Introducción

El 12 de septiembre del año 2022, el Partido de General Pueyrredon promulgó la Ordenanza Municipal número 25.590. Luego de una serie de audiencias consultivas con participación de diferentes actores sociales como organizaciones de diversidad sexual, agrupación de trabajadoras sexuales, grupos de vecinos, agentes públicos, entre otros, el Concejo Deliberante del municipio aprobó este proyecto que busca principalmente regular la actividad de sexo comercial callejero. Esta ordenanza en sus primeros 5 artículos determina y reglamenta cómo se va a ejercer la actividad de sexo comercial^[1] callejero en la ciudad.

Artículo 1.- Créase el Programa Zonas Seguras de protección integral a fin de promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del Partido de General Pueyrredon donde se ejerza la prostitución en los términos que dispone la presente Ordenanza y conforme a los Anexos I y II.

Artículo 2.- Establécese que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal. La actividad referida precedentemente, no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria.

[…]

Artículo 4.- De verificarse la oferta y/o demanda de sexo en los lugares u horarios no habilitados, se impondrá a los participantes una multa de mil (1.000) UF (Unidades fijas) a cinco mil (5.000) UF (Unidades fijas) y/o arresto de cinco días (5) a treinta (30) días.

La UF (Unidades fijas) será establecida por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Artículo 5.- Será Autoridad de Aplicación del presente Programa la Secretaría de Seguridad del Partido de General Pueyrredon pudiendo requerir la asistencia policial necesaria para la correcta ejecución de lo aquí dispuesto.

Corresponderá a su vez a la subsecretaria de Derechos Humanos o al organismo que en el futuro la reemplace, como así también a todas las áreas que el Departamento Ejecutivo estime pertinente, coadyuvar en lo que resulte necesario en el marco de sus funciones. (Municipalidad de General Pueyrredon, 2021, p.1)

Corresponderá a su vez a la subsecretaria de Derechos Humanos o al organismo que en el futuro la reemplace, como así también a todas las áreas que el Departamento Ejecutivo estime pertinente, coadyuvar en lo que resulte necesario en el marco de sus funciones. (Municipalidad de General Pueyrredon, 2021, p.1)

Esta ordenanza surge del conflicto de intereses entre vecinos y mujeres trans y travestis^[2] sobre el espacio público donde ellas ejercían la actividad de sexo comercial. Los vecinos luego de una serie de manifestaciones, y diferentes estrategias de visibilización, por ejemplo marchas semanales en el espacio público^[3], entrevistas en medios gráficos y audiovisuales, e intervención pública como colocación de pasacalles (El marplatense, 2021) logran poner en agenda la problemática sobre el espacio público. Con discursos ligados principalmente a la venta de drogas y a la delincuencia, vecinos consiguen implantar su visión del conflicto, y sobre todo su moralización del espacio público (El marplatense, 2021). Principalmente asegurando que las mujeres trans y travestis ya no realizan la actividad de sexo comercial sino que se dedican a la venta de estupefacientes, lo que trae aparejado una serie de consecuencias sobre la «seguridad» del barrio. Es por eso que piden el traslado de la actividad a las afuera de la ciudad y la prohibición en ese espacio público.

Si bien este tipo de reglamentaciones sobre la prohibición del ejercicio del sexo comercial callejero no son novedosas, pero el caso de la ciudad pone en cuestión dos particularidades. La primera particularidad refiere a que esta ordenanza es producto de una suerte de criminalización que vienen sufriendo las mujeres trans y travestis (principalmente migrantes) en toda la provincia de Buenos Aires bajo la categoría narco-travesti (Cutuli, 2017; Lascano, 2018; Malacaza, 2018) y su asociación directa a las delincuencia. La segunda particularidad es que producto de esa criminalización, bajo la supuesta prevención de los delitos, esta ordenanza vuelve a traer a la actualidad viejas dinámicas de persecución, extorsión y hostigamiento policial sobre las mujeres trans y travestis en el espacio público, poniendo en jaque todo el marco de derecho e inclusión conquistado.

El siguiente artículo propone describir y explicar cómo la creación de esta ordenanza en la ciudad de Mar del Plata puede pensarse, en primer lugar, producto de acciones anteriores de criminalización que construyeron el imaginario social de la narco-travesti. En segundo lugar, esta ordenanza es un nuevo mecanismo de exclusión que revive viejas prácticas sociales sobre las identidades trans excluyéndolas del espacio público. Los resultados aquí presentados son parte de un trabajo de campo etnográfico que empezó en el año 2018 y terminó en el año 2023. El trabajó incluyó dos etapas, la primera fue la realización de observación participante en la zona de sexo comercial, en ámbitos de sociabilidad de trabajadoras sexuales, en reuniones con agentes estatales, entre otros. En estas observaciones se buscaba registrar las dinámicas de sociabilidad de las mujeres trans y travestis, como así también, las formas en las que ellas interactuaban con la policía, los vecinos, entre otros actores sociales de la zona. También se buscaba capturar los sentidos sobre la peligrosidad de la zona.

Como segunda instancia del trabajo de campo, se realizaron diez entrevistas no directivas a mujeres trans y travestis que realizaban la actividad de sexo comercial callejero. En las entrevistas se intentó profundizar en algunos datos obtenidos por medio de las observaciones participantes, como así también reconstruir algunos sentidos personales de quienes se entrevistaba. La mayoría de las mujeres trans y travestis eran oriundas de países latinoamericanos (Perú, Ecuador, Paraguay). Solo dos eran Argentinas. Sus edades eran entre 25 a 35 años. Por último, el trabajo de campo se complementa con informaciones de fuentes secundarias como notas periodísticas, publicaciones en redes sociales, entre otros.

Antes de adentrarnos en el análisis es importante remarcar que a partir de la Ley de Identidad de género (Ley 26.743), aprobada en Argentina en el año 2012, el piso de respeto, inclusión y trato digno sobre las identidades trans se ha ido transformando. Aun existiendo algunos resabios de viejas estructuras, sobre todo en relación a la inclusión laboral, podríamos decir que el marco de derechos y de inclusión se estaba abriendo. Se han aplicado diferentes políticas y programas específicos de asistencia y ayuda económica, programas especiales de inclusión educativa, entre otras^[4]. Sin embargo, en los últimos años, podríamos decir que estas nuevas inclusiones conviven con nuevos mecanismos de persecución y de criminalización, por ejemplo, el encarcelamiento que están sufriendo las mujeres trans migrantes y trabajadoras sexuales.

La creación de la categoría mediático judicial narco-travesti, que se ha utilizado y se utiliza en diferentes medios de comunicación, sirve para perseguir, encarcelar y además estigmatizar a aquellas personas trans y travestis migrantes que ejercen el sexo comercial callejero, y eventualmente se dediquen -o no- a la actividad de narco-menudeo (Darouiche, 2019). Algunas investigaciones (Lascano, 2018; Malacalza, 2018; Darouiche, 2019) aseguran que, pasados los edictos policiales, la invención y la asociación directa entre mujeres trans y travestis y drogas sirve ahora para perseguir y estigmatizar a esta población. Esto obviamente con ayuda de la reformulación de la Ley de drogas realizada en el año 2015. Esta transformación en la ley de drogas, con un fuerte tamiz punitivo, más allá de endurecer las penas, volvió a dar a la policía el poder y el control de realizar requisas libremente^[5]. Esta reformulación además incrementó las sustancias que eran consideradas delictivas, como así también, disminuyó la cantidad de dosis que podían ser consideradas para el consumo personal, y despenalizar la tenencia de sustancias. Por otro lado, vale aclarar que la reformulación se dio en un marco en donde las prácticas punitivas llevadas a cabo por el Estado, bajo el lema de hacerle «la guerra contra el narcotráfico» lo único que hacían eran perseguir a las personas más vulnerables y que se encontraban en el último escalón del delito. Es en esa transformación de la matriz punitiva en donde las mujeres trans y travestis comienzan a ser señaladas como las narcos-travestis.

En el siguiente trabajo se pregunta, a pesar de existir un marco de derecho e inclusión, ¿bajo cuáles mecanismos nuevos de control se intenta seguir estigmatizando a determinadas poblaciones?; ¿qué políticas públicas trazan una continuidad de criminalización y moralización, producto de pánicos morales, en diferentes marcos de derechos sobre la sexualidad y la identidad?; ¿está ordenanza puede analizarse como una políticas públicas (re)productoras de desigualdades sociales? ¿qué relación hay entre un intento de ordenamiento del espacio público y la estigmatización de las mujeres trans y travestis?

Tensiones y conflictos del espacio público

En el mes de febrero del año 2018 comencé el trabajo de campo etnográfico para lo que sería mi tesis de licenciatura en sociología en donde estudié las condiciones de vida, la sociabilidad y los vínculos de parentesco entre las mujeres trans y travestis que realizan la actividad de sexo comercial (Darouiche, 2019). El ingreso al campo estuvo dado por los primeros contactos que generé con algunos miembros de organizaciones de diversidad sexual de la ciudad. Ese ingreso se efectuó en una reunión realizada en la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon. Esa reunión surgió motivo de las primeras denuncias que establecen los vecinos en contra de las mujeres trans y travestis, debido no sólo a los escándalos^[6] que realizaban, sino bajo la argumentación de que las personas trans y travestis se dedicaban a la venta de droga y ya no a la actividad sexual. Allí se encontraron referentes de vecinos, referentes de las trabajadoras sexuales y agentes estatales, como el secretario de seguridad del municipio, el defensor público, entre otros. La mayoría de esos agentes estatales y vecinos, por aquel momento, insistían en el traslado de la actividad comercial a otro barrio, y además solicitaban una mayor presencia policial. Por su parte las personas trans y travestis, denunciaban los malos tratos de los agentes policiales, la violencia con la que se acercaban a ellas y sobre todo la violencia y agresiones de algunos vecinos.

Cuando finalmente en marzo del 2018 comencé a realizar las observaciones participantes en las zonas de sexo comercial, el primer dato que recabé fue que la presencia policial era bastante fuerte y siempre estaba visible: pasaba patrullando, realizaba controles vehiculares, algunas veces trabajaba de manera encubierta haciéndose pasar por clientes, entre otras. Sobre esta particularidad transcribo un fragmento del diario de campo de la segunda visita, para dar cuenta de la fuerte presencia policial que estructuró no sólo las dinámicas sociales de las personas trans, sino también mi propio rol como investigador.

[…] Estuve conversando con algunas chicas que ya sabían que iba a pasar a dejarles preservativos, me recibieron de manera muy amable […] Noté la presencia de mucha policía en la calle, es más tuve tanto temor, que cuando regresaba de Champagnat en dirección a Jara por avenida Luro (de un extremo a otro de la zona) me tuve que presentar con dos mujeres policía que estaban paradas en la esquina de Luro y Teodoro Bronzini, porque en esquinas anteriores había pasado un móvil, mientras yo estaba dando preservativos a las compañeras y presentándome, y los agentes del móvil miraron de manera muy alarmante mi presencia –o por lo menos eso sentí yo, esa mirada penetrante y vigilante-. Las mujeres policías no estaban al tanto de mi presencia, pero me pidieron que sea cauteloso, para no generar malos entendidos con los otros agentes. (AUTOR, Diario de campo, 2018).

Lo que refleja este dato es el sistemático trabajo de control que se ejercía sobre las mujeres trans y travestis que ejercían la actividad de sexo comercial. Ellas eran -y son- el blanco más fácil de perseguir y de castigar con respecto al uso y tenencias de drogas (Berkins, 2005, 2007), ya que la mayoría en su momento consumía o tenía para el consumo de los clientes. En esa primera investigación, detecté dos rasgos muy característicos y extendidos en la ciudad de Mar del Plata. La primera, es la estigmatización y discriminación por parte de la sociedad a las personas trans y travestis, puntualmente, a las que ejercen sexo comercial. Las entrevistadas narraban frecuentemente que el ser una mujer trans que está parada en la esquina genera ya ciertos estigmas sociales y activa ciertas discriminaciones:

Si sos una travesti que está parada en la esquina la gente pasa y te ve con mala cara, no te saluda o en su defecto piensa que estás vendiendo droga. Sumado que en el barrio los vecinos no te saludan o te hacen denuncias anónimas. (Fragmento de entrevista, mujer trans peruana)

La segunda particularidad es la criminalización creciente que hay hacía las mujeres trans que ejercen sexo comercial en las calles. Esto es un hecho que genera grandes polémicas y es motivo de análisis en los estudios sociales (Malacaza, 2018). La causa de esta nueva forma de criminalización, una vez derogados los edictos policiales que funcionaban desde la primera mitad del Siglo XX, guarda relación con la categoría mediático-policial de narco-travesti (Cutuli, 2017). La categoría narco-travestis, creada por los medios de comunicación, opera sobre las mujeres trans y travestis que ejercen la actividad de sexo comercial, como también, aquellas mujeres trans y travestis de países latinoamericanos. Se construyó principalmente sobre el prejuicio de que las mujeres trans y travestis que están realizando la actividad de sexo comercial callejero, tienen acceso a las drogas y a su vez a realizan la práctica del micro-tráfico. De esa manera, los operativos policiales siempre se realizan en las zonas rojas e intentan presentar las detenciones por tenencia de sustancias como prácticas de micro-tráfico (Cutuli, 2017). Este particular modo de disciplinamiento y construcción de un régimen con un orden moral sexual y social se da en determinados territorios, principalmente en la Provincia de Buenos Aires. No importa si es para consumo personal o no. Importa que una mujer trans y/o travesti tenga en su poder alguna sustancia y de esa manera se la presenta como una narcotraficante.

La criminalización a las mujeres trans y travestis que realizan sexo comercial produce efectos claramente negativos sobre ellas, teniendo en cuenta que son requisadas y desnudadas constantemente por la policía, se les solicita coimas con frecuencia, y son expulsadas de la calle tanto por policías como por vecinos. Se genera además una merma de los clientes que circulan debido a los operativos policiales de control. Todas estas cuestiones fueron narradas por las entrevistadas y recolectadas en el diario de campo.

Hoy me encontré con S en la esquina de siempre nos saludamos y nos abrazamos porque hace unos días que no la veía en la zona. Estaba parada en su esquina de siempre, vestida de manera muy provocativa mostrando algunas partes de su cuerpo. Yo al verla sentí un poco de frío, debido a que la veía muy desabrigada. Nuestra conversación principalmente se centró en que ella estaba saliendo poco debido a que no había tantos clientes porque la policía estaba haciendo controles hace varios días a los automóviles y a su vez las estaban requisando a las chicas en las esquinas poniéndolas desnudas. Es más, esa misma noche, una hora antes, había estado la policía requisándola a ella, poniéndola desnuda contra la pared y preguntándoles si ella estaba vendiendo o no (AUTOR, diario de campo 2018).

Las mujeres trans y travestis, sin embargo, no eran actrices pasivas de esos mecanismos de control y de ordenamiento. Habían elaborado diferentes estrategias de cuidado tanto de sí mismas, como de disputa por el espacio público. En referencia a las primeras estrategias, ellas trataban siempre de tener un celular a mano para filmar las requisas y las acciones violentas tanto de vecinos como de los policías. También trataban de avisar a las demás si alguna estaba siendo requisada para ir todas juntas y ser una especie de juez o testigo, ya que sabían que con la policía tenían todas de perder. En referencia a las estrategias de disputa del espacio público, ellas intentaron crear un protocolo de trabajo que consistía en asignación de turnos de trabajo; reglas de comportamiento como limpiar la esquina, cuidar la parada, no llevar amigos y/o gente que pueda ser sospechosa; y también respetar las puertas y las entradas de los y las vecinas.

Pero como veremos, ni una estrategia ni la otra pudieron hacer frente a las presiones morales y de control desplegadas tanto por los vecinos como por algunos discursos políticos de estigmatización. Ninguna de las estrategias resultó conveniente ante el inminente intento de criminalizar y expulsar a las trabajadoras sexuales.

Vecinos, policías y trans

Las tensiones entre por un lado los vecinos y policías y por el otro las mujeres trans y travestis no son novedad. Anterior a la Ley de Identidad de Género, y en contextos represivos, la forma de controlar a las identidades trans en el espacio público eran los edictos policiales. Existe vasta bibliografía (Fernández, 2004; Berkins, 2007; Cutuli, 2019) que explican cómo estos edictos funcionaban como una regulación del espacio público y como una suerte de criminalización a las identidades trans.

Lo que es novedad en esta tensión entre estos grupos sociales e instituciones son los nuevos dispositivos de control, amparados bajo otras modalidades. Pasada la Ley de Identidad de Género, la forma de criminalizar a las identidades trans (trabajadoras sexuales migrantes) son los discursos sobre la venta de drogas. En este breve apartado intentaré evidenciar de manera empírica cómo el discurso «ellas venden drogas» sostenido por los grupos de vecinos y policías sirvió para la aprobación de la ordenanza, que en su particularidad es una ordenanza en contra de todos los derechos adquiridos por parte del movimiento trans y travesti. Lejos está en este trabajo intentar posicionarse con respecto a si es verdad o no ese discurso. El ejercicio analítico es poder mostrar cómo se construye una continuidad entre el discurso del escándalo que sirvió para controlar el espacio público, y el discurso de vender drogas como formas de pánico moral que sirven para controlar, disciplinar y estigmatizar a las mujeres trans y travestis.

Sin remontarnos al siglo pasado, podemos reconstruir que años posteriores a la eliminación de los edictos policiales, puntualmente en la década de los noventa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se creó el código de convivencia urbana, en sintonía con la creación de su Constitución. En ese código se crearon varios artículos, que fueron derogado al poco tiempo, destinados al ejercicio/control del comercio sexual callejero. Estos artículos prohibían la oferta de sexo en la vía pública y generaba una asociación directa entre las mujeres trans y travestis y la oferta sexual. En un análisis muy suspicaz, Sabsay (2011) centrando su mirada en los discursos de los medios de comunicación, muestra cómo ellos tuvieron injerencia en la derogación de estos artículos producto de la tensión entre vecinos y mujeres trans y travestis. Lo que nos indica Sabsay es que los discursos de los medios amplificaron los discursos de los grupos de vecinos que se oponían a la oferta de sexo callejero y solicitaban establecer un orden público y un orden social, pero que además ese orden funcionara de manera punitiva sobre el derecho al espacio público de las personas trans y travestis de la Ciudad de Buenos Aires. Por aquel entonces, vecinos y trans también estaban llevando una disputa por el uso del espacio público, pero sólo se iluminaban algunas partes del conflicto. Los vecinos apelaban al discurso de que las mujeres trans y travestis ocasionaban escándalos; mugre; y además decían que salían desnudas a la calle, que tenían sexo en las puertas de su casa, que eran obscenas y que eso perjudicaba la moral y la buena vida de la comunidad. Por aquel entonces, la droga, si aparecía, era un tema secundario producto de la noche y la mala vida.

Años más tarde, derogados los códigos del Código de Convivencia Urbana, y en una suerte de clandestinidad y persecución que vivían las personas trans, el investigador Boy (2015) analiza el conflicto del espacio urbano por medio de los discursos de vecinos y los medios de comunicación sobre el traslado de la zona roja del barrio de Palermo a lo que se conoce como los Bosques de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. En esa investigación vuelven a aparecer los mismos discursos relacionados al escándalo, al orden público, y a las prácticas de las personas trans con respecto a la desnudez y el sexo. La venta de droga, como principal ejercicio de actividad por parte de las trans y travestis casi que ni es relatada.

La aparición de la droga como práctica central aparece posterior a la aprobación de la Ley de Identidad de Género y a partir de la publicación de varias noticias que empiezan a utilizar la categoría narco-travesti para señalar las prácticas de narco-menudeo de personas trans y travestis que son detenidas en las zonas rojas de la Provincia de Buenos Aires. Ruchansky (2016) señala muy bien cómo esa etiqueta sirve para criminalizar y señalar a las personas trans –muchas de ellas migrantes- que realizan sexo comercial callejero. A partir de un episodio puntual en la ciudad de La Plata en el año 2014, donde son detenidas siete personas trans ecuatorianas, la policía, los medios de comunicación y los vecinos comienzan a construir un discurso ligado principalmente a que en las zonas rojas, donde trabajan mujeres trans y travestis (la mayoría migrantes), existe una alta tasa de venta de drogas y narcotráfico y eso perjudicaba a la seguridad de los vecinos y a la tranquilidad del barrio. A su vez también se construye un relato de que la presencia de las mujeres trans y travestis trae aparejada la mala vida y a los usuarios de drogas que ponen en peligro a los propios vecinos.

En la misma ciudad de La Plata, años más tarde, Lascano y Vélez (2020) por medio de observaciones participantes en asambleas vecinales, y entrevistas semi-estructuradas a vecinos del barrio donde se ejerce la actividad de sexo comercial, muestran cómo se van tejiendo circuitos punitivos —así lo llaman ellos— sobre el uso del espacio público. Estos autores exhiben muy bien cómo el tema de la droga, en estos contextos, es el más iluminado sobre la problemática urbana. Los vecinos no tienen problema con sus identidades, con sus nacionalidades, ni tampoco con el ejercicio del sexo comercial. El gran problema es que venden drogas, y eso trae aparejado complicaciones en la seguridad del barrio. Muchas veces son ellos mismos los que justifican el accionar policial y las detenciones y/o requisas realizadas a las personas trans.

En la ciudad de Mar del Plata, el caso estudiado, ocurre la misma operación que en la Ciudad de La Plata. Los medios de comunicación comienzan a amplificar los discursos de los vecinos sobre las prácticas de venta de estupefacientes de las mujeres trans y travestis. A su vez, comienzan a invadir las crónicas policiales con casos de mujeres trans y travestis detenidas por tenencia de droga —para su comercialización o no—. Los vecinos reclaman reuniones con los oficiales de la policía, con las autoridades del municipio, entre otras acciones, e intentan poner en la agenda pública la seguridad del barrio y la criminalización de las mujeres trans y travestis. Según observaciones participantes en diferentes reuniones las agrupaciones de las trabajadoras sexuales, cuentan que los vecinos señalan que «cualquier mujer trans y travesti que esté en la zona es una delincuente y/o una narco-travesti. Para ellos somos todas iguales, y eso nos estigmatiza, además al toque llaman a la policía y no nos dejan trabajar tranquila» (fragmento de una nota de campo).

De esta manera, usando la categoría de pánico moral (Cohen, 1980; Miskolci, 2007; Thompson, 2014), podemos argumentar que, en el contexto de inclusión, también se va delineando una mayor expulsión sobre determinadas prácticas y grupos sociales. Vale recordar que los pánicos morales son definidos como una condición social o un episodio que pone en riesgo el orden social establecido (puede ser un orden social, orden urbano, o público) (Miskolci, 2007). El pánico moral desatado por medio del escándalo en aquellos tiempos, tiene una continuidad con estos nuevos discursos sobre prácticas sociales de venta de drogas sobre las personas trans y travestis migrantes. Además ese pánico moral es sostenido y reproducido por los medios de comunicación. Lascano (2018) expresa muy bien, coincidiendo en parte con la hipótesis aquí propuesta, que pasados los edictos policiales, la nueva forma de estigmatizar y criminalizar a determinadas identidades trans es a través de la supuesta venta de drogas y narcotráfico.

La alerta, o la advertencia, es que además esos discursos tienen efectos sobre espacios de gobiernos, y ahora en políticas de Estado. Tal es el caso de Mar del Plata y La Plata.^[7] En la ciudad de La Plata, llegó a aprobarse la creación de una zona roja, pero nunca se implementó. En la ciudad de Mar del Plata, se llegó a implementar, obviamente con intereses comerciales y económicos, más allá del reclamo vecinal. Pero esta ordenanza lejos de ser benéfica, ha tenido un impacto negativo sobre las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, especialmente de las mujeres trans y travestis. No solo se ha incrementado la violencia que reciben de las fuerzas de seguridad, sino que se han empeorado sustantivamente sus condiciones de vida, puesto que el sexo comercial es su principal fuente de ingreso. También ha impactado en la mayoría de las mujeres trans y travestis de la ciudad, ya que el hecho de su sola presencia en la calle es motivo para que la policía las detenga, por la mera presunción de que están ofreciendo servicios sexuales (Darouiche, Martynowskjy, Peréz, 2023).

Zona roja y ordenanza

En líneas más arriba se argumentó que la creación de una zona roja en Mar del Plata fue producto no sólo de intereses económicos y políticos en relación al espacio urbano, sino que también fue resultado de la articulación de diferentes mecanismos de criminalización hacia las mujeres trans y travestis. Esta ordenanza lejos de ordenar la oferta y demanda de sexo comercial callejero, viene a marcar una regulación del espacio público, sus usos, y quienes pueden reclamar para sí su apropiación, y además, viene a impactar directo sobre las condiciones materiales de las personas trans y travestis.

En este apartado se reflexionará sobre una serie de hechos y acciones gestadas tanto desde los gobiernos como desde diferentes grupos sociales, principalmente los vecinos, con referencia a la construcción de imaginarios sociales sobre las personas trans y travestis de la zona roja. Estos imaginarios sociales que sirvieron principalmente como soportes para la creación de la ordenanza, también funcionan para orientar las acciones sociales del sector más punitivo y discriminador de la sociedad (la justicia, las fuerzas de seguridad, entre otros). Estos imaginarios sociales son el soporte de aquella continuidad de persecución policial que habilitaban los edictos policiales. De más está decir que no son imaginarios que representan a las personas trans y travestis, como trabajadoras, como vulnerables, o como víctimas —que en última instancia podrían habilitar otro tipo de abordaje sobre ellas—, sino que estos imaginarios reflejan a trans y travestis como vendedoras de drogas, criminales, y de mala vida.

En un intento de reconstrucción de los hechos, se puede comenzar narrando que durante el año 2019 el clima político era bastante complejo ya que la mayoría de los partidos políticos se encontraban de cara a las elecciones de renovación del ejecutivo nacional, los ejecutivos provinciales y los ejecutivos municipales. Uno de los lemas centrales del partido político que en aquel momento era parte del gobierno nacional, provincial y municipal, era el de acabar con el narcotráfico en el país. Se habían llevado a cabo varios gestos políticos en referencia a medidas más punitivas como la reformulación de la ley de drogas en el año 2015, y un mayor incremento de presupuestos para la fuerza de seguridad, entre otras. Entre las últimas acciones que se implementan es el envío de diferentes cuerpos de la fuerza de Gendarmería Nacional a diferentes puntos del país caracterizados como zonas de conflicto con el narcotráfico. El barrio donde estaban las mujeres trans y travestis de Mar del Plata es el centro de la escena en los diarios locales.

El envío de la Gendarmería Nacional al territorio donde trabajaban las mujeres trans y travestis (migrantes en su mayoría), fue producto de varios reclamos vecinales que pedían la intervención de medidas de seguridad. Pero además, los reclamos vecinales no eran manifestaciones pacíficas. Un cuestionario a trabajadoras sexuales, realizado por el Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades arrojó como resultado que más del 50% de las travestis y trans habían sido agredidas o filmadas por los vecinos, antes de la aprobación y creación de la ordenanza (Darouiche, Martynowskjy, Peréz, 2023). En el trabajo de campo realizado en la zona por aquel entonces varias trabajadoras contaban que los vecinos eran los que llamaban a las fuerzas de seguridad, o directamente les echaban agua y las corrían de las esquinas. Los vecinos articulando fuerte el discurso de la venta de droga tenían la legitimidad para agredir e insultar a las mujeres trans y travestis, como así también de estigmatizar a sus identidades y sus trabajos.

Ante ese escenario de conflictividad social, que produce marchas semanales de vecinos en contra de las mujeres trans y travestis, se decide intervenir la zona con una fuerza de seguridad que envía el gobierno nacional. La presencia de Gendarmería Nacional fue vivida como si ellas estuvieran habitando un territorio bélico. Recuerdo una trabajadora utilizar la siguiente metáfora; «maricón, la Luro parece Irak». Si bien la gendarmería parecía utilizar prácticas mucho menos violentas que la policía provincial, las intervenciones sobre los clientes, las requisas, los controles vehiculares, entre otras, fueron moneda corriente durante todo ese período. Esa intervención duró unos meses debido al cambio de gestión ocurrido en diciembre del 2019, en el que se decidió retirar a todas las fuerzas de seguridad nacionales de barrios y lugares que no sean su jurisdicción.

A esto podemos agregar otro episodio muy simbólico vinculado a la intervención de las fuerzas nacionales. En el barrio donde trabajaban las trans y travestis existía un clásico hotel alojamiento que era utilizado por ellas y en el cual también asistían personas que vivían por el barrio. Este hotel alojamiento fue cerrado y pasó a convertirse en un hotel donde vivían aquellos oficiales que habían sido trasladados a la ciudad de Mar del Plata.

Posterior al retiro de las fuerzas de seguridad, el reclamo vecinal volvió a encenderse. Nuevamente se realizaron marchas hacia la municipalidad, y volvieron a marchar un día por semana a la noche por la zona expulsando y/o agrediendo a las mujeres trans y travestis. En esas marchas participaban los grupos de vecinos que además eran custodiados por la policía provincial. Ellos tenían la libertad de agredir a las mujeres trans y travestis, como así también, de filmarlas y/o expulsarlas de las esquinas. Ese clima duro todo el verano del 2019 y principios del 2020, hasta que en marzo del 2020 se declara el aislamiento preventivo social y obligatorio. Durante todo ese año, y sobre todo el primer tiempo, las mujeres trans y travestis se vieron afectadas, no sólo por la pandemia, sino por la autorización nacional a ser sometidas al control policial. Diferentes organizaciones sociales denunciaron en la ciudad las prácticas que llevaba a cabo la policía sobre las compañeras trans y travestis que ejercían sexo comercial y que eran detenidas o multadas por estar incumpliendo la cuarentena o las diferentes medidas preventivas de aislamiento.

Cuando las medidas de aislamiento y circulación comenzaron a flexibilizarse y la vida urbana comenzó a volver a funcionar, en marzo de 2021 se presenta o se escribe el primer proyecto para la creación de la zona roja en la ciudad de Mar del Plata. El proyecto, que fue creado por las agrupaciones de vecinos y a su vez por la participación de concejales del partido gobernante, proponía destinar un predio específico para el ejercicio de la actividad, como a su vez, solicitaba una serie de requisitos para aquellas personas que decidan ejercer la actividad, por ejemplo, carnet de sanidad. Sin embargo, el proyecto pierde validez y a su vez los vecinos de la nueva zona roja comienzan a reclamar que no querían que su barrio sea el destinatario.

Sin embargo, lo que no pierde validez es el tema central, ¿qué hacer con la zona roja?, ¿qué hacer con las trabajadoras sexuales, o mejor dicho, qué hacer con las narco travestis? Los vecinos del barrio al ver que su reclamo tenía solvencia y había sido escuchado, comienzan a elaborar una serie de estrategias de mayor visibilidad, como por ejemplo juntarse con la policía, armar asambleas vecinales, mayores protestas frente al palacio municipal, entre otras. El discurso siempre apunta a lo mismo: la venta de droga, la presencia de delincuentes, la inseguridad que se vive, la presencia de personas adictas que agreden a las personas que circulan por ahí. Finalmente a comienzos del año 2022, es que el partido del gobierno local decide elaborar un proyecto y comenzar con las audiencias consultivas sobre qué hacer con la zona roja.

Finalmente la ordenanza se aprueba en septiembre del 2022. La ordenanza si bien implica reglamentar la actividad de sexo comercial callejero, también apunta a perseguir y estigmatizar a las personas trans y travestis. Organizaciones sociales de diversidad y diferentes personas trans y travestis han informado que a partir de la ordenanza ya no pueden transitar libremente por el espacio público. La policía las detiene de noche, suponiendo que están realizando la actividad de sexo comercial. Sin lugar a dudas esta ordenanza puede pensarse como una forma de criminalizar a las personas trans y travestis. Dentro del cuerpo de la ordenanza también propone la creación de puestos de atención del Estado (agentes estatales) que promuevan la inclusión de las personas trans y travestis a diferentes derechos (documentación de identidad, acceso a la salud integral y además promotores que ofrezcan estrategias del acceso al trabajo formal) que todavía no llegaron a esa población. Pero, los únicos agentes estatales que tienen presencia en la zona roja son las fuerzas de seguridad. Nada de aquella promesa de inclusión se cumplió. La ordenanza sólo vino a regular y a formalizar (dar un marco de legalidad) sobre aquellas prácticas de persecución y criminalización que sufren las travestis trans trabajadoras sexuales y migrantes (Darouiche, Martynowskjy, Peréz, 2023).

Hasta el día de la fecha es interesante resaltar que las mujeres trans y travestis no fueron a la zona estipulada por la ordenanza, sino que elaboraron diferentes estrategias para no ser identificadas (como caminar en las calles) como trabajadoras sexuales, pero lo que ocurre es que están completamente arrojadas a la criminalización de sus identidades. Muchas tienen miedo de salir de noche, tienen miedo de esta paradas en las esquinas -aunque estén trabajando o no-. Por otro lado, muchas cuentan que la policía, al tener legitimidad de acción por la ordenanza, comenzó a realizar prácticas más violentas y sobre todo más invasivas. Ya no importa donde se encuentran, una mujer trans en la noche en la ciudad de Mar del Plata, siempre es señalada como una trabajadora sexual y se encuentra vulnerable ante el incremento del control policial. Y además ese control siempre es referencia a la supuesta idea de la venta de droga, porque hay que aclarar que lo que al Estado le interesa es mostrar cómo las mujeres trans y travestis están asociadas al imaginario de la narco-travesti.

Esta situación se da en un marco social en el que supuestamente las políticas públicas y el Estado busca reconocer e incluir a la vida cívica, social y cultural a las identidades no cisheterosexuales. Sin embargo, por nuevos mecanismos, como la construcción de imaginarios sociales como narco-travesti, los derechos de las personas trans y travestis, y de trabajadoras sexuales callejeras, se ven nuevamente vulnerados. Estas personas son arrojadas a situaciones de violencia institucional, a la precariedad y a la marginación social. Por medio de investigaciones anteriores se conoce que al estar en esa posición de exclusión, estas personas viven con la imposibilidad de conseguir una vivienda, la imposibilidad de la participación plena de la vida política y cultural, y de disfrutar la integración a la ciudadanía (Berkins, 2005).

Consideraciones finales

En este trabajo se ha intentado mostrar de manera empírica cómo en un marco de inclusión y de la existencia de leyes que garantizan el derecho a la identidad de género autopercibida y el trato digno hacia las personas no cisheterosexuales, también aparecen nuevas modalidades de control social y de estigmatización sobre estas identidades. Esas modalidades y mecanismos son nuevos en su contenido, pero tienen una fuerte continuidad con las formas y las dinámicas desplegadas por el régimen sexo-genérico heteronormativo, binario y patriarcal que se conformó desde la creación del Estado-Nación y que adoptó distintas intensidades según determinadas coyunturas históricas (Vespucci, et. al, 2015). Dentro de esos mecanismos es que colocamos políticas públicas como la creación de una zona roja por parte del Municipio de General Pueyrredon. Lejos de ser una política que se encuadre en lo que se conoce como perspectiva de derechos, está es una política punitiva y securitiva.

Se ha mostrado cómo la categoría narco-travesti, creada por los medios de comunicación, actores políticos y actores cívicos, tiene una continuidad política, social y cultural con aquella figura de la travesti escandalosa e inmoral. Ambos discursos funcionan como formas de creación de políticas públicas y de acciones sociales determinadas que vulnera no sólo derechos, sino precariza y aparta a personas de la vida social, cultural y política.

Siguiendo esta conclusión, podemos recuperar un ensayo de Butler (2009) en donde asegura que las sociedades han creado esquemas normativos de inteligibilidad que establecen lo que va a ser y no va ser humano, lo que va a ser una vida vivible y una muerte lamentable. Estos esquemas normativos funcionan no sólo produciendo ideales que distinguen entre quienes son más o menos humanos. Esas vidas que quedan fuera de lo humano, de lo vivible, son vidas que sufren la violencia política del Estado y la sociedad. Esas vidas no humanas son «un peligro» para la comunidad y el orden moral. Trazando un paralelismo con el tema estudiado, aseguramos que las formas en las que son construidas las imágenes y las representaciones de las vidas de las personas trans y travestis trabajadoras sexuales permiten la violencia política, estatal y muchas veces la violencia social y cultural. Es necesario repensar no solo las políticas públicas que excluyen a las personas trans, sino también los discursos, los funcionamientos de las instituciones y otros actores sociales que construyen marcos normativos que definen cuáles son las vidas que merecen ser vividas.

Referencias

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Notas