Introducción. La acción política multiescalar y la producción normativa pluricontextural para la defensa de derechos en un mundo en globalización.

En primer lugar, presentamos algunos de los desarrollos que consideramos claves para poner en común nuestra lectura de la situación, el contexto de las reconfiguraciones institucionales y territoriales en un mundo en globalización. El rescalamiento económico, social y político de las sociedades nacionales, producto de la emergencia o de los intentos de regionalización desde el estado y/o desde la sociedad civil local, regional y/ o transnacional (Peck y Tickell, 1994; Fraser, 2008; Fernández y García 2013). El foco de nuestro análisis es la acción política de funcionarios, agentes y ciudadanos en el marco de estas transformaciones, y particularmente las tensiones entre las instituciones del estado de derecho democrático y lo que denominamos la “governace corporativa”(Kjaer, 2017, Carrizo y Berger 2017). Con este concepto, hacemos referencia al avance de un proceso de definición de normas allende las estructuras del estado-nación para la regulación y control de las relaciones sociales, fundamentalmente en los ámbitos sociales ligados a la aplicación de las innovaciones tecnológicas a los procesos productivos. El intento de revertir el proceso de juridificación estatal, desregulando y reorganizando las relaciones sociales y políticas, es resistido no sólo por los estados, sino también por el ejercicio de actores de algunos actores de la sociedad civil y la ciudadanía en defensa de sus derechos. Nuevos horizontes de acción están siendo imaginados y actuados, ya sea para estabilizar o desetabilizar el capitalismo, en escalas espaciales y temporales diversas; apelando a la innovación tecnológica, a la tradición, a la creatividad democrática y/o a la alterglobalización. En este marco, la indagación se orienta a visualizar las posibilidades y límites de estas tensiones institucionales respecto al reconocimiento y la garantía de derechos de todos y cada uno.

Frente al escepticismo de mecanismos capaces de disciplinar el ejercicio transnacional del poder privado, un constitucionalismo pluricontextural, que reconozca los diversos impulsos alternativos orientados a tal fin, puede hacer contribuciones para sostener la democratización como garantía del reconocimiento de los derechos (Valenzuela Gascón, 2018). Hacer foco en co-instituciones parciales, por caso en lo que respecta al modelo de los agronegocios, puede facilitar la identificación de experiencias de auto-constitucionalización, reconociendo racionalidades y normatividades singulares, así como la generación de acoplamientos estructurales entre política, ciencia, producción, que eviten las tendencias expansionistas del sistema mercantil sobre los otros sistemas sociales, así como las tendencias a su crecimiento autodestructivo. El método situado, contribuye a una producción de conocimientos orientados, promoviendo comunicaciones y respecificaciones fructíferas, relevando la diversidad de contextos e instituciones sociales, puede combinar y actualizar las tradiciones existentes a fin de trabajar sobre los problemas de nuestra época.

La autocomprensión que proponemos, es elaborada a partir de una participación activa en las luchas (Honneth, 2006) desde situaciones de contaminación/daño ambiental como impacto del modelo de los agronegocios, no sólo sobre la vida humana y la biodiversidad, sino también sobre la infraestructura pública y privada (Carrizo et. al, 2016). Las luchas como sistema de protesta, desatan procesos de aprendizaje transformador de relaciones de sociales a nivel próximo y multiescalar, diseminando los reclamos en distintas esferas, ampliando las relaciones de reconocimiento de la diferencia y la complejidad. En este sentido, apostamos por la constitución de una gramática de la Justicia Ambiental que ligue prácticas ius generativas tras la institucionalización de un nuevo sentido de justicia, siempre difícil de codificar por constituir un horizonte de expectativas.

Ante la globalización capitalista y sus innovaciones tecnológicas, que amplían e intensifican procesos de explotación del mundo humano y no humano reconfigurando el paisaje institucional en clave de governance, focalizamos en las prácticas de ciudadanos, profesionales y sindicatos que invocan derechos y garantías constitucionales, develando prácticas de explotación, dominio y desposesión (Grigera y Álvarez, 2013). Presentamos en primer lugar las luchas contra el modelo de los agronegocios, identificando ámbitos y actores de lo que se ha dado en llamar la transgenización del continente; luego nos detenemos en la reconfiguración socio-corporativa de los agronegocios, particularmente de los biocombustibles a partir de la biomasa, como imaginario y avanzada del capitalismo verde para hacer frente a la crisis del petróleo y el cambio climático. Concluimos señalando algunos desafíos, posibles articulaciones conceptuales y prácticas que potencien trayectorias de emancipación.

Desarrollo: luchas de ciudadanos, sindicatos y profesionales.

Desde los aportes de la teoría social y política crítica, asumimos nuestra producción de conocimiento como un trabajo de cooperación social (Putman y Habermas 2008), dirigido a profundizar la autocompresión de los contextos intersubjetivos donde participamos y promover la resolución democrática de los problemas públicos. Pretendemos aportar a una reapropiación de la experiencia, a una reflexión razonada sobre los efectos y potencialidades de la acción en las diferentes escalas y tiempos de la realidad político-institucional, así como a visibilizar el campo de opciones viables y sus exigencias de conocimientos y organización en un horizonte histórico. El calificativo de razonada, sostiene la tensión entre la validez de una comprensión y una intencionalidad que aspira ser compartida y resuelta mediante el ejercicio del uso público de la razón. Nuestra investigación parte entonces de un contexto situado, el de las luchas en Argentina contra los pilares del modelo de los agronegocios (Gras y Hernández, 2013; Carrizo y Berger, 2014): los transgénicos, los agrotóxicos y las estructuras institucionales del estado y la sociedad civil que lo promueven y amparan.

En un primer momento, interesa presentar la acción política crítica e instituyente de las luchas, en dos aspectos que consideramos claves. Por un lado, señalar cómo las acciones iniciadas por interesados y afectados por la contaminación logran, a través de la tematización (diseminación y articulación de temas), definir un conjunto de problemas públicos. Acciones de alerta y denuncia, directas, administrativas y judiciales contínuas en el espacio público, han creado y crean una amplia red de alianzas con actores locales, nacionales, internacionales y transnacionales (Rosas Landa, 2014). La globalización y desregulación neoliberal, han implicado una alteración de los paisajes institucionales democráticos, por lo que es la oposición al modelo de los agronegocios y al mismo modelo de desarrollo la que devela las estructuras de estatales y neocorporativas de la desposesión capitalista, las alianzas y los mecanismos institucionales que la operan (Poth, 2013; Berger y Carrizo, 2016), inaugurando nuevos escenarios de resistencia. Se trabaja aquí con resultados de distintos proyectos de investigación que han acudido a la coinvestigación, a la metodologíascualtitativas tales como las rondas de pensamiento, narrativas, entrevistas y conversatorios, además del análisis documental.

En un segundo momento, no detenemos en las dimensiones territoriales e institucionales que implica en Argentina el desarrollo del eslabón de mayor valor agregado y daño ambiental de la cadena productiva de los agronegocios, la producción de biocombustiblesen base a biomasa. Presentamos sus vinculaciones con las estructuras estatales, corporativas y con el sistema de ciencia y técnica que lo promueven, para finalmente relevar el arco crítico nacional e internacional, sus argumentos y alianzas. En este caso, presentamos los avances de un proceso de investigación en curso que se encuentra en la etapa del análisis documental y entrevistas a informantes clave. Desde este trabajo ponemos a la consideración crítica algunos problemas y posibilidades para senderos de emancipación.

Diversidad de luchas, actores, temas y escalas.

En 1999 se sancionó en Argentina la primera ley en las Américas sobre Producción Ecológica, Biológica y Orgánica, la Ley Nacional 25.127. Ya para el año 2001 el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), presentaba en defensa de sus asociacdos, una acción judicial contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, exigiendo el cese en el otorgamiento de autorizaciones para explotar maíz genéticamente,la prohibición de la utilización y comercialización de todas las semillas de este tipo existentes y la declaración de invalidez, inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las Resoluciones nacionales que habían liberado semillas de maíz transgénico para su utilización comercial (La Nación, 2001). También en el año 1999, se constituía la Red de Alerta de Transgénicos, una vasta asociación de académicos, el Grupo de Reflexión Rural, pequeños productores, periodistas, universitarios y profesionales del sector agrícola,que en el año 2002, junto a Greenpeace y otras ocho entidades ecologistas locales y el Foro Social Mundial en Argentina, presentan por Iniciativa Popular el Proyecto de ley de acceso a productos alimenticios seguros en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien este no llega a ser aprobado, se denuncia ya por entonces el concepto de “equivalencia sustancial” de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), que pretende homologar las semillas no modificadas con las genéticamente modificadas, estrategia de la governance corporativa para evitar la regulación estatal específica.

Las movilizaciones públicas y denuncias judiciales de los afectados directos, residentes de zonas aledañas a los campos de soja, fueron iniciadas a principios del 2002. Luego, los mismos afectados fueron constituyendo redes, con universitarios, profesionales y organizaciones en todo el país (Carrizo y Berger, 2012): Colectivos Paren de Fumigar y grupos de profesionales: Médicos de pueblos fumigados, Abogados de pueblos fumigados, Red Federal de Docentes por la Vida. Denunciaban y denuncian los impactos sobre la salud, leucemias, linfomas de non hodgkins, malformaciones en fetos y niños. Se pone en cuestión así la efectividad del sistema de salud, el funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica, la falta regulación y aplicación de la legislación ambiental en el tema, la falta de controles de las autoridades provinciales y municipales con competencia en la materia. Las luchas de los afectados logra Ordenanzas municipales, reformas de leyes provinciales que aumentan la tutela de protección y también obtienen fallos favorables de las instancias judiciales (Fallo Ituzaingó, 2012) en distintas provincias. Las asociaciones de pequeños productores, campesinos, ponen el foco en los desmontes, los desalojos ante el avance de la frontera agropecuaria sobre tierras si regularización dominial, la soberanía alimentaria y la promoción de la agroecología, etc. Las comunidades indígenas y campesinas por su parte, protagonizaron el inicio de la denuncia contra la desforestación y apropiación de sus territorios que lleva a la conformación de una amplia alianza de comunidades, organizaciones de la sociedad civil y legisladores nacionales, logrando en el año 2007 la ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos.

Una mención especial, merece la resistencia exitosa a la instalación de la planta de maíz transgénico de la empresa Monsanto en la provincia de Córdoba-Argentina. La vasta red de afectados a nivel provincial, nacional y de personas y organizaciones a nivel mundial, desarrollaron una serie de procesos de deslegitimación de las decisiones de las autoridades políticas que promovían y autorizaban la construcción de la planta. Una estrategia múltiple, de acción directa e institucional, logró también superar la presión del sindicato UOCRA (Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina), que actuó en el conflicto como fuerza de choque al igual que en otros casos de empresas extractivistas, así como las presiones de las organizaciones empresarias industriales y agropecuarias como la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, entre otras (Carrizo et. al 2016).

El activismo jurídico también se destaca por la judicialización de los procedimientos de aprobación y liberación de transgénicos, visibilizando la responsabilidad de entidades como la Comisión Nacional de Biotectología (CONABIA) y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Destacada es la actuación de la Red de Salud Popular Ramón Carillo de la provincia de Chaco y el Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA) – Naturaleza con derechos, de la provincia de Buenos Aires. (Fazio, 2009; CELMA, 2013). Otro de los temas visibilizados son los procedimientos destinados al control de la inocuidad alimentaria de los agrotóxicos, a cargo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SEANSA). Las críticas ciudadanas y de la misma Auditoría General de la Nación en el año 2012, cuestionan que en la definición de las normas para la evaluación de los riesgos participen las mismas empresas, no se apliquen los procedimientos que como garantías se establecen para las decisiones que afectan el ambiente, existen vicios de procedimiento y conflicto de interés, mecanismos de la governance corporativa para quitar de la deliberación pública y las decisiones democráticas cuestiones de aplicación de la tecnología a la producción y por lo tanto el modelo de desarrollo.

El grillete de los biocombustibles

En el año 2007 en Argentina se sanciona la Ley 26.093, que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la producción y el uso sustentable de biocombustibles, previendo incentivos para modificar la matriz energética del país. El corte obligatorio de combustibles que establece la ley es progresivo, iniciando con el 5 % de biodiesel y bioetanol, y con un tope del 20%. La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentó el régimen para la acreditación y devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado en diciembre de 2010. El país forma hoy parte del “club de los millonarios”, constituido por los países que elaboran más de un millón de toneladas de biocombustible por año. Los principales productores son Alemania, Francia, Estados Unidos, Brasil y Argentina, que con 1.113.781 de metros cúbicos para 2018, participa con el 50 por ciento del volumen comercializado de aceite de soja a nivel mundial, por lo que es formadora de precios.

En 2011, los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) realizan un informe técnico sobre la industria del biodiesel, destacando que la industria está conformada principalmente por las firmas aceiteras grandes, que tienen el 65 por ciento de la capacidad instalada; por empresas independientes grandes (19 por ciento) e independientes chicas (16 por ciento). Ante el reclamo de las Pequeñas y medianas empresas, el Gobierno decide segmentar el mercado de empresas proveedoras de biocombustibles, favoreciendo a las medianas y pequeñas con un precio del 17 por ciento superior al que recibían las grandes.

Uno de los problemas que ha ocupado a los empresarios y funcionarios del sector fue la posición de la Unión Europea (UE). En 2012, los productores europeos de la European Biodiesel Board emitieron una queja formal, alegando que el biodiesel de Argentina ingresaban a la UE a precios relativamente bajos por estar subsidiados, y tener retenciones menores para las exportaciones de este producto de las que pesan sobre su insumo básico, el aceite de soja, y el bien más primario, el poroto; así como a las empresas argentinas de tener prácticas desleales, específicamente de dumping. En la actualidad, la administración de Donald Trump ha aumentado los aranceles para la importación de biodiesel desde Argentina, respondiendo a una denuncia de los fabricantes de aquel país por dumping y utilización de subsidios supuestamente contrarios a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esta situación es ahora compensada por la reapertura del mercado europeo, que ha debido bajar los aranceles luego de perder el largo pleito en la OMC iniciado por este mismo motivo. A pesar de estos vaivenes, las exportaciones del biocombustible se sostienen, siendo el eslabón que mayor valor agregado y complejidad tiene dentro de la cadena productiva de los agronegocios, incluyendo desarrollos portuarios y logísticos de envergadura (hidrovía, ferrocarriles, entre otros).

En 2019, se han generado expectativas en el conglomerado de empresas ante la firma por los presidentes Macri y Bolsonaro del memorándum sobre bioenergías para avanzar en el desarrollo de “tecnologías verdes” en el sector automotor. Si bien en Argentina las naftas contienen un corte del 12 por ciento de bioetanol y el gasoil un 10% de biodiesel, el objetivo oficial es avanzar en el mismo sentido que Brasil, con una confluencia de desarrollo tecnológico observando la tendencia del mercado mundial automotor hacia vehículos con “tecnología verde”. La atención está puesta en si los impuestos se igualarán con los de los combustibles fósiles o si habrá algún tipo de exención impositiva, inclinándose los anuncios de funcionarios por el fomento de la competencia entre los sectores.

El desarrollo de la producción de biocombustibles, ha reconfigurado y reconfigura el mapa nacional por la decidida intervención de gobiernos provinciales, locales, empresas y hasta instituciones en la producción de bioenergías con proyectos de distinta envergadura, que apuntan a atender necesidades puntuales o a ingresar en el sistema nacional e internacional de financiamiento, investigación, producción y comercialización. Destacamos algunos:

Buenos Aires: junto a grandes emprendimientos privados transnacionalizados, por caso AES Argentina filial de The AES Corporation con presencia en 17 países de cuatro continentes en la localidad de San Nicolás, y de la francesa Dreyfus en Bahía Blanca, se suman emprendimientos tales como los de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que se incorporó al Plan BIO del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) a fin de convertir aceite vegetal usado (AVU) en biocombustible.

Santa Fe: en el año 2008 esta provincia modificó el Código Tributario para favorecer la producción, comercialización y exportación de nuevas formas de energía (biocombustibles). Constituye en la actualidad la provincia con el mayor asentamiento de plantas dedicadas a la producción de biocombustibles e industrias asociadas y la mayor planta de soja del mundo, Renova, ubicada en Timbues, cuyas fuentes de financiamiento son la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Coöperatieve Rabobank U.A. También desde el municipio de Rosario, se proponen fabricar biodiesel con aceite de cocina a través de la creación del programa Bio-Transporte.

Córdoba: a la planta de etanol ProMaíz, de la Aceitera General Deheza asociada con Bunge, se suma la planta de bioetanol de la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA en Villa María, la planta de Bioetanol Río Cuarto, la planta de bioetanol en Leones de la cordobesa Porta Hermanos asociada a la rosarina VLD; mientras que la Cámara de Biocombustible de Córdoba (Cabiocor) informaba que se sumarían otras diez plantas de biodiesel a las nueve ya instaladas en la provincia. Por su parte, Cáritas Arquidiocesana (Iglesia Católica) cuenta con proyectos de elaboración de biodiesel, destinados a juntar aceite vegetal usado. Desde el mismo año de inicio de la producción, 2012, tienen lugar resistencias por parte de vecinos afectados en su salud y seguridad ante emanaciones y riesgos de siniestro en las plantas.

San Luis: en 2012 el gobierno con la empresa Diaser S.A.y el ente coordinador de la Zona Franca, acuerdan radicar una planta elaboradora de bioetanol en la zona de actividades logísticas (ZAL) de Villa Mercedes.

Santiago del Estero: en 2009 y con el apoyo del Gobierno nacional, se abre en Frías la planta de producción de biodiesel, harina de alta calidad proteica y pellet de soja AG-Energy de Viluco S.A. con inversión del Grupo Lucci, promoviendo también la conformación de un pool de producción de biodiesel a partir del maíz y teniendo como objetivo captar los 5 millones de toneladas de soja que se producen en el norte del país. Para el acopio de los productos, Ag-Energy se proponía disponer de 5 plantas satélites, 2 de ellas instaladas en los departamentos santiagueños de Moreno y Jiménez, 2 en Salta (Orán y Anta) y la restante en Cruz Alta (Tucumán). La planta llegó a una capacidad de molienda de hasta 1 millón de toneladas por año y 200.000 toneladas de biodiesel por año, alimentos balanceados, harina, lecitina, acopio de soja y maíz, sin embargo en el año 2019 cerró la planta de biodiesel despidiendo a 117 empleados.

Tucumán: desde 2010 cuenta con la mayor planta del país de deshidratación de alcohol etílico de caña de azúcar, que pertenece a la Compañía Bioenergética La Florida S.A cuyo socio principal es la Compañía Azucarera Los Balcanes S.A.

Salta: se anuncia como parte de la reserva mundial de biocombustibles, con la creación del Régimen de Promoción para la producción de tártago, jatropha, colza y moringa, vegetales no comestibles que se pueden sembrar en zonas marginales. Exime del Impuesto a las Actividades Económicas, del Impuesto de Sellos, otorgando reducción del canon de riego.

Jujuy: El Ingenio Ledesma con “Bio Ledesma”, produce con caña de azúcar en el complejo agroindustrial que posee en la ciudad de Libertador General San Martín.

Formosa: en 2009, el gobierno trabajaba en un desarrollo innovador en la estancia “La Florencia Oeste”, investigando la utilización de la Acrocomia aculeata (tipo de palmera). Chaco: en 2008, Biocom Federales inaugura una planta de biodiesel en Pampa del Infierno. Mientras el Gobierno de Chaco, anunciaba inversiones para biodiesel y bioetanol.

Entre Ríos: en 2010 la Caja de Médicos y Bioquímicos invirtió en una planta de biodiesel en Villaguay. La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Provincial que busca canalizar el ahorro interno en radicación industrial.

San Juan: en 2010, la Municipalidad de Iglesia avanzó con un proyecto para construir una planta de biodiesel con recursos generados por las regalías de la megaminería.

Chubut: desde 2008, la empresa Biocombustibles del Chubut (BC) emprendimiento conjunto de la provincia a través de Petrominera Sociedad del Estado, Biocombustibles del Chubut SA y las empresas petroleras Pan American Energy y Petrosur, produce biodiésel de microalgas.

Neuquén: en 2011 el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanzaba en un proyecto para generar energía con biomasa forestal, en convenio con la Corporación Forestal del Neuquén (Corfone), remitiendo el excedente energético al sistema interconectado.

Esta significativa expansión fue continuada con otros proyectos de promoción, tales como el Proyecto para la Promoción de la Energía Derivada de Biomasa (PROBIOMASA), de 2012 por parte del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Energía y la FAO; el Programa GENREN, lanzado desde Energía Argentina S.A. (ENARSA) para fomentar la provisión de energía eléctrica a partir de fuentes renovables promoviendo centrales nuevas que operen con recursos renovables y se vinculen a la red del Sistema Argentino de Interconexión; el programa RenovA, de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación, entre otros. Conforme al Registro de empresas elaboradoras de biocombustible de la Secretaría de Energía de la Nación, autoridad de aplicación de la ley, existirían en Argentina 51 empresas, mientras que informantes clave señalan un gran subregistro. A ello se suma el desarrollo reciente de plantas llamadas Minidest (minidestilerías), destinadas a ser instaladas en los mismos campos y de gestión remota, cuyo mayor productividad se garantizaría por economizar transporte, principalmente de los desechos (burlanda), y a usar esta para la alimentación de ganado en feedlot, cerrando así un círculo de producción con varios eslabones contaminantes.

El rol del sistema de ciencia y técnica

El rol del sistema de ciencia y técnica en la promoción y desarrollo es notable tato por su diversidad como por sus formas asociactivas. Tempranamente, se pone en evidencia esta alianza a raíz de una explosión e incendio por el uso de hexano en un laboratorio en la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, en el año 2007. Ello visibilizó la situación de producción irregular en base a convenios entre la universidad y la empresa constituida en Bélgica De Smet Engineers&Contractors ( DSEC ). En el accidente murieron 6 personas, un estudiante, una profesora y 4 investigadores, siendo los responsables de la Facultad sentenciados a prisión.

A la fecha viarias Universidades trabajan en el tema, a fines ilustrativos enumeramos: la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape) en vinculación con el INTA, investiga cómo obtener biodiesel de la Jatropha. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires produce etanol, biodiésel y biogás con materias primas de origen agropecuario, agroindustrial y desechos orgánicos que no compiten con los alimentos, subproductos, desechos u otras materias primas, como por ejemplo microalgas. La Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, trabaja para reemplazar paulatinamente el uso del gasoil en los vehículos de la institución. El Laboratorio de Biociencias de Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), está orientado a producir biodiesel a partir de bacterias y microorganismos. La petrolera OIL M&S aporta los recursos e inversiones mientras que la UNPSJB, aporta conocimientos. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, se destaca el laboratorio como ejemplo del modelo de Gobierno, Universidad-CONICET y Empresa para la innovación a nivel nacional. La Universidad Nacional de Cuyo, desarrolla un proyecto de investigación sobre la cría de algas cuyo aceite podría ser utilizado en la fabricación de biocombustible a escala. Junto con el INTA trabajaron en la elaboración de biodiesel de colza e investigado sobre el impacto de cultivo de la colza en los suelos. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, sede Corrientes, concretó un estudio de energías alternativas a través de la Planta de Producción de Biogás y Biofertilizantes a instalar en la localidad de Laguna Yema, Formosa. La Universidad Nacional de Rosario, por el convenio con el Municipio de San Lorenzo desde 2010, ha implementado el Programa Ciclo Bis Oil de reciclado de aceites lubricantes, con la participación de la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (FIEM), la empresa Bravo Energy y la Subsecretaría de la Producción de San Lorenzo, logrando que la ciudad sea seleccionada para la implementación del Pacto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) bajo los principios e ideales del Pacto Global de Naciones Unidas, ideado por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. Finalmente destacamos la conformación en 2016 de la empresa tecnológica Keclon, entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación junto a un grupo de investigadores rosarinos y empresarios, proyecto destinado a desarrollar enzimas para quitar impurezas del biodiesel de soja y otros cultivos, de modo de optimizar el combustible. En la empresa participan emprendedores y científicos y recibió financiamiento del Fondo Sectorial del Fonarsec del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, además del aporte de capitales privados.

¿Crisis alimentaria? Entre la seguridad y la soberanía alimentaria

Entre las críticas externas destacamos: a. el Vaticano, que ya en 2008 se manifestaba contra los biocombustibles en defensa del derecho fundamental a la alimentación; b. en 2013, las asociaciones ecologistas Oxfam, Greenpeace, Amigos de la Tierra y Action Aid International, que solicitan al parlamento Europeo la imposición de un límite al uso de biocombustibles (biodiesel y etanol) creados a partir de cultivos por su impacto en el medio ambiente y en los precios de los alimentos: "No más comida para combustibles"; c. en el Parlamento Británico, diputados ingleses indicaban que la producción indiscriminada de biocombustibles causaba más impactos negativos que beneficios al medio ambiente, entre ellos identificaban la energía utilizada en el cultivo, la recolección, el transporte y el procesamiento de las cosechas, la destrucción de los hábitats naturales y de los bosques tropicales, que atrapan el CO2, y el uso creciente de pesticidas y abonos; d. la Universidad de Minnesota, centra su crítica en la destrucción de los bosques, la menor absorción de dióxido de carbono y por lo tanto la deuda de carbono que produce el cultivo de granos; e. desde las empresas, la Alianza Food Before Fuel, integrada por empresas Coca-Cola, Kellog, Kraft y McDonald´s basan su crítica en la incidencia de los mismos en el aumento de los precios de los alimentos; f. el Consejo Europeo de Biodiesel, la FAO, la OCDE, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y Naciones Unidas se manifiestan por una reducción drástica de los subsidios a los biocombustibles, reclamando una revisión urgente de los subsidios y las barreras comerciales acusando que podrían prolongar y profundizar la crisis alimenticia por usar cultivos como la caña de azúcar, soja y el maíz, al tiempo que señalan la necesidad de la reducción de emisiones contaminantes y una transición hacia los biocombustibles de segunda generación (madera, pasturas y residuos forestales y de cultivos) que prometen reducir las emisiones de gases.

A nivel nacional, desde el año 2008 se formulan críticas internas a la producción de biocombustibles: a. desde el Frente Progresista, el Diputado Antonio Riestra del ARI, objeta los beneficios impositivos para las plantas productoras de biodiesel que hacen inversiones millonarias y exportan el 85 por ciento de la producción; b. el Centro de Estudios de la Situación y las Perspectivas de la Argentina (CESPA) de la Universidad de Buenos Aires señala la baja tributación del biocombustible (2,5 %), cuando la materia prima, el aceite de soja, debe aportar al Estado un 32%; c. la Cámara de Expendedores de Santiago del Estero argumenta que mezclar biodiesel con nafta trae aparejado tanto beneficios como situaciones negativas a los usuarios; d. el Consejo Americano de Exportación de Granos de Soja (USSEC) considera que el aceite de soja es un producto demasiado ‘fino’ para ser utilizado como combustible, destacando que es una fuente proteica e incluso de calorías, y que el biodiesel genera problemas de almacenaje y de transporte. En cuanto al etanol, afirmaron que existirían dudas sobre su evolución en tanto el proceso de destilado requiere mucha temperatura, por lo que es mayor la energía necesaria que la que genera producirlo; e. la asociación que nuclea a los fabricantes de autos (ADEFA) reclamó tiempo para definir cuestiones técnicas para lograr la adaptación del combustible, considerando las impurezas del aceite de soja y su mayor riesgo de oxidación. En 2014, las Automotrices y Petroleras ante el aumento a un 10 % del corte del etanol en las naftas, sostenían que deberían hacerse pruebas, y que el precio de los biocombustibles estaba por encima del producto de importación exento de impuestos, por lo que la elevaría el costo de las compañías; f. la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, señala que la producción de alcohol para bioetanol contaminaría la cuenca interprovincial del Río Salí-Dulce, ya que por cada litro de etanol de caña de azúcar, se producían 13 litros de vinaza, una sustancia altamente contaminante; g. la Diputada Nacional Marijó Areta (UCR) de Corrientes realizaba una presentación ante la Justicia Federal y provincial, denunciando contaminación ambiental por la empresa de bioetanol uruguaya Alur S.A. Alcoholes, declarando haber constatado olores sulfhídricos en el ambiente con características nauseabundas; h. la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresa, acusa que en los últimos 20 años el incremento de la demanda de granos se basó en el uso para biocombustibles antes que para el consumo humano; i. en igual sentido se manifiesta Greenpeace Argentina y Alemania, quienes denuncia que dicho consumo fomenta la deforestación y amenaza los ecosistemas nativos en países como Argentina, acusando la pérdida de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos por la siembra de soja, señalando también la puesta en peligro de la soberanía alimentaria; j. la Asociación Ecos de Romag de Santa Fe, cita investigadores del Instituto Internacional Sueco para el Agua (SIWI) respecto al consumo de agua de la agroindustria. Mientras que en la actualidad representa el 70% del agua dulce a nivel mundial, para 2050 la cantidad de agua destinada para la producción de biocombustibles será la misma que para alimentar a toda la población mundial; k. el Grupo ambientalista “Basta de Cáncer” denuncia es el riesgo de explosión de las plantas, exigiendo que las plantas no se instalen en las proximidades de vecinos a fin de no ponerlos en riesgo. Destaca que el etanol es un líquido incoloro que tiene un rango inflamable más amplio que la gasolina, conociéndose más de 60 casos de explosión e incendio, con mayor frecuencia en Estados Unidos (Metropolitan Engineering Consulting and Forensics). Otro de los problemas ambientales señalados por los vecinos de las plantas de Santa Fe es la afluencia de camiones. 70 millones de toneladas de soja y maíz son trasladadas a los puertos, registrando un ingreso promedio de 6.367 camiones por días en las terminales de la región, de Timbues a Ramallo. Sólo el 15% del total de la producción se transporta por medio del ferrocarril; l. a nivel de trabajadores se destacan dos actores. Por un lado los camioneros. El tema de conflicto son las demoras en la descarga de soja, lo que ha llevado a protestas de camioneros ante esperas de más de 48 horas en las terminales de descarga. Las 22 terminales que componen el complejo exportador del Gran Rosario reciben diariamente un promedio de 7500 camiones en la época de cosecha de soja, mientras que por año arriban aproximadamente 1,5 millones de camiones. Incendio de autos, disparos, encapuchados, destrucción de partes de la planta de la portería, la enfermería y una camioneta de la policía por incendio intencional, tuvieron lugar en el año 2015 en la planta de Dreyfus, y también se produjeron disturbios en las plantas de Terminal 6 y en Nidera. Por otro lado, los trabajadores de las aceiteras. La muerte de operarios en las plantas, por caso en Viluco, Santiago del Estero, ocasionan la movilización de los obreros, en ese caso nucleados en el gremio de acopiadores, reclamando mayores medidas de seguridad y mejores condiciones laborales. También se suceden conflictos a raíz del despido de trabajadores, por caso de la empresa Latin Biocombustibles S.A de Arroyo Seco, y se denuncia persecución gremial y el encuadre en Convenios Colectivos no específicos, como el de empleados de comercio, lo cual es denunciado por el Sindicato de Aceiteros de Rosario (Soear). También el Sindicato de aceiteros denuncia al Sindicato de los Petroleros por ser funcional a las firmas e impedir la afiliación del personal al Soear para encuadrarlos en su sindicato, con menores salarios. El gremio de aceiteros se destaca en Argentina por alcanzar en paritarias mayores aumentos y exige que se limite la tercerización del trabajo de los aceiteros.

Reorganización socio-corporativa del agro

Finalmente nos interesa identificar la reorganización socio-corporativa del agro. El pasaje ha sido denominado de la propiedad de la tierra al gerenciamiento (Córdoba, 2013): segmentación y deslocalización de actividades, diversificación de actores y nodos que intervienen en el proceso productivo y articulación de los mismos a través de contratos y de regulación interna, resistiendo la reglamentación externa. La ruralidad globalizada configura flujos de conocimientos y prácticas hiperconectadas que rediseñan el sentido de comunidad y la espacialidad promoviendo una nueva politicidad, la governance corporativa. Las asociaciones se dan entre los rediseñados actores del contexto productivo tradicional y nuevos actores de las redes de producción de conocimiento, divulgación y promoción. Instituciones sociales, educativas, religiosas, políticas, solidarias, se entrecruzan formando hiperredes que viabilizan las captación de innovaciones y la realización de alianzas público-privadas. También es una novedad la diversidad de escalas de las interacciones, al igual que en otros ámbitos de la vida social debido a las Tecnologías de la Comunicación y a la intensificación de los viajes. Esta multiescalaridad posibilita la participación en el diseño e implementación de verdaderas campañas, como la de las Buenas Prácticas Agrícolas, así como actividades de producción de bienes y servicios de carácter solidario que disputan con las instituciones político- estatales. Esta nueva socialidad se expresa en una diversidad de asociaciones entre las que se destacan: la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), integrada por todas las grandes empresas del sector, incluidas las semilleras y agroquímicas, que realiza congresos y simposios nacionales e internacionales, y sesiones especiales dedicadas al tratamiento de los biocombustibles; la Asociación de Técnicos en Agronegocios que organizan seminarios sobre biocombustibles y agronegocios asociados a universidades; la Cámara de Biocombustibles (Carbio), desde donde se denuncia la pretendida reprimarización por parte de las presiones de la Unión Europea, la realización de lobby para que se redireccionen las ventas al mercado local, que aumente el corte obligatorio, que se le dé a los biocombustibles el mismo tratamiento impositivo que al gasoil importado (eximido de tributar el 41% de impuestos); la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), que promueve el aumento del corte progresivamente hasta alcanzar el 20, posibilitando el aumento de ingresos para el estado vía impuestos y ahorro de divisas por la substitución de importaciones; la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), que agrupa a las grandes empresas productoras de biocombustibles como Molinos Río de la Plata, Vicentín, AGD, Bunge, Dreyfus y Cargill y cuya preocupación central es el aumento de los aranceles por parte de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos; la Cámara Argentina de Empresas de Productos y Servicios relacionados al Biodiesel y Afines, que resaltan las bondades del biodiesel dado que su fabricación es sencilla, reduce la contaminación y su lubricidad es notable y la asociación CREA, conformado por 218 grupos de empresas que se distribuyen en 19 regiones en el país, con el propósito de compartir experiencias y producir y circular información dirigida a la innovación, sostenibilidad, asistencia técnica, solidaridad y excelencia, contando también con Unidades de Investigación y Desarrollo.

Finalmente, de recientemente conformación, destacamos la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas, que tiene como objetivo promover la producción, utilización y comercialización de Bioenergías, y en ese contexto alienta el uso de biocombustibles tales como el Biodiesel y el Bioetanol. Esta es una iniciativa de carácter Público Privada y está conformada por los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Desde el sector privado la integran la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara Argentina de Industria Sucro Alcoholera, la Cámara de Bioetanol de Maíz y de la Cámara de Industrializadores de Granos, Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO) y la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

Conclusiones

La ciudadanía, algunos profesionales y sindicatos han desestabilizado a lo largo de más de diez años el lenguaje y las prácticas de los distintos actores del modelo de los agronegocios, denunciado sus estrategias de governance, así como las del sistema político-administrativo que lo promueve. En perspectiva, se ponen en evidencia los problemas de democratización, legalidad y legitimidad de las estructuras y del funcionamiento de las instituciones y de las normas. Un esfuerzo especial requiere resistir a la trama de la tecnociencia, que en nada avanza respecto al estudio de los impactos sobre la vida y las formas de vida, poniendo en riesgo la biodiversidad y la infraestructura pública y privada.

La acción política dispersa, en una diversidad de tiempos y escalas, nada tiene que ver con una celebración de las diferencias, sino con el aporte –como ciudadanos e investigadores de las ciencias sociales- a la comprensión de la complejidad de las luchas de nuestra época, en las que por acción u omisión todos estamos inmersos.

Referencias

AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Informe del Departamento de control de la gestión ambiental sobre el SENASA. Bs. As, 2012. http://www.agn.gov.ar/informes/informesPDF2012/2012_247.pdf (visitada 4/09/2014).

BERGER, M., Y CARRIZO, C. (2016), “Governance agro-biotecnológica y Justicia Ambiental. Tensiones en torno a la liberación de transgénicos en Brasil, México y Argentina”. Política. Revista de Ciencia Política, 54(2), pp. 127-151. 2016.

CARRIZO, CECILIA; YAMILA FERREYRA; DIEGO ASTUDILLO; SILVINA SOLDA, “¡Fuera Monsanto! Del poder comunicativo de la protesta ambiental a la elaboración de ley protectora”. Revista Sustentabilidad(es), vol 7 (núm.13): 5 – 30, 2016, Universidad de Santiago de Chile.

CARRIZO, CECILIA Y BERGER, MAURICIO, “Luchas contra los pilares de los agronegocios en Argentina: transgénicos, agrotóxicos y CONABIA”. Revista Letras Verdes NÚM. 16, 2014.

CARRIZO, C. ET. AL., “Institucionalización de las políticas de cambio climático a nivel urbano en Argentina”. Cambio climático y políticas públicas urbanas: lecciones de y para ciudades colombianas y más allá, Universidad Externado de Colombia, Edit. S. Nail. Colombia, 2016.

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES DEL MEDIO AMBIENTE, “Un Joint Venture de Monsanto habría comercializado en el Chaco semillas transgénicas de algodón BR sin aprobación del Estado”, 2013. http://celmablog.wordpress.com/ (visitada 25/02/2014).

CÓRDOBA, M. S., “La ruralidad hiperconectada: dinámica de la construcción de redes en el sector del agro argentino”. Gras, C. y Hernández, V. (2013), El Agro como NEGOCIO. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Biblos, Buenos Aires, 2013.

FALLO ITUZAINGO, La Voz del Interior: http://www.lavoz.com.ar/files/Agroquimicos-Gabrielli.pdf (visitada 6/09/2014).

FAZIO, M.E.; GOLBERG, L. Y LÓPEZ A., Agricultura transgénica y regulaciones: el caso del algodón en la Provincia del Chaco, Argentina. Documento de Trabajo, Buenos Aires, Argentina, Junio de 2009.

FERNÁNDEZ, V. - GARCÍA J., “Estado, producción y desarrollo. Las capacidades nodales en una perspectiva latinoamericana”. Revista Estado y Políticas Públicas Nº 1. Año 2013.

FRASER, N., Escalas de la justicia. Barcelona, Herder. 2008.

GRAS, CARLA, HERNÁNEZ, VALERIA, Radriografia del nuevo campo argentino. Del terrateniente al empresario transnacional. Bs. As. Siglo XXI, 2016.

GRIGERA, J. Y ÁLVAREZ, L., “Extractivismo y acumulación por desposesión Un análisis de las explicaciones sobre agronegocios, megaminería y territorio en la Argentina de la posconvertibilidad”. Revista Theomai 27-28, 2013.

GRUPO DE REFLEXIÓN RURAL, “La COP 10 y los "100 millones de toneladas de granos", Bs. As., 2004.

HILBERT, J.A., Evolución de la percepción pública de los biocombustibles en Argentina Buenos Aires. INTA, 2014. Informes Técnicos Bioenergía; año 3, Nº5, 2014.

HONNETH, A., “Sobre la fenomenología de las experiencias de injusticia social”. Honneth, A. y Fraser, N. ¿Redistribución o Reconocimiento?, Madrid: Morata, 2006.

KJAER, P., “Hacia una sociología de las instituciones intermedias: el rol del derecho en el corporativismo, el neocorporativiso y la governance”. Traductores: Mauricio Berger y Cecilia Carrizo. Revista Administración Pública y Sociedad N°3, 2017.

LA NACIÓN, http://www.lanacion.com.ar/350148-contra-los-transgenicos, 2001. (Visitada 6/ 09/2013).

POTH, C., “La ciencia en el Estado. Un análisis del andamiaje regulatorio e institucional de las biotecnologías agrarias en Argentina”. Workingpaper series / desigualdades.net., 2013. (Visitada 2/09/2014)

PECK, J. Y TICKELL, A., “Jungle law breaks out: neoliberalism and global-local disorder”. Area, 26(4), p. 317-326, 1994.

PUTNAM, H. Y HABERMAS, J., Normas y valores. Madrid: Trotta, 2008.

ROSAS LANDA, O. et. al., Poder constituyente y luchas ambientales. Hacia una red de redes en América Latina. /Landa ... [et.al.]. - 1a ed. - Córdoba : el autor, 2014.

VALENZUELA GASCÓN, R., “Diferenciación funcional y constitucionalización social: Una conversación con Gunther Teubner”. Revista Mad, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile NÚM. 39, 2018.

Notas