Introducción

Entre las innumerables repercusiones que la Guerra Civil española (1936-1939) generó en la sociedad argentina, sin dudas, merece una especial atención el impacto que la contienda ocasionó en las nutridas colonias de inmigrantes españoles que residían en el país. El inicio de ese conflicto bélico también motivó un intenso activismo solidario entre la población civil, la intelectualidad y las agrupaciones políticas y sindicales locales. La opinión pública se vio atravesada por este enfrentamiento y rápidamente se formaron movimientos de apoyo ideológico y material, con distintos grados de cohesión y amplitud, a favor de ambos bandos contendientes. Pese a ello, han sido pocos los estudios que se concentraron en observar las repercusiones que la contienda generó más allá de la ciudad de Buenos Aires. Las indagaciones realizadas sobre los casos de La Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca demuestran la heterogeneidad que caracterizó a la movilización solidaria en el territorio argentino y las múltiples percepciones que se formaron alrededor del conflicto bélico español en los ámbitos locales (Ardanaz, 2013; Callido, 2023; Camaño Semprini, 2014; Casas, 2013; Cimatti, 2023; Fernández, 2017; Gil, 1989; Merayo, 2025; Montenegro, 2002, pp. 99-136).

Diversos trabajos han señalado que el apoyo mayoritario de los habitantes se inclinó a socorrer a la II República y se involucró con la defensa de las instituciones democráticas en España (Delgado Gómez Escalonilla, González Calleja y González, 1990; Figallo, 2016; Goldar, 1986; Montenegro, 2002; Quijada, 1991; Trifone y Svarzman, 1993). No obstante, en los últimos años se ha examinado el accionar de múltiples instituciones y personas, muchas de ellas vinculadas a los sectores católicos y conservadores argentinos, así como a las élites de la comunidad española residente, que se movilizaron activamente en beneficio del ejército sublevado en la península (De Cristóforis, 2024; Ferreyra, 2023; Romero, 2011; Velasco Martínez, 2022). A pesar de los avances realizados, aún resta mucho por conocer sobre los alcances de la acción solidaria que llevaron adelante estos últimos grupos. En esta línea, este trabajo se orienta a analizar la extensión, el proceso de formación y el funcionamiento de las redes de apoyo al franquismo en las comunidades migratorias españolas que habitaban en el interior de la República Argentina durante la Guerra Civil.

Las investigaciones han demostrado que los inmigrantes peninsulares dieron origen a un sólido y extenso tejido comunitario e institucional que se desperdigó por casi toda la geografía argentina desde mediados del siglo XIX.[1] Si bien la instauración del gobierno republicano en España (1931) había generado gran entusiasmo en amplios segmentos de la colonia emigrada residente, también existieron opiniones e instituciones adversas al cambio político operado en la península. En la ciudad de Buenos Aires se fundaron entidades que defendieron la permanencia de los valores monárquicos y católicos en España, como: la “Comisión central de propaganda Carlista de América del Sud” (1898) a cargo de Francisco de Paula Oller, representante del pretendiente al trono español por el carlismo; el Centro Acción Española (1933); el Patronato Gallego de Santiago Apóstol (1934) y la Agrupación Monárquica Española (1936) (Lozier Almazán, 2002, pp. 27-52). A estos organismos, que nuclearon a las corrientes opositoras al republicanismo español en las vísperas del conflicto bélico, se les sumarían luego de comenzada la contienda: la Falange Española (1936), la Acción Gallega Cruzados de Santiago (1936) y los Legionarios Civiles de Franco (1937), creadas con el propósito de recaudar fondos y recursos para enviar a la fracción rebelde del ejército español y sostener una campaña de difusión en beneficio de esa causa.

Aunque esta trama institucional tuvo su epicentro en la capital argentina, pronto se extendió a otras partes del territorio formando un vasto sistema de ayuda y propaganda que incluyó a localidades en diversas provincias. Por ello se considera, a modo de hipótesis principal, que fueron algunas de estas entidades radicadas en la ciudad de Buenos Aires las más interesadas en reforzar su propia actuación a favor del franquismo en el marco de la guerra asociando sus esfuerzos solidarios al de los núcleos de españoles que vivían en otras latitudes del país. Pero ¿A partir de qué mecanismos y estrategias se trató de ir consolidando esa red de apoyo a la sublevación española en el territorio? Y ¿Cómo se articuló el funcionamiento de estos nodos provinciales con sus cabeceras institucionales?

Este trabajo se orienta, entonces, a contribuir al conocimiento de esta menos explorada movilización política y social de la comunidad española residente y a trazar un mapa de la presencia territorial de los organismos alineados con el franquismo en la República Argentina. Además, se inserta en una línea de estudios interesada en indagar la entidad ideológica y material de las vertientes conservadoras, anticomunistas, católicas y nacionalistas de la inmigración europea que residían en el país en la primera mitad del siglo XX.[2] Para estas corrientes, la Guerra Civil española funcionó como un elemento aglutinante que ayudó a amplificar muchas de sus propuestas (López Cantera, 2023, p. 176). En este sentido, la pesquisa sobre la extensión y la densidad de las redes de socorro a favor del franquismo en el territorio argentino contribuiría a iluminar los nexos que estos núcleos fueron entablando con grupos afines en el escenario local.

El estudio de las redes sociales permite reconocer los “niveles de cohesión, los grados de intermediación y centralidad que tienen [los] actores dentro de un espacio de relaciones” (Vezub, 2019, p. 149), estos agentes pueden ser individuales o colectivos: personas físicas o jurídicas, una asociación, un partido político, etc. El análisis del vínculo entre ellos es lo que posibilita identificar las aproximaciones estructurales y las interacciones entre los actores, e interrogarse sobre sus efectos sistémicos (Bertrand, Guzzi-Heeb y Lemercier, 2011, p. 2). De este modo, la investigación sobre la existencia y los lazos entre las entidades alineadas con la sublevación española en suelo argentino nos permitiría reconocer los principales nodos de esas redes de vínculos, tanto humanos como institucionales, que fueron conformando el entramado de apoyo al franquismo en la comunidad española residente en el país.

Para llevar a cabo este trabajo se han utilizado, fundamentalmente, fuentes hemerográficas. En primer lugar, la prensa afín al movimiento rebelde español editada por las instituciones cabeceras ubicadas en la ciudad de Buenos Aires, como las publicaciones del falangismo español: Falange Española y ¡Arriba!; el periódico Acción Española del Centro Acción Española y la revista Por Ellos de Legionarios Civiles de Franco, y también se ha consultado El Diario Español. Se completa este análisis con los fondos de la Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Archivo General de la Administración-España) y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino (Archivo Histórico de la Cancillería Argentina, Argentina).

La presencia española y las repercusiones de la Guerra Civil en las provincias

La población de procedencia migratoria se distribuyó de manera desigual en el extenso territorio argentino. Desde mediados del siglo XIX hubo una preferencia muy marcada de los recién llegados por instalarse en las áreas urbanas, ya sea por las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra en el ámbito rural, como por las múltiples oportunidades laborales y habitacionales que ofrecían las ciudades argentinas en pleno proceso de expansión y desarrollo. La capital del país y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el sudoeste de Córdoba recibieron el mayor número de emigrados europeos, como también Mendoza y Tucumán, gracias a las industrias vitivinícola y azucareras allí instaladas (Devoto, 2004, pp. 294-298). La inmigración española no fue ajena a esta propensión y tendió a concentrarse en Buenos Aires y las zonas aledañas desde fechas muy tempranas. El resto de los arribados peninsulares se instaló, mayoritariamente, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza, a las que le siguieron en menor número: Tucumán, La Pampa, San Juan, Entre Ríos y Río Negro (Gráfico 1).

Gráfico 1.
Distribución porcentual del total de la población española residente en Argentina en 1914
Fuente: (Tercer Censo Nacional, 1914) .

La heterogénea distribución de la población peninsular en el país condicionó las repercusiones que la contienda bélica ocasionó en esos núcleos migratorios y la magnitud de la labor solidaria que pudieron llevar a cabo en el trascurso de la guerra. Al momento de iniciarse la sublevación en España se estima que vivían en la República Argentina, contando sus descendientes, entre un millón y medio y dos millones de personas de origen español (Rein, 1997, p. 339).

El comienzo de la conflagración generó una especial agitación en el espacio público y político argentino.[3] Las calles se convirtieron en un punto de encuentro y camaradería para el desarrollo de las tareas solidarias y los actos de propaganda, pero también, en el área de choque entre republicanos y franquistas. En las inmediaciones de la Avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, un núcleo de tradicional presencia española en la capital, era usual el enfrentamiento callejero entre simpatizantes de ambos bandos (Ortúño Martínez, 2018, p. 101). Aunque en muchas ocasiones fue necesaria la intervención policial para evitar posibles desmanes, estas trifulcas callejeras no llegaron a contabilizar fallecidos, como sucedió en la provincia de Mendoza.[4]

El singular contexto político argentino de entreguerras también incidió en las interpretaciones que se fueron formando alrededor de la contienda en España. Luego del golpe de Estado (septiembre de 1930) que había desplazado del gobierno al presidente Hipólito Yrigoyen, principal líder y referente del partido Unión Cívica Radical, el retorno a la vía institucional estuvo condicionado por el uso sistemático del fraude electoral y la formación de una alianza política conservadora, denominada la “Concordancia”, que se prolongó en el poder por el resto de la década.[5] La dinámica política de este periodo se caracterizó por una combinación conflictiva de mecanismos autoritarios de gobierno en la práctica, junto con la adhesión formal, aunque superficial, a los principios democráticos en el plano institucional y en la política exterior.

Esta ambigüedad también determinó las relaciones que el Estado argentino entabló con la II República durante la Guerra Civil. Aunque oficialmente se adoptó una postura de “no intervención” y se declaró la “prescindencia” ante el conflicto bélico, miembros destacados del gobierno, la Iglesia católica y el ejército simpatizaron a título individual con la sublevación militar en España (Quijada, 1991, pp. 24-27). De ahí que, aunque el Estado argentino mantuvo hasta, prácticamente, el final de la contienda el reconocimiento oficial hacia el gobierno republicano, solo fueron las iniciativas solidarias a su favor las que se identificaron como potencialmente subversivas, en tanto se temía que los acontecimientos españoles pudieran propiciar la expansión de las ideas comunistas o una revuelta social en el país (Montenegro, 2002, p. 38; Quijada, 1991, p. 25).

En esta línea, en diciembre de 1936 una disposición del Ministerio del Interior prohibió la realización de actos públicos que: “se relacionen con la actual situación de la República española, a fin de evitar en cuanto sea posible, incidencias y alteraciones del orden en nuestro territorio, que pudieran producirse por las distintas ideologías en pugna”.[6] Esta resolución, que rigió sobre los Territorios Nacionales de Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, impidió que se llevaran a cabo actos previstos en adhesión a la II República en localidades del sur del país.[7] Una medida similar se implementó a partir de mayo de 1937 en la provincia de Santa Fe.[8] Según Felipe Jiménez de Asúa, el encargado de negocios de la embajada hispana en Buenos Aires, esta última resolución resultó de la inexacta interpretación de un acto a beneficio del gobierno republicano al que asistió el cónsul de España de la ciudad y al que se le adjudicó una errónea significación comunista debido a que “algunos de los asistentes vistie[ron] el mameluco y lleva[ron] prendido en el ojal ‘escarapelas representando un puño cerrado (…)’”.[9]

En este sentido, los diplomáticos republicanos denunciaron los constantes obstáculos que se oponían a la labor solidaria en apoyo a su gobierno y señalaron como principales dificultades la interrupción de eventos por actos vandálicos perpetrados por simpatizantes de la insurrección, pero, también, la falta de permisos de las autoridades locales.[10] Al respecto, fueron numerosas las quejas que la embajada española elevó al gobierno argentino.[11] También se realizaron reclamos por el laxo accionar de la representación oficiosa del Gobierno de Burgos en el país,[12] la cual podía celebrar actos públicos, conferencias, colectas y servicios religiosos en iglesias en donde se enarbolaba la bandera monárquica sin ningún reparo.[13] A pesar de ello, algunas filiales del falangismo denunciaron haber sido víctimas de atentados como incendios intencionales o destrozos en el mobiliario.[14]

Los representantes de los sublevados españoles no solo lograron la tolerancia gubernamental para instalarse de manera extraoficial en Argentina, sino que, además, tuvieron una mayor capacidad de acción para desplegar su labor proselitista. Dado el carácter no reconocido de su embajada, mientras sus actividades se desarrollaran en el marco del orden establecido y respetaran las leyes locales, para las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino no tenían por qué ser interrumpidas: “Sin carácter político reconocido, ella [la Representación oficiosa] es para el Gobierno Argentino una simple representación de tendencias que, mientras no choquen con el orden interno del país, no tienen por qué ser reprimidas entre nosotros.”[15] En cambio, al embajador español, Ángel Ossorio y Gallardo se le sugirió que moderara la actuación propagandística a favor de su gobierno dado que por la representación oficial que ostentaba no debía interceder en actividades políticas o civiles que pudieran alterar el orden público.[16]

Muchos de los “comités” de solidaridad a favor de la II República española surgieron espontáneamente por iniciativa de la sociedad civil, pero, también, en el seno de entidades políticas y sindicales opositoras al gobierno.[17] Los eventos pro-republicanos solían asociar la lucha en favor de la democracia en España con críticas al régimen local y con demandas por una genuina participación en la vida política (Montenegro, 2002, p. 169). Como han demostrado numerosos estudios realizados en ámbitos locales, la envergadura y fortaleza del movimiento solidario alineado en torno a las consignas del antifascismo internacional tuvieron un correlato patente en el escenario político argentino (Ardanaz, 2013; Callido, 2023; Merayo y Sánchez, 2025; Pasolini, 2023).

Hacia 1938, operaban en el país más de mil agrupaciones de ayuda al gobierno republicano español (Quijada, 1991, p. 140). Las distintas corrientes políticas (radicales, socialistas, comunistas y anarquistas) rivalizaron entre sí para liderar el extenso movimiento de socorro generado como respuesta al conflicto.[18] La heterogeneidad de estos grupos se plasmó en la notable dispersión que adquirió el impulso solidario pro republicano y en la imposibilidad de centralizar la recaudación y el envío de las colaboraciones (Montenegro, 2002, pp. 72-81).

A pesar de las medidas prohibitivas impulsadas por el Estado argentino, las manifestaciones públicas relacionadas con la guerra continuaron realizándose en distintos puntos del territorio, por lo que las repercusiones en los ámbitos provinciales fueron muy diversas. Más allá del predominio político a nivel nacional de la alianza conservadora cada jurisdicción mantuvo cierto nivel de autonomía. En este marco, el movimiento solidario a favor de la II República osciló entre: “la legalidad, la ilegalidad o la cuasi-legalidad y frente al cual las autoridades locales podían optar por la persecución, la tolerancia y hasta, a veces, la abierta simpatía.” (Montenegro, 2002, p. 135).

Esas actitudes variaban según qué partido o coalición gobernara en cada provincia y ciudad, además de las preferencias derivadas de las relaciones personales de quienes ejercían los cargos en el gobierno.[19] En este sentido, también existen numerosos ejemplos en los que autoridades municipales e incluso provinciales manifestaron públicamente su respaldo a la causa de los sublevados españoles.[20] A continuación, se analizará la configuración de las redes de apoyo al franquismo en el territorio argentino, considerando la fundación y el accionar de las instituciones que representaron a esa fracción política en el país durante la contienda civil española.

Las redes institucionales de apoyo al franquismo en el territorio argentino

La constitución de la mayoría de los organismos vinculados a la sublevación española que se establecieron en las distintas provincias argentinas fue, en gran parte, el resultado de una campaña sistemática de difusión y afiliación impulsada por entidades que se habían fundado en la capital del país.[21] No obstante, esto no impidió la formación de agrupaciones solidarias independientes, como fue el caso del “Comité Pro-España” que funcionó en Bahía Blanca, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires.[22] La creación de esta entidad fue liderada por Rafael de los Casares Moya, quien se desempeñaba como cónsul de España en la ciudad y había sido destituido del cargo el 28 de agosto de 1936 por prestar voluntariamente sus servicios a los rebeldes.[23] Aunque tuvo un origen autónomo, esta agrupación pronto quedó integrada a la estructura que el falangismo comenzó a extender por el territorio.[24]

Tras el inicio del conflicto bélico, instituciones como el Centro Acción Española, la Falange Española y, posteriormente, los Legionarios Civiles de Franco (en adelante, LCF), establecieron desde Buenos Aires comisiones encargadas de promover la creación de asociaciones solidarias en las localidades donde existían colonias de inmigrantes españoles receptivas a sus propuestas.[25] La fundación de estas filiales tuvo una distribución y crecimiento desigual durante los años que duró la contienda. Apenas iniciada la guerra y en el trascurso de la segunda mitad del año 1936 y principios de 1937 fueron las “Juntas Nacionalistas Españolas” (en adelante, JNE) dependientes del Centro Acción Española las que se extendieron con mayor rapidez y amplitud gracias al envío de emisarios a las distintas provincias argentinas. Por su parte, la presencia del falangismo español, que experimentaba un crecimiento gradual desde la aparición de su primera sede en la ciudad de Buenos Aires en agosto de 1936, se afianzó y comenzó un camino ascendente a partir de abril de 1937 con la implementación de las medidas de unificación política impuestas por el franquismo. En cambio, las filiales de LCF se constituyeron casi todas al mismo tiempo, cuando quedó formada la institución cabecera en la capital del país, hacia la primera mitad de 1937 (Cuadro 1).

Una de las primeras entidades en liderar el proceso de expansión desde la ciudad de Buenos Aires fue el Centro Acción Española. Esta institución se creó en 1933 siguiendo la línea político-ideológica antiliberal, católica y antirrepublicana que se había formado alrededor de la revista Acción Española fundada en Madrid en 1931 bajo la dirección de Ramiro de Maeztu.[27] Este proyecto editorial congregó a diversos sectores de la derecha española durante el periodo republicano y se caracterizó por combinar el desarrollo doctrinal con la acción política pro-monárquica (Morodo, 1985; Peña González, 2003).

Cuando se inició el conflicto bélico en la península, el centro mantenía una sede social ubicada en Bernardo de Irigoyen al 483 en la capital argentina, muy cerca de otras asociaciones emblemáticas de la colonia como el Club Español y la Asociación Patriótica Española, y un órgano de prensa propio, Acción Española, para dar a conocer sus actividades. En el marco de este organismo, el agregado militar de la embajada de España, Emilio Fernández Martos, quien renunció a su cargo ni bien se inició la revuelta, encabezó la creación de la primera JNE orientada a recaudar donaciones para enviar a la fracción sublevada del ejército español.[28]

Con el propósito de conducir otras colectas del mismo tenor en octubre de 1936, dos emisarios de la institución, Luis Vicente Nieto y José Sánchez Malmierca, iniciaron un recorrido por el resto del país utilizando, fundamentalmente, las vías de transporte que proporcionaba el ferrocarril para incentivar la creación de filiales.[29] Gracias a esta gestión se fundaron cuarenta y cinco (45) JNE en Argentina y hubo sedes en los territorios de Chubut (Trelew) y Misiones (Posadas); las provincias de Santiago del Estero (La Banda y Santiago del Estero), Entre Ríos (Nogoyá, Villaguay, Concordia), Córdoba (San Francisco, Villa María, Río Cuarto), Santa Fe (Rosario, Rafaela, Santa Fe), Corrientes (Goya, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Corrientes), Tucumán (San Miguel de Tucumán) y Buenos Aires (Cacharí, La Plata, Lomas de Zamora, Jáuregui, Temperley, Saavedra, Alberti, General Lamadrid, Coronel Suárez, Chivilcoy, Suipacha, Pigüe, Tandil, Mar del Plata, Chascomús, Saladillo), entre otras.[30] Luego de la gira por el centro y el norte del país realizada entre octubre y diciembre de 1936,los delegados del Centro Acción Española se dirigieron hacia el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires para fundar las últimas filiales en el área bonaerense.[31]

A pesar de contar con la mayor representación numérica en el territorio, la actividad y el compromiso de las distintas sedes de la JNE con la causa fue muy heterogéneo. Desde el primer momento, los delegados reconocieron serios obstáculos a la hora de realizar su tarea propagandística y se enfrentaron a la apatía e incluso al rechazo en muchas de las ciudades a las que arribaron. Los informes evidenciaban la presencia de una abrumadora mayoría pro-republicana en las colonias españolas del interior, más de un 80% según sus propias palabras, a lo que se sumaba la resistencia de muchos comerciantes a comprometerse y declarar abiertamente su posicionamiento político por temor a represalias. Así lo relataba Sánchez Malmierca en uno de sus escritos:

Desde el 29 de noviembre a la fecha he recorrido las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y Buenos Aires fundando más de diez Juntas Nacionalistas. En Tucumán y Catamarca, donde fui bien recibido por todos logré con facilidad los fines patrióticos perseguidos. En las demás provincias he recibido desaires y hasta traiciones de personas a las que considerábamos como españolistas, pese a lo cual, y gracias a la noble y desinteresada ayuda de algunos, logré la fundación de las correspondientes Juntas Nacionalistas Españolas.[32]

El control que el Centro Acción Española ejerció sobre las JNE esparcidas por el territorio argentino fue muy lábil y le permitió un funcionamiento bastante autónomo a la mayoría de ellas. Una vez conformada la junta directiva de la sede local, ésta mantenía su independencia en la gestión de las colectas y los actos de propaganda en su jurisdicción. En la ciudad de Buenos Aires se recibían las donaciones en especie y en dinero enviadas desde las provincias para luego unificar el despacho marítimo. Solo se solicitaba un informe periódico de las actividades realizadas, que podían ser publicadas en periódicos locales o en las páginas de Acción Española o El Diario Español que se editaban en la capital argentina.[33]

Este mecanismo de difusión permite advertir que hubo sedes muy activas en cuanto al trabajo recaudatorio y propagandístico, como los casos de Tucumán, Rosario en la provincia de Santa Fe, Posadas en el territorio de Misiones, Lomas de Zamora y La Plata en Buenos Aires, mientras que la mayoría apenas registró una existencia nominal al informar solo los datos sobre la fecha de su constitución y las autoridades designadas.[34] El proceso de creación de JNE por medio del envío de emisarios se detuvo en abril de 1937, aunque algunos meses más tarde se registraron fundaciones en las localidades de Chascomús y Saladillo de la provincia bonaerense, el ritmo de crecimiento de estas entidades cesó casi abruptamente.[35]

A comienzos de ese año había llegado al país el joven diplomático Juan Pablo de Lojendio, designado como representante oficioso del general Francisco Franco en la Argentina.[36] Su condición de delegado extraoficial no le impidió realizar una intensa labor de propaganda y lo ubicó a la cabeza del proceso de reorganización y fiscalización de las iniciativas de solidaridad a favor del franquismo que se habían comenzado a desarrollar espontáneamente ante el inicio de la guerra en el territorio argentino. Al poco tiempo de su llegada, una de sus principales tareas fue la implementación del “Decreto de Unificación” dictaminado el 19 de abril de 1937 en el que se ordenaba la conformación de un partido único entre los organismos que apoyaban a la sublevación en España. De esta forma, se disolvían todas las organizaciones políticas existentes y se integraba en la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (en adelante, FET-JONS) a las dos principales fuerzas militares y políticas del movimiento: la Falange Española y el tradicionalismo carlista (Payne, 1985, p. 174).

Aunque el decreto otorgó al falangismo la función de ser el organismo político oficial encargado de coordinar las actividades de solidaridad y propaganda a favor del ejército franquista en la península y fuera de ella, esta medida encontró resistencias en buena parte del sector conservador pro-monárquico y católico de la inmigración española que había apoyado a la sublevación desde el principio.[37] Si bien se esperaba que las JNE existentes se disolvieran e integraran armónicamente a la estructura del nuevo partido,[38] en ciudades relevantes como Rosario o La Plata, estas entidades conservaron su independencia para la realización de eventos públicos y mantuvieron en funcionamiento un cuerpo directivo diferenciado al de FET-JONS.[39]

El despliegue territorial y la organización interna del falangismo en el país había comenzado a desarrollarse paulatinamente. La primera sede de Falange Española en Argentina se estableció sin intervención de las autoridades partidarias en la península. Fue fundada oficialmente en agosto de 1936 en Buenos Aires por un grupo reducido de simpatizantes que incluía a miembros de la Legión Cívica Argentina y personas evadidas del régimen republicano español recientemente llegadas al país (Quijada, 1991, pp. 102-105). En sus primeros meses, la sede compartió edificio con el Centro Acción Española, donde se llevaron a cabo actividades de recaudación de fondos y donaciones, además de organizar el envío de tres grupos de voluntarios que viajaron a España para integrarse al ejército sublevado.[40]

Durante los meses de agosto y septiembre delegados de Falange Española visitaron las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Córdoba con el propósito de formar las correspondientes seccionales (Cimatti, 2023, p. 85).[41] A finales de ese año, uno de los fundadores y primer jefe del falangismo en la Argentina, Nicolás Quintana Moreno, protagonizó una breve gira propagandística por Rosario, Mendoza y San Juan, en donde dejó constituidas las filiales locales y lideró homenajes póstumos a José Antonio Primo de Rivera.[42] No obstante, fue a partir del segundo año de la guerra cuando el crecimiento de la institución comenzó a acelerarse siguiendo las nuevas reglamentaciones sancionadas en la zona bajo el control del ejército sublevado en España.

Con el fin de canalizar la propaganda y recibir la ayuda procedente del exterior, en agosto de 1937, se creó la Delegación Nacional del Servicio Exterior de FET-JONS bajo la dirección de José del Castaño Cardona (González Calleja, 1994, pp. 282-283). El funcionamiento de las falanges exteriores se estructuró en torno a la disciplina partidaria y el principio de autoridad jerárquica que regían en la península. Por ello, se establecieron regulaciones que intentaron controlar la inscripción de los aspirantes, la actuación de los militantes y el entramado organizativo territorial. En un orden de jerarquía ascendente, el falangismo español en el extranjero podía organizarse de la siguiente manera: 1) “grupos de falange”: integrados por menos de veinte individuos y dependientes de un jefe radicado en otra jurisdicción; 2) “falanges locales”: compuestas por más de veinte afiliados y lideradas por un jefe local; 3) “falanges comarcales”: agrupaciones de varias “falanges locales” definidas en función de necesidades geográficas o administrativas, en Argentina también solían denominarse “falanges provinciales” y 4) la “jefatura territorial o regional” como la máxima autoridad del partido que se encontraba asentada en la capital del país. El jefe territorial o regional transmitía las órdenes al resto de las delegaciones, se comunicaba con los agentes diplomáticos reconocidos y tenía la potestad de intervenir, reorganizar y/o designar a los jefes de las demás instancias territoriales (González Calleja, 1994, pp. 292-294; Naranjo Orovio, 1988, pp. 20-21).

A partir de 1937, se observó un incremento en el número de filiales de FET-JONS en la Argentina. De acuerdo con los registros provenientes de la prensa falangista, se identificaron veintiún (21) “jefaturas locales”, las cuales operaban bajo la supervisión de ocho (8) “jefaturas comarcales”. Éstas últimas ejercían su radio de acción sobre las siguientes jurisdicciones provinciales desde sus respectivas capitales: Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, San Juan y Tucumán; con la excepción de Santa Fe, cuya sede se estableció en Rosario, y Buenos Aires junto a la zona sur del país, donde la cabecera se localizó en Bahía Blanca.[43] Por supuesto, la “jefatura territorial” se ubicó en la ciudad de Buenos Aires.[44]

La distribución de las sedes del partido único español se concentró en las zonas del centro y el norte del país, siendo las provincias de Buenos Aires y Santa Fe las que albergaron el mayor número, en consonancia con la presencia histórica de importantes núcleos migratorios de origen español allí asentados. En cambio, amplios espacios del área patagónica (sur) y litoral (nordeste) no tuvieron, prácticamente, representación falangista en sus territorios (Mapa 1). En cada una de las seccionales se distribuían las funciones de “jefe”, “secretario”, “tesorero” y “encargado de prensa y propaganda”, se conformaba el departamento de “Auxilio social” orientado a la recaudación de los donativos y, allí donde fuera posible, se organizaban las secciones femeninas.[45]

La última sede de FET-JONS establecida en Argentina fue la denominada “Falange de mar”,[46] constituida en abril de 1939 en el puerto de Buenos Aires, a bordo del buque de bandera española Cabo San Antonio.[47] En agosto de ese año, todas las sedes del partido único español debieron cesar sus actividades en el país debido a la entrada en vigor del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 31.321 (15 de mayo de 1939), cuyo objetivo era regular las actividades de las asociaciones extranjeras en el marco del complejo contexto internacional generado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial (Pardo Sanz, 1992, pp. 92-110).

Mapa 1.
Distribución de jefaturas de FET-JONS en Argentina (1936-1939)[48]
Fuente:Falange Española, ¡Arriba! y El Diario Español (1936-1939). BN y HMM.

El funcionamiento de las filiales del falangismo fue, al igual que el de las JNE, bastante disímil a lo largo del territorio. Teniendo en cuenta el número y relevancia de las actividades realizadas y publicitadas en la prensa partidaria, es posible advertir que hubo “jefaturas comarcales/provinciales” muy dinámicas, que lograron llevar adelante una gran cantidad de eventos de propaganda y que funcionaron como un polo de atracción para las autoridades del bando sublevado español que visitaron el país en el marco de sus giras propagandísticas durante la guerra. Ciudades como Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, Paraná, La Plata y Córdoba fueron el epicentro de numerosos eventos organizados por FET-JONS, como: “platos únicos”, misas, disertaciones de visitantes y entronizaciones del Sagrado Corazón de Jesús.[49] Los miembros de la “Misión de la bandera de Marruecos” y de la “Segunda misión cultural”, emisarios enviados por el falangismo con fines de supervisión y propaganda, visitaron en repetidas ocasiones esas urbes para liderar actos y dictar conferencias.[50]

No obstante, también existieron serios problemas de funcionamiento en las dependencias del partido único español en el país. Según un inventario realizado luego del cierre de las actividades de FET-JONS, se constató que la mayoría de las seccionales carecían de locales y mobiliario propio, y se instalaban en los domicilios particulares de los jefes designados. A su vez, se comprobó que en los registros administrativos de la “jefatura regional” figuraban activas muchas filiales que no llegaron siquiera a constituirse.[51]

Aunque el número de delegaciones del falangismo en el país creció a partir de 1937, este movimiento no logró posicionarse como el único representante de los sectores que respaldaban a la fracción sublevada del ejército peninsular en la Argentina. A la permanencia de algunas JNE funcionando en el territorio se sumó la existencia de LCF. Esta entidad, que se destaca por sus contribuciones económicas y apoyos propagandísticos a la causa, no solo superó en captación de recursos y adherentes a los representantes del partido único español, sino que también pudo eludir con éxito los intentos de control y fiscalización impulsados tanto por FET-JONS como por la representación oficiosa.[52]

La fundación de LCF se produjo en abril de 1937 con el objetivo de socorrer a los niños huérfanos que iba dejando la guerra por medio de la construcción de orfanatos en distintas regiones de España. Soledad Alonso de Drysdale[53] y Rafael Benjumea y Burín,[54] conde de Guadalhorce, crearon esta organización benéfica secundados por otras personalidades de la élite de la colonia española.[55] Gracias a la relación personal de la fundadora con Francisco Franco-Salgado Araujo, primo y secretario personal del general Franco, se logró la autorización para la creación de la entidad que conservó amplios márgenes de autonomía para su funcionamiento, organización y manejo de los fondos recaudados.[56]

Si bien la presencia territorial de LCF en la República Argentina fue significativamente menor en comparación con la expansión alcanzada por JNE y FET-JONS durante la guerra, sus registros indican que, al momento de su disolución en 1943, los legionarios contaban con más de diez mil miembros activos en el país y habían realizado envíos a España por un monto superior a tres millones de pesos (moneda/nacional) en concepto de donativos.[57]

Soledad Alonso de Drysdale llevó a cabo una activa labor proselitista entre los partidarios de la causa con el fin de obtener adhesiones y recaudar fondos destinados a la construcción de los asilos.[58] La institución se fue estructurando en torno a una amplia red de contactos que los integrantes de la organización activaron con el propósito de captar nuevos socios y donantes (Pérez Ortiz, 1940, p. 24). Aunque los fondos obtenidos estaban destinados a la futura construcción de los orfelinatos, este proyecto se consideraba una inversión a largo plazo, ya que su ejecución resultaba inviable mientras continuara el enfrentamiento bélico. Durante el desarrollo de la guerra y hasta que fuera posible iniciar las obras, el dinero recaudado se empleó para incrementar los recursos financieros de la España sublevada, que requería divisas en el marco del conflicto (Pérez Ortiz, 1940, p. 79).

LCF contó con trece (13) filiales en el interior del país, ubicadas en: Rosario y Santa Fe en la provincia homónima; Córdoba; San Juan; Jujuy; Mendoza; Trelew en el Territorio Nacional de Chubut; y en la provincia de Buenos Aires en: La Plata, Pergamino, Bahía Blanca, Tandil, Tres Arroyos y San Pedro.[59] La presencia territorial de los legionarios se concentró mayoritariamente, al igual que la del falangismo, en el área bonaerense y en la provincia de Santa Fe. A diferencia del mecanismo utilizado por las JNE y FET-JONS, esta entidad no envió emisarios a otras ciudades para fomentar las fundaciones. Según su órgano de prensa, el crecimiento sostenido en el número de miembros se acompañó de un importante porcentaje de socios procedentes de las provincias. Entre un treinta y cuarenta por ciento de sus integrantes se encontraba radicado en las localidades del interior argentino durante la Guerra Civil (Cuadro 2).

Las “subcomisiones” de LCF se constituían a partir del requerimiento de los miembros locales, generalmente mujeres interesadas en participar de las colectas y, recién posteriormente, podían recibir la visita de una delegación integrada por la fundadora y sus seguidores para acompañar la bendición de la bandera y el inicio de las actividades de recaudación, como ocurrió en Rosario y Bahía Blanca.[60]

La figura del representante oficioso del general Franco también contribuyó, aunque en menor medida, a reforzar el funcionamiento de estas redes institucionales afines al franquismo en distintas ciudades del país. Al poco tiempo de su llegada a Buenos Aires, y en el marco de la implementación del decreto de unificación de las fuerzas políticas en España, inició una gira propagandística por Córdoba, Rosario, Jujuy y Tucumán acompañado del periodista español Francisco Casares.[61] Además, participó en eventos dedicados a la memoria de Enrique Ribes en Mendoza, el “primer caído” de Falange Española en América, y asistió a “platos únicos” con fines recaudatorios en las localidades de Chascomús, Lomas de Zamora, Vicente López y La Plata de la provincia de Buenos Aires.[62] No obstante, su rol en la propagación de las ideas y las instituciones que defendieran la causa de los sublevados españoles no fue tan destacado como el de los emisarios y fundadores de las propias entidades. De hecho, fueron reconocidas sus dificultades para coordinar de manera armónica las tareas de recaudación y propaganda en el seno de la colonia española, además de entablar un vínculo contradictorio con las autoridades de FET-JONS en el país (Ferreyra, 2016a).

Para finalizar, es posible aseverar que gran parte del entramado institucional que respaldó a la sublevación española desde Argentina se desarrolló de manera progresiva e impulsado con especial interés por un puñado de entidades originariamente establecidas en la ciudad de Buenos Aires. Estos organismos buscaban fortalecer su propia labor solidaria y contaron con la colaboración de algunos núcleos de inmigrantes españoles afines que se encontraban radicados en otras regiones. La cartografía de la presencia territorial de la solidaridad pro-franquista aquí presentada constituye una primera etapa ineludible en un proceso de indagación que busca identificar las manifestaciones de apoyo y la movilización política de sectores conservadores de la inmigración española residente en el país durante las décadas de 1930 y 1940. El siguiente paso en este camino de investigación consistirá en examinar detenidamente los espacios provinciales considerando sus características particulares, así como analizar en profundidad los efectos que dicho activismo político y solidario ocasionó en los distintos contextos locales.

Conclusiones

La conformación de la mayoría de los organismos vinculados a la sublevación española durante la Guerra Civil que surgieron en distintas provincias argentinas fue, en gran parte, resultado de una estrategia coordinada de difusión y afiliación impulsada por entidades ya presentes en la capital del país, como las JNE dependientes del Centro Acción Española, FET-JONS y los LCF. Un caso paradigmático fue el “Comité Pro-España” que se fundó en Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires a cargo del ex cónsul de España en la ciudad y que estuvo desvinculado de cualquier otro organismo hasta que se integró formalmente a la estructura organizativa del falangismo español.

La aparición de esas filiales en el territorio argentino tuvo un desarrollo desigual durante la guerra. Las JNE fueron las primeras y las que se expandieron más rápidamente entre 1936 y principios de 1937 gracias a la labor de dos emisarios que visitaron más de treinta ciudades estableciendo contacto con personas de la comunidad española interesadas en apoyar al ejército sublevado. Por su parte, las sedes del partido único español crecieron de manera sostenida recién durante el segundo año de la contienda a partir de la implementación de las medidas de unificación política impuestas por el franquismo y el freno abrupto que experimentó la creación de otras entidades, como las JNE. Por último, las “subcomisiones” de LCF se fundaron casi todas al mismo tiempo cuando se estableció la organización cabecera en la ciudad de Buenos Aires hacia mediados de 1937.

La distribución territorial de la mayoría de estos organismos estuvo concentrada en la zona del centro y norte del país, con una presencia preponderante en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, espacios que nucleaban importantes contingentes migratorios de origen español desde el siglo XIX. Las provincias de Córdoba, Mendoza y, en menor medida, Tucumán y Salta, también tuvieron un rol gravitante en el marco de esta movilización solidaria pro-franquista desarrollada en el país. Mientras que, amplios segmentos del sur y el nordeste del territorio argentino prácticamente no contaron con representación institucional que actuara en beneficio de los rebeldes españoles.

Cada una de las entidades radicadas en la capital argentina estableció un vínculo específico con sus filiales provinciales. El Centro Acción Española de Buenos Aires fue el que tomó la iniciativa y encabezó este proceso de expansión interesándose muy tempranamente por fundar sedes en otras ciudades, gracias a lo cual se constituyeron más de cuarenta representaciones. No obstante, la implementación del “Decreto de unificación” en abril de 1937 por el que se ordenaba la creación del partido único FET-JONS entre las fuerzas políticas que apoyaban a la sublevación en España y fuera de ella, le puso un freno a su crecimiento. Si bien las distintas JNE desperdigadas por el territorio tuvieron un amplio margen de autonomía para desarrollar su trabajo recaudatorio y propagandístico, según los datos recabado en la prensa analizada, la mayoría de ellas parece haber tenido una existencia nominal y una actividad bastante limitada salvo algunas excepciones, como los casos de Lomas de Zamora, Posadas, Rosario y La Plata.

Por su parte, el desarrollo de FET-JONS por el territorio argentino fue mucho más paulatino. Si bien había comenzado a ampliar sus actividades hacia otras ciudades en los últimos meses de 1936, fue después de la implementación de la normativa de unificación política impuesta por el franquismo que la fundación de las “jefaturas” comenzó a extenderse por el país tratando de integrar en su interior a los organismos solidarios preexistentes. Al igual que las JNE, las sedes del partido único español también tuvieron una mayor presencia institucional en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Algunas ciudades como Rosario en la provincia de Santa Fe, La Plata y Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza en las provincias homónimas se convirtieron en un destacado polo de atracción para la labor proselitista que desarrollaban los emisarios enviados por el partido que visitaron el país en misión de control y propaganda, como los miembros de la “Misión de la bandera de Marruecos” o los integrantes de la “Segunda misión cultural”.

El caso de LCF resulta paradigmático porque rivalizó con FET-JONS por la captación de recursos y adherentes. Esta entidad, que fue fundada en abril de 1937 con un perfil caritativo y religioso orientado a la construcción de orfanatos en distintas regiones de España, pudo mantener la autonomía en su funcionamiento y quedar por fuera de los intentos de control, tanto del partido único como de la representación oficiosa del Gobierno de Burgos. La fundación de las filiales no dependió del envío de emisarios o de la implementación de una normativa, como fue el caso de las JNE o FET-JONS. Al contrario, sus delegaciones se fueron articulando en torno a una amplia red de contactos personales que los fundadores y miembros de la institución activaron en distintas ciudades del país, lo que le sumó un importante porcentaje de miembros de esa procedencia. Las “subcomisiones” de los legionarios se formaban en torno a la iniciativa de un grupo local interesado en participar de las colectas y luego podían recibir la visita de la fundadora y su séquito de seguidores para reforzar sus tareas de recaudación, como ocurrió en Bahía Blanca y Rosario.

La presencia territorial de este organismo también se concentró en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero, en comparación con el resto de las entidades analizadas, su número de filiales fue considerablemente inferior. A pesar de ello, logró mantener una importante nómina de miembros, elevados niveles de contribución económica y una permanencia asociativa que se extendió mucho más allá de la finalización de la contienda.

En líneas generales, es posible aseverar que el desarrollo de todo este entramado institucional de solidaridad a favor del franquismo en el territorio argentino, si bien tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires se valió de la formación de redes de contactos humanos y colectivos para extenderse y desplegar una activa labor proselitista por el resto del país durante la guerra. La presencia de estos organismos afines a la sublevación se concentró, preponderantemente, en aquellas jurisdicciones en donde la presencia de la población migratoria de origen español era más significativa, como en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Otros espacios, como Córdoba, Mendoza y, en menor medida, algunas áreas del norte argentino como San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán también representaron un ámbito propicio para el establecimiento de entidades afines a la sublevación española. En futuras investigaciones se espera poder avanzar en el estudio de las repercusiones que la contienda civil española ocasionó en esos ámbitos locales y examinar si existieron o no iniciativas solidarias autónomas que pudieran haber actuado en paralelo al entramado institucional aquí analizado.

Agradecimientos

Este trabajo forma parte del siguiente proyecto de investigación: “La inserción y el activismo político cultural de los españoles en las instituciones hispánicas de Buenos Aires (1914-1960)”, Proyecto UBACyT (20020190100223BA) de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la Dra. Nadia De Cristóforis. Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en las X Jornadas de la División Historia de la Universidad Nacional de Luján (octubre de 2025).

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Notas