Artículos

Mujeres (cis) y mercados de drogas ilegalizadas. Reflexiones desde Santa Fe

Women (cis) and illegalized drug markets. Reflections from Santa Fe

Barukel, Guillermina; D’Amelio, Carolina

Guillermina Barukel

guillebarukel@hotmail.com

Instituto de Humanidades y Ciencias del Litoral (IHuCSo Litoral) / Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNL-CONICET) Argentina

Carolina D’Amelio

caro_damelio@hotmail.com

Instituto de Humanidades y Ciencias del Litoral (IHuCSo Litoral) / Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (UNL-CONICET) Argentina

Delito y Sociedad

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 0328-0101

ISSN-e: 2362-3306

Periodicidad: Semestral

núm. 58, e0122, 2024

delitoysociedad@unl.edu.ar

Recepción: 18 junio 2024

Aprobación: 02 octubre 2024

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/284/28451812845181002/

DOI: https://doi.org/10.14409/dys.2024.58.e0122

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: A partir del cruce de dos investigaciones que abordan diferentes aspectos del encarcelamiento de mujeres, el trabajo se propone establecer un diálogo entre el análisis de las políticas de criminalización y las experiencias de vida de mujeres detenidas por delitos relacionados con el mercado de drogas ilegalizadas. El presente estudio reflexiona sobre las medidas adoptadas con la emergencia del narcotráfico como problema público en el contexto santafesino, y sus efectos en el encarcelamiento de mujeres, y explora las particularidades de la participación de mujeres cis en los mercados de drogas ilegales a nivel local y las diferentes vinculaciones que han tenido con el sistema penal, a través de los relatos de las involucradas. Además, propone una reflexión crítica sobre la literatura existente acerca de la participación de las mujeres en los mercados de drogas ilegalizadas, desafiando la visión victimizante predominante y reconociendo su agencia en estos contextos.

Palabras clave: Políticas de criminalización, Encarcelamiento de mujeres, Mercado de drogas ilegalizadas.

Abstract: This work aims to establish a dialogue between the analysis of criminalization policies and the life experiences of women detained for crimes related to the illegal drug market, by intersecting two investigations that address distinct aspects of women's imprisonment. The study reflects on the measures adopted with the emergence of drug trafficking as a public problem in the context of Santa Fe, and their effects on the incarceration of women. It explores the particularities of cis women's participation in illegal drug markets locally and examines the different interactions they have had with the penal system through the stories of those involved. Furthermore, it proposes a critical reflection on the existing literature about women's participation in illegal drug markets, challenging the predominant victimizing narrative and recognizing their agency in these contexts.

Keywords: Criminalization policies, Imprisonment of women, Illegalized drug market.

1. Puntos de partida

El presente trabajo se compone de una serie de reflexiones que se derivan del encuentro entre dos trabajos de investigación y de varios años de participación en diferentes proyectos (de extensión, de investigación y militantes) en el marco del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en las prisiones de la ciudad de Santa Fe.

Durante el año 2015 asistíamos a la Unidad Penitenciaria n°4 de mujeres de la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa de Educación Universitaria en Prisiones de la UNL. Semanalmente pasábamos muchas horas en el aula universitaria, donde conocimos a varias mujeres y sus historias. En estos encuentros empezamos a observar que la mayoría de las mujeres encarceladas, estaban detenidas por delitos vinculados a las drogas ilegalizadas.

En el año 2016, el gobierno provincial tomó una medida intempestiva [1] que afectaría la vida de varias de estas mujeres detenidas. Alegando la falta de presupuesto decidió el traslado de presas federales a prisiones de otras provincias [2] . Sin previo aviso, sin poder despedirse ni preparar sus pertenencias, las mujeres fueron separadas del resto de sus compañeras y de sus vínculos familiares y afectivos, y llevadas a la Unidad Federal N º13 de la ciudad de La Pampa —a más de 800 kilómetros de la ciudad de Santa Fe— y al Complejo Penitenciario Federal de nº 33 de Ezeiza en la Provincia de Buenos Aires.

En aquel momento desde distintos programas de la Universidad, cuestionamos el accionar del Servicio Penitenciario Provincial fundamentando que dicha decisión violaba una serie de normativas nacionales e internacionales que regulan la materia y en la existencia de medidas alternativas menos dañinas para las mujeres y más respetuosas de sus derechos. Estos traslados, generaron una serie de reclamos y de acercamientos a los familiares de las detenidas que nos permitieron conocer un poco más sus historias de vida.

Unos años más tarde, en el marco de los estudios de posgrados de la Maestría en Criminología de la UNL, comenzamos a indagar con mayor profundidad en cuestiones vinculadas a diferentes problemáticas de las mujeres encarceladas.

Por un lado, el trabajo de Carolina D’Amelio [3] busca analizar la emergencia del «narcotráfico» como problema público en la Provincia de Santa Fe (2008-2019) y los efectos en el encarcelamiento de mujeres. Este trabajo se enmarca en una línea de investigación que viene desarrollándose en la región, la cual analiza que el encarcelamiento impacta de forma diferencial y desproporcionada en ciertos cuerpos principalmente en migrantes, mujeres cis y mujeres trans. En Argentina, esto se confirma con las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), donde se observa que la principal causa de detención en el año 2019 [4] de la población de mujeres cis y mujeres trans es por delitos menores de drogas (44% y 39% respectivamente), a diferencia del caso de los varones cis en que estos delitos son la tercera causa de detención (13%). En la provincia de Santa Fe esta proporción se mantiene. En el año 2019 el 35% de mujeres cis detenidas lo fueron por causas vinculadas a las drogas ilegalizadas, mientras que en los varones solo lo fue el 8%.

Por otro lado, la investigación de Guillermina Barukel [5] , tiene como principal objetivo indagar en torno a los efectos del encarcelamiento en el retorno a la vida en libertad en mujeres que han atravesado un periodo en prisión. La misma, pretende problematizar las dinámicas de los regímenes carcelarios sin limitarse al interior de las prisiones, sino teniendo en cuenta cómo se desenvuelven a sus «alrededores». Entendiendo por «alrededores» a todo lo que queda «por fuera» de la institución y es posible que se vea afectado por dinámicas de la misma —grupos familiares, mercados de trabajo, comunidades de origen, interacciones policiales, participación cívica, etc.—. Este trabajo busca problematizar las narrativas de las mujeres penalizadas, las maneras en las que se las «trata» y los efectos que este tratamiento produce. En muchos casos se trató de mujeres que estuvieron detenidas por delitos vinculados al mercado de drogas ilegalizadas y su pasaje por el encarcelamiento, para poder pensar en los efectos que esto tuvo en él después.

Durante el avance en los proyectos de investigación mencionados, y a partir de diferentes lecturas bibliográficas sobre el tema, surge la inquietud de realizar un cruce entre el análisis de las políticas de criminalización y el análisis de las experiencias de vida de mujeres que estuvieron detenidas. Particularmente, nos propusimos reflexionar sobre cómo aquellas transformaciones de nivel macro que se observaban en la emergencia del narcotráfico como problema público en el contexto santafesino, se manifestaban en las historias de vidas concretas de mujeres que habían estado encarceladas por delitos vinculados a los mercados ilegales.

Para lograr dicho objetivo, inicialmente exploramos y examinamos las singularidades de la participación de mujeres cis en los mercados de drogas ilegales a nivel local, a través de los relatos de aquellas involucradas. Nuestra indagación se inició con una pregunta de amplio alcance: ¿Cuáles eran las narrativas que las mujeres entrevistadas tenían de su participación en el mercado de drogas ilegalizadas en la provincia de Santa Fe?

Para empezar a abordar esta pregunta, construimos un corpus de análisis con entrevistas que ya se habían realizado para otras investigaciones. Este se compuso de ocho relatos de mujeres (cis) [6] que habían estado y estaban detenidas por venta y tráfico de estupefacientes. Del total, cinco entrevistas habían sido realizadas a mujeres (cis) que estuvieron condenadas, encarceladas en unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires [7] y al momento de realizar la entrevistas se encontraban en libertad. Las tres restantes, fueron mujeres cis procesadas por el mismo delito, con arresto domiciliario en la ciudad de Santa Fe y Rafaela [8] [9] .

En este camino, el segundo de los objetivos que nos propusimos fue dialogar y posicionarnos frente a la literatura existente sobre mujeres y el mundo de las drogas ilegalizadas. Tradicionalmente, los enfoques de la criminología del delito de las mujeres se han dividido en investigaciones que abordan las formas de involucramiento en los mercados de drogas ilegalizadas desde las propias voces de las mujeres, y en análisis estructurales que buscan explicar las causas del encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas ilegalizadas. Tanto en una como en otras explicaciones, las mujeres que están involucradas en los mercados de drogas aparecen en estos espacios hipermasculinazados, vinculadas a los negocios de sus esposos, padres, familiares o vínculos cercanos, pero no como protagonistas. En este sentido, intentaremos aquí desarrollar algunos diálogos entre ambos modos de abordaje de la problemática, pero también proponer una mirada distinta. Principalmente, reconocer las formas de participación de las mujeres en los mercados de drogas ilegalizadas, con la finalidad de proponer una reflexión sobre las trayectorias de estas mujeres que no recaiga en miradas victimizantes. Como desarrollaremos más adelante, consideramos importante aportar desde el trabajo empírico a la discusión sobre las representaciones construidas desde las Ciencias Sociales sobre estas mujeres, quienes en muchos estudios son generalmente descritas como actoras pasivas, engañadas y violentadas. Nuestra perspectiva, en cambio, se alinea con otros trabajos que, desde las teorías feministas, contribuyen al debate crítico y dan lugar a las propias voces de las mujeres.

A pesar de que las entrevistas no se habían realizado con el objetivo de profundizar en el tema de este artículo, fue posible identificar regularidades y particularidades sumamente interesantes en los relatos de las mujeres. Entre los temas emergentes de las entrevistas, reconocimos al menos dos tópicos en los cuales nos centraremos en este trabajo. Por un lado, pudimos identificar algunas de las características de las formas en que se desarrollaba la participación de estas mujeres en los mercados ilegales y, por otro lado, las continuas referencias a los vínculos que tenían con las fuerzas de seguridad.

2. Políticas de drogas, políticas de criminalización

Antes de abordar los emergentes de los relatos de las mujeres, es importante reconstruir algunas de las principales características que presentan las políticas de drogas y el encarcelamiento de mujeres en el contexto local. Al igual que el resto de los países latinoamericanos, el aumento del encarcelamiento de personas, y de mujeres principalmente, por delitos de drogas puede ser un indicador de las prácticas de criminalización de los gobiernos locales (Torres Angarita, 2008; Boiteux y Pádua; 2012; Giacomello, 2013; Boiteux, 2015). Diversos estudios analizan las consecuencias de las políticas de drogas en la región y los impactos negativos de los modelos de intervención estatal punitivos con relación a las drogas ilegalizadas (Garzón y Pol, 2015; Corda, 2016; Tokatlian, 2017).

En primer lugar, las políticas de drogas en Argentina parten del mismo paradigma que el resto de América Latina, una legislación que responde a un modelo prohibicionista, tanto para la comercialización como para el consumo de ciertas drogas consideradas ilegales. Dicho modelo se encuentra plasmado principalmente en la ley 23.737 (1989) —denominada Ley de estupefacientes—, donde se regula la penalización por tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes. Posteriormente, se profundiza con la sanción de la ley 26.052 (2005) —también llamada de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes [10] —, y la 27.302 (2016) en las que se acentúa el espíritu penalizador —y criminalizador— de la ley de 1989.

El prohibicionismo del marco normativo sumado a los discursos e intervenciones que responden al paradigma internacional de «guerra contra las drogas”, tienen como correlato diferentes políticas de criminalización. En las últimas décadas se impuso el diagnóstico del «flagelo del narcotráfico” como un problema que debía ser abordado en la escena pública, lo cual significó una serie de abordajes que impactan sustantivamente en las dinámicas locales (Del Olmo, 1988,1992; Sassen, 2003; Wacquant, 2004; Coba, 2004, 2015).

En la provincia de Santa Fe, el abordaje del problema de la venta de drogas ilegales presenta ciertas particularidades. En el año 2012 el narcotráfico estalla como un problema público central para el gobierno provincial. En un primer momento, el homicidio de tres militantes sociales en la ciudad de Rosario se vincula en la escena pública a los mercados ilegales de droga y las violencias relacionados a estos [11] . Pocos meses después, estalla la denuncia sobre la connivencia entre funcionarios de la gestión provincial con bandas ligadas a la venta de drogas ilegalizadas [12] . Estos acontecimientos ponen el tema en el centro de la agenda de seguridad y de los principales medios de comunicación, y se comienzan a debatir y disputar las responsabilidades asignadas a la provincia y a la nación en relación con el «problema narco”.

Durante los años de gestión del Frente Progresista Cívico y Social (2008-2019), la provincia de Santa Fe no adhiere a la ley desfederalización (Ley 26.052), ley que brinda la posibilidad de que ciertos delitos penados por la Ley 23.737, en general aquellos vinculados con las conductas de usuarios, dejen de ser competencia de las agencias penales federales para pasar a serlo de cada una de las provincias [13] .

A partir del año 2015 la gestión del gobierno nacional de Mauricio Macri, impone en el debate público la idea de que el narcotráfico era un problema fundamental para el país. En este contexto, el combate del mismo se convertía en el eje de las políticas de seguridad, desde el trabajo policial en los barrios, hasta la geopolítica. En el plano discursivo, empieza a resurgir la idea de «guerra contra las drogas» y en ese mismo sentido fue lanzado el plan «Argentina sin Narcotráfico» (2016).Este resurgimiento del «viejo paradigma», se tradujo en un conjunto de acciones impulsadas fundamentalmente por el Ministerio de Seguridad de la Nación y llevadas a cabo por las diferentes agencias del Estado [14] .

Con relación al aumento de las tasas de encarcelamiento, los datos estadísticos oficiales, nos permiten realizar un acercamiento a las formas en que el Estado criminaliza, persigue y encarcela a personas. Para el paradigma de las políticas antidrogas, el número de incautaciones y detenciones tiene una importancia política, donde prima una «lógica de cuantificación» (Pontón y Torres, 2007). Las investigaciones e informes realizados coinciden en los resultados deplorables e ineficaces de las políticas de drogas. La persecución y el encarcelamiento llevado adelante a través de medidas prohibicionistas, no logró disminuir, ni mucho menos resolver, el fenómeno del narcotráfico (Tokatlian, 2017). Es común que muchas personas sean utilizadas como chivos expiatorios y acusadas injustamente por delitos que no cometieron (del Olmo, 1992; Torres Angarita, 2008).

En el caso de la provincia de Santa Fe, la tasa de encarcelamiento por infracción a ley 27.373 pasó de 2,87 detenidxs c/100.000 en 2008 a 16,77 en 2022. Podemos observar en el Gráfico 1 que la evolución de la tasa de encarcelamiento por estos delitos se acelera exponencialmente a partir del año 2015 en nuestra provincia.

Gráfico 1

Elaboración propia. Fuente: SNEEP

Más allá del aumento general que resulta evidente, es necesario problematizar esta tendencia, y observar cómo se comporta con relación al género. Una de las consecuencias que se empiezan a denunciar en diversas investigaciones e informes de organizaciones no gubernamentales a partir de la década del ‘90, es el crecimiento acelerado del encarcelamiento de mujeres en América Latina asociado a las respuestas punitivas de los países de la región a los mercados de drogas ilegalizadas (CELS, 2011; Corda, 2011; Giacomello, 2013; OEA, 2014; 2015; WOLA 2010, 2015, WOLA y otros, 2020; Chaparro y otros, 2017).

En nuestro país los pocos estudios que abordan la vinculación de mujeres con mercados de drogas ilegalizadas analizan el impacto diferencial que puede observarse en las cifras de encarcelamiento femenino (PNN, 2015; CEDD, 2015; PROCUNAR, 2022). Cabe remarcar, que la detención por delitos vinculados a las drogas ilegalizadas es la principal causa de encarcelamiento de mujeres en países latinoamericanos.

En la provincia hay dos unidades penitenciarias destinadas a la detención de mujeres, la Unidad Penitenciaria n°4 en la ciudad de Santa Fe y la Unidad Penitenciaria n°5 en Rosario. Como mencionamos anteriormente, si bien ambas prisiones pertenecen al Sistema Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, ante la falta de prisiones federales en la región se encuentran alojadas allí mujeres cis y también mujeres trans con causas federales.

Consideramos que la forma más adecuada de observar este impacto diferencial de las políticas de drogas en nuestra provincia es a través de la comparación de la composición de la población encarcelada por delitos vinculados a las drogas ilegalizadas. Como observamos en el Gráfico 2, las detenidas por delitos vinculados a las drogas ilegalizadas representan un mayor porcentaje sobre el total de detenidas en cárceles de mujeres que el porcentaje de varones detenidos por el mismo delito sobre el total de varones detenidos en las diferentes unidades penitenciarias de la provincia.

Gráfico 2

Elaboración propia. Fuente: SNEEP

Estos datos permiten poner en diálogo nuestro contexto local con la tesis de que las políticas de drogas tienen impactos diferenciales en el encarcelamiento de hombres y mujeres. Estos impactos también se pueden observar en otros datos, como por ejemplo en el uso de la prisión preventiva. Si observamos el porcentaje de procesadxs por delitos vinculados a la ley 23.737 según género para el año 2022 el porcentaje de mujeres encarceladas sin condena es del 75% mientras que el de varones es de 46%.

Estos datos nos permiten caracterizar el contexto local y enmarcarlo al interior de debates regionales y tendencias sobre los efectos de las políticas de criminalización sobre cuerpos feminizados en toda América Latina. En el próximo apartado, nos centraremos en algunas particularidades y características de la participación de las mujeres en los mercados de drogas ilegalizadas. Principalmente, nos interesa describir cómo son las trayectorias de las mujeres que representan estos números, a través de sus historias de vida.

3. La inserción de las mujeres en los mercados de drogas ilegalizadas

3.1. Según los estudios sobre el tema

Las criminologías feministas realizaron numerosos aportes al estudio de las políticas de criminalización y mercados de drogas ilegalizadas. Como mencionamos anteriormente, las investigaciones que abordan las maneras en que las mujeres se involucran en estos mercados, en general se dividen en trabajos realizados desde las propias voces de las mujeres, por un lado, y en análisis estructurales que indagan en las causas del encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas ilegalizadas por el otro. Entre los principales temas indagados se encuentran, los roles que ocuparon y ocupan las mujeres en dicho mercado, las formas en las cuales ingresaron y la participación que estas tienen en los mismos (Del Olmo, 1988; Giacomello y Ovalle, 2006; Giacomello, 2012; Torres Angarita, 2008). En estas páginas, no podremos hacerle justicia a todos los trabajos que han aportado a la construcción de este campo de conocimiento, pero, para reflexionar y complejizar nuestro análisis, nos interesa realizar un breve recorrido sobre las diversas formas en que ha sido abordada e interpretada la problemática.

En primer lugar, uno de los principales factores señalados como causa del ingreso de las mujeres en los mercados ilegales y su encarcelamiento por delitos de drogas, son las condiciones socioeconómicas de la región, en tanto vidas precarias de las mujeres. Estos trabajos resaltan la dimensión contextual de la participación en el narcotráfico, y sostienen que en periodos de crisis las mujeres se ven obligadas a entrar en el negocio de las drogas ilegales por necesidades económicas a causa del desempleo (Del Olmo, 1988, 1992; Sassen, 2003; Wacquant, 2004; Coba, 2004, 2015).

Por su parte, la mayoría de los estudios realizados por Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos, comparten estos planteos. Señalan que las mujeres encarceladas por delitos vinculados a la venta, el tráfico y consumo de drogas ilegalizadas son madres solteras, cuidadoras; las cuales realizan tareas de bajo nivel en los mercados ilegales, en su mayoría vinculadas al microtráfico. En estos casos, el tráfico aparece como un delito de supervivencia, como un modo de enfrentar la pobreza. Partiendo de las características sociodemográficas de las mujeres que cometen delitos, llegan a conclusiones que vinculan pobreza y participación en el mercado ilegal. (Corda, 2011; Giacomello, 2013; OEA, 2014; 2015; WOLA 2010, 2015, WOLA y otros, 2020; Chaparro y otros, 2017).

En esta misma línea, se han desarrollado una serie de trabajos sobre los roles específicos que asumen las mujeres al interior de esos mercados. En general estos últimos son vinculados con los roles de género que le son asignados a las mujeres socialmente. Diversas autoras (Cooper, 2001; Kalinsky, 2003a, 2003b; Carrillo Hernández, 2012) sostienen que, ante la inseguridad y dependencia económica de la mujer en una sociedad claramente patriarcal, el narcotráfico representa una alternativa laboral. Al igual que lo señalado anteriormente, identifican que el perfil de las traficantes de drogas es de madres solteras que son fuente de ingreso para su familia, o ancianas solas, sin cónyuge y de escasos recursos (Arriagada y Hopenhayn, 2000; Cooper, 2001).

En segundo lugar, un grupo de estudios que parte de las narraciones de las mujeres involucradas identifica como una de las principales causas de vinculación con los mercados de drogas ilegalizadas, a las relaciones afectivas. Especialmente aquellas vinculadas con el rol de madre y esposa y/o pareja. Tal es el caso de Lagarde, que sostiene que «muchas de las presas por delitos a la salud se ligaron a las drogas por ser esposas o amantes de traficantes. Su relación conyugal, filial o maternal con los hombres está en la base de la transgresión» (1990, p. 164). Vinculadas a estas interpretaciones se encuentran los denominados «relatos de inocencia». Estas son las historias de mujeres acusadas de delitos de estupefacientes que llegaron a la cárcel porque fueron engañadas, tanto por vínculos cercanos como por desconocidos, o que han sido injustamente sentenciadas a cumplir una condena en prisión (Torres Angarita, 2008).

Ahora bien, como pudimos advertir en estos casos, los estudios nos señalan que, las mujeres se encuentran determinadas y/o condicionadas a involucrarse en el mercado de drogas ilegalizadas, ya sea por sus condiciones socioeconómicas, por su condición de cuidadoras, esposas o amantes de alguien que está involucrado o por ser «engañadas» por vínculos más cercanos —o no tan cercanos—. Estas interpretaciones resultaron significativas en el debate académico y público. Abordaron el tema desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta los problemas puntuales que atraviesan a las mujeres, identificando y problematizando las diferencias en cuanto al acceso a recursos y oportunidades, y visibilizando los determinantes de sus situaciones en las distintas posiciones de la estructura social. Sin embargo, se limitan a analizar las representaciones sociales asociadas a lo femenino, presentando a las mujeres, en la mayoría de los casos, como víctimas, motivadas por emociones (de amor a sus hijx y/o familias) cohesionadas y obligadas —y por lo tanto con poco lugar para tomar decisiones.

También es importante remarcar que algunas de estas autoras identifican a los beneficios económicos como uno de los principales argumentos que justifican la inserción en el mundo del narcotráfico. En estos casos, las mujeres no aparecen como explotadas y obligadas a transportar drogas mediante la coerción o el engaño. Su participación en el tráfico podría interpretarse como un camino consciente y/o elegido (Barriga y Ortiz, 2015; Córdova, 2007; Giacomello y Ovalle, 2006; Cooper, 2002; Arriagada y Hopenhayn, 2000).

El interesante trabajo de Claudia Castelletti Font (2016) analiza cómo influyen los estereotipos de género en las funciones y roles de las mujeres que participaron en las asociaciones ilícitas de drogas. Destacó que, si bien las mujeres han ido ganando espacios en la empresa criminal, aún existen consideraciones patriarcales que les impiden o dificultan el acceso al poder (Giacomello y Ovalle, 2006, p.40). Según Castelletti Font, la participación femenina en lo criminal ha ido escalando en jerarquía saliendo de las funciones secundarias a las que estaban relegadas. Las narcas han tomado un rol importante en el traslado y venta al menudeo de drogas, participando en las organizaciones de tráfico de drogas asumiendo distintas funciones «activas».

Sin embargo, a pesar de ocupar lugares de poder en la organización, en la mayoría de los casos las mujeres continúan desarrollando roles tradicionalmente femeninos, vinculados a tareas de supervisión, administración, protección, etc. Como lo señala Ingrasci (2008) para el caso de las mujeres en las mafias italianas, no se trata de una emancipación femenina, sino que una «pseudoemancipación», pues se han ido produciendo cambios que, aunque no implican que la mujer haya salido completamente del rol de cuidado en la esfera doméstica, sí les han ido generando espacios de decisión y de empoderamiento. Tal como ocurre en el mundo empresarial lícito, las mujeres en el mundo del crimen organizado también sufren de la existencia de los «techos de cristal». En menor medida, Castelletti Font señala que las mujeres también han ido ganando y asumiendo nuevos roles y funciones ligados históricamente a los varones, incluyendo posiciones de dirección. Sin embargo, la autora reconoce que el ejercicio de estas funciones se hace de un modo diferente, «desde lo femenino», siempre custodiadas y guiadas por varones. Incluso su participación es minimizada o ridiculizada, como cuando parte de la prensa habla de la «mafia rosa» o «jefas mafiosas con faldas» (p.32).

Los aportes de Fraga, Silva y Martins (2017) sobre la participación femenina en los mercados de drogas ilícitas en Brasil nos ayudan a reflexionar y complejizar nuestro análisis sobre el ingreso de las mujeres a estos mercados, sumando otro aspecto importante que son los vínculos que mantienen con las fuerzas de seguridad. En la investigación realizada por dichxs autorxs se observó que en primera instancia hay una inserción voluntaria de las mujeres en los mercados de drogas, que está directamente relacionada con economías de subsistencia, sostenidas por estás mujeres. En estos casos la condición femenina, no explica la entrada a dichos mercados. Pero esta condición si las condena a una mayor desprotección y a un mayor riesgo al encarcelamiento, debido a los pocos recursos que tienen las mujeres para arreglar con las policías. Lxs autorxs concluyen que las mujeres están más expuestas a la forma que se estructura la ilegalidad. En este sentido como sostiene Torres Angarita (2008)

si bien es necesario que desde el feminismo, y las criminologías feministas, se rechacen visiones estereotipadas de la relación entre las mujeres y el delito, por otra parte no se puede obviar que los sistemas de justicia y penitenciarios pueden estar operando bajo visiones estereotipadas de la mujer lo cual otorga significados distintos a su trasgresión (p.24).

Como fuimos desarrollando a lo largo de este apartado, existen formas de pensar la problemática que no centran su análisis en la figura de la mujer hiper victimizada. Más en consonancia con los emergentes de los relatos presentados a continuación y a pesar de que los estereotipos de género las enmarcan en funciones y roles, estas van ganando espacios en un mundo eminentemente masculino. Se trata de una visión menos explorada sobre la cual nos preguntamos si las transformaciones en las explicaciones fueron a partir del desarrollo de un cambió en el discurso de las mujeres, un cambio de las situaciones en la que se encuentran o quizás un cambio en las preguntas y formas de interpretación de lxs investigadorxs.

3.2 Según las entrevistadas

En los relatos de las mujeres entrevistadas a los que pudimos acceder, identificamos una diversidad de factores vinculados al ingreso a los mercados de drogas ilegalizadas. A partir de los cuales pudimos reconocer al menos tres grupos de argumentos —económicos, emocionales y morales—. Estas referencias a las formas de ingreso a dichos mercados presentaban ciertos puntos de contactos con las ideas señaladas en la literatura anteriormente presentada, pero también algunas diferencias que nos resultaron relevantes analizar.

Un primer grupo de argumentos, están asociados a la idea de: «madre proveedora». La categoría «proveedor», se ha asignado históricamente a los varones. Se trata de un elemento que ha dotado a la masculinidad de parte de su carácter hegemónico tradicional, representando al hombre como proveedor principal de su entorno, lo que históricamente ha legitimado su rol (Valdivia Santa Cruz, 2015). Sin embargo, en la mayoría de los casos, las entrevistadas se presentan como las principales proveedoras de sus hogares. Son mujeres que son jefas de familia, que tienen a su cargo a otras personas, incluyendo sus hijas e hijos, madres, padres o familiares de la tercera edad. Son las que se responsabilizan del cuidado de estas personas.

Una parte de las mujeres entrevistadas señalaron que se involucraron y sostuvieron esta actividad principalmente para «proveer a sus hijxs», «por ser el único sostén familiar» o «porque lo necesitaba mi familia». Como bien señala una de las entrevistadas:

[haciendo referencia a una conversación con su marido] (…) le dije que, si se quería ir que se vaya, porque él no me mandó a hacer nada, yo lo que hacía lo hacía porque yo tenía dos hijos grandes y tenía que ayudarlos de alguna manera… (Laura- ex detenida)

Observamos que un grupo de las mujeres entrevistadas señalaron que su ingreso al mercado ilegal está vinculado con la necesidad de asumir el rol de proveedoras, históricamente vinculado a lo masculino. No obstante, identificamos que lo hacen desde un lugar diferente, sin dejar de responsabilizarse por las tareas que tradicionalmente son asociadas a «lo femenino». Es decir, superponiendo tareas de cuidado y tareas laborales.

Por otro lado, las criminologías feministas vienen señalando que las mujeres que están detenidas han cometido un doble desvío: se han desviado de la ley y, al mismo tiempo, de su rol genérico que las asocia a determinadas responsabilidades familiares, especialmente a la crianza de los hijos (Smart, 1977). Motivo por el cual, entienden que las mujeres que cometen delitos son juzgadas y castigadas doble, debido a que corrieron las líneas no solo de lo legal sino también de lo natural.

En esta línea, Pat Carlen (1983), pionera de estos estudios, señala que el tratamiento penitenciario está definido por factores que exceden al hecho concreto por el cual se condena y que se vincula con el discurso dominante respecto al rol de la mujer en la sociedad. Según esta autora,

el encarcelamiento de mujeres es una forma muy específica de control social, diseñada especialmente para el disciplinamiento de las mujeres. La mayoría de las mujeres detenidas no han meramente infringido la ley. Como mujeres, madres y esposas de algún modo se han salido de su lugar (Carlen, 1983, p. 59)

Sin embargo, es posible identificar en los relatos de las mujeres entrevistadas que han violado la ley, que lo hacen adhiriendo o apelando a su condición genérica, en cumplimiento de la normativa social y no en la transgresión de la misma. Como bien señala Natalia Ojeda (2013)

el desvío de su rol genérico, a pesar de ser señalado y castigado, es reencausado en muchos de sus discursos como prueba y justificación de los delitos cometidos: por ser buenas madres y haber dado todo por sus hijos se encuentran en prisión (p.125)

En estos casos podríamos pensar que por asumir su rol de género cometen delitos. En este sentido, pudimos reconocer que las madres proveedoras organizan sus argumentos tanto desde su rol de madres, por el «amor hacia quienes están cuidando», pero también como proveedoras, responsables materiales del cuidado de estas personas.

Encontramos en varios relatos como una de las principales causas de involucramiento, la necesidad de resolver la economía familiar. Por lo cual, resulta imprescindible no negar la relevancia que tiene para el problema del narcotráfico la economía de subsistencia. Maternar se trata también de ser la estructura material, de garantizar el lugar donde vivir, la comida y la ropa, y estas mujeres asumen esa responsabilidad y utilizan lo que les ofrece el mercado ilegal para esto. Sin dejar de lado que también se sienten responsables de la crianza de sus hijxs y de las tareas de cuidado y acompañamiento, de festejar los cumpleaños, de cuidarlos cuando están enfermos, preparar los alimentos y pagar los servicios.

El narcotráfico aparece como una forma de generar dinero sin romper con la lógica tradicional de los roles de la mujer, pues les permite estar en casa, seguir criando a los hijos y en algunos casos, ser buenas esposas (Ortiz y Barriga, 2015).

Un segundo grupo de argumentos está vinculado a relatos en los que pone el énfasis en los beneficios que genera la actividad como justificación del involucramiento en los mercados ilegales. Percibiendo el desarrollo de dicha tarea como una «actividad redituable».

En estos casos, a diferencia de los anteriores, no aparece en un lugar central la maternidad o lxs hijxs sino que prevalecen las ventajas de la participación en el mercado de drogas ilegalizadas. Identificamos en estos relatos una evaluación de la actividad —en torno al tiempo que les lleva el desarrollo de la actividad, el lugar donde se realizan las tareas y las ganancias que obtienen— que resulta más estratégica y ventajosa si se la compara con otras actividades económicas legales a las que podrían acceder.

Podemos observar en el primer caso, como los beneficios económicos obtenidos por la participación en el mercado aparecen ligados a la posibilidad de mejorar la situación habitacional, es decir una necesidad básica, pero también como forma de acceder a cierto tipo de alimentos o artículos de consumo que sería imposible con el salario obtenido en otro tipo de empleo.

En mi casa, no tenía piso, no tenía revoque, me faltaban un montón de cosas y no podía hacer nada porque no llegaba con la plata. Me meto en mal momento (haciendo referencia a la venta de drogas ilegalizadas), porque es cierto que por ahí vos te metes y después cuesta mucho salir. Uno se acostumbra a vivir bien Yo ahora como cualquier cosa, me entendé? Un aceite cualquiera, no me interesa. Antes yo si no era queso Milkaut no lo podía comer porque no me gustaba, si el aceite no era de girasol no lo quería comer. Yo ahora consumo lo que tengo y es lo que puedo, antes tomaba gaseosa, comía comida hecha, era diferente la vida, me había acostumbrado a eso. Si bien yo nunca jamás me metí con ropa, tuve zapatilla de marca pero porque a veces me decía el papá de mi nena que era el que estaba conmigo, ¡comprate unas zapatillas! Porque yo siempre fui igual, siempre me vas a ver así en cualquier lado, a veces por eso me compraba, yo hasta el día de hoy no, pero mis hijos si estaban, el varón es el que mas me pide y me jode y a mi no me alcanza y hago de todo, soy la única que trabaja y no me alcanza… Siempre comimos, no te voy a mentir porque siempre comimos, pero yo vendía droga porque quise arreglar mi casa. (Erica ex-detenida)

En este otro caso, aparece la posibilidad de acceder a la compra de medicamentos sin tener que esperar a su acceso a través del sistema de salud público:

Entrevistadora: -¿Y por qué empezaste?

Entrevistada: -Por necesidad… mi marido no quería, pero bueno agacha la cabeza ..porque la que manda soy yo, pero bueno acá están las consecuencias de que sirvió hacer todo esto para nada porque mirá a lo que llegué, a perder mi libertad. Una vez me quedé sin insulina y me tuve que comprar una me salió 80.000 así que a mi y a mi hija me ayuda… ella se aguantó muchas cosas en la panza, se aguantó un allanamiento. (Mariana —detenida en prisión domiciliaria)

Siguiendo los relatos, esta actividad se trata de un modo de completar ingresos que permiten acceder a diferentes bienes y servicios que con sus ingresos habituales no podrían hacerlo.

A diferencia de gran parte de las teorías sociológicas que «reposan sobre la idea de una identidad particular del delincuente definida por una paulatina exclusión del trabajo legal de su campo de acción» (Kessler, 2004, p. 30); las entrevistadas manifestaron haber contado con experiencias laborales. Estas actividades generalmente se trataban de trabajos precarios en el mercado informal, pero también trabajos formales con bajas remuneraciones. En algunos casos los ingresos provenientes del mercado ilegal permiten a estas mujeres complementar ingresos provenientes de «estrategias legales».

La idea de que las «estrategias legales» y «estrategias ilegales», son entendidas como prácticas complementarias y no excluyentes, fue señalada por Tonkonoff en diversos estudios (1996, 2001, 2007). El autor identificó un «entrelazamiento entre la generación de actividades económicas informales (legales e ilegales) que se vuelven un comportamiento clave en el conjunto de arreglos realizados por los jóvenes del barrio para garantizar su reproducción» (Tonkonoff, 1996, p.158). Asimismo, entre ambos tipos de actividades, los jóvenes (en este caso las mujeres) «complementan» sus ingresos cuando se encuentran trabajando, o viven de las estrategias ilegales en momentos de desocupación (2001, p.181).

El hilo común tanto de la complementación de actividades como de la dedicación exclusiva a la actividad ilegal es que la participación en los mercados ilegales de droga se vuelve más redituable que otras tareas conocidas o posibles realizadas en el mercado legal por estas mujeres:

yo siempre trabajaba en casa de familia, me ganaba la moneda para comer y en una me ofrecen para vender faso. Me dieron muy poco, en un monederito y lo vendí y listo, me gusto. Era mucha la diferencia, tenía que trabajar todo el día para tener 150 pesos y me daban un bagallo de verdura (Gloria —ex detenida).

Al mismo tiempo, como mencionamos en el punto anterior, diversos estudios señalan como factor importante el hecho de que la venta de drogas se hace en el mismo sector de residencia, lo que implica que no tengan que realizar una movilidad continua por la ciudad. Es decir, se trata de una actividad que también permite complementar con trabajo pago a los trabajos no pagos. Las mujeres entrevistadas —madres solteras con personas a cargo— son las responsables de gran parte del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Tareas que restan tiempo y por lo tanto oportunidades para realizar otras actividades.

Los argumentos vinculados al ingreso a los mercados de droga como actividad redituable, dan cuenta de cómo las mujeres justifican su ingreso debido a que resulta una actividad conveniente frente a otros trabajos legales que podrían realizar. Se trata de una actividad que pueden hacer desde su casa, o en todo caso desplazándose poco, y seguir realizando otras tareas, laborales o de cuidado. Sin embargo, es importante destacar que la venta de drogas ilegalizadas en el propio hogar, como algo redituable y principalmente como conveniente, no significa que no haya otros relatos en los que esto genere miedos y dudas. En general, se trata de formas de venta que se encuentran camufladas con otro tipo de negocios, como por ejemplo quioscos o pizzerías.

Por último, hubo algunos casos en los cuales nos señalaron que la relación con el mercado ilegal fue «de rebote» Es decir, de manera indirecta, debido a que alguien cercano a ellas estaba involucradx en la actividad (Carrillo Hernández, 2012). Como en el caso de una entrevistadas que su causa estaba vinculada a la participación en el mercado de drogas de un familiar cercano:

Ahora ella está con arresto domiciliario [haciendo referencia a su hermana], y bueno, un día me dijo «puedo guardar plata en tu casa» y yo le dije que sí. Mira mi pensamiento, de no estar en esa, para mi un delito era tener armas o drogas, la plata es plata y listo, tener la plata de la droga no era un delito para mi. Le dije que si… mi hijo se enojó mucho [cuenta que se hablan y ven a escondidas porque él no quiere que se vea] el la paso muy mal… (Paula —ex detenida).

En estos casos, es posible establecer puntos de contacto y de diferencia con los denominados «relatos de inocencia» (Torres Angarita, 2008). En las investigaciones sobre mujeres y mercados de drogas ilegales, aparecen casos de detenidas que llegaron a la cárcel porque fueron engañadas por vínculos cercanos y que han sido injustamente sentenciadas a cumplir una condena en prisión (Torres Angarita, 2008). De todas maneras, resulta importante destacar que, en los casos abordados, las entrevistadas refieren a decisiones tomadas por ellas, de forma voluntaria. En sus narraciones se presentan conscientes e ingenuas más que inocentes. Entre los argumentos aparecen justificaciones como: «no creer que iba a escalar tanto», «que el hecho podía tener unas repercusiones tan graves», o que «iban a poder hacer alguna pequeña cosa y después retirarse».

Además, a diferencia de otras investigaciones, es interesante dar cuenta que en los casos locales, que la vinculación de las mujeres con el mercado ilegal no siempre estaba asociada con relaciones afectivas con varones —novios, hermanos, hijos, esposos— sino que aparecen algunas mujeres, tales como es el caso del ejemplo citado anteriormente que se trataba de la hermana.

Ahora bien, pudimos observar que, en diferentes grados, pero en todos los casos, las entrevistadas se señalan como protagonistas de la decisión de participar en el mercado de drogas ilegalizadas. Principalmente sus argumentos se vinculan al factor económico, a su condición de proveedoras, a que resulta una actividad que es conveniente frente a otras y que a su vez también que se puede combinar con otros tipos de tareas. Nos distanciamos de esta manera de los trabajos que entienden a las mujeres, sus acciones, roles y funciones en tanto sujetos pasivos [15] .

4. El sistema penal y sus diversas caras

Por último, queremos analizar otro tema recurrente en los relatos de las mujeres entrevistadas: las relaciones que habían tenido con el sistema penal. Los relatos analizados hacen referencia a diferentes —y hasta contradictorias— vinculaciones de las mujeres con «el sistema penal» en general, y en particular con sus representantes o actores, muchas veces mencionados con nombre y apellido. Por un lado, a través de lo que denominaremos «la cara represiva» del sistema penal, la más visible, donde los actores aparecen como representantes «de la ley», son quienes persiguen, criminalizan y encarcelan. Por otro lado, las mujeres hicieron alusión a algunos actores que, al mismo tiempo que aparecen como los «encargados de cumplir la ley», forman parte del «mundo de la ilegalidad». Principalmente nos referimos a aquellos relatos en que las fuerzas de seguridad participan activamente en el mercado de drogas. En ese sentido, las fronteras entre lo legal y lo ilegal son porosas y algunas prácticas combinan herramientas legales con usos ilegales.

En un primer grupo de relatos, diversos actores y agencias del sistema penal, como describimos en los apartados anteriores, intervienen en las vidas de estas mujeres como reflejo de las políticas prohibicionistas, mediante las cuales el estado criminaliza y aplica las normativas sobre ciertas prácticas y personas. En estos testimonios, las vinculaciones con los diferentes actores estaban referidas al momento de la detención, juzgamiento y encarcelamiento, y en general las mujeres hacían referencia a intervenciones que tienden a ser desproporcionadas.

Las entrevistadas consideraron que sus penas fueron demasiado altas en relación con otros delitos, que se podrían considerar de mayor dañosidad social (la mayoría de ellas son arrestadas por delitos menores y no violentos). Además, cuando son reincidentes, lo cual es bastante común dadas las características de estos mercados [16] , la ley impide que puedan beneficiarse de alternativas al encarcelamiento o a penas anticipadas. Como señalaba una de ellas:

Te doy un ejemplo, yo vendo droga pero soy una pichincho [17] , a media cuadra lo tenés al Negro que toda la vida, toda la familia, vendió drogas, que tienen mansiones, tienen camionetas, tienen todo. A él le dieron 4 años. Yo caí con T., el jefe de la policía, a él le dieron 5 años, encima lo largan con el beneficio de la duda, me estás cargando, duda de que? Que duda si él es el que le vende droga a todo Santa Fe, cual es la duda? No entiendo. (Erica —ex detenida)

El caso de Erica, es ilustrativo de muchos otros casos de mujeres que al ser reincidentes tienen que cumplir una pena efectiva, sin acceso a la prisión domiciliaria, aún siendo madre de cinco hijxs. Además, fue trasladada a la mitad de su condena a una cárcel de Buenos Aires del Servicio Penitenciario Federal:

Por eso me enoje tanto con el juez, si bien todo lo que había hecho estaba mal, veía que a otras personas le daban la oportunidad, volvían a perder, perdían y los hijos tenían con quién quedarse. Pero a mí el juez nunca me dio una oportunidad, ¿por qué? Porque supuestamente yo al tener un estudio podría haber hecho cualquier cosa, trabajar de cualquier cosa y no vender droga. Pero como le expliqué al juez, yo podría haber hecho eso, a ver, yo podría haber trabajado de reemplazante, trabajaba el mes entero, hacer reemplazo en 3 escuelas… y eso me alcanza para pagar 15 días el almacén, los otros 15 tengo que sacar fiado. (Erica —ex detenida)

Las mujeres dan cuenta de este «doble castigo», al señalar que la pena se puede ver agravada por otros “castigos” que se suman a la privación de la libertad, y que afectan en mayor medida a las mujeres madres. Por ejemplo, una de las entrevistadas hizo referencia a los traslados a otras unidades penitenciarias y las diferencias que se establecen entre presas provinciales y federales:

(…) las presas federales cuando están en una cárcel provincial tienen que portarse bien, porque vos sabes que estás de prestado, donde vos te la mandaste vos sabés que tenés el traslado en puerta y ninguna se quiere ir tan lejos. Ponele que vos sos presa de Santa fe y te vas a Rosario, ya de por si es lejos y si tu familia no tiene cómo ir a verte o para pagar un pasaje los fines de semana capaz que los ves una vez al año. Y si a Rosario no iban, imagínate a la Pampa o Ezeiza. (Paula —ex detenida)

Otro de los aspectos al cual las mujeres hicieron referencia fue el de las relaciones extorsivas que ejercían ciertos actores de la justicia penal, que las llevaron a sentirse forzadas a aceptar juicios abreviados. En el caso de Paula, se vio obligada a aceptar un procedimiento abreviado a pesar de reconocer que no estaba involucrada en la causa por la que se la imputaba:

Dos días antes del juicio, me llamó el abogado para decirme que ofrecían abreviado «y dale con el abreviado digo yo». Esa es otra, tendría que haber un abreviado particular, para cada uno, si yo no aceptaba el abreviado los otros [8 imputados en la misma causa] tenían que ir a juicio. Por más que aceptaran, si yo no acepto los cago, y en lugar de darle 5 años le van a dar 10. Te ofrecen 2 años, pero voy dos años y 8 meses. Bueno, vas a tener que ir el día del juicio y ya te vas a tu casa ¿y los 8 meses que tengo arriba? ¿Quién me los devuelve? ¿Quién me los paga? Bueno, tampoco podés hacer tanto quilombo. (Paula —ex detenida)

Como señala la entrevistada, muchas veces en este tipo de causas vinculadas a los mercados ilegales se detienen a varias personas, que en general son familiares o personas cercanas que no están involucradas directamente. En estos procesos es común que algunas personas sean obligadas a aceptar «delitos» que no cometieron:

Igual lo que pasaba era que el abreviado implica que yo me haga cargo de algo que no hice. La carátula me la bajaron, creo que termine siendo partícipe secundario, pero eso demora, a medida que van teniendo información de las escuchas y eso, fue bajando. En mi teléfono todo lo que encontrás son cosas de animales, no encontraron más nada, porque yo ni con mi hermana hablaba por teléfono (Paula —ex detenida)

En este grupo de relatos el sistema penal aparece como el que aplica la ley, pero mayormente como el que aplica el castigo. Las mujeres, en la mayoría de los casos, reconocen la realización de una actividad que es ilegal, pero a la vez denuncian que son perjudicadas por un sistema que en nombre de la ley solo ejerce formas excesivas de castigo, y que es selectivo castigando a algunos y «perdonando» a otros.

Paradojalmente a la cara represiva del Estado, se contraponen las dinámicas de ciertos agentes del sistema penal, que aparecen en los relatos de nuestras entrevistadas como «socios del mercado ilegal». Diferentes investigaciones locales han analizado las formas en que las fuerzas policiales, de diversas jerarquías y funciones, responsables de la seguridad, orden y justicia, son reconocidos a la vez cómo frecuentes partícipes y reguladores de mercados de drogas ilegalizadas. (Sain 2015; Auyero y Sobering, 2021; Flom, 2022, Cozzi 2022)

En el caso de nuestras entrevistadas, hicieron referencia, en reiteradas ocasiones, a los vínculos extorsivos que tienen con las fuerzas de seguridad. Aparecen al menos dos formas en que se relacionaban con las fuerzas de seguridad ligadas a su participación en los mercados ilegales de drogas y evitar el encarcelamiento. La primera era «arreglar con la policía», es decir pagar sobornos para vender sin ser molestadas y la segunda «trabajar para la policía» refiere a convertirse en vendedoras de la misma policía [18] .

En relación con «los arreglos» en general: son forzados por los agentes policiales y suelen funcionar «bajo amenaza de violencia física y/o moral, poniendo en juego como objeto de la negociación (y como castigo si no se aviene al acuerdo) la aplicación de la ley». (Pita, 2012, p.18) Como estudia Cozzi para el caso de Rosario, «la ley se aplicaría en caso de no avenirse al arreglo, que podía implicar un permiso y protección a cambio de un pago» (Pita, Gómez y Skliar, 2017; Cozzi, 2022).

En general las mujeres entrevistadas hacían referencias a los «arreglos» cuando ciertos actores de la institución policial eran reconocidos como los encargados de cobrar un determinado monto de dinero:

A mí me venía a cobrar el Negro S. y ese chupa cu.. ahí de P. El tipo cuando me ve allá [estando detenida], el jefe de investigación y el de drogas peligrosas, imagínate… yo trabajaba con un vigilante que no lo nombro porque el tipo me cobraba, pero era siempre buena onda el tipo ese. El T. [ex jefe de policía] cuando me bajan en el juzgado me dice «no te quiero ver nunca más por acá», me dice, «mientras yo sea jefe de investigación vos no vendés droga nunca más acá en Santa Fe». ¿Por qué? Porque dejé de pagarles un 15 y el 29 me hicieron el allanamiento. «Mientras vos seas el jefe de drogas, yo nunca mas te doy un peso» El tipo me cerró la puerta y sabes a donde me quería mandar. (Erica —ex detenida)

En este relato, a pesar de que la entrevistada reconoce su participación y sus arreglos con las fuerzas de seguridad, su malestar al hecho que las mismas personas que la detienen son las que «arreglaban» con ella. Recuperando a Gamson (1992), la consideración de un acto como injusto refiere a una interpretación de la situación que implica la presencia de una indignación con respecto a los actos y condiciones que producen la situación de sufrimiento que se quiere hacer desaparecer. Este componente emocional, se incrementa en la medida en que se reconoce y se personaliza el agente causal que produce la situación. En los diferentes casos de las mujeres entrevistadas, esto se agrava cuando los mismos que castigan son a la vez los que participan del mercado.

En el caso de «trabajar para la policía», otra entrevistada manifestó que había vendido en algunas ocasiones anteriores a la detención, pero en el momento que fue detenida ya no se encontraba participando del mercado, salvo ventas muy menores. En su relato, cuenta cómo luego de ser detenida, la policía le ofrece «vender para ellos»:

Entrevistadora: —¿Habías empezado a vender en tu casa?

Entrevistada: —Sí, en mi casa… pero te digo que habré vendido 2 o 3 veces un par de fasos, después ya me asusté y no quise saber más nada, pasa que te entregan. Me hacen allanamiento un día un tipo que quería que yo venda, pero para él, entendés? Entonces me allana y no tenía nada, te juro que no tenía nada de nada (...) Llevan a los testigos, revisan la ropa y encuentran dos frasquitos, esos de foto, con 12 bochitas cada uno, esa es toda la droga que me encuentran, no había cortes [testigos] no había plata, que se yo , todo lo que hay en un allanamiento, no había nada, solo eso. Eso no es mío! De ahí me llevan a drogas [refiriéndose a Drogas Peligrosas] Me lleva el tipo [haciendo referencia a un polícia] «¿Che que vamos a hacer? ¿Cómo podemos arreglar eso» Yo no quería saber nada. Tenían cortes decían, —corte es gente que salía de mi casa, que fueron a comprar a mi casa— No puede ser les decía yo! A mi me tenían agachada y esposada, cuando miro la pierna le reconozco el tatuaje a mi hermano, el pelotudo no les decía que era mi hermano porque había ido a comprar faso a las casitas y lo enganchan con faso y pensaba que me iba a embarrar y el otro era mi cuñado y ahí yo estaba confiada. El tipo me dice: «¿Cómo podemos hacer para arreglar acá? ¿Querés irte a la calle? Bueno… Yo te doy la mercadería, vos vendes para mí y una teca para vos». No yo no, yo no voy a vender para la policía, no quería saber nada, hasta lo último, hasta la noche me tuvieron ahí en drogas y me dice el tipo: «Y pensaste lo que vamos a hacer?» Nada le digo yo! No vamos a hacer nada, me arrepentí toda la vida de haberle dicho que no, le hubiera dicho que si, me hubiera ido como hicieron varias. (Gloria —ex detenida)

La misma entrevistada agrega en otra parte de la entrevista:

Yo pensé que iba a salir, porque en realidad a mí me embagayaron, y viste como trabaja la policía, yo me di cuenta estando adentro del penal, yo era re inocente, pensé que un juez me iba a creer a mí. Te digo que habré vendido 2 o 3 veces un par de fasos, después ya me asusté y no quise saber más nada, pasa que te entregan. Me hacen allanamiento un día, un tipo que quería que yo venda, pero para él, ¿entendés? Entonces me allana y no tenía nada, te juro que no tenía nada de nada. (Gloria —ex detenida)

Como pudimos observar en el relato anterior, además de forzar «arreglos» para poder vender sin ser perseguidas los agentes de las fuerzas policiales extorsionaban a las mujeres para que vendan para ellos a cambio de su libertad. Esta práctica, que se repetía en varios relatos, es bastante utilizada por las fuerzas de seguridad. En busca de regular el mercado y sus participantes, los policías recurren al «armado de causas[19]»:

Entrevistadora: —¿Qué te encontraron acá?

Entrevistada: —No, no, pero te digo la verdad no me encontraron nada, me metieron un cuarto, yo no tenía nada. Lo que pasa que acá hay mucha gente que viene y que va, somos 17, entonces siempre hay mucha gente, sobrinos, hermanos, y nos engancharon a los que estábamos acá, a los que le hacían el seguimiento debe haber sido a ellos [el hermano y la cuñada]. No me engancharon con nada nadá pero me metieron un cuarto [haciendo referencia a la droga plantada por agentes policiales]). (Gabriela —detenida en prisión domiciliaria)

La dinámica que se denominada «embagayar», implicaba que en el momento del allanamiento las fuerzas de seguridad «plantaban» droga para justificar la detención. Esto se utilizaba como represalia por no aceptar «trabajar para la policía» o como forma de «eliminar a los participantes más débiles» y de proteger a los traficantes «más grandes» y «más poderosos»:

Entrevistadora: —Quería preguntarte sobre tu vínculo con la policía, ¿cambió después de estar detenida?

Entrevistada: —A no, gracias a dios no me… A los que me molestaban a mí por las drogas, a la mayoría los metieron presos (…) Le pagaban [haciendo referencia a los policías] para meter a la gente presa. Capaz que vos no andas en nada y le decían anda a molestar a aquella, entonces los grandes siguen. Le pagan, quizás es gente que se la está rebuscando, vendiendo 10 bolsitas de fasos, no es para hacerte millonaria. Los grandes les pagan a los milicos para que te metan preso. Mucho en la tele pasan: que venden droga. …y alguien tiene que caer. Para que eso se aplaste… Alguien tiene que caer, ¿y quien cae? Los perejiles! (Gloria —ex detenida)

Las formas en que los agentes de diferentes dependencias estatales se vinculan con los mercados ilegales es un tema recurrente en las entrevistas. Estas formas heterogéneas y hasta contradictorias en que las mujeres se relacionan con el sistema penal, por un lado, como socios del mercado ilegal y por otro lado, como los que hacen cumplir la ley, son representativas de lo que algunos autores llaman Estado ambivalente (Auyero y Sobering, 2021). En los relatos pudimos ver que son las diferentes agencias del sistema penal, las que generan las condiciones de posibilidad para que el mercado ilegal funcione, como también los responsables del aumento de las detenciones y de la tasa de encarcelamiento.

5. Reflexiones finales e interrogantes para seguir indagando

En un contexto de «Guerra contra las drogas» donde se profundiza la criminalización y las tasas de encarcelamiento son cada vez más altas, este estudio pretende ser un aporte para análisis de las particularidades que presenta la provincia de Santa Fe respecto al encarcelamiento de mujeres. En diálogo con los debates regionales y tendencias sobre los efectos de las políticas de criminalización sobre cuerpos feminizados en toda América Latina nos propusimos abordar la temática desde las experiencias de mujeres que participaron en el mercado de drogas ilegalizadas.

En primer lugar y en relación con la literatura existente, en nuestro abordaje pudimos observar que las formas de involucramiento de las mujeres (cis) en el mercado de drogas ilegalizadas no siempre se puede asociar a la idea de «víctimas». En las narrativas de las mujeres que entrevistamos, el ingreso y la participación a estas actividades se vincula con una estrategia principalmente económica para garantizar el cuidado de sus familias, más rentable y conveniente que otras, y que a su vez se puede combinar con otros tipos de tareas. Mientras que una parte de la literatura explica la vinculación de las mujeres a dichos mercados a partir de la relación con sus esposos, padres, familiares o vínculos cercanos, en los relatos de las mujeres que entrevistamos, a pesar de que los estereotipos de género las enmarcan en funciones y roles, las entrevistadas se señalan como protagonistas de la decisión de participar en el mercado de drogas ilegalizadas. Sus acciones, roles y funciones nos muestran que, en estos casos, no se tratan de sujetos pasivos.

En segundo lugar, analizamos las dinámicas que se producían una vez que ingresaron en el mercado ilegal de drogas, principalmente las vinculaciones con diferentes agentes del sistema penal. Estos vínculos complejos y ambivalentes presentan, por un lado, el castigo desproporcionado y mal gestionado, que trae aparejado la deslegitimación a la autoridad y la legalidad del sistema penal. Y por otro, la participación de ciertos actores principalmente de las fuerzas de seguridad en este «mundo de ilegalidad». A diferencia de las mujeres, estos actores tienen la posibilidad de aplicar o no la ley, de hacer o no la vista gorda, pero principalmente de anular participantes con menor capacidad de negociación. Lo que termina triunfando es «el mejor postor» y, en general, las mujeres quedan atrapadas en un continuum del cual es difícil salir, donde las miradas críticas sobre la posibilidad de agencia son más difíciles de sostener.

Por este motivo, los aportes que realizamos desde las propias voces de las mujeres involucradas y su construcción de agencia, no nos impiden reflexionar que cuando la política criminal no hace distinciones adecuadas, y detiene y encarcela a cada vez más personas, y lo que es aún peor, produce numerosas vulneraciones a los derechos de quienes tienen menos recursos, sin que esto tenga un impacto significativo en los mercados de drogas ilegalizadas; las mujeres terminan siendo víctimas de procesos judiciales irregulares que terminan por convertirlas en chivos expiatorios para cumplir con cuotas de encarcelamiento acordadas según los compromisos que tiene la provincia frente a la «lucha contra las drogas».

Referencias bibliográficas

Arriagada, I., & Hopenhayn, M. (2000). Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina. Cepal.

Auyero, J., & Sobering, K. (2021). Entre narcos y policías: Las relaciones clandestinas entre el Estado y el delito, y su impacto violento en la vida de las personas. Siglo XXI Editores.

Boiteux, L., & Padua, J. P. (2012). La desproporción de la Ley de Drogas: Los costes humanos y económicos de la actual política en Brasil. En C. P. Correa (Coord.), Justicia desmedida: Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina (pp. 71-110). Fontamara.

Boiteux, L. (2015). El antimodelo brasileño: Prohibicionismo, encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de drogas. Nueva Sociedad, (255), 132.

Bosio, M. (2023). Vidas aisladas: La experiencia de mujeres en prisión domiciliaria y el cuidado de sus hijxs [Tesina de grado, Licenciatura en Trabajo Social, Universidad Nacional del Litoral].

Carlen, P. (1983). Women's imprisonment: A study in social control. Routledge Kegan & Paul.

Carrillo Hernández, E. (2012). ¿Vinculadas al narco?: Mujeres presas por delitos contra la salud. Desacatos, (38), 61-72.

Castelletti Font, C. (2016). Las asociaciones ilícitas de drogas: Empresa, familia y relaciones de género [Tesis de Magíster, Universidad de Chile].

CELS, Ministerio Público de la Defensa de la Nación, Procuración Penitenciaria de la Nación. (2011). Mujeres en prisión: Los alcances del castigo. Siglo Veintiuno Editores.

CELS. (2016). El problema de las causas armadas por la policía y el poder judicial. A propósito del Caso Carrera. https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/07/Causas_armadas.pdf

Chaparro, S., Pérez-Correa, C., & Youngers, C. (2017). Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina. Colectivo de estudios de drogas y derecho informe regional.

Coba Mejia, L. (2004). Motín y amores en la cárcel de El Inca [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar].

Coba Mejia, L. (2015). Sitiadas: La criminalización de las pobres en Ecuador durante el neoliberalismo. FLACSO-Ecuador.

Corda, A. (2011). Encarcelamiento por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina. Intercambios Asociación Civil, Universidad de Buenos Aires.

Corda, A. (2016). La estrategia fallida. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina (ed. revisada). Intercambios Asociación Civil/Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.

Cooper, D. (2002). Criminología y delincuencia femenina en Chile. Lom Ediciones.

Cozzi, E. (2021). Soldaditos: Disputas de sentidos en torno a la participación de jóvenes de sectores populares en el mercado de drogas ilegalizadas en la ciudad de Rosario. Revista Nº 16, Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientes.

Cozzi, E. (2022). De ladrones a narcos: Violencias, delitos y búsquedas de reconocimiento. Teseo.

Del Olmo, R. (1988). Droga y criminalización de la mujer. Revista Nueva Sociedad, 93, 156-167.

Del Olmo, R. (1992). ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas en América Latina. Ed. Nueva Sociedad.

Fernandez Poncela, A. M. (2002). Estereotipos y roles de género en el refranero popular: Charlatanas, mentirosas, malvadas y peligrosas: Proveedores, maltratadores, machos y cornudos (Vol. 46). Anthropos Editorial.

Flom, H. (2022). The informal regulation of criminal markets in Latin America. Cambridge University Press.

Fraga, P. C. P., Silva, J. K. D. N., & Martins, R. D. S. (2017). Mujeres y criminalidad: Un estudio sobre la participación de las mujeres en el cultivo de cannabis en el Vale do São Francisco, Brasil. Estudios sociológicos, 35(105), 547-570.

Garzón, J. C., & Pol, L. (2015). El elefante en la habitación: Drogas y derechos humanos en América Latina. Revista Sur• v, 12(21).

Gamson, W. (1992). Talking Politics. Cambridge University Press.

Giacomello, C. (2012). Formas de participación y modos de involucramiento de las mujeres en el tráfico internacional de estupefacientes. Estudios Latinoamericanos, (29), 85-114.

Giacomello, C. (2013). Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina [documento informativo]. IDPC.

Giacomello, C., & Ovalle, L. P. (2006). La mujer en el "narcomundo". Construcciones tradicionales y alternativas del sujeto femenino. La ventana. Revista de estudios de género, 3(24), 297-319.

Ingrasci, O. (2008). Mujeres de honor: El papel de la mujer en la mafia. 451 editores.

Kalinsky, B. (2003a). Connotaciones diferenciales en la asunción del delito y formas específicas de la estadía carcelaria en hombres y mujeres. Nómades, (10).

Kalinsky, B. (2003b). Las cárceles como objeto de estudio de la Antropología. Un estudio de Caso. Revista Internacional de Ciencias Sociales, UNESCO, (178).

Kessler, G. (2004). Sociología del delito amateur. Paidós.

Malacalza, L. (2018). “Narcotravestis”, proceso creciente de criminalización de mujeres trans y travestis. En B. Radi, & M. M. Pecheny (Coords.), Travestis, mujeres transexuales y tribunales: Hacer justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jusbaires.

Organización de Estados Americanos (OEA). (2014). Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción. Comisión interamericana de mujeres.

Organización de los Estados Americanos (OEA), Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), & Comisión Interamericana para el Control del Abuso De Drogas (CICAD). (2015). Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas. Comisión Interamericana para el Control del Abuso De Drogas.

Pita, M. V. (2012). Mitologías porteñas en torno al poder policial: Policía, contravenciones y gestión de ilegalismos en la ciudad de Buenos Aires.

Pita, M. V., Pacecca, M. I., Gómez, J. S., Skliar, M., Belcic, S., Canelo, B. A., & Ciancaglini, F. (2017). Territorios de control policial: Gestión de ilegalismos en la Ciudad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Pontón, J., & Torres, A. (2007). Cárceles del Ecuador: Los efectos de la criminalización por drogas. URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, (1), 55-73.

Procuración Penitenciaria de la Nación. (2019). La situación de los derechos humanos en las cárceles federales de la Argentina. Informe Anual.

Sain, M. (2015). La regulación del narcotráfico en la Provincia de Buenos Aires. Editorial de la UMET.

Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos fronterizos. Traficante de sueños.

Smart, C. (1977). Women, crime and criminology. A Feminist Critique. Routledge and Kegan Paul.

Tokatlian, J. G. (2017). Qué hacer con las drogas. Siglo XXI Editores.

Tonkonoff, S. (1996). Desviación, diversidad e ilegalismos. Comportamientos juveniles en el Gran Buenos Aires. Delito Y Sociedad, 1(11/12), 139-168

Tonkonoff, S. (2001). “Meter caño. Jóvenes populares urbanos: entre la exclusión y el delito”. Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, (15/16), 171-182.

Tonkonoff, S. (2007). Tres movimientos para explicar por qué los pibes chorros visten ropa deportiva. En La Sociología Ahora (pp. 151-164). Siglo XXI.

Torres Angarita, A. (2008). Drogas, cárcel y género en Ecuador: La experiencia de mujeres mulas. FLACSO Ecuador.

Valdivia Santa Cruz, S. (2015). Mamá, ¿ya estás viniendo? Varones y mujeres proveedores de recursos y cuidados. Debates En Sociología, (40), 5-30.

Wacquant, L. (2004). Las cárceles de la miseria. Manantial.

WOLA (2010). Systems Overload: Drug laws and prisons in Latin America.

WOLA (2020). Mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas en América Latina: Lo que los números evidencian.

WOLA, IDCP, DE JUSTICIA, CIM, OEA. (2015). Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe.

Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). https://www2.jus.gov.ar/dnpc/ sneep.html . Última fecha consultada: Marzo 2024

Procuraduría de narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación. https://pes.mpf.gov.ar/. Última fecha consultada: Marzo 2024

Notas

[1] Una orden dispuesta por la Dirección General del régimen correccional del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe.

[2] Hasta diciembre de 2023 en Santa Fe los delitos de drogas eran delitos federales. Debido a la falta de prisiones de esta jurisdicción, una gran parte de lxs detenidxs por delitos federales son alojadxs en prisiones provinciales. Estos traslados reflejan una puja política presupuestaria por el cobro de las sumas que la Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la justicia federal.

[3] Investigación en curso en el marco de la Maestría en Criminología de la UNL.

[4] Los datos que se tienen en cuenta en la investigación son hasta el 2019, ya que es el periodo en el que se enmarca el trabajo. Si observamos los datos del 2022, en Argentina el total de varones cis detenidos representa el 11% del total y el de mujeres cis el 35%.

[5] Investigación en curso en el marco de la Maestría en Criminología de la UNL.

[6] Los casos abordados en el análisis son de mujeres cis. Para el caso de mujeres trans, hay otras particularidades que merecen ser analizadas en su especificidad. Por ejemplo, Laurana Malacalza (2018), observa que el creciente uso de figuras penales de tenencia simple de estupefacientes o tenencia de estupefacientes con fines de comercialización actúa como un mecanismo de hostigamiento, disciplinamiento y estigmatización de personas trans, proveyendo de nuevos sentidos a los discursos sociales que las criminalizan.

[7] Entrevistas que se realizaron originalmente en el año 2022 para la tesis de Maestría de Guillermina Barukel.

[8] Entrevistas realizadas por Melisa Bosio (2023) para su tesina de final de carrera, dirigida por Carolina D’Amelio, a mujeres que se encontraban con arresto domiciliario.

[9] Cinco entrevistadas tenían al momento de las entrevistas entre 40 y 60 años y estuvieron detenidas entre los 30 y 37 años. Las tres restantes se encontraban procesadas con prisión domiciliaria al momento de la entrevista, y tenían entre 28 y 37 años. Resulta interesante señalar como complemento de la información sobre las entrevistadas, que, en algunos casos, se encontraban más involucradas con el mercado de drogas —u ocupando lugares más relevantes siguiendo sus relatos—. Ya que señalaron que vendían en sus casas, grandes cantidades y fue durante un largo periodo de tiempo—. Por tanto, fueron las que tuvieron penas más altas (en dos de estos casos era su segunda detención —primero arresto domiciliario y después privadas de su libertad en una unidad penitenciaria). Mientras que otras relataron un involucramiento más lateral, menos comprometido —condenas bajas.

[10] Se establece allí la posibilidad para las provincias de asumir la competencia en el ámbito de la criminalidad de menor envergadura en materia de delitos de drogas, desde la denominada comercialización al menudeo hasta la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Hasta el momento se han adherido las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa y Jujuy. En el caso de la provincia de Santa Fe la competencia continúa en manos de la justicia federal.

[11] Nos referimos al llamado Triple Crimen de Villa Moreno donde tres jóvenes son asesinados el primero de enero de 2012 «por error». Este caso se asoció directamente a «ajustes de cuenta» entre personas vinculadas al narcotráfico. El hecho de que los jóvenes fueran militantes sociales generó una escalada de la causa a nivel nacional, y el apoyo de numerosas organizaciones sociales y políticas donde el «problema del narcotráfico» aparece como central.

[12] Nos referimos al caso del ex jefe de policía y ex titular de la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones, Hugo Tognoli, denunciado públicamente en un diario de tirada nacional por supuestas vinculaciones con personas que eran partícipes de los mercados locales de drogas ilegalizadas.

[13] Como consecuencia de esta reforma se produjo un incremento de la actividad de aplicación de la Ley 23.737 sobre los pequeños actores del tráfico y los usuarios de estupefacientes. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se registró un aumento de las causas por delitos de drogas: de 2.500 en 2005 se pasó a 7.484 en 2008 (Corda, 2016).

[14] En la provincia de Santa Fe este «cambio de paradigma» se vio materializado en la presencia de fuerzas de seguridad federales en diferentes barrios principalmente de la ciudad de Rosario y la ciudad capital. Estas intervenciones y megaoperativos que ya se venían desarrollando desde la gestión de Sergio Berni como secretario de seguridad de la Nación, se formalizan, en este nuevo contexto, a través de un acuerdo de cooperación entre el ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich y el gobernador Miguel Lifschitz.

[15] Resultaría interesante indagar sobre las diferencias con el ingreso de los varones. Es posible pensar que sus ingresos no responden a las mismas problemáticas, y que las formas de participación de varones y mujeres en nuestros contextos son diferentes y presentan características propias de cada género. Diversos estudios han señalado que la participación en los mercados de drogas ilegalizadas resulta una actividad más redituable que otras para jóvenes de sectores populares, tanto en términos económicos como en términos simbólicos (Cozzi, 2021).

[16] Coba (2015) hace referencia al continum cárcel-calle el cual atraviesan las mujeres que se involucran en los mercados de drogas en Ecuador. Según la autora, «frecuentemente, las mujeres al borde del desamparo reinciden en su regreso a prisión, reinscriben sus pasados, cumplen las expectativas del Estado acusador, no les queda más» (p.183). Este círculo vicioso parece reflejar también la situación de las mujeres que participan en los mercados locales, ya sea por los beneficios económicos que trae y la falta de otras oportunidades o porque se encuentran obligadas a volver al mismo barrio donde antes vendían, es común que vuelvan ser encarceladas por causas vinculadas a las drogas ilegalizadas.

[17] La palabra «pichincho» refiere a algo irrelevante, sin importancia. En esta ocasión se trata de una persona con muy poca relevancia.

[18] Cozzi (2022) en su trabajo sobre tres generaciones de varones y las transformaciones en el mundo del delito en la ciudad de Rosario, analiza cómo a lo largo del tiempo estas palabras «arreglar» y «trabajar» adquieren diferentes significados vinculados a las transformaciones en los códigos propios del «ambiente».

[19] Nos referimos a las causas penales en las que «la policía inventa un delito o le atribuye un delito a una persona que no participó en el hecho. En muchos casos se manipulan o fraguan pruebas» (CELS, 2016, p.2).