EL SUICIDIO POLICIAL EN ARGENTINA. APORTES PARA LA COMPRENSIÓN DEL FENÓMENO EN CLAVE SOCIOLÓGICA (2016-2023)

POLICE SUICIDE IN ARGENTINA. CONTRIBUTIONS TO THE UNDERSTANDING OF THE PHENOMENON IN A SOCIOLOGICAL KEY (2016-2023)

Santiago Galar sgalar@fahce.unlp.edu.ar

Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

Estudios Sociales. Revista Universitaria Semestral

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 0327-4934

ISSN-e: 2250-6950

Periodicidad: Semestral

vol. 68, e0101, 2025

estudiossociales@unl.edu.ar

Recepción: 01 agosto 2024

Aprobación: 20 mayo 2025

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/293/2935359009/

DOI: https://doi.org/10.14409/es.2025.68.e0101

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En Argentina, según datos oficiales, se produjeron 3.221 suicidios en 2022 (último año difundido), siendo el grupo etario más afectado el de jóvenes de 20 a 24 años.^[1] La cantidad de suicidios, cabe destacar, es sustancialmente mayor a las víctimas en homicidios dolosos que en 2022, según cifras oficiales, fueron 1.961.^[2] Los suicidios de personal policial constituyen ocasionalmente hechos que ameritan la atención pública traccionada por los medios de comunicación: suicidios dudosos ante la posible participación del personal en tramas delictivas, suicidios insólitos por las extrañas circunstancias en las que ocurren o suicidios que siguen a femicidios de parejas o exparejas de policías. En tensión con este interés social intermitente cruzado por criterios de noticiabilidad, el suicidio del personal constituye para las instituciones policiales un tema persistente. Un tema que se reactualiza con la conmoción que cada caso suscita en la «familia policial», colectivo de pertenencia que integra en un todo simbólico a las propias redes de parentesco del personal con los demás miembros de la institución (Calandrón, 2014).

En el período que aborda esta investigación, como daremos cuenta más adelante, la preocupación ante la ocurrencia de suicidios en el personal se materializó en acciones e iniciativas en el ámbito de las políticas de bienestar policial.^[3] De raíz castrense, el bienestar es una materia de intervención tradicional en las instituciones policiales orientada a medidas que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida del personal, abarcando temas como la salud física y mental, las relaciones en el trabajo y las condiciones laborales. La relevancia de la atención al bienestar en estas instituciones radica en que el personal al tiempo que enfrenta una notable precariedad laboral carece de instrumentos para presionar por la mejora de las condiciones de trabajo, considerando la prohibición reglamentaria de realizar reclamos por fuera de la línea de mando y la imposibilidad legal de la sindicalización (Galar, 2018). Ahora bien, al tiempo que atienden al «bienestar», las instituciones policiales convocan al personal a sacrificarse por una causa superior, a sentir y tener «vocación» (Galvani, 2016). Frente a la exigencia laboral, al asociar la actividad policial a la esfera de lo ético, lo moral y lo religioso, la institución demanda al personal sacrificio y entrega.

En este estudio centramos el interés en las cuatro instituciones policiales y de seguridad federales (desde ahora «las Fuerzas») que desde 2010, cuando fue creado, son dirigidas y coordinadas en términos de sus funciones y jurisdicciones por el Ministerio de Seguridad de la Nación (desde ahora «el Ministerio»). La Policía Federal Argentina (PFA) se encarga de investigar delitos federales y delitos que abarcan la jurisdicción nacional de todo el territorio. La integran 33.000 miembros, de los cuales 24.000 cumplen tareas de seguridad, bomberos y comunicaciones. Por su parte, la Prefectura Naval Argentina (PNA), con 21.000 integrantes, es un cuerpo policial cuya misión y funciones se vinculan a la seguridad de las vías navegables interiores y el mar argentino. La Gendarmería Nacional Argentina (GNA), con 37.800 integrantes, originalmente una fuerza militarizada dependiente del ejército, desarrolla tareas de seguridad en las fronteras, aguas jurisdiccionales y objetivos estratégicos, y desde 2010 también en zonas caracterizadas como conflictivas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por último, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), creada en 2005, se encarga de proteger y resguardar la seguridad en los aeropuertos. La PSA, que se caracteriza por contar con una conducción civil, cuenta con 5.600 miembros, 4.800 oficiales y 800 administrativos. En las últimas décadas, más allá de la creación del Ministerio, las Fuerzas, con sus casi 100 mil integrantes, mantuvieron en lo fundamental sus competencias, estructuras orgánicas, despliegues territoriales e instrumentos normativos.

Entender el funcionamiento y articulación entre estas burocracias requiere retomar la cuestión del «gobierno civil» de las instituciones policiales que desde la década de 1990 forma parte del debate académico regional (Frederic, 2008; Dammert, 2019). En el plano formal, las policías se constituyen como órganos administrativos «desconcentrados» con dependencia jurisdiccional de una entidad administrativa jerárquicamente superior (generalmente un ministerio o secretaría con competencia en la seguridad). Las policías son grandes estructuras, con notable diferenciación horizontal y vertical, que responden a una jefatura policial que, con aval de las autoridades políticas, se ubica en la cima de una rígida cadena de mando. En el plano informal los análisis suelen partir del modelo «tradicional» o «delegativo» de la seguridad pública descrito particularmente por Saín (2008, 2015). Según este modelo, las cúpulas policiales definen con autonomía criterios, orientaciones y modalidades de intervención en el ámbito de la seguridad y aspectos centrales de sus propias instituciones. Los estilos de conducción política pueden o bien tender a delegar en las instituciones policiales su propia conducción o bien detentar una voluntad de intervenir ejerciendo presión sobre las estructuras policiales. En todo caso, las organizaciones policiales mantienen márgenes de maniobra que favorecen su autonomía, favorecidas a su vez por otros elementos, como las asimetrías en la dotación del personal en relación con las áreas de gobierno civil, el notable despliegue territorial policial y la relativa estabilidad frente a los recurrentes cambios en las gestiones políticas.^[4]

Sostenemos aquí que entre 2016 y 2023, período que aborda esta investigación, la preocupación por los suicidios en el personal policial logró cierta confluencia entre la agenda de las gestiones ministeriales nacionales (de orientaciones políticas diferentes, por cierto) y las preocupaciones de actores institucionales en el ámbito de las Fuerzas Federales, posibilitando iniciativas para abordar esta problemática en el ámbito de las políticas de bienestar. En 2016, durante la gestión ministerial de Patricia Bullrich (2015-2019), se creó el Comité Técnico para el Abordaje Integral del Suicidio (Resolución 103/2016). Una de las iniciativas de este comité, integrado por profesionales de la salud mental de las Fuerzas y personal técnico del Ministerio, fue la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica unificado de los suicidios en las Fuerzas. En 2020, durante la gestión ministerial de Sabina Frederic (2019-2021), se creó el Programa de Abordaje Integral del Suicido en Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Resolución 306/2020), que absorbió al Comité, con el objetivo de «diseñar herramientas preventivas, asistenciales y de monitoreo para abordar integralmente la mortalidad asociada al suicidio en las Fuerzas». En el marco del Programa se realizaron jornadas de sensibilización, guías sobre salud mental y talleres de posvención.^[5]Las Fuerzas participaron en estos dispositivos a través de sus áreas de Bienestar, al tiempo que desarrollaron sus propios dispositivos.^[6] El suicidio policial, además, se fortaleció durante esta etapa como una materia de interés que implicó la movilización de recursos institucionales en las gestiones provinciales.^[7] En esta línea, en septiembre de 2021 se lanzó la denominada «Mesa Federal de Bienestar policial», una instancia de articulación entre actores nacionales y provinciales que dedicó su primer encuentro a «reflexionar sobre políticas, prácticas y experiencias orientadas a la prevención del suicidio policial».^[8] Un elemento más amplio que, desde nuestra interpretación, favoreció este proceso de problematización y abordaje institucional fue la promulgación en 2015 de la Ley 27.130 sobre la prevención del suicidio, que posicionó a Argentina como uno de los primeros países en contar con un marco legal específico y dio impulso al tema como eje de políticas públicas.

El suicidio, además de complejo y multicausal, es un fenómeno de carácter psico-social, por lo que es imposible reducirlo a instancias privadas o individuales. Resulta inevitable remitir a Durkheim (1897) en este punto en tanto su estudio del suicidio de 1897 constituyó una obra central en las ciencias sociales no solo por sus resultados^[9], sin dudas interesantes y originales, sino por su abordaje: Durkheim abordó el suicidio no como un fenómeno psicológico o moral sino desde una perspectiva sociológica. El presente artículo, inmerso en esta tradición, se propone dimensionar, describir y analizar el fenómeno del suicidio en miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales de Argentina en el período 2016-2023. Se trata de un primer acercamiento al tema en el cual se prioriza el análisis del conjunto de las Fuerzas, las características generales del fenómeno y las narrativas y tensiones comunes que atraviesan a estas organizaciones complejas y heterogéneas (entre sí y al interior de cada una) en relación con los suicidios del personal.

Realizamos el análisis en tres dimensiones. Un primer apartado lo dedicamos a analizar características generales de los suicidios del personal de las Fuerzas para el período 2016-2020. En un segundo apartado reconstruimos narrativas sobre condiciones específicas del trabajo que podrían favorecer las conductas suicidas en el personal de las Fuerzas. En tercer lugar, recuperamos y describimos las principales circunstancias precipitantes, aquellas situaciones identificadas por los actores que emergen como detonantes de los suicidios. Para finalizar compartimos algunas reflexiones.

Con el propósito de realizar un abordaje inicial de un fenómeno complejo e inexplorado por las ciencias sociales locales, el estudio integra diversas estrategias, fuentes y temporalidades. Por un lado, se reponen emergentes cualitativos y datos cuantitativos sobre el suicidio en la Fuerzas difundidos por el Ministerio en eventos públicos, resoluciones, publicaciones técnicas y otros registros de comunicación institucional. Por otro lado, entre febrero y abril de 2024 realizamos entrevistas en profundidad con informantes clave en términos de las políticas de bienestar policial: ex-trabajadores/as del área de bienestar del Ministerio e integrantes de las Fuerzas vinculados a la gestión del bienestar. Las entrevistas fueron presenciales en la ciudad de Buenos Aires y en modalidad virtual con actores radicados en otras jurisdicciones. La selección de las entrevistas siguió el criterio de factibilidad, en primer término, y de búsqueda de informantes clave, en segundo término. Asimismo, entre 2017 y 2018 realizamos trabajo de campo etnográfico en unidades de GNA de la ciudad de Buenos Aires y en un destacamento móvil del noroeste argentino donde efectuamos entrevistas abiertas y observación participante en patrullajes, controles de rutas y otras instancias cotidianas de trabajo. Para completar datos consultamos materiales diversos que nos permitieron reconstruir esta compleja trama, tales como normativa, notas en prensa y datos estadísticos. Estos recursos integran una cantidad apreciable de fuentes que, si bien no siempre son registradas en el texto, resultaron imprescindibles para la problematización general del fenómeno.

El artículo, en el marco de una vacancia de investigaciones sobre el tema en nuestro país, habilita un mayor conocimiento sobre el volumen y las características del suicidio en policías y fuerzas de seguridad. En relación con las interpretaciones circulantes sobre estos fenómenos se observa que los suicidios constituyen muertes difíciles de procesar para los actores en el marco de las instituciones policiales, entre otras cosas, porque devuelven preguntas incómodas sobre la actividad policial y sobre las condiciones del trabajo policial. Por requerir una operatoria inversa a la que unifica la dimensión laboral y personal, que las instituciones policiales intentan mantener armónicamente unidas, este tipo de muertes son difíciles de procesar simbólicamente. Finalmente, el estudio permite visualizar productivas vías analíticas para próximas indagaciones sobre el suicidio policial.

Estudios académicos realizados en diversos países documentan que las tasas de suicidio policial, incluso al ser ajustadas por edad, serían más altas que las tasas nacionales o generales (Schmidtke, Fricke y Lester, 1999; Gomes, De Araujo y Gomez, 2018; Grassi et al., 2019). Otras investigaciones encuentran tasas de suicidio policial similares o incluso ligeramente menores a la tasas generales pero destacan que, atendiendo a que el personal policial es sometido a una selección en el ingreso y recurrentes controles de salud (o «efecto de trabajador sano»), la tasa policial debería ser menor a la de la población general (Marzuk et al., 2002; Kapusta et al., 2010; Costa, Passos y Queiros, 2019). Finalmente, también se publicaron estudios, aunque en menor cantidad, en los cuales las tasas policiales son menores que las tasas nacionales (Loo, 1986). Se evidencia, en síntesis, una variedad de investigaciones, abordajes y realidades locales que impiden visualizar consensos fuertes en este punto, aunque la mayoría sugiere que en las tasas se expresa de diferentes formas un mayor riesgo de suicidio entre policías.

Además de las diferencias en los cuerpos policiales y contextos nacionales, siguiendo a Miranda y Guimarães (2016), las tasas podrían estar afectadas por limitaciones metodológicas, como el difícil acceso o inexistencia de la información sobre suicidios policiales. Otra limitación metodológica sería la clasificación de las causas de muerte policial: los suicidios pueden ser clasificados como «accidentes» o «causas indeterminadas» para cuidar la memoria del personal fallecido y a sus familiares. En ocasiones, según las autoras, las víctimas incluso camuflan las circunstancias de la muerte, recurriendo a enfrentamientos armados o provocando accidentes. En este sentido, en su investigación sobre la muerte en la PFA, Maglia (2020) sostiene que los suicidios son muertes no reconocidas por la institución, que los suicidas son «muertos ocultos» en tanto no son merecedores de reconocimientos simbólicos o materiales.

Analizamos a continuación tendencias y características sobre los suicidios en personal de las Fuerzas para el período 2016-2019. Se trata de información difundida por el Ministerio en diversos eventos públicos sobre el tema y que, por esto, se registran en documentos de acceso abierto.^[10] Según esta información difundida, entre 2016 y 2019 se registraron 70 suicidios en personal en actividad. Entre las muertes por causas externas, aquellas ocurridas por lesiones intencionales o no intencionales, las muertes por suicidio ocupan el segundo lugar en las Fuerzas en el período, solo superadas por muertes en accidentes de tránsito.

En este sentido, recientes informes periodísticos^[11] difundieron datos coincidentes que presentaron como «oficiales» (aunque sin citar fuentes) sobre suicidios en personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PPBA). Si bien la PPBA difiere en términos de competencias, despliegues y estructuras con las Fuerzas Federales, cuenta con un número de efectivos similar que, según la fuente y el año, ronda entre los 90 mil y 100 mil integrantes. Según los datos citados en estos informes periodísticos, observando el mismo período (2016-2019), los suicidios en PPBA serían en términos absolutos prácticamente del doble que en las Fuerzas Federales (132 contra 70). En caso de analizar la serie disponible en su totalidad (2016-2022) se observa un promedio anual de casos que también sería mayor en la PPBA en relación con las Fuerzas Federales (30 contra 17,5). Otro ejercicio posible se presenta con el caso de la Policía de la provincia de Santa Fe en la cual, según fuentes oficiales, se produjeron 23 suicidios en el período 2014-2019, es decir, un promedio de 3,8 suicidios anuales. Considerando que la cantidad de efectivos totales de la Policía de Santa Fe ronda los 17.800, aproximadamente una quinta parte que las Fuerzas Federales, podemos estimar que el promedio de suicidios es comparable, aunque levemente mayor. Es decir, en el ejercicio se observa que, en ambos casos, aunque pronunciadamente en la comparación con la PPBA, los suicidios policiales en las fuerzas provinciales serían mayores que en las Federales.

Para un análisis en términos de tasas tomaremos como base a 2018, año en el que ocurrieron en el país 3.322 suicidios, con una tasa general de 0,07 c/1000 (o de 7,4 c/100.000).^[12] Ahora bien, la tasa de suicidios general ajustada por edad (es decir, incluyendo solamente los suicidios en la población entre 20 y 60 años) fue de 0,09 c/1000 (o de 9,6 c/100.000). Para el caso de las Fuerzas la tasa cada mil habitantes en aquel año, calculada a partir de los datos en circulación, sería de 0,18, es decir, del doble de la población general ajustada por edad.

En lo referente a los medios empleados, según la información difundida, los suicidios con armas de fuego representan la notable mayoría en las Fuerzas Federales. Sobre el extendido uso de armas de fuego se manifiesta cierto consenso en las investigaciones internacionales sobre suicidio policial, con variaciones en el porcentaje en relación con otros medios (aunque ningún estudio ubica al uso de armas de fuego por debajo de la mitad de los casos) y en si se trata (o no) del arma oficial/reglamentaria.^[13]Considerando que en la tendencia de la población general global los suicidios con armas de fuego ocupan el tercer lugar, siguiendo a los ahorcamientos y la ingesta de plaguicidas (OMS, 2014), la portación de armas podría considerarse un factor facilitador de la conducta suicida en el ámbito policial. En este sentido, según Otamendi (2020), la mera disposición de armas de fuego en los hogares del personal policial aumenta las probabilidades de suicidio tanto en personal en actividad como en el retiro. La portación de armas de fuego fuera de servicio es posibilitada por el «estado policial», situación jurídica que afecta al personal las 24 horas del día y los 365 días del año, incluso luego del retiro. Si bien los/as integrantes de las instituciones policiales en nuestro país no se encuentran obligados reglamentariamente a portar armas fuera de servicio, ya sea «por costumbre» o «por seguridad», suelen circular armados (Da Silva Lorenz, 2017).

Finalmente, en lo que refiere al sexo y edad de los/as integrantes de las Fuerzas que se suicidaron entre 2016 y 2019 es posible destacar dos cuestiones. Por un lado, que según la información difundida el 57% de las muertes por suicidio se produjo en personal menor de 35 años. En este sentido, si bien podemos caracterizar al suicidio policial como un fenómeno jóven, debemos contemplar la temprana edad de retiro en las Fuerzas (entre los 50 y los 55 años), lo que podría pronunciar esta característica. Por otro lado, en la notable mayoría de los casos (más del 80%, según lo difundido) quienes cometieron suicidio fueron varones. En este punto debemos considerar que las policías son organizaciones tradicionalmente masculinas, tanto en su origen como en su composición mayoritaria. Concretamente, según fuentes oficiales, en las Fuerzas Federales la representación de mujeres en 2021 era de 15,6% en PNA, 18,8% en GNA, 30% en PFA y 38,5% en PSA.^[14] De esta manera, en sintonía con las tendencias generales del suicidio en Argentina (y en el mundo), se registran en las Fuerzas más suicidios en la población joven y en los varones, pudiendo estas tendencias pronunciarse por las características de la composición del personal policial.^[15]

Con factor de riesgo se hace referencia en epidemiología a las circunstancias o situaciones que aumentan las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad u otro problema de salud, incluyendo a la salud mental. En el suicidio los factores de riesgo incluyen, entre otros, los padecimientos mentales diagnosticados, el abuso de drogas, los ambientes de violencia y ciertos rasgos de personalidad, como la baja tolerancia a la frustración o las dificultades para sociabilizar. En el caso del personal policial se yuxtaponen otros condicionantes que afectan a la salud mental relacionados a las características del trabajo. En esta línea, Purba y Demou (2019) identificaron una fuerte asociación entre factores estresantes organizacionales en el trabajo policial y el aumento del riesgo de morbilidades de salud mental del personal. En una revisión de estudios cuantitativos que examinan pensamientos, comportamientos y/o muertes suicidas, Stanley, Hom y Joiner (2016) concluyen en que el personal policial experimenta importantes factores estresantes relacionados con el trabajo que confieren un mayor riesgo de morbilidades de salud mental y mortalidad acelerada, incluyendo la muerte por suicidio. En una perspectiva sociológica, Edwards y Kotera (2021) mostraron resistencias del personal policial en Inglaterra a demandar asistencia en salud mental para evitar la marginación en el lugar de trabajo. En una investigación sobre la Policía Militar de Brasil, Amador et al. (2002) utilizan la categoría «ironía del miedo» para referir a un código de normas creado grupalmente que ridiculiza al personal que expresa sus sentimientos, promoviendo el sufrimiento psíquico. Oliveira y Santos (2010), en un análisis sobre enfermedades derivadas de las condiciones del trabajo policial en Río de Janeiro, sostienen que la vida profesional del personal está permeada por situaciones que generan «evidentes cuadros de desequilibrio emocional». De esta manera, la revisión bibliográfica permite acceder a estudios que, desde diversas disciplinas y enfoques, vinculan el trabajo policial y el sufrimiento psíquico.

En nuestro caso, las narrativas que reconstruimos en las Fuerzas Federales coinciden en asociar determinadas condiciones de trabajo con un progresivo deterioro de la salud mental que, en determinadas circunstancias, podría favorecer que el personal piense, intente o concrete una conducta suicida. Este tipo de asociaciones son recurrentes entre los discursos del personal operativo, entre actores institucionales vinculados a la gestión del bienestar policial e, incluso, se explicitan en diagnósticos técnicos, particularmente en una publicación sobre el suicidio policial elaborada por equipos de trabajo del Ministerio.^[16]

Un emergente en el trabajo de campo fueron las constantes menciones sobre las limitaciones materiales de los servicios de salud mental. Los actores institucionales vinculados a la gestión del bienestar destacan la escasa cantidad de efectores propios de salud mental en relación con la cantidad de personal total y la sobrecarga de trabajo de los efectores de salud mental cuyas tareas, entre otras, incluyen actuaciones en la selección para los ingresos a las Fuerzas, evaluaciones para los ascensos y juntas médicas, tratamientos y derivaciones. El personal operativo suele referir en términos más generales a problemas en el acceso a la consulta en salud mental, por ejemplo, a través de quejas sobre las deficientes coberturas de las obras sociales en las provincias (o «en el interior»). En todo caso, la demanda de mayor contención psicológica por parte del personal, particularmente luego de eventos traumáticos, es generalizada. Durante un patrullaje a pie por un barrio donde GNA realiza tareas preventivas, un joven Cabo comentó que, desde su perspectiva, uno de los problemas centrales en la institución era «la falta de contención psicológica de aquellos que pasan por situaciones traumáticas, como estar en contacto con chicos muertos o cuerpos quemados».

Otra lectura compartida por el discurso técnico y el personal operativo es la noción de que acudir a los servicios de salud mental, particularmente por motivos relacionados con intenciones suicidas, implica costos profesionales que el personal prefiere evitar. En este sentido, el reflejo básico que mantiene el personal es «agachar la cabeza» para «cuidar el legajo» frente a los ascensos en la carrera profesional y el acceso a mejores condiciones de trabajo. «Vale más que no tengas problemas con el ascenso a que vayas al psicólogo», reflexionó en este sentido un joven suboficial de GNA en un momento de descanso, luego de patrullar en un barrio de la zona sur de Buenos Aires. Según el informe técnico, el riesgo de una carpeta psiquiátrica que disponga el retiro del arma y la consecuente imposibilidad de percibir dinero extra (en concepto de «plus por operatividad» o servicio adicional) también desincentiva la consulta en salud mental. En Calandrón y Galar (2017), en esta línea, describimos las formas en las que la complementación del salario con horas extras constituye una estrategia fundamental para aumentar los ingresos en el caso de la PPBA, en un contexto de ingresos desgastados por la inflación y endeudamiento del personal. En lo fundamental, según reconstruimos, esta estrategia es similar en el caso del personal operativo de las Fuerzas Federales. Ahora bien, los costos profesionales para el personal que demanda asistencia en salud mental pueden ser incluso mayores: en pos del cuidado de la seguridad, las Fuerzas pueden disponer de licencias que afecten incluso la continuidad misma del personal en la institución.

El malestar originado por la exposición al riesgo, la sobrecarga laboral y la interacción con las personas, más allá de las diferencias según Fuerza, función y territorio, también es recuperado por los actores en vinculación con el deterioro de la salud mental. El personal operativo suele destacar las largas jornadas de trabajo en horarios heterogéneos que desordenan la cotidianeidad y dejan escaso tiempo para el esparcimiento, el descanso y la familia. Un suboficial de la PFA recientemente retirado describió la dinámica laboral policial de esta manera: «cuando no estás en horario de servicio hacés horas extras, dormís y comés cuando podés, nunca descansás». La exposición al riesgo en su actuación en patrullajes, operativos y custodias también es identificada por los actores como motivo de estrés. Minayo, Assis y Oliveira (2011), en esta línea, destacan que el riesgo desempeña un papel estructurante de las condiciones laborales, ambientales y relacionales de la profesión policial. Asimismo, el personal operativo realiza constantes referencias sobre las muchas veces deficientes condiciones materiales para el desarrollo de la actividad profesional, tanto en lo referido al estado de los móviles y dependencias como en lo referido a los elementos personales de trabajo, como chalecos antibalas y uniformes. «Nuestra gente está tirada, convivimos con el disconfort», sostuvo uno de los oficiales a cargo de los operativos en áreas conflictivas del área metropolitana de Buenos Aires. En esta línea, otra fuente de estrés identificada es la interacción cotidiana con las personas y sus sufrimientos: el personal desplegado enfrenta situaciones estresantes a partir de su intervención profesional ante muertes violentas, accidentes o violencia de género. «Una de las cosas más complicadas acá es el trato con la gente, hay mucho contacto y es lo más difícil», nos comentó en este sentido una suboficial de GNA a cargo del cuidado de una «consigna» en un pasillo de un barrio popular. En términos concretos, según el personal, «la gente» puede tener conductas violentas, degradantes o ingratas ante el esfuerzo que implica trabajar en esas condiciones. El oficial responsable de este operativo, mientras dialogamos en su oficina, enumeró un abanico de situaciones que vivencia el personal a su cargo: «hay muchos casos de burn out, de gente quemada, de personas con desbordes emocionales, que sufren gastritis, problemas en la piel, úlceras o caída de cabello». A partir de experiencias propias, de compañeros/as o del trato con la ciudadanía, el personal operativo convive con situaciones que, según las narrativas en circulación, conllevan una alta carga emocional e importantes niveles de estrés.

La alta demanda del trabajo policial incluye en las Fuerzas Federales el traslado periódico por el vasto territorio nacional en un ejercicio que, según documentamos, suele conllevar conflictos familiares. En los relatos del personal el tiempo con la familia aparece como valioso, escaso y fuente de conflictos, una ausencia que se ejerce tanto en la lejanía (por la distancia) como en la cercanía (por la sobrecarga de trabajo). En su estudio sobre la GNA Frederic (2020) describe este tipo de tensiones: la familia se encuentra en la disyuntiva de aceptar la ausencia del familiar por períodos notables de tiempo o el traslado recurrente, muchas veces a geografías climáticamente hostiles o lugares aislados, con el agravante de que la sobrecarga laboral limita la posibilidad del tiempo compartido. Para el personal la incertidumbre sobre potenciales, futuros o inminentes traslados es narrada como fuente de ansiedad y preocupación. Jorge, un suboficial de GNA nacido en Formosa que desde hacía meses cumplía tareas en el área metropolitana de Buenos Aires nos dijo «lo único que está mal en gendarmería es eso, la rotación». Según el relato de Jorge, cuya esposa regresó a Formosa al conocer que estaba embarazada, él «trabajaría mejor si tuviera a su familia cerca, si pudiera establecerse, comprarse una casa».

De esta manera, diversos discursos en el ámbito de las Fuerzas identifican determinadas condiciones de trabajo, que no se agotan en las que recuperamos en este apartado, como factores productores de sufrimiento mental. Se trata de condiciones de trabajo que, cabe destacar, no son homogéneas en todas las Fuerzas Federales, ni al interior de cada una de ellas. Tampoco son exclusivas de las Fuerzas Federales, de hecho, se evidencian continuidades con el trabajo policial en las jurisdicciones provinciales y en otros países de la región. Por lo demás, estos «factores de riesgo» pueden diferenciarse entre aquellos vinculados a la actividad laboral per se (un trabajo en contacto con situaciones estresantes y emocionalmente demandante) y aquellos vinculados a la precarización del trabajo policial (dificultades de acceso a la consulta en salud mental y sobrecarga laboral, entre otros). En todo caso son analíticamente relevantes porque en su generalidad dan cuenta que en las narrativas de los actores existe, al menos en este plano, una vinculación entre las condiciones del trabajo y el sufrimiento mental cuyo punto extremo es la conducta suicida. Una vinculación que, como veremos en el próximo apartado, es eclipsada por la potencia explicativa de la dimensión personal al momento de la ocurrencia de episodios suicidas.

Los comentarios y rumores comienzan a circular rápidamente a través de teléfonos celulares y pasillos de las dependencias una vez conocida la ocurrencia de un suicidio en una Fuerza. Compañeros/as y jefes del efectivo fallecido, en medio de la conmoción, aportan las piezas que disponen para reconstruir el rompecabezas sobre las circunstancias que llevaron a la persona a tomar tan drástica decisión. Según el informe técnico al cual venimos refiriendo, las circunstancias precipitantes de los suicidios más frecuentes en las Fuerzas son: «problemas maritales o de parejas», «violencia intrafamiliar», «diagnósticos de enfermedades terminales o degenerativas» y «situaciones de deudas financieras». Se trata de un abanico de posibilidades que los actores asociaron frecuentemente a los suicidios en el marco del trabajo de campo.

En las narrativas ocupan un lugar preferencial los «problemas amorosos» o «de índole sentimental» como un padecimiento clave que los actores asocian al desenlace de suicidios en las Fuerzas. Suicidios después de una «discusión de pareja», algunos incluso realizados en presencia de la pareja y/o los/as hijos/as, son los casos más mencionados. Una versión más extrema y menos común en las Fuerzas Federales son los suicidios del personal que siguen a femicidios. En este último sentido, retomando a Otamendi (2020), el mayor acceso a las armas de fuego, el estado policial que permite llevarlas a los hogares y la identidad masculina construida alrededor del uso de la fuerza podrían explicar una alta prevalencia de femicidios-suicidios armados entre agentes policiales.^[17]En todo caso, los «problemas amorosos» se asocian particularmente a los suicidios de personal joven que, como dimos cuenta más arriba, son los más frecuentes. El accionar suicida suele ser presentado como una acción desproporcionada en relación con este tipo de detonante. Las situaciones «amorosas» que derivan en eventos suicidas pueden aparecer incluso minimizadas en los relatos, por ejemplo en una conversación sobre las causas del suicidio en el personal un oficial instructor de una escuela de formación, durante una conversación informal, definió como el motivo más común a «los problemas de noviecitos». En coincidencia con la centralidad otorgada por los actores a esta causa, Miranda y Guimarães (2016) en su estudio denominado «El suicidio policial: ¿qué sabemos?», identifican como uno de los puntos de consenso en la bibliografía internacional la asociación del comportamiento suicida policial con los «conflictos conyugales».

Las enfermedades, tanto físicas como mentales, constituyen piezas destacadas en los relatos del personal como detonantes de los suicidios. En el caso del personal en actividad, a diferencia del personal retirado, este tipo de circunstancias precipitantes en los suicidios incluye la «puesta en disponibilidad». Se trata de una situación administrativa que implica la imposibilidad de continuar en el servicio hasta tanto, luego de un alta de la enfermedad, lo disponga la instancia de Junta Médica. Según una ex trabajadora del área de bienestar del Ministerio: «que te pasen a disponibilidad por una enfermedad es muy difícil y angustiante, por la situación en sí y porque además se enteran todos». Si bien el personal continúa percibiendo haberes y manteniendo la cobertura médica, se trata de situaciones altamente costosas en términos personales y profesionales.

Finalmente, otro detonante del suicidio del personal destacado por el documento técnico son los problemas financieros, considerando que las situaciones de sobreendeudamiento generan estrés y efectos negativos sobre la salud del personal, en sus relaciones con colegas y familiares. El personal suele hacer referencias a la falta de reconocimiento social de la tarea que realizan, planteos que suelen incluir la demanda por reconocimiento económico. En este sentido, como hemos documentado para el caso de la PPBA (Calandrón y Galar, 2017), el endeudamiento constituye una situación extendida en el personal policial. Una expresión de este fenómeno de endeudamiento en el caso de las Fuerzas Federales es la creación en 2019 por parte del Ministerio del «Plan de Inclusión y Responsabilidad Financiera» (Resolución 710/2019), que partía de un diagnóstico que señalaba la generalización en el personal de deudas y descuentos por deudas en sus haberes. Cabe destacar que, si bien se trata de una situación (y una fuente de malestar) reconocida por el personal, el endeudamiento no es presentado en conversaciones y entrevistas como causal directa de suicidio, más bien como situación facilitadora o expresión de una vida desordenada.

Ahora bien, más allá del consenso sobre las principales circunstancias precipitantes, emergen en el análisis matices en lo que respecta a la relación entre las condiciones de trabajo, a las que nos referimos en el apartado anterior, y estos «detonantes» del suicidio policial. Por un lado, en el informe realizado por los equipos técnicos se afirma que las condiciones de trabajo pueden promover un estado de vulnerabilidad del personal que, ante situaciones particularmente estresantes, puede desatar el comportamiento suicida. Más concretamente, en su redacción se sostiene:

(...) frente a circunstancias límite o altamente estresantes, los efectivos podrían encontrar dificultades para hacer frente a las demandas extremas de la profesión, pudiendo surgir conductas autolíticas o tentativas de suicidio cuando los recursos personales y emocionales se encuentran agotados u obstaculizados («Abordaje intersectorial de la problemática del suicidio y de las autolesiones», 2022:98).

Esta asociación entre las condiciones de trabajo y los eventos detonantes, mediada por las características de la personalidad, no emerge tan linealmente en las narrativas del personal. Más concretamente, las circunstancias precipitantes son generalmente presentadas por estos actores como cuestiones de «índole privada» y, por lo tanto, no directamente relacionadas con las condiciones de trabajo. Esta caracterización se refuerza, desde nuestra interpretación, a partir de que la notable mayoría de los suicidios se produce cuando el personal se encuentra de «franco de servicio» (o fuera del horario laboral), mayoritariamente en sus viviendas particulares o en la vía pública. En otras palabras, no abundan relatos sobre suicidios efectivizados en dependencias de las instituciones policiales, aunque de ocurrir tienen un notable impacto en los relatos del personal. Si bien la dimensión privada del personal en las instituciones policiales se encuentra sitiada continuamente por diversos dispositivos, como el «estado policial» al que hicimos referencia más arriba, estas barreras difusas no parecen alterar esta interpretación de las condiciones precipitantes como «cuestiones personales».

Favorecen estas interpretaciones una noción compartida sobre «la falta de señales previas» de los suicidios, una característica que impediría prevenirlos. En la narración de casos concretos estos actores suelen manifestar haber observado en momentos previos al suicidio un «ánimo alegre» en las personas (o «trabajando de manera normal»), evidenciando la dificultad para encontrar signos de alerta que desaten una intervención.^[18]Un camarada de un personal suicidado manifestaba en sus gestos y en su narración «sorpresa» por la falta de indicios: «había arreglado con un compañero para ir a trabajar juntos al otro día», repitió tres veces durante la conversación. Esta dificultad de anticipación no parece deberse, en los relatos de los casos, a una manipulación o simulación de bienestar por parte del personal que horas después atentaría contra su propia vida. Se trata más bien de destacar una actitud impulsiva del personal que nutre una narrativa de «suicidios no planificados». Los enojos y reproches de los/as compañeros/as del personal que se suicida muchas veces tienen como eje esta supuesta actitud impulsiva: «lo hizo porque no pensó».

En las conversaciones con jefes del personal fallecido por suicidio se evidencia tanto conmoción y tristeza por el evento como preocupación porque ese tipo de sucesos no se repita, fundamentalmente en el personal a su cargo. En este tipo de conversación emerge otro tópico que funciona como eje explicativo multipropósito en las Fuerzas: la cuestión generacional. «El trabajo policial no es para cualquiera», se lamentó uno de los jefes durante una conversación cercana a un suicidio de un personal que cumplía tareas en una dependencia a su cargo, al tiempo que describió a los/as jóvenes ingresantes como «vulnerables» e «impulsivos». Los/as jóvenes aparecen en la representación de los más «antiguos» con pocas herramientas emocionales para lidiar con la presión y la frustración. Esto tensiona con las generaciones a las que pertenecen los oficiales superiores, con mayor resistencia y capacidad de sacrificio, con mayor cercanía a las demandas de la tradición militarista. Así, enfatizar las características de la personalidad de quienes se suicidan también abona la narrativa que desarticula las condiciones de trabajo del fenómeno suicida.

Finalmente, tanto en el personal superior como en el subalterno, circulan interpretaciones en las que la distancia entre los eventos detonantes y las condiciones de trabajo parece acortarse. En este sentido, por ejemplo, la narrativa de los suicidios impulsivos, por lo tanto difíciles de prevenir, convive problemáticamente en los relatos retrospectivos con la identificación de diversos signos de alerta. Actitudes temerarias de enojo o de indisciplina, palabras de despedida, frases oscuras en estados de whatsapp aparecen retrospectivamente en la reconstrucción de los casos que realizan los actores como alarmas que podrían haber activado una intervención de cara a evitar el suceso fatal. Otra forma de acortar esta distancia es la manifestación por parte del personal subalterno de la necesidad de «cambios» en las instituciones, particularmente de que la superioridad adapte la exigencia del servicio a las condiciones reales del personal y que desarrolle una sensibilidad que permita interpretar el malestar en clave preventiva. Un compañero de un agente de la GNA fallecido por suicidio, en esta línea, subrayó durante nuestra conversación la necesidad de «espacios de contención» principalmente «para los más jóvenes» ante el peso de las «presiones laborales».^[19]

Frente a la vacancia de investigaciones sobre el tema en nuestro país, esta investigación se propuso dimensionar, describir y analizar desde una perspectiva sociológica el fenómeno del suicidio en personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales de Argentina en el período 2016-2023. El abordaje integró diversas estrategias, fuentes y temporalidades con el propósito realizar un primer acercamiento a una temática compleja, desde un registro general que posibilite identificar y construir dimensiones de análisis de cara a futuras indagaciones particulares sobre el fenómeno.

En términos de dimensionar y caracterizar el fenómeno arribamos a dos emergentes relevantes a través de ejercicios de comparación. Por un lado que, al menos en el período analizado, las tasas de suicidios en las Fuerzas Federales doblan las tasas nacionales ajustadas por edad, aportando a los estudios internacionales que sugieren un mayor riesgo de suicidio para el personal policial. Por otro lado, identificamos indicios que sugieren que las policías provinciales tienen tasas de suicidios más elevadas que las Fuerzas Federales. Avanzando en la caracterización observamos que se trata de un fenómeno mayoritariamente masculino y joven, siguiendo la tendencia nacional y global, entendiendo que estas tendencias se pronuncian al tratarse de instituciones masculinizadas y con predominio de personal joven. El difundido uso de medios altamente letales en este grupo profesional, en coincidencia con lo hallado por estudios internacionales, favorece la idea de que la portación de armas de fuego fuera de servicio podría constituir un factor agravante.

Adentrarnos por la vía de la interpretación de estos fenómenos por parte de los actores que integran estas instituciones permitió identificar condiciones laborales que asocian al sufrimiento mental (algunas propias de la profesión policial per se y otras derivaciones de la precarización del trabajo policial) y circunstancias precipitantes de los suicidios. Dimos cuenta de diferentes formas en las cuales estas dos dimensiones aparecen asociadas en los discursos, incluyendo planteos que las vinculan fuertemente, en particular un discurso al que destacamos en tanto «técnico». También recuperamos interpretaciones que relacionan menos linealmente el suicidio con las condiciones de trabajo, enfatizando elementos que posibilitan su externalización de la institución: el «carácter personal» de las circunstancias precipitantes, características asignadas a la personalidad de los suicidas, la ocurrencia de estos eventos en momentos en que el personal se encuentra «fuera de servicio» o la supuesta condición impulsiva de los suicidios. La ocurrencia de suicidios en el ámbito policial devuelve preguntas incómodas para los actores que integran este colectivo profesional. Preguntas sobre los requisitos de ingreso a las Fuerzas, sobre la formación y capacitación, sobre las condiciones de trabajo, sobre los dispositivos de contención psicológica, sobre la entrega y el sacrificio que requiere la tarea. Por requerir una operatoria inversa a la que unifica la dimensión laboral y personal, que las instituciones policiales intentan mantener armónicamente unidas, este tipo de muertes son difíciles de procesar simbólicamente. Pese a esta incomodidad, como dimos cuenta, en los últimos años la preocupación institucional por el diseño de dispositivos para abordar (evitar) el suicidio policial es evidente.

Finalmente, el estudio permite visualizar productivas vías analíticas para la indagación sobre el suicidio policial. Primeramente, se evidencia la falta de investigaciones que aborden las condiciones de trabajo desde la salud laboral o el análisis organizacional sobre los procesos de trabajo, concretamente sobre los factores psicosociales de riesgo en el ámbito profesional. Además, ante la falta de estadísticas oficiales y estudios que diferencien según ámbitos profesionales, la posibilidad de contar con datos epidemiológicos y abordajes cualitativos por profesión resultaría de gran utilidad de cara a la posibilidad de la comparación, particularmente de aquellas con altos índices de estrés. Los emergentes de esta investigación, asimismo, muestran la potencialidad analítica de avanzar en la producción de datos epidemiológicos y estudios cualitativos que permitan diferenciar por Fuerza Federal e indagar sobre las fuerzas policiales provinciales.