Introducción

Los estudios sobre Mendoza, Argentina, en la década del ‘30 han mostrado el avance de la obra pública, el crecimiento de la industria y del empleo, el acceso a la vivienda de los sectores populares, así como también la ausencia de conflictos entre las clases. Sin embargo, lejos de haber sido una década homogénea con crecimiento económico y aumento del empleo, los largos años ‘30 estuvieron atravesados por múltiples transformaciones que se registraron año tras año. La clase trabajadora mendocina de conjunto –incluyendo a los desocupados–[1] fue una de las grandes protagonistas de estos cambios durante el período en cuestión.

Al inicio de la década, la Gran Crisis de 1929 golpeaba duramente sobre la provincia y particularmente sobre la familia obrera (mujeres, varones, infancias, adultos mayores) que tuvo graves dificultades para sobrevivir a los altos niveles de desempleo y a la casi nula ayuda desde el Estado. El impacto de la desocupación afectó a la familia trabajadora que además se vio envestida por los cambios que se estaban desarrollando en la clase a partir de las transformaciones económicas, políticas y sociales. En este sentido, en el siguiente estudio nos proponemos avanzar en el conocimiento de la situación de la clase obrera mendocina luego de la crisis económica de 1929 y, particularmente, en el contexto de altos niveles de desempleo en 1932. Los sucesos acontecidos en 1932, a nivel provincial, nacional e internacional, muestran que se estaban dando grandes cambios no solo en la producción sino también en la familia obrera y en el rol que cumpliría cada uno de sus miembros en la producción. Asimismo, nos detendremos en las formas de lucha y organización que desarrollaron los ocupados y desocupados mendocinos, lo cual nos permitirá observar de manera más compleja la iniciativa en la lucha de clases y en su propio proceso de reproducción como clase. Finalmente, y como parte de este proceso analizaremos la reorganización gremial en dicho contexto.

Siguiendo la hipótesis de que el año 1932 –que representó un momento de fuerte adversidad para las familias obreras cuyo sustento fue amenazado por la grave situación de desempleo– llevó a la clase trabajadora a reconfigurarse para salir a la lucha bajo el principio de solidaridad de clase, realizamos los siguientes interrogantes: ¿Cómo se desarrolló el proceso de desocupación en la provincia en 1932? ¿Cuáles fueron los sectores más afectados dentro de la clase trabajadora? ¿Qué consecuencias trajo en la reproducción social? ¿Qué iniciativas hubo por parte del movimiento obrero para defenderse de la situación de desempleo? Consideramos que la teoría de la reproducción social puede ser una herramienta valiosa para estudiar cómo los trabajadores hicieron frente al proceso de desocupación y su impacto en la familia obrera. Teniendo en cuenta que actualmente existen varias acepciones de “reproducción social”, aquí nos basamos en la formulada por Vogel (2013) y retomada por Arruzza y Bhattacharya (2020), Ferguson (2020) y Varela (2020), entendiendo por reproducción social “al proceso de creación y reproducción de la fuerza de trabajo, sin el cual la reproducción de la sociedad capitalista como un todo se vuelve imposible. Esta noción de reproducción social en términos de reproducción generacional de la fuerza de trabajo envuelve dos aspectos. El primero, la reproducción biológica dependiente de las mujeres y los cuerpos gestantes a través del parto. El segundo, toda la serie de trabajos necesarios para que esa fuerza de trabajo llegue al “punto de la producción”, los cuales van desde las llamadas tareas del cuidado, el trabajo doméstico (cocinar, limpiar, hacer las compras, etc.) y también el trabajo que se lleva a cabo por fuera del ámbito doméstico (sistema de educación, de salud, de cuidado de adultos mayores, etc.)” (Varela, 2019, p.9).

Las luchas obreras desarrolladas en otras regiones de Argentina en 1932, han sido abordadas por algunos autores desde distintas perspectivas. Si bien la mayor parte de estos estudios ha analizado este proceso en grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario (Iñigo Carrera y Fernández, 2011; Snitkofsky, 2013, entre otros), también existen trabajos sobre otros lugares como Tucumán (Ulivarri, 2009; 2013, entre otros), Comodoro Rivadavia (Andújar et al, 2016) y Entre Ríos (Leyes, 2020). Sin embargo, sobre Mendoza no hay estudios específicos referidos a la desocupación ni las luchas desencadenadas a partir de la misma durante dicho año.[2] Las investigaciones que han dado algunas pistas sobre esta situación, en gran parte están enfocadas en la estructura económico-social provincial (Cerdá, 2011; Rodríguez Vázquez y Barrio, 2018, entre otros), en el desarrollo de la obra pública (Raffa, 2018; Rodríguez Vázquez y Raffa, 2020; entre otros), en la intervención estatal en el área sanitaria y asistencial (Hirschegger, 2018, Cerdá, 2013) y en la vivienda obrera (Cremaschi, 2018).

Algunos elementos históricos para comprender la desocupación y sus consecuencias en la provincia

En Argentina, los años ‘30 iniciaron con un proceso de desempleo creciente, producto, sobre todo, de la Gran Crisis de 1929. Asimismo, a partir de 1930 con el arribo del gobierno de facto de Uriburu, la clase trabajadora se enfrentó a la represión y a la repulsión del sistema institucional (Iñigo Carrera, 2004). Problemas entre los que se destacaron la falta de vivienda, la mendicidad, el hambre, los encarcelamientos de cuadros obreros, entre otros, fueron moneda corriente durante este período. En Mendoza, los altos niveles de desocupación mostraron a la familia obrera sumida en esa crisis. En este sentido, a pesar de haber sido subestimada y ocultada en los censos y datos oficiales, la participación de mujeres y niños, es decir, de la familia obrera, ha sido una de las bases del mercado laboral desde los inicios del capitalismo en el país (Lobato, 2007; Queirolo, 2019; Scheinkman, 2017; Nari, 2002; 2004, entre otros). Es necesario remarcar que el aporte económico de mujeres y niños se dio tanto en el trabajo asalariado como en el no asalariado propio del hogar. Particularmente en la provincia, estuvo fuertemente asociada al desarrollo de la vitivinicultura. No obstante, además de la rama agrícola, también se dio en el comercio y en la industria, aunque ha tenido mayor o menor visibilidad en cada área según el momento histórico y el desarrollo de cada sector.[3] Tanto la mano de obra femenina como infantil fueron piezas básicas del proceso productivo mendocino, y la disciplina y subordinación a la que fueron sometidos, permitió el incremento de la dominación masculina en el mercado laboral (Cerdá, 2011). La presencia de todos los miembros del hogar en el ámbito laboral a lo largo de la historia provincial ha estado fundamentada en la necesidad de aumentar los ingresos familiares para hacer frente a necesidades básicas de reproducción social. Sin embargo, en momentos de crisis económica como la de inicios de los años ‘30, la situación propició que el trabajo fuera del hogar de mujeres e infancias fuera más evidente. Son numerosos los estudios que han mostrado los procesos de feminización a nivel nacional durante este período, sobre todo en la industria de la alimentación (Scheinkman, 2015; Lobato, 1990;Nieto, 2018, entre otros). Las mujeres, no obstante haber sido parte del mercado laboral argentino desde el siglo XIX, se integraron a la industria alimenticia de manera pronunciada desde fines de la década del ‘10 y principios del ‘20, llegando a constituir la mayor parte de la fuerza de trabajo en 1930 (Scheinkman, 2015). En este sentido, es necesario tener en cuenta los cambios registrados en la estructura económica mendocina producto de la sustitución de importaciones,[4] donde la industria conservera comenzó a ocupar un lugar central, sobre todo en la segunda mitad de los años ‘30, y esto implicó que la mano de obra femenina, ingresara a los establecimientos industriales de manera más pronunciada, generando diversas contradicciones entre las clases y al interior de la clase obrera.

Adentrándonos en la reproducción social, partimos de comprender teóricamente que reproducir la fuerza de trabajo significa regenerar al trabajador/a y a la familia del mismo. Es decir, hablamos de la clase obrera en su conjunto, incluyendo a aquellos que no trabajan como adultos mayores, enfermos, discapacitados, etc. (Arruzza y Bhattacharya, 2020). En este sentido, Fraser (2016) plantea que han existido cambios históricos en la organización capitalista de la reproducción social, los que a menudo han sido resultado de las luchas llevadas adelante por los límites que han separado la economía de la sociedad, la producción de la reproducción, así como también el trabajo de la familia. Estos límites son permanentemente trazados bajo nuevas relaciones de fuerza entre las clases, por lo que es imprescindible el análisis de la familia obrera al momento de estudiar la lucha de clases en la provincia. Esto, además, nos permitirá entrever la heterogeneidad de la clase obrera mendocina que lejos de ajustarse a la imagen clásica del obrero varón, adulto, industrial, muestra la multiplicidad de sujetos que la conforman, y cómo éstos han cobrado mayor protagonismo en diferentes situaciones. Si bien dicha imagen ha sido trabajada para los casos de las grandes ciudades como Buenos Aires, la escasez de estudios sobre Mendoza nos obliga a dar cuenta de la diversidad de sujetos que componían a la clase.

El impacto de la crisis de 1929

La dirección del departamento provincial del trabajo acaba de informar al gobierno interventor acerca del grave problema social que ha planteado la desocupación obrera en Mendoza describiendo situaciones realmente impresionantes (…) obreros y gobierno tendrán que lamentar consecuencias irreparables, tales como los movimientos colectivos desocupados de carácter subversivo, en protesta contra los poderes públicos constituidos, asaltos a las casas de comercio, establecimientos industriales y a la propiedad privada…[5]

Como se observa en la nota, existía una gran preocupación por parte del Departamento Provincial del Trabajo (en adelante, DPT) por la desocupación en Mendoza. Días después de esta publicación, una manifestación compuesta por más de mil desocupados se movilizaba a las puertas del DPT solicitando empleo. Ante la falta de respuesta, la delegación se trasladó a Casa de Gobierno a fin de lograr una entrevista con el interventor federal José María Rosa.[6] Aunque la medida no logró su objetivo, continuaron marchando por el centro capitalino hacia la redacción del diario Los Andes para dejar sentado su reclamo. Finalmente, regresaron a Casa de Gobierno, donde fueron dispersados por las fuerzas de seguridad y sus organizadores fueron llevados ante el interventor federal.[7]

Es importante enfatizar que la acción de protestar frente a los diarios fue una medida que realizaron los desempleados en reiteradas ocasiones durante 1932 y que, en muchos casos, fue determinante para que el gobierno diera lugar a sus reclamos. Es necesario realizar una mención sobre la manera en que la prensa comercial abordaba la situación de los desocupados. A diferencia de otros lugares y momentos históricos en los que los desempleados eran catalogados como “vagos” o “atorrantes” (Dimarco, 2019), los diarios comerciales mendocinos de inicios de los ‘30 tenían una mirada empática sobre este sector de la clase obrera, mostrando en sus páginas sus medidas de lucha y reivindicaciones, así como también, en el caso del diario La Libertad (en adelante, LL), permitiendo que los desempleados publicaran gratuitamente avisos ofreciendo sus servicios.[8] En la siguiente imagen puede visualizarse una parte de la concurrida manifestación frente al diario. Los concurrentes eran todos varones y de diferentes edades, no obstante se destacaba una mayoría de hombres jóvenes en plena edad productiva. El hecho de que los manifestantes hayan sido en su totalidad varones puede darnos un indicio de las prerrogativas masculinizadas sobre las que se asentaba el trabajo en la provincia durante ese momento. El ángulo de la foto permite tener una visión de la gran cantidad –aunque no la totalidad– de desocupados movilizados. La visibilidad constante de la situación representaba un problema para el gobierno y, a su vez, los trabajadores utilizaban este método como uno de sus últimos recursos, luego de recurrir al DPT o a diferentes oficinas gubernamentales.

Imagen 1
Movilización de desocupados, Mendoza.
(19 de enero de 1932). La Libertad. HMBPGSM.

Si reflexionamos sobre el contexto de ese momento, recordemos que la crisis económica de 1929 inauguró un nuevo período económico que tuvo un fuerte impacto en los niveles de desempleo del país y la provincia.[9] A nivel provincial, una sobreproducción vitivinícola, sumada a la mencionada crisis, produjo graves consecuencias en la economía y fue la clase trabajadora la más afectada con el consecuente crecimiento del desempleo y una caída de salarios (Cerdá, 2011).

En relación al mercado laboral, la conformación espacial de Mendoza, que la diferenció de otras regiones como la pampeana por ejemplo, permitió que la fuerza de trabajo pudiera movilizarse fácilmente entre actividades urbanas y rurales (Cerdá, 2011). Esta dinámica del trabajo, en momentos de crisis como la del período abordado, fue un problema para el gobierno, ya que implicó el arribo creciente de desocupados a la ciudad, lo cual, como veremos más adelante, fue una de las motivaciones para realizar obras de urbanización en zonas rurales.

Además de la desocupación, la persecución y represión fue uno de los problemas más importantes para el movimiento obrero nacional, ya que se impuso la Ley Marcial, el estado de sitio, encarcelamientos, torturas y exilios de dirigentes y cuadros obreros y de las izquierdas (Horowitz, 2001). A nivel sindical, se permitió el funcionamiento de las organizaciones que el gobierno no consideraba peligrosas, tales como la recientemente creada Confederación General del Trabajo (en adelante, CGT), cuya dirección era favorable al no enfrentamiento con los gobiernos de Uriburu y Justo (Iñigo Carrera y Fernández, 2011). En Mendoza, el Consejo Local de la corriente anarquista vinculada a La Protesta (en adelante, LP), denunciaba en 1932 que luego de un año y medio de silencio impuesto por el estado de sitio podían dirigirse a los trabajadores mendocinos y revelaban que durante ese período fueron víctimas de confinamientos, deportaciones, fusilamientos, y que habían sido afectados los hogares obreros “...confinando a las madres, deportando a los padres y azotando a los hijos que lloraban su orfandad en los patronatos y reformatorios donde los internaban…”.[10] De esta manera, advertían que la reproducción social de la familia no solo se veía amenazada por el desempleo y el hambre, sino también por el clima represivo reinante. Estos elementos evidenciaban el proceso de repliegue en el que se encontraba la clase obrera mendocina.

A nivel nacional los primeros años de la década se caracterizaron por una caída de la conflictividad, que alcanzó por entonces los niveles más bajos de la historia del movimiento obrero (Del Campo, 1983). Los conflictos laborales se intensificaron en 1932 cuando los sindicatos percibieron un clima político menos hostil, aunque el contexto económico no tuvo muchos cambios, continuando los altos niveles de desempleo (Korzeniewicz, 1993). A diferencia de otros momentos donde el movimiento obrero recurría a las huelgas como método de lucha, estos conflictos se vieron permeados por las condiciones impuestas por la crisis económica, la desocupación y la persecución gubernamental, por lo que se redujo el uso de la huelga y se apeló a otras formas de lucha (Iñigo Carrera, 2016). Según nuestro registro[11] en la provincia durante 1932 hubo escasas huelgas pero proliferaron otro tipo de acciones y se destacaron los trabajadores de obras públicas, ferroviarios y del magisterio. En este sentido, el diario Los Andes registró un total de 110 acciones de lucha, sobresaliendo en primer lugar las asambleas (29), luego los mitines (24) y en tercer lugar las denuncias y reclamos en las puertas del mencionado periódico (20), así como también a diferentes autoridades (20). Por otro lado, en relación a los colectivos de trabajadores que realizaron estas medidas, se destacaron los ferroviarios (20). Éstas fueron sobre todo asambleas para debatir la situación del Ferrocarril Trasandino y el prorrateo en los salarios. Asimismo, la única huelga registrada en el año también fue realizada por un sector agremiado a la Unión Ferroviaria (en adelante, UF), de la repartición de talleres y galpón de máquinas, quienes pararon una hora por día entre octubre y noviembre de 1932. En segundo lugar, los trabajadores del magisterio realizaron diversas acciones de lucha (15), las cuales fueron en su mayoría asambleas y reclamos a las autoridades por la histórica falta de pago que comúnmente sufrieron los docentes provinciales.[12] En tercer lugar, los obreros ocupados en la obra pública registraron un total de 11 acciones, destacándose los reclamos frente a los diarios por retraso en el pago de salarios, por más horas de trabajo y mejores condiciones laborales. Finalmente, los desocupados realizaron sobre todo manifestaciones en las que pedían empleo, las que en su mayoría fueron disueltas por la policía a través de represión y detención de algunos obreros. Esto nos permite advertir que la clase, a pesar de estar en un proceso de repliegue, también se encontraba dando importantes peleas.

A nivel político, durante los dos primeros años de la década del ‘30 en Mendoza luego de las intervenciones federales, gobernó ininterrumpidamente el Partido Demócrata[13] hasta 1943. Según Raffa (2018) estos gobiernos, siguiendo la orientación nacional, llevaron adelante políticas para construir un gran volumen de obras públicas que tenían como objetivo la generación de empleo, el estímulo a las demás industrias, el crecimiento del consumo interno y del comercio, así como también el suministro de carga a los medios de transporte. Estas políticas implicaron una creciente intervención del Estado en la regulación de la vida privada, y un involucramiento cada vez mayor del mismo, a través de sus instituciones en los problemas sociales (educación, vivienda, salud). Uno de los ejes de la obra pública provincial fue la urbanización de zonas rurales, tanto para ocupar la totalidad del territorio como para frenar la migración interna.

La intervención estatal creciente observada en la esfera pública, lejos de restringirse a la provincia o al país, fue un fenómeno mundial. Como plantea Fraser (2016), luego de la Gran Depresión, el capitalismo desactivó la contradicción entre producción y reproducción social, colocando al Estado del lado de la reproducción. Esto implicó que los estados de la época intentaran contrarrestar los efectos del desempleo masivo, asumiendo cierta responsabilidad sobre el “bienestar social”. La intervención también intentaba frenar posibles levantamientos de desocupados frente al contexto de pauperismo creciente. Sin embargo, la economía provincial estaba en una situación crítica y las necesidades de asistencia creciente que la población requería, implicaron que el gobierno tuviera que recurrir a subsidiar diversas instituciones benéficas privadas, aunque manteniendo cierta independencia,[14] y de esta manera, no llegando a absorber funciones ni establecimientos de este tipo como si pasó en otras provincias (Hirschegger, 2018). En este sentido, es válido preguntarse hasta dónde el Estado tomó el rol de interventor, y en los casos en los que lo hizo, hasta qué punto la clase obrera, a través de sus iniciativas, de la lucha por trabajo, reproducción de su vida y derechos, logró dicha intervención durante los primeros años de la década.

A partir de los lineamientos de crecimiento de la obra pública, se empleó a un gran número de trabajadores a lo largo del territorio provincial. Sin embargo, como veremos a continuación, esta forma de empleo, al menos hasta 1932, fue bastante inestable, precaria y se pagaban salarios insuficientes con mucho retraso.

Trabajadores (des)ocupados en la obra pública

Luego de la manifestación del 19 de enero, el gobierno dispuso el comienzo de varias obras públicas contratando alrededor de 6000 obreros en diferentes departamentos.[15] Sin embargo, luego del inicio de estos trabajos, los trabajadores comenzaron a realizar reclamos por falta de pago, malas condiciones de trabajo, rebaja de horas de trabajo –y por lo tanto de salario–, entre otros. El atraso en el pago fue uno de los reclamos más reiterativos a lo largo del año.

Los inspectores del DPT también plantearon este problema en informes presentados al director general de este organismo, tal como puede leerse en la nota siguiente realizada por un inspector de San Rafael:

se han apersonado hoy ante esta Oficina, alrededor de cuatrocientos obreros de Puentes y Caminos de la Provincia, con sus respectivos capataces, manifestando que les es completamente imposible continuar en el trabajo, por carecer en absoluto de alimentos (…) hasta llegar al extremo de que algunos no van a sus tareas habituales por causa de estar mal alimentados. El comercio no les fía por no existir garantía alguna.[16]

Una de las medidas implementadas por el gobierno para bajar los niveles de desempleo fue la disminución de horas laborales con su correspondiente reducción de salario para, de esta manera, emplear más obreros. En este sentido, hubo reclamos por parte de los ocupados que veían reducidos sus jornales, dando cuenta también que el sueldo que recibían era demasiado escaso, y con la rebaja de horas sería aún menor, no llegando a cubrir sus necesidades básicas.

Estos elementos permiten advertir la gran dificultad que atravesaban los trabajadores para reproducir su fuerza laboral diaria. Los problemas en aspectos tan básicos como la alimentación, les impedía acudir a sus puestos de trabajo. Como plantean Arruzza y Bhattacharya (2020), no se vende la fuerza de trabajo por el hecho de obtener un salario, sino para vivir, por lo cual el mantenimiento de la vida cobra un lugar central. El salario es un medio para obtener recursos imprescindibles para reproducir la vida, tales como el alimento, el abrigo y la vivienda. Las voces recolectadas de las fuentes dan algunas pistas sobre esto. Por ejemplo uno de los trabajadores entrevistados en la manifestación de desocupados planteaba: “Todos nosotros nos encontramos sin trabajo y con nuestras familias estamos cercados por el hambre”.[17]

Estas situaciones se desarrollaron a lo largo de 1932, evidenciando que a pesar de las iniciativas gubernamentales para bajar la tasa de desempleo provincial, los trabajadores siguieron atravesando situaciones de extrema pobreza. Esto implicó, además de las acciones en reclamo de su sustento, que las familias obreras tuvieran que recurrir a alimentarse en ollas populares que eran servidas por organizaciones de beneficencia, hospitales y cuarteles y también, en algunos casos, a emigrar a San Juan u otras provincias.[18]

Asimismo, la mendicidad fue moneda corriente durante el período en cuestión. En una nota periodística se enfatizaba que la mendicidad callejera era ejercida por “seres de ambos sexos y distintas edades” y que, a diferencia de otras épocas donde la “mendicidad estaba bien reglamentada”, y estaba restringida a personas autorizadas por la autoridad competente –inválidos y ancianos imposibilitados para el trabajo–, en ese momento se permitía mendigar a todo aquel que quisiera hacerlo.[19] Este último aspecto resulta importante para observar las tensiones y dificultades que encontraba el gobierno para garantizar algún tipo de ayuda económica hacia la clase trabajadora en la crítica situación que se atravesaba. Por un lado, se permitió a las familias obreras mendigar sin restricciones cuando no podía brindar ningún tipo de auxilio en cuestiones vitales básicas como el alimento. Por otro lado, este “permiso” de mendigar se dio luego de la manifestación obrera desarrollada solo unos días antes –19 de enero–. Es decir, la imposibilidad de reproducción social de la clase obrera mendocina y su organización frente a esta situación, sumado a la escasa acción desde el Estado para poder dar respuesta a la misma, permitió que se dejara ejercer una actividad que antes estaba penada.

Las adversidades que atravesaban los trabajadores, como decíamos al inicio, propiciaron que no se recurriera de manera generalizada a huelgas como forma de protesta, sino que hubo otro tipo de resistencia. Siguiendo a Ulivarri (2009):

En momentos donde la coacción y los controles se agudizan, los más débiles de la cadena se “repliegan en la defensiva”, desarrollan otras formas de resistencia cotidiana, pero no dejan de esperar la oportunidad para volver a disputar espacios dentro del campo de fuerzas donde se discuten el poder, los intereses y los beneficios (p. 164).

Como hemos observado en estos apartados, el repliegue no implicó que la clase no diera luchas importantes por su supervivencia. En este sentido, podemos advertir que el proceso de desempleo fue la base objetiva de la reconfiguración que la clase estaba experimentando y, a su vez, las luchas emergentes y las formas de llevarlas adelante fueron el germen sobre el que los trabajadores comenzaron a forjar una nueva identidad basada en la solidaridad de clase. El proceso que se observó particularmente con las familias ferroviarias durante este año dio cuenta del problema habitacional particularmente, y de las iniciativas obreras para intentar dar una solución al mismo, lo cual reforzó los lazos de solidaridad dentro de la clase como veremos a continuación.

Los obreros del ferrocarril y los problemas de vivienda

Fraser (2016) plantea que el segundo régimen de la reproducción social del capitalismo que comenzó luego de la crisis de 1929, promovió el ideal del “salario familiar”, aunque pocas familias lograron alcanzarlo. Asimismo, este período ha sido asociado a la idea de la familia trabajadora clásica viviendo en su propio hogar a partir de la implementación de las Casas Colectivas.[20] A diferencia de esta situación, a principios del siglo XX, la extensión de los conventillos como hábitat de las clases populares acarreó inconvenientes como hacinamiento, insalubridad y “malas costumbres” (promiscuidad, incesto) que fueron advertidas por los higienistas de la época. Además, al compartir el espacio, también se pusieron en juego las relaciones de sociabilidad y solidaridad entre vecinos, y esto fomentó la idea en los sectores gobernantes de que esos lugares eran centros de florecimiento de ideas anarquistas y socialistas. Esto implicó que el Estado tomara un rol más activo en este aspecto, impulsando el modelo de la familia nuclear la cual, a través de valores morales y éticos, integraría y cohesionaría socialmente la nación (Cremaschi, 2018). En Mendoza, la década del ‘30 ha sido reconocida por la implementación de programas de viviendas obreras, las Casas Colectivas, a través de las cuales el Estado intentó promover el modelo unifamiliar (Cremaschi, 2018). Sin embargo, este proceso comenzó a partir del gobierno de G. Cano en 1935, mientras que en los primeros años de la década, la situación habitacional de la clase trabajadora fue un problema crítico (Cerdá, 2011; Richard Jorba, 2010).

Centrándonos en los trabajadores del ferrocarril, como en otros lugares del país, en Mendoza hubo poblaciones cercanas a los talleres, almacenes y depósitos ferroviarios.[21] Éstas se ubicaban en la línea cordillerana que comunicaba Argentina con Chile y por donde pasaba el Trasandino. Las empresas ferroviarias habían mostrado su iniciativa en materia habitacional en décadas anteriores e incluso celebraron la construcción de barrios ferroviarios porque así, su acción benéfica alcanzaba a la familia obrera en su conjunto (Palermo, 2020). En el caso de Mendoza, ese paternalismo empresarial mostró todas sus limitaciones a partir de abril de 1932 cuando cientos de familias ferroviarias quedaron sin vivienda. En este sentido, al desempleo registrado a principios de 1932, se sumó la clausura del Ferrocarril Trasandino desde abril hasta diciembre, en un contexto de crecientes barreras aduaneras entre Argentina y Chile por la crisis mundial. Esta medida afectó a más de 600 familias mendocinas, muchas de las cuales vivían en la línea cordillerana.[22] Estas últimas fueron abandonadas de un momento a otro, ya que al cerrar el Trasandino, quedaron incomunicadas con otros puntos de la provincia. Asimismo, otros sectores empleados en áreas como la agricultura o el comercio por ejemplo, y que dependían del ferrocarril para poder realizar sus actividades, fueron afectados. Algunos días después de la clausura, la empresa envió trenes para que las familias ferroviarias pudieran llegar a la ciudad. En su arribo a la capital, algunas tuvieron que quedarse en los vagones que las trasladaron ya que no poseían vivienda.[23]

No hubo desde la empresa ni desde el gobierno –en ese primer momento– ayuda alguna para estas familias. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad (en adelante, LF) tuvieron diversas iniciativas para paliar la situación, destacándose una colecta entre los afiliados de todo el país levantada por la UF para destinar lo recaudado al alquiler de viviendas para los cesantes que se encontraban viviendo en vagones, y para comprar víveres ya que los comercios habían cerrado sus créditos a los despedidos. Posteriormente, en el mes de junio, desde la Dirección General de Ferrocarriles, se destinaron $15.000 para repartir entre los cesantes.[24] Esta situación además, se dio en un contexto de gran debilidad de los gremios del ferrocarril ante la ofensiva empresarial que estaba imponiendo un fuerte ajuste desde 1931 contemplando 6000 despidos. Ante esto, la UF aceptó “el prorrateo” que implicaba el reparto de las horas de trabajo entre el personal, lo cual en los hechos significaba una reducción de la jornada y de sus correspondientes salarios, y LF negoció descuentos en los sueldos para pagar al personal sobrante (Del Campo, 1983).

Los acuerdos realizados por dichos gremios, eran una muestra del proceso de repliegue de la clase, en donde se ponía en juego la centralidad de poseer trabajo y las dificultades de reproducción social de las familias ferroviarias. El tema de la vivienda de los trabajadores del Trasandino formaba parte de este problema. A principios de mayo, con la ayuda de la UF se trasladó a las familias que estaban habitando los vagones del Trasandino a las viviendas que el gremio había tomado en alquiler. También desde el gremio se distribuyeron los fondos recaudados en calidad de socorro.[25] Estos elementos permiten visualizar la solidaridad de clase que se ejercía entre los trabajadores, la cual fue determinante para que las familias ferroviarias pudieran tener un techo luego de perder sus trabajos.

Por lo expuesto hasta el momento podemos visualizar que en este caso concreto en relación al aspecto habitacional, el gobierno no tuvo rol alguno. Es notable que, siendo los sindicatos ferroviarios unos de los gremios con mayor poderío a nivel nacional, y también teniendo en cuenta la visibilidad y el impacto que tuvo el cierre del Trasandino en la población, el Estado no tuviera ninguna iniciativa. En el caso de los ferroviarios, fueron los trabajadores a través de sus organizaciones los que buscaron soluciones al problema, actuando rápidamente para socorrer a las familias afectadas. Por otro lado, es necesario observar que los sindicatos ferroviarios no salieron a la huelga para enfrentar un ataque tan importante como el despido masivo y la clausura del Trasandino. Esto sigue reiterando las nuevas condiciones económicas y políticas a las que el movimiento obrero se estaba adaptando, encontrando otras formas de lucha, y en este caso de repliegue frente a la situación. Asimismo, el hecho de que fueran sindicatos ferroviarios, otrora con gran poder en las negociaciones con las empresas y el Estado, los que tuvieron que llegar a los acuerdos mencionados, da cuenta del aún más hostil momento que atravesaban el resto de los sectores con menos capacidad de negociación.

Las organizaciones obreras

A partir de la información existente sobre las políticas que plantearon a nivel nacional la CGT y el Partido Socialista (en adelante, PS),[26] y con el análisis previo en líneas generales sobre la situación de la clase trabajadora local, en este apartado nos ocuparemos brevemente de las organizaciones obreras más importantes de la provincia que surgieron en 1932 y algunos de sus planteos en relación a la desocupación mendocina.

Como analizamos previamente, en enero de 1932 hubo una manifestación de desocupados que logró la colocación de miles de obreros en la obra pública. Desde la prensa se enfatizó en que esta acción fue espontánea, habiéndose desarrollado ocasionalmente cuando un numeroso grupo de obreros acudió a la oficina del DPT a solicitar empleo. Sin embargo, posteriormente se nombró a los organizadores de la manifestación y a supuestos infiltrados que fueron detenidos. Asimismo, al entrevistar a los manifestantes, éstos plantearon que no procedían “con criterio subversivo ni de desorden” e incluso manifestaron de dónde podía provenir el dinero para pagarles por los trabajos que estaban reclamando, por lo cual resulta viable pensar que poseían algún tipo de organización previa a la acción.

Luego, en abril de 1932 surgió una organización de desocupados llamada “Unión Obrera”, que poseía su propio local de reuniones y cuyo presidente era un obrero de nombre Antonio Raffa. En su corta existencia, este agrupamiento fue permanentemente perseguido y restringido en su accionar. En este sentido, a pesar de que el gobierno denegara la petición, este grupo realizó una manifestación pública para exponer sus reivindicaciones unos días antes de la conmemoración del Día del Trabajador. Durante la concentración hubo disturbios y versiones encontradas sobre la misma. Los obreros plantearon que algunos infiltrados los agredieron y dispararon, y por otro lado, la policía afirmó que los disparos provinieron de los manifestantes, particularmente del presidente de la “Unión Obrera”, al cual no se encontró luego del disturbio. Hubo contusos y heridos de bala que posteriormente fueron detenidos. Algunos días después, esta organización nombró una comisión que se encargaría de hablar con diferentes referentes de obras públicas a fin de solicitar empleo. Luego de una semana realizaron otra manifestación que fue nuevamente disuelta por el escuadrón de seguridad y fue detenido el presidente de la organización. Finalmente, a los pocos días apareció por última vez nombrada esta agrupación en el diario LA. En esta ocasión se dio a conocer que la entidad dirigiría una circular al comercio “solicitándole su adhesión al movimiento obrero” para obtener la sanción de la ordenanza de pavimentación en la cual se emplearían 3000 obreros, y por otro lado, anunciando la organización de un acto público para insistir en sus reclamos.[27]

En junio de 1932 hizo su aparición por primera vez el “Comité de reorganización obrera provincial” que estaba conformado por varias sociedades gremiales, por el Partido Socialista y la Federación Obrera Regional Argentina (en adelante, FORA).[28] Por la coincidencia en las fechas en las que dejó de aparecer nombrada la Unión Obrera y surgió este comité, inferimos que la organización de desocupados se incorporó al comité. Esta nueva organización realizó un mitin el día 13 de dicho mes para hacer públicos los fines perseguidos. Asimismo, entre mayo y octubre realizó una “inscripción de los desocupados”[29] y diversos actos y reuniones por varios departamentos donde se reorganizaron distintos sindicatos que conformarían la futura Federación Obrera Provincial Mendocina (en adelante, FOPM). Sin embargo, de manera similar a lo sucedido a principios de la década del ‘20 (Pereyra y Latorre, 2021) en el congreso donde se refundaría la FOPM hubo problemas en la acreditación de congresales, lo que dio como resultado la reorganización de dicha federación de la mano de lo que consideramos una tendencia anarcosindicalista[30] y el abandono del Congreso por parte de los socialistas y los gremios que influenciaban. La FOPM refundada a fines de 1932, cuyo secretario general era el obrero gráfico Arturo Di Bello, planteaba que podía ingresar “todo trabajador que anhele mejorar sus condiciones de trabajo y superar su nivel de cultura, sin que nadie tenga derecho a preguntarle por su tendencia política, ideológica o religiosa, cada cual tendrá la suya pero esta no oficializa ninguna”.[31] Fue conformada por 11[32] gremios y editó el periódico “Despertar Obrero”(en adelante, DO).[33] Es necesario remarcar que a pesar de la escasez de gremios que componían esta nueva federación, en las imágenes que se conocen (Pereyra, 2022) se puede observar una gran concurrencia al acto de inauguración, en el que participaron varones y mujeres de todas las edades, lo cual muestra la presencia de la familia obrera en uno de los eventos de importancia del movimiento obrero local. Por otro lado, y teniendo en cuenta los alineamientos a nivel nacional (Horowitz, 2001), esta FOPM no se adhirió a la CGT a la cual repudiaban y calificaban como la “Judas del movimiento obrero”.[34] Sin embargo, en noviembre de 1933 una nueva FOPM en la cual intervendrían los socialistas se uniría a la mencionada central nacional.[35]

Despertar Obrero planteaba como solución al desempleo provincial un reajuste del presupuesto en base a rebajas salariales del gobernador y de los “frondosos sueldos de los magistrados públicos”. De esta manera cientos de hogares obreros podrían salir de la miseria. Por otro lado, se mostraba la preocupación por la familia obrera mendocina frente a la situación de desempleo. Bajo el título “La mujer y el niño, factor de desocupación”, refería a la pobreza reinante en el hogar que había obligado a la mujer a salir de él, considerando al mismo un “santuario de sus anhelos y crisol de formación para los hombres del mañana!”. En este sentido, manifestaba que el capitalismo para contrarrestar su crisis había desplazado al hombre, el cual quedó “derrumbado y desplazado”, frente a la mujer que soportaba mayor explotación y a la que se le pagaban menores salarios. El incremento de la participación femenina en el mercado laboral durante estos años, era visto por este periódico como un desastre para “la estabilidad de los hogares obreros”, ya que la niñez proletaria sería privada de los cuidados de la madre en momentos en que ésta debía educar “el carácter, la moral y la modelación del espíritu” de su prole. Aquí podemos ver por un lado la asociación directa de la mujer a la figura madre, es decir, la identidad femenina basada en la condición de madre (Nari, 2004). Y por otro lado, observamos que esta organización obrera (masculina), apelaba a la ideología maternal para reclamar por los empleos de los varones, argumentando que el crecimiento de la mano de obra femenina en la industria era sinónimo de pérdida de la influencia moral de ella sobre sus hijos/as, la cual también era considerada fundamental para crear “…al individuo que aceptaba vehementemente o con indiferencia el orden social o al revolucionario” (Nari, 2004, p.40). A esta preocupación se sumaba el incremento del trabajo infantil, por el cual se pagaba menos que al varón y a la mujer adulta, lo que daría totalmente por destruido el hogar:

De esta manera, vemos en franca competencia desplazándose en las labores diarias a la esposa, en contraposición con el esposo, al hijo en contraposición con la madre y en esta forma se aumenta el derrumbe de los hogares, el desequilibrio de la familia y el relajamiento de las costumbres por el impulso de la miseria y del hambre, único beneficio a que tienen derecho los productores en el mercado de la compra y venta de (ilegible) energías humanas!!! Bien, por la defensa de la mujer y del niño, que es la defensa del porvenir y la raza, que es la defensa de los inalienables derechos de los productores, la Federación hará su obra de reivindicación social.[36]

Esta visión del órgano de la FOPM de 1932, nos da indicios de la mirada que los trabajadores tenían sobre los cambios que atravesaba el hogar obrero en la situación que se estaba experimentando. Como vimos, la familia obrera fue una constante en la economía provincial, pero en momentos de crisis como la década del ‘30, ésta se veía forzada a niveles extremos de explotación y pauperismo y esto era repudiado por las organizaciones obreras. La alarma levantada por la FOPM frente a la posible destrucción del hogar por la salida cada vez más pronunciada de mujeres e infancias al trabajo fuera del ámbito doméstico, muestra las prerrogativas masculinizadas sobre las que se asentaba el trabajo en la provincia y las contradicciones que generaba la situación en cuestión (para el Estado, las patronales y las propias organizaciones obreras). Como plantean Arruzza y Battacharya (2020), las ideas de familia, domesticidad y rol de las esposas surgieron a mediados del siglo XIX para reafirmar a la familia obrera y crear nuevos y estables roles de género para colocar a la familia en el lugar de la reproducción de la fuerza de trabajo. En este sentido, en un momento en el que el capitalismo estaba intentando darle un nuevo lugar a la familia y al Estado, estos roles e ideas entraron en contradicción, observándose en este caso en la preocupación del movimiento obrero provincial por la supuesta destrucción del hogar proletario. La inserción cada vez más evidente de mano de obra femenina a los establecimientos industriales provinciales, sobre todo a la rama alimenticia, en un contexto de gran desempleo en el que la figura de “varón proveedor” se veía cuestionada, fue una nueva tensión a la que se tuvo que enfrentar el movimiento obrero mendocino que en ese momento lo visualizó como un ataque a la familia, al rol del varón proveedor y a los roles que cada uno de sus miembros cumplía.

Conclusiones

A lo largo de este estudio observamos el desarrollo de la crisis económica en los primeros años de la década del ‘30 y sobre todo en 1932. Ese momento que era el inicio de una nueva etapa del capitalismo tanto a nivel económico productivo pero también al nivel de la reproducción social, no estuvo exento de importantes tensiones. De esta manera, a partir del enfoque historiográfico adoptado pudimos aportar empíricamente y teóricamente a interpretar a la clase trabajadora mendocina en un período de grandes desafíos en la que atravesó un proceso de repliegue y resistencia. En este sentido, y en relación a los procesos de formación y transformación de la clase trabajadora provincial, visualizamos este período como un momento de reconfiguración en el que la clase, a partir de la situación de desempleo y las reflexiones sobre dicho proceso, pudo llevar adelante otras formas de lucha y organización que comenzaron a darle una nueva fisonomía. Los cambios que se estaban desarrollando a nivel económico, político y social, hicieron que los y las trabajadoras tuvieran que recurrir a otras herramientas para hacer frente a la situación, y se generaron nuevas tensiones.

Por un lado, la incorporación más evidente de las mujeres adultas e infancias al mercado laboral fuera del ámbito privado del hogar fue observado por la FOPM como la destrucción de la familia obrera y como un ataque a la figura del varón proveedor que era desplazado por los “elementos débiles de la sociedad”.[37] En palabras de Arruzza y Battacharya (2020): “los trabajadores no se reproducen del modo en que quieren sino que reproducen la familia de acuerdo a ciertas relaciones sociales en las que la familia está inserta” (p.54). Es decir, la nueva situación planteada por el contexto generó transformaciones en la familia obrera tales como los nuevos roles que comenzaron a cumplir las mujeres y las infancias en la producción, lo cual produjo tensiones para los obreros varones y para las organizaciones obreras.

Asimismo, por un lado, hemos observado las diversas iniciativas que tomó el movimiento obrero provincial para hacer frente a la crisis, planteando incluso políticas para que el gobierno combatiera la situación de desempleo, como planes de obras públicas y rebajas salariales del gobernador y magistrados para repartir entre los hogares proletarios. Por otro lado, a diferencia del gobierno, que no dio ningún tipo de ayuda concreta, fueron los trabajadores quienes generaron las condiciones para sortear ese momento. Así, en las situaciones más críticas que tuvo que atravesar la clase trabajadora durante 1932, y que afectaban directamente a su reproducción como fuerza de trabajo –entre otras las asociadas a la alimentación, vivienda, salud– el gobierno no cumplió un rol interventor activo. En contraposición, los obreros se manifestaron reiteradas veces y en diferentes organismos para solicitar empleo y lo consiguieron, obligando al gobierno a poner en marcha las obras públicas prometidas. Una vez empleados y ante la falta de pago, realizaron diferentes formas de protesta para obtener su salario, más horas y mejores condiciones de trabajo. Además, conformaron una organización de desocupados para lograr sus reivindicaciones, que fue permanentemente perseguida y reprimida por las fuerzas de seguridad. Por otro lado, luego de la desastrosa situación del Trasandino y las familias sin hogar que tuvieron que refugiarse en los vagones del mismo, fueron las organizaciones obreras ferroviarias las que garantizaron la vivienda de éstas. En todas estas acciones los trabajadores demostraron la solidaridad e incipiente unidad que estaban forjando como clase y que permitió su supervivencia. Finalmente, la conformación de un comité de reorganización gremial que terminó reconstruyendo la FOPM, mostró que si bien era un período en el que el movimiento obrero se encontraba replegado, aún conservaba reflejos de organización. En este sentido, a modo de cierre y de apertura a nuevos problemas, quedan planteados algunos interrogantes para abordar los años venideros tales como el devenir de la relación de fuerzas que fue conformando la clase obrera mendocina, el rol de las trabajadoras que se incorporaban crecientemente a los establecimientos industriales (conserveras) en el proceso de formación de clase, el desarrollo de las organizaciones obreras que se estaban gestando, entre otros cuestionamientos que serán abordados en futuros trabajos.

Agradecimientos

Agradezco los valiosos comentarios de los/as evaluadores/as que permitieron enriquecer sustancialmente el siguiente artículo.

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Notas