales.⁶⁰

Hay que indicar que, además de profesores, prominentes autoridades universitarias actuaron en apoyo o consentimiento hacia el movimiento en los días de mayor movilización y en los días posteriores, cuando la prensa y el Gobierno arreciaron en contra de este. El Consejo Universitario y la Rectoría habían estado recibiendo presiones, especialmente de la prensa y de algunos favorecedores del contrato-ley, para que, de alguna manera, se reprimiera o se obstaculizara al movimiento, pero se mantuvieron consecuentes en su posición de defender la autonomía universitaria y estudiantil. Por ejemplo, ofrecieron defensa legal a los detenidos, en particular a los doce que quedaron encarcelados por más tiempo; la Radio Universitaria, luego de haber estado tomada por estudiantes durante la huelga, al concluir esta les permitió continuar dando boletines informativos. Por su parte, varios prominentes profesores contestaron un editorial de La Nación que volvía a descalificar al movimiento; lo anterior entre otras acciones y manifestaciones de oposición al contrato y de apoyo al movimiento, una vez concluido. En todo caso hubo quienes apoyaron el proyecto, dentro del profesorado.⁶¹

Es importante reiterar que dentro del movimiento estuvieron, en primera línea, los diputados opuestos a la contratación, lo que fue un factor fundamental. En este sentido, se puede decir que una parte de los actores políticos, principalmente de nueve diputados del PLN, algunos miembros de su juventud y tres diputados del oficialismo, actuaron como disidentes de la línea trazada por los principales dirigentes de ambos partidos mayoritarios, así como de los gobiernos saliente y entrante. El mismo presidente electo, José Figueres Ferrer, al menos en declaraciones públicas descalificó al movimiento. De igual forma, fue importante la oposición que ejercieron, además de estudiantes y profesores generaleños, algunos finqueros locales que denunciaban y contradecían argumentaciones de los defensores del contrato, pregonando una contratación más “digna”.⁶²

Epílogo de la movilización

Si bien es cierto el movimiento no logró detener la aprobación del contrato-ley con ALCOA en la Asamblea Legislativa, ni tampoco la sanción hecha por el presidente de la República, sí logró crear una importante corriente de opinión dentro de la ciudadanía contraria al contrato y, en buena medida, desprestigiarlo e ilegitimarlo. El 26 de abril, la Federación transmitió un comunicado a la opinión pública nacional, desde la Radio Universitaria, sobre los hechos del día 24, aclarando y asumiendo responsabilidades:

“La FEUCR en ningún momento declinará la responsabilidad histórica que le corresponda, por su actitud de abierta oposición a la entrega del patrimonio nacional. / Aceptamos con orgullo esa responsabilidad.

/ La Patria nos imponía el deber de alertar al pueblo. / Y el Pueblo atendió nuestro llamado. / Y el Pueblo, pese a todas las maniobras de los enormes intereses que nos adversaron, manifestó su repudio en las calles, porque se le negó la posibilidad de hacerlo en otros medios. / Existen también otras responsabilidades que señalar. / Debe sentarse la responsabilidad del Poder Legislativo que festinó procedimientos y reglamentos, para desoír la voz popular que traicionaban y entregar a la Patria en un acto sin precedentes. / Debe sentarse responsabilidad en el Presidente de la República, para quien la protesta de la juventud y la ciudadanía, no fue obstáculo para refrendar la venta incondicionada de nuestro futuro. / Debe sentarse la responsabilidad de aquellos órganos de información, que se obstinaron en impedir que la ciudadanía comprendiera la realidad, sobre la oprobiosa entrega de que se ha hecho objeto a las generaciones que han de dar vida a la Patria en los próximos cincuenta años. / Jamás la FEUCR ha hecho llamados a la violencia. / Y, más bien, cuando solicitamos una cadena nacional de radio para instruir al pueblo sobre la necesidad de calma y orden en la manifestación, la colaboración de los que hoy pretenden hacerse aparecer como los apóstoles de la libertad y los guardianes de las instituciones democráticas, fue negada. / Nuestro agradecimiento para las ochenta y dos agrupaciones estudiantiles, trabajadoras y religiosas que acuerparon el movimiento. / Mantendremos por siempre nuestra actitud de denuncia. Es nuestro deber de costarricenses. / Y aceptaremos la responsabilidad que la historia señale a la FEUCR. / Como orgullosos defensores de los verdaderos intereses del pueblo al que pertenecemos, estamos seguros de que la historia, que no será escrita por los que hoy detentan el Poder, sino por las generaciones futuras, será mucho más benigna con nosotros, que con los que vendieron a la Patria”.⁶³

Concluido el movimiento, el Consejo Superior de la FEUCR se reunió en mayo y tomó varios acuerdos, entre los que destacan: la destitución del presidente y del vicepresidente, González y Romero, respectivamente, “por no responder a los intereses del estudiantado universitario”. Se consideró que la pugna entre ellos, desde que asumieron sus cargos, fue negativa para el movimiento estudiantil, al igual que “sus ambiguas actuaciones durante las jornadas de lucha”. Mientras tanto, se constituyó un Gobierno Estudiantil Universitario integrado por miembros de cinco asociaciones; se nombraron dos comisiones para que una redactara nuevos estatutos federativos y otra un nuevo reglamento electoral, para que en 30 días se convocara a elecciones.⁶⁴ De igual forma, varias asociaciones de estudiantes hicieron públicos acuerdos en consonancia con esa línea, en los que, además, condenaban a los políticos que apoyaron el contrato-ley, “por desoír al pueblo”; como por ejemplo, al presidente electo Figueres y al presidente de la República Trejos, quien fue declarado non grato por dos asociaciones; felicitaron a los diputados que se opusieron al contrato y se declaró el 24 de abril, “Día de la Juventud Costarricense”.⁶⁵

La dirigencia de la FEUCR y de otras organizaciones, desde las primeras horas y días posteriores a los disturbios del 24 de abril, debió efectuar gestiones para liberar a compañeros suyos detenidos por la policía, que sumaban unos doscientos, oficialmente, o trescientos cincuenta, según el PVP. La mayoría salió libre al día siguiente; pero, como ya se adelantó, un grupo de doce, algunos miembros de organizaciones como el PVP, estuvieron en la cárcel varias semanas hasta que los tribunales los liberaron con absolutoria.⁶⁶ Algunos de los adversarios al contrato, luego de su aprobación, intentaron seguir oponiéndose y buscar una anulación, lo cual no prosperó. Así por lo menos se manifestó en la convocatoria y realización del desfile del 1º de Mayo, Día de los Trabajadores.⁶⁷

Actitud y acción del Estado y de la prensa⁶⁸

El Gobierno, fuera de hacerse presente en un foro, en 1969, mediante la participación de personeros de los ministerios relacionados con el proyecto de ley, no volvió a participar ni a dialogar en instancias similares, a las que fue invitado de manera subsiguiente por parte de la FEUCR. Al contrario, la actitud fue reiteradamente de descalificar y señalar al movimiento como “contrario a los intereses nacionales” y que el mismo estaba siendo utilizado por fuerzas “comunistas” mal intencionadas, según el lenguaje peyorativo y estigmatizador de la Guerra Fría y mediante el uso de estereotipos.⁶⁹

En sus memorias, el entonces presidente de la República siguió valorando como positiva la contratación, sobre todo con la “posibilidad”

−ya que en el texto del contrato-ley no estaba esto estipulado− de que la bauxita se procesara para elaborar alúmina, un producto más terminado que le proporcionaría mayor valor agregado al mineral exportado y que habría creado más puestos de trabajo.⁷⁰ Además, el expresidente culpa a una “minoría parlamentaria” que desoyó a la mayoría, al nuevo presidente electo Figueres y a la prensa, por alargar y retrasar la aprobación, al levantar especulaciones “exageradas” sobre los perjuicios del contrato.

Es interesante encontrar, en esta versión de Trejos Fernández, la constatación de lo importante que para los defensores políticos del contrato significó el apoyo de la prensa y sus editoriales, para apurar su aprobación, cuando faltaban pocos días para concluir el período legislativo y gubernamental de su administración. De no haberse aprobado en su administración, esto les hubiera implicado un gran descalabro por el mayor atraso en el trámite parlamentario, pues la discusión se hubiera tenido que reiniciar con un parlamento renovado y con un destino más incierto para el contrato-ley. En todo caso, “el atraso” obtenido por los opositores, a su modo de ver, le dio tiempo “a un llamado Frente Nacional de Lucha contra ALCOA” y a algunos grupos “extremistas influenciados ideológicamente por Cuba” y que habían asaltado la cárcel de Alajuela y secuestrado un avión de LACSA hacia aquella isla, aseveraciones que no fundamentaba, ni tenían asidero en la realidad documentada.

Este tipo de argumentaciones eran muy propias del ambiente de Guerra Fría, las cuales provenían cotidianamente de los poderes políticos y de la prensa para desacreditar a ciertos movimientos sociales, como también ocurrió esta vez. Es por eso que el expresidente se introduce en sus memorias, en las sendas de la estigmatización del movimiento para defender su posición respecto del contrato. El régimen político costarricense, o al menos aquel Gobierno, no aceptó a un sector de la sociedad civil cuestionador, que se opuso a los poderes políticos, económicos y mediáticos. No se hizo ninguna denuncia o investigación formal sobre la tal supuesta relación internacional y los propios juzgados nacionales absolvieron a los sospechosos detenidos.

Las acciones insurgentes a las que se refiere Trejos fueron realizadas por comandos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y si hubo participación de costarricenses, por ejemplo, de Plutarco Hernández; pero esto lo hicieron sin ninguna vinculación con el movimiento de lucha contra ALCOA.⁷¹ En nuestro país existían, en ese entonces, pequeñas agrupaciones que operaban y se organizaban bajo el esquema foquista-guevarista e insurreccional, las cuales no movilizaban contingentes sociales nacionales o universitarios de importancia. Algunos de ellos apoyaron y se integraron al movimiento contra ALCOA, pero sin destacar en su conducción y movilización, pues carecían de “frentes de masas”, particularmente en el movimiento estudiantil, en parte por su propia estructura clandestina.⁷²

Trejos valora algunos actos colectivos o individuales de estudiantes de manera paternalista o adultocéntrica, como se evidencia en la siguiente frase:

“Cuando los diputados estaban en medio de la votación, a eso de las cinco de la tarde y unos minutos, unos muchachos, haciéndole caso a un agitador de extrema izquierda, se subieron por las canoas del recinto parlamentario y llegaron donde estaban las conexiones generales de la corriente eléctrica, es decir, la central que abastecía de electricidad la totalidad del edificio”.⁷³

En algún momento del relato testimonial, el expresidente menciona una reunión en la misma noche de los disturbios, con los directores de los medios de comunicación, lo que demuestra criterios consensuados y distorsionados con respecto al movimiento:

“Los directores de los medios de información, don Guido Fernández Saborío [La Nación], don Rodrigo Madrigal Nieto [La República], don Rolando Angulo [Radio Periódicos Reloj], don Enrique Benavides Chaverri [La Nación], don Manuel Formoso Peña [La Nación], don Joaquín Vargas Gené [periodista de varios medios y viceministro], don Andrés Borrasé [Sanou, La Prensa Libre], don Carlos Darío Angulo Zeledón [Radio Periódicos Reloj], y el Presidente del Colegio de Pe- riodistas, don Julio Suñol Leal, se reunieron en la Casa Presidencial y lamentaron los hechos de quienes pretendían, entre la confusión y la manipulación, “instaurar una dictadura” y romper con el respeto que se le debía a la institucionalidad de la República”.⁷⁴

La explosión de ira espontánea de los jóvenes manifestantes se comenzó a catalogar como intento de “instaurar una dictadura”, como el mismo señor Trejos afirma. Luego se habló hasta de un intento “bien planificado” de tomar el poder, o complot, versión puesta a circular en los medios de comunicación por Diego Trejos, hermano del presidente y ministro de Seguridad.⁷⁵ La propia Unión de Cámaras Agropecuarias hizo eco de estas supuestas denuncias.⁷⁶

Al contrario de tales cargos, fue evidente, y así lo han expresado varios dirigentes de entonces, que les fue imposible que la concentración de ese día 24 no terminara en violencia, ya que no pudieron detener a una buena parte de manifestantes que se sintió defraudada, ya que consideraba que su lucha había sido una reivindicación patriótica y justa, por lo que la frustración la llevó a descargar su furia contra el edificio de la Asamblea Legislativa, contra la policía cuando esta apareció y contra algunos de los locales de la prensa radial y escrita, por su posición en el asunto. Inmadurez política de un sector de la juventud universitaria y colegial fue lo que demostró la violencia desatada, independientemente de si hubo provocadores infiltrados.⁷⁷ Lo que para los manifestantes no se justificó, fue la desproporcionada represión policial, que llenó de gases lacrimógenos las calles de la ciudad e indiscriminadamente golpeó a manifestantes y detuvo a cualquier transeúnte. Las autoridades también aseguraron que hubo algunos conatos de saqueo contra almacenes comerciales, pero esto es objeto de controversia; pero, si ocurrió, ha de haber sido en grado muy limitado, pues no se muestran evidencias importantes al respecto en las fuentes de información.⁷⁸ Alfonso Chase expuso el asunto de la violencia estudiantil del último día, de la siguiente manera:

“La jornada del [día] 24 de abril sólo fue la culminación de una serie de tensiones que reafirmaron la unidad estudiantil y motivaron la protesta por diferentes vías, una de ellas la “violencia” contra objetivos específicos, tal vez inesperada inclusive para sus mismos protagonistas.

/ La indignación y la frustración ante la pertinacia de los diputados y las manifestaciones del Poder Ejecutivo, además del despliegue de policías, fue lo que produjo los disturbios que fueron la culminación de una serie de inquietudes cívicas y políticas del estudiantado costarricense. La protesta contra Alcoa se volcó en una protesta contra el régimen en que vivimos, que permite, con un despliegue de matonismo intelectual, que una contratación de ese tipo se apruebe con 41 votos a favor y 11 en contra, siendo hecha ley por el Poder Ejecutivo unas horas después”. ⁷⁹

Sobre la supuesta manipulación izquierdista, el entonces vicepresidente de la FEUCR, Jorge Enrique Romero, afirma:

“Yo que estaba con otros líderes, a la cabeza del movimiento estudiantil, dirigiendo las marchas de los días lunes 20 al viernes 24 de abril por las calles de San José, con el apoyo de un jeep [vehículo de tipo rural] con parlantes −que años después supe que era del partido comunista [PVP]−, no tuve la imposición ni la influencia manipuladora de ningún político a nivel nacional ni de los líderes de los jóvenes de la izquierda que funcionaban dentro de la Universidad de Costa Rica. Actué conforme mi decisión, que era respetada y seguida. Tampoco los dirigentes sindicales que se sumaron a las jornadas trataron de manipular o dominar el rumbo de las acciones de estas jornadas. Hubo una disciplina en la acción sobresaliente. Igualmente, el cordón de troyanos que me rodeaba cuando coordinaba el altoparlante desde el mencionado jeep, −Julio César y otros compañeros− para dar paso a los respectivos y sucesivos oradores, entre los cuales estuvo el sacerdote Benjamín Nuñez (†), tenía como objetivo mantener el orden y la disciplina en la dinámica de las protestas”.⁸⁰

En ese ambiente de Guerra Fría y la puesta en práctica de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, a lo que era social-reformismo y nacionalismo económico, con frecuencia se le denominaba “comunismo”, y lo que era realmente de izquierda o comunista, se le acusaba de ser de agentes subversivos de intereses foráneos, como Cuba, China o la URSS y, por lo tanto, era reprimido; por ello, al movimiento se le calificó con esos términos o de ser útil a tales intereses amenazantes. En esto, el Gobierno y los medios de comunicación hicieron causa común, así como de parte de varios diputados que apoyaron el contrato-ley.⁸¹

Como ejemplo del uso estigmatizador de “comunista” o de términos similares, en la campaña electoral en que Trejos Fernández era aún candidato por el Partido Unificación Nacional (1965-1966), entre los principales mensajes en contra de su contrincante del PLN, Daniel Oduber, fue acusarlo de “fidelista” y a su partido de ser “comunista solapado”, por la posición reformista de algunos de sus partidarios.⁸² Pero hasta el propio presidente electo, Figueres Ferrer, declaró ante la prensa nacional que “los estudiantes están siendo usados”.⁸³ En ese entonces era muy común acudir al calificativo de “tonto útil” para referirse a aquellos que cuestionaran aspectos del régimen establecido o del consenso hegemónico, para asociarlo al “comunismo internacional” o al “oro de Moscú”. El maniqueísmo ideológico formaba parte de la forma cotidiana de hacer política, de un lado y otro del espectro político.

Por su parte, la prensa escrita se movió desde ese tipo de mensajes estereotipados, hasta otros más elaborados, si bien ideológicamente conservadores y descalificadores hacia el movimiento.⁸⁴ La mayoría de los noticieros radiofónicos, que durante los años 1960 tenían una importante audiencia dentro de todos los sectores de la sociedad, en particular entre los sectores rurales y populares, muchas veces fue más virulenta que la prensa escrita en contra del disenso. Tales ejemplos de programas noticiosos lo fueron Radioperiódico Reloj −de la radioemisora Radio Reloj− y La Palabra de Costa Rica −de la radioemisora Monumental−.⁸⁵

En un editorial de La Nación, en el que se intentó un análisis más argumentado, se deslindaban dos posiciones dentro del movimiento contra ALCOA, si bien, supuestamente ambos en “procura radical del socialismo”: unos, que son “los camaradas”, es decir, los militantes del PVP y posiblemente de las incipientes organizaciones de izquierda, y otros, también radicales, estudiantes y profesores, quienes consideran que se pueden aliar a los primeros en las primeras etapas hacia el socialismo. Parecía estarse refiriendo a la unidad, dentro del movimiento, entre izquierdistas revolucionarios y socialdemócratas, socialcristianos o demócrata-cristianos reformistas. El peligro, dice el editorialista, es que esto es lo que ha llevado a la aparición de guerrillas campesinas y urbanas en la región, en contra de “nuestras tradiciones y valores jurídicos y políticos”; además, se rehúsan al diálogo porque “descalifican a sus eventuales interlocutores como ‘entreguistas’ y ‘vendidos’, etc.”. El editorialista continúa señalando que no se puede ver “paternalistamente” [sic], o como actitud irreflexiva de muchachos. Podemos terminar como países vecinos bajo los rigores del terror y la violencia, y se intenta, reitera, introducir formas de lucha distintas a las que han existido en nuestro país. Afirma que ha habido amenazas telefónicas a diputados y hubo amenazas de secuestro. Y agrega:

“Es esto lo que separa, lo que distingue, lo que divide a la juventud de otras épocas de la presente. Aquellas actuaban contra los abusos, contra los vicios, contra la ilegalidad, en defensa de las instituciones republicanas. Estas actúan contra los usos, contra el ejercicio de los derechos, contra el funcionamiento constitucional de las instituciones”.⁸⁶

Aquí compara, sin decirlo, a jóvenes de la Oposición en los años 1940, con la nueva juventud, más cercana a posiciones de izquierda. Y luego concluye diciendo que, en esto, las autoridades universitarias están equivocadas; son ingenuas por estar, supuestamente, a tono con los tiempos, argumenta el editorialista.⁸⁷

De esta forma, un medio tan influyente y conservador como La Nación intentaba señalar de manera más argumentada aquel movimiento amplio y diverso. El editorial evidencia que en esa ocasión no era tan fácil acusar únicamente a los “camaradas”, a los “comunistas”, a los “agentes de Moscú”, al PVP, de la protesta “subvertidora del orden”, pues fue claro que habían liderado, participado, o al menos dado su apoyo, gran cantidad de personas y agrupaciones que eran de muy diversa procedencia, inclusive hijos de connotados empresarios, alumnos y exalumnos de conspicuos centros de educación media privados. Había sido notorio que el movimiento fue dirigido por un grupo estudiantil heterogéneo, que actuó abierta y públicamente, a contrapelo de lo que el Gobierno de manera simplista y estereotipada argumentaba. El intento editorialista, aparentemente más riguroso, partía del mismo supuesto: que el movimiento fue sedicioso. Es evidente que el movimiento siempre actuó de manera legal, abierta y transparente a lo largo del año de su existencia e inclusive durante las manifestaciones del último mes. La violencia que surgió en la manifestación fue específica y únicamente en la tarde-noche del 24 de abril.

También hubo una agrupación estudiantil de extrema derecha, con alguna presencia en la UCR durante la década de 1960, la cual adversó al movimiento de lucha contra ALCOA. Eran miembros del Movimiento Costa Rica Libre, agrupación anticomunista, con tendencia paramilitar, creada en 1961. Buena parte de su actividad en la universidad se limitó a boicotear, mediante acciones violentas, las actividades que realizaba la izquierda, y durante alguna de las movilizaciones contra el contrato-ley aparentemente lo hicieron. El grupo prácticamente desapareció del ámbito universitario al avanzar la década de 1970, pero en el plano nacional continuaría su actividad, principalmente por la existencia de una página en La Nación, hasta inicios de la década de 1990.⁸⁸

Finalmente, se deben mencionar algunos otros sectores que apoyaron la contratación, los que de una u otra forma reiteraron las argumentaciones del bloque que más permanentemente la defendía. En primer lugar, algunos grupos empresariales del país representados por la Cámara de Comercio, quienes, al menos tuvieron presencia mediante varios campos pagados, manifestando su apoyo al contrato. Además, así como localmente estudiantes y profesorado de segunda enseñanza de Pérez Zeledón se opusieron a la contratación, la prensa y la Compañía publicaron notas y campos pagados de sectores y organizaciones del cantón sureño que habrían estado apoyando el contrato; particularmente un denominado “Comité Pro-explotación Laterítica de San Isidro de Pérez Zeledón”, que podría haber sido alguna organización financiada por la Compañía, con el objeto de publicar abundante propaganda y así generar apoyos. Y, por último, la Iglesia Católica, por medio de su periódico, El Eco Católico, que al menos editorializó en una ocasión a favor del contrato-ley, reiterando las argumentaciones del bloque defensor, aunque, contradictoriamente, también tuvo muestras de simpatía hacia el movimiento estudiantil.⁸⁹

A modo de conclusión: consecuencias sociales y políticas del movimiento

Se puede concluir que las características principales del movimiento de lucha contra ALCOA son las de haber sido amplio y diverso en lo ideológico y político, liderado y construido por el movimiento estudiantil universitario. Fue relativamente extenso en el tiempo, pues se desarrolló a lo largo de un año, no fue una movilización de tres días ante la Asamblea Legislativa, y menos se reduce a los disturbios del último de esos días, como a veces se tiende a evocar. Dada su amplitud, su línea discursiva y de protesta fue moderada, dirigida a convocar a amplios sectores de la sociedad costarricense; pero también fue activa y beligerante.

Todo parece indicar que las actitudes del Gobierno y de la prensa crearon un distanciamiento importante con respecto a los movilizados, particularmente durante el último mes, lo que trajo como consecuencia la radicalización de un sector de ellos. Casi desde el principio no fueron adecuadamente escuchados por las autoridades nacionales, fueron reprimidos desde inicios de abril, se intentó estigmatizarlos mediante estereotipos político-ideológicos propagandísticos; se intentó descalificarlos como ciudadanía joven y pensante mediante actitudes y discursos excluyentes, adultocéntricos y paternalistas; se les trató como agentes desestabilizadores y enemigos del país. La gran mayoría estudiantil que protestó no era militante de izquierda, ni muy radical; pero como reacción al desenlace y a la actitud cerrada del Gobierno y la prensa, una buena parte de ella más bien comenzó a asumir posiciones cuestionadoras al sistema establecido, a interesarse por idearios de izquierda marxista y, seguidamente, ingresarían a partidos con estas orientaciones en los meses y años venideros. La intolerancia del Gobierno y la prensa fueron un factor importante que se sumó a un proceso de radicalización que venía dándose y que tenía sus raíces en el contexto nacional, regional e internacional, pero que se habría acelerado por el movimiento en sí, y por cómo concluyó.

Es por ello que, en lo inmediato, si bien el movimiento no alcanzó el objetivo central, que fue detener la aprobación del contrato-ley, varios de sus integrantes en sus testimonios han expresado que aquella había sido una lucha patriótica justa, en contra de una corporación poderosa y un gobierno que consideraban entreguista, gracias a la cual se pudieron denunciar, ante la opinión pública nacional, los perjuicios que el país tendría y los muy escasos beneficios que percibiría. De hecho, buena parte de sus integrantes consideraron que aquella fue una derrota transitoria y siguieron actuando activamente en movimientos sociales críticos, si bien, no exclusivamente de izquierda. Es decir, que el movimiento logró aglutinar una importante fuerza social que cuestionó la forma de gobernar y el modelo de desarrollo económico y social del país. El mismo contrato-ley quedó muy desprestigiado: el de ALCOA y la figura jurídica como tal.

El movimiento fue un catalizador para el resurgimiento y renovación de la izquierda y de la movilización en Costa Rica, luego de más de dos largos decenios de proscripción desde la Guerra Civil. Pero aquella corriente político-ideológica se desarrolló a partir de entonces en un nuevo contexto y con distintas configuraciones: vendría a ser más diversa en términos de orientación político-ideológica y partidaria, por aproximadamente un decenio y medio.⁹⁰ A partir de este movimiento no solo surgieron una gama de partidos, sino que poco a poco se fueron paso otras formas de movilización social, los llamados “nuevos movimientos”, como el ambientalismo y el feminismo, pero estos antecedentes tienen más que ver con los efectos mediatos.

Habría que analizar más detenidamente, en otro estudio, lo que significó para la evolución del propio movimiento estudiantil la lucha contra ALCOA. Es indudable que sus consecuencias se vieron reflejadas, no tanto de manera inmediata, al menos en los resultados de las elecciones de la FEUCR, pues posiciones ideológicas moderadas siguieron predominando, y solo a partir de 1974 la izquierda comenzó a ganar elecciones federativas en la UCR. De igual forma, el socialcristianismo se nutrió de contingentes de estudiantes que movilizaron, tomando momentáneamente cierta fuerza al interior de la universidad. En todo caso, el panorama político-electoral universitario se vio de inmediato enriquecido con la aparición de agrupaciones político- estudiantiles nuevas, con vínculos hacia una mayor y renovada diversidad de partidos nacionales, al menos coyunturalmente.⁹¹ También, a partir de entonces y por un cierto período, el movimiento estudiantil colegial tomó mayor auge, fortaleciéndose significativamente el rol representado por la Federación de Estudiantes de Segunda Enseñanza (FESE).

En lo mediato, como ya fue indicado, la legislación recogería pocos años después el descontento que se había venido acumulando en distintos ámbitos de la opinión pública hacia los contratos-ley y que el movimiento en cuestión volvió a poner en el tapete de discusión. Este había denunciado tal figura jurídica, lesiva a la soberanía del país, como anacronismo procedente de las épocas del enclave ferrocarrilero y bananero, y una manera de contratación que no llevaba al verdadero desarrollo socio-económico y ambiental.

El PLN sufrió fracturas que no pusieron en peligro su estructura, pero que indirectamente motivaron la salida de connotados miembros que se acercaron a posiciones o a organizaciones de izquierda. Al respecto cabe señalar los ejemplos de Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa y Rodrigo Gutiérrez Sáenz, entre otros; los tres, precisamente firmantes del citado Documento de Patio de Agua.⁹²

La lucha contra ALCOA introdujo la participación de jóvenes mujeres, que, si bien no ocuparon los principales puestos dirigentes en la última fase del movimiento, sí representaron un papel destacado en distintos momentos de su organización, según lo recogen los testimonios y entrevistas, así como otras fuentes consultadas. Participaron y lideraron desde las comisiones de la FEUCR, las asociaciones estudiantiles, la Normal Superior y los gobiernos colegiales, así como desde otras organizaciones participantes. Intervinieron en toda la actividad del movimiento, por lo que participaron en la organización, en las discusiones, en la elaboración de documentos y material propagandístico, marcharon, vocearon consignas, fueron golpeadas y también encarceladas. Es decir, que si bien los objetivos del movimiento, por su misma naturaleza, no conllevó reivindicaciones en favor de la condición de la mujer, sí evidenciaron y potenciaron la capacidad femenina para integrar y liderar movilizaciones sociales. Es cierto que los principales conductores del movimiento, particularmente en las etapas finales de las movilizaciones, lo fueron varones; a diferencia de lo que ocurriría, treinta años después, en el movimiento de Lucha contra El Combo liderado por Eva Carazo, una estudiante de la UCR.⁹³ Desde la perspectiva ambientalista, el movimiento contra ALCOA comportó un objetivo de primer orden: la preocupación de que la actividad minera “a cielo abierto” alterara muy perjudicialmente los terrenos sujetos a explotación, si no se tomaban previsiones para exigir a la Compañía la restauración de los suelos y la reforestación. En todo caso, se apostó por evitar del todo la actividad extractiva. Esta fue una de las primeras movilizaciones en el país con este tipo de preocupaciones y pone de relieve los inicios del objetivo ambiental en la movilización social costarricense.⁹⁴

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