Introducción

Los años del primer peronismo fueron tradicionalmente considerados como la época en la cual se produjo una aceleración de la democratización del bienestar en los principales centros metropolitanos de Argentina (Torre y Pastoriza, 2002). Los sectores populares accedieron a un conjunto de bienes y prácticas que desde los años treinta venían incorporando a las clases medias. Entre estos elementos destacó especialmente el turismo. Concebido como asunto de interés público dejó de ser monopolio exclusivo de las élites para transformarse en una meta aspiracional cada vez más a mano de las masas (Pastoriza y Torre, 2019). En ese marco y sobre todo desde la llegada del peronismo, el Estado asumió la responsabilidad no sólo de promoverlo, sino incluso de organizarlo. El turismo social, el turismo sindical, el turismo escolar, el turismo popular y obrero formaron parte de un abanico de opciones donde el turismo ampliado en términos sociales era parte crucial de la retórica gubernamental (Pastoriza y Pedetta, 2009). Consignas célebres como la de “Usted se paga el viaje, el gobierno el hospedaje”[1] daban cuenta no sólo de las medidas implementadas a nivel nacional sino especialmente de la importancia otorgada al factor alojamiento. Así pues, el objetivo de este artículo consistirá en indagar el rol del Estado en la dinamización de las políticas turísticas enfocando un aspecto de ellas, la política hotelera efectuada en Salta durante los gobiernos peronistas (1946-1955).

Sobre este elemento es necesario realizar algunas precisiones breves de características historiográficas y teóricas. Tal como se sugirió más arriba, la relativamente reciente historia social y cultural del turismo abordó las políticas turísticas peronistas aludiendo a aquellas llevadas a cabo por el Estado central (Piglia y Pastoriza, 2017; Capanegra, 2006). Asimismo, gran parte de estos estudios reflexionaron sobre la incidencia de la nación sobre localidades turísticas “tradicionales” retomando de forma escasa el accionar de los gobiernos provinciales.[2] De modo tal que este trabajo aspira a arrojar luz sobre el caso salteño que ha quedado ciertamente marginado dentro de ese panorama pretendidamente “nacional”. La explicación de esta oclusión tiene que ver con que la lente de la escala nacional no resulta, por diversos motivos, adecuada para explicar este caso provincial. Esto a pesar de que la política turística peronista y especialmente los lineamientos del segundo plan quinquenal (1952-1957) contribuyeron a subrayar la necesidad de resolver la "cuestión hotelera" (Pastoriza, 2020). Concretamente y no obstante este tono de época, la hipotética aplicación de medidas sobre las distintas jurisdicciones dependía de la efectiva determinación de qué actor, por medio de qué mecanismos y con qué recursos diagramarían y ejecutarían qué acciones particulares. En ese sentido, tal como plantean los nuevos estudios del Estado no existían modelos arquetípicos de políticas nacionales en las cuales se pudieran reflejar mecánicamente las proyectadas y/o ejecutadas por las provincias (Bohoslavsky y Soprano, 2010; Di Liscia y Soprano, 2017; Ben Plotkin y Zimmerman, 2012). Así, estudiar “desde adentro” al Estado en este artículo implica recuperar lo específico de Salta ahondando en cómo se desenvolvieron sus políticas hoteleras. Efectivamente, este conjunto de ideaciones, planeamientos, debates, acciones y concreciones se comprueban solamente a nivel provincial, dejando en evidencia lo limitado del alcance de los instrumentos estatales o paraestatales nacionales (Ortiz Bergia, 2015). Esto es así porque en primer lugar la agencia centralizada peronista, la Administración General de Parques Nacionales y Turismo (en adelante, AGPNT) (1945-1951), tenía prerrogativas y jurisdicción únicamente sobre los territorios nacionales y sobre aquellas provincias que hubieran acordado planes a ser aplicados en condiciones singulares. Dicha tendencia tendió a consolidarse con la disolución en 1951 de la AGPNT y el pasaje de turismo al Ministerio de Transporte. En la práctica, gran parte de la “política turística” quedó a cargo de sindicatos y especialmente de la Fundación Eva Perón (1951- 1955). Es decir, entidades civiles afines al gobierno que no tuvieron como objetivo reorientarse sobre aquellos espacios obviados, sino que establecieron ayudas y respondieron a solicitudes de forma discrecional y ciertamente inorgánica (Piglia, 2012). En ese sentido, los despliegues de recursos o auxilios nacionales que se realizaron sobre Salta fueron escasos y puntualmente no incidieron en la formulación ni en la ejecución de la política hotelera sobre el territorio. Esta ausencia de la nación puede observarse en el incumplimiento del plan nacional de fomento hotelero que preveía la construcción de hosterías en las localidades salteñas de Quebrada del Chañar y Cafayate.[3]

En segundo lugar, la matriz productiva y la estructura social salteña limitaban el impacto de algunos fenómenos que habían acelerado la expansión social del turismo y favorecido el desarrollo de infraestructura hotelera en otras partes del país. En efecto, una sociedad marcada por los antagonismos sociales y una élite poderosa (Correa, Frutos, Abrahan y Torino, 2003) se diferenciaba de la sociedad móvil forjada al ritmo del flujo migratorio de las principales urbes del país donde generaba mayor impacto la tónica igualitarista motorizada por el peronismo (Pastoriza, 2011). Así, la concentración de la riqueza tenía como consecuencia que no existiera una oferta privada y dinámica de alojamientos y, asimismo, la escasa extensión de la clase media impedía que sectores con ahorros pudieran beneficiarse de la ley de propiedad horizontal aprobada en 1948 (Pegoraro, 2018). Por consiguiente, era el Estado el actor que debía asegurar el derecho al descanso y las vacaciones mediante la diagramación y materialización de infraestructuras turísticas en materia hotelera. En síntesis, ante la insuficiencia de la participación del Estado central era el Estado provincial quien estaba llamado a ocupar un rol protagónico.

De este modo, la hipótesis de este trabajo sostiene que el proceso de democratización del turismo en Salta no fue un proceso lineal y homogéneo, sino que estuvo sujeto a tensiones, marchas y contramarchas resultando de ello un fenómeno social con ritmos y velocidades particulares.

Así pues, este artículo se dividirá en dos partes. En primera instancia se auscultarán los periplos de los dos más emblemáticos e icónicos hoteles de la provincia durante las gobernaciones peronistas (1946-1955): el Gran Hotel (en adelante, GH) de Salta y el GH de Termas de Rosario de la Frontera. En segundo lugar, se examinarán las medidas impulsadas por el gobierno salteño para ampliar el sector hotelero a través del fomento impositivo y la inversión pública directa por medio de la construcción de hosterías. En ambos apartados se hará alusión a cómo las capacidades estatales[4] pudieron llevar a cabo o bien fracasaron en la implementación de determinadas proyecciones. Esto mismo permite alumbrar un Estado a “ras de suelo” en donde se expresaban simultáneamente los planos de lo discursivo y el de las materializaciones, es decir la gestión eficiente o no de un conjunto de obstáculos y límites. Por otro lado, el estudio del devenir de las infraestructuras hoteleras permite dar cuenta del oscilante decurso que tuvo lo público para los gobiernos peronistas.

Por último, la metodología que sustenta este trabajo es de carácter cualitativo y exegético sobre documentos de Estado recabados en distintos acervos situados en archivos y bibliotecas nacionales y provinciales. Específicamente, se emplearon boletines oficiales, diarios de sesiones parlamentarias provinciales y prensa escrita de la época.

El Hotel de Salta y el Hotel de Termas de Rosario de la Frontera (1946-1955)

La importancia brindada al GH de Salta se reflejó en la ubicación en la que fue situado. Construido en la intersección de las calles Caseros y Buenos Aires enfrente de la plaza central 9 de Julio de la capital provincial ocupó un rol material y simbólico preponderante junto con las principales edificaciones gubernamentales y eclesiásticas. El establecimiento concitó la atención de cuatro gobernadores del Partido Demócrata Nacional desde su concepción y planificación en 1935, su construcción con fondos provinciales y su inauguración en septiembre de 1942. Es decir, el GH fue el resultado de creciente interés estatal por regular y promocionar el turismo por parte de los gobiernos conservadores durante los años treinta (Rodríguez Buscia, 2022). Producto de dicho proceso y en el marco de una lógica continuista, la preocupación pública por organizar el turismo adquiriría mayor relevancia durante el periodo peronista. Así pues, el GH rápidamente fue considerado uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y uno de los activos más valiosos de la provincia.[5]

Fotografía 1
Fachada del Hotel de Salta.
“Hotel Salta” (febrero de 1943). Nuestra Arquitectura, N° 163, p. 119. BNMM, Ciudad de Buenos Aires.

La opinión pública local concebía que una correcta gestión del establecimiento permitiría incrementar el flujo de turistas.[6] Por este motivo una de las primeras medidas del gobierno peronista de Cornejo Linares (1946- 1949) fue rescindir por Decreto. N° 3443/47, el convenio de explotación con la empresa concesionaria, la Compañía de Grandes Hoteles. Entre las distintas razones que motivaron esta decisión el gobernador señaló en su mensaje de apertura en una de las sesiones legislativas que el acuerdo de explotación “no ha cumplido con los fines esperados”. Agregaba que financieramente las ganancias devengadas en cuatro años y medio de funcionamiento no cubrieron “ni interés ni el capital invertido”, además de producir un efecto contrario al deseado, a saber, tarifas elevadas en concordancia con un hotel de alta categoría lo que redundó en una disminución de clientes en el marco del aumento de turistas a Salta. El Decreto N° 4060/47 definió las bases y condiciones de una nueva concesión que no acusó recibo en el actor empresarial.[7] Como consecuencia de esa vacancia se designó responsable de la explotación a la empresa Termas de Rosario de la Frontera. Al año siguiente, Cornejo Linares alabó el nuevo arreglo mencionando que “la explotación ha mejorado notablemente, transformándose [el hotel] en un centro de atracción turística con afluencia apreciable de pasajeros”.[8] Esta afirmación, además de destacar un aparente y repentino cambio en los efectos de la gestión hotelera buscó legitimar una serie de irregularidades. En primer lugar, el Poder Ejecutivo (en adelante, PE) no se atuvo a la ley de explotación hotelera N° 1298/48 que fue sancionada precisamente durante su gestión. Esta normativa definía que la concesión hotelera, la adquisición de mobiliario, la construcción de hoteles y la compra de vehículos para la Dirección Provincial de Turismo solo podían realizarse mediante la licitación pública.[9] Cabe resaltar sobre este aspecto que no se produjo un concurso público en la licitación del hotel sino la designación discrecional de una nueva firma. En segundo lugar y de manera crucial, el gobierno realizaba un doble negocio con la empresa favorecida. Por un lado le confería el manejo del hotel más icónico de la capital salteña y al mismo tiempo le compraba el famoso gran hotel de Termas de Rosario de la Frontera.[10]

Las instalaciones de este GH se caracterizaban por haber sido desde finales del siglo XIX el reducto del ocio de las élites. Provenientes de Salta y en gran medida de Tucumán, pero también de distintas partes del país, un abigarrado conjunto de personalidades destacadas y miembros de familias de renombre se daban cita en el afamado establecimiento. La llegada del ferrocarril en 1885 y posteriormente la habilitación de la ruta nacional N° 34 durante los años treinta facilitaron la movilidad turística (Ballent, 2003). Sus aguas termales, de características curativas, constituían el atractivo principal.[11] También lo eran sus modernas y amplias instalaciones en donde se reproducían redes de sociabilidad a través de diversas prácticas tales como fiestas y bailes, paseos, actividades lúdicas y deportivas, juegos en el casino, celebraciones religiosas, etc. Mucho de este dinamismo de la vida social de las clases altas era con frecuencia retratado en la prensa local, regional y nacional, contribuyendo con ello a asentar en el imaginario colectivo la importancia del establecimiento termal como sitio turístico paradigmático. De este modo, la adquisición de toda esta infraestructura por parte del Estado provincial supuso un fuerte espaldarazo en la democratización del turismo en Salta durante los primeros años peronistas.

Fotografía 2
Kohlmann (1920), “Rosario de la Frontera. Aguas Calientes. Balneario.”
Fototeca, BNMM. Ciudad de Buenos Aires.

Fotografía 3.
A la izquierda: Bejarano (s.f.), “Juego de bochas”. A la derecha: Bejarano (s.f.), “Partido de tenis”.
Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento”. Rosario de la Frontera. Salta.

La compra del GH de Rosario de la Frontera y sus anexos fue sancionada por ley N° 2261/48 y demandó un monto total de $4.000.000 m/n. Incluyó la adquisición del GH de 140 habitaciones con capacidad para 220 pasajeros, todas las fuentes termales presentes en un terreno de 900 hectáreas,[12] la infraestructura de diverso tipo (pista de aterrizaje, usinas eléctricas, fábrica de hielo, embotelladora, panadería, lavadero, planta frigorífica, salas de hidroterapia, etc.),[13] las dependencias del personal de servicio, los consultorios médicos y una capilla (posteriormente transferida a la curia arquidiocesana).[14] Quedó contemplada en el acuerdo, además, la marca registrada “Palau”, nombre con la que se vendían las botellas de aguas termales del establecimiento. El espíritu democratizante de la ley también apuntó a la división, parcelamiento y enajenación de la tierra con el objeto de formar villas termales, urbanizadas y un centro de medicina termal para ser utilizado por los enfermos que carecieran de recursos. La decisión del PE fue secundada por el poder legislativo, cuyos miembros se enfocaron en fundamentarla.[15] Entre ellos, el senador peronista Armando J. Caro,[16] advirtió que se trataba de una medida de suma importancia económica ya que era un paso más hacia la “conquista de servicios fundamentales” y recalcaba que la atención al turismo “naturalmente” debía estar en manos del Estado. Según la misma visión, sólo las capacidades estatales podían reconducir el flujo de turistas del litoral hacia el noroeste, y la “solvencia moral y material” permitiría, según la visión peronista preponderante, convertir el turismo en una obra de “interés social”, es decir pensada para la integración de los sectores populares.[17] En el mismo sentido, la prensa de la época complementaba la situación de los establecimientos termales en otros países, destacando la importancia gubernamental en su manejo. Se comparaba la situación de los centros termales en Europa destacando que “los más importantes están en poder del Estado, quien los explota con un sentido eminentemente social, comprendiendo la importancia de los servicios que puede prestar a la colectividad”.[18]

El arco político y la opinión pública mayoritariamente favorable a la medida encontraron algunas voces en disidencia. El diario opositor El Intransigente, identificado con los intereses radicales se opuso a la operación.[19] Buscó generar indignación pública y socavar la retórica igualitarista peronista al plantear críticamente algunas contradicciones. Deslegitimó la compra del hotel al señalar que los recursos empleados beneficiarían únicamente a las “personas más o menos pudientes” ya que los costos de traslado y alojamiento eran elevados. Según esta tribuna, los fondos usados para la transacción eran los que se necesitaban para evitar una clausura hospitalaria que afectaría especialmente a los “enfermos pobres”. Es decir, el discurso de la prensa definía una jerarquización de prioridades mediante el enfrentamiento binario, salud/turismo, pobres/pudientes, enfermedad/ocio. El solapamiento de los efectos sanitario- curativos de las aguas termales buscó poner en tela de juicio la provincialización del icónico hotel. De todas maneras, el impacto de la diatriba fue marginal ya que fue bloqueada en un ambiente ampliamente condescendiente con la tónica gubernamental.

La estatización del Hotel de Termas de Rosario de la Frontera significó cuantitativamente una erogación superlativa en materia de política turística. Si se considera el presupuesto ordinario de la dependencia de turismo provincial entre 1950 y 1955, este representó el 75% de los $4.000.000 m/n[20] que demandó la compra del establecimiento termal. O bien, si se coteja la inversión provincial destinada a la construcción de hoteles y hosterías entre 1943 y 1953, se advierte que esta corresponde a un 22% del monto empleado para dicha compra.[21] En suma, para ponerlo en perspectiva de los actores de la época, la significancia de la compra se trataba del mayor gasto realizado en materia de turismo en toda historia salteña. Así pues, el “excelente negocio”, encarnó la más palpable voluntad gubernamental de organizar el turismo e incluir a los sectores populares, asumiendo directamente el manejo del gran hotel y del predio termal entre 1950 y 1953.[22]

Ahora bien, culminada la época de bonanza peronista, la crisis económica produjo el estrangulamiento de los fiscos provinciales y la instauración de políticas más austeras, generando que el recorte en turismo fuera uno de los aspectos más salientes. Así, el gobierno de Carlos Xamena (1951-1952) logró sancionar una ley en 1952 que autorizó a transferir en venta o a explotar junto a agentes privados el establecimiento termal.[23] Se trató de una medida que fue en sentido contrario al rol asumido por el Estado durante el gobierno de Cornejo Linares (1946- 1949), y que incluso dejaba en evidencia el cambio brusco en la postura individual del gobernador Xamena, quien como senador había votado favorablemente la ley de adquisición en 1948. Salvo alguna mínima excepción, el parlamento acompañó casi unánimemente la iniciativa del PE. La mayoría peronista no imprimió una defensa ideológica del necesario papel del gobierno en materia intervención turística y hotelera, sino que cerró filas en torno a la enajenación patrimonial solicitada por la gobernación. En esta ocasión, la principal justificación tuvo cuño ortodoxo ya que se preocupó por el equilibrio fiscal, lo cual convirtió en razonable desprenderse de un “establecimiento que da pérdidas”. El “excelente negocio” se había transformado en un “mal negocio” que no podía seguir sosteniéndose, y las fórmulas anti estatalistas resurgieron en el debate parlamentario con expresiones tales como: “todos sabemos que la provincia es mala administradora”.[24] La única voz en disidencia fue la del senador radical Fernández Acevedo quien, distanciándose del voto de su bloque, puso en duda la legitimidad del gobierno provincial[25] para vender las “riquezas de la provincia”.

Ahora bien, si se cotejan los gastos mensuales que se requirieron para el sostenimiento del gran hotel y el predio termal, sumado al pago de las anualidades (trasferidas al anterior propietario en concepto de compra del inmueble), el monto total por año alcanzaba la cifra de $1.200.000 m/n.[26] Es decir, una cifra considerable difícil de afrontar en un contexto de crisis económica. Precisamente, el tenor de los gastos redujo el universo de posibles arrendatarios y el elevado monto de la valuación de una propiedad estratégica no encontró compradores privados urgidos por adquirir dicho bien. Justamente por ello, los primeros intentos de venta fueron infructuosos[27] y el acuerdo finalmente alcanzado con un actor privado hacia octubre de 1953 fue el resultado de un abordaje que buscó la resolución de problemas heterogéneos. La venta del establecimiento termal y del predio fue realizada por la cifra de $5.500.000 m/n a la constructora Francisco Stekar y Cía. SRL.[28] ¿Cómo se pagó dicha suma? El convenio no implicó la transferencia de ningún ingreso a la provincia. El gobierno dedujo los pasivos contraídos previamente con dicha empresa y esta se comprometió a realizar en dos años, obras en edificios públicos y viviendas populares equivalentes al valor total aludido. Se le exigía, asimismo, la construcción de un edificio con fines de ocio de un valor de $120.000 m/n que sería donado gratuitamente a la Confederación General del Trabajo (CGT).[29] Con ello se intentó sostener el tenor “social” del turismo que había acompañado la retórica peronista de la gestión precedente y comulgar con la prédica nacional democratizante del segundo Plan Quinquenal. No obstante estas “precauciones populares” la empresa concesionaria no realizaría las obras acordadas y las limitadas capacidades del Estado local poco pudieron o quisieron imponer para convertirlas en realidad. En suma, con el arreglo de la venta el gobierno de Ricardo Durand (1952-1955) se liberó de los gastos de mantenimiento del gran hotel de Termas de Rosario de la Frontera y sus adyacencias, saldó deudas con la constructora y equilibró los números fiscales. También aspiró a sostener el dinamismo de las obras públicas con el consecuente beneficio sobre el mercado laboral y buscó congraciarse políticamente con la principal central obrera. Sin embargo, no resolvió su deuda con la antigua empresa propietaria y tampoco recibió mayor liquidez. Esto en parte fue subsanado mediante la solicitud de un crédito al banco hipotecario nacional con el objeto de cancelar aquel compromiso.[30]

Simultáneamente a la preocupación por la venta de gran hotel de las Termas, el gobierno de Durand logró la sanción de la ley N° 2833/52 que le permitió enajenar por medio de licitación pública el emblemático GH de Salta.[31] El PE refirió que le resultaba “imposible” o muy oneroso sostener al GH por lo cual desprenderse del inmueble “no enajena una pérdida ya que se ha mantenido a costa de erogaciones que incidieron gravosamente sobre la economía pública sin la satisfacción de un servicio amplio”.[32] Se adujo que casi todos los ejercicios de la explotación del hotel evidenciaban pérdidas y utilidades reducidas por lo que el gobierno de la provincia no podía hacerse cargo de dicho servicio sin resentimiento de su patrimonio.[33] Decidida la venta, se proyectó que el producto de la transacción se emplearía para la construcción de viviendas populares destinadas a obreros y empleados.[34] Finalmente, el Hotel Salta fue otorgado por Decreto. N° 3155/53 a la firma Jorge Emilio Iturraspe y otros a cambio de $4.000.000 m/n. La normativa aseguró que el inmueble continuase cumpliendo funciones de hotel y dio libertad al comprador para decidir si mantener o no al personal efectivo del hotel.[35]

Si bien la ley de venta del Hotel Salta cosechó la mayoría de votos necesarios, encontró contrapunto en el bloque radical, cuyos miembros se opusieron al proyecto. El diputado de la capital, Jorge R. Decavi enunció los peligros del alejamiento del Estado como contralor del hotel, destacando la posibilidad de que este fuera desmantelado o bien que los futuros compradores tuvieran dificultades en su desenvolvimiento, llevando a que el gobierno tuviera que intervenir nuevamente. Junto con ello señaló que el precio que podía obtener en una licitación pública, en el marco de la crisis económica, no sería favorable ni justo. En líneas generales, la bancada radical expresó la importancia del rol del Estado en la regulación y organización turística directa. “El fomento turístico se hará mejor mientras el PE disponga del establecimiento como propietario”.[36]

Entre los elementos favorables al proyecto se destacaron principalmente la premura con la cual satisfacer la situación de la vivienda en la provincia, a la cual se la adjetivó como “deplorable”. En ese sentido, la búsqueda de fondos para dar respuesta a este déficit insinuó el comienzo de una política que sería profundizada durante los años subsiguientes y que en el debate de 1952 fue conceptualizada como “el más importante plan de viviendas que se haya encarado por todos los gobiernos provinciales”.[37] En segundo lugar, los diputados oficialistas coincidieron en afirmar que no sería modificada la función del Hotel y que una venta reportaría beneficios fiscales, ya que no tendrían que afrontarse los déficits de entre $200.000 y $300.000 m/n anuales que arrojaban sus balances. Respecto a este último punto, deben señalarse los conflictos de intereses que fueron invisibilizados en el debate parlamentario. En primer término, cabe recordar que el Hotel de Salta fue concesionado en 1948 por el gobierno de Cornejo Linares a la firma Termas de Rosario de la Frontera S.A. que estaba manejada por la acaudalada y tradicional familia Durand. En segundo lugar, los déficits aludidos por los diputados peronistas fueron subsanados por el gobernador Durand con la firma del Decreto N° 5621-E/53. Esta normativa condonó a dicha empresa la deuda de los ejercicios de los años 1950- 1952.[38] Las evidentes influencias de la élite sobre los asuntos del Estado quedaron reflejadas en la alineación de objetivos. Dos aspectos confluían en la coyuntura política: el interés privado de la familia Durand por obtener la anulación de una concesión que le ocasionaba pérdidas y el interés público que pretendía resignar la propiedad del hotel.

En ese sentido, un aspecto que sobresale y que se corrobora con el estudio documental alude a que la política gubernamental se desenvolvía en sentido opuesto a la imagen estatalista con la que tradicionalmente fue descripto el peronismo. De esta manera, una de las premisas que empleó la bancada peronista para justificar la venta del GH de Salta puso en tela de juicio la capacidad estatal para gestionar los recursos y los bienes patrimoniales públicos. El diputado oficialista Armando J. Caro expresó:

Confieso abiertamente que bajo el sistema de explotación privada puede obtenerse mayores recursos con menos interferencias de la administración pública. (…) una solución sería que la provincia se constituyera en empresa hotelera, pero eso es una cosa muy seria (…) si el Estado a veces es mal industrial en la pequeña industria, también puede ser mal comerciante y mal vendedor (…) la principal finalidad es desentenderse de una empresa que le resulta calamitosa.[39]

Este razonamiento, empleado por uno de los principales exponentes del peronismo en Salta, resulta particularmente contradictorio al argumento vertido por él mismo cuando fue senador provincial a propósito de la compra del establecimiento termal de Rosario de la Frontera por parte del Estado. Si en 1948 el turismo debía estar organizado “naturalmente por el Estado” y tener una “función social”, en 1952 insistía en las capacidades superadoras de la gestión privada y reconocía que el “turista principal” era aquel que poseía mayor nivel adquisitivo, “habituado a las grandes comodidades y no repara en pesos más o en pesos menos con tal que se le brinden las comodidades necesarias”.[40] Asimismo, la política de desprendimiento patrimonial salteño iba en detrimento de los lineamientos nacionales donde se instruía que la principal acción del Estado debía tender “a poner al alcance del pueblo las bellezas naturales y esfuerzo argentino (…) y los beneficios del descanso físico y los goces espirituales (…)”.[41]

En síntesis, durante los últimos años del periodo peronista, el Estado suprimió de su acervo patrimonial a los hoteles más emblemáticos de su territorio, lo que significó un cambio de rumbo sustancial respecto al apogeo de los esquemas de intervención directa durante el gobierno del peronista de Cornejo Linares (1946-1949). Además, implicó un retroceso en el proceso ampliatorio de la base social del turismo en la medida que el Estado dejaba de asegurar tarifas y servicios accesibles y abandonaba los regímenes de facilidades del turismo social gestionado de forma directa. Cabe preguntarse qué otras medidas se tomaron sobre el territorio salteño en materia de infraestructura de alojamientos y si acompañaron la dinámica de “reflujo” advertida para el caso de los GH.

Fomento hotelero e inversión pública

El desarrollo de hoteles y hosterías estuvo contemplado fundamentalmente a través de dos acciones públicas. Por una parte, la eximición de impuestos por un plazo de tiempo determinado, junto con bonificaciones en la construcción y puesta en funcionamiento de los establecimientos. Por otra parte, el gobierno provincial afrontó la edificación de hosterías a través de la inversión directa y una posterior licitación en el manejo de los mismos.

El primer aspecto no fue novedoso, ya que se trató de una práctica aplicada en otras provincias, e incluso en un periodo anterior en la provincia salteña (Rodríguez Buscia, 2022). Las nuevas legislaciones durante los años peronistas apuntaron al desarrollo de zonas con escasa o nula estructura hotelera. Para ello se apuntó al fomento de inversiones privadas y a la ejecución presupuestaria de partidas oficiales. La ley N° 2370 del año 1949[42] excusó el pago de impuestos provinciales y municipales por 10 años[43] a todo establecimiento que se construyera en determinadas áreas de la provincia en el plazo máximo de tres años luego de la sanción la normativa. El gobierno autorizó tanto zonas de difícil acceso como ser los valles calchaquíes (Cachi, Cafayate, Peyogasta), la Puna (San Antonio de los Cobres, Socompa), zonas alejadas de la región chaqueña (Tartagal, Pichanal), así como otras de tránsito permanente atravesadas por la ruta nacional 9 (Rosario de la Frontera, Metán, Lumbreras,) y áreas aledañas a la capital salteña (Cerrillos, San Lorenzo, Campo Quijano, Yatasto), entre otras (Tastil, J.V González, El Galpón, Campo Santo, Chicoana). Se definieron requisitos para la edificación, especialmente referidos a las capacidades mínimas de cantidad de habitaciones (no podían ser inferiores a cinco), y al monto de inversión (tenía un piso de $100.000 m/n). Asimismo, se otorgó una prima equivalente al 25% del valor total del costo de construcción.[44]

La amplia selección de locaciones para la construcción de hoteles fue señalada por el gobernador Cornejo Linares como un aspecto para favorecer la movilidad turística por la provincia. Era preciso la creación de una cadena de hosterías a ubicarse en aquellos lugares “que ofrecieran más atractivos, bellezas naturales, producción de la zona, valores históricos” junto con un sistema de transporte con “con cómodas unidades a precios económicos”.[45] Para la realización de la obra hotelera se tuvo en cuenta los planes diagramados por el gobierno nacional que contempló la edificación de hosterías en Quebrada del Chañar y Cafayate. Dichos establecimientos debían ser erigidos con fondos nacionales y construidos mediante licitaciones públicas. No obstante a pesar de que el ejecutivo salteño mandató a importantes personalidades de la provincia para que gestionasen ante las autoridades nacionales la celeridad en el inicio de las obras, los recursos no estuvieron disponibles y por lo tanto ninguna de ellas fue materializada.[46]

Así pues, ante la falta de apoyo nacional en materia de infraestructura hotelera, el plan de obras públicas de Salta de 1950 proyectó el estudio y levantamiento de una serie de hosterías estatales diseminadas por el territorio de la provincia. En una primera etapa se llevó a cabo un examen que determinó la ubicación de cada uno de dichos hospedajes, de acuerdo a las características topográficas, los atractivos turísticos y las facilidades de acceso a partir de carreteras de tránsito permanente. Uno de los objetivos de la planificación apuntó a la descongestión de los hoteles ubicados en Salta capital en temporada alta, contribuyendo a su vez a un mayor conocimiento de la provincia. Así, se pensó al Valle de Lerma como una posibilidad que tenía distintos puntos favorables. Por un lado, contaba con paisajes agrestes “apetecibles a la mirada turística” y por otra parte se encontraba de camino entre la ciudad de Salta y los Valles Calchaquíes. Una de las opciones factibles pretendió construir una hostería en el departamento de Chicoana que se encuentra a una distancia mayor a 50 km de la capital, lo que se creyó que contribuiría a prolongar las excursiones de los visitantes. La Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la provincia identificó al interior de aquel departamento, en el poblado de Los Los, una construcción incompleta que podía ser reciclada para tal fin. El Decreto N° 3083-E/50 autorizó a dicha dependencia a confeccionar el proyecto y el presupuesto para la restauración, adaptación y ampliación del edificio existente, al mismo tiempo que procedió a la declaración de utilidad pública del inmueble.[47] Posteriormente, la Dirección de Inmuebles de la provincia señaló que la expropiación de las 207 ha en la que se ubicaba el edificio tendría un costo de $150.000m/n, gasto imposible de afrontar, lo que generó que hacia 1952 se desestimara su realización.[48]

El fracaso en la ejecución de proyectos estatales agudizó el “problema hotelero” y conminó a un pronto abordaje resolutorio.[49] Así, en 1953 se concibió una nueva red de establecimientos, cuyos fondos necesarios fueron autorizados a incorporarse en el presupuesto general ordinario por el gobernador Durand. El plan contó con ciertas modificaciones en el tiempo, lo que demuestra no solo las dificultades a las que se enfrentaron las capacidades estatales, sino la maleabilidad de estas para afrontar las limitaciones de diverso tipo. La nómina inicial contempló una inversión de $1.300.000 m/n, e incluyó hoteles y hosterías en Cafayate, Cachi, Cuesta del Obispo, Seclantás o Molinos y Juramento.[50] El Decreto N° 5106-e/53 redujo el monto a $900.000 m/n y eliminó la hostería de Cuesta del Obispo.[51] Posteriormente la Dirección General de la Vivienda y Obras Públicas (en adelante, DGVOP) de la provincia, dependencia responsable de la construcción, desestimó el alojamiento en Seclantás ya que este se encontraría demasiado cerca del aprobado en Cachi. Por ello mismo, el Decreto 8057-E/53 concluyó que con dichos fondos se construiría el establecimiento de Cuesta del Obispo,[52] anulado en un principio. Una de las opciones asumidas para abaratar costos y complementar el plan de obras, fue la decisión de refuncionalizar edificios públicos. Por caso, en Cafayate se dispuso la modificación de un edificio dependiente del ministerio de economía para su adaptación como hotel de turismo destinándosele un monto de $130.000 m/n.[53] Finalmente, la concreción de las obras significó reforzar las partidas iniciales,[54] estimándose el gasto total del plan de obras públicas hoteleras de 1953 en la cifra de $1.2000.000 m/n.[55]

Ahora bien, si la política de exención impositiva incluyó a casi todo el territorio salteño, el plan de construcción hotelera de 1953 enfocó mayoritariamente el desarrollo en una región. Es decir, el único plan estatal que erigió infraestructura hotelera en diversos puntos provinciales se orientó fundamentalmente hacia los Valles Calchaquíes. Se observa así, un marcado interés por estimular de forma directa el despegue turístico de esta zona. La única excepción a esto fue la hostería de Juramento[56] que fue construida en las cercanías de la RN34 para presentar una opción intermedia de alojamiento en el recorrido entre Rosario de la Frontera y la capital provincial. Una función geográfica similar cumplió la hostería de Cuesta del Obispo[57] que representó un punto a mitad de camino entre la ciudad de Salta y los Valles Calchaquíes.

Mapa 1
Circuito de Hoteles y Hosterías del Plan de Obras Públicas de Salta de 1953.
Elaboración propia en base a Automóvil Club Argentino (1954). Guía de Viaje de la Argentina, Zona Norte. Buenos Aires, p. 307. Biblioteca del Automóvil Club Argentino (BACA). Buenos Aires.

En suma, de los cuatro establecimientos planificados, tres apuntaron directamente a fortalecer la zona vallista. Dos estuvieron situados en ella (Cafayate y Cachi) y el restante (Cuesta del Obispo) cumpliría funciones de avituallamiento para los automovilistas que se desplazaran uniendo la capital salteña con el área aludida, o viceversa. Cabe destacar que, si bien inicialmente fue concebida como un lugar de paso, la hostería de Cuesta del Obispo contaba con un emplazamiento imponente en las serranías, por lo cual las experiencias de los turistas pudieron concebirla, junto con el impactante recorrido zigzagueante de montaña,[58] como un atractivo en sí mismo.[59]

Por otro lado, la puesta en funcionamiento de las hosterías y hoteles estatales que encontraron materialización no estuvo a cargo del gobierno, sino que fue llevada a cabo por actores privados, ya sea a través de una concesión o bien mediante la adquisición del inmueble. Un ejemplo de ello fue la adjudicación por 3 años de la hostería en Cuesta del Obispo al empresario Julio Décima, cuya “solvencia moral y económica”[60] garantizaba al Estado el correcto funcionamiento del establecimiento. Un caso similar se comprueba con la venta de la hostería de Cafayate. El acuerdo implicó que el comprador, un contratista del Estado,[61] abonara el valor del inmueble, unos $800.000 m/n, a partir de la realización de obras públicas en la provincia por el mismo monto. Es decir, el PE no obtuvo mayor liquidez como producto de dicha transacción, sino que buscó saldar los pasivos contraídos con dicha empresa y al mismo tiempo dinamizar las obras públicas de la provincia.[62] Por último, es preciso agregar que la planificación hotelera no alumbró la totalidad de los edificios proyectados. Este fue el caso de la hostería de turismo de Cachi, cuyas obras fueron abruptamente paralizadas como producto del golpe de Estado de 1955.[63]

Conclusiones

El presente artículo alumbró la dinámica de las políticas turísticas en Salta enfocando su haz examinador en su faceta hotelera durante las gobernaciones peronistas entre 1946 y 1955. Tal pesquisa se llevó a cabo por medio de una mirada teórica que recuperó lo específico de la escala provincial. Se demostró que las características estatales de la intervención sobre el territorio no respondieron a instrumentos nacionales ni necesariamente a modelos o directrices vertidas por el gobierno central. Así pues, se analizaron dos mojones de la política hotelera, por un lado la evolución histórica de los dos grandes hoteles de la provincia, el de la ciudad de Salta y el de Termas de Rosario de la Frontera. Por otra parte se analizaron las medidas de fomento hotelero y la inversión directa sobre la construcción de hosterías en distintos puntos de la provincia. A partir de ello se comprobó un ritmo oscilatorio en el proceso de democratización de las prácticas turísticas en tanto el factor alojamiento fue conceptualizado de formas relativamente opuestas por las gestiones peronistas locales. En primera instancia, durante el gobierno de Cornejo Linares (1946-1949) los hoteles eran un asunto público cuya responsabilidad debía ser asumida enteramente por el Estado, quien debía velar por los intereses de los sectores populares, cuyo derecho a las vacaciones era tan válido como el de las clases altas. Para ello efectuó la compra del establecimiento termal de Rosario de la Frontera, convirtiendo a esta gran operación tanto por su volumen monetario como por su significancia simbólica en una verdadera muestra de la voluntad estatal por democratizar el turismo en Salta. En la misma línea se situaron los planes de construcción de hosterías en diferentes puntos de la provincia de Salta durante los años 1950 y 1953. La búsqueda por promover el despegue turístico de los valles calchaquíes situó gran parte de las edificaciones en esta zona (Cachi y Cafayate) y en el área de avituallamiento de la Cuesta del Obispo, favoreciendo con ello a los automovilistas de sectores medios en su movilidad turística desde y hacia el Valle de Lerma. Estas iniciativas fueron acompañadas por regímenes de fomento hotelero consistentes en primas y exenciones impositivas al empresariado hotelero local.

No obstante estas medidas, dos fenómenos generaron un reflujo de esa tendencia democratizante y estatalista. Por un lado, la clausura de un periodo de bonanza económica que se tradujo en una crisis que estranguló las cuentas de la provincia. Esto llevó a un recorte que afectó de lleno a las políticas turísticas y puntualmente al activo hotelero de la provincia, aun cuando bullía en pleno auge la directriz del gobierno central de ampliar la base social del turismo anunciado en el segundo Plan Quinquenal. Así pues, el gobierno de Carlos Xamena (1951-1952) y posteriormente el de Ricardo Durand (1952-1955) liquidaron el patrimonio hotelero vendiendo el Hotel de Salta, el Gran Hotel de Termas de Rosario de la Frontera y las hosterías construidas en distintos puntos de la provincia. Con ello no se engrosaron las arcas del fisco, sino que se buscaron equilibrar las cuentas, al mismo tiempo que algunos reconocidos parlamentarios peronistas declaraban que el Estado no era el actor más adecuado para manejar directamente los hoteles y por ende promover el turismo. En segundo lugar, incluso el primer impulso democratizante se vio limitado por el endeble alcance de las capacidades estatales. En efecto, el plan de hosterías de 1950 no pudo ser llevado a cabo por falta de presupuesto y algunas de las construcciones del plan de 1953 no pudieron ser finalizadas por la misma razón. Otra debilidad quedó demostrada en la imposibilidad de imponer sus instrumentos de contralor para hacer cumplir la ley que obligaba a la concesionaria del establecimiento de las termas a que edificara instalaciones de ocio para la CGT. En suma, la escasez de fondos y el repliegue del Estado repercutieron en la configuración de la fisonomía eminentemente privada que asumió la geografía hotelera en Salta hacia el final de los años peronistas. El turismo dejó de ser considerado un terreno de batalla en donde se disputara la construcción de una sociedad más igualitaria y se convirtió en un objeto no prioritario de la política pública al ser blanco de ajuste desde una mirada más ortodoxa.

Por último, este trabajo abre algunos temas que podrían ser explorados en futuras instancias. En primer lugar debe destacarse que los proyectos de fomento hotelero en Salta en todas sus versiones estuvieron destinados al desarrollo del turismo interno, regional y nacional. En ese sentido, el Estado salteño puso énfasis tanto en atraer “a las corrientes turísticas del litoral” como en facilitar (si bien con altibajos) el acceso de los sectores medios y populares locales a las prácticas y sitios turísticos mediante la ejecución de determinadas políticas. Así pues, cabe preguntarse en qué medida este escenario permitió construir derechos y ciudadanía en una sociedad como la salteña fuertemente jerarquizada y desigual. Más aún, ¿formó parte el turismo de una lógica de resquebrajamiento o conservación de la estructura social? Asimismo, estos interrogantes pueden resultar valiosos para auscultar puntos de contacto con los aportes de la historia de la educación, de la salud, de las políticas sociales, etc.

Por otra parte, también queda planteado el panorama para inquirirse acerca de la evolución de los procesos democratizantes y/o restrictivas de las prácticas turísticas en Salta en los años posteriores al peronismo. Indagar sobre sus dinámicas de permanencia o transformación resultará a la postre un objeto susceptible de ser explorado.

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Notas