1. Introducción

El 9 de mayo de 2012, en Argentina, se sancionó la ley de identidad de género N° 26.743 que marcó un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas travesti/trans,^[2] y del colectivo LGBTQ+ en general. A partir de ese mismo año se realizaron a nivel nacional distintos estudios que permitieron visualizar la vulnerabilidad de dicha comunidad, condiciones sistemáticas y estructurales de discriminación que impactan en cada uno de los aspectos que componen la vida de un individuo social y representan un obstáculo en el acceso igualitario a derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo y la salud.

La expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral, la iniciación temprana en la prostitución/el trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial (Radi, B. & Sardá-Chandiramani, A. 2016), son factores que dificultan el transcurrir cotidiano de la comunidad y culminan, en el peor de los casos, en travesticidio/transfemicidio.^[3]

Sin embargo, y en contradicción a lo que podría pensarse como una situación crítica para las personas trans, y pese a los avances legislativos a nivel nacional, la gran falta de datos segregados, de estudios al respecto, la gran cifra negra^[4] respectiva a casos de violencia y crímenes de odio y el pobre monitoreo de la situación de riesgo que presenta esta población, simbolizan un factor crítico para el avance resolutivo sobre la problemática. El halo de invisibilidad y desconocimiento que envuelve el fenómeno de la violencia transfóbica permite no solo la reproducción de dichas conductas violentas en el silencio, sino también su impunidad frente al sistema judicial y su silenciosa anexión a contextos institucionales estatales.

De esta manera, y comprendiendo que aunque la policía no puede ser entendida como un actor aislado e independiente de los valores que la sociedad y el Estado le asignan (Frederic 2009), es la imagen institucional que representa la potestad del uso legal de la fuerza física y la coacción para hacer cumplir la ley (Garriga Zucal 2016: 22) y, en la gran mayoría de casos, es la institución que más relación directa tiene con estas minorías y la vulneración de sus derechos; por lo que representa un factor de vital importancia en el análisis de la problemática, como uno de los principales reproductores de violencia institucional.

El marco teórico actual que ha intentado buscar el origen de conductas violentas en uniformados policiales, traducidas en violencia policial, propone una reflexión multifacética; las respuestas violentas de funcionarios de la fuerza están determinadas por múltiples variables y sus prácticas son el resultado tanto de entramados sociales como de dinámicas inherentes a la institución. Así, la violencia policial, sea verbal, física y/o simbólica, no puede ser explicada por referencia a la conducta aislada de un policía «desviado», sino como resultado de un constructo institucional y social que le precede (Garriga Zucal 2016, 2014, 2016; Martínez & Eilbaum 1999, citado en Rodríguez Games 2011; Galvani & Garriga Zucal 2015; Mouzo & Ríos 2017). En Argentina, distintos estudios en clave histórica, antropológica, sociológica y jurídica han evidenciado cómo el trabajo policial se compone de una característica central: la discrecionalidad que resulta de la aplicación del propio juicio del agente al elegir las herramientas y organizar él mismo su trabajo. De este modo, existe en el trabajo policial una realidad distinta de la aplicación mecánica de las reglas y de las disposiciones (Seri 2011; Monjardet 2010); una realidad discrecional, arbitraria y subjetiva, que genera márgenes y zonas grises dentro de la institución policial (Tiscornia 1998; Tiscornia 2004; Sain 1998, 2002, 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2015, 2017; Pita 2010; Frederic et al 2014).

El presente avance investigativo dialoga, entonces, con tres campos de estudio de los cuales se nutre: los estudios que indagan sobre las desigualdades y condiciones de vida de la comunidad trans, y los abordajes sobre la institución policial; procurando realizar un relevamiento, identificación y análisis de las experiencias específicas de violencia institucional hacia las personas trans en la provincia de Neuquén, durante el periodo 2012 – 2020, en busca de construir un estudio de caso situado y específico de la región, no solo para aportar a discusiones e investigaciones nacionales, sino también para seguir construyendo las bases en el abordaje de la comunidad, en una provincia que, por ejemplo, cuenta con el primer «barrio trans» del país.

De esta manera, se busca satisfacer los objetivos planteados a través de dos líneas de exploración: por un lado, visibilizando la problemática trans en relación a los distintos operativos policiales y las implicancias, directas e indirectas, en su calidad de vida; por otro lado, examinando el abordaje institucional en cuestiones de género a partir de los programas de formación policial y las políticas inclusivas implementadas, que establezcan un tratamiento adecuado por parte de los agentes. Denuncias, documentación de distintas agencias y entrevistas a personal de seguridad como testimonios del colectivo trans permitieron explorar esta problemática que representa un área de vacancia en los estudios en la región.

El relevamiento documental de normativas, programas e informes estadísticos y la revisión bibliográfica detallada, permitieron construir los cimientos para comenzar la investigación. Los encuentros personales con modalidad de «entrevista no estructurada» y «entrevista en profundidad» significaron la mayor fuente de datos relevantes para contrastar la falta de información registrada; permitiendo visualizar casos que escapan a la nómina provincial. Y, de esta forma, crear espacios de acercamiento para indagar en percepciones y experiencias, tanto de agentes como de personas trans.^[5]

El contacto directo permitió vislumbrar que la institución policial afronta una dificultad para conjugar la formación y capacitación en materia de género con las prácticas efectivas respecto a la violencia física y simbólica ejercida hacia la comunidad transgénero, pese a los avances sociales y legislativos. La continuidad y sistematicidad de la violencia policial efectuada hacia las personas transgénero se encuadra en una definición más amplia en materia de políticas públicas de seguridad, que no se condicen con los avances de las normativas sobre las políticas inclusivas de identidad de género. Donde se observa, por un lado, una ausencia de control en las actuaciones policiales y la efectividad de sus programas formativos; por otro, la legitimación de estas prácticas por parte de los actores judiciales.

2. Metodología

El presente trabajo constituye un avance de investigación de tipo cualitativo que combina distintas estrategias metodológicas para el relevamiento y análisis de las violencias institucionales ejercidas hacia personas trans en la provincia de Neuquén entre los años 2012 y 2020. El abordaje metodológico se basó en tres fuentes principales: entrevistas en profundidad, entrevistas no estructuradas y análisis documental de normativas institucionales y fuentes estadísticas oficiales.

En total se realizaron doce (12) entrevistas, de las cuales cinco (5) fueron a personas de la comunidad trans local y siete (7) a efectivos de la Policía Provincial de Neuquén, entre los años 2022 y 2023, en modalidad presencial o virtual según las posibilidades y preferencias de cada caso. Si bien no todos los testimonios son citados de forma individual en el cuerpo del trabajo, sus aportes fueron fundamentales para la construcción del análisis, ya sea mediante relatos directos o como insumos para identificar patrones comunes y percepciones compartidas. Se priorizó en todos los casos el resguardo de la identidad de las personas participantes, incluso cuando los testimonios no se referencian explícitamente.

Las personas entrevistadas fueron seleccionadas priorizando aquellos perfiles con experiencia directa en la temática abordada. Muchas de las entrevistas se planificaron y concretaron de manera relacional: tras finalizar un encuentro, se consultaba a la persona entrevistada si conocía a alguien más que pudiera aportar desde su experiencia. Este tipo de contactos en cadena facilitó la conformación de una red de participantes voluntarios con trayectorias relevantes para la investigación.

Por otro lado, el análisis documental se centró en la revisión de informes institucionales de organismos provinciales y nacionales —como el Ministerio Público Fiscal de Neuquén o el Sistema Nacional de Información Criminal— así como en estadísticas públicas, artículos periodísticos y documentos normativos vinculados a los códigos contravencionales, planes de formación policial y leyes de identidad de género.

3. Discusiones: Trayectorias, prácticas y sentidos

3.a. Sobre estadísticas oficiales y silencios estructurales

Una de las grandes dificultades en la tarea de abordar problemáticas relacionadas a la comunidad Trans, es el profundo desconocimiento de sus realidades y el vacío existente tanto en estudios científicos específicos como en documentación estadística. Los datos oficiales son escasos lo cual impide, por un lado, dar cuenta del fenómeno en su totalidad y, por el otro, acceder a información que posibilite el diseño de políticas públicas dirigidas hacia este colectivo (Procuración Penitenciaria de La Nación-Informe anual 2020; Informe 2016 del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; Alfonsín 2019; Berkins 2015).

Aunque existen diversos informes nacionales que abordan de manera general la situación vulnerable de la comunidad LGBTQI+, estos no permiten identificar realidades específicas en contextos regionales o provinciales, ya que presentan datos generalizados a nivel país, y con respecto a la comunidad trans, los documentos publicados son principalmente orientados al relevamiento de datos referidos a personas en contexto de encierro. De igual manera, en la generalidad de informes revisados, no se reconoce información referente a violencia policial, violencia institucional o violencias a la comunidad LGBTQI+ catalogadas de tal modo.

Desde las Memorias anuales del Ministerio Público Provincial de Neuquén, informes del Sistema Nacional de Información Criminal, informes publicados por la policía provincial e incluso en publicaciones de prensa y noticias regionales, no se consignaron datos significativos referidos a la problemática a nivel provincial. En gran parte de dicho corpus documental no se detallan ni nombran delitos referidos a abuso de poder y/o violencia policial, abuso de la fuerza, detenciones injustificadas, como así tampoco reconocen autoría en la comisión de los delitos ni categorizan crímenes por autoría o por vulnerabilidad. Asimismo, muchos de los informes solo presentan la división binaria hombre – mujer» y, en algunos casos, la genérica categorización «sin determinar»; como« es el caso de los informes nacionales del SNIC, donde se nombra por primera vez el término «trans» en 2019, informando la incorporación de capacitaciones en perspectiva de género, destinado al personal policial de todo el país. Allí se distinguen los delitos cometidos, a partir del 2024, en «mujer», «varón» y «sin determinar» o «no consta», sin aclarar si es un término abarcativo hacia disidencias o significativo de la falta de datos.

Para los años 2020 y 2021, se informaron 1729 y 1091 hechos de figuras contravencionales en la provincia, respectivamente. Esta categoría incluye todos los tipos delictuales que involucran una infracción al Código Contravencional o de Faltas de cada jurisdicción. En la provincia de Neuquén el Código contravencional de Faltas, establece en su artículo n°61 que «Será reprimido con multa equivalente de tres (3) JUS a diez (10) JUS, o arresto hasta treinta (30) días, el que sin estar comprendido en las disposiciones de los artículos 125 y 126 del Código Penal, y con ánimo de lucro, promoviere o facilitare el ejercicio de la prostitución». Teniendo en cuenta que gran parte de la comunidad trans se ve obligada a trabajar en economías informales altamente criminalizadas como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia (Procuración Penitenciaria de la Nación [PPN], Alfonsín et al. 2020: 3), sería de vital importancia el desglosar este tipo de estadística en cuestiones de género, aunque dicha información no se encuentra disponible, por lo menos a nivel provincial.

Por otro lado, según el informe referido a violencia institucional, realizado en 2022 por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género (OVyDRG) del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad; solo en el primer trimestre de ese año se realizaron 1514 comunicaciones con la «Línea 144» por casos tipificados como violencia institucional, de los cuales 14 fueron desde la provincia de Neuquén. Las personas en situación de violencia institucional que se contactaron informaron que quienes la ejercen son principalmente: personal policial en el 34% de los casos; funcionarios públicos en el 19,4%; otro (sin especificar) en un 10,4%; y las fuerzas de seguridad en general un 9%. Los lugares más frecuentes donde ocurren las situaciones de violencia institucional son establecimientos policiales (38,6%), y de salud (19,7%). Del total de casos denunciados, el 1.9% representa a personas pertenecientes a la comunidad trans, pero no se determina qué porcentaje es referente a la provincia de Neuquén.

Es decir, a pesar de las obligaciones internacionales contraídas, se observan tanto en el Estado nacional como en el provincial, grandes dificultades para producir información y para hacerlo en forma articulada. Al exponerse de manera incompleta y con notables deficiencias en el registro sobre las distintas formas de violencia, se imposibilita de manera agravada el relevamiento estadístico, incluso más a nivel provincial. Este es el caso, por ejemplo, del informe sobre violencia institucional realizado por la secretaría de Derechos Humanos en 2023, donde se sistematizaron un total de 219 casos de violencia institucional, entre ellos 15 por muerte, 22 por apremios y 21 por lesiones; todos denunciados durante el primer trimestre de ese mismo año. Aunque los números presentados sean alarmantes, su análisis no permite profundizar en realidades vulnerables, ya que no presenta distinciones representativas.

De igual manera, la carencia de datos estadísticos oficiales a nivel nacional y provincial que reflejen la violencia ejercida contra la comunidad trans, particularmente por parte de las fuerzas policiales, no debe interpretarse como la no ocurrencia de casos del estilo. Pues será la dimensión subterránea, aquella que no llega a ser denunciada o comunicada a un organismo de control en virtud del temor a represalias (Procuración penitenciaria de la Nación, 2022), la que permitirá evidenciar aquella realidad velada que, aunque permanezca oculta, no deja de ser real. Solo en 2021 ocurrieron, en Argentina, ciento veinte crímenes de odio hacia integrantes de la comunidad, de los cuales el 80% de los casos corresponden a mujeres trans y el 71% del total de casos corresponden a lesiones al derecho a la vida (Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTQ+ 2022).

Esta problemática debe entenderse como un fenómeno cuyo génesis no es actual, y cuya presencia en el país se exhibe de manera persistente en el tiempo, como resultado de años de violencia sistémica. En junio de 2012, el INDEC llevó a cabo la primera —y única— encuesta sobre la población trans, revelando un panorama devastador: el 83% de las mujeres travestis y trans encuestadas admitió haber sido víctima de violencia policial, mientras que un 60% reportó detenciones arbitrarias sin intervención judicial (Manestar, M. S., 2021; 547). Aunque escasos, los datos expuestos, y la comparación temporal de su evolución en el territorio, vislumbran cómo la violencia estructural hacia esta comunidad está arraigada en nuestra historia reciente, y continúa ignorada.

Sin embargo, frente a la dificultad de aproximación a la problemática a través de avances documentales, estadísticos o investigativos, los acercamientos personales a la comunidad Trans de la región se presentan como la herramienta fundamental para levantar el velo que oculta la «cifra negra» de la violencia policial y el impacto de su ocurrencia en la vida de ciudadanxs trans. Teniendo en cuenta que la visibilización de los problemas de violencia institucional suele avanzar a través de la mediatización de casos, cuando los hechos trascienden y se hacen públicos, haciendo posible señalar problemas estructurales por los cuales el Estado es responsable, dar notoriedad a este tipo de «situaciones» es el eje fundamental en el activismo sobre violencias institucionales (Perelman y Tufró 2017: 7), más aún considerando que ciertos usos de la fuerza están orientados para con sujetos que no podrán establecer un reclamo ante la justicia o que su reclamo no será «creíble» (Birkbeck y Gabaldon 2002, citado en Garriga Zucal 2014).

En este contexto, la ausencia de datos oficiales no debe ser interpretada como ausencia de conflictividad, sino como una muestra más del desinterés estructural por registrar, nombrar y reconocer las violencias que atraviesan a la comunidad trans. Frente al vacío estadístico, el testimonio emerge como una herramienta central para reconstruir lo que los informes silencian: un entramado de prácticas institucionales que reproducen desigualdad y exclusión. Recuperar esas voces no solo permite visibilizar lo que ocurre en los márgenes, sino también disputar los sentidos de lo que se entiende por violencia institucional en los discursos públicos y estatales.

4. Relatos, memorias y resistencias trans

El acercamiento a las personas trans de la provincia implicó, en una primera instancia, superar ciertas barreras de confianza, producto de la experiencia reiterada de exclusión, hostigamiento y desinterés institucional. Muchas de las entrevistas comenzaron con cierto recelo por parte de lxs entrevistadxs, incluso en casos donde existía vinculación con organismos estatales. Sin embargo, una vez generado ese lazo, los relatos compartidos dejaron en evidencia la sistematicidad de la violencia sufrida, así como las estrategias de cuidado comunitario que se despliegan frente a ella.

A contracorriente de la aparente no ocurrencia de casos de violencia policial hacia la comunidad trans en documentación oficial, los testimonios recogidos evidencian prácticas violentas sostenidas en el tiempo; todas y cada una de las personas entrevistadas pertenecientes al colectivo trans, pudieron relatar por lo menos una experiencia (propia o de terceros) en la que la interacción con fuerzas de seguridad haya transcurrido de manera violenta, directa o indirecta, física o simbólicamente, y muchas veces en la vía pública.

Rodrigo, por ejemplo, hombre trans de 37 años y referente del área de masculinidades en un organismo provincial de diversidad, narra cómo, en 2023, él y dos compañeros más pertenecientes a la comunidad, fueron detenidos y reducidos en la vía pública sin razón aparente más que la «sospecha» de los uniformados. Tras un interrogatorio de casi treinta minutos, finalmente se les permitió retirarse, sin ofrecerles explicación alguna ni dejar constancia del procedimiento.

Cuando se le preguntó si había realizado una denuncia formal, Rodrigo relató que, al saber que si lo hacía ante la policía provincial «iba a quedar en la nada», optó por dejar asentado lo ocurrido mediante un descargo interno en el organismo estatal en el que trabaja. Lo hizo, explicó, con la intención de que al menos quedara un precedente institucional del hecho.

Otro de los testimonios recogidos fue el de Andrea, activista y mujer trans que migró joven a la provincia, quien relató cómo, en 2016, fue extorsionada por un policía provincial en la vía pública, que le exigía «favores sexuales» a cambio de protección, advirtiéndole que, de negarse, «la iba a pasar mal». Tiempo después, cuando acudió a la policía en busca de ayuda tras haber sido golpeada, fue ignorada y ridiculizada, en represalia por no haberse sometido. Desde entonces, Andrea afirma que intenta que recurrir a la policía sea siempre su última opción.

Estas vivencias quedan en la memoria y se transmiten de boca en boca entre personas de la comunidad, como una suerte de cuidado comunitario en red, pero escapan —como se documentó anteriormente— el registro oficial. Al igual que la generalidad de las víctimas, las personas entrevistadas decidieron no denunciar, asegurando que era una pérdida de tiempo, ya que denuncias del estilo «suelen quedar en la nada»; y las pocas que decidieron accionar frente a lo ocurrido decidieron hacerlo por vías alternativas. El fenómeno responde a múltiples factores; el temor a represalias, la desconfianza hacia las instituciones y la profunda marginalización que enfrenta este colectivo, lo que resulta indirectamente en la configuración de sistemas que perpetúan la subestimación de la violencia sufrida (Malacalza 2019: 40-141; Alfonsín 2019).

De forma semejante, se manifestó la experiencia de Paola, mujer trans con trayectoria en gestión pública referida a temas de diversidad de género en la provincia, quien rememora historias de un Neuquén pasado —pero no tan lejano— marcado por golpizas, insultos, detenciones sin justificación y noches enteras en comisarías. Hoy, Paola cuenta con un trabajo estable y una situación económica que le permite llevar una vida que define como «normal», pero aún recuerda a compañeras siendo llevadas en patrulleros y regresando horas después violentadas, humilladas, sin pertenencias y con la mirada baja. «Las únicas que nos defendíamos éramos nosotras mismas», enfatiza, evidenciando la soledad con la que enfrentaban la violencia institucional.

Como afirman Perelman y Tufró (2017), la extorsión policial, las detenciones sin orden judicial y las prácticas como la detención por averiguación de identidad o de antecedentes ante la clasificación de personas «sospechosas», configuran una primera forma de interacción con el sistema penal que luego se consolida en trayectorias de hostigamiento. En este sentido, vale la pena resaltar que un elemento constante en los testimonios recogidos es el recuerdo de que, hasta el año 2011, en la provincia de Neuquén aún regían códigos contravencionales que habilitaban a la policía regional a detener personas que no vistieran «de acuerdo» con el sexo asignado en su documento de identidad. Neuquén fue la anteúltima provincia del país en derogarlos.

Esta normativa dejó huellas profundas en la memoria comunitaria y su vigencia prolongada permite comprender de qué manera se estructuró —y en muchos aspectos aún se estructura— el accionar policial frente a las disidencias de género. Como señala Eilbaum (2004), es necesario interpretar las normativas en su contexto espaciotemporal para entender los parámetros dentro de los cuales se movilizan las instituciones de seguridad. Cabe destacar, además, que los crímenes documentados ocurren mayoritariamente en la vía pública —particularmente en calles desiertas y durante la noche—, que los agresores en la mayoría de los casos no mantienen vínculos personales con las víctimas y que con frecuencia son miembros de las fuerzas de seguridad o de individuos vinculados a ellas (Bento 2014; CIDH 2015; Guadagnini y Antola, 2016, citado en Radi & Sardá-Chandiramani, 2016).

Los testimonios recogidos exponen no solo experiencias de violencia física y simbólica ejercida por fuerzas de seguridad, sino también una percepción arraigada de temor, desconfianza y desprotección ante las instituciones públicas. La desconfianza ante las fuerzas de seguridad es un factor que surge recurrentemente a lo largo de las entrevistas realizadas, categorizando sus encuentros con uniformados a través de la «cautela» y el «miedo», interpretando a la institución policial como algo «turbio» y «oscuro» y evitando el contacto con la fuerza siempre que sea posible.

En general, las respuestas de los y las entrevistados/as, pertenecientes a la comunidad trans, orbitan sobre ideas no tan lejanas unas de otras: experiencias que denotan violencia física, simbólica y sistemática, imaginarios colectivos que interpretan la imagen del uniformado como alguien de quien cuidarse, y una discrepancia entre datos estadísticos, que aparentan la no existencia del fenómeno en contraposición a una realidad palpable y contemporánea que denota lo contrario.

En referencia a este aspecto, una de las entrevistadas, funcionaria jerárquica de un organismo estatal vinculado a la diversidad en la provincia, afirma que más allá de la importancia en la evolución del sector educativo, es necesaria la presencia de personas trans que narren sus historias en primera persona, ya que «el encuentro cara a cara es lo que al final del día sensibiliza al uniformado y lo acerca a la comunidad». Su aporte resulta interesante, pues posibilita entender que una intervención adecuada será aquella capaz de articular e incidir tanto en la dimensión individual como en la profesional del uniformado, ya que, en última instancia, será la convergencia de ambas esferas la que configurará su conducta profesional y definirá la naturaleza de su interacción con la comunidad civil.

Por último, parece necesario resaltar que, incluso dentro de la acotada muestra con la que trabaja este avance de investigación —limitada en cantidad, pero significativa en sus relatos— fue posible relevar múltiples experiencias de violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad hacia personas trans en la provincia. El hecho de que estas vivencias hayan emergido a partir de un trabajo individual, demuestra que la ausencia de datos oficiales no puede ser interpretada como falta de ocurrencia, sino como expresión de una voluntad de no registrar, de no nombrar y, en consecuencia, de no intervenir. Frente a ese vacío documental, las voces recogidas en el trabajo de campo constituyen una evidencia irrefutable del modo en que la violencia se inscribe en las trayectorias vitales de la comunidad trans. Es en esos relatos —concretos, sensibles y sostenidos en la memoria— donde comienzan a delinearse los patrones que la estadística calla.

5. Lo que la institución enseña: voces desde la policía

La discrepancia, como distancia estructural entre las instituciones de seguridad y las disidencias, no solo se presenta entre experiencias reales y datos oficiales, sino también entre discursos policiales y narrativas de la comunidad trans, pudiendo incluso reconocer contradicciones y percepciones diferenciadas entre relatos de uniformados que pertenecen a una misma institución.

Al entrevistar a efectivos de la Policía Provincial de Neuquén se obtuvieron respuestas variadas, dependiendo, en general, de tres factores: la edad del entrevistado/a, su antigüedad dentro de la institución y la jerarquía alcanzada en los años laborados.

Por un lado, Carina, comisario de cuerpo profesional —18 años en la fuerza y funcionaria del Instituto Superior en Seguridad de Policía del Neuquén— que, al preguntarle si consideraba que los uniformados, por lo menos desde un lado educativo institucional, estaban preparados para tratar con temas referidos a la comunidad LGBTQI+, contestó que sí y que la institución ha evolucionado a la par de los avances sociales, además de no creer que existieran situaciones de discriminación dentro de la institución. Por otro lado, obtuvimos los testimonios de Esperanza, con 7 años en la institución, jerarquía de cabo en el centro de monitoreo urbano de Centenario y estudiante de tercer año de la tecnicatura de investigación criminal; y Romina, con 9 años en la institución, jerarquía de cabo, perteneciente al comando de cámaras geo referenciales orientadas a temas de violencia de género y estudiante de criminalística. Ambas relatan haber presenciado situaciones intra-institucionales de discriminación, simbólica y verbal, hacia compañeros policías pertenecientes a la comunidad LGBTQI+ en años recientes. Recuerdan, juntas, a un ex compañero de la fuerza que, luego de verse expuesto regularmente a situaciones discriminatorias referidas a su orientación sexual, se retiró «voluntariamente» de la escuela de cadetes a mediados del año 2017, frente a la falta de intervención de autoridades en la situación y la poca capacidad de estas para posicionar y categorizar una determinada acción como un chiste o un comentario malintencionado con claros tintes segregacionistas.

Ambas entrevistadas coinciden en que los «policías de patrulla» no están preparados para abordar cuestiones vinculadas a la comunidad trans o a grupos disidentes en general. Señalan que la formación institucional actual resulta insuficiente y que es urgente una transformación profunda del enfoque educativo. En ese sentido, consideran que la ampliación de las bases formativas podría abrir el camino hacia intervenciones más respetuosas e informadas por parte del personal policial. Según sus propias palabras, muchos agentes siguen siendo «cerrados en temas del estilo», especialmente al momento de interactuar con poblaciones marginadas o históricamente segregadas.

Es primordial, en este sentido, dar cuenta de la educación que la institución policial le brinda a sus uniformados, porque supone reconocer la responsabilidad de patrones de comportamiento violentos que están completamente imbricados en las rutinas de trabajo policial, y que recaen, en primer lugar, sobre la institución que los propicia y fomenta, y luego en los agentes individuales (Martínez y Eilbaum 1999, citado en Rodríguez Games 2011).

Como primera aproximación, y de manera ejemplificativa, resulta útil rescatar la experiencia de egresados en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, espacio de formación de personal superior, donde se busca una resignificación moral del afuera, reorganizando las relaciones de los cadetes con el mundo civil. Estos, recurrentemente comentan —luego de su experiencia como ingresantes— que el ingreso a la institución significó un cambio radical, el fin de una etapa de su vida y el inicio de una nueva, una «mutación existencial» que forma esquemas de representación del yo y de la alteridad (Galvani I., Garriga J., 2015).

Las interacciones cotidianas aprendidas en la escuela de cadetes, atiborradas de valores morales, sentidos y esquemas de percepción, son incorporadas por los uniformados, quienes entrelazan esquemas diversos de percepción del mundo, que se ponen en escena según los diferentes contextos e interacciones. Estos modos de pensar la labor, aunque nunca la determinan, imponen un molde para la acción (Zucal, J., Maglia, E., 2018); los uniformados no configuran, reproducen.

En este sentido, la educación recibida en la escuela de formación policial no solo transmite contenidos técnicos o procedimientos operativos, sino que cumple un rol estructurante en la forma en que los futuros agentes conciben su función y su vínculo con la comunidad. Esta formación moldea hábitos que luego se despliegan en el terreno, condicionando la mirada, los gestos, y hasta las formas de intervención frente a situaciones cotidianas. Por ello, repensar la educación policial implica asumir que en ella se juegan sentidos profundos sobre la autoridad, el poder y el lugar del otro en la sociedad.

Al analizar el caso concreto de la provincia de Neuquén, a partir de la revisión de programas educativos institucionales e información recabada a partir de las entrevistas individuales, se puede decir que un uniformado de la Policía Provincial de Neuquén podría ascender a jerarquía de Oficial —tercera jerarquía si la posicionamos en una lista ascendente de cargos— luego de aproximadamente 10 años en la institución, sin haber cursado alguna materia que trate temas referidos a la comunidad LGBTQI+, sin descartar la posibilidad de que, en instancias anteriores, el tema hubiese podido surgir por iniciativa del docente en materias previas al Instituto Superior, según comenta una funcionaria jerárquica de la institución en una de las entrevistas.

Los cursos de ascenso, son las únicas instancias obligatorias educativas a los cuales el uniformado se somete una vez ingresado a la institución, dejando de lado cursos o seminarios eventuales referidos a cuestiones específicas. Dentro de los cursos obligatorios, la gran mayoría de materias que tocan temas referidos a género, están orientadas a la violencia a la mujer (re-victimización, violencia familiar y laboral, etc.), y no a cuestiones de diversidad, que generalmente se abordan en situaciones especiales como charlas o cursos específicos —y no obligatorios—; muchos dirigidos a partir de lineamientos por parte del Concejo Deliberante o la legislatura. En uno de ellos, por ejemplo, dentro de la materia «seguridad y transformaciones culturales», se ha trabajado

—por iniciativa de los docentes— con temas referidos a comunidades indígenas, gitanas, judías y demás «comunidades disidentes», entre ellas la comunidad LGBTQI+; finalizando con un encuentro abierto a la comunidad policial con asistencia no obligatoria. Según comenta Carina, estos encuentros suelen realizarse con cierta regularidad, aunque la asistencia a los mismos es, generalmente, no obligatoria y sujeta a la voluntad del uniformado, por lo que la concurrencia a los mismos suele ser mínima.

Con referencia a esto, otra de las entrevistadas, Cabo con 7 años en la institución y parte de la división motorizada de patrulla, sostiene que «falta muchísimo en términos educativos, tenemos un régimen y reglamento muy antiguo» declarando, además, que la institución «se está quedando atrasada y es muy cerrada». Asimismo, agrega que, según vivencias propias y relatos de terceros cercanos, existe violencia intra-institucional hacia la comunidad LGTBQI+, pero «disimulada en humor» y principalmente desde la parte masculina. Esta naturalización de formas sutiles de violencia hacia la otredad no se limita al ámbito interno, sino que también moldea las formas en que los uniformados se vinculan con la sociedad en general.

Se debe comprender que los valores y esquemas de percepción internalizados durante la formación no solo orientan la acción, sino que también configuran expectativas respecto al comportamiento de los otros. El respeto se instala como la base esperada de toda interacción y la falta de correspondencia genera tensiones en el vínculo entre policía y sociedad. Una nueva perspectiva teórica —con presencia en gran cantidad de estudios realizados en Argentina— interviene en la discusión: la violencia policial en forma de «correctivo»^[6] como respuesta al irrespeto.

El trabajo policial, representado y auto comprendido como estilo de vida sacrificial, «merece» ser respetado. Esperan que los traten con diferencia, que los llamen «oficiales» y que se muestren solícitos y serviciales ante los pedidos de los uniformados; el irrespeto borra las jerarquías, iguala lo diferente y, de esta manera, el «correctivo» es una reacción que restituye un orden puesto en duda por los malos modales de los irreverentes a la autoridad (Zucal, J. G., 2016).

Sin embargo, los mismos uniformados recuerdan o narran experiencias contradictorias en este «deber ser», señalando extralimitaciones «tolerables» (Garriga Zucal, J. A., 2014). La insubordinación de la otredad, puede soportarse o ignorarse si aquel civil posee saberes, contactos, o bienes para interponerse ante el abuso policial. En definitiva, la violencia policial no es pareja ni azarosa: se ejerce de manera selectiva, respondiendo a jerarquías y valores preexistentes en la sociedad.

Es aquí entonces, donde se vislumbra la presencia de una esfera institucional —y social— que diseña y elige que conductas ignorar y ante cuales actuar, y se retoma la idea de que el accionar policial no puede ser entendido como un factor aislado e independiente de los valores que la sociedad y el Estado le asignan (Zucal, J. G., Maglia, E., 2018), sino que se configura y desenvuelve no solo dentro de factores micropolíticos y microsociales internos, sino también de significaciones estatales y sociales externas a lo institucional.

Así pues, frente a la diversidad de percepciones manifestadas en las entrevistas realizadas, resulta imposible no reconocer discrepancias y antagonismos en los testimonios de uniformados, que varían y fluyen en el abanico de interpretaciones dependiendo de la jerarquía, la edad, el género y las distintas posiciones en el entramado socio-laboral. Sin embargo, lo que podría parecer un aspecto negativo de la realidad policial, la diversificación de experiencias y discursos es un factor fundamental para comprender la naturaleza volátil del accionar policial. Determinado por múltiples variables, sus prácticas son el resultado de entramados sociales que superan a la profesión policial como tal, imposibles de pensar independientemente de otras esferas sociales, teniendo en cuenta que, además de la existencia de normas y una burocracia profesional con competencias específicas, existe una expectativa social respecto de su «yo civil» y su «yo institucional».

Resulta pertinente, en concordancia con lo anterior, resaltar que el total de los y las entrevistados/as, pertenecientes a la institución policial, concuerdan en que resulta imposible la división entre persona «civil» y «profesional» en la vida policial, por lo que, desde su experiencia, se es policía dentro y fuera de la institución, con o sin uniforme.

Es, entonces, fundamental entender las dinámicas internas de la institución policial para saber por sobre quién se colocará su mira en pos de defender al conjunto social, y como es la construcción de ese «otro peligroso» (Rangugni 2009), aquel mal que va en contra de la realidad concebida como «correcta». Al comprender no sólo la institución policial, sino el concepto mismo de «institución» alejado de algo sólido, una mera edificación construida con un fin de servicio social o agrupamiento de participantes, sino más bien como una unidad porosa, que puede y debe ser interpelada constantemente con cuestiones externas, surge la interrelación entre lo institucional, lo social y lo estatal, y con ella el —discutido— concepto de violencia institucional, que excede y trasciende el marco de las «instituciones» en general, y que es consecuencia inequívoca y específica de la acción u omisión por parte de agencias del Estado. Desde esta perspectiva, no se intenta quitar responsabilidad al individuo perpetuador de acciones violentas, más bien se busca estructurar una mirada generalizada para identificar cuestiones estructurales y así evitar la reproducción de las mismas.

Así, la violencia policial debe ser comprendida como la manifestación de un entramado institucional y social que la antecede. Esta debe ser abordada desde perspectivas teóricas y empíricas que permitan situar a los uniformados no como enemigos individuales de una causa social, sino como participantes de la compleja y multidireccional dinámica de la violencia institucional. En este marco, si bien la ausencia de una formación específica en cuestiones de género y diversidad constituye un factor relevante en la reproducción de prácticas diferenciadas y violentas, es necesario evitar cualquier mirada simplista: nada que involucre lo humano puede explicarse desde un único factor o causa lineal.

Es decir, aunque sería reduccionista atribuir el origen de prácticas violentas a la presencia o ausencia de programas educacionales amplios, entendiendo que cualquier factor antes descrito guarda relación con la influencia de variables socio-demográficas tales como raza, clase, género y edad; es sumamente importante, a los fines del presente análisis, el dar importancia a la pobre educación que le brinda la institución policial a sus uniformados.

En definitiva, la carencia de una formación adecuada y específica en temas de género y diversidad dentro de la policía provincial no solo refleja una omisión institucional significativa, sino que también perpetúa mecanismos de exclusión, discriminación y violencia que impactan tanto en el interior de la fuerza como en su relación con la comunidad. Abordar esta falencia educativa implica no solo incorporar contenidos teóricos, sino también transformar las prácticas, valores y sentidos que atraviesan la cultura institucional.

6. Dos mundos: comunidad trans y policía como sociedades paralelas

Otro aspecto que surgió a lo largo de las intervenciones realizadas respecto tanto a la institución policial como a la comunidad trans fue su característica «aislada» en tanto a su interpretación auto-percibida, o quizás impuesta, como «sociedad dentro de otra sociedad».

Las primeras aproximaciones a personas pertenecientes a la comunidad trans se desenvolvieron de manera cautelosa y desconfiada por parte de los/as entrevistados/as, con necesidad de confirmación constante de los fines y objetivos del acercamiento; incluso de fuentes institucionales como la Subsecretaría de Diversidad de la provincia. Una vez construida la confianza en el proyecto, el total de las personas entrevistadas afirmaron que dicho cuidado responde a una suerte de «cuidado en red», una manera de sortear la marginalización y discriminación construyendo grupos de apoyo y protección interna que permiten acompañar las dificultades de la vida trans; cimentando, como resultado de decisiones explícitas o de prácticas naturalizadas, las bases de una esfera social dentro de otra. De manera paralela —similar, pero lejana— se encuentra la realidad policial, con características auto-conservativas, una institución que se desenvuelve dentro de factores internos, embebido de significaciones estatales y sociales externas, pero con cotidianidades intra-institucionales que estructuran saludos, vocabulario, posturas e interacciones que vislumbran limitaciones respecto al respeto, la subordinación y la diferenciación uniformado/civil. Desde la óptica policial, hay formas correctas de interacción, tipos idealizados de vinculación que se espera sean respetados; obediencia, sumisión y subordinación son particularidades que los «civiles» o «ciudadanos» —como sujetos ajenos a la cotidianidad policial— deberían tener al momento de vincularse con los uniformados (Garriga Zucal 2014).

La comprensión de ambas esferas como sistemas sociales complejos es fundamental para analizar las interacciones que emergen entre ellas. Ambas construyen sus dinámicas internas a partir de lógicas propias, que responden no solo a la necesidad de auto preservación, sino también a la resignificación de su lugar en un tejido social más amplio.

La comunidad trans, a través de redes de apoyo que buscan mitigar los efectos de la exclusión y la violencia estructural; y la institución policial, con su rígida estructura organizativa y normativas internas, configuran subsistemas que se perciben como autónomos, pero que inevitablemente interactúan constantemente en contextos de tensión. Este reconocimiento es crucial para plantear futuras aproximaciones que no solo contemplen las especificidades de cada esfera, sino también las posibles vías de diálogo y entendimiento que permitan generar relaciones más integradas, equitativas y respetuosas.

Los entrevistados, no solo de la comunidad trans, sino también de la institución policial, coinciden en pensar que la educación es el camino para permitir una interacción fructífera entre ambas esferas.

7. Conclusiones

La hipótesis planteada fue corroborada a partir del trabajo de campo y el relevamiento estadístico. En primer lugar, se identificó que la institución policial enfrenta dificultades concretas para articular la formación y capacitación en materia de género con sus prácticas cotidianas, en especial respecto a la violencia física y simbólica ejercida hacia la comunidad transgénero. La continuidad y sistematicidad de estas prácticas no pueden ser comprendidas como hechos aislados, sino que se inscriben en una lógica institucional que entra en tensión con los avances normativos en materia de políticas públicas inclusivas vinculadas a la identidad de género. En este marco, se evidencia, por un lado, la ausencia de mecanismos eficaces de control sobre las actuaciones policiales y, por otro, la legitimación implícita —y a veces explícita— de estas prácticas, lo cual refuerza un entramado de impunidad que, por acción u omisión, obstaculiza los procesos de transformación institucional.

Entre los hallazgos más destacados, se encuentra la discrepancia entre las experiencias relatadas por personas trans y los testimonios del personal policial, especialmente de las autoridades, donde se vislumbra un marcado desconocimiento por parte de los uniformados no solo sobre las realidades de las comunidades vulnerables, sino también sobre el propio rol institucional que ocupan en esas interacciones. Esta falta de comprensión impide aproximaciones institucionales conscientes hacia dicha comunidad, situación que se ve agravada por la inexistencia de información estadística provincial específica sobre la problemática. A su vez, se observa que mientras menor jerarquía tiene el uniformado —y más contacto directo con la vía pública— mayor es el reconocimiento de las propias limitaciones formativas y de las prácticas discriminatorias existentes. En términos educativos, si bien existieron instancias de acercamiento voluntario entre personal policial y comunidad trans, las mismas carecen de obligatoriedad, lo que deja el abordaje de estos temas a merced del interés individual, limitando así su alcance y efectividad. Además, los testimonios recabados, especialmente de mujeres policías, revelan que las expresiones de violencia simbólica —como chistes o comentarios peyorativos— provienen en su mayoría de miembros varones de la fuerza, lo cual da cuenta de patrones culturales de machismo y discriminación que trascienden a la institución, pero que encuentran en ella un espacio de reproducción.

En este contexto, resulta imposible soslayar la profunda desconfianza que muchas personas trans mantienen hacia la institución policial. Diversos testimonios recogidos durante el trabajo de campo evidencian distanciamiento –e incluso temor- de las personas trans hacia los uniformados. Estas percepciones, muchas con génesis en experiencias pasadas de violencia y hostigamiento, persisten en el presente y condicionan los vínculos actuales. Una suerte de herida que no solo no ha sido reparada, sino que, en muchos casos, continúa reactivándose a través de prácticas institucionales que refuerzan el distanciamiento.

En conjunto, el relevamiento evidencia obstáculos significativos para articular la formación en género y diversidad con las prácticas institucionales de la fuerza. Sin embargo, el acercamiento a ambas esferas —la policial y la comunitaria— permite reconocer también que muchas de estas prácticas están atravesadas por dimensiones culturales más amplias, que exceden las posibilidades de acción educativa inmediata, pero que al mismo tiempo refuerzan la necesidad de apostar por un camino pedagógico como estrategia de transformación estructural.

Comprender la violencia no como un fenómeno individual, sino como el resultado de múltiples interacciones sociales, culturales e institucionales, permite evitar respuestas simplistas centradas en la eliminación de los «violentos», y en cambio, enfocar el análisis en las condiciones que habilitan su accionar. Solo en ese marco es posible construir políticas públicas que apunten no a castigar síntomas, sino a transformar causas.

Por último, al considerar que el presente artículo constituye una aproximación preliminar a una problemática de alta complejidad, es necesario subrayar que las conclusiones aquí expuestas no deben ser interpretadas como afirmaciones cerradas, sino como puntos de partida para futuras reflexiones. No obstante, esta primera exploración permitió identificar elementos relevantes que enriquecen la comprensión de la hipótesis inicial y, a su vez, abren nuevas líneas de indagación. En ese sentido, lejos de disminuir su valor, el reconocimiento de los límites del estudio lo posiciona como un primer eslabón en un proceso más amplio de construcción de conocimiento crítico y sistemático.

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Notas