Resulta llamativo el tiempo que nos tomó tener un libro como este en Argentina. Si bien ya hace varias décadas que tenemos estadística criminal disponible —incluso con calidad certificada recientemente— no hemos debatido tanto a partir de esa estadística. Diría más bien que hemos discutido «sobre» ella, sus problemas epistemológicos, sus orígenes y los cambios institucionales que han sufrido las agencias que las producen —de la mano de Hernán Olaeta, Máximo Sozzo y Marcelo Bergman, por mencionar a tres ineludibles— que «desde» ella para pensar lo que está sucediendo. Y este es uno de los objetivos que las editoras —a las que se le suman nueve autoras más— se proponen hacer en Homicidios y violencias en la Argentina del siglo XXI. Una aproximación estadística con foco en la provincia de Buenos Aires (2001-2023). Ángela Oyhandy lo sostiene en la introducción del libro:

la estadística delictual en Argentina no tiene la capacidad de organizar los debates ni construir periodizaciones tal como lo hacen los datos sobre pobreza, empleo, inflación. Las razones de esta menor legitimidad y relevancia son múltiples: discontinuidades en las políticas de publicación, desconfianza sobre la calidad y veracidad de la información que producen las policías, así como también la centralidad que tienen los «casos» y las «olas» en las coberturas periodísticas y en la generación de escándalos y ciclos de reformas (p.9).

En la última década, se produjo un cambio positivo en la publicidad y accesibilidad de los datos sobre homicidios dolosos tanto a nivel federal como en algunos Estados provinciales, lo cual permitió comenzar a desarrollar comparaciones y plantearnos nuevas preguntas, pero nos queda un largo camino por andar. Las estadísticas sobre violencias están ahí, en los portales oficiales, y es importante que las llevemos a la vida académica y a la vida pública para discutir a partir de ellas, proponen las autoras. Kitsuse y Circourel en 1978 ya advertían que las estadísticas oficiales nos pueden señalar hacia dónde mirar y este trabajo avanza en ese sentido: realiza un trabajo de sistematización para seguir pensando, para abrir nuevas preguntas y reflexiones, y eso siempre resulta valorable.

El libro analiza la evolución de los homicidios dolosos en Argentina, destacando una reducción significativa en la tasa de víctimas desde 2014 hasta 2023, especialmente en la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde se registraron descensos notables en varias de las unidades político-administrativas denominadas «partidos». No se trató de un descenso lineal sino de una curva con algunos movimientos contrapuestos y que incluso, a pesar de esta disminución, se observa una alta concentración de homicidios en ciertos territorios. En la Introducción, Ángela Oyhandy establece el contexto del documento, presentando la importancia de analizar los homicidios dolosos en Argentina, enfatizando la relevancia de las estadísticas y su interpretación en el contexto social y político del país. La apuesta es clara desde el principio: el conocimiento basado en datos es la forma de comenzar a territorializar los delitos, pero sobre todo las violencias.

En el primer capítulo, «Instituciones y definiciones. Breve guía para leer las estadísticas criminales de la República Argentina», la misma autora describe las instituciones involucradas en la recopilación y análisis de datos sobre criminalidad en Argentina con detalles y diría que estas páginas podrían ser utilizadas como un breve protocolo para trabajar con los microdatos que pueden descargarse del Sistema Nacional de Información Criminal^[1]—que es, de paso, una posibilidad que existe gracias a un proceso institucional en el que ella misma estuvo involucrada. Se ofrecen definiciones que resultan claves para entender las estadísticas criminales; una guía precisa sobre cómo se construyen y cómo deben interpretarse.

El capítulo siguiente ya refiere a tendencias y características sobre homicidios en Argentina. Analiza las tendencias de los homicidios dolosos, proporcionando un panorama general de sus características. Las autoras se apoyan en Cano y Rojido (2017) para sostener que

la situación de América Latina es dramática no solo desde una perspectiva transversal o estática, sino también desde una óptica longitudinal. Si se comparan las tasas de homicidios de 2015 y las de 2005, se verifica que todos los continentes redujeron la violencia letal en este período excepto el americano, donde se constata un incremento medio del 23,6% (p. 38).

América Latina sin embargo, en su interior presenta tendencias contrapuestas. Dentro de algunos países del Cono Sur —Argentina, Paraguay y Brasil—, las tasas descieden de 2001 al 2021, pero «no es posible identificar una tendencia común para el Cono Sur en el período estudiado» (p. 43) Respecto de Argentina, las autoras presentan estadísticas que muestran la evolución de los homicidios a lo largo de los años, se discuten las diferencias de género entre las víctimas y se examinan los contextos en los que ocurren los homicidios. Señalan cómo entre 2001 y 2023, la tasa de víctimas de homicidio doloso cada 100.000 habitantes presentó un descenso de 48%. El valor más alto de este período se registró en 2002 (9,5 víctimas cada 100.000 habitantes) y el valor más bajo se ubica en 2022: 4,2 víctimas cada 100.000 habitantes. Los datos correspondientes a 2023 que, si bien implican un leve repunte (una tasa de 4,4), se ubican dentro de las cifras más bajas de toda la serie.

Además de los registros de homicidios —sobre los cuales hay consenso de que se trata del dato más robusto en materia de violencias altamente lesivas y más válido de comparar en distintos contextos— las autoras se animan a explorar también las tentativas de homicidio doloso y las lesiones dolosas. Quizás nos quede pendiente cierto recorrido en la consolidación de las estadísticas oficiales para que estos registros policiales resulten válidos y confiables. Si bien las autoras son conscientes de que estos datos resultan menos consistentes y de igual manera se lanzan a explorarlos —lo cual, además, resulta interesante como ejercicio—, pienso que nos queda un largo camino que recorrer con nuestros propios datos regionales y nacionales de homicidios —por mencionar un problema, con las diferencias que nuestros reportes policiales, judiciales y de salud tienen respecto de estas cifras— antes que abordar otros delitos con más posibilidades de subregistros para analizar las violencias. Tal vez sea en los análisis más cualitativos y más específicos que podamos incorporarlos y que ese tratamiento realmente ilumine lo que estamos observando en escenarios más pequeños.

En un sentido similar, las autoras señalan que la información sobre los presuntos/as victimarios/as tiene un 20% de sin datos en SNIC (p. 60). Con esta cautela están marcando también ahí la necesidad de seguir trabajando sobre la calidad de los datos policiales que este sistema recupera; o bien de no pedirle al dato policial algo que no puede dar. Pues la información sobre los victimarios/as, al igual que los contextos en los que ocurren los homicidios, los grados de planificación de los delitos y la datos sobre las organizaciones y las complejidades que las mismas pueden presentar, son datos que eventualmente pueden sumarse a los registros de violencias con el avance de las investigaciones judiciales y resulta incluso comprensible que las instituciones policiales no posean los instrumentos para captar esa información al momento en que registran ellas el presunto delito. Páginas más adelante, las autoras sostendrán algo similar refiriéndose a la provincia de Buenos Aires, pero que como lógica podría extenderse a otros espacios territoriales, estimulando

la creación de espacios municipales o regionales, al estilo de observatorios y centros de análisis de los delitos, que integren y triangulen fuentes policiales, judiciales y del sistema de salud. Ampliar los saberes, las preguntas y el conocimiento sobre la información disponible y la que se requiere en esta materia es precondición para una transformación de las políticas de seguridad y para el abordaje de las violencias. Si esa reforma se pretende democrática, debe contemplar la apertura y publicidad de la información (p. 129)

En el siguiente capítulo las autoras ingresan al terreno que les interesa: la violencia en la provincia de Buenos Aires. Se examinan las particularidades de los homicidios dolosos en esta región, incluyendo el género, el grupo etario, los vínculos entre víctimas y victimarios/as, información sobre los presuntos victimarios, los lugares donde ocurrieron, las armas utilizadas y las concurrencias con otros delitos; se presentan datos específicos que ilustran la situación en la provincia y se discuten ciertas implicancias de los hallazgos. Y si bien no lo mencionan explícitamente, que las autoras afilen su análisis dentro de estas fronteras provinciales no tiene que ver sólo con que ellas vivan y trabajen allí: lo hacen en un contexto de discusiones subidas de tono —y sin datos— sobre la «urgencia» de bajar la edad de imputabilidad y un eco de algunos referentes de la política nacional sobre la «necesidad de intervenir» la provincia de Buenos Aires en un intento de instalar cual pánico moral —también sin datos— que el delito y la inseguridad «están peor que nunca». Ellas muestran, en cambio, que la tasa de homicidios de esta provincia es 7,2 puntos más baja en 2023 que la de 2001; y estos valores en el presente contexto toman una fuerza política particular. Se trata de un descenso del 61,1% en la tasa de víctimas de homicidios dolosos de la provincia; que debido a la alta participación de la provincia de Buenos Aires en el total de homicidios dolosos registrados a nivel nacional, resulta incluso un componente explicativo importante para considerar la caída de los indicadores en el conjunto nacional.

Y continúan con más evidencias en un análisis más específico: otra combinación de autoras realiza el acercamiento sobre Gran Buenos Aires, un agregado territorial conformado por 24 partidos que entre 2014 y 2023 se registró un descenso de 51,4% en la tasa de víctimas de homicidios dolosos; una baja aún más pronunciada que la observada en la provincia (-49,5%). Siguiendo el mismo esquema de análisis de variables que utilizaron para los dos recortes territoriales anteriores, las autoras señalan algunos cambios en la composición de las violencias y tendencias al descenso en varios partidos; sin negar los aumentos en las concentraciones de otros pocos.

Para cerrar este breve comentario, se puede decir que estamos frente a un libro que presenta fundamentalmente estadística descriptiva sobre homicidios en el territorio nacional argentino con propuesta de algunos «zoom» sobre recortes territoriales y variables que refieren a las características de las muertes violentas. Que el libro sea principalmente eso, no puede no vincularse con la muy reciente posibilidad de tener estos datos oficiales abiertos, con distintos niveles de desagregación disponibles para descargar y utilizar en Argentina. Era el primer paso necesario en la dirección de desarrollar un tipo de análisis que, en otros países, se realiza desde hace décadas: ejercicios de regresión estadística que crucen las tasas de homicidios con las de encarcelamiento, así como con diversos indicadores socioeconómicos, como desigualdad, pobreza y empleo; solo por mencionar algunos tratamientos cuantitativos que podrían complementarse además con investigaciones cualitativas. En esta línea de levantar la mirada y pensar en próximos desarrollos, las autoras mencionan la importancia de los datos históricos y de las mejoras en la recopilación de estadísticas sobre homicidios, así como la necesidad de investigar más a fondo las variables institucionales y locales que afectan la violencia. En distintos momentos del libro y más sistemáticamente en el capítulo final, establecen diálogos, se realizan preguntas, apuntan hacia dónde mirar y señalan algunas investigaciones que ya han comenzado a ensayar respuestas sobre estas complejas vinculaciones. El envejecimiento poblacional, las condenas por homicidios, el crimen organizado, el mercado de drogas ilegalizadas, los femicidios, las muertes violentas de mujeres adultas mayores, los homicidios perpetrados por funcionarios policiales: todas aristas para explorar cualitativamente que las autoras enumeran como tareas para seguir pensando. «Se necesitan más estudios de casos y una mayor calidad y apertura de la estadística oficial para caracterizar adecuadamente los conflictos en el marco de los cuales suceden los homicidios» (p. 120). Las autoras estimulan a continuar con múltiples líneas de indagación y es así como este libro nos deja construida una extensa agenda abierta de investigaciones regionales críticas sobre violencias altamente lesivas.

Notas