Introducción

La historia de la humanidad ha estado determinada por relaciones de dominación, producto de la imposición de algunas conciencias y voluntades sobre otras que terminan siendo conquistadas, es decir, las relaciones socio-económicas han sido históricamente definidas por un poder dominante, consciente y dueño de sí, que impone –develada o sutilmente– su visión de mundo y su modo de producir, por lo que podría decirse que las relaciones de poder entre individuos y colectivos condicionan el sistema productivo.

Es conocido el modo como el poder dominante ha impuesto su ideología y modelo productivo de manera violenta sobre grandes masas de dominados, que en una elección por la vida y en detrimento de su libertad, han permitido la institucionalización de la conciencia dominante.

Esta voluntad y conciencia dominantes se presentan como la voluntad y conciencia de todos, porque aunque la élite que ostenta el poder económico y político está conformada por una muy pequeña proporción de la sociedad, es ella la que logra el reconocimiento de existencia; luego, si sólo aquella élite existe para el sistema, esos pocos que la conforman representan la voluntad y conciencia de todos, lo cual no debe confundirse con el dominio ideal de la conciencia y la voluntad generales.

Sin embargo, la dominación violenta no ha sido imperceptible ni mucho menos perenne, pues la conciencia de los dominados no ha permanecido siempre inerme, sino que ha enfrentado luchas con el poder dominante para liberarse –al menos en parte– de la subyugación, sin que ello haya representado aún el triunfo de los tradicionalmente dominados sobre los dominantes.

De otro lado, la imposición del poder dominante no se ha hecho siempre por la fuerza, sino que ha encontrado formas sutiles de institucionalizarse a través de discursos ideológicos que logran el consentimiento y embelesamiento de las grandes mayorías para someterse al sistema productivo en beneficio de la élite dominante.

En este sentido, la lógica liberal ha sido la ideología más efectiva para la dominación de inmensos grupos sociales, a partir de sus postulados de hombre libre para ser quien quiera ser, pero sometido al sistema productivo.

Tradicionalmente, desde la óptica liberal, los medios físicos han sido los que posibilitan la dominación, es decir, que la posesión de los medios tradicionales de producción (tierra, trabajo, capital), ha sido la manera más eficaz de consolidar las relaciones de dominación sobre los desposeídos.

Sin embargo, en el siglo XX adquirió relevancia la forma como la sociedad civil se relaciona –bien sea para acentuar las relaciones de dominación o para tratar de subvertirlas– señalando que los niveles de confianza e interacción entre individuos y grupos, potencian enormemente el desarrollo de las sociedades, al facilitar el enriquecimiento y la consolidación del tejido social.

La confianza social y la responsabilidad social son dos variables estrechamente ligadas que conducen a elevar el nivel de participación pública y social de los individuos. Será la confianza pública y su posicionamiento la que va a permitir cada vez de mejor manera, que las organizaciones e instituciones públicas y privadas, se comprometan en una real apuesta a la reconstrucción de tejido social.¹

Actualmente se enfatiza en la necesidad de nuevas lecturas del entorno socio- económico que permitan la comprensión de las dinámicas propiciadas por el modelo de producción capitalista global, en el que juegan un papel principal los conceptos de conocimiento, gestión del conocimiento, sostenibilidad, concentración de la riqueza, entre otros, frente a la urgencia de aliviar la pobreza.

La racionalidad economicista y altamente instrumental que configura las relaciones socio-productivas actuales, antes de aportar a la construcción de sociedad y desarrollo humano, recrea el reinado de los «des»: desigualdad, desorganización, desorientación, desunión, desconfianza. «La razón técnica-instrumental ha propiciado «rupturas de sentido» y de «comunicación», caracterizando un mundo fenoménico que manifiesta tensiones entre entendimiento y comprensión, impidiendo en la práctica el desarrollo de criterios morales válidos». ² La supremacía de esta racionalidad no sólo es evidente en el sistema económico- productivo, sino en todos los niveles de las relaciones entre los hombres, incluso en la relación entre el hombre y la naturaleza.

Las condiciones de sociedad y mercado globales, la problemática suscitada en ellos y las oportunidades de desarrollo que ofrecen, demandan alternativas desde lo local-regional y local-nacional, formuladas y viabilizadas desde la base de la sociedad organizada, o sea, desde la organización y participación consciente y autónoma de la sociedad, a partir de valores sociales integradores como la confianza, la solidaridad y la cooperación.

Este escenario demanda de las disciplinas el desarrollo de antiguos y nuevos conceptos que le permitan a los individuos y a las organizaciones hacer una lectura mucho más integral del entorno y, por lo tanto, la formulación de soluciones creativas e incluyentes.

En esta perspectiva, la contabilidad como disciplina social, está obligada a reconsiderar conceptos y madurar metodologías, que sean herramientas verdaderamente útiles para que las organizaciones y la sociedad puedan valorar, gestionar y controlar la riqueza.

Esta demanda representa para la contabilidad la necesidad y la oportunidad de desarrollar el concepto de control como un proceso cognitivo y pluridimensional, cuyas aplicaciones sean ajustables a cualquier tipo de organización, y fundamentado y orientado hacia la salvaguardia del interés general.

El control como práctica y pensamiento, ha atravesado la historia de la humanidad, tomando características diferentes en cada uno de los momentos que demarca la historia. Las relaciones sociales, económicas y políticas se han determinado históricamente por las distintas culturas existentes en el mundo. El control también ha sido determinado en su evolución por los diversos pensamientos, prácticas y necesidades culturales, resultando en algunos momentos de la historia como simples actividades, y en otros, entendido como todo un proceso con fines claramente definidos; así se asume que en el ámbito contable, el control haya sido relacionado únicamente con lo económico, y que ahora se le quiera desarrollar en directa relación con lo social.

Control social: una necesaria reflexión desde la contabilidad

En la sociología, la noción de control social ha sido concebida, de una manera muy general, como una estructura conceptual e instrumental que se origina en la interacción social y que necesariamente debe impactar este mismo escenario, modelando las conductas de los actores sociales, para ganar sus voluntades o someterlos al logro de un fin no necesariamente de interés colectivo. Sin embargo, en la disciplina jurídica se han especificado mucho más sus características y su ámbito de desarrollo.

Generalmente, en sociología, el control social ha sido entendido como «el conjunto de medios, precisamente sociales o con repercusiones sociales para ordenar y regular el comportamiento humano externo en muy diversos aspectos».³

Debe observarse que en esta definición no se hacen precisiones sobre los escenarios en los que se desarrolla el control social, pues al plantear la regulación del ‘comportamiento humano externo’ puede considerarse cualquier escenario de actividad humana, tanto en lo público como en lo privado, pero de todos modos con carácter social, no individual.

La introducción de la noción de control social se debe al sociólogo Edward Ross⁴ en la segunda mitad del siglo XIX, como una corriente que buscaba la atenuación de los abusos e injusticias propias del desarrollo del capitalismo industrial, además de procurar la integración de los habitantes de los grandes centros industriales. Pero en esencia, la noción de control social planteada anteriormente por los sociólogos no dista de lo que se entiende actualmente por tal control: «El control social es el resultante de estrategias que logren alcanzar, de la sociedad civil, el consentimiento espontáneo que otorguen las mayorías a la orientación que imprime a la vida social, el grupo dominante».⁵

Dicho esto, la noción de control social implica la presión o el estímulo sobre el comportamiento voluntario. En párrafos anteriores se mencionó que la historia de la humanidad ha estado determinada por relaciones de dominación, y que esa dominación no siempre se ha dado por la fuerza física, sino a través de sistemas ideológicos. Pues bien, el control social actúa como un mecanismo conquistador de conciencias y aprobaciones –no siempre explícitas– en una sociedad determinada.

En la realidad actual predomina un interés particular y minoritario, que a través de su poderío económico-político impone al resto de la estructura social, su visión de mundo y su forma de relacionarse. Esta imposición hace que los hombres, tanto individual como colectivamente, no establezcan relaciones de manera libre, sino que lo hagan guiados por la necesidad de sobrevivencia, lo cual recrea sociedades verticales en las que no se construye el mundo a partir de visiones socialmente compartidas, sino con base en intenciones particulares cuya imposición es favorecida por controles sociales formales e informales.⁶

Según la consideración materialista de la historia, en todos los modos de producción se ha impuesto una conciencia particular y elitista sobre otra, general y débil. Para el caso del capitalismo, desde sus inicios, y aún más evidente hoy, se impusieron la voluntad y la conciencia de la clase capitalista, que es minoritaria, sobre los demás conjuntos sociales, y esa conciencia se fundamenta en la libre competencia y en la explotación del otro.

Para que esta conciencia capitalista dominante pudiera imponerse necesitó de mecanismos reales de institucionalización; así el control social ha sido creado y utilizado por el capitalismo para imponerse e institucionalizarse con el consentimiento de los dominados.

El poder en el sistema social impone su particular visión de la ‘realidad’ y de su sistema productivo, al conglomerado humano que actúa como un mero reproductor de esa racionalidad. Una vez impuesta esa construcción particular de la realidad, se vuelve norma, verdad y totalidad para los sujetos que la adoptan. De esta manera, los diferentes y disidentes, serán señalados como pecadores, enfermos, desviados, desadaptados, peligrosos sociales y delincuentes.⁷

Debe decirse que todos los esquemas conceptuales y aplicados, se construyen también a partir de la conciencia institucionalizada y se utilizan para mantener las relaciones de dominación. Así lo es, por ejemplo, la política económica, los sistemas nacionales de educación, la contabilidad,⁸ el control social, etc.

Lo que verdaderamente hay en el origen del ‘resurgimiento de la sociedad civil’ en el discurso dominante es un reajuste estructural de las funciones del Estado por vía del cual el intervencionismo social, interclasista, típico del Estado-Providencia, es sustituido parcialmente por un intervencionismo bicéfalo, más autoritario de cara al proletariado y a ciertos sectores de las clases medias (por ejemplo, la pequeña burguesía asalariada) y más diligente en la atención de las exigencias macroeconómicas de la acumulación de capital (sobre todo del gran capital). Es innegable que el ‘resurgimiento de la sociedad civil’ tiene un núcleo genuino que se traduce en la reafirmación de los valores del autogobierno, de la expansión de la subjetividad, del comunitarismo y de la organización autónoma de los intereses y de los modos de vida. Pero ese núcleo tiende a ser omitido en el discurso dominante o apenas suscrito en la medida en que corresponde a las exigencias del nuevo autoritarismo.⁹

Según Sánchez Sandoval, en el libro ya citado, el control social puede ser formal o informal. El primero se constituye por las sanciones promulgadas a través del derecho, y el informal se compone de normas morales aceptadas socialmente que producen culpas y reproches.

Con la modernidad vinieron las concepciones de hombre libre obligado a trabajar y –en su gran mayoría– despojado de medios de producción, sin dueños y sin los privilegios exclusivos para aquellos que eran elegidos por la institucionalidad religiosa. Lentamente se dieron las condiciones para la formación del Estado de Derecho, en el que claramente se separó la administración pública (servidores públicos) de la sociedad civil, y en este concepto de Estado de Derecho, el control social representa una condición vital, si se considera que entre las características de aquél se encuentra la división de los poderes públicos y la responsabilidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En otra perspectiva, en la que se propone el control social como una dinámica de participación ciudadana en la administración de lo público, la rendición de cuentas legitima la gestión de los gobernantes en términos del ejercicio de su poder; de lo contrario, esta legitimación sólo provendría del momento de su elección, pero se quedaría en una fase inicial, fácilmente cuestionada por los resultados de su gestión, no comunicados a la sociedad, pero evidentes en el devenir socio-económico y político de la Nación.

Es de resaltar que esta perspectiva coloca al control social como una posibilidad de la base general de la sociedad para controlar la administración en el escenario de lo público y quizá también de lo privado; mientras que la anteriormente reseñada es entendida como un mecanismo utilizado por el grupo social que ostenta el poder para lograr las aprobaciones –conscientes o no– de la base social, a las orientaciones que aquél da al devenir social, económico y político.

El control de los ciudadanos sobre la administración pública no debe ser específicamente posterior; actualmente se sostiene que para que el control social logre ajustar la gestión pública y sus resultados a las expectativas y necesidades de la sociedad, no sólo debe tener la posibilidad de exigir la rendición de cuentas de manera posterior, sino que debe acompañarla permanentemente, desplegando acciones que posibiliten el acercamiento entre necesidades y políticas públicas de desarrollo, así como entre resultados y sanciones.

Lo anterior contrasta con la manera como se asumía inicialmente el control social, pues era un control pasivo limitado a la no reelección de los gobernantes que no satisfacían las necesidades de la población que los elegía.

Hoy se imponen dos tendencias contrarias con respecto al control social. La primera, una parte de la sociedad civil despreocupada por la administración pública, que forma sus opiniones a partir de las declaraciones de la élite política a quien delega el ejercicio del control, y por otro lado, una participación activa de los ciudadanos como factor clave del control sobre la administración pública. Este interés de algunas fracciones de la sociedad –correspondiente a la segunda tendencia– está configurado por el mercado, que inspira el individualismo y la protección de intereses privados bajo el sofisma de la posibilidad de que se cumplan las expectativas de todos los ciudadanos, lo cual implicaría la administración y control por parte de instituciones privadas. Sin embargo, el mercado no incentiva la cooperación para la defensa de intereses generales, sino la «lucha de todos contra todos» por el cumplimiento de objetivos dispersos.

Las manifestaciones prácticas de este control son fundamentalmente, en el ámbito particular, la posibilidad de los ciudadanos, como consumidores, de elegir a quién comprar; y en el ámbito de las organizaciones públicas, la oportunidad de expresarse y formar parte de las instancias de decisión de tales organizaciones.

Sin embargo, esta participación de la sociedad civil en la cogestión de las entidades públicas, podría interpretarse como una oportunidad del sistema para controlar a los ciudadanos –bien sea aquellos pocos que quieren participar de la administración pública, o los que son elegidos por instituciones informales para representar a sectores de la sociedad–, quizá con la intención de hacerlos cómplices de las orientaciones dadas a lo público, pues es evidente que son minoría en sus instancias de decisión. Adicionalmente, en este asunto, es necesario considerar que existen grandes oposiciones a la unión de la gestión y el control en un mismo actor social, sea individuo u organización, pues la independencia entre estas dos funciones e instituciones es la garantía elemental de la eficacia del control.

Nuria Cunill G. afirma que el desplazamiento de la administración pública y de su control a instancias privadas, manifiesta tres graves consecuencias: la responsabilización por la administración sólo ante aquellos ciudadanos reconocidos por el mercado, por su poder político y económico; la asimilación de la administración pública a la gerencia de organizaciones productivas, dotándola de excesiva autonomía; y la tendencia hacia la destrucción de la participación colectiva, o sea, la desunión de los ciudadanos, al ser considerados clientes de todo tipo de organizaciones, incluidas las estatales.

Tal como lo evidencian sobre todo las reformas acaecidas en el Reino Unido, también constituido en uno de los modelos…, el énfasis se ha colocado en la apertura de oportunidades de expresión sólo del individuo aislado (la queja, la encuesta de opinión, etc.); además, la participación social misma se ha tendido a relegar a micro-espacios (la escuela, el hospital, etc.) así como a despolitizar, basándola sobre todo en la experiencia técnica de los sujetos sociales (la cogestión administrativa).¹⁰

Actualmente se evidencia una administración pública sobre la que no se ejerce el suficiente control político y social. La ideología neoliberal que pone como centro del sistema al consumidor en tanto cliente individual, lo hace sentirse solo –a pesar de las consideraciones de aldea global– y lo hace también despreocuparse de los asuntos que le conciernen, entre otras cosas, porque esta misma ideología entroniza las bondades del modelo de mercado en cuanto a eficiencia se refiere, por lo que las personas cada día creen menos en la conveniencia de mantener la administración pública de las organizaciones e instituciones públicas. Además, el mismo mercado hace que las personas tengan preocupaciones muy particulares que cada vez se relacionan menos con las necesidades y el bienestar generales y más con el consumo de bienes –en muchos casos inútiles– o simplemente con las posibilidades de sobrevivencia de cada quien; así las cosas, pareciera ser que las personas no encuentran objetivos en común alrededor de los cuales unirse y luchar por su consecución.

Es preocupante y absolutamente dañino para las sociedades actuales que las personas no se sientan integrantes de una comunidad basada en el interreconocimiento y la mutua aceptación y que, por lo tanto, no encuentren razones para trabajar colectivamente. Es como si la moda impusiera hoy el desinterés político, la vida llana, el sentido del mundo y de las relaciones humanas sólo en el ámbito de lo privado, ‘porque lo público no es confiable y mucho menos conveniente’, lo que no podría tildarse de antipolítico, porque es esa una actitud y un sentido especial de la vida, en el que el compromiso y el trabajo políticos se dejan en manos de una élite, y justamente la élite que no tiene tantas necesidades insatisfechas.

Es preciso, ahora, plantear la cuestión de los actores sociales que ejercen el control social sobre la administración pública. Si bien se ha privilegiado tradicionalmente la participación y el control social a través de organizaciones formales e instituciones legales, no puede entenderse, por ello, que los individuos en su calidad de ciudadanos no puedan ser sujetos activos del control social.

Las organizaciones que se hacen perceptibles en el ejercicio del control social actualmente, pueden clasificarse por su función. Algunas se dedican a exigir de los funcionarios públicos el respeto por las libertades y derechos básicos como el derecho a la libre empresa, la propiedad privada, a elegir y ser elegido, etc.; otras vigilan los procesos electorales y la educación de la sociedad civil en garantías políticas; y otras vigilan el comportamiento ético de los funcionarios, así como que los servicios públicos sean prestados dentro de los límites de la ley.

No obstante, los ciudadanos individualmente considerados pueden tener razones igualmente valederas para exigir a la administración pública información acerca de la forma como ha ejercido sus funciones, los resultados obtenidos y, con base en lo anterior, imponer legítimamente sanciones a los funcionarios y hacer parte de la reformulación de los servicios y entidades públicas para su mejor funcionamiento en la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad y, además, para garantizar que en el diseño de las políticas públicas se tengan en cuenta realmente los intereses generales.¹¹

Es evidente que el panorama económico-social actual urge de la participación decidida y consciente de la sociedad mediante el compromiso político, la organización ciudadana y la institucionalización de racionalidades y mecanismos que conlleven a equilibrar la balanza del poder y a garantizar la existencia en el sistema social y político que hoy opera de modo globalizado, pues no puede esconderse que cada vez se polarizan más las condiciones sociales entre naciones y regiones, debido a la mayor concentración de la riqueza en manos de los que tradicionalmente han detentado el poder económico y político. Esta participación es ejercida por la sociedad civil a través de diversos mecanismos como el control social. Por lo anterior, puede entenderse, entonces, que «el control social incumbiría a las organizaciones sociales, a los ciudadanos sea en tanto ‘stakeholders’ directos o no, y, por supuesto, a los medios de comunicación. Sin embargo, existe un límite: actuar en función de intereses que puedan ser reconocidos como públicos».¹²

No obstante, la participación ciudadana debe darse de manera autónoma, para que no sea utilizada por parte de las élites con poder, para facilitar la satisfacción de intereses particulares y excluyentes.

Si se recurre al concepto de autonomía expuesto por Cornelius Castoriadis, para que la participación ciudadana sea autónoma, debe primero ser consciente, es decir, que la sociedad civil debe ser totalmente consciente de sí misma, internalizando sus características, necesidades y estrategias de desarrollo. La autonomía representa entonces la posibilidad de cuestionar y alterar el sistema de conocimiento y de organización ya existente en una sociedad, con la ambición de construir su propio modelo, con leyes pertinentes para su contexto y bajo la premisa de responder a su historia y a sus necesidades. «Esta posibilidad sólo aparece con el ser humano y aparece como posibilidad de poner en tela de juicio (no de manera aleatoria o ciega sino sabiendo que lo hace) sus propias leyes, su propia institución cuando se trata de la sociedad».¹³

De acuerdo con Castoriadis, cada sociedad está configurada por escenarios y características que las más de las veces no son creadas conscientemente, sino que le son dadas por el mismo devenir social, cultural, económico y político. El proceso de transmisión de estas características garantiza que se hereden las condiciones necesarias para el afianzamiento de las relaciones de producción imperantes y de la ideología necesaria para ello. Así las cosas, una sociedad autónoma y, por lo tanto consciente de sí misma, no sólo se enfrenta a una superestructura ideológica y material, sino que simboliza una «autoalteración de la sociedad» por cuanto las instituciones y racionalidades imperantes no posibilitan los autocuestionamientos, sino que los hacen parecer utópicos.

Un control social que preste verdadera utilidad para el desarrollo social y humano de la sociedad actual, es aquel que no sólo permite conocer las justificaciones de las decisiones públicas, sino el que crea el escenario para la imposición de sanciones, para la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones en los asuntos de la vida nacional, y el que permite la reacción por parte de la administración pública a favor de la comunidad, en el sentido de resarcir el daño que haya causado y no solamente la acusación o la desconfianza generalizada.

Para que este control social sea posible, son muy importantes los medios directos e indirectos con que cuente la comunidad para hacer valer su voz y su voluntad con respecto al manejo de lo público. En primera instancia, las sanciones impuestas por la sociedad civil son simbólicas, como es, por ejemplo, la desaprobación de las acciones y el rechazo hacia algunas decisiones y funcionarios, que se comentan en diversos escenarios sociales y cuya efectividad depende de la conciencia generada en el grueso de la población; cabe decir que en este tipo de sanciones los medios de comunicación no influyen considerablemente cuando obedecen a los intereses económicos presentes en sus relaciones de inversión.

De otro lado, resulta también trascendental que los medios legales estén realmente al servicio de la sociedad civil, o sea, que las estipulaciones consagradas en la ley para respaldar la participación ciudadana, se acompañen de mecanismos efectivos que la garanticen y que trasciendan la sanción simbólica anteriormente señalada.

El control social también debe ser desplegado en las empresas privadas que administran servicios públicos y sobre las entidades que vigilan tales empresas; pero aquí surge un problema bastante comentado en los estudios referentes al control sobre la administración pública, por ejemplo, «la contradicción que existe entre las funciones de juez (administrativo) y de defensa de los derechos de los usuarios que poseen los organismos de control, en tanto no es posible constituirse como una instancia de ‘mediación’ y, a la vez, proteger los intereses de una de las partes».¹⁴

Según el planteamiento de Sudarsky, en «El Capital social en Colombia. La Medición Nacional con el BARCAS», el control social se compone de tres variables:

* Confianza en las instituciones que ejercen control de la sociedad sobre el Estado: se refiere a la confianza en los partidos políticos y en el congreso, en el sistema legal y la fiscalía, en los medios masivos de comunicación, y en los sindicatos y los gremios.

* Mecanismos de control de la sociedad sobre el Estado: están constituidos por el conocimiento y utilización de estrategias de participación (cabildo abierto, revocatoria del mandato, consejos territoriales de planeación, veedurías ciudadanas, derecho de petición).

* Responsabilidad pública: hace referencia a la responsabilidad ante la sociedad, de sus representantes en las diferentes instancias gubernativas, «tanto en los aspectos programáticos como en la posibilidad de la ciudadanía de exigir a sus mandatarios que cumplan lo que prometen».¹⁵

Repárese que en el concepto de control social, y principalmente en este de responsabilidad pública, el papel de la contabilidad resulta trascendental por cuanto constituye no sólo un lente a través del cual se observan, registran y comunican las relaciones dentro y entre organizaciones en los niveles macro y micro de la sociedad, sino también la base fundamental para la toma de decisiones sobre la apropiación de la riqueza, a través de la información que procura a las diferentes instancias de poder y decisión de las organizaciones.

Indudablemente la contabilidad es un instrumento de poder, pues si bien no ha sido útil para la distribución justa de la riqueza, sí ha servido a los gobiernos y organizaciones que ilegítimamente se someten a los grandes poderes internacionales de pensamiento único. La contabilidad no representa únicamente movimientos de recursos, pues los objetos no se relacionan, sino que son relacionados. De ahí, la contabilidad representa relaciones entre individuos y comunidades, pero también intenciones de los individuos hacia los grupos u organizaciones, y de éstas hacia ellos; luego, la contabilidad determina relaciones de poder. Así las cosas, la contabilidad puede resultar definitiva en el desarrollo del control social como una estructura conceptual e instrumental que, además de representar en un lenguaje específico el mundo de las organizaciones y los movimientos de riqueza, determine relaciones sociales y productivas de emancipación.

La médula de la contabilidad

Es evidente que a pesar de que la contabilidad ha sido históricamente considerada y construida como una técnica de registro y que su desarrollo teórico es muy reciente en comparación con la aparición de las primeras formas e instrumentos de registro contable, siempre ha estado ligada al devenir económico de las sociedades, como representación de las actividades socio-económicas entre individuos y comunidades, y como el fundamento del control de los recursos. Esta íntima relación entre la contabilidad y el control ha provocado su postulación, incluso, como objeto de estudio de la disciplina contable.

Si se entiende que la contabilidad como saber se funcionaliza en la medición, valoración, registro y regulación de la actividad económica humana y en la relación dada entre el hombre y el ambiente, es inferible que la contabilidad se constituye, por derecho propio, en una racionalidad controladora de esa actividad y esas relaciones, lo cual califica para situar su esencia, como objeto de estudio de la disciplina contable.¹⁶

Esta postulación del control como objeto de estudio de la contabilidad, no lo considera únicamente como una sucesión de actividades con sus respectivos instrumentos, sino fundamentalmente como un proceso racional que atiende a intereses determinados y que, desde luego, tiene que llegar –como una fase posterior– a instrumentalizaciones, legalizadas por la norma.

Dicho de otra forma, los procesos de regulación social –de los cuales se derivan los normativos– atienden a la idea de acción-corrección sujeta a un poder externo, no necesariamente racional y legítimo, mientras los procesos de control esencial atienden a los conceptos de equidad individual, justicia social y equilibrio natural; obviamente más amplios y profundos, tanto en su naturaleza epistémica como en su dimensionalidad conceptual.¹⁷

El control implica funciones que condicionan el accionar de las personas para conservar un estado específico de las relaciones sociales.

Generalmente cuando se habla de control se tiene la idea de algo que se expresa en un artefacto simbólico, técnico o tecnológico que cumple funciones específicas de verificación, ajuste, prueba, corrección, evaluación. Si bien estas funciones caracterizan las aplicaciones, el control es mucho más en tanto connota la apropiación de reglas para el mantenimiento y preservación del tejido social, condicionando la acción de los sujetos.¹⁸

La historia del desarrollo económico-social de la humanidad demuestra que a cada estructura social han correspondido estructuras de control específicas e íntimamente relacionadas con la contabilidad; es impensable una organización social en la que no existan controles, «el desarrollo del sistema de controles sociales, en buena parte, explica el estado de desarrollo de la sociedad y la organización»,¹⁹ pues éstos corresponden a las estructuras mentales, conceptuales y productivas de la misma sociedad, aunque sea a unas más que a otras, si se considera que siempre han existido grupos sociales –con estructuras e instituciones– que han prevalecido sobre otros, imponiendo tanto sus formas de organización como estructuras de control.

Por lo anterior, se entiende que la relación entre la contabilidad y el control haya girado históricamente en torno a las cuestiones económico-financieras, pues a pesar de que es sabido que el desarrollo empresarial en buena medida explica el desarrollo de una sociedad en términos de la producción de bienes y servicios necesarios para la vida, no siempre se ha tenido la misma conciencia y claridad respecto de los efectos de las organizaciones en el contexto, más allá de la generación de empleo. Esto obedece a que los modelos desarrollistas sólo se interesan por la creación y expansión de la actividad empresarial, mas no por la responsabilidad de las organizaciones frente al entorno, respecto a las formas como éstas, además de reproducir el capital, también reproducen las relaciones de producción, con todo y sus desigualdades.

Por todo esto, el control, tanto en su concepto como en su instrumentalización, ha estado supeditado a lo económico, en el sentido de favorecer la reproducción del capital, obviando las necesidades de los grupos sociales que han salido perdedores en las relaciones de producción capitalistas. No obstante, debe advertirse que no todos los hechos económicos son captados, representados, informados y controlados por la contabilidad.

Con la evolución de la sociedad han surgido también nuevas necesidades de control, toda vez que existen mayores perspectivas de desarrollo, mayores riesgos, mayores desigualdades y, por tanto, mayores responsabilidades, tanto para los gobiernos y las organizaciones productivas, como para la sociedad civil.

En este escenario, las disciplinas sociales están llamadas a repensar los fundamentos conceptuales que han obviado y hasta justificado el sostenimiento de las relaciones de dominación a partir de desigualdades materiales y culturales. La contabilidad como disciplina social que se materializa esencialmente en información, debe convertirse en la estructura fundamental del control, si trasciende la información financiera y amplía sus horizontes de desarrollo a la estructura económico-social de las esferas de lo público y lo privado. «Para efectos de los adecuados análisis de la acción-control, la información y las reglas de decisión resultan más que vitales en la organización».²⁰

La contabilidad es un producto socio-cultural de esencia controladora, por cuanto desde los inicios de la historia del hombre se han registrado los hechos sociales de producción, intercambio y consumo, con la intención de conocer tales hechos, en distintos espacios y épocas; adicionalmente, la contabilidad surgió de manera natural como una práctica que daba respuesta a las necesidades de información y control de las relaciones que empezaron a darse entre las primeras organizaciones sociales.²¹ En ese sentido, la incipiente técnica contable a manera de registro, permitió a las civilizaciones primitivas la racionalización de sus actividades y su comunicación a través de un conjunto de códigos organizados en un sistema comprensible para la comunidad.

Esta racionalización que hace la contabilidad a través del control, puede ubicarse como «el proceso metódico y sistemático, surgido de la evolución histórico- social de los pueblos, cuya esencia es la racionalización integral de la realidad en la cual se inscribe la actividad humana, y enfocado a la protección de un interés determinado».²²

Nótese que esta definición de control no precisa qué parte de la realidad será objeto de racionalización por parte de la contabilidad; sin embargo, sí lo determina como un proceso metódico y sistemático, por lo tanto, una creación humana que consta de actividades dispuestas en fases y etapas, previamente diseñadas para el logro de un objetivo también predeterminado; y para lo cual es fundamental el uso de la razón por encima de la simple instrumentación.

Es importante resaltar que esta perspectiva ubica a la contabilidad como una racionalidad controladora y no como una herramienta del control. No obstante, las argumentaciones expuestas no son suficientes para afirmar que la contabilidad, en el escenario concreto, ha trascendido su carácter técnico-instrumental, y que pueda entenderse ahora en el ámbito académico y organizacional, como una racionalidad de control con diferenciadas estructuras conceptuales descriptivas, explicativas y prescriptivas.

De otro lado, la precisión teleológica de la anterior definición de control se basa en que la racionalidad controladora ha sido históricamente más útil a los intereses de los grupos sociales ostentadores del poder económico en distintos tiempos y lugares; de otro modo no se entendería que el control haya sido utilizado para la protección de los intereses de grupos sociales determinados y no para la defensa del interés general, en la producción y distribución de la riqueza.

El mundo actual y el desarrollo sustentable de la humanidad, demandan desarrollos conceptuales y nuevas herramientas de control que garanticen no sólo mayor desarrollo a las organizaciones públicas y privadas, sino fundamentalmente, posibilidades reales para que los ciudadanos surjan en el escenario público como principales responsables de su destino; para ello es necesario una visión compleja de la realidad que permita tener claro qué controles deben implementarse, cuáles son las actividades humanas que más lo necesitan y la forma de hacerlos efectivos.

Es pertinente advertir que el análisis de los procesos en su relación con el control y sus formas de regulación no parten de lo abstracto. En la práctica, los análisis se abordan desde posturas metodológicas que encierran concepciones de mundo, organización y hombre. Del adecuado examen de los procesos (sociales, ambientales, políticos, económicos) dependen las correspondientes estructuras relacionales del control.²³

Ahora bien, el control no sólo debe corresponder a las características sociales, ambientales, políticas y económicas de cada contexto, sino, además, debe atender a todas ellas en conjunto, es decir, no puede quedarse en la dimensión económico-financiera de las organizaciones y sólo al servicio del capital, sino que debe atender a las necesidades de la sociedad, en términos de su problemática ambiental, para dar soluciones desde lo social, lo natural, lo político y lo económico.

La satisfacción de estas necesidades de información requiere el abandono de la visión unidimensional que tradicionalmente ha utilizado la contabilidad, es decir, el control económico-financiero, y la ampliación de sus desarrollos al escenario de lo público, en el que la contabilidad puede resultar fundamental para las deliberaciones y, principalmente, para la decisión y la acción, no sólo de los dueños del capital y sus agentes, sino de la sociedad en general.

Esto implica necesariamente la deconstrucción del concepto de lo público en la contabilidad, pues actualmente el objeto final de la Contabilidad Pública es dar cuenta de las entidades del Estado, mientras que la esfera de lo estatal-público que pasa a manos privadas y que no pierde su categoría de público no aparece referenciado dentro de este ámbito de acción […], lo que contiene la regulación no es suficiente para considerar qué es público, así, mientras la economía política, y de hecho la política económica funcionan en medio de una reconceptualización de la esfera pública, los conceptos contables siguen enquistados en una definición que no obedece a la realidad económica.

De esta forma, el sistema de Contabilidad Pública en Colombia, sólo captura aquella parte de lo público que aún pertenece al Estado, aquello que se privatiza ya no es objeto del control público, y por lo tanto, los ingresos y los gastos públicos sólo hacen referencia a los ingresos y los gastos del Estado.²⁴

Es decir, es urgente que la contabilidad cuestione los intereses a los cuales sirve, para que realmente pueda aportar en la solución de la problemática social actual, y para ello debe no sólo ofrecer información sobre los beneficios procurados por el capital, su circulación y estructura, sino sobre los usos que se le dan a los recursos públicos –tanto estatales como no estatales–, sobre las relaciones e instituciones sociales que soportan la distribución de la riqueza y sobre el efecto de la autoridad política en las organizaciones y en el devenir económico-social de la Nación.

En el fortalecimiento de la democracia y de la confianza pública, la información de calidad se constituye en el principal vehículo para el afianzamiento de las instituciones. […] De hecho, la información amplía el contenido de las decisiones reduciendo los niveles de complejidad en el sistema, permitiendo entre otros aspectos, la adecuada relación de intereses (privados y públicos), la transparencia de los procesos y la legitimidad. Sin información social estructurada, objetiva y transparente, el tejido social resulta erosionado, máxime cuando en la práctica se lesionan los procesos de comunicación requeridos para la presencia de acuerdos. En últimas, se lesionan los sistemas de control social necesarios para apalancar, de las organizaciones, las relaciones con su entorno.²⁵

Prospectiva del control

Para que la contabilidad efectivamente pueda ampliar el contenido de las decisiones, sumando cada vez más alternativas o premisas de decisión, necesita diversificar y aumentar el contenido mismo de la información que ofrece, lo cual, permitiría, a su vez, mejorar la calidad de la misma; es decir, la información contable es fundamental para la toma de decisiones, no sólo para los escenarios actuales de decisión en las organizaciones, sino, además, para ampliar dichos escenarios, pues en la medida en que la contabilidad capte, registre, interprete y represente nuevos hechos y posibilidades entre las organizaciones y el entorno, y los comunique a través de nuevos modelos de información, podrá no sólo aumentar las alternativas de decisión, sino que permitirá también el acceso de más usuarios a esa misma información y, por lo tanto, facilitará su participación en las decisiones.

Aunque la diversificación del contenido y los usuarios de la información contable puede ser muy útil en el fortalecimiento y desarrollo de estructuras de control en las organizaciones mediante el enriquecimiento del escenario de las decisiones, debe repararse en que el proceso contable mismo hace parte de las estructuras de control organizacionales, es decir, la contabilidad es control.

La necesidad de la contabilidad en las organizaciones, bien sea por decisión interna o por imposición de la ley, no sólo se refleja en la utilidad de sus informes para dar piso a las decisiones, sino esencialmente en la racionalidad y legalidad de los procesos garantizadas por la contabilidad.

A pesar de que la contabilidad se relaciona principalmente con variables económicas cuantificables en dinero, las organizaciones y, por consiguiente, el control, son afectados por variables de diversa índole, que no siempre pueden cuantificarse;²⁶ de ahí que la contabilidad esté obligada a desarrollar otras formas de control diferentes a la evaluación económico-financiera, que sólo permite el control de los recursos en términos de algunos de sus usos y los beneficios producidos, y de una manera, a lo sumo, explicativa de los hechos.

El control es integral por su oportunidad, en razón a que se ejerce con permanencia en los niveles previo, concomitante y posterior, para lograr objetivos de prevención, percepción y sanción, acerca de fraudes o inobservancias legales. Los aspectos más importantes del control desde el punto de vista teórico son la prevención y percepción de errores y fraudes, pues son estos elementos los que posibilitan la protección del bien social, mientras que el tercero constituye una simple aplicación de justicia retributiva para quienes han decepcionado los intereses generales de la comunidad. Estos controles previo y perceptivo han de tener carácter de independencia de sus agentes por factores formales, legales, técnicos y éticos y por tanto deben ser ajenos a la administración. El control posterior sin la preexistencia de los anteriores se considera simplemente como lamentativo, por cuanto no protege el interés público aunque permita la aplicación de justicia retributiva.²⁷

Estas variables de diversa índole se relacionan con los diferentes efectos de las organizaciones en el entorno, los cuales no se limitan a la satisfacción de necesidades materiales, gracias a la generación de empleo y a la producción de bienes y servicios esenciales para la vida, sino que se amplían a la satisfacción personal de los diversos agentes como administradores, propietarios de capital, beneficiarios de bienes, entre otros; deterioro del ambiente natural, como consecuencia de actividades productivas, malestar y resentimiento en amplios sectores de la sociedad, debido a la injusta distribución de la riqueza, y adelanto científico-tecnológico, derivado de las actividades de investigación y desarrollo que buscan el mejoramiento de la calidad de vida

Obsérvese, entonces, que más que racionalidad y legalidad de los procesos organizacionales para los intereses privados, la contabilidad debe procurar racionalidad y legitimidad también para los intereses públicos que confluyen en las organizaciones, es decir, servirle a una amplia base social a través de estructuras de control que no sólo se ocupen de los asuntos económico-financieros, sino también de los asuntos sociales que involucran intereses públicos.

En este sentido, la contabilidad no sólo deberá procurar desarrollos conceptuales e instrumentales de control económico, sino, además, de control social, con el objetivo de aportar soluciones incluyentes en el control y distribución de la riqueza nacional.

La información contable en el escenario público de las decisiones

Para que el escenario de las deliberaciones y las decisiones en las organizaciones se amplíe, no es suficiente con que la contabilidad proporcione más y mejor información, y que el mismo proceso contable logre captar, representar y comunicar más sucesos y relaciones entre las organizaciones y el entorno; el aspecto vital en la defensa de lo público, es la actitud política de la comunidad, en el sentido de hacerse partícipe de las decisiones en la esfera pública, a través de fuertes estructuras de control social.

Bajo esta concepción, la condición para erigirse en actor del proceso es, pues, disponer de capacidades equivalentes a los poderes estatales para ejercer una acción de contrabalanceo sobre ellos y suscitar acciones colectivas en orden de respaldar sus acciones.²⁸

Sin la intención de reducir lo público a lo estatal, de la anterior consideración puede derivarse que una de estas capacidades equivalentes se refiere al acceso y calidad de la información.

Si bien existen instancias (instituciones y entidades) de control en el ámbito público estatal y no estatal, éstas informan al Estado mismo o a los dueños del capital, dejando por fuera de consideración a los otros públicos que están relacionados con el devenir de las organizaciones, o a la comunidad nacional que, a partir de la ‘rendición de cuentas’ de las organizaciones públicas estatales y no estatales, podrían emprender acciones de acompañamiento (control previo y concomitante) y sanción efectiva (control posterior) a quienes defrauden los intereses públicos.

No sólo no se informa a todo el público (o públicos) a quien debería informarse, sino que la información es insuficiente; como ya se ha dicho, la contabilidad no informa de todo el devenir económico-social de las organizaciones públicas, si se considera que la contabilidad ‘rinde cuentas’ a los dueños del capital y al Estado, y que la contabilidad pública sólo informa de lo estatal.

Aquello que se privatiza escapa al control social porque se considera que lo que estaba en manos del Estado pasa a ser privado, la definición de lo público, surgida del paradigma liberal, hace pensar que en efecto lo público desaparece al privatizarse, solamente porque hay un cambio en los derechos de propiedad que antes ejercía el Estado.

Pero lo público no deja de serlo, aunque opere en manos privadas, los bienes públicos se constituyen como derechos sociales inalienables que hacen parte del pacto básico de la sociedad instituido en la Carta Constitucional, el hecho de que el sistema de contabilidad pública sólo capte la dimensión estatal de lo público, hace que cualquier control social sobre los activos privatizados sea inocuo.²⁹

El acceso a la información para una amplia base social no implica la coadministración –de hecho no la pretende–, en el sentido de asumir el diseño y ejecución de estrategias y orientaciones organizacionales; la intención se refiere más bien a la posibilidad real de formar parte de los espacios de las deliberaciones y las decisiones fundamentales que definirán el devenir de las organizaciones y de la Nación.

Lo anterior indica que el ejercicio del control social no sólo requiere de la actitud ciudadana y la formación política de los sujetos activos, sino, además, de algunos conocimientos técnicos y tecnológicos, pues todos estos elementos son necesarios para comprender y dar el sentido a las acciones, para elegir la manera más adecuada de desarrollarlas y para entender y construir informes.

Repárese en que si las funciones del control social se amplían en el escenario de lo público en la perspectiva presentada en apartados anteriores, y que si este hecho requiere capacidades especiales de los sujetos activos del control, se hacen necesarios, para su realización, otros recursos o el perfeccionamiento de los recursos con los que hoy cuenta, que garanticen la aplicación de tales capacidades y el cumplimiento de dichas funciones.

En esta vía, los sistemas de información contable, como recurso vital para el ejercicio del control social, deberán no sólo ampliar el contenido de la información, sino, además, diversificar el tipo y la forma de los informes para ampliar la base de los usuarios.

Es decir, que en el escenario de lo público, entendido como escenario de deliberación y decisión abierto para diferentes grupos sociales, en condiciones reales de igualdad, la contabilidad deberá preparar información comprensible para públicos con altos niveles de formación técnica y tecnológica, y también para públicos que no cuentan con tales capacidades, pero que se hacen partícipes de las decisiones que definirán la satisfacción de sus necesidades y el curso de sus vidas en sociedad. Adicionalmente, deberá producirse información que dé cuenta de todos los asuntos relacionados con el devenir económico-social de las organizaciones y de la Nación, que tienen algún impacto en la vida de la comunidad y el manejo de los recursos públicos, de modo que no se informe solamente a una élite poseedora de los derechos de propiedad, sino a la base social que finalmente resulta afectada o beneficiada con las orientaciones que se le dan al manejo de lo público, estatal o no estatal. Esta ampliación de los usuarios de la información, permitiría una primera garantía de la eliminación de las desigualdades que pesan sobre una amplia base social excluida de los escenarios reales de decisión.

Si se acepta que la contabilidad debe captar, registrar e informar acerca del efecto de las autoridades políticas y económicas en las organizaciones, es decir, de los intereses públicos presentes en las organizaciones estatales y no estatales, y también de los intereses privados presentes en las organizaciones estatales, hay que admitir que el ejercicio de la contaduría pública deberá replantear sus fines, en el sentido de seguir atendiendo a los dueños del capital, a los administradores, a la comunidad, o a todos, en igualdad de condiciones. Esto implicaría que en las normas contables se estableciera la obligación de preparar nuevos estados contables de propósito general y especial, que informaran a la comunidad –y no sólo a los actuales órganos de control, como las superintendencias– sobre el resultado del manejo económico-financiero de los recursos públicos, y sobre todas las condiciones económicas, sociales y políticas de tales recursos, necesarios para la toma de decisiones.

Así, la contabilidad puede constituirse en un recurso administrativo importante para el ejercicio del control social que podría, junto con audiencias públicas vinculantes de la administración pública, ser exigido legalmente por la sociedad civil «para conocer las (auténticas) razones de las (reales) políticas y decisiones administrativas, que es una condición sine qua non para el ejercicio de la democracia deliberativa en la formación de las decisiones públicas»,³⁰ y de ser necesario, reemplazar las alternativas de decisión e incluir las orientaciones que más convengan para el desarrollo económico, social y político de la Nación.

En este plano, debe decirse, entonces, que la contabilidad tiene que captar las operaciones, los requerimientos y las condiciones que se dan entre las organizaciones y el Estado, entre organizaciones estatales y no estatales, entre las organizaciones y la comunidad como cliente/beneficiaria y proveedora, entre la sociedad civil y el Estado, entre organizaciones estatales y entre organizaciones no estatales; para poder reflejar y comunicar al público, o si se quiere los públicos, sobre las características de las relaciones políticas –y a partir de ellas, las económicas y sociales– que sustentan el aparato estatal y las estructuras organizativas no estatales, así mismo, sobre los efectos de tales relaciones sobre el ambiente natural y cultural de la Nación.

Reflexión final

El reordenamiento económico y social exige a la disciplina contable lecturas amplias y detalladas de la realidad, que acerquen a los usuarios de la información, no sólo a todas las fuentes de creación de valor, sino a las características de las relaciones que se dan en el escenario organizacional; que posibiliten la comprensión de los hechos y proporcionen criterios realmente válidos para la distribución de la riqueza.

Esta emergencia de la redistribución de la riqueza, no sólo exige de la contabilidad desarrollos que le permitan representar la esencia del devenir económico-social de las organizaciones, sino, además, la ampliación de los usuarios de la información contable, es decir, la diversificación de los informes o el enriquecimiento de los mismos, para que la representación de la realidad a través del lente contable, pueda ser utilizada por una base social incluyente, que sea el fundamento de la acción de amplios sectores sociales.

Uno de los requisitos fundamentales para el ejercicio del control social en el escenario de lo público, es la suficiencia y pertinencia de la información con la que debe contar la comunidad para ello. Desde luego, esta situación obliga a la contabilidad a construir información y formas y/o escenarios de comunicación para un amplio conjunto de usuarios –diferentes públicos si se quiere– que además de una descripción sobre los hechos pasados, necesita información útil para la toma de decisiones relacionadas con la asignación de recursos, juzgamiento de la gestión de la administración, nuevas orientaciones a los objetivos y al accionar organizacional y nacional, y la distribución de beneficios.

Desde luego, la contabilidad podría constituirse en un recurso irrenunciable para el ejercicio del control social, pero no suficiente para su éxito, pues la formación política y ciudadana de las personas es la que empuja el uso de los recursos y el desarrollo de las acciones.

De los desarrollos científicos y tecnológicos que procure la Nación y la comunidad contable (académicos, organismos reguladores de orden nacional, organizaciones colegiadas y el legislativo), alrededor de las implicaciones que tendría en la contabilidad, el concepto de lo público expuesto en este documento, depende que la contabilidad no siga sirviendo a los intereses de la acumulación, sino a los de la redistribución de la riqueza y la defensa de lo público, a través del control y la confianza pública.

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Notas