1. Introducción. La violencia en el fútbol y la seguridad deportiva en Argentina

1.1 La violencia en el fútbol como problema público

Desde la vuelta de la democracia en 1983, la violencia en el fútbol constituye en Argentina un fenómeno que indudable y crecientemente es objeto de la intervención estatal. Hasta el fin de la última dictadura militar, la violencia que tenía lugar alrededor del fútbol fue interpretada por la prensa y leída por los actores de gobierno preponderantemente como sucesos ocasionales, producto de la fatalidad, de lo accidental o de la acción aislada de algún simpatizante «enceguecido por la pasión» (Szlifman, 2010). En consonancia con esa lectura, hasta la década de 1980 los hechos de violencia en los estadios eran castigados a partir del Código Penal, y no existían legislaciones específicas sobre el fútbol. El abordaje estatal del problema de la violencia en el fútbol cambiará a partir del retorno de la democracia, y se cristalizará en 1985 con la sanción de la Ley 23.184, primera legislación específica sobre la regulación de las prácticas de los asistentes a los estadios.

Administrado hasta fines de los años 1990 por las áreas estatales de deportes, el problema de la violencia en el fútbol pasa a ser gestionado por las áreas de Seguridad (primero la Secretaría de Seguridad Interior y luego el Ministerio de Seguridad) con el Decreto 1466 sancionado por el gobierno de Menem en 1997. Este tránsito implica que la violencia en el fútbol pasa a ser leída por el Estado como un subcampo del campo general de la seguridad (Murzi, 2022). A partir de pensar a la violencia en el fútbol como un problema de «inseguridad» lo que aparece, siguiendo a Kessler (2008), es un reclamo implícito de la sociedad civil hacia el Estado en relación con los umbrales de riesgo que son aceptables.

A partir de allí, los movimientos de autonomía y heteronomía entre el campo de la seguridad deportiva y el de la seguridad/inseguridad general van a fluctuar según los momentos políticos y la voluntad de los actores de gobierno, aunque los sucesos propios del mundo del fútbol (las rivalidades, las cuestiones simbólicas) han impuesto muy seguido la necesidad de configuraciones particulares para la gestión de la seguridad deportiva, que la alejan de la etiqueta de mero subcampo del campo de la seguridad/inseguridad.

En la actualidad existe un considerable número de leyes, normas y reglamentaciones oficiales para regular la acción de las personas que concurren a los estadios. Existen agencias de seguridad deportiva en todas las jurisdicciones dedicadas a controlar y neutralizar la eventual violencia en el fútbol. Existen expertos que acumulan saberes sobre cómo gestionar al público. Existen programas, campañas y acciones desde los distintos niveles estatales, y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA sus siglas de aquí en más) destinadas a prevenir la violencia en las canchas. Existe también una percepción generalizada entre la sociedad de que los incidentes en los estadios constituyen un problema social que debe ser afrontado por el Estado. Estos y otros motivos nos permiten afirmar que la violencia en el fútbol constituye en Argentina un problema público (Murzi, 2021).

En el centro del problema se halla la figura de las barras bravas, grupos de hinchas militantes presentes en las tribunas de todos los clubes argentinos, cuyas características principales son tres: la fiesta, la violencia y los negocios (Garriga, 2022). En los años 80’ las barras se establecieron como un actor central del fútbol argentino, y de allí en adelante su perfil —y las interpretaciones que los discursos mediáticos y estatales hacen de ellas — irá mutando. La irracionalidad y la criminalidad son los dos elementos que van a primar en la caracterización de las barras hasta fines de la década de 2000, cuando se incorpora también la dimensión mercantil e instrumental. A caballo de este perfil, las barras bravas van a ingresar en el catálogo de «nuevos enemigos sociales» (Reguillo, 2000) que se teje alrededor de la irrupción de la «inseguridad» como problema central de las agendas sociales y políticas. En los últimos años, numerosos trabajos académicos problematizaron las prácticas de los hinchas de fútbol en la Argentina, abordando tanto el sentido que éstos le otorgan a la violencia (Garriga, 2007, Cabrera, 2023) como las relaciones de intercambio que mantienen con actores dominantes (D’Angelo, 2012) o la construcción de procesos identitarios que se juegan al interior de las hinchadas (Gil, 2007).

La participación creciente de las barras bravas en economías informales, ilegales y criminales, la notoria visibilidad mediática del problema y las demandas de la sociedad civil en relación con la violencia en el fútbol a lo largo de los últimos 20 años fueron generando respuestas estatales que corrieron en paralelo al modelo dominante de control social (Seghezzo y otros, 2016). Por un lado, fueron esencialmente represivas y punitivas, reflejo de lo que Garland (2005) denomina «populismo punitivo», que consiste en medidas rápidas y de impacto mediático que los actores políticos toman frente a los picos de visibilidad del problema de la inseguridad (Rodríguez Alzueta, 2015). Y, al mismo tiempo, fueron preponderantemente policialistas, en sintonía tanto con la tradición argentina de considerar a la seguridad en el fútbol como una tarea policial

1.2 La violencia en el fútbol como un problema de seguridad

Este texto surge de la tesis de doctorado del autor, defendida en 2019, en la cual se analizan las políticas públicas de control y prevención de la violencia en el fútbol en Argentina desde 1984 hasta 2017. Las distintas formas de gestión y regulación estatal de la violencia alrededor del fútbol se condensan en la categoría de «seguridad deportiva», a la que entendemos, tomando el modelo propuesto por David Garland (2005) como «las prácticas, leyes, discursos y representaciones» que constituyen el sistema de control oficial. La propuesta consiste en observar las respuestas político-institucionales, las lógicas de acción, las referencias ideológicas, los modos de intervención y las tecnologías utilizadas por los aparatos estatales para gestionar la seguridad en el espacio del espectáculo futbolístico. Metodológicamente, la investigación movilizó una combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos que incluyó diferentes técnicas: se confeccionó una base de hechos de violencia en el fútbol a partir de la participación del autor en la ONG «Salvemos al Fútbol», se analizaron marcos normativos y legislativos, se trabajó con análisis documental para reconstruir climas de época, se realizaron observaciones en operativos de seguridad en estadios de fútbol y se hicieron numerosas entrevistas con actores del mundo de la seguridad deportiva.

Los datos cuantitativos que figuran a lo largo del texto surgen de la mencionada base de hechos de violencia confeccionada por el autor en el marco de la ONG «Salvemos al Fútbol». Para caracterizarla brevemente, diremos que la unidad de análisis de la base son los hechos de violencia relacionados al fútbol que aparecen en medios de prensa entre 2006 y 2023. Frente a la inexistencia de datos públicos sobre el fenómeno de la violencia en el fútbol decidimos generar esta herramienta para dar cuenta de forma cuantitativa del fenómeno, aun reconociendo la clara subrepresentación y sesgo que supone el uso de fuentes de prensa. El trabajo de relevamiento se realiza de manera sistemática y continua desde 2006 hasta la actualidad, y son tomados sólo los hechos de violencia directa, que siguiendo a Vigarello corresponden a «agresiones físicas cometidas intencionalmente y por la fuerza contra una persona» (2000: 8). El proceso de confección de la base, sus criterios principales y su uso metodológico pueden encontrarse con mayor precisión en trabajos anteriores (Murzi & Segura, 2018; Murzi, 2021).

En dicho trabajo de tesis pudimos observar que «el problema de la violencia en el fútbol» es un fenómeno en permanente mutación, cuyos sentidos se modifican según los momentos históricos. Mientras que en los años 1980 el peligro era representado por la rivalidad deportiva, en los años 1990 lo era por el elemento delincuencial, en los años 2000 por la connivencia y los «negocios» y en la década de 2010 por el «crimen organizado». Así, la lógica de lo que se concibe como «seguro» e «inseguro» fue cambiando, obligando a una constante redefinición del problema y, por ende, de las formas de tratarlo por parte del Estado. Lorenc Valcarce (2014) señala que la nominación por parte del Estado de determinados problemas sociales contribuye a reforzar y fortalecer esos problemas. La intervención del Estado, así, es parte constitutiva del desarrollo de cualquier problema público. De allí, que a lo largo de la investigación pusimos el foco en los procesos definicionales de aquello que era caracterizado como el peligro, el riesgo y la amenaza según las voces oficiales del Estado, para dar cuenta de la interdependencia entre esas definiciones y los procesos de control de la violencia en el fútbol.

En ese sentido, uno de los objetivos de la investigación doctoral que sustenta este artículo fue mostrar cómo los nuevos riesgos emergentes en la sociedad contemporánea argentina (las violencias juveniles, el delito, el narcotráfico, las economías ilegales e informales, entre otras actividades representadas como peligrosas por el Estado y/o la sociedad civil) y la introducción de nuevas estrategias de acción en relación con esos riesgos, influenciaron profundamente la concepción y la aplicación de políticas de control en el marco de los estadios de fútbol. Ese proceso aparece, como describen Garland (2005) y Beck (1999; 2008), en la base de los procesos de securización que vienen desplegándose en las sociedades contemporáneas occidentales. Y justamente allí, en esa intersección entre las reflexiones surgidas de los autores que trabajaron sobre el campo general de la seguridad, aquellas producidas por los estudios socio-antropológicos sobre la violencia en el fútbol, y la observación cronológica y procesual del campo de la seguridad deportiva es donde se ubica teóricamente este texto.

Así, partiendo de la caracterización de la violencia en el fútbol como un problema público, producto del progresivo involucramiento del Estado en su regulación y control a partir de la década de 1980, este artículo se centra en las estrategias que las distintas estructuras estatales y los actores de gobierno fueron desplegando para su tratamiento en el período comprendido entre 2008 y 2015, que comprende los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los resultados del trabajo de tesis doctoral (Murzi, 2021) consistió en mostrar cómo el campo de la seguridad deportiva no necesariamente cambió o evolucionó de forma homogénea en consonancia con los mandatos presidenciales desde el retorno de la democracia. En ocasiones, los motivos que han hecho traccionar ese campo se ajustan menos a planes cuatrianuales y directivas concretas de los gobiernos políticos y más a eventos del orden de la sociedad civil y el campo futbolístico (muertes, incidentes, hechos de violencia) y a las decisiones particulares —sostenidas en posturas ideológicas personales— de los funcionarios que fueron ocupando los cargos principales de las agencias de seguridad del Estado^[1]. De todas formas, consideramos que el recorte propuesto para este artículo resulta analíticamente pertinente, dado que identificamos un abordaje general de la seguridad deportiva a lo largo de los 8 años estudiados que comparte formas de hacer, discursos, representaciones, políticas e incluso funcionarios en común.

Al período en cuestión llegamos tras un lustro (2002-2007) que consideramos como de construcción del contorno del campo de la seguridad deportiva en Argentina, a partir de la creación de las agencias de seguridad deportiva en todas las jurisdicciones. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se crean los organismos de seguridad deportiva tanto en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires (COPROSEDE), de la Ciudad de Buenos Aires (CPYSED) y de la Nación (PROSEF y luego, con el status de Subsecretaría, SUBSEF), que le imprimirán al campo de la seguridad deportiva una definitiva profesionalización y especialización. La acción de estos organismos, sumada a la gestión operativa de la policía y el temor a las barras como sujeto perjudicial fue configurando un continuum de control alrededor de los estadios donde todos los sujetos van a ser pensados como igualmente peligrosos.

2. Primera parte: La gestión «política» de la seguridad deportiva (2008-2010)

El 10 de diciembre de 2007 se inicia el mandato de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, que, renovándose a partir de su reelección, se extendería por un total de 8 años.

El involucramiento personal de Cristina Kirchner en temas de violencia en el fútbol a lo largo de su mandato fue muy tenue, así como muy contadas las referencias a la cuestión que hizo durante sus 8 años al frente del Ejecutivo. Esto no implicó que su gobierno desatendiera el problema en tanto asunto de agenda, sino que significó que la presidenta se mantuvo siempre al margen de dicha gestión, delegando el problema en funcionarios de su confianza, al contrario de otros mandatarios (Menem, Kirchner, De la Rúa, posteriormente Macri) que tuvieron en determinados momentos una injerencia directa sobre la cuestión.

Aníbal Fernández asumía como Ministro de Justicia y Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2007, cartera sobre la cual recaía la potestad sobre los temas de seguridad en ese entonces. La voz de Fernández, omnipresente en todos los temas relacionados a la seguridad deportiva desde su asunción hasta el 8 de julio de 2009 —cuando es promovido a Jefe de Gabinete—, puede ser leída como la palabra oficial del Gobierno en ese terreno durante esos años.

Los cambios en las agencias de seguridad deportiva más importantes a nivel de visibilidad (el COPROSEDE, organismo de la Provincia de Buenos Aires, y la SUBSEF, de carácter nacional) no tardaron en hacerse efectivos con la nueva gestión. Cambios de nombres, pero también de concepción sobre el tratamiento de la violencia y sus formas de regulación. En el COPROSEDE, el ex árbitro Mario Gallina, que llevaba seis años en el cargo, fue reemplazado por el comisario Rubén Pérez, quien le otorgó un rol central a la Policía Bonaerense dentro del organismo, y cuya gestión terminaría de forma controversial, con Pérez procesado por la Justicia por incumplimiento de deberes de funcionario público.

También renunció a su cargo el ex árbitro Javier Castrilli, quien había llegado al mundo de la seguridad deportiva a partir de su imagen de referee duro e incorruptible. Ese perfil, que había motivado su apodo de sheriff, hilvanaba una cadena de sentido con las políticas de seguridad más represivas y punitivas, y hacía pensar en Castrilli como el equivalente de un Luis Patti^[2] de la seguridad deportiva. Sin embargo, en los 5 años de su gestión, Castrilli estuvo lejos de ser un mero representante de la «mano dura», pudiendo ser caracterizado más fielmente como un funcionario de perfil netamente técnico-político. Haciendo equilibrio constantemente en las pujas entre la AFA y el Gobierno, Castrilli logró durante su mandato de 5 años elevar el rango de la agencia de seguridad deportiva a Subsecretaría, atravesar un período prolongado de más de un año sin víctimas fatales en el fútbol y crear una Policía de eventos masivos, tres cosas que ninguno de los funcionarios que lo sucedieron en el cargo pudieron repetir. Pero, además, la gestión Castrilli se caracterizó por su alto perfil en los medios de comunicación y su mala relación con la cúpula dirigencial de AFA.

Justamente estas dos características fueron puestas en la balanza cuando Aníbal Fernández designó como sucesor de Castrilli a Pablo Paladino, un abogado que había sido vicepresidente del club Los Andes y secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior.

Cuando Javier Castrilli renunció a su cargo, el ministro Aníbal Fernández, había anunciado que quería un funcionario que tuviera «bajo perfil» para suceder al ex árbitro. Y, también, que tenga una relación más fluida y no tan conflictiva con los clubes. Esos fueron los motivos que sostuvieron la designación de Paladino. (Diario La Nación, 2008a)

En este extracto del diario La Nación queda de manifiesto el nuevo rumbo que Aníbal Fernández deseaba darle a la gestión de la seguridad deportiva: funcionarios de su riñón, alejados de los flashes y más propensos al diálogo (con la AFA, con la policía, con las barras) que a la confrontación. Fernández había entendido que la seguridad deportiva era definitivamente un problema público, que más capital político le haría perder al gobierno en la medida en que más espacio en los medios tuviese, y por ende su estrategia fue apostar a quitarle visibilidad.

Con el inicio de la gestión de Paladino al frente de la SUBSEF comenzó una estrecha relación entre las agencias de seguridad estatales y la AFA, que buscaba bajarle el tono a la violencia en el fútbol, pero no tanto a partir de políticas de prevención y control sino fundamentalmente desde la negociación y la reproducción del statu quo imperante. Básicamente se trataba de que el Estado no interfiriera en las actividades (muchas de ellas económicas, algunas de ellas ilegales) de los dirigentes y de las barras, con la expectativa (o la promesa de esos actores) de que eso llevara tranquilidad a las tribunas. En octubre de 2008, un mes luego de asumir, Paladino realiza una reunión con Julio Grondona para «delinear un nuevo plan de seguridad para el fútbol de Primera División», que según el propio Paladino iba a «modificar el tema de la violencia en el fútbol» y se empezaría a «utilizar la próxima temporada» (Diario La Nación, 2008b). Grondona, reelegido presidente de la AFA ininterrumpidamente desde 1979 hasta su muerte en 2014, mantuvo una relación escurridiza con la violencia en el fútbol a lo largo de su extendido mandato, y aquí era presentado como impulsar de un «plan de seguridad». Sin embargo, ni en los registros de la SUBSEF, ni de la AFA, ni de la prensa ni de la legislación existen rastros de ese plan de seguridad, lo que abona la hipótesis de que apuntaba más a un arreglo privado entre los actores centrales de la seguridad en el fútbol (dirigentes, barras, funcionarios) basado en el don y el contra don.

En una entrevista que le realiza el diario La Nación al asumir, Paladino referenciando implícitamente a las barras, señala que «no hay un orden jurídico excepcional, sino que los que cometan incidentes tendrán que someterse a las reglas como cualquier ciudadano que comete un ilícito» (La Nación, 2008a). Esta mirada constituye una novedad, porque apunta a desinflar la excepcionalidad del fútbol como objeto de aplicación de dispositivos de control, cuando lo que venía existiendo era la construcción del fútbol como un espacio excepcional donde cualquier medida era plausible de ser aplicada para proteger el orden (Tsoukala, 2009).

Así, Aníbal Fernández le imprime un viraje a las formas de conducción que se venían desplegando en el ámbito de la seguridad deportiva, privilegiando un abordaje donde predomine la negociación con la policía y los dirigentes deportivos, equiparable analíticamente al «doble pacto» que Binder (2010) señala como forma dominante de gobierno de la seguridad en la Argentina de la posdictadura. Fernández apuesta a una baja de la visibilidad mediática (y por ende, del impacto político) del problema, y adopta un tono mucho más moderado en la caracterización negativa de las barras bravas, que ya eran señaladas como «nuevos enemigos públicos» por los discursos mediáticos. Durante la gestión de Paladino casi no se promovieron políticas públicas de intervención, y las pocas que hubo reflejaron un alineamiento claro entre los intereses de la AFA y del Estado, como la asunción de la responsabilidad por parte de la SUBSEF en la aplicación del Derecho de Admisión en los estadios, medida que venía siendo reclamada por la AFA desde hacía tiempo.

En nuestro país, todos los actores centrales del campo de la seguridad deportiva de los últimos años se habían referido en algún momento al Derecho de Admisión como la herramienta que se necesitaba para prevenir los hechos de violencia en los estadios. Esta medida es definida jurídicamente como «la facultad que tienen tanto el Estado como los particulares para limitar o restringir el acceso o la permanencia de las personas a un determinado lugar, servicio, prestación, actividad o status jurídico» (Slonimsqui, 2006:43). La complejidad jurídica que tiene esta medida es que solapa los derechos constitucionales a la reunión, a la asociación y al libre tránsito con el derecho a la seguridad de los concurrentes al estadio. Tenemos que tener en cuenta, como explican Erriest y Ullmann (2010), la diferencia que existe en Argentina entre Derecho de Admisión y «prohibición de concurrencia»: «esta última se aplica por una orden judicial —sea de tipo cautelar, como condena o pena accesoria—, mientras que la primera es la facultad que tiene el club organizador de no permitir la entrada a ciertas personas a determinado lugar o evento» (p. 1999). Es decir, el Derecho de Admisión es básicamente una herramienta para uso de los actores privados, como son los clubes de fútbol, cuyo costo de implementación —en términos materiales y simbólicos— debería asumir ese actor privado. Conociendo los vínculos y reciprocidades que existen entre las barras y los dirigentes de los clubes, ¿es posible pensar que estos últimos decidirían prohibirle el ingreso a hinchas con quienes mantienen intercambios y con quienes interactúan casi a diario en sus clubes? Y en el caso de no mantener vínculos y desear realmente prohibirles el ingreso ¿podrían hacerlo libremente sin temor a represalias de los barrabravas?

De allí que a lo largo de los últimos 15 años, con el trasfondo de la discusión sobre si la violencia en el fútbol era un problema del mundo del fútbol o de «la sociedad», la AFA y los sucesivos gobiernos mantenían un tira y afloje constante en torno a la aplicación del Derecho de Admisión. Los clubes y la AFA pedían al Estado que se hiciera cargo de ejercerlo, y viceversa.

En 2009 esa discusión quedaría zanjada, al menos por un tiempo, cuando el 30 de marzo el Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH emite la Resolución 838 que le adjudica al Estado la posibilidad de determinar quienes entran a los estadios a partir de la implementación del Derecho de Admisión. Esta normativa fue celebrada por todos los actores y presentada por la prensa bajo el título «El Estado toma la pelota» (Diario La Nación, 2009a). La presentación de la normativa la hizo el propio Aníbal Fernández rodeado de los dirigentes de los clubes de CABA, donde señaló que «el poder de policía lo tenemos nosotros (el Estado)» (Diario La Nación, 2009a). La evolución en el tiempo de la aplicación de esta medida iba a descubrir que las cosas no eran tan sencillas como se planteaban (Murzi, 2021), y recién sería en 2017 cuando el Estado comenzara a hacerse cargo de aplicar el Derecho de Admisión.

Este modelo de gestión fue acompañado por una postura discursiva monolítica de parte de Paladino y Fernández, que frente a los hechos de violencia presentaban recurrentemente dos interpretaciones: a) la de la exepcionalidad asociada a un pequeño grupo de «tarados» o «salvajes» y b) la que explicaba la violencia en el fútbol producto de las violencias sociales más amplias, en particular la del delito. Esta inespecificación del problema, que le negaba sus sentidos particulares (el aguante, los vínculos de las barras con actores de poder, los negocios entre barras y policías, etc.) fue funcional a la SUBSEF en tanto traducía que el problema no era «del fútbol» sino «de la sociedad».

Así, entre mediados de 2008 y mediados de 2009, el campo de la seguridad deportiva entró en un letargo —a nivel del debate, de la visibilidad, de las acciones propositivas— que era funcional a los intereses (políticos) del Gobierno y de la AFA. Esto no significó que los incidentes dejasen de ocurrir: el relevamiento que realizamos junto a la ONG Salvemos al Fútbol registra 36 incidentes en ese período (recordemos que se contemplan sólo aquellos publicados en la prensa, lo cual implica una subrepresentación de los incidentes efectivamente ocurridos, más aún en una época pre smartphone), 11 de los cuales involucraron víctimas fatales, cifra de fallecidos que casi duplicaba la media anual que se venía registrando hasta allí.

La cercanía entre la AFA y el Gobierno se profundiza más a partir de la aparición del programa Fútbol para Todos, en el cual ambos actores eran socios comerciales. El Fútbol para Todos (FPT) modificaría el panorama político del fútbol argentino de los años siguientes, así como la relación entre el fútbol y el Estado, entre la AFA y el Gobierno y también, indirectamente, el campo de la seguridad deportiva.

Desde inicios de la década de 1990 la televisación del fútbol en Argentina estaba en manos de la empresa TSC, cuyos dueños eran el Grupo Clarín y la empresa Torneos y Competencias. Hacia el final del Torneo Clausura 2009, los clubes argentinos casi sin excepción mostraban balances en rojo, motivo que llevó a la AFA a pedir una revisión del contrato a TSC donde le demandaba 180 millones de dólares anuales, el triple de los 60 que hasta allí TSC pagaba en concepto de derechos de televisación (LaPolíticaOnline, 2009; La Capital, 2009). TSC rehusó el pedido, lo que dejaba a los clubes en peligro de no poder iniciar el campeonato. Al mismo tiempo, la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín se hallaba en pleno desarrollo. Se trataba de una disputa que tocaba las esferas económica, política, ideológica y cultural, motivada por el acceso y el control a la información, y que signó profundamente a los dos períodos del gobierno cristinista (Mochkofsky, 2011).

Como resultado de las fuerzas centrífugas de ambas pujas —TSC/AFA y Gobierno/Clarín—, de pronto, como señala Alabarces (2014), «ocurrió lo impensado». El 11 de agosto de 2009, la AFA anunciaba que rescindiría el contrato con TSC y que el nuevo propietario de los derechos televisivos del fútbol sería el Estado argentino, quien pagaría 150 millones de dólares anuales durante un período de diez años. El anuncio de la adquisición del fútbol televisado por parte del gobierno se realizó grandilocuentemente en el predio de la AFA en Ezeiza. La propia Cristina Kirchner encabezó el acto de lanzamiento, escoltada por Julio Grondona y Diego Maradona, los dos personajes sin dudas más significativos del fútbol argentino de la posdictadura. Aquella presentación pública del FPT sería icónica en cuanto a la relación de Cristina Kirchner con el fútbol: además de la recordada frase del «secuestro de los goles» que Cristina Kirchner dejó para la posteridad, es interesante recordar su percepción sobre lo que implicaba el FPT: «Hay en esto algo más que un hecho deportivo. Damos un paso en la democratización de la sociedad argentina, porque no es justo que solamente el que pueda pagar tenga derecho a mirar el fútbol» (La Voz del Interior, 2009). Para la presidenta, se trataba de un programa democratizador y redistributivo, de un hecho que excedía el campo deportivo.

El FPT implicaba la retransmisión gratuita y libre de todos los partidos a través de la televisión pública y constituyó una gran «operación económica, discursiva y semiótica» (Alabarces, 2014) que apuntó a democratizar los contenidos televisivos y convirtió al fútbol, de alguna manera, en un bien estatal. En definitiva, acerca del Fútbol para Todos se ha escrito y debatido ampliamente, tanto desde el periodismo (Sarlo, 2011) como desde la política y la academia (Alabarces 2014; Moreira y Araoz Ortiz, 2016). Ahora bien ¿qué implicancias tuvo la irrupción del FPT en el tratamiento que el Estado le dio a la violencia en el fútbol?

Primeramente, hay que partir de algo ya señalado: al comprar el Estado los derechos televisivos del fútbol, este se convirtió en gran medida en un producto estatal. Y, como ocurre con todo dueño de un producto, el Estado buscaría que su producto fuese lo mejor y lo más comercializable posible —más allá de que la retribución perseguida no fuese monetaria sino simbólica—. Pero, sobre todo, se convierte en una «mercancía política» como la entiende Missé (2010). La violencia en el fútbol era históricamente percibida por la opinión pública como aquello que venía a «arruinar» la gran fiesta del fútbol. En ese sentido, el Gobierno tenía que «proteger» de alguna manera su nuevo producto de la amenaza siempre latente de los hechos de violencia, ya que ahora impactaban doblemente en el capital político del Gobierno: en tanto problema público y en tanto dueño del producto fútbol.

Sugerentemente, Pablo Paladino, el director de la SUBSEF, fue designado también Coordinador General del Fútbol para Todos, lo que daba una señal acerca del alineamiento de la seguridad deportiva a los intereses de esa nueva iniciativa gubernamental. En ese sentido, el programa FPT eligió, desde sus narrativas, hacer una casi absoluta omisión del problema de la violencia en el fútbol, dejándola fuera del cuadro tanto visual como discursivo.

El acuerdo comercial entre la AFA y el Estado reforzó notablemente los vínculos personales y políticos entre algunos dirigentes de la casa madre del fútbol argentino y funcionarios del gobierno cristinista. El tándem Aníbal Fernández-Grondona constituyó una sociedad fundamental para la creación y el desarrollo del FPT. Una consecuencia de estos nuevos vínculos fue el alineamiento de AFA y Gobierno en los temas referidos a la violencia en el fútbol.

El nuevo estrechamiento de vínculos con la AFA, más el hecho de ser el financiador principal del fútbol, otorgó al Estado una posibilidad única para avanzar en mejoras que apuntasen a cambiar las condiciones de posibilidad que favorecían las prácticas violentas en los estadios (Sodo, 2012). Campañas de prevención, trabajo con las barras desde las estructuras estatales, realización de talleres de violencia y masculinidades con futbolistas y dirigentes, reformas en estadios, y otras acciones eran posibles de implementarse con este nuevo cuadro de intervención estatal en el fútbol. Sin embargo, nada de eso se llevó a cabo, y el problema de la violencia fue dejado afuera de los registros temáticos del FPT como si se tratara de algo extemporáneo al fútbol: una «oportunidad perdida», como señala Alabarces (2014) .

En cuanto a los hechos de violencia ocurridos en este período, estos habían crecido en número respecto a los registrados en la gestión de Castrilli. El relevamiento de incidentes en el fútbol construido por el autor y la ONG «Salvemos al Fútbol» (Murzi, 2021) muestra que, aunque aún no alcanzaban en cantidad anual a los registros que mostrarían a partir de 2013, donde prácticamente se duplicarían respecto a 2009, claramente se verificaba un incremento en la conflictividad alrededor del mundo del fútbol argentino.

Pero sobre todo, resalta la emergencia de una nueva dinámica, que pronto se revelaría más letal y sangrientas que las otras: las peleas al interior de las hinchadas. Esta dinámica implicó una «ampliación del campo de batalla” en tanto los conflictos con origen en las tribunas se autonomizaron del espacio del estadio y de los días de partido, generando que el fenómeno de la violencia en el fútbol se expandiera. Entre agosto de 2008 y junio de 2010 se registraron 20 muertos, una cifra considerablemente elevada si se tomaba la evolución de casos fatales en el fútbol hasta ese momento (Murzi et al., 2011). De esas 20 víctimas, 17 ocurrieron como consecuencia de peleas al interior de las barras, lo que revelaba que este tipo de violencia, además de crecer en número, también se revelaba particularmente letal y sangrienta. Y 13 ocurrieron alejadas de los estadios o en días en que no había partidos de fútbol, lo que habla de que esas muertes eran consecuencia de conflictos privados, y promovían representaciones sociales más asociadas al mundo del delito que al mundo del fútbol. Esto explica en gran parte por qué las numerosas y periódicas muertes no afectaron el capital político de la SUBSEF y del Gobierno: la opinión pública las leía como ajustes de cuentas entre «malvivientes” que no constituían un problema público sino más bien un conflicto privado.

La emergencia del fenómeno de las peleas intrahinchada era un dato que tenía que ser tomado muy en cuenta por los responsables de la seguridad deportiva, ya que hablaba de una mutación y de un reajuste en las formas de organización de las barras bravas y en las relaciones sociales al interior de estos grupos (Cabrera, 2023). Si las barras representaban la principal hipótesis de conflicto para la seguridad deportiva, pasar por alto esa reconfiguración de sus prácticas era, cuanto menos, imprudente. La postura de los organismos de seguridad, sin embargo, fue la opuesta: vieron en ese desplazamiento un tránsito que llevó a las barras del mundo del fútbol al mundo del delito, y por ende en vez de leer el movimiento como de aumento de la conflictividad alrededor del fútbol, lo interpretaron como un descenso del problema, ya que los incidentes no ocurrían mayormente en los estadios.

De cara al Mundial 2010, un grupo numeroso de barrabravas de diferentes equipos conformó una asociación cuyo objetivo era viajar al Mundial. La experiencia de Hinchadas Unidas Argentinas, tal su nombre, implicó un cambio de los sentidos con los cuales se pensaba a la violencia en el fútbol. Si la rivalidad deportiva era la hipótesis de conflicto sobre la cual giraban todas las políticas públicas desde la sanción de la Ley 23.184 de 1985 en adelante, ¿qué iba a ocurrir ahora que las barras que se pensaban enemigas compartìan un proyecto colectivo y mantenìan reuniones amistosas todas las semanas? Significativamente, esta pregunta no motivó cambios en las agendas mediáticas ni políticas. En los medios primaron los pànicos morales (Cohen, 1972) a la hora de hablar de las barras, y los anàlisis de la prensa no cambiaron el foco que venían transitando: la de considerar a los barras como sujetos intrínsecamente punibles y perjudiciales.

En términos generales, la gestión de Paladino coincide con el momento que Saín (2012) describe como «conservador» en su esquematización de las respuestas estatales del sector seguridad durante la primera década de gobiernos kirchneristas. Durante su gestión la impronta es básicamente policialista y las escasas políticas públicas que surgen de la agencia son de corte restrictivo (derecho de admisión, prohibición del público visitante).

La creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010 implicó un gran cambio en el campo de la seguridad en general, y tuvo su correlato en el de la seguridad deportiva, como se analizará a continuación.

3. Segunda parte: Modernización, profesionalización y despoliciamiento: hacia un modelo «europeo» del espectáculo futbolístico (2011-2012)

Con la creación del Ministerio de Seguridad, la gestión de la seguridad pública pasó a ser administrada por esa cartera. Nilda Garré fue nombrada ministra, y a partir de inicios de 2011 Paladino abandona la SUBSEF y es reemplazado por Juan Carlos Blanco, al mismo tiempo que la agencia pierde tres rangos administrativos y pasa a denominarse Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (UCPEVEF).

La llegada de Blanco, un abogado que venía desempeñándose como funcionario en el área de la seguridad deportiva desde 1991, trajo aparejados cambios en el enfoque de la gestión. Pese a contar con menor presupuesto, la nueva conducción buscó sacar del letargo a una estructura administrativa que se había vuelto poco dinámica y muy subordinada a la gestión policial. El mayor control civil sobre las fuerzas policiales era uno de los ejes centrales que Nilda Garré promovía desde el Ministerio (Kessler, 2014), y la seguridad deportiva no iba a quedar al margen de ese enfoque.

Al momento de su asunción, el diario La Nación describía a Blanco como alguien que «siempre ha mostrado un perfil combativo hacia las barras, sin concesiones y hasta con ideas que, a veces, fueron contrarias a las decisiones tomadas por sus antecesores y a los movimientos de AFA» (Diario La Nación, 2011a). El cambio de nombres en la cabeza de la agencia de seguridad deportiva implicaba también un cambio de enfoque del problema, donde la AFA dejaría de ser un aliado incondicional del Estado y pasaría a ser nuevamente vista como un actor con fuertes responsabilidades en la gestión de la seguridad.

Blanco contaba con un equipo de alrededor de 30 personas en la UCPEVEF y con la potestad sobre el control de los operativos de seguridad en los estadios ubicados dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Esta potestad también la tenía la SUBSEF, pero nunca la había ejercido en la práctica, producto de su política de seguridad de desafección del manejo civil (Saín, 2002). En los últimos años, el control absoluto del gobierno de la seguridad en el fútbol lo había ejercido la policía, que era contratada por los clubes para llevar adelante los operativos de seguridad, en una suerte de proceso de privatización de la fuerza pública del orden^[3].

Con el objetivo de recuperar el terreno perdido y vigorizar el control civil sobre la seguridad en el fútbol, la UCPEVEF desarrolló fuertemente dos herramientas de política pública que ya existían en la gestión anterior. Una fue la presencia de veedores en los estadios de CABA (con la cual la agencia comenzó a tener más participación en la gestión operativa de la seguridad), y la otra fue el fortalecimiento del Consejo Federal de Seguridad, órgano que era pensado como un espacio de generación de políticas públicas federales, que excediera la siempre fuerte barrera de las autonomías policiales provinciales.

La UCPEVEF va a desarrollar una actividad intensa en 2011 y 2012. Con el eje puesto en el avance civil sobre actividades y espacios que estaban bajo control policial, la UCPEVEF va a promover un modelo de gestión de la seguridad basado en las experiencias europeas, donde la mayor parte de las responsabilidades corren por cuenta del organizador, en este caso el club local. Ese modelo de gestión ubica a la policía fuera de los estadios y promueve la profesionalización y despoliciamiento de los Jefes de Seguridad de los clubes y de los agentes privados de seguridad (Hourcade et al., 2010). La fuerte intención de recortar poder a las policías y de ordenar los operativos de seguridad en los estadios, que hasta allì dependían del savoir faire policial, tienen su correlato de política pública en el Protocolo Policial de Actuación en Espectàculos Deportivos creado por la UCPEVEF en 2012, y aplicado en los estadios de CABA a partir de ese año en adelante.

En la inauguración de las sesiones legislativas provinciales de marzo de 2011, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli hizo hincapié en la gestión del delito y de la seguridad, temas que formaban parte de su repertorio discursivo habitual. En ese discurso, Scioli no dio datos concretos sobre la baja del delito en la Provincia, que con sus palabras afirmaba, pero sí lo hizo en relación con la violencia en el fútbol. Allí sostuvo que en la Provincia de Buenos Aires se habían bajado los incidentes en el fútbol «un 89%» (Diario La Nación, 2011b). Esto demuestra la centralidad política que la seguridad deportiva había tomado para los actores de gobierno del período, al punto de que era incluida en un discurso político de gran visibilidad y utilizada para mostrar logros de gestión. Esto muestra que la violencia en el fútbol se instala en el gran locus de sentido de la «inseguridad” de manera definitiva.

En junio de 2011 tuvo lugar el evento más conflictivo ocurrido durante la gestión de Blanco: el descenso de River. River había llegado sorpresivamente a una definición para determinar si se quedaba en Primera División o si descendía al Nacional B, algo que jamás en los 80 años que se llevaban disputando los campeonatos argentinos le había sucedido. En el imaginario futbolero argentino, y en particular en el de los equipos «grandes», el descenso es percibido como la tragedia más absoluta que puede ocurrirle a un club (Burgo, 2011). Se emparenta a la pérdida del honor y constituye una vergüenza para sus hinchas. Los trabajos etnográficos sobre hinchadas de fútbol (Garriga, 2007; Gil, 2007) habían demostrado que el mancillamiento del honor grupal tenía naturalmente como respuesta la violencia, como forma de buscar restituir ese honor perdido. La UCPEVEF había recomendado jugar el partido sin público. Blanco contaba con el aval de Garré para sostener esa medida, pero desde los altos mandos del Poder Ejecutivo la orden fue otra. Según versiones de prensa (Rodriguez Yebra, 2011) y los testimonios de varios funcionarios entrevistados para esta investigación, entre Carlos Zannini —Secretario de Legal y Técnica y hombre fuerte del Gobierno—, el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y Julio Grondona decidieron que el partido se jugara con el público de River presente. Según esas versiones, los funcionarios confiaban en una victoria de River y no querían pagar el costo político y simbólico de las tribunas del Monumental vacías a pocos días de la inauguración de la Copa América de fútbol, que se celebraría en Argentina, en el marco de un año de elecciones nacionales. La decisión de la Casa Rosada pesó por sobre la del Comité de Seguridad en el fútbol y el partido se jugó con público. Un operativo de guerra con 2200 miembros de las fuerzas de seguridad públicas más 1000 agentes de seguridad privada se desplegó en el estadio. Pero lo que aconteció durante y después del partido fue un verdadero caos de enormes proporciones, que incluyó heridos, detenidos y la quema parcial del estadio Monumental por parte de la misma afición local.

Las consecuencias a nivel de las respuestas estatales que acarrearon los incidentes en River son interesantes para analizar en dos planos temporales: en las declaraciones de los funcionarios en las horas posteriores al partido, y en los movimientos que generó en el campo de la seguridad deportiva. Por un lado, ni bien ocurridos los acontecimientos, varios funcionarios de peso del Gobierno Nacional salieron a dar explicaciones sobre los sucesos. Allí volvió a aparecer la hipótesis remanida y transitada que había sido el caballito de batalla discursivo de la gestión Fernández/Paladino entre 2008 y 2011: la de considerar a la violencia en el fútbol como producto de la desviación y la incivilidad de un pequeño grupo de sujetos «salvajes» y «enfermos». El propio Fernández sostuvo que el problema era responsabilidad de “300 tarados a los que hay que buscar y meter presos» (Diario La Nación, 2011c). En la misma línea de sentido, el ministro del Interior Florencio Randazzo dijo que «los hechos de violencia fueron cometidos por un grupo de barrabravas, que más que barrabravas son delincuentes y realmente empañan un evento deportivo como es el fútbol argentino» (Diario La Nación, 2011c).

Es importante señalar que los hechos en River ocurrieron en un momento donde se estaban intentando modificar, con el brío del recientemente creado Ministerio de Seguridad, las respuestas policiales respecto al tratamiento del conflicto y el mantenimiento del orden (Saín, 2012). En abril de ese año habían sido nombrados un gran número de nuevos comisarios en las comisarías de la CABA, y, en la charla de bienvenida dada por los altos jefes policiales «se les exigió que nunca más uniformados pueden moler [sic] a golpes a un joven porque no tiene tickets para entrar en un recital o porque se niega a un cacheo policial en una cancha de fútbol» (Diario La Nación, 2011d). En ese sentido, Garré dio cuenta de esa nueva política de «desescalada» (Fillieule & Jobard, 2016) del conflicto aplicada en el Monumental: «No hubo heridos de bala de goma y hay una enorme cantidad de policías heridos. El grueso de los efectivos acató las órdenes del Ministerio y del Gobierno. Soportaron una situación muy difícil» (Diario La Nación, 2011e). En este sentido, un dato objetivo indica que las muertes del fútbol con intervención policial descienden sensiblemente a partir de 2011 en adelante. Si las muertes por represión policial representaban alrededor del 20% del total de las ocurridos por «violencia en el fútbol» hasta el año 2010 (Murzi et al., 2011), desde marzo de 2011 hasta a mediados de 2017, ese porcentaje desciende a menos del 5%. Sólo tres muertes del fútbol de 2011 en adelante están mediadas por la represión policial. Sostenemos que es posible leer este descenso como producto de la aplicación de la política de «desescalada» del conflicto aplicada por Garré.

Tras el descenso de River en julio de 2011 se potencia la búsqueda de un nuevo paradigma de seguridad que viraba hacia los modos de hacer europeos. Haciendo una reconstrucción de las medidas propuestas y de las medidas aplicadas, y siguiendo la caracterización de Hourcade, Mignon y Lestrellin (2010) sobre tipos ideales sobre gestión de la seguridad en el fútbol, podemos caracterizarlo como una suerte de «modelo alemán» de gestión de la seguridad, aunque con elementos propios del contexto argentino. El modelo alemán se inscribe en un marco más amplio de «modelos europeos» adaptados en buena medida a los marcos de regulación propuestos por la FIFA (Spaaij, 2014). En ese sentido, propone que la seguridad dentro del perímetro del estadio es responsabilidad del organizador, y que la policía sólo actúa en caso de emergencia, encargándose del tránsito entre el espacio urbano y el espacio del estadio. Dentro del estadio, las tareas de control y prevención las llevan a cabo agentes de seguridad privada con capacitación especial en eventos masivos, que tienen poder de represión pero no se encuentran armados (Murzi & Segura, 2014). La diferencia del modelo alemán con el modelo inglés, que siempre funcionó como referencia para los funcionarios argentinos, es que no apuesta a que la regulación de la violencia se haga por intermedio de la selección social del público (a partir del aumento del precio de tickets) ni por intermedio del castigo, como ha sucedido en Inglaterra desde la entronización de la Premier League en 1992 (Murzi & Segura, 2014) . El modelo alemán no es a priori expulsivo de los hinchas considerados riesgosos, sino que apunta a incluirlos como parte del espectáculo y a establecer un diálogo entre los agentes de seguridad y esos hinchas. En ese sentido, hay un equilibrio mayor entre los dispositivos represivos y preventivos de lo que se verifica en el modelo inglés, basado en una concepción del fútbol como expresión social y cultural y no como excepcionalidad —esa concepción lleva, por ejemplo, a aplicar una política tarifaria más moderada en los estadios alemanes, que contempla distintos orígenes sociales del público, o a permitir el consumo de alcohol, que es parte de los repertorios sociales habituales en la sociedad alemana.

Así, el eje del modelo de Blanco y Garré era pensar la seguridad deportiva no desde el peligro como elemento central sino desde el bienestar y el espectáculo. Con este nuevo enfoque, el Gobierno apuntaba a profesionalizar la seguridad deportiva otorgando más relevancia a los jefes de seguridad de los clubes, a desarrollar agentes de seguridad privada especializados, a recortar el poder de la policía (y a licuar las cajas policiales alrededor del fútbol) y a responsabilizar más fuertemente a los clubes y la AFA en la organización de la seguridad. Bajo esas premisas se ideó el «Protocolo de actuación policial en espectáculos futbolísticos», una suerte de manual de procedimientos para ordenar el trabajo policial en los estadios, que históricamente había dependido del saber hacer de los comisarios (Ministerio de Seguridad, 2012).

Analíticamente, lo que aparecía embroniariamente era la idea de un modelo de seguridad y de una línea diferente a la que se venía transitando en la orientación de las políticas públicas. Lo habitual hasta allí eran las medidas espasmódicas que funcionaban como reacción a un pico de visibilidad del problema (Alabarces, 2003), o la falta de intervención a fin de reproducir el status quo existente.

Si tuviésemos que señalar la principal novedad que representó para el campo de la seguridad deportiva este intento de transformaciones que impulsaron Garré y Blanco entre 2011 y 2012, diríamos que se trató del cambio de enfoque en la concepción misma de lo que implica la seguridad. En lugar de pensar la seguridad desde el peligro que suponen los hinchas más radicales (la barra en particular) y multiplicar los dispositivos de control a todos los asistentes al estadio, intentaron pensar la seguridad desde la noción de «evento seguro», donde la protección física (security) se conjuga con el bienestar de los espectadores (safety). En ese esquema, la barra era un actor más y no el actor principal. Como señalaron algunos de los funcionarios principales de esa gestión al ser entrevistados para este trabajo, el objetivo consistía en cambiar el signo del espectáculo para de esa manera modificar las prácticas violentas.

El período 2011-2012 representó un momento con gran actividad estatal, donde la agencia nacional intentó (y en ocasiones logró) tener una participación mucho más activa y relevante en la operatividad de la seguridad alrededor de los estadios. Sin embargo, más allá de que algunas prácticas y dispositivos implementados en esos años aún perduren, esta concepción de la seguridad y del espectáculo que promovía la UCPEVEF de Blanco nunca podría materializarse tal como la imaginaban sus impulsores. A partir de 2013, la ministra Garré perderá centralidad como figura de la seguridad en detrimento de Sergio Berni, quien desde el cargo de Secretario de Seguridad sería quien marque el pulso de la agenda de la seguridad en los últimos 3 años del gobierno cristinista.

4. Tercera parte: Menos hinchas y más policías (2013-2015)

Los años 2013, 2014 y 2015 constituyen un período que presenta un enfoque estatal de la seguridad deportiva distinto al que venimos de analizar en los dos anteriores.

A partir del año 2013, con la emergencia de Sergio Berni como el nuevo actor central del campo estatal de la seguridad, los asuntos de seguridad retoman un enfoque más policialista y el discurso oficial del Gobierno de Cristina Kirchner vira hacia posturas más punitivas, que traducen la intencionalidad de interpelar a un electorado que ubicaba recurrentemente como principal preocupación social al problema de la inseguridad (Diario Infobae, 2013).

Este viraje va a verificarse también en el abordaje del problema de la violencia en el fútbol. El carácter relevante que tiene la seguridad deportiva en este período queda de manifiesto cuando, entre 2013 y 2015, sea el propio Berni el funcionario principal del campo, invisibilizando el rol del director de la COSEF —nombre que recibe la agencia de seguridad deportiva nacional en el período, cuando cobra el status de Coordinación—, Eduardo Villalba. El bajo perfil de Villalba dio lugar a que las voces habituales del Estado en materia de seguridad deportiva en ese período fuesen el propio Berni y Darío Ruiz, un funcionario de su confianza que esos años ocupó el cargo de Subsecretario de Seguridad de la Nación (hasta diciembre de 2013) y de Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio (de diciembre 2013 a diciembre 2015).

El hecho de que dos de los funcionarios más importantes del campo de la seguridad se ocupasen cotidianamente de lo que ocurría en el mundo del fútbol implicó un doble impacto para la seguridad deportiva: por un lado, una jerarquización evidente en el status del problema de la violencia en el fútbol, en tanto el Gobierno reconocía implícitamente que se necesitaban sus mejores recursos —o al menos los de más visibilidad— para ocuparse del tema; y por otro lado, la disolución de las propias especificidades del campo, puesto que al ser manejado por funcionarios del campo de la seguridad en general y no deportiva en particular, se convirtió a la violencia en el fútbol en un problema lisa y llanamente ligado a la «inseguridad». Así, al igual que Aníbal Fernández en el pasado, Berni se convirtió a partir de 2013 en el hombre central de la seguridad deportiva estatal, dando cuenta de una de las hipótesis de este artículo: que la violencia en el fútbol se ha convertido en un asunto de valor político relevante para los actores de gobierno y los proyectos políticos en Argentina.

El año 2013 fue uno de los más conflictivos en cuanto a incidentes en el fútbol. Nuestro relevamiento muestra que en los primeros 3 meses del año ya se habían registrado más incidentes (26) que en todo el 2007 (25) y en el 2008 (25) completos. La repetición de los hechos de violencia azuzaba fuertemente la vigencia del «problema barrabrava», ángulo desde el cual era presentado inevitablemente el problema. Así, «violencia en el fútbol» y «barras bravas» iban a funcionar más que nunca como sinónimo en los discursos de la prensa a lo largo de todo el 2013.

El abordaje de Berni volvió a poner en el centro de la escena a las barras bravas, y la novedad que trae su gestión es la incorporación en el discurso oficial de la caracterización de las barras como «mafias», algo que ya venían transmitiendo las lecturas de los medios de comunicación de unos años a esa parte. Como surge de testimonios de funcionarios entrevistados para este trabajo y de las declaraciones del propio Berni a la prensa, para el Secretario de Seguridad, los dos focos conflictivos eran los negocios de las barras alrededor del fútbol y la connivencia entre barras y dirigentes deportivos (Minuto Uno, 2013; Nueva Ciudad, 2013). En este último sentido, tras un período marcado por el estrechamiento de vínculos entre el Gobierno y la AFA a partir de la creación del Fútbol para Todos en 2009, se vuelven a alejar los alineamientos y renacen las acusaciones cruzadas entre esos dos actores, sobre todo a partir de la muerte de Julio Grondona en julio de 2014.

Durante estos años existe muy baja actividad estatal en torno a la creación, al diseño y al fomento de nuevas políticas de prevención y control de la violencia en el fútbol. Excepto la prohibición del público visitante en junio de 2013, no se registraron otros movimientos de política pública por iniciativa de la COSEF. Tampoco desde el Poder Legislativo existieron nuevos dispositivos jurídicos, pese a que la idea de avanzar sobre nuevas legislaciones estuvo presente en algunos actores políticos, en particular del gobernador bonaerense Daniel Scioli.

En este período identificamos varios elementos particulares: Berni permanece como el actor central y la voz oficial de la seguridad deportiva; la agencia estatal (COSEF) reduce al mínimo su actividad, influencia y visibilidad; se confirma la centralidad de los saberes y las instituciones policiales en la organización de la seguridad alrededor del fútbol; se inespecífica la particularidad de la seguridad deportiva y se la concibe como un problema de seguridad a secas; y no se registran nuevas políticas públicas propositivas.

Pero también, si algo caracteriza a este período es la altísima conflictividad alrededor del fútbol. En 2013 y 2014 se supera el récord de mayor cantidad de muertes del fútbol según año civil, y se registra un catálogo heterogéneo de violencias, muchas de ellas ocurridas en nuevos espacios (futsal, ligas amateurs, etc.). Lo relevante es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado frente a un pico de visibilidad del problema, que eran las respuestas inmediatas del Estado bajo la forma de medidas, políticas o legislaciones, en este período esas respuestas estatales no se producen. Estos años, de esa forma, contradicen la dinámica «espasmódica» o de «acting out» (Garland, 2005) que adoptaron históricamente las políticas públicas de seguridad deportiva en Argentina.

Frente a la conflictividad, lo que primó fueron las respuestas discursivas de funcionarios estatales, que los ubicaron más como comentaristas de los acontecimientos que como actores con poder de transformación de la realidad. También, desde la voz de los funcionarios se recuperaron viejas supuestas soluciones (el derecho de admisión), nuevas esperanzas de herramientas de control (el AFA Plus^[4]) y viejas asignaciones de responsabilidades (la Justicia y la AFA como los actores señalados de resolver el problema).

Más allá de las referencias a la Justicia, lo que aparece en el tipo de gestión estatal de la seguridad deportiva es un avance hacia el modelo de gestión puramente ejecutivo inscripto en una lógica de la «gestión el riesgo» (Beck, 1999), que Tsoukala (2009) señala en el contexto europeo de las últimas dos décadas. Esto se pone de manifiesto en ocasión del Mundial de Brasil, cuando desde ese país solicitan al Gobierno argentino el listado de barrabravas que habían viajado al Mundial de Sudáfrica, con el objetivo de impedirles el ingreso a territorio brasileño. Fruto de ese pedido se produce un contrapunto entre la Justicia argentina —que rechaza el pedido de Brasil amparada en la Constitución Nacional— y los actores políticos —que promueven que el listado sea entregado basados en la caracterización de los barras como «sujetos peligrosos»—. Finalmente va a primar la presión política y el listado será entregado, marcando en cierta forma el inicio del abordaje extra judicial en el castigo de los hinchas, algo que a partir del gobierno de Cambiemos desde 2016 se acentuaría exponencialmente.

Es en el plano de lo ejecutivo que se origina la política pública más importante de todo el período analizado en este texto, que va a implementarse desde mediados de 2013. Hablamos de la prohibición del público visitante para la Primera División, medida que extendía la prohibición que ya regía en todas las demás categorías del fútbol profesional argentino. A diferencia del año 2007, cuando la medida había sido impuesta para las categorías de Ascenso y los principales dirigentes de la AFA y el Gobierno habían salido a criticarla, esta vez la medida fue presentada como una política pública estatal, decidida en conjunto por el Gobierno, las agencias de seguridad y la AFA (Rosa, 2017). En esos cinco años transcurridos entre una prohibición y otra, los sentidos sociales en torno a la violencia en el fútbol evidentemente habían cambiado, de allí que la prohibición apareciese entonces como una consecuencia «natural” del estado de situación caótico del fútbol argentino.

La prohibición del público visitante trajo numerosas consecuencias. Entre las más importantes podemos mencionar:

• el trastocamiento de la propia lógica del espectáculo deportivo, concebido históricamente a partir del enfrentamiento simbólico entre dos parcialidades.

• el cambio en la forma en que los hinchas perciben al rival. El Estado legitimaba con esta medida la lectura de que la convivencia en un mismo espacio entre hinchas rivales era imposible, reforzando procesos sociales como la desconfianza interpersonal, la construcción de toda alteridad como radical y la clausura de la polifonía.

• representó el paroxismo de las lógicas de control y castigo sobre las que se estructuró la seguridad deportiva en Argentina desde sus inicios.

• mostró también las limitaciones del campo de la seguridad deportiva para pensar políticas inclusivas y dialoguistas, por fuera de los ejes de la represión y la separación.

Para dimensionar el impacto social de la medida se debe situar al fútbol como una de las más importantes manifestaciones sociales y culturales para los argentinos (Alabarces, 2003). El fútbol en su rol de reproductor de relaciones sociales, de articulador de experiencias comunitarias, familiares y afectivas se ve atravesado por esta medida. La importancia de la medida tuvo su corolario el 11 de mayo de 2015, cuando los tres principales candidatos a la presidencia del país (Scioli, Massa y Macri) asistieron al programa televisivo de Marcelo Tinelli (Rosario Plus, 2015). Allí, el tema de la prohibición del visitante surgió como problema y todos ellos prometieron —con mayor o menor énfasis— permitir el regreso de los visitantes en caso de ganar la elección. Finalmente, Macri no cumplió la promesa como presidente y tampoco los visitantes volvieron en el gobierno peronista de 2019-2023; la prohibición del público visitante expresa mejor que ninguna otra política pública las limitaciones y las deficiencias del campo de la seguridad deportiva para construir formas de regulación de la violencia que estén por fuera del parámetro del control y del castigo.

Recapitulación y Conclusiones

El objeto de este artículo es la seguridad deportiva estatal, categoría que remite a las políticas y dispositivos de gestión y control de la violencia en el fútbol. En función del análisis cronológico y procesual presentado a lo largo del texto, es posible formular algunas preguntas que sirven a su vez para reponer lo expuesto como para pensar las especificidades del campo de la seguridad deportiva.

¿Dónde está puesto el foco de atención cuando se conciben políticas, medidas y dispositivos de control alrededor del fútbol? ¿El foco está puesto en la seguridad de las personas, entendida como la protección física frente a la acción de otras personas? ¿Está puesto en la defensa del «orden público», amenazado por los «sujetos peligrosos» que habitan los estadios de fútbol? ¿Está puesto en la custodia del fútbol como producto, para el cual la irrupción del caos, el desorden y la violencia supone una degradación de su valor como mercancía televisiva y comercial? ¿Está puesto en la protección del fútbol como patrimonio público, cuando a partir del 2009 el Estado adquiere los derechos televisivos del fútbol y este deporte se convierte en un bien estatal? ¿O está puesto en evitar los hechos de violencia en tanto estos tienen la capacidad de perjudicar el capital político de los actores de gobierno, configurando lo que denominamos, junto a Misse (2010), «mercancía política»?

A lo largo de este artículo analizamos tres gestiones diferentes de la agencia nacional de seguridad deportiva (nominada como SUBSEF de 2008 a 2011, luego como UCPEVEF hasta 2013 y finalmente como COSEF hasta 2015). La primera, a cargo de Pablo Paladino, tiene una impronta básicamente policialista y las escasas políticas públicas que surgen de la agencia son de corte restrictivo (derecho de admisión, prohibición del público visitante en el Ascenso). La segunda coincide con el mandato de Nilda Garré en el recientemente creado Ministerio de Seguridad y se inscribe en el momento de políticas de seguridad kirchneristas que Saín (2012) caracteriza como de «reformismo cosmético». La impronta reformista se traduce en la gestión de la violencia en el fútbol a partir de la modernización de ciertas estructuras de la agencia, del avance sobre el poder policial en los estadios y de la intención de virar hacia un modelo de seguridad deportiva europeo. Y la tercera, a cargo de Eduardo Villalba, que retoma un enfoque más duro de la seguridad personificado en la figura del Secretario de Seguridad Sergio Berni, quien optó por potenciar nuevamente el rol policial en el fútbol en detrimento del rol de la agencia civil de seguridad deportiva. Lo que emparenta a todas esas gestiones es la lectura que los sucesivos gobiernos hacen del fenómeno de la violencia en el fútbol como un problema público y, fundamentalmente, como un problema político.

El hecho saliente en la relación entre fútbol y Estado de los gobiernos cristinistas fue el programa «Fútbol para Todos», que convirtió al fútbol en cierta manera en un bien público a partir de la adquisición de los derechos televisivos de retransmisión de los partidos por parte del Estado desde 2009 en adelante. El «Fútbol para Todos» tuvo impacto en el campo de la seguridad deportiva, profundizando la línea de gestión de Paladino y Aníbal Fernández basada en la invisibilización y la negociación como formas principales de regulación. Fernández apostó a una baja de la visibilidad mediática (y por ende, del impacto político) del problema, y adoptó un tono mucho más moderado en la caracterización negativa de las barras bravas. Asimismo, discursivamente apuntó a licuar las particularidades del fenómeno de la violencia en el fútbol en problemas más amplios como el del delito y otras violencias sociales. Esta inespecificación del problema, que le negaba sus sentidos particulares (el aguante, la connivencia, los negocios entre barras y policías, etc.) fue funcional a la SUBSEF en tanto traducía que el problema no era «del fútbol» sino «de la sociedad».

En este período histórico se produce también, como hemos fundamentado en trabajos anteriores (Murzi, 2021) una marcada «pérdida de fe en la ley como herramienta principal de control social por parte de los actores políticos de la seguridad deportiva. Luego de las dos décadas anteriores (1985-2005), donde se sancionan la mayoría de los dispositivos jurídicos que regulan el espacio de los estadios y a sus habitantes, a partir del 2006 en adelante las políticas públicas van a ser más del orden de lo ejecutivo, más específicas y puntuales. A partir de allí lo que va a primar son nuevas estrategias (Garland, 2005) como la invisibilización que venimos de señalar, o su opuesto, el redoblamiento de la intervención civil en la operatividad de los estadios, camino emprendido por la gestión de Blanco entre 2011 y 2012.

Esa gestión, que tiene la impronta de la Ministra de Seguridad Nilda Garré, cambia la visión que el Estado tenía del problema. Saca el foco explicativo de los «300 tarados” o los «delincuentes» y reactiva la sanción de políticas públicas propositivas (Protocolo Policial de actuación en estadios, modificación del Régimen de Seguridad, nuevo rol de los veedores civiles en los estadios, parcelización de los espacios del operativo policial para neutralizar connivencia, etc.), expresando una visión distinta del espectáculo, más orientado al bienestar que al control estricto. De todas formas, y en línea con la caracterización de Saín de «reformismo cosmético» —o el más duro «progresismo ficcional» (Entrevista con Marcelo Saín, 23-06-2017)— para referirse al período de Garré como actriz fuerte de la seguridad, los cambios propuestos por la UCPEVEF fueron más de intención que de materialización, ya que en la práctica, el rol policial siguió primando en la organización de la seguridad en el fútbol.

La gestión de Villalba/Berni en la COSEF (2013-2015) puede remitir a la de Paladino/Fernández a partir de que ambas constituyeron momentos de letargo de la acción civil estatal en torno a la seguridad deportiva. La visión de Berni del problema de la violencia en el fútbol se sustentaba en los «negocios» de las barras y en la connivencia de éstas con las dirigencias deportivas. Para el Secretario de Seguridad se trataba de un problema pura y exclusivamente económico, y su lectura, que privilegiaba el componente mafioso de las barras, y circulaba en la prensa e incluso en algunas interpretaciones académicas (D’Angelo, 2012) desde hacía algunos años, se materializó como la visión oficial del Estado plenamente a partir del gobierno de Cambiemos desde 2016.

La única política nueva de la gestión Villalba/Berni fue la prohibición del público visitante en la Primera División a partir de 2013, que se hallaba vigente en las demás categorías desde 2007. Esta vez, el Estado tomó las riendas de la implementación de la medida, decisión que sorprendentemente se instauró sin ningún tipo de resistencia organizada por parte de los hinchas. La prohibición fue presentada desde el discurso oficial como una «imposición» de la realidad que el Estado debió tomar frente a la conflictividad de los estadios, y no tanto como una decisión política de abordaje de la cuestión. Este mismo sentido, extendido, que señala que «la sociedad no está preparada para tener ambos públicos en un estadio» es el que en los años subsiguientes permitió que el público visitante no retornase a los estadios y que la medida transitoria se convirtiese en la política pública de seguridad deportiva central de la última década. La prohibición del público visitante trastocó de gran manera la concepción del espectáculo futbolístico en Argentina e instituyó una nueva forma de concebir la rivalidad y las relaciones sociales alrededor del fútbol. Además, ratificó el status de mercancía política y electoral de la seguridad deportiva cuando, de cara a las elecciones presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017 los candidatos fogonearon la vuelta del público visitante como promesa de campaña.

En resumen, a lo largo de este artículo analizamos ocho años de gestión estatal de seguridad deportiva, dando cuenta de algunas evidencias. La primera, que dentro del mismo gobierno político se sucedieron abordajes con visiones diferentes (e incluso contrapuestas ideológicamente) de la gestión de la violencia en el fútbol. La segunda, que la violencia en el fútbol se convirtió en un área de relevancia dentro de los asuntos de seguridad estatales, como lo refleja que los funcionarios más importantes de cada momento (Aníbal Fernández, Garré, Berni) se inmiscuyesen personalmente en la gestión de seguridad deportiva. La tercera, que existe una tensión constante entre los saberes policiales y los saberes civiles para el diseño y la implementación de políticas y dispositivos de seguridad en el fútbol, y que dicha tensión va marcando el pulso del campo de la seguridad deportiva estatal. Y la cuarta, que a pesar de que al fútbol concurren diversos tipos de público, todas las políticas de seguridad en nuestro país están concebidas pensando en las barras bravas, replicando en los estadios la lógica de «guerra contra el delito» que se puede encontrar en el campo de la seguridad general.

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Notas