Las dudas y vacilaciones que, en su Autobiografía Política, confiesa haber experimentado Juan Ignacio Gorriti en torno a los alcances y derivas de los sucesos de 1810, expresadas dos décadas después desde el exilio, si bien revelan la incertidumbre que sin duda abrigaron muchos de sus contemporáneos, también reflejan la experiencia vivida y por qué no el deseo de justificación de su posicionamiento político y su participación en el proceso revolucionario. Tal como nos recuerda Adolfo Prieto las autobiografías de ese período “…buscan la justificación política de sus autores, presentan los hechos ante un verdadero tribunal de apelación, tan ineluctable en sus designios como premioso en la exigencia de descargos” y al referirse expresamente entre otras a la Autobiografía Política de Juan Ignacio de Gorriti no duda en afirmar que son “…en lo fundamental piezas de defensa política” (Prieto, 1974, p. 11). En la mencionada Autobiografía, el canónigo se atribuye haber contribuido en afianzar la revolución^[1], en un intento por testimoniar su adhesión a la misma y legitimar su rechazo hacia las turbulencias generadas por la guerra y a los liderazgos políticos, que no dudó enfrentar en la arena política. Ofrece también la posibilidad de observar su habilidad política y su innegable ambición de poder.

El relato sobre su trayectoria política invita a revisarla, acompañando o enfrentado a sus hermanos, entre los años 1810 a 1831. El mayor de tres hermanos varones, la revolución lo sorprendió siendo párroco de la ciudad de Jujuy. Por esos años la fortuna familiar radicaba en una casa en la ciudad de Jujuy y en una estancia, Los Horcones, en la Frontera del Rosario, al suroeste de la jurisdicción de Salta (Mata, 2000), atendida por José Ignacio y José Francisco, sus hermanos menores. Los dos hermanos mayores cursaron estudios en la universidad de Córdoba y, en el caso de Juan Ignacio, en Chuquisaca. En cambio, José Francisco, diez años menor que José Ignacio, fue enviado muy pequeño a la casa de su tío paterno en Montevideo, donde conoció a José Gervasio de Artigas con quien se vinculó en negocios (Cutolo, 1971, Tomo III, p. 412). Los tres hermanos fueron importantes protagonistas de las primeras dos décadas del proceso revolucionario en Salta, y en este complejo y controvertido proceso resulta interesante observar el ideario y la trayectoria política de Juan Ignacio, contextualizada en los avatares de la guerra y sus consecuencias.

En 1810 fue elegido diputado por Jujuy para integrar la Junta Grande, reunida en Buenos Aires^[2] en la cual, de acuerdo a su relato, actuó con éxito para excluir a quienes consideraba opositores (Gorriti, 1974, pp. 227-229) Diferenciándose de sus hermanos, abrazará con fervor la causa de la autonomía de Jujuy en relación con Salta. En la Junta Grande defenderá las aspiraciones autonómicas de Jujuy, en consonancia con otras ciudades sufragáneas del Virreinato. Aspiraciones pre-existentes a la revolución, manifestada a través de diferentes litigios a finales de la colonia (Paz, 2010).

Su encendida defensa por la autonomía de Jujuy respecto de Salta reflejó, además de un posicionamiento político, una animosidad que influyó en la remoción de Tomás de Allende, en julio de 1811, como gobernador de Salta. En un oficio que dirigió al Cabildo de Jujuy confesaba sus esfuerzos para que “…la decidida rivalidad de Allende no moleste más a VS ni a esa ciudad…”^[3]

En tanto el poder de la Junta se resquebrajaba Juan Ignacio prestó su conformidad a la convocatoria de un cabildo abierto destinado a designar “…a los sujetos que reuniesen más crédito y ascendiente para encargarles las riendas del Gobierno.” De acuerdo a su relato “El triunvirato, aunque no exento de reproche, obro con más decisión que lo había hecho la Junta y no puede rehusársele la justicia de confesar que tomaron providencias que han contribuido a salvar la patria” (Gorriti, 1974, p. 231). Si en 1812 protestó enfáticamente acerca de los peligros que entrañaba la disolución de la Junta y el poder que adquiría Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias, en mayo de 1815, en ocasión de la oposición del Cabildo de Jujuy a la designación de gobernador de Salta de Martín Miguel de Güemes, manifestaría en evidente contradicción

Si tuviéramos un centro de unidad, un gobierno general reconocido ya por la mayoría de las provincias yo sería de opinión que la cuestión entre esta ciudad y este gobierno se remitiese a la decisión de aquel y se le dejase expedito para nombrar todos los jefes subalternos, o gobernadores de provincias; porque pensar en tener un jefe del Estado en general, y que cada elija su gobernador, y cada ciudad el subalterno inmediato, presenta un desorden, un caos de confusión cuya idea solo horroriza, y sobre todo el jefe del Estado en general no podría jamás ser responsable, ni de la seguridad, ni de las integridades del Estado. ^[4]

Definición por cierto totalmente afín al centralismo de Buenos Aires^[5] que, por esos años, enfrentaba a la Liga de los Pueblos Libres en el litoral, liderada por José de Artigas y con simpatías en Córdoba y también en Salta. Sin dudas, su defensa a la autonomía de Jujuy con respecto a Salta no expresaba inclinación alguna por el federalismo.

Aun cuando legitimaba su oposición hacia Güemes en la elección realizada por el Cabildo de Salta, sin la participación del Cabildo de Jujuy, esta oposición respondía fundamentalmente al ascenso militar de Güemes en 1814, y su aproximación a los grupos afines al federalismo entre quienes se encontraba su hermano José Francisco. Si bien no logró revertir, en mayo de 1815, como Comisionado por el Cabildo de Jujuy la elección de Güemes como gobernador de la provincia, no dejaría pasar la oportunidad de proponer su destitución a comienzos de 1816, cuando el derrotado Ejército Auxiliar al mando de José Rondeau ocupaba Salta. El 15 de marzo de 1816, en el Cabildo Abierto convocado por el Teniente Gobernador de Jujuy para “… deliberar sobre la legitimidad o ilegitimidad con que el coronel graduado don Martín Güemes se introdujo al mando de la provincia…” el Canónigo y Vicario Castrense Juan Ignacio de Gorriti enumeró los atropellos cometidos en la campaña y la resistencia de Güemes a la autoridad del Jefe del Ejército Auxiliar. Luego de un extenso discurso descalificador, al que se sumaron otros miembros de la elite jujeña, solicitó al Cabildo de Jujuy

...representar al excelentísimo señor general en jefe la necesidad de su pronta remoción y juzgamiento conforme a ordenanza y requerir con testimonio de esta acta al Muy Ilustre Cabildo de Salta para que revistiéndose del carácter y dignidad de un magistrado libre y celoso de la justicia le intime al cese de las funciones de gobernador y emplee todo su celo y actividad en que la persona del coronel Güemes sea entregado a las órdenes del excelentísimo señor general en Jefe para su sojuzgamiento militar. ^[6]

En 1820 cuando la oposición a Güemes era cada vez más intensa, y las dificultades para organizar el Ejército de Observación que le solicitaba San Martín desde el Perú le obligaba a buscar el apoyo económico y militar de las provincias vecinas (Mata, 2020), Bernabé Aráoz desde Tucumán le instaba a sumarse al proyecto federal y concurrir al Congreso que el gobernador de Córdoba convocaba. En carta, fechada en febrero de ese año, Aráoz sostenía que a Buenos Aires no le interesaba

…destruir el ejército del Perú como acabasen con Artigas y sus partidarios, convenía destruir a los santafesinos para después destruir a Ud. y a mí, yo lo he visto escrito bajo la firma de Fray Cayetano Rodríguez en carta escrita al canónigo Gorriti, que es otra buena caña de pescar…”^[7]

Su hermano José Ignacio, en cambio, apoyaba el gobierno de Güemes y gozaba de su confianza. En enero de 1821, decidido Güemes a organizar y avanzar hacia el Alto Perú, lo designó Gobernador sustituto (Frías, 2018, t. IV, p. 644). Poco después, mientras Güemes enfrentaba a Bernabé Aráoz, José Ignacio comandó las milicias y cuerpos de línea que lograron contener los avances hacia Salta de las fuerzas realistas de Pedro Antonio de Olañeta, quien debió retirarse hacia Humahuaca.

En mayo de 1821, el Cabildo de Salta intentó destituir a Güemes ofreciéndole a José Ignacio Gorriti reemplazarlo. Éste, no solo rechazó el ofrecimiento, sino que se opuso argumentando “…que solo Güemes es capaz de mantener en orden estas cosas, Güemes por ahora es indispensable, en mi parecer; es una necesidad social en el gobierno.” (Frías, 2018, t. V, p. 67)

Ante el fallido intento de destitución, la elite opositora de Salta y Jujuy favoreció el ingreso de una partida realista que sorprendió e hirió de muerte a Güemes.^[8] El intento de designar al general realista Pedro Antonio de Olañeta como gobernador de la provincia y la firma de un Armisticio fueron ampliamente justificados por Juan Ignacio Gorriti en su Autobiografía Política, a pesar de reconocer que muchos de quienes aborrecían a Güemes no estaban dispuestos a aceptar el gobierno de Olañeta. En agosto la Honorable Junta de Representantes, de la cual formaba parte Juan Ignacio, designó gobernador a Antonino Fernández Cornejo quien era “…Un hombre bondadoso, honrado, incapaz de ofender de intención a nadie…” (Gorriti, 1974, p. 249). El descontento de las milicias, fieles al extinto gobernador y de aquellas que respondían a la facción federal de Salta, culminó el 22 de setiembre con la invasión y saqueo de la ciudad de Salta. Entre los cabecillas de esta asonada se encontraban Pablo Latorre y José Francisco Gorriti (Mata, 2017). Cornejo fue obligado a renunciar y la Honorable Junta designó como Gobernador Interino a José Ignacio Gorriti quien, por su ascendente sobre las milicias, era el hombre indicado para restablecer el orden en la campaña.

Juan Ignacio, Presidente de la Honorable Junta de Representantes no dudó en presionar al gobernador instándole a obrar “…con la rapidez y actividad que la gravedad del asunto demanda, procediendo breve y sumariamente contra los rebeldes de la citada noche del 22…” ^[9] lo cual fue cumplido parcialmente. Si bien fueron fusilados algunos de los jefes de las milicias que participaron del atentado, Latorre continuó integrando la Junta como representante de la Frontera del Rosario. Las sospechas sobre la participación de Latorre en la asonada del 22 de setiembre eran incuestionables, razón por la cual Juan Ignacio objetará en la Junta la designación del Coronel Latorre de Primer Jefe de la Plaza.^[10] El 14 de diciembre en la apertura de la Junta Provincial de Salta, destinada a instalar el Congreso Provincial, Juan Ignacio Gorriti, como Presidente de la Junta, solicitó la separación de la misma de Pablo Latorre “…mientras que éste no se haya antes juzgado de los crímenes de alta traición, complicidad en los robos de la noche del 22 de setiembre último y demás fatalidades que sobrevinieron de tan doloroso suceso.” Finalmente, se decidiría días después que el Sr. Gobernador “…por si solo le siga la causa militarmente en arreglo a la clase del indicado…”^[11]

El apoyo tanto de Pablo Latorre como de José Francisco Gorriti y otros jefes de milicias eran imprescindibles para neutralizar y sofocar varias asonadas. Esa colaboración le permitió al gobernador licenciar a la Divisiones de Infernales y de Dragones y a varios escuadrones gauchos desactivando, en diciembre de 1821, una conspiración que se tramaba en el valle de Lerma (Mata, 2012)

En enero de 1822, José Ignacio Gorriti fue designado por la Honorable Junta Gobernador Propietario por el término de dos años. A pesar de los reiterados reclamos de los propietarios para restablecer los arriendos y expulsar los “intrusos” de las tierras que ocupaban en las estancias, no se tomaron medidas en tal sentido ante la resistencia ofrecida por los cuerpos milicianos. En noviembre de 1822, el gobernador en un gesto destinado a complacer a las milicias, dispuso el traslado de los restos mortales de Güemes desde el Chamical para ser sepultados en la Iglesia Mayor de la ciudad de Salta, permitiendo el ingreso de Escuadrones Gauchos con el compromiso de no generar ningún disturbio (Caretta-Zacca, 2011).

La impotencia para sancionar a Latorre, la inacción ante el problema generado por el no pago de arriendos y el reconocimiento a la figura de Güemes fueron posiblemente las razones por la cual Juan Ignacio escribió indignado en junio de 1823 a su sobrino Agustín Dávila “El gobernador de Salta […] ha hecho tantos atentados y se c.[aga] en la Junta cuando quiere; pero si mi proyecto se entabla será imposible que él ni otro pueda hacerlo”.^[12] En enero de 1824 Juan Antonio Álvarez de Arenales asumió el gobierno de Salta mientras en Buenos Aires se afianzaba el poder de Bernardino Rivadavia y se convocaba a un Congreso General Constituyente en el cual Juan Ignacio Gorriti participó en representación de la provincia de Salta. La sanción de la Constitución en 1826 contó con su aprobación, reafirmando de esta manera las ideas manifestadas en 1815 cuando lamentaba la ausencia de un gobierno general que pudiera nombrar los gobernadores. Esta Constitución que establecía la unidad de régimen, anhelada por Juan Ignacio, recortaba la autonomía de las provincias al delegar en el Presidente la designación de los gobernadores a partir de una terna elevada por las provincias. A pesar de reconocer que el rechazo también radicaba en el hecho de que los productos de la Aduana de Buenos Aires “…no fuesen comunes a todas las provincias” no dudó en afirmar que la Constitución había sido rechazada solo porque “…no era federal y bastaba…era oponer un veto eterno a la organización de la república” (Gorriti, 1974, p.257)

Concluida su misión en Buenos Aires regresó a Salta en un año particularmente conflictivo. La reelección de Álvarez de Arenales en enero de 1826, contrariando las disposiciones de la Honorable Junta Provincial, y el ascendente poder de los grupos federales de Salta, acaudillados por Pablo Latorre y José Francisco Gorriti, generaron un clima de violencia política que culminó con el levantamiento de febrero de 1827 que obligó a Arenales a renunciar y exiliarse en Bolivia. Asumió el gobierno de la provincia de Salta José Francisco Gorriti. La Junta de Representantes, dominada por el sector unitario, se opuso y nuevamente la solución negociada para contener a las milicias fue designar a José Ignacio Gorriti el 14 de febrero de 1827. La transición no fue, al parecer, sencilla ya que José Francisco, en marzo de 1827, continuaba considerándose Gobernador de la Provincia. ^[13]

Afianzado en el cargo de gobernador José Ignacio de Gorriti hizo gala una vez más de su habilidad política al designar a su hermano, Jose Francisco, Comandante General de la Frontera (Mata, 2012). Sobre estos acontecimientos y la actuación política de su hermano menor en esos convulsivos años, Juan Ignacio no realiza ninguna mención en su Autobiografía Política.

En enero de 1829 fue designado gobernador y en 1830 incluyó a Salta en la Liga del Interior o Liga Unitaria enfrentada con las provincias del litoral, en particular con Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires. En octubre de 1830 falleció José Francisco Gorriti y en diciembre de ese año un levantamiento militar, de los grupos federales de Salta, liderado por Pablo Latorre, fue sofocado por José Ignacio.^[14] El Boletín Oficial del gobierno informó que en el amotinamiento de la Frontera, Yatasto, Orcones, y Tranquitas, participaban “montoneros fronterizos y santiagüeños”, quienes “…Confiaban también con los auxilios de su poderoso aliado el pérfido Ibarra...”^[15] La correspondencia entre Juan Ignacio y su hermano, a raíz del sofocamiento del referido amotinamiento, revela la abismal diferencia entre el canónigo, que había demostrado ser un hábil político, con aquellos que empuñaban las armas y comandaban milicias para librar batallas. A la preocupación de Juan Ignacio por los excesos cometidos en la represión, José Ignacio le respondía que “…las partidas que se despachan en persecución de los amotinados o de caballos para perseguirlos […] muchas veces ni el oficial mismo que las manda puede evitar los desórdenes del soldado”, es decir el saqueo de las casas de los sospechosos del amotinamiento o la violación de las mujeres.^[16] Luego del triunfo de Quiroga, en 1832, los federales impusieron a Pablo Latorre como gobernador de Salta y Juan Ignacio y José Ignacio Gorriti debieron refugiarse en Bolivia. Desde ese amargo exilio Juan Ignacio escribirá su Autobiografía Política como así también Reflexiones sobre las causas morales de las convulsiones internas en los nuevos estados americanos y examen de los medios eficaces para remediarlos, textos que posibilitan reflexionar acerca de la imperiosa necesidad de justificación de quienes participaron políticamente durante esos años. En el caso de Juan Ignacio descubrir también su contradictorio y, en ocasiones, ambiguo ideario político.

Referencias bibliográficas

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Notas