La ponencia de Gustavo Paz propone ingresar al tema del panel Guerra, política y sociedad a través de la trayectoria individual de un personaje. La peripecia de Juan Ignacio Gorriti le permite al autor acercarse a la fragilidad de esas primeras décadas del siglo XIX y examinar las variaciones en los posicionamientos políticos que formaron parte del complejo proceso de reconfiguración territorial y política de la región platense a partir de la revolución.

Mi primera aproximación a Juan Ignacio Gorriti derivó de la lectura de un artículo de José Carlos Chiaramonte (1989), donde se abordaban las distintas identidades políticas a partir de la revolución de 1810 y sus alcances territoriales, resaltando la necesidad de prestar atención al significado de los conceptos en ese contexto sociohistórico para no caer en anacronismos. Mi interés era abordar la propuesta en defensa de la “soberanía particular de los pueblos” impulsada por José Artigas y, en la indagatoria sobre los trayectos de esas identidades políticas, me topé con una representación de Juan Ignacio Gorriti, fechada en mayo de 1811, protestando en nombre de Jujuy por el decreto de creación de juntas provinciales y subalternas. Defendía el derecho de que cada pueblo, sin ninguna “mano intermedia”, se relacionara directamente con la Junta en Buenos Aires, poniendo como ejemplos a “Santafe, Corrientes, Luján, toda la vanda Oriental” (cit. en Frega, 1994). Aun cuando podría decirse que se trataba de territorios dependientes de Buenos Aires, y que también reclamarían por sus derechos, los planteos de independencia no se afiliaban necesariamente a un proyecto federal o confederal, sino que ubicaban en el reconocimiento de la autonomía de los cuerpos territoriales la base para “estrechar y fortificar la unión de todo el Cuerpo del estado”, tal como argumentaba el diputado Gorriti.

Gustavo Paz resalta que las “tribulaciones y reflexiones” del personaje estuvieron signadas por la búsqueda del orden y por el temor tanto al despotismo militar como al que podía ejercer la antigua capital virreinal. Las principales fuentes utilizadas para examinar la trayectoria política de Juan Ignacio Gorriti consisten en la correspondencia personal con su sobrino político, Agustín Dávila, y un texto de carácter autobiográfico, escrito en 1836 desde el exilio boliviano y que llevaba por título Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos estados americanos y examen de los medios para remediarlos. Esas Reflexiones, publicadas como “Autobiografía política” junto a otros textos por Miguel Ángel Vergara (1936), traducen el desencanto y la desesperanza que compartían las élites hispanoamericanas ante las dificultades para construir órdenes políticos estables: “no es lo mismo romper un yugo que adquirir la libertad”, escribía allí Gorriti (cit. por Paz).

La ponencia repasa el itinerario político del personaje en esos años turbulentos. La defensa de la autonomía de Jujuy frente a Buenos Aires y a Salta, capital de intendencia, así como la oposición a la gobernación de Martín de Güemes, caracterizaron las posturas de Gorriti en la década de 1810. A comienzos de los años veinte Gorriti colaboró para la implantación de un régimen republicano representativo en la provincia de Salta y luego fue diputado en el Congreso Constituyente (1824-1827). En los debates, si bien cuestionó, como indica el autor, leyes de carácter unitario como la creación del ejército nacional y de la presidencia, o la que declaraba a Buenos Aires como capital, terminó adhiriendo al proyecto de Constitución de 1826 y le correspondió la tarea de promover en Córdoba, sin éxito, la adhesión al texto constitucional. Como indica Gustavo Paz, concebía la “unidad de régimen” como una garantía frente al despotismo militar en las provincias. Tras la disolución del Congreso y la entronización de los federales, Gorriti regresó a Salta, provincia alineada entonces con los unitarios, llegando a ocupar el cargo de gobernador hasta que, a fines de 1831, con el triunfo de las fuerzas federales en la provincia, decidió emigrar junto a su familia a Bolivia, donde murió en 1842.

Orden, unidad y control social sintetizaban una especie de programa compartido por las elites criollas en distintas partes de la región platense. Se trataba de una visión moderada de la revolución, que reconocía la soberanía de la nación como fuente de legitimidad, se inclinaba por el gobierno republicano representativo, la igualdad jurídica de los individuos (blancos) y la libertad civil, así como veía con temor la movilización de la plebe y el creciente poder de los liderazgos militares. Examinar las posturas de la Sala de Representantes de la Provincia Oriental en torno al proyecto constitucional elaborado por el Congreso reunido en Buenos Aires permite encontrar, del otro lado del Río de la Plata, puntos de encuentro con las “tribulaciones” de Juan Ignacio Gorriti.

En abril de 1825, con Juan Antonio Lavalleja al frente, se inició un movimiento armado para independizar a la Provincia Oriental del Imperio de Brasil; en agosto se reunió una Sala de Representantes -la primera en la provincia- que declaró la independencia absoluta y la unión a las Provincias Unidas; a fines de octubre el Congreso Constituyente aprobó la reincorporación de la Provincia Oriental; y en diciembre, el Imperio declaró la guerra a las Provincias Unidas. El “miedo a la revolución social” (Barrán, 1986), movía a las elites hispanocriollas en favor de Buenos Aires, aunque debían tolerar que la conducción de las fuerzas en armas correspondiera a antiguos jefes artiguistas. Inés Cuadro (2009) ha estudiado cómo se fue alineando la Sala de Representantes con la política del gobierno nacional de las Provincias Unidas, así como los conflictos generados con las nuevas autoridades tras la caída de Rivadavia. En julio de 1826, Lavalleja debió resignar el mando político en Joaquín Suárez, entonces diputado por Florida, presionado para que diera cumplimiento a la orden de incorporarse con sus fuerzas al Ejército Nacional. No fueron ajenas a la decisión las gestiones del enviado del gobierno nacional, Ignacio Núñez, quien declaró que iba a la Provincia Oriental para lograr “el orden y la nacionalización” (cit. en Di Meglio, 2018). En esos días, además, la Sala de Representantes aprobó una ley otorgando garantías a las personas, la propiedad y la industria, estableciendo los delitos de injuria, calumnia y sedición y amparando la libre expresión del pensamiento. El proyecto tenía un último artículo referido a la libertad de cultos, que fue suprimido por “inoportuno” (Actas,1920: 110-111, 120-124). Además, la Sala de Representantes estaba tratando la consulta sobre la forma de gobierno enviada por el Congreso Constituyente el 21 de junio del año anterior. La moción aprobada optó por no “prevenir el juicio” del Congreso con su opinión, aunque reiteró los diplomas dados a sus diputados en Buenos Aires sobre la aspiración a “la forma republicana representativa en el gobierno” y “la facultad [...] de admitir o no la Constitución que presente el Congreso”. (Actas, 1920: 125-129).

En marzo de 1827 la legislatura provincial trató la aprobación del texto constitucional sancionado por el Congreso. En la prensa, la prédica a favor fue llevada adelante por el periódico El Eco Oriental, cuya dirección se atribuye a los doctores Gabriel Ocampo y Andrés Ferrara, en asociación con Francisco Solano de Antuña.¹ Además de los artículos de opinión, el periódico publicó a lo largo de varios números el texto de la constitución sancionada, así como extractos de los debates. Si bien hubo algunas resistencias, la Sala de Representantes nombró una comisión especial para estudiar el texto. El defensor de la iniciativa, Francisco J. Muñoz, marcó el “contraste” con lo actuado por “los mandatarios de Córdoba, Santiago del Estero y San Juan, que ni aun han querido reunir sus respectivas legislaturas para recibir a los comisionados del soberano congreso” (El Eco Oriental, n° 2, 18/3/1827). Recuérdese que Juan Ignacio Gorriti había sido el enviado a Córdoba.

Días más tarde, el periódico incluyó el pronunciamiento favorable de la comisión. Interesan especialmente los motivos esgrimidos para aconsejar la aprobación de una Constitución que establecía “la forma republicana representativa consolidada en unidad de régimen”: “el estado en que se encuentran las más de las provincias que van a constituirse”; que se atribuye al sistema federal “una excelencia que él mismo no tiene”, que es la única forma de “sacar a las Provincias Unidas del estado de revolución en que se encuentran hasta ahora” (El Eco Oriental, n° 4, 25/3/1827). La Constitución se aprobó el 28 de marzo por 17 votos en 20, con “aclamaciones de la barra” (Actas, 1920: 353-357). El 10 de abril de 1827 la Sala de Representantes manifestó a los pueblos la aprobación del texto constitucional: “los principios de orden que hoy practicamos contribuirán a construir el país y a cerrar para siempre la revolución” (Actas, 1920: 413-414).

Desde la ciudad de Montevideo, parte integrante del Imperio brasileño, las páginas del Semanario Mercantil de Montevideo entraron en el debate transcribiendo fragmentos de la prensa bonaerense y alentando las rivalidades en el bando oriental.² Por ejemplo, al dar a conocer cómo había sido recepcionada en Buenos Aires la decisión de la Sala de Representantes de aprobar la Constitución, se dirigía a los “Orientales ilusos” instándolos a “salvarse de las calamidades en que deben sumergirse, si continúan todavía en su loca unión con los anarquistas Porteños” (Semanario Mercantil de Montevideo, n° 37, 7/5/1827). En ese número, se transcribía un artículo del vocero federal bonaerense El Tribuno, cuestionando la decisión por falta de representatividad y planteando que los orientales eran “federales por carácter, y por convencimientos”, y que habían sido las circunstancias en que se hallaban las que los habían puesto “en aparente contradicción” con sus votos.

La situación tuvo un giro tras la renuncia de Bernardino Rivadavia a la presidencia de las Provincias Unidas y el ascenso del partido federal. Los enfrentamientos entre la Sala de Representantes y Juan Antonio Lavalleja se agudizaron (Frega, 2012). Si bien el 20 de setiembre la Sala aceptó delegar la dirección de la guerra y las relaciones exteriores a la Legislatura y la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, se reservó la “facultad de aprobar los tratados de paz, amistad y comercio, en la parte que le fuere concerniente, sin cuyo requisito no podrá el Ejecutivo ratificarla”, a la vez que demandó el “más pronto establecimiento de una Representación Nacional” (Actas, 1920: 428-430). Al día siguiente, resolvió que reasumía la parte de soberanía que había delegado en el Congreso disuelto y dispuso que cualquier autoridad militar que en el territorio de la provincia infringiera sus leyes, sería responsable ante el Ejecutivo y Legislatura provinciales (Actas,1920: 431-434). El detonante había sido un conflicto de poderes con Lavalleja, quien se desempeñaba como general en jefe del Ejército Republicano de acuerdo con el nombramiento hecho por el gobernador de Buenos Aires. Lavalleja había cumplido la orden de arresto y remisión a Buenos Aires del fiscal Juan Andrés Ferrara y el juez Gabriel Ocampo, de orientación unitaria, como se vio. A los pocos días, el 12 de octubre de 1827, coincidente con el aniversario de la batalla de Sarandí, Lavalleja disolvió la Sala de Representantes, destituyó al gobernador delegado Joaquín Suárez y tomó el mando de la Provincia Oriental.

Como ha señalado Inés Cuadro, se trataba de una reacción contra la orientación unitaria que había resuelto la supresión de los cabildos, había hecho cambios en la administración de justicia desconociendo las jurisdicciones departamentales e incorporando magistrados provenientes de Buenos Aires, y había aumentado el presupuesto y las contribuciones para solventarlo, entre otras medidas. A su vez, podría inscribirse en las manifestaciones autonómicas ocurridas en otras provincias, en tanto la medida contaba, según Lavalleja, con el respaldo de los pueblos de la Provincia Oriental (Cuadro, 2009: 86-97). Para algunos contemporáneos, incluso no afiliados al unitarismo, sin embargo, se trató de “un acto brutal y escandaloso”. Así lo caracterizó Miguel Barreiro, antiguo secretario de José Artigas, en una carta dirigida a Gabriel Antonio Pereira, presidente de la Sala de Representantes, en la que concluía: “ha querido imitar a Cromwel cerrando las puertas del Parlamento de Inglaterra, pero no son los tiempos ni remotamente iguales y menos las causas” (cit. en Cuadro, 2009: 90). Siguiendo los planteos de Gustavo Paz en la ponencia, lo actuado por Juan Antonio Lavalleja podría inscribirse en las tendencias despóticas de los caudillos provinciales que Juan Ignacio Gorriti condenaba y buscaba contener.

Guerra de revolución y guerra civil caracterizaron el periodo. Los distintos grupos atribuyeron significados propios a la libertad y al despotismo y procuraron ganar la batalla conceptual. Como ha señalado Marta Bonaudo (2013), “el acercamiento biográfico singular” brinda pistas sobre los valores, las creencias, las predisposiciones, las actitudes y las prácticas sobre el poder y la construcción de comunidades políticas. La propuesta de Gustavo Paz se inscribe en esa línea, y mostró la mayor o menor capacidad del personaje para adaptarse e insertarse en los contextos nuevos que se abrieron a partir de 1810, decantándose en favor de la unidad del cuerpo político y el control de la movilización popular como condiciones necesarias para la edificación del nuevo orden político y social.

Referencias bibliográficas

Actas de la H. Junta de Representantes de la Provincia oriental (años 1825-26-27). (1920). Montevideo: El Siglo Ilustrado.

Barrán, J. P. (1986). La independencia y el miedo a la revolución social en 1825.

Bonaudo, M. (2013). El exilio y el viaje en la formación de los artífices de la representación. Tramas y recorridos americanos y europeos de la experiencia sarmientina (1837-1851). En M. Pérez Ledesma (ed.), Trayectorias trasatlánticas (siglo XIX) (235-267). Madrid: Polifemo.

Chiaramonte, J. C. (1989). Formas de identidad en el Río de la Plata luego de 1810. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 3a. serie, (1), 71-92.

Cuadro, Inés (2009). La crisis de los poderes locales. La construcción de una nueva estructura de poder institucional en la Provincia Oriental durante la guerra de independencia contra el Imperio del Brasil (1825-1828). En A. Frega (coord.), Historia regional e independencia del Uruguay (65-100). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.

Di Meglio, G. (2018). Un ejército de muchos nombres. La difícil formación de las fuerzas militares rioplatenses en la guerra entre las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil, Claves. Revista de Historia, vol. 4 (7), 129-164.

Frega, A. (1994). Los pueblos y la construcción del Estado en el crisol de la Revolución. Apuntes para su estudio en el Río de la Plata (1810-1820), Cuadernos del CLAEH, año 19, (69), 49-63.

Frega, A. (2012). Soberanía y orden en la Banda Oriental del Uruguay. Espacios de frontera y tiempos de revolución. En A. Annino & M. Ternavasio (eds.) El laboratorio constitucional iberoamericano: 1817/1808-1830 (237-260). Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert.

Praderio, A. (1962). Índice cronológico de la prensa periódica del Uruguay, 1807-1852. Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias.

Vergara, M. A. (1936). Papeles del Dr. Juan Ignacio de Gorriti. Jujuy: Buttazzoni.

Notas