Itinerarios paralelos, interrumpidos y divergentes. Actores políticos de Corrientes y Entre Ríos, 1862-1880

A partir de la formación del Estado argentino durante la segunda mitad del siglo XIX las dirigencias políticas dispusieron de nuevos ámbitos de actuación donde no sólo se reformularon las prácticas y alianzas instituidas durante la primera mitad de siglo XIX sino que, además, se entablaron constantes disputas para ocupar los cargos tanto a nivel provincial como nacional. Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han permitido reconstruir este complejo proceso y, asimismo, discutir argumentos nodales sobre cómo y desde qué enfoques fue pensado el devenir político de esta etapa.

En este sentido, tres obras constituyen un tránsito clásico para quienes estén interesados en este periodo. Me refiero a Proyecto y construcción de una Nación (1846-1880), El orden conservador y La formación del Estado argentino. ^[3] El panorama construido por ellas destaca una conflictiva dinámica facciosa que luego de las primeras tres décadas de vida del Estado argentino fue reconvertida hacia 1880 mediante un proceso de centralización de la autoridad y del poder político en paralelo con la implementación de pactos de sucesión que permitieron alcanzar el consenso constitucional sancionado en 1853.

A más de treinta años desde que estas obras vieron la luz, el panorama que delinearon ha sido significativamente problematizado y complejizado por investigaciones desarrolladas bajo el impulso de la renovación de la historia política y regional. ^[4] En particular, la reducción de la escala de análisis a nivel provincial permitió cuestionar el proceso de construcción del Estado nacional como resultado de las intervenciones instrumentadas desde el núcleo de Buenos Aires hacia el Interior y, a su vez, a las provincias como actores pasivos o como agentes de resistencia frente al avance del gobierno central. ^[5] Más aún, estos estudios han indagado sobre las características particulares de construcción de dinámicas políticas en torno al acceso y control institucional en cada provincia y las interacciones desplegadas entre los poderes políticos a nivel local, regional y nacional.

El conjunto de estas investigaciones ha permitido comprender los diferentes mecanismos puestos en juego en determinadas coyunturas políticas al mismo tiempo que ha avanzado sobre la reconstrucción de los vínculos, tensiones e interacciones de determinados grupos políticos. Sin embargo, resulta necesario profundizar las indagaciones respecto a la composición y la estructura de los elencos dirigentes desde una mirada amplia y de conjunto que permita dar cuenta del grado de homogeneidad o heterogeneidad de esta composición y de los cambios operados en la misma dentro de un período determinado.

Precisamente, el interés de este artículo se centra en identificar quiénes y qué perfiles portaban aquellos que accedieron a los principales cargos de gestión política constituyéndose en los elencos dirigentes de las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Para ello se ha seleccionado un corpus compuesto por 100 individuos que se desempeñaron como gobernador, ministro provincial o nacional y legislador nacional. La elaboración de la base de datos se construyó a partir de biografías y de fuentes diversas entre las que se destacan la correspondencia oficial y privada, las memorias oficiales e información periodística. ^[6] A partir de esta base se analizan las características de sus trayectorias y de los intercambios entre sus miembros. La misma permite evaluar qué tipos de trayectorias favorecían el acceso a diferentes cargos y en qué medida se transformaron paulatinamente las demandas de los perfiles requeridos a nivel político como de gestión institucional. Consideramos que este tipo de análisis representa una labor necesaria para posibilitar la implementación de perspectivas comparativas con otros casos provinciales y avanzar en la elaboración de una mirada de conjunto a nivel nacional durante la formación y consolidación del Estado argentino.

A partir de 1862, el proceso de construcción del Estado nacional presentó significativos cambios para las provincias del Litoral de los Ríos. Entre Ríos dejó de liderar la construcción del nuevo orden y, a su vez, fue la única donde no se impuso un gobierno liberal. En ella, la gravitación del gobernador Justo José de Urquiza continuó siendo un rasgo central en el devenir político durante la década de 1860. Sin embargo, su asesinato en 1870 y la subsiguiente intervención federal que duró casi un año resultaron un quiebre en la configuración política provincial existente hasta ese momento.

En Corrientes, por su parte, se habían cimentado fuertes alianzas con el liberalismo porteño desde principios de la década de 1860. No obstante, la Guerra del Paraguay, caracterizada por su extensión y el significativo número de tropas movilizadas tuvo un notable impacto en la provincia que había sido base de los ejércitos implicados durante los primeros años de la contienda. En 1865 los federales retomaron la gobernación de la provincia, pero el derrocamiento de Evaristo López tres años más tarde sellaría una tendencia: en los siguientes dieciocho años muy pocos gobernadores completaron su mandato. ¿Cómo incidieron estas coyunturas en el acceso a los principales cargos, las modalidades desarrolladas y la posibilidad de mantener una trayectoria política durante las dos décadas analizadas?

Sabemos que hasta 1870 la pertenencia al partido Federal fue un requisito excluyente para acceder a los cargos de gestión institucional en Entre Ríos. ^[7] En Corrientes este acceso estuvo signado por los conflictos bélicos que marcaban claros giros en el dominio político provincial, pero a diferencia de Entre Ríos este dominio no significó una exclusión total de los miembros del partido derrotado. ^[8]

Un camino diferente para responder a aquella pregunta es observar la distribución de los individuos en los cargos que hemos seleccionado para el presente análisis. De acuerdo con la Constitución provincial de Corrientes sancionada en 1864 el cargo de gobernador duraba tres años y para ser electo se debía tener un mínimo de treinta años, haber nacido en territorio argentino, practicar la religión católica y poseer una renta o capital no inferior a los dos mil pesos. La función ministerial se encontraba diferenciada en Gobierno y Hacienda y para ser ministro el único requisito era tener una edad superior a los 25 años. ^[9] La Constitución de Entre Ríos de 1860, por su parte, establecía que el cargo de gobernador duraba cuatro años y podía ser ejercido por un argentino de origen, mayor de treinta y cinco años y con una renta o capital igual o superior a los quince mil pesos. El Ministerio estaba ejercido por dos secretarios de gobierno los cuales debían ser vecinos de Entre Ríos, tener 35 años de edad y una renta o capital de diez mil pesos. ^[10]

En el nivel nacional, para ser diputado se requería haber cumplido la edad de veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo eligiese, o con dos años de residencia inmediata en ella. Para postularse al Senado se debía tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que representaría o con dos años de residencia inmediata en ella. Estas mismas condiciones se exigían para el cargo de presidente o vicepresidente y se incorporaba la obligación de “pertenecer a la comunión Católica Apostólica Romana.” ^[11]

Tomando como marco básico de referencia aquellas normativas hallamos que en Corrientes, de los 23 individuos que se ocuparon cargos en la década de 1860 el 30,4% ocupó el cargo de ministro de gobierno; el 21,7% el de gobernador; 13% senador y diputado nacional, respectivamente; 17,4 % se desempeñó en dos cargos como ministro provincial y diputado nacional y el 4,3% como ministro provincial y senador nacional. En Entre Ríos el número de individuos que se desempeñaron en los principales cargos de gestión gubernamental fue sensiblemente menor: un total de 13 individuos que se distribuyeron de la siguiente manera: un 15,4% en el cargo de gobernador; 30,7% en el de ministro provincial; 15,4% en el de senador nacional y 38,6% en el de diputado nacional.

Las diferencias de porcentajes revelan una mayor fluidez y movilidad en los cargos provinciales en Corrientes, donde ninguno de los gobernadores ni los ministros alcanzó a completar su mandato debido a levantamientos, guerras o por la propia renuncia. Pero este limitado periodo de gestión no siempre se vio interrumpido por conmociones que afectaron la estabilidad institucional: la ocupación en más de una función demuestra la correlación y la relevancia de determinados cargos provinciales para el ascenso en la trayectoria profesional. Este es el caso de quienes cumplieron funciones en el Ministerio de Gobierno, donde un 22% de los mismos fueron elegidos para ocupar una banca en el Congreso nacional. Por el contrario, en Entre Ríos se observa un desempeño más constante y sin interrupciones, por lo menos hasta 1870, donde la ocupación de cargos de relevancia a nivel provincial no constituye aparentemente un paso obligado o un trampolín hacia los principales cargos de gestión nacional. ^[12]

Cuadro núm. 1
Desempeño en cargos institucionales provinciales y nacionales. Elenco correntino. Década de 1860

Cuadro núm. 2
Desempeño en cargos institucionales provinciales y nacionales. Elenco entrerriano. Década de 1860

¿Qué factores influían en la distribución de estas proporciones? Uno de los aspectos a indagar se encuentra en la propia trayectoria al interior de las instituciones. En este sentido, resulta significativo examinar si estos actores siguieron un camino pautado en forma de escalera, es decir, si se puede evidenciar la existencia de pasos obligatorios que eran necesarios recorrer para poder alcanzar los peldaños superiores. Las ocupaciones previas de estos 36 individuos nos ofrecen un panorama interesante. Entre los gobernadores correntinos hallamos que Manuel Ignacio Lagraña y José Pampín se habían desempeñado previamente como diputados provinciales, José Guastavino como fiscal provincial en Buenos Aires, Santiago Baibiene era oficial en el ejército Nacional y Evaristo López no había tenido ningún tipo de actuación previa en los cargos de gestión institucional al igual que el entrerriano José María Domínguez. Es notable el contraste entre este último y Justo José de Urquiza, quien había ocupado varias veces la gobernación provincial y fue el primer presidente de la Confederación Argentina.

Por lo tanto, la actuación política en la primera mitad del siglo XIX se presentaba como un atributo destacado en el camino a la gobernación, más aún si consideramos que los dos candidatos que no portaban ninguna experiencia fueron ampliamente respaldados por quienes sí la poseían. La trayectoria previa al cargo de ministro provincial fue muy homogénea en Corrientes en tanto todos habían ocupado años antes una banca en la legislatura. En cambio en Entre Ríos, Nicanor Molinas y José Joaquín Sagastume ya se habían desempeñado en el mismo cargo en la etapa de la Confederación, López Jordán había ocupado una banca en el Congreso Nacional y tenía una destacada trayectoria en el Ejército. En cambio, de Luis de la Peña no se tienen datos a pesar de la búsqueda exhaustiva en diversos repositorios, un hecho lamentablemente recurrente cuando se requiere información sobre aquellos personajes que no han trascendido en la historia.

En síntesis, a nivel provincial se puede plantear que la renovación de individuos fue mínima y que en esta etapa se produjo más bien el ascenso de un significativo número de actores –el 70%- para quienes el paso por la legislatura se erigió como el escalón necesario para desempeñarse en los principales cargos. Un dato que llama la atención es el relativo peso menor que alcanzó el tránsito por el Ejército con una proporción del 15%, más aún si consideramos que a partir de la Revolución de Mayo gran parte de los actores utilizaron sus carreras militares como base para desplegar su actividad política durante la primera mitad de siglo XIX. ^[13]

Si analizamos el camino recorrido hacia la esfera nacional, en los actores correntinos se observa una clara heterogeneidad de trayectorias: tanto Juan José Camelino como Juan Vicente Pampín habían sido oficiales en el Ejército y Juan Eusebio Torrent se había desempeñado brevemente en el ministerio antes de ser elegido diputado nacional. Sólo Pedro Igarzábal y Wenceslao Díaz Colodrero habían ocupado una banca en el Congreso de la Confederación. La elección de senadores correntinos recayó casi exclusivamente sobre quienes se habían destacado en las luchas políticas y militares de la primera mitad de siglo como Juan Madariaga y Pedro Ferré. Por el contrario, dentro de la representación entrerriana casi todos los diputados y senadores nacionales habían participado en el Congreso de la Confederación. Solo dos de los actores más jóvenes no habían seguido aquel camino: Vicente Montero se había desempeñado como juez federal y Juan José Soneyra como diputado provincial y juez de primera instancia en Entre Ríos.

En suma, del total de individuos analizados, el 58% se había desempeñado ya a nivel nacional durante la Confederación Argentina, lo cual nos lleva a cuestionar la marcada distinción o el corte temporal que se suele realizar entre la década de 1850 y la de 1860. El hecho de que en las provincias del Litoral más de la mitad de sus actores políticos ya se habían desempeñado en las instituciones nacionales durante la Confederación evidencia una clara continuidad de gran parte del plantel político. Más aún, esto nos lleva a pensar que esta experiencia resultaba claramente un plus reconocido dentro de los aprendizajes que debían realizarse en el nuevo orden nacional.

¿Qué sucede en la década de 1870? La Guerra del Paraguay, el derrocamiento de Evaristo López en Corrientes y el asesinato de Justo José de Urquiza promovieron significativas reconfiguraciones políticas en ambas provincias. En Corrientes se conformó desde fines de la década anterior una nueva agrupación partidaria, el fusionismo, que reunió a parte de los liberales y federales como también a buena parte de jóvenes que estaban transitando sus primeros pasos en la vida política. ^[14] Durante los primeros años los fusionistas compartieron una cuota importante de poder con los liberales mitristas. Sin embargo, la convivencia de estos perfiles heterogéneos acentuó las posturas disruptivas, las cuales se agudizaron progresivamente en aquellos años. El fracaso en los intentos para consolidar un partido que reuniese a miembros de diferentes orientaciones políticas derivó en una recurrente inestabilidad agudizada por la intervención de los diversos agentes nacionales para resolver los conflictos provinciales. ^[15]

Dentro de este contexto beligerante, la distribución de los principales cargos de la dirigencia correntina fue la siguiente: de un total de 33 individuos el 12,2% se desempeñó como gobernador; el 24,2% como ministro de gobierno; el 24,2% como diputado nacional; el 6% como senador; el 9% como gobernador y diputado nacional; el 6% como ministro de gobierno y diputado nacional y el 3% como gobernador y senador nacional.

Cuadro núm. 3
Desempeño en cargos institucionales provinciales y nacionales. Elenco correntino. Década de 1870

Si comparamos con el período anterior se evidencia el comienzo de una alternancia en el acceso a la gobernación y las bancas legislativas nacionales. Para poder comprender estas nuevas tendencias resulta necesario destacar el grado de renovación al interior del elenco político correntino. De los veintisiete actores que lo integran, el 26% ya se había desempeñado en los cargos relevantes y, a su vez, representan el 50% de quienes cumplieron funciones en dos cargos durante este período. Asimismo, si examinamos cada uno de los puestos individualmente en relación a las trayectorias previas de quiénes los ocupaban, las cifras resultan iluminadoras con respecto a la formación de patrones de ascenso preestablecidos. En este sentido, el 71% de los gobernadores había sido diputado provincial y el 29% diputado nacional. Dentro de los diputados nacionales el 15% había ejercido previamente como gobernador, el 46% como ministro provincial y el 30% como diputado provincial. En cambio las bancas del senado estaban representadas en un 67% por quienes ya se habían desempeñado en el Congreso y el 33% en el cargo de gobernador. Por último, dentro del conjunto de quienes fueron ministros de la provincia, el 50% había sido legislador provincial, un 10% ministro y no contamos con datos para el 40% restante. Por lo tanto podemos señalar, por un lado, que a pesar de la inestabilidad política un reducido grupo logró alternar en su trayectoria los principales cargos. Por otro lado se observa que si bien la renovación de actores es significativa, alcanzando el 74% del total, los itinerarios conllevan una marcada similitud con los de la década de 1860. Así, al igual que en la anterior etapa, la ocupación de una banca legislativa se presentaba como un claro articulador con los cargos de mayor relevancia en el ámbito provincial y el del ministerio de gobierno con la esfera nacional.

En Entre Ríos el asesinato de Urquiza y la prolongada guerra derivada de la intervención nacional a la provincia desarticularon en forma completa al elenco político entrerriano. Sus rasgos distintivos de un poder concentrado en la figura del gobernador y de un margen muy estrecho para la participación de la oposición desaparecieron. A su vez, la guerra desarmó las cadenas de mediación políticas existentes y la extensa duración de la intervención federal aumentó en forma inaudita la injerencia de los agentes nacionales en la provincia. A partir de 1870, entonces, una serie de actores que ocuparon los principales cargos de gestión pudieron en gran medida acceder a sus funciones y llevar a cabo su actividad administrativa en tanto contaron con el respaldo del Ejecutivo nacional. Por último, el asesinato de Urquiza y la guerra subsiguiente promovieron la modificación de las identificaciones partidarias que se definieron en base a su oposición u adhesión a la figura de López Jordán y a la intervención federal a la provincia. El sector que estaba en contra del gobernador adoptó el nombre de “liberal” pero incluyó tanto a figuras que habían adherido al liberalismo mitrista durante la década de 1860 como a reconocidos miembros del federalismo. En cambio, quienes se opusieron a la intervención federal comenzaron a ser reconocidos como jordanistas. ^[16]

Cuadro núm. 4
Desempeño en cargos institucionales provinciales y nacionales. Elenco entrerriano. Década de 1870

Dentro del contexto de profunda reconfiguración política la distribución de los actores políticos en los principales cargos se estableció de la siguiente manera: un 12% en el cargo de gobernador; un 24% en el cargo de ministro provincial; un 8% en el de senador nacional; un 36% en el de diputado nacional; un 4% en el ejercicio de tres cargos como gobernador, ministro provincial y senador nacional; un 8% como ministro provincial y diputado nacional y un 4% como ministro y diputado nacional.

Dos cambios fundamentales se produjeron en esta década, el primero y más fundamental fue que la renovación en el desempeño de los principales cargos fue completa: ninguno de los 25 individuos que integraban el plantel se habían desempeñado en aquellos cargos en la década anterior. ^[17] El segundo cambio refiere a un incipiente porcentaje de individuos que cumplieron funciones en dos o más cargos de relevancia durante la misma etapa. Se observa, entonces, el comienzo de una dinámica política muy similar a la correntina en la cual un grupo reducido de actores que alternaron en su trayectoria los principales cargos convivieron con una amplia mayoría que sólo accedió a uno de aquellos cargos en un período de diez años o más. Resultan destacables en este sentido las trayectorias de Leónidas Echagüe y Onésimo Leguizamón. Al igual que muchos de los funcionarios de primera línea, ambos habían transitado en la década de 1860 por la legislatura provincial y, además, el primero había sido designado Juez del Crimen en Paraná y el segundo secretario del Ministerio de Gobierno. Sin embargo, en las dos décadas siguientes su presencia y alternancia en los principales cargos va a ser constante. Más aún, Leguizamón fue el único en esta etapa en ocupar uno de los ministerios nacionales.

Por lo tanto, si en la década de 1860 se observa la continuidad de una significativa parte de los que ya habían participado en funciones similares en las etapas previas, la década de 1870 se caracteriza por la renovación de quienes ocupan los principales cargos. Pero aquella renovación se produjo, de forma análoga a Corrientes, por coyunturas políticas particulares que generaron oportunidades de ascenso para quienes ya se encontraban cumpliendo funciones en cargos de menor relevancia. En este sentido, diecisiete de los 25 actores políticos examinados habían integrado la legislatura provincial; cuatro, además, también habían ejercido funciones como Juez del Crimen y uno era coronel del Ejército.

En conclusión, en ambas provincias se observa una marcada homogeneidad en los caminos institucionales que conducían a ocupar las funciones de primera línea. A pesar de esta homogeneidad, sin embargo, resultó restringido el porcentaje de aquellos que lograron mantener una trayectoria ascendente y alternar su desempeño en los principales cargos. Lo cual nos lleva a preguntarnos qué factores promovían esta configuración particular presente en ambas provincias.

Sabemos que las alianzas y vínculos políticos tenían un significativo peso en la designación de quiénes ocuparían determinadas funciones o serían candidatos para los cargos electivos. Sin embargo consideramos que estos vínculos debían ser reforzados con otros atributos construidos en la propia gestión institucional. En este sentido, el ejercicio de la función requería la puesta en juego de habilidades que posibilitaran, por ejemplo, elaborar y concretar proyectos, debatir y defender leyes u organizar y administrar los ingresos fiscales. La capacidad de llevar a cabo exitosamente estas actividades cobraba una materialidad en el devenir gubernativo con un claro impacto en las trayectorias individuales. Así, la elección de Torrent como senador nacional, de Justo como gobernador o de Leguizamón en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública no pueden ser atribuidas únicamente a los contactos políticos; sus designaciones se realizaron, precisamente, luego de una destacada labor en el Congreso. Por lo tanto, creemos que la coyuntura política, los vínculos y la capacidad de gestión conformaron una triada que marcó la diferencia entre quienes pasaron fugazmente por los cargos relevantes y aquellos que lograron construir una trayectoria ascendente y relativamente exitosa.

En los últimos años diversos trabajos han discutido la correlación directa entre riqueza y desempeño en los principales cargos políticos. Estos trabajos han señalado la importancia que han tenido algunos factores como los vínculos sociales, la participación en la prensa periódica, el grado profesional alcanzado y los ámbitos de sociabilidad. ^[18] En este apartado nos dedicaremos a los tres primeros aspectos para indagar su importancia en cuanto al acceso y permanencia en las funciones gubernativas y cómo se articularon con los trayectos institucionales analizados en el apartado anterior.

Resulta un dato ampliamente conocido que la actividad periodística conformaba una significativa parte de la labor política en la Argentina de la segunda mitad de siglo XIX. Las páginas de los diarios constituían un instrumento decisivo para ganar influencia en la vida pública a través de las polémicas encabezadas desde las páginas de los diarios y para discutir los distintos proyectos a implementarse en la construcción del nuevo Estado nacional. ^[19]

¿Qué rol cumplió la prensa en la conformación de las dirigencias del Litoral? Debemos tener en cuenta que al igual que la mayoría de los periódicos decimonónicos, los impresos de Corrientes y Entre Ríos no se caracterizaron por su longevidad. Tampoco la participación de sus redactores y directores fue constante, algunos contribuían con sus escritos en los períodos que no estaban ejerciendo su función, otros lo hacían en paralelo e incluso varios participaron como redactores principales en diarios de otras provincias como Agustín Justo en Entre Ríos o Santiago Baibiene y Onésimo Leguizamón en Buenos Aires.

Si pensamos en la relevancia de la prensa como vehículo para el acceso a los cargos institucionales esta resultó ser mínima en tanto sólo el 16% de los actores políticos estudiados formó parte de un diario durante su trayectoria previa a la gestión política. Pero si el foco lo ubicamos en quiénes se desempeñaron como periodistas la lente nos revela una interesante imagen: el 43,7% ocupó una banca en el Congreso y el 56,3% se desempeñó en dos o más de los principales cargos y, además, el 87% desplegó su pluma no sólo al principio de sus carreras sino durante el ejercicio de sus funciones o en el momento de transición entre un cargo y otro. Por lo tanto, consideramos que junto a las cualidades de gestión institucional, una eficaz participación en la prensa constituía una herramienta que ampliaba la capacidad de debate y los públicos alcanzados, lo cual tenía cierto grado de repercusión favorable tanto en las dinámicas políticas como en los propios itinerarios individuales. Más aún, el oficio de periodista no fue sólo una vía para impulsar y consolidar trayectorias ascendentes, en contextos sumamente inestables como los vivenciados por las provincias del Litoral la participación en la prensa constituyó una estrategia para mantener cierta gravitación política inclusive para aquellos que vieron truncadas sus carreras debido al exilio. ^[20]

Debemos subrayar que, a su vez, la incorporación en los emprendimientos periodísticos fue posible por la inserción en complejas tramas políticas locales y también en algunas que claramente excedían los límites provinciales. Así, si bien la participación en la prensa pudo constituirse en un impulso en las trayectorias políticas, el ingreso en la arena periodística como en la institucional se hallaba granjeado en buena medida por los vínculos sociales que cada individuo portaba. ¿Cuáles fueron los nexos, entonces, que facilitaron estos accesos?

Dentro del elenco correntino hallamos una notable presencia de integrantes de familias cuyos linajes se remontan a los primeros pobladores de Corrientes a fines del siglo XVI, que contaban en su haber a Tenientes de Gobernador y miembros del cabildo. A este conjunto se incorporaron nuevos inmigrantes que llegaron a la provincia a fines del siglo XVIII y que ratificaron su estatus social con los servicios a la patria en las primeras décadas del siglo XIX. ^[21] Si analizamos su distribución en los principales cargos resulta que dentro de quienes portaban parentesco con estas familias notables el 54% fue gobernador, el 71% senador nacional, el 26% ministro y el 58% diputado nacional. Estos porcentajes subrayan, entonces, el valor que tuvo el vínculo filial como nexo para el desenvolvimiento de la carrera política. Sin embargo, no representaba un rasgo excluyente y varios casos dan muestra de otros perfiles que también se constituyeron en vías de acceso a las tramas de sociabilidad política. Por ejemplo, Santiago Baibiene era hijo de inmigrantes italianos y realizó su carrera en el Ejército, Evaristo López era estanciero, Tomás Appleyard era comerciante y Juan José Camelino era médico.

Asimismo, resulta relevante señalar el creciente peso de los estudios universitarios en el acceso de los cargos públicos. De los 62 individuos que desempeñaron algún cargo en esta etapa, 19 tenían su diploma en abogacía –el 30,6%- y 2 en medicina. Entre quienes se desempeñaron en el ministerio provincial el 66,6% de eran abogados, dato que ratifica la importancia de este título, más aún si se considera el rol de articulación ejercido por el ministerio con el acceso a los cargos relevantes en la esfera nacional.

En Entre Ríos los vínculos familiares tuvieron un peso relativamente menor y se caracterizaron por el parentesco con figuras que ejercieron una renovada trayectoria político y/o militar durante la primera mitad del siglo XIX. ^[22] Así, quienes portaban este atributo eran tres de los seis gobernadores, uno de los cinco senadores y dos de los dieciséis diputados. Cabe destacar que en algunas ocasiones el vínculo familiar se labró luego del ingreso a la vida política local, como en el caso de Benjamín Victorica que contrajo matrimonio con la hija de Justo José de Urquiza cuando ya había transitado varios cargos administrativos y se encontraba representando a Entre Ríos en el Congreso de la Confederación. ^[23]

De acuerdo a los itinerarios que hemos podido reconstruir, la principal vía de acceso a los cargos públicos se conformó a partir de la capacidad profesional y de los vínculos generados tanto en su formación como en el desempeño de la propia actividad. Dos breves ejemplos permiten ilustrar esta observación. Por un lado, se encuentran los casos de Francisco Soler y Ángel Donado. El primero había nacido en Paraná y realizó sus estudios en su ciudad natal. Por sus méritos como estudiante recibió una beca otorgada por el gobernador Urquiza para continuar sus estudios en Buenos Aires donde se graduó en medicina. De regreso en su provincia solicitó la intermediación del gobernador para que su compañero porteño Ángel Donado, quien se encontraba prisionero de Manuel Oribe, fuese liberado. Luego de este pedido, Donado se radicó en Paraná a fines de 1849 y fue nombrado cirujano del Ejército de la provincia. Años más tarde integró la legislatura provincial y en la década de 1870, al igual que Francisco Soler, fue elegido diputado nacional. El segundo caso refiere a un porteño y a un cordobés que labraron una destacada labor política en Entre Ríos. Benjamín Victorica se había graduado en la Universidad de Buenos Aires con el título de Doctor en Jurisprudencia en 1849 y fue asistente del general Pacheco con el grado de mayor durante el enfrentamiento de Caseros. Luego de la derrota de Juan Manuel de Rosas pasó a formar parte de las filas constitucionalistas lideradas por Hilario Lagos y fue a partir de los informes enviados sobre el sitio a la ciudad de Buenos Aires que tomó contacto por primera vez con Justo José de Urquiza. Tras el fracaso del sitio debió emigrar a Montevideo y desde allí y por medio de la intervención de Juan Francisco Seguí, profesor de la Universidad de Buenos Aires, fue convocado a Paraná para cubrir un puesto en el Ministerio del Interior. Poco tiempo después, el propio Victorica convocó a su amigo y compañero de estudios, Eusebio Ocampo, con quien había redactado en Buenos Aires el periódico satírico El Padre Castañeta, para que también ocupase un cargo en el Ministerio del Interior. En la misma década, ambos serían elegidos para ocupar una banca en el Congreso de la Confederación y en la década siguiente serían electos nuevamente para la diputación en el caso de Ocampo y el senado en el de Victorica.

Los dos casos aquí mencionados no constituían la excepción y es frecuente encontrar en la reconstrucción de las biografías cómo los vínculos de compañerismo y amistad forjados en las aulas junto con el propio atributo adquirido por la profesión constituyeron uno de los principales nexos para granjear el acceso a la vida política. Si realizamos un análisis cuantitativo sobre el perfil profesional hallamos que un 42% era abogado y un 8% médico, es decir que la mitad de los actores tenía un título universitario. Asimismo esta imagen se completa con los estudios previos en tanto el 26% se había destacado como estudiante en el Colegio Nacional del Uruguay y el 11% en escuelas elementales de Paraná y habían obtenido una beca para continuar sus estudios en Buenos Aires.

Por lo tanto, en las dos provincias se observa una consolidación de la titulación universitaria como un atributo que abría las puertas a la vida política y, a su vez, la prevalencia de los abogados sobre otros perfiles como los eclesiásticos o los militares. ^[24] Como han señalado otros autores para la primera mitad de siglo XIX y hasta la década de 1850, la coyuntura de creciente institucionalización política favoreció el despliegue de una nueva legitimidad basada en el reconocimiento de los “capaces.” ^[25] Aquella legitimidad se articuló con otros factores e, incluso, en varias trayectorias tuvo un peso mayor a aquellos atributos considerados significativos para la vida política como los lazos de parentesco o las adhesiones partidarias.

Los itinerarios de los elencos dirigentes aquí analizados permiten evidenciar que en el acceso y permanencia en la gestión pública se puso en juego la articulación de diferentes atributos y aptitudes en combinatorias heterogéneas que reunían el desempeño en los cargos administrativos, la formación académica, los vínculos familiares y sociales y la participación en empresas periodísticas.

Pero más allá de esta diversidad es posible advertir y precisar algunos puntos respecto de los aspectos que definían las características de los elencos políticos de Corrientes y Entre Ríos. Como se señaló en los párrafos previos, en ambas provincias se distingue una mayor presencia de la titulación universitaria y la actividad periodística que otros perfiles como el militar o el eclesiástico entre quienes de desempeñaron en los principales cargos a nivel provincial y nacional. El escaso número de militares en estos casos es un rasgo llamativo en tanto la intensa movilización armada vivenciada en la región litoraleña daba lugar a suponer a priori un peso mayor de este perfil en su elenco dirigente.

No obstante, los conflictos armados sí jugaron un rol primordial en la renovación de quiénes accedieron a las principales funciones institucionales. En Corrientes, su influencia fue constante durante las dos décadas estudiadas y sólo un reducido grupo pudo en ese contexto alternar en los cargos y sostener una trayectoria política ascendente. En Entre Ríos, en cambio, la preeminencia del liderazgo urquicista durante las décadas de 1850 y 1860 promovió una continuidad de quienes ya se habían desempeñado en la Confederación, en particular en el ámbito nacional. Sólo luego de la rebelión de López Jordán y la intervención federal de 1870 se produjo una renovación completa de la cúspide dirigente.

Ahora bien, si se piensa en las tendencias de los perfiles políticos y no en los actores en sí mismos se despliegan ciertas similitudes y matices a considerar. Para ambas provincias la legislatura se ubicó como un tránsito necesario -aunque no excluyente- dentro de las trayectorias ascendentes. En Corrientes, la diputación provincial se presentó mayoritariamente como el cargo previo al desempeño en los ministerios provinciales y estos, a su vez, constituían el escalón previo a las diputaciones nacionales. En Entre Ríos, el desempeño ministerial tuvo una relevancia menor como articulador entre las funciones en cargos de la esfera provincial hacia la nacional y, en cambio, este rol fue ejercido por la legislatura provincial.

El peso de aquellas instituciones en la construcción de los itinerarios políticos nos plantea, entonces, varios interrogantes sobre ámbitos que en líneas generales han sido escasamente estudiados: ¿Por qué en Corrientes es la función ministerial la que articula el traspaso a la esfera nacional y en Entre Ríos es la legislativa? ¿Existían diferencias en los atributos y las expectativas de quiénes se desempeñaron en cada provincia en aquellas instituciones? ¿Cómo se articulaban las relaciones entre quienes integraban las instituciones legislativas y las ejecutivas?

Por lo tanto, si bien consideramos que el análisis aquí realizado permite incorporar nuevas coordenadas para comprender las características de los sectores dirigentes en la segunda mitad de siglo XIX, las mismas nos indican la necesidad de explorar con más detalle varias cuestiones que nos permitan reponer la complejidad del sistema político del cual aquellos actores formaron parte y, a la vez, contribuyeron a construir.