Introducción

La vida de los jornaleros-colonos y estacionarios sin tierras en las fincas y haciendas, 1920-1932

La vida de los jornaleros-colonos y estacionarios en las fincas y haciendas, entre 1920 y 1932, era paupérrima. Un ejemplo de lo mencionado es que para 1930 los jornaleros colonos y estacionarios sin tierras eran alrededor de 50.000, solamente en la zona occidental, que representaban, de acuerdo con Jeffrey Gould y Aldo Lauria, el 18% de la población rural del occidente del país, y quienes vivían en su mayoría en las fincas productoras de café. El aumento de este sector rural se debió a la expansión de la superficie cultivada de café, que ocasionó la reconcentración de las pequeñas propiedades de campesinos que se dedicaban a cultivos de granos básicos en pequeña escala, en fincas cafetaleras latifundistas y a las malas condiciones económicas de estos campesinos, que habían sido favorecidos con tierras durante las reformas liberales de finales del siglo XIX; que no pudieron pagar sus tierras por falta de acompañamiento técnico y económico gubernamental, y que se vieron obligados a venderlas o hipotecarlas, con cafetaleros con mayor poder adquisitivo. Entre las diferentes formas de pérdida de las pequeñas propiedades estaban las deudas contraídas con los cafetaleros y hacendados o por presiones, que obligaban a los campesinos colindantes con sus propiedades a vender sus tierras, con la promesa de que estos se quedaran en sus fincas o haciendas como colonos.

En lo que respecta al aumento de la superficie de café, tenemos que para 1916 era de 61.000 hectáreas, mientras que para 1933 había aumentado a 100.000, es decir, que hubo un incremento de 39.000 hectáreas; que en porcentaje equivaldría, de acuerdo con Aldo Lauria y Jeffrey Gould, a un 60%. Este aumento de la superficie cultivada de café, entre mediados de 1920 y principios de 1930, fue propiciado por el crecimiento de las exportaciones del grano de oro, que generó a su vez una bonanza nunca antes vista al sector cafetalero. Un ejemplo de ello es la ampliación en el valor de las exportaciones de este cultivo, ya que de $7.372.000 en 1915, pasaron en 1928 a $22.741.000, es decir, que hubo un incremento de $15.369.000 en un lapso de 13 años.

Los “salarios” que recibían en algunas fincas entre mediados de la década de 1920 y finales de 1930 demuestran la paupérrima situación económica y social a la que estaban sometidos tanto jornaleros-colonos, como estacionarios en las fincas y haciendas. El jornal que recibían era de 50 centavos, antes de 1929, mientras que con la crisis económica de este año, el jornal bajó a 20 o 25 centavos, dependiendo de las plantaciones. Sin embargo, en algunas fincas y haciendas a los jornaleros estacionarios no se les pagaban con dinero real o en circulación, sino que con fichas de metal que solo podían cambiar en las tiendas de las haciendas y fincas:

Las tiendas de las fincas y haciendas, el objeto es sacarle el dinero pagado al trabajador por su trabajo. Para la fácil consecución de esta finalidad se ha puesto en juego dos medios: primero, prohibir las ventas dentro de la hacienda con penas fuertes como multas, decomisos e inutilización de la venta, y segundo pagar con fichas, con las cuales tienen que reintegrar forzosamente el dinero recibido, recibiendo en cambio mercadería de baja calidad y alto precio.

Esta actividad demuestra de alguna manera el grado de “extorsión” y miseria en que vivían los jornaleros-colonos y estacionarios en las haciendas y fincas cafetaleras.

Otra medida que demuestra la paupérrima condición de este sector es la alimentación que se les proporcionaba en las plantaciones de café y haciendas, que consistía en una ración de dos tortillas con frijoles, las cuales se les daban en dos tiempos de comida, por lo general en la mañana y en la tarde. Se estima que la inversión por parte de los finqueros en la alimentación de los jornaleros-colonos y estacionarios era de 0.2 centavos de dólar por día:

El personal de una hacienda o finca, a excepción del administrador o mayordomo, devenga (sic), antes de la actual depresión (1929) económica, 0.50 centavos de colón al día; y solo dos tiempos de comida compuestas de tortillas y frijoles. En las propiedades agrícolas donde no se producen estos granos, se tiene cuidado de comprar los más baratos, de mala calidad, picados y nacidos, o sea, con hongos. En la actualidad se paga casi en todas partes la mitad de dichos sueldos (0.25 centavos); en todas partes la mitad de dichos sueldos y solo dos tiempos de tortillas y sal, ya sin frijoles.

Además de la mezquina cantidad de alimentos, los granos que se ocupaban, maíz y frijol, eran de mala calidad. Patricia Alvarenga menciona, también, que en algunas fincas estaba en vigencia la costumbre que el administrador castigará a los peones negándoles la comida. Para ello pone como ejemplo el caso del conflicto entre el administrador de la finca de don Manuel Portillo, Lorenzo Samayoa, y el peón Daniel Zaraño, en el que Samayoa decidió castigar a Zaraño por su bajo rendimiento en el trabajo, negándole su ración de comida. Mientras que el peón, en respuesta al castigo, atacó al administrador con el corvo. Otro hecho de violencia en contra de los campesinos se dio en una finca ubicada en las cercanías del río Sucio:

Se ha presentado al hospital Rosales el señor Julio Andrade acompañado de su hijo Andrés, del mismo apellido, demandando curaciones para el segundo. Fuimos informados por el padre de Andrés, del atentado criminal de que fuera víctima su hijo en una finca situada en jurisdicción del río Sucio. Nos refiere que su hijo se encontraba trabajando en el citado lugar, propiedad de don Carlos Escobar, y que por haber arrancado su hijo una matita que un caporal de nombre Vicente había sembrado, este, aprovechándose de un momento que Andrés estaba descuidado, le propinó tremendo machetazo que le dejó en vilo el pie izquierdo. Consumado el atentado, huyó.

Esta situación de explotación económica y social que el campesinado vivía dentro de las haciendas y fincas de café llevó a muchos jornaleros a cometer actos delictivos en las propiedades. En el fondo judicial, sección juicios criminales del Archivo General de la Nación, hay muchos casos de estos delitos que se dieron durante los años veinte, principalmente en las fincas del departamento de La Libertad. Un ejemplo de esto es el de Santiago Téllez y Santiago Cortez, expeones de la finca de don Roberto Guirola, ubicada en la jurisdicción del pueblo de Colón del mencionado departamento, acusados por el administrador de esta propiedad, Juan Uriarte Guevara, del hurto de dos mulas de la finca del señor Guirola:

Señor juez de 1ª. Instancia de lo criminal, Juan Uriarte Guevara, mayor de edad, tenedor de libros y de este domicilio, ante Ud. Con todo respeto expongo: que según consta de la copia que presento para que acompaño, se agregue aquella y se me devuelva aquél (sic). Soy administrador general de las fincas de don Roberto Guirola y en esta virtud, vengo a denunciar el hecho siguiente: en la madrugada del día veinticuatro de julio del año corriente, fueron robados de los potreros de la finca Asunción dos machos de propiedad de don Roberto Guirola, uno tordillo salpicado cajudo (sic), y otro moro oscuro con la cola recortada herrados con el freno de la hacienda de la presa. Tan pronto como se me dio parte de la desaparición de los semovientes (sic) en referencia mandé a varios individuos conocedores en su busca y de las indagaciones hechas, resultó que los individuos que sacaron las bestias de los potreros son: Santiago Téllez y Santiago Cortez ex piones de la finca que yo administro, habiéndoles ayudado el individuo Carlos Hernández, como a las cuatro y media de la mañana de ese día y en el camino que conduce de la finca de la Asunción por el pueblo de Colón, los individuos Mateo Pérez y Gerardo Contreras; encontraron a Téllez y Cortez conduciendo los mencionados animales.

Otro ejemplo de hurto en los latifundios es el de Luis Zelaya de Usulután, quien aquejado por el hambre no tuvo otra opción que robar y matar una vaca de la hacienda de la sucesión de don Salvador Flores:

Luis Zelaya del cantón el Oeste según nos refiere tiene varios días de no trabajar por no encontrar donde poder hacerlo. Hace tres días desesperado y acosado por un hambre atroz, salió hacia la hacienda “Quirabuela” (sic) de la sucesión de don Salvador Flores. Al pasar por un potrero vio una vaca gorda y le dieron tentación de matarla y poder así saciar su hambre devoradora. Pensarlo y hacerlo todo fue uno. La agarró la llevó a la orilla de un río que cruza una montañita y allí la degolló. Ya nos imaginamos lo que pensaba el pobre y desventurado hombre cuando hacía pedazos la carne de la vaca. Una vez que sacó bastante carne del animal se fue a donde el colono de hacienda que le diera a donde guardar el poco de carne de venado que llevaba. Don Pedro expuso a la guardia nacional y una pareja compuesta de los agentes Ángel Alegría y Juan R. Vásquez salió para el lugar. Se le capturó y ha declarado cosas dolorosas. Dice que no encontrando trabajo y lleno de un hambre que le consumía las tripas (sic) no encontró otro remedio que matar a la vaquita para poder alimentarse. Nosotros vimos al pobre hombre sucio, con un vestido deshilachado y cadavérico da la impresión que en verdad lo ha hecho robar la necesidad. Está preso y la justicia que no entiende de perdonar tales recursos atentarios (sic) contra la propiedad ajena se verá obligado a castigarlo como se merece.

Este caso no es el de un colono o campesino estacionario, pero ilustra la difícil situación económica y social que vivía la población pobre del campo en general del país. Con semejantes condiciones de desdicha económica y de marginalidad social, es lógico que cometieran el delito del hurto en las fincas y haciendas. Este tipo de situación generó inestabilidad social en el país, que aunado a otros problemas, como por ejemplo, la crisis de 1929 y la introducción de ideas socialistas, generó una de las mayores revueltas campesinas que El Salvador ha sufrido a lo largo de su historia, que fue la de enero de 1932.

La inestabilidad social causada por la difícil situación en el campo: el caso del levantamiento de enero de 1932

La difícil situación económica dentro de las fincas y haciendas que, como ya hemos visto, se vivía desde antes de 1920 y que se empeoró con la crisis de 1929, generó en enero de 1932 uno de los principales levantamientos armados de la historia nacional, protagonizado en su mayoría por campesinos indígenas y ladinos jornaleros-colonos estacionarios sin propiedades, dejando como saldo fatal una cifra cercana a los 25.000 fallecidos. El origen de este descontento es multicausal y obedece a una serie de factores que se combinaron para generar este malestar social. Entre ellos está la crisis de 1929, que agudizó aún más la difícil situación que vivían los jornaleros colonos y estacionarios en las fincas y haciendas del país.

Esta crisis afectó de manera directa al sector terrateniente productor de café, ya que los precios del grano de oro habían descendido entre 1929 y 1932. Esto hizo que muchos cafetaleros dejaran de contratar jornaleros estacionarios para sus cortas y que despidieran de sus fincas y haciendas a los colonos. Esta medida disparó el índice de desempleados y generó mayor pobreza en este sector; al mismo tiempo aumentó la cantidad de campesinos expulsados hacia las zonas urbanas, especialmente San Salvador y los países centroamericanos, principalmente Honduras. Esta situación generó malestar en este sector, que se combinó con la difícil situación económica y social que se venía dando en las fincas y haciendas descritas con anterioridad a esta crisis.

Otro factor que provocó inestabilidad social y que se combinó con la falta de empleos en las fincas de café, provocados por la crisis de 1929, y con las condiciones de miseria que se venían dando desde antes de esta fecha, fue la falta de tierras en el campo, tanto para viviendas como para cultivos, debido al aumento de la superficie de café que reconcentró las pequeñas propiedades en latifundios. Un estimado de la concentración de la propiedad demuestra que, para finales de la década de 1920 y principios de 1930, solamente un número ínfimo de la población rural era propietaria de tierras, y que en su mayoría eran productoras de café latifundistas. Esta cuestión generó de alguna manera cierto descontento social.

Aunado a lo anterior, estuvo el malestar que generó el incumplimiento de las promesas de repartir tierras y de otras medidas que el ingeniero Arturo Araujo hizo durante su campaña presidencial, que lo llevaron por cierto a su derrocamiento, y que puso en su lugar en la presidencia al general Maximiliano Hernández Martínez, quien tuvo que sofocar de manera salvaje este levantamiento. Sin embargo, aparte de estas cuestiones estuvieron otros factores que de alguna u otra manera influyeron en el descontento social, como por ejemplo, la penetración de ideas socialistas en el campesinado sin tierras, las que por las condiciones de miseria y pobreza a las que estaba sometido, hallaron mucha aceptación. Sin embargo, los nuevos estudios han demostrado que su injerencia fue mínima, aunque sí hubo un cierto adoctrinamiento.

Esta combinación de factores provocaron inestabilidad social, cuya máxima expresión se dio a través del levantamiento armado de enero de 1932, que generó una serie de políticas que el gobierno de Hernández Martínez trató de implantar en pro de este sector rural, con el fin de estabilizar la situación social, pero que en la práctica fue todo lo contrario, demostrando con ello la poca voluntad política para resolver esta situación de crisis. Sin embargo, también se dieron otras durante este período, como por ejemplo, el de las migraciones campo-ciudad, que será explicada a continuación.

Las migraciones de campesinos a las ciudades, 1920-1930, y la falta de viviendas: el caso de San Salvador

Las migraciones de campesinos entre 1920 y 1930 a las ciudades del país, principalmente San Salvador, se incrementaron de manera sustancial debido a las malas condiciones económicas en la campiña salvadoreña. Muchos de estos inmigrantes rurales eran campesinos jornaleros sin tierras. Para 1929, San Salvador contaba con una población de 95.692 habitantes, de los cuales el 71,3% procedía del exterior y solamente el 28% era originaría de la capital. Este incremento de la población demandaba más servicios a las ciudades, principalmente San Salvador, los cuales no estaba en capacidad de ofrecer. Uno de dichos servicios era la vivienda, que en el caso de San Salvador para 1929 estaba acaparada en un 4% de la población.

Debido a este problema de falta de vivienda, proliferaron en la capital los mesones, que pasaron de ser 312 en 1924 a 526 en 1929, es decir, que hubo un incremento de 217 mesones en un lapso de cinco años aproximadamente. Estos mesones no proporcionaban las condiciones adecuadas de vivienda e higiene al inquilino. El problema de los mesones se dio por el incremento de la población en la capital. Los problemas de pobreza e insalubridad en los mesones crecieron y representaron un problema para el gobierno:

El estado de insalubridad en que se encuentran los mesones y casas de habitación situados en los márgenes de los arenales que atraviesan la capital es lamentable. Dicen que sería una tarea sumamente difícil y costosa sanar en su totalidad esos lugares, ya que se necesitaría canalizar cosas, que se han tratado en otras ocasiones. Y lo cual, nos han dicho personas entendidas, costaría como mínimo un millón de colones.

Las condiciones de los mesones descritas con anterioridad dieron como resultado problemas de convivencia entre los inquilinos de estos lugares. Un ejemplo de esto es el caso de la mesonera o casera y los inquilinos del mesón Molina:

Un vecino que habita en el mesón Molina, situado en la calle oriente número 101, se ha dirigido a la dirección de este diario poniendo en conocimiento respecto a la conducta observada por la mesonera del caso, quien regala a sus inquilinos insultos, pedradas, leñazos y amenazas a muerte con tanta frecuencia que ha convertido aquel mesón en un infierno. La última víctima de tan injusta mujer, ha sido la madre de Andrés, el conocido futbolista del 33, Juana Castillo. También pueden decir algo sobre los procederes de los mesonera, un carpintero y una tortillera que hoy habitan en los apartamentos Novoa-Damas.

Debido a estos problemas, el gobierno de Martínez intentó solventar el problema de falta de vivienda urbana. Sin embargo, en la práctica los resultados fueron insuficientes, tal como lo veremos más adelante.

La ciudad de San Salvador, también, no ofrecía las condiciones laborales adecuadas para los nuevos migrantes que estaban llegando del campo a la ciudad desde finales de los años 20. Esta falta de condiciones adecuadas orientadas hacia una economía formal propició el surgimiento de un modelo laboral fundamentado en la económica informal, que generó molestias y rechazos por parte de la opinión pública, o al menos de las capas ilustradas de la época: “En cuanto al problema de las vendedoras ambulantes en los alrededores de los mercados, el doctor Vilanova, actualmente director de sanidad, dice que primeramente hay que buscarle sitio antes de retirarlas de donde estén”.

Es evidente que las vendedoras ambulantes causaban malestar a las autoridades, pero también queda al descubierto que San Salvador no ofrecía las condiciones económicas mínimamente adecuadas para albergar a los campesinos que habían emigrado hacia la capital. Otro problema que generó el ambulantaje fue el desorden urbano, ya que muchos vendedores, hombres y mujeres, habían invadido las calles adyacentes y principales de los mercados, ocasionando la obstaculización del tráfico en general, tanto peatonal como vehicular, proyectando, en opinión de ciertos funcionarios de gobierno y de las elites, un aspecto deplorable, contrariando con la higiene de la ciudad.

Sin embargo, aparte de estos problemas, las migraciones de campesinos a la ciudad de San Salvador generaron otros malestares, como por ejemplo, la expansión de enfermedades venéreas, principalmente la sífilis, que entre 1921 y 1930 se había incrementado en un 50%, aproximadamente, y que a la vez era, junto con el paludismo o malaria y las infecciones parasitarias, una de las principales causas de mortalidad en el país. Por otra parte, el problema de las enfermedades venéreas venía preocupando a las autoridades de San Salvador desde los años 20, quienes consideraban como causante de este mal a la pobreza y a los “vicios inmorales de las clases incultas”, en especial el de la prostitución, que había aumentado en San Salvador. Por ejemplo, en 1929, de las 2.708 prostitutas que había en el país registradas por el gobierno, 1.189 se concentraban en la capital, es decir, que más de la mitad de este sector laboral se encontraba en San Salvador. Debido a estos problemas que generaron las migraciones de campesinos a las ciudades, principalmente San Salvador, el gobierno del general Martínez desarrolló un proyecto de construcción de casas urbanas baratas y un programa de arraigo del campesinado, a través del repartimiento de propiedades, que fueron insuficientes dentro de su política de Mejoramiento Social, tal como se verá a continuación.

La política rural de Mejoramiento Social del general Maximiliano Hernández Martínez, 1932-1944, y sus contradicciones

La política rural de Mejoramiento Social, en líneas generales, tuvo dos componentes esenciales orientados hacia la parte urbana y la rural de la sociedad salvadoreña de los años 30 y los primeros de los 40. En lo que respecta a la parte urbana, el régimen de Maximiliano Hernández Martínez y su política de Mejoramiento Social tenían como objetivo principal resolver el problema de falta de vivienda en las ciudades del país. Para ello, la Junta de Mejoramiento Social llevó a cabo un proyecto de construcción de casas baratas, a las cuales podían optar obreros particulares y trabajadores gubernamentales que no tuvieran vivienda. Mientras que la parte rural tuvo dos líneas de acción de acuerdo con el discurso oficial. La primera se basó en la compra de latifundios, repartirlos en lotes de tierra a los campesinos sin propiedades, que eran en su gran mayoría jornaleros colonos y estacionarios sin tierras; que englobaban a una gran parte de la población rural, tal como lo hemos visto. Sin embargo, aparte de repartir tierras, el gobierno del general Martínez pretendió desarrollar un programa de educación rural con el objetivo de incorporar al indígena y al campesino pobre a la sociedad “civilizada” salvadoreña. También intentó llevar a cabo un programa de crédito rural, el que —como lo veremos más adelante— fue insuficiente.

Compra y repartición de propiedades

Entre 1930 y 1950, las instituciones creadas por los distintos gobiernos militares, encargadas de llevar a cabo la política de repartición de propiedades a campesinos sin tierras, compraron 26 haciendas, lotificando o transformando en pequeñas parcelas 35.679 manzanas, dejando sin lotificar o dar en arrendamiento 7.572. Sin embargo, este repartimiento de propiedades fue insuficiente para el total de campesinos, jornaleros colonos y estacionarios, sin propiedad que había en El Salvador alrededor de 1930, ya que los diferentes gobiernos durante este período solamente beneficiaron a 6.968 campesinos con tierras, cifra insignificante que ni siquiera cubría la mitad del total del campesinado sin propiedad de los años 30 de la zona occidental, que eran alrededor de 55.000, tal como se ha explicado en párrafos anteriores. Con esto queda en evidencia que hubo una contradicción entre el discurso político y la práctica y que, por tanto, la repartición de propiedades estaba condenada al fracaso, ya que los diferentes gobiernos, tanto el de Martínez como de sus sucesores, no tuvieron la voluntad real de ampliar la pequeña propiedad en la campiña salvadoreña. La siguiente tabla muestra las propiedades adquiridas entre 1932 y 1950.

Tabla 1.

Haciendas adquiridas y lotificados por el Estado entre las décadas de 1930-1950

(Torres, 1961, p. 40)

Todas las propiedades que adquirieron los distintos gobiernos militares fueron productoras de granos básicos, crianza de ganado y cultivadoras de caña de azúcar. Ninguna era productora de café. Por otra parte, se compraron ciertas propiedades a cafetaleros, como por ejemplo, la hacienda San Andrés, de la familia Dárdano-Dueñas. Sin embargo, esta hacienda era de “menor importancia” para esta familia, ya que no era productora de café, sino que su especialización era el cultivo de granos básicos, crianza de ganado y caña de azúcar. El siguiente mapa ilustra la ubicación de las propiedades adquiridas entre las décadas de 1930-1950.

Mapa 2.
Propiedades adquiridas por el Estado, 1930-1950
Fuente: Abelardo Torres Tierra y Colonización, p. 61

Las partes negras del mapa explican la ubicación de las propiedades en los diferentes departamentos del país. Es evidente que el gobierno de Martínez y sus sucesores protegieron los intereses de los cafetaleros, ya que no se adquirió ninguna finca de ellos, comprando nada más latifundios dedicados a la crianza de ganado y al cultivo de granos básicos. Esto queda en evidencia al observar el nombre de estas haciendas; también la ubicación geográfica, ya que la mayoría no se situaba en lugares de mucha altitud, sino que se encontraba en las partes planas. Muchas de estas propiedades productoras de granos básicos se compraron a hacendados que estaban en crisis. Un ejemplo de esto fue la hacienda Zapotitán, que se dedicaba a la explotación ganadera y de granos básicos. Esta medida de comprar propiedades a hacendados venidos a menos, de acuerdo con Juan Mario Castellanos, iniciada por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez y practicada por los sucesivos gobiernos, tenía como objetivo ayudar a estos terratenientes, ya que el Estado se encargaba, aparte de pagarles con dinero en efectivo, de cancelar sus deudas e hipotecas. Un ejemplo de esto fue la hacienda Zapotitán. Como hemos podido observar, el número de beneficiados con pequeñas propiedades fue insignificante, demostrando con esto que había una contradicción entre discurso y práctica, y que el gobierno de Martínez y sus sucesores en realidad no tuvieron la voluntad real de solucionar el problema de falta de propiedades en la campiña nacional. Esta situación se dio con los diferentes componentes, tanto en educación como en el crédito rural, tal como se verá a continuación.

La educación rural

El régimen del general Martínez, a la vez que entregó tierras a los campesinos sin propiedades, intentó desarrollar otras políticas, por ejemplo, la educación y el crédito rural. En lo que respecta a la educación rural, el gobierno intentó desarrollar, al menos en el discurso, apostarle a través de la cobertura educativa rural, a la incorporación del indígena y el campesino beneficiado con tierras a la sociedad “civilizada salvadoreña”. Sin embargo, al igual que con el repartimiento de propiedades, esta medida solamente fue parte del discurso, ya que entre política y práctica se dio una gran contradicción. Por tanto, esta medida solamente se quedó en el tintero y no dio los resultados esperados, como se verá a continuación.

Tal como se ha mencionado, la política de educación rural del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez tenía como objetivo incorporar tanto a los indígenas como a los campesinos beneficiados con propiedades a la sociedad “civilizada” salvadoreña.

Cuando hace algún tiempo abordamos en estas mismas columnas el tema que se relaciona con la necesidad de activar los esfuerzos de incorporación de las clases indígenas y campesinas a la vida civilizada del país, hicimos notar que uno de los factores más útiles y decisivos en el logro de ese saludable propósito estriba en la intensificación de la enseñanza rural. Y es que debe comprenderse que inmediatamente después de dar al individuo y al campesino posesión y dominio sobre la tierra, aun cuando sea a pequeña escala, cosa que está realizando el gobierno con espíritu sabio y previsor, lo que precisa atender, para mejorar las condiciones vitales de aquellos, es acercarse a su corazón y a su inteligencia, cosa que se logrará por medio de la escuela y de la predica sencilla y generosa de la disciplina, orden y respeto.

Se pensaba —o el gobierno lo entendía así— que por medio de la intensificación de la enseñanza rural se podía integrar al campesino y al indígena a la sociedad salvadoreña “civilizada”. Como se puede observar, la educación que se pretendía impartir en las escuelas rurales llevaba el componente educativo de la enseñanza militar, fundamentada en los principios de la disciplina, orden y respeto. De acuerdo con los estudios educativos de historia relacionados con el sistema educativo rural desarrollados por parte de los gobiernos militares latinoamericanas del siglo XX, por medio de estos principios se procuraba generar, en el campesinado, el adoctrinamiento a través de la cultura de sumisión hacia los distintos regímenes militares, con el propósito de minimizar la proliferación de ideas “perjudiciales” a los intereses de estos gobiernos. Un ejemplo de ello fueron las dictaduras del general Perón, en Argentina, y de Jorge Ubico, en Guatemala.

Para lograr la ampliación de la educación rural, el régimen dio facultades a las municipalidades, para que tomaran el 5 y 10% de las rentas municipales, con el objetivo de emplearlas en la construcción de escuelas rurales:

El supremo gobierno está interesado en establecer en el presente año una intensa labor en lo que respecta a la enseñanza rural, porque el campesino necesita urgentemente una educación que marche al ritmo de sus tendencia y necesidades, para que tales actividades obtengan la mayor vitalidad y de los más provechosos frutos en bien de la cultura nacional, precisa que todos pongamos de nuestra parte el aporte que necesita esta clase de cruzada, ya que ellos se encaminan a proteger a nosotros mismos contra las fuerzas ciegas de la ignorancia que comúnmente son generadoras de peligros y desgracias. Pero para acometer este ideal, el supremo gobierno ha dado la facultad a las municipalidades para que puedan prestar su cooperación con bastante eficacia en tales propósitos, sobre todo ahora que existe una ley que las autoriza para tomar de sus respectivos presupuestos el 5 y el 10% y puedan invertirlos en la construcción de edificios escolares. Decimos que las municipalidades, puedan cooperar con más eficacia porque ellas tienen bajo su control gran parte de la educación rural en el país.

La construcción de escuelas rurales quedó en manos de las municipalidades. Sin embargo, los resultados en lo que respecta a cobertura fueron un fracaso; un ejemplo de esto fue el caso de Zapotitán, ya que la primera escuela fue construida entre finales de los años 60 y principios de los 70 de la centuria recién pasada, con el proyecto del Distrito de Riego y Avenamiento. Otra prueba que demuestra que esta política de cobertura educativa rural que inició el régimen de Martínez, y que sus sucesores la continuaron fue un fiasco, es que menos de la mitad del pequeño campesino nacional, favorecido con propiedades entre 1930 y 1970, tuvo acceso a educación. Un ejemplo de lo mencionado es que en El Salvador, en 1968, el 76,6% de los campesinos pobres, que en su gran mayoría no tenían tierras, eran analfabetos; cifra que al compararla con Costa Rica resulta muy superior, ya que esta nación para esta misma fecha tenía solamente un 29,9% de analfabetismo en este mismo sector de la sociedad rural. Un periodista del semanario Nuevo Excélsior, de San Vicente, menciona la baja asistencia en el número de estudiantes a las escuelas rurales: “En algunas escuelas se nota la deficiencia del número de asistencia, no confronta con el número de matriculados, que será esa negligencia de los padres de familia que no mandan a la escuela sus niños”. Es evidente que la política rural del régimen del general Martínez fue un fracaso, y que se dio una contradicción entre discurso y práctica, al igual que en el caso del crédito.

El crédito rural

El gobierno del general Martínez, intentó desarrollar una política de crédito rural que, al igual que en la educción, los resultados en la práctica fueron mínimos y no resolvieron el problema del acceso a este recurso. Para desarrollar el crédito, el régimen convierte a la Junta de Mejoramiento Social, en 1943, en sociedad anónima. Con esta transformación, el gobierno se convierte en accionista directo de esta junta por medio de acciones depositadas a nombre de esta institución en las Cajas de Crédito Rural y en el Banco Hipotecario, instituciones recién creadas y que, en el caso de las Cajas de Crédito, actuaron como aliadas de Mejoramiento Social en el otorgamiento de créditos a campesinos. Además, con esa transformación, el gobierno pretendía ampliar las actividades de dicha institución. A partir de 1943, Mejoramiento Social, S.A., aparte de comprar tierras y repartirlas, tenía la función de otorgar créditos agrícolas por medio de las cajas de crédito. Los créditos que se otorgarían por parte de Mejoramiento Social a través de las Cajas de Crédito serían “blandos” y de fácil acceso, en cuanto a las garantías prendarias que se exigirían para poder acceder a este beneficio:

Ahora, como complemento de Mejoramiento Social se ha creado la caja de Crédito Rural que ha de permitir al hombre de escasos recursos, al campesino y al obrero que tienen poco, llenar sus necesidades, ya que con algo que posean con que responder para garantía de un préstamo, que pueda ser una pequeña casa, sus bueyes, etc. Este los será dado y de esa manera satisfarán sus necesidades.

Sin embargo, los resultados en cuanto a acceso a crédito fueron mínimos. Un ejemplo de esto es que, de los 6.968 campesinos que fueron favorecidos con propiedades por parte del gobierno, solamente alrededor del 1% tuvo acceso a créditos rurales otorgados por esta institución. Como hemos podido observar, discurso y práctica fueron contradictorios, ya que la política del crédito fue solamente un anuncio y no resolvió el problema del acceso a este recurso. Pero también, aparte de estas problemáticas, el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez pretendía, de acuerdo con su discurso, con el repartimiento de propiedades frenar las migraciones de campesinos a la ciudad. Pero que, al igual que la educación y el crédito, esta medida solo se quedó en el discurso, ya que en la práctica fue todo lo contrario. El gobierno se había dado cuenta de que no solo bastaba entregar propiedades al jornalero sin tierra para fomentar el arraigo al campo, sino que una de las soluciones que estaba dando más efecto para frenar las migraciones de campesinos sin propiedad hacia la ciudad, de acuerdo con el régimen, era dejar los bloques de tierras deslindados de las haciendas en manos de los colonos jornaleros de estas propiedades, que se habían asentado y las venían trabajando mucho antes del proyecto de repartición de propiedades. Sin embargo, al igual que las otras políticas rurales, estas solo se quedaron en el tintero, ya que, como hemos visto en párrafos anteriores, el número real de beneficiarios con propiedades fue insignificante en comparación con el total de campesinos sin tierras; y lejos de frenar las migraciones campo-ciudad las incrementaron. Así, tenemos que la población urbana creció, desde 1930 hasta mediados de 1940, entre un 25 y un 50%, aproximadamente, en la que San Salvador fue la ciudad en donde más creció ese segmento poblacional.

La mayoría de estos pobladores, durante esta época 1932-1944, eran campesinos sin tierras y que habían recibido propiedades con este proyecto; y que no pudieron pagarlas por falta de apoyo técnico y económico; y que se vieron obligados a emigrar a las zonas urbanas, principalmente San Salvador. Un ejemplo de esto fueron los beneficiarios con tierras de las haciendas Metalío y Zapotitán, quienes, al no poder cancelar sus propiedades, se vieron obligados a emigrar a las principales ciudades del país. Sin embargo, el gobierno del general Martínez pretendía, con el repartimiento de propiedades, estabilizar la situación social generada por la falta de propiedades y con ello evitar futuros levantamiento, como el de 1932, generado, entre otras causas, por el acaparamiento de tierras.

Conclusiones

La política rural de Mejoramiento Social dirigida a campesinos sin tierras y a obreros particulares y gubernamentales sin casas que trató de impulsar el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, tanto en su componente urbano como rural, fue insuficiente y presentó una gran contradicción entre política y práctica. Tal como hemos visto, la política rural basada en la redistribución de propiedades, dirigida a los sectores pobres llevaba como propósitos fundamentales, de acuerdo con el discurso oficial, resolver varias problemáticas que aquejaban al país, entre ellas el descontento de los jornaleros-campesinos estacionarios y temporales sin tierras, que trabajaban las fincas de café y haciendas a través del otorgamiento de propiedades; el problema de las migraciones campo-ciudad por medio del arraigo del campesino a la campiña; integrar al campesinado pequeño y medio, beneficiado con propiedades, a los recursos del crédito nacional y por medio de la educación rural a la sociedad “civilizada” salvadoreña. Sin embargo, los resultados fueron mediocres y desalentadores, poniendo en evidencia la poca voluntad política del régimen para resolver estos problemas y para elevar la calidad de vida de los sectores pobres del país. Contrario a este fracaso de la política rural del gobierno de Hernández Martínez dirigida a los sectores pobres, las políticas orientadas a los sectores rurales de las capas altas integradas por hacendados y cafetaleros sí tuvieron éxito, principalmente al llevar a cabo medidas proteccionistas como la desgravación de impuesto a la producción del café, que surtió el efecto esperado; que se puede observar a partir del aumento en el volumen de las exportaciones del grano de oro.

Referencias

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Apéndice

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http://hdl.handle.net/11298/309 (uri)