Introducción

El 8 de mayo de 1864 José Uriburu se proclamó gobernador de Salta con el apoyo de un batallón del Ejército de Línea recién creado y tropas de la Guardia Nacional. Para ello simuló una rebelión en la que había apresado al gobernador saliente, su tío Juan Nepomuceno Uriburu. Al día siguiente, los rebeldes clausuraron la Legislatura por cuyo motivo su presidente, Segundo Bedoya, citó a los diputados para sesionar en su casa particular. Ante la certeza de que rechazarían su pronunciamiento, José Uriburu mandó encarcelar a todos los presentes mientras se encontraban reunidos e hizo difundir una circular que presentaba el hecho como un movimiento legitimado en la tradición pactista y la soberanía popular. ^[3]

Esta farsa no logró engañar a los jefes políticos y militares que la consideraron un atropello de los Uriburu para prolongar su gobierno de familia. El 13 de mayo Bedoya logró escapar de la cárcel y huyó de la ciudad rumbo al cercano pueblo de La Caldera. Mientras tanto, en los departamentos comenzaban a levantarse los milicianos a favor de Bedoya, que era el gobernador legal pues según la Constitución provincial, caducado el período de gobierno y en ausencia de un gobernador provisorio, el poder ejecutivo recaía en el presidente de la Legislatura. Durante un mes funcionaron dos gobiernos: uno revolucionario que dirigía José Uriburu en la ciudad de Salta y otro legal al mando de Bedoya en La Caldera. Finalmente, luego de varios enfrentamientos entre ambas fuerzas, las milicias constitucionales vencieron a los rebeldes. Durante esta revolución se calcula que entre las fuerzas revolucionarias y constitucionales movilizaron cerca de 4.000 hombres armados, cifra que revela una militarización elevada. ^[4]

Este episodio se conoce en la literatura local como la revolución de los Uriburu y ha sido narrado por distintos historiadores salteños. Bernardo Frías basó su relato en tradiciones orales y datos obtenidos de su propia familia y archivo. En la década de 1920, Francisco Centeno, al igual que Frías descendiente de uno de los líderes constitucionales, publicó documentos históricos inéditos y propuso una interpretación en clave democrática. Más adelante, Atilio Cornejo hizo una narración pormenorizada que comprueba su acceso a la documentación histórica con el propósito de relatar los hechos tal cual sucedieron. Por último, Esther Torino y Eulalia Figueroa, reconstruyeron el episodio con documentos impresos del Archivo Mitre y algunas cartas inéditas del Archivo Histórico de Salta, con la intención de rastrear los antecedentes históricos de los partidos políticos locales formados a fines del siglo XIX. ^[5]

A pesar de su diversidad de perspectivas, estos libros y artículos pueden inscribirse dentro del paradigma de la historia política tradicional, principalmente interesado en elaborar un relato sin omisión de ningún hecho. En consecuencia, dicho enfoque terminó por atribuirle a este episodio significados y sentidos que hoy se revelan anacrónicos pues reivindican la participación de una u otra familia como en los casos de Frías y Centeno, o en el de Cornejo, la actuación de Mitre y los liberales. Esta rebelión aún no se analizó desde la historia política y social ni se la vinculó con otros hechos similares de la provincia y de la región norte. Tampoco se ha reparado en ella como uno de los mayores conflictos políticos en la provincia durante el proceso de construcción del Estado argentino (1853-1880). Es importante recordar que a raíz de estos sucesos fue solicitado en el Congreso Nacional el primer pedido de intervención federal en Salta. ^[6] Por último, falta una revisión de estos hechos con documentación inédita y en un contexto historiográfico marcado por la profunda renovación de la historia política del siglo XIX. ^[7]

Nuestra principal hipótesis es que en la rebelión de los Uriburu confluyeron diversas protestas de los sectores populares contra el reclutamiento militar, la entrega de ganados y otras arbitrariedades que fueron canalizadas por los comandantes militares, jefes departamentales y miembros de la Legislatura para enfrentarse a los Uriburu. Si por un lado, este conflicto entre las elites marcó el avance del estado provincial en áreas claves como el control de los jefes militares y la recaudación tributaria, por el otro, alentó la movilización de los sectores populares rurales aliados a sus líderes constitucionales. Uno de los resultados tal vez imprevistos fue el avance del Ejército de Línea en la conformación de un orden político provincial marcado por su creciente injerencia en las elecciones. Durante este proceso se lograron integrar dirigentes políticos y sectores populares. Por lo tanto, es oportuno analizar la rebelión desde una mirada social y política amplia para conocer cómo se movilizaban hombres y recursos, cuáles fueron las demandas de los gauchos y qué relaciones establecieron con las elites locales. Por último, este recorrido nos permite cuestionar la idea de que la política local se organizaba exclusivamente en torno a la disputa facciosa. A continuación, resumiré el contexto político regional para comprender el proceso histórico más amplio en el cual se insertó este episodio.

Contexto político post Pavón

El triunfo de Mitre en Pavón acentuó la militarización en el norte por varias razones. En primer lugar, a diferencia de otras provincias como Tucumán o Santiago del Estero, donde las elites locales apoyaron a los liberales, en Salta los federales constitucionalistas partidarios de Urquiza eran mayoría. Rudecindo Alvarado, Dionisio Puch, Martín Güemes y Manuel Solá eran líderes políticos de gran prestigio que habían gobernado la provincia desde Caseros. Cuando todavía era incierto el resultado de la batalla de Pavón, el gobernador salteño José María Todd -sobrino del general Alvarado- decretó el estado de sitio, prohibió al partido liberal y declaró que la provincia reasumía la soberanía ante la disolución del gobierno de la Confederación. La férrea oposición de los notables salteños al partido liberal convenció a Mitre de aprobar la movilización de las guardias nacionales de las provincias vecinas para modificar el balance de poder en Salta. El gobernador de Tucumán movilizó a la frontera de Salta 500 milicianos. Conocido el desbande de las tropas federales en Pavón, Todd debió renunciar y fue suplantado por Anselmo Rojo, militar de tradición unitaria y emparentado con los Uriburu. A comienzos de 1862, asumió como gobernador Juan Nepomuceno Uriburu y, a través suyo, la familia Uriburu llegaba al poder. Salta finalmente se integraba al orden liberal. ^[8]

El proceso de militarización tenía una larga tradición que se remontaba a la revolución, las guerras de independencia, a los conflictos entre unitarios y federales y se convirtió en la principal forma de resolver conflictos políticos durante el siglo XIX. ^[9] Si bien la transición del orden rosista al liberalismo constitucional se caracterizó por la creciente importancia de las legislaturas, las elecciones y la prensa, la guerra interprovincial, las invasiones armadas y las revoluciones no fueron ajenas a la consolidación del Estado nacional. Pues a pesar de que proclamó la defensa de la constitución y la vigencia de las instituciones, conviene recordar que su origen se remontaba a la revolución del 11 de septiembre de 1852 contra el Acuerdo de San Nicolás. Por lo tanto, no es extraño que a partir de 1862 el nuevo orden avanzara en el interior de manera similar: revoluciones apoyadas por fuerzas militares contra los gobernadores federales constitucionalistas. ^[10]

En segundo lugar, los liberales carecían de apoyo popular en Salta. Los levantamientos de Vicente Peñaloza en La Rioja y Catamarca reflejaron la vigencia que las montoneras mantenían como principal forma de defensa de los gobiernos federales y amenazaban con encender otro ciclo de guerras civiles. ^[11] Según las palabras del ministro de gobierno de Uriburu, Genaro Feijoó, “la sola noticia de la presencia de las tropas de Peñalosa (sic) convulsiona toda la campaña y provoca levantamientos.” ^[12] A pesar del vacío historiográfico que existe sobre el período rosista, la campaña salteña se había levantado en defensa de los líderes federales, sobre todo en la Frontera, región que confinaba con Santiago del Estero, Tucumán y el Chaco, donde la movilización de gauchos se remontaba a las guerras de independencia. ^[13]

Tercero, ante la falta de un ejército nacional para combatir a las montoneras federales, el gobierno nacional acordó con el gobernador Posse de Tucumán y Uriburu de Salta que enfrentaran al Chacho con sus tropas. Consciente de esta debilidad, Mitre continuó impulsando la formación de cuerpos de línea del Ejército Nacional estacionados en zonas estratégicas. La creación del Batallón 8º de Línea seguramente haya sido el resultado de la negociación entre el poder central y el poder local, por la cual Uriburu se comprometió a participar en la represión de las montoneras del Chacho en Catamarca junto con los gobiernos de Tucumán y Santiago. A cambio, el gobierno nacional financiaría la creación de las 500 plazas del 8º y lo destinaría a guarecer la Frontera este de Salta y Jujuy amenazada por el avance de las parcialidades indígenas del Chaco. Este regimiento adquirió una creciente importancia en la política interna de las provincias del Norte, demostrando la creciente interrelación entre política provincial y nacional. ^[14]

La organización militar consagrada por la Constitución de 1853 reconocía dos formas principales: el Ejército de Línea y la Guardia Nacional que juntos conformaban el Ejército Nacional. El primero era profesional, de carácter permanente y estaba bajo la autoridad del presidente de la República; la Guardia reclutaba ciudadanos de manera intermitente y era convocada por los gobernadores. A menudo la Guardia Nacional remitía a una institución más antigua, las milicias, que se generalizaron durante las guerras civiles y la formación de los estados provinciales. Las Guardias Nacionales se empleaban para garantizar el orden local y sobre todo para enfrentar invasiones indígenas en las zonas de frontera. Después de Caseros fueron reglamentadas por ley y consideradas pilares de la comunidad política fundada sobre la soberanía popular, pues estaban integradas por los mismos ciudadanos que podían votar y, en consecuencia, conformaron una ciudadanía armada. Predominaban los sectores populares de ciudad y campaña: pequeños propietarios, tenderos, dependientes y artesanos; peones, jornaleros, campesinos y pastores. Las Guardias Nacionales funcionaban como redes de organización política y ocuparon un papel central en las elecciones. En el caso salteño, los comandantes de la Guardia Nacional fueron modificando su perfil económico y social: durante la década de 1870 los oficiales eran a la vez grandes hacendados o estaban relacionados por vínculos comerciales y/o de parentesco con los principales líderes políticos. ^[15]

Un ejemplo concreto de la militarización y su relación con la lucha facciosa a escala regional puede verse en la actuación de la familia Taboada en Santiago del Estero. Luego de Pavón, un grupo de liberales tucumanos organizó una rebelión con el apoyo de los Taboada contra el gobernador federal Celedonio Gutiérrez. ^[16] Una vez derrocado, la Legislatura nombró gobernador provisorio al cura liberal José María del Campo, quien movilizó a la guardia nacional hacia la frontera con Salta para forzar la renuncia de Todd. Si bien la Constitución había prohibido declarar la guerra y/o celebrar tratados entre las provincias, en la práctica el poder local se legitimaba en escala regional, en función del reconocimiento de los gobernadores vecinos: la unanimidad partidaria regional todavía era una variable fundamental para la paz y la estabilidad de los gobiernos provinciales. Para contener la amenaza de una guerra civil, Mitre envió a su vicepresidente, Marcos Paz para alcanzar un acuerdo pacífico. El convenio firmado entre Tucumán, Santiago y Catamarca resolvía nombrar a Anselmo Rojo gobernador de Salta. Más tarde, los comisionados de Salta, Isidoro López y José E. Uriburu ratificaron el acuerdo firmado con Marcos Paz, en el que se mencionaban como causas del conflicto las invasiones armadas sobre Santiago y Tucumán encabezadas por el ex gobernador Navarro con auxilios y complicidades de los gobiernos de Salta y Catamarca. ^[17]

Una vez quebrada la resistencia de los constitucionales salteños gracias a la presión militar conjunta de Tucumán y Santiago del Estero, Anselmo Rojo convocó a elecciones y en mayo de 1862 entregó el mando al nuevo gobernador electo, Juan Nepomuceno Uriburu, tío suyo por el lado materno. ^[18]

Los vínculos de parentesco y las redes mercantiles han sido señalados como uno de los mecanismos característicos de las familias “decentes” en su conformación como elites políticas locales y regionales. Emplearemos el concepto de elite en su acepción más amplia, como un círculo donde convergen poder económico, la preeminencia social y el poder político. ^[19] En sociedades donde las instituciones especializadas no existían, las redes de familias, amigos y clientes otorgaban acceso a la información y se confundían con las estructuras estatales. A través de múltiples lazos de matrimonios entre propietarios y comerciantes, la extensa red formada por los Uriburu fue un instrumento clave para aumentar su patrimonio, construir poder local y acrecentar su prestigio social. ^[20] La tradición social que imperaba en el norte argentino unía por vínculos de parentesco y solidaridad a las familias decentes de Tucumán, Salta y Jujuy, como por ejemplo, los Posse, Uriburu y Figueroa; o los Barcena, Aráoz y Zerda respectivamente. ^[21]

El gobierno de Uriburu, alineado con el mitrismo, se involucró en el enfrentamiento contra los alzamientos federales en La Rioja y Catamarca. Al frente de unos 1.500 hombres, Juan Nepomuceno Uriburu contribuyó con los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero a combatir el segundo alzamiento del Chacho Peñaloza. ^[22] La creciente militarización para levantar semejante fuerza provocó fricciones entre los jefes departamentales, comandantes militares y la Sala de Representantes. Estos conflictos terminaron por quebrar las redes políticas de los diputados liberales salteños. La derrota en las elecciones para renovar diputados en marzo de 1864 puso en evidencia la falta de consenso en el oficialismo: perdía la mayoría en la Legislatura y se le escapaba el control de la sucesión. Mientras tanto el descontento en la campaña aumentaba y comenzaban los rumores y resistencias. La documentación consultada muestra que hacia marzo de 1863 las tres regiones de la provincia estaban reaccionando ante la intensidad del reclutamiento militar. Conviene entonces describir las características sociales de los valles Calchaquíes, el valle de Lerma y la Frontera para entender mejor las formas que adoptó la resistencia y movilización en cada una de ellas. ^[23]

Características sociales regionales

Los valles Calchaquíes habían sido la ruta por donde el ejército de la provincia entró a Catamarca y donde el reclutamiento se sintió con gran fuerza. En esta zona predominaba una estructura social (y étnica) polarizada entre grandes propietarios (blancos), pequeños propietarios y campesinos arrendatarios (indios). La militarización fue controlada por los grandes hacendados o sus parientes que a menudo se desempeñaban como comandantes militares y jefes departamentales. Este fue el caso, por ejemplo, de Pedro José Frías, comandante de los valles Calchaquíes y pariente de uno de los más importantes hacendados, quien tuvo una actuación destacada durante la rebelión, como veremos más adelante. En definitiva, el reclutamiento y la organización militar de las Guardias Nacionales reflejaban y reforzaban las estructuras socioeconómicas. ^[24]

En la frontera oriental, el gobierno provincial recibía desde mayo de 1863 pedidos de auxilios y refuerzos militares ante las invasiones de los indígenas. Las parcialidades de la margen oriental del Pilcomayo atacaban y saqueaban Colonia Rivadavia y Orán en respuesta al avance de colonos. Como la mayor parte de la Guardia Nacional se hallaba en campaña contra el Chacho, “el Ministro de Guerra y Marina le notifica al gobernador la creación del batallón 8vo de línea para resguardar la frontera oriental.” ^[25] A comienzos de 1864, las comunicaciones sobre la situación militar en Orán adquieren un tono desesperado. Vicente Uriburu informaba que “la guardia nacional de ambas riberas del Bermejo no tienen más armas que 12 tercerolas del estado, 12 lanzas y algunas otras de particulares…” ^[26] Desde Colonia Rivadavia, el jefe político y gran estanciero Melesio Frías se quejaba de que la falta de cuartel obligaba a los pocos soldados a dormir a la intemperie y que apenas podía guarecer el pueblo gracias a media compañía de Dragones. ^[27]

La frontera sur era la región estratégica de la provincia: limitaba con Tucumán y Santiago, era rica en ganados y hombres. Además, Manuel Antonio y José Manuel Saravia habían gobernado Salta durante la última década rosista apoyados en movilización federal y eran oriundos de la Frontera. ^[28] Hacia la década de 1860 era una zona predominantemente ganadera, donde el sistema de haciendas, el peonaje por deudas y otras formas de sujeción de campesinos y pastores a la tierra eran débiles. En los departamentos de Metán y Rosario de la Frontera los pequeños y medianos propietarios controlaban la distribución de la tierra y eran un sector social dinámico y heterogéneo: no estaban sometidos a las grandes estancias ni a regímenes de trabajo basado en relaciones de dependencia personal, criaban ganados y los vendían ellos mismos. Eran una suerte de gauchos arrieros soldados, con gran movilidad geográfica y social: Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero eran sus mercados regionales. Una vez abierta la colonización hacia el este (Departamentos de Anta y Rivadavia) se establecieron como puesteros de propietarios ausentistas, o como colonos en tierras fiscales y convivían con criadores indígenas. Los rumores de sedición y motines también se hacían sentir con fuerza en esta zona donde merodeaban agitadores reclutando hombres y armas. ^[29] El comandante militar de Las Conchas (Departamento de Metán), Sergio Corvalán, avisaba al gobierno que “Son tantas las mentiras que giran que aunque conozco que esta es la arma de los mazorqueros… me hacen creer que la conflagración está en progreso [pues] hasta hoy no he recibido una sola orden para desarmar al enemigo…” ^[30]

Semanas antes de que estallara la rebelión de los Uriburu las autoridades daban cuenta de la situación de inestabilidad general que percibían. El secretario de gobierno, Genaro Feijoó, le informaba al Ministro del Interior nacional que había dispuesto la movilización de la guardia nacional tanto para enfrentar a Peñaloza como para prevenir la sedición que debía estallar en Salta y Jujuy simultáneamente a la invasión del Chacho. Según sus palabras “la insurrección interna ya apareció por una partida de gente armada a 12 leguas de esta Capital…” ^[31] Pocas semanas antes, el mismo Feijoó había prevenido a los jefes departamentales que se mantuvieran alertas, vigilando severamente el orden público, que arrestaran a cualquiera que esparciera voces subversivas y lo enviaran bajo custodia a Salta. ^[32]

En la rebelión de los Uriburu confluyeron diversas protestas de los sectores populares contra el reclutamiento militar, la entrega de ganados y otras arbitrariedades que fueron encauzadas por los comandantes militares y Diputados de la Legislatura en su lucha contra los Uriburu. Una de ellas fue la sublevación del Batallón 8º de Línea en la coyuntura electoral de 1864. Su análisis nos servirá para conocer las protestas de los soldados, las causas de su rebelión contra el gobierno y la creciente injerencia en las elecciones. ^[33]

Sublevados y Montoneras

Los primeros informes sobre la falta de disciplina del Batallón 8º de Línea llegaron desde Jujuy donde se hallaba de paso en su marcha hacia Orán y a Colonia Rivadavia. Recordemos que una parte del 8º terminó uniéndose a la rebelión de los Uriburu y otros soldados a un motín en Anta. El gobernador de Jujuy, Daniel Aráoz, advirtió los peligros que el ejército causaba en su paso por los pueblos y ciudades:

Teniendo en vista la moral y disciplina del batallón de su mando, las cuales se relajarán si el permaneciera hasta la feria de Pascua… [pues] no sería posible impedir que los soldados se entreguen a las reuniones y uso de licor que entonces predominan… agregándose a esto la alarma que ha producido en toda la gente de la campaña la presencia del cuerpo de V.S a pesar de las circulares que he dirigido a los departamentos a fin de que no teman cosa alguna respecto de reclutamientos forzados… ^[34]

Para prevenir estos trastornos Aráoz dispuso que el 22 de marzo el 8º debía retirarse. La resistencia al reclutamiento era una práctica temida por los gobernadores pues podía servir de excusa para encender protestas más amplias en los pueblos e integrar los reclamos populares en la lucha entre elites por el poder político. Unas semanas más tarde las advertencias de Aráoz se hicieron realidad. A mediados de marzo, el jefe del 8º avisaba que

…una sublevación de tropa ha tenido lugar a las dos de la mañana… se han desbandado con dirección a esa ciudad como setenta desertores perfectamente bien armados y municionados, protestando que su único objeto es regresar a Salta, para lo que han elejido dos oficiales, Alejandro Fábregas y Alfredo Wilde… ^[35]

Al otro día el gobernador Aráoz ofrecía una versión más completa de la sublevación:

Los oficiales que no pudieron sofocar el motín fueron atacados por los soldados… abandonaron el cuartel y se han presentado en el Cabildo para conservar el orden con los Nacionales. El señor Coronel [Wilde] cuando asaltaron la casa donde vivía… se evadió por otra puerta y hasta ahora no se sabe su paradero. Andan los soldados armados por las cales con toda la munición que han tomado de la casa del coronel Wilde… Están capitaneados por los sargentos y dicen que quieren su libertad antes que perecer de hambre. ^[36]

Afirmaba no necesitar fuerza alguna porque la Guardia Nacional y los vecinos de Jujuy garantizaban el orden. Sin embargo, al poco tiempo aparecen las reivindicaciones políticas de los sublevados:

…los rebeldes han arrancado su marcha para esa [Salta] capitaneados por los oficiales Fábregas y Wilde a quienes han nombrado para que los encabecen para derrocar al gobno de Salta, según propalan y vociferan. Su número no llega a sesenta hombres… porque se han desvandado muchos en el camino. Este gobierno no ha tratado de perseguirlos en razón a que antes de salir vivaron al gbno de esta Prova y mandaron un emisario [diciendo]: que no tenían la mira de atentar contra los individuos ni intereses de este vecindario, sino de declararse libres y marchar sobre Salta. ^[37]

Por su parte el gobierno de Salta advertía a sus jefes militares que el propósito de los sublevados era proclamar a Isidoro López gobernador. ^[38] Los sublevados se retiraron de Jujuy sin causar disturbios a cambio de ganado para alimentarse. Se dirigieron a Salta pero no entraron en la ciudad sino que rodearon la capital por el oeste y se estacionaron en el pueblo de Chicoana, al suroeste de Salta, en el centro del valle de Lerma. Además de evitar un encuentro directo con la Guardia Nacional, este desvío tuvo otro propósito. El oficial leal al gobierno, Emilio Echazú, avisó que cuando fue a Rosario de Lerma según órdenes recibidas, encontró que su compañía de infantería “Durante mi ausencia se había marchado a Chicoana y se puso de acuerdo con los revoltosos presbítero Emilio Castro Boedo, Rosario Córdoba y Bernardo Peña…” ^[39] Luego Echazú marchó con una parte de sus hombres a unirse al regimiento leal al gobierno al mando de Ramón Zuviría pero “A poco de andar nos encontramos con los amotinados en más de 100 hombres… les hicimos frente y fuimos completamente dispersados, habiendo sido heridos el comandante Arancibia y varios soldados…” ^[40]

Es decir que los rebeldes del 8º provocaron la sublevación de una compañía de Rosario de Lerma a la que se unieron en Chicoana para derrotar a un regimiento leal al gobierno. Después se dividieron y un grupo se refugió en la Frontera para extender la rebelión hacia la zona estratégica de la provincia. A esta altura ya eran reconocidos como una montonera “…quedo instruido que los conspiradores que enarbolaron la rebelión en los Departamentos de Chicoana y Rosario de Lerma, levantando una montonera y cometiendo saqueos y toda clase de violencias…” ^[41]

Después de este primer triunfo, a fines de marzo, el gobierno reunió una fuerza militar mayor para derrotarlos. Tres documentos sobre el triunfo del gobierno cobran relevancia por la información que trasmiten. El primero es una nota de Ramón Zuviría, coronel del regimiento que venció en el Brete a una parte de los rebeldes, quien adjunta una “Relación de jefes, oficiales y tropa que marcharon a sofocar el motín de Rosario de Lerma: 1 teniente 10$; 1 capitán 5$; 1 Ayudante 5$; 3 oficiales 15$; 50 soldados 150$… Habiéndose invertido para el sostén de toda la división a mis órdenes sinco [sic] vacas, dos bueyes y un novillo.” ^[42] Si bien el Reglamento de la Guardia Nacional consideraba que el servicio como un deber cívico, muestra la pervivencia de la costumbre de pagar durante el servicio activo originada en las guerras de la independencia y los tiempos coloniales. ^[43] Pero con la salvedad de que para hacerlo efectivo dependía del aporte y las contribuciones de los comandantes-hacendados y, en tal sentido, refleja la superposición de los grandes propietarios como comandantes militares y deja entrever la escasa autonomía de las fuerzas provinciales con respecto a las facciones políticas provinciales.

La segunda es una carta de José Uriburu, sobrino del gobernador, jefe de las fuerzas leales al gobierno y líder de la falsa revolución. Luego de derrotar a una parte de la montonera, detalla:

El resultado de este combate son tres heridos y dos muertos de los revolucionarios del 8º de línea; 40 prisioneros, muchos fusiles y pertrechos… Hoy permaneceré todo el día haciendo descansar la tropa y esperando la invasión del malvado Gutiérrez, Aniceto Latorre, Martín Cornejo y otros que están nombrando los prisioneros según les había dicho el renombrado Isidoro López… ^[44]

Lo importante aquí es la mención del ex gobernador federal de Tucumán, Celedonio Gutiérrez, y la alianza o unión con líderes de la oposición identificados con los federales y liberales salteños: Latorre, Cornejo y López. Esto también sugiere mayor capacidad en estos líderes para articular sus ambiciones por el acceso al gobierno con los reclamos de los soldados del 8º de línea: falta de pago, elección de sus propios jefes, maltratos, pésimas condiciones de enganche y el prolongado servicio militar. Es entendible que bajo estas condiciones su intervención en las elecciones a favor del gobierno fuera más que dudosa.

La tercera es una carta más extensa que proviene de los valles Calchaquíes. El comandante de San Carlos informa que

...estando en elecciones en el Dpto. de Cafayate… recibí noticia que se habían sublevado dos regimientos en la Frontera… concluida la elección ordené la reunión de las fuerzas de mi mando resultando que no he podido reunir la caballería y la infantería… esta causa se descubre que es por el trabajo que hacen los opositores; entre éstos hay algunos autorizados y la influencia de algunos ciudadanos.

En cuanto a las elecciones en Cafayate no podemos saber cuál sea la lista que triunfa… asegurando que no hay diferencia entre una y otra lista de cinco votos, [pues] el estado de cosas me han obligado a desatender este asunto, y solo me he dedicado a conservar el orden…

…todos los reclamos se han hecho con la más alta justicia a los representantes de la mesa electoral… dando lugar a individuos de la provincia de Tucumán y Catamarca como hábiles para votar y rechazando a los de este Dpto., siendo algunos oficiales… Diré en suma que amenazados todos a ser despedidos de sus arrendos los han hecho desistir de su opinión. ^[45]

Queda entonces comprobada la injerencia de la Guardia Nacional y el Ejército de línea en la política provincial, particularmente, en las elecciones, durante las cuales era preciso movilizar hombres armados para garantizar cierto orden y controlar el resultado. Por lo tanto, elecciones y militarización eran dos caras de un mismo orden político en el que convivían aspectos institucionales (elecciones a diputados) y la pervivencia de rasgos de movilización militar heredada del proceso revolucionario y de las guerras civiles. Tal vez las montoneras fueran la expresión característica de esa forma de hacer política –popular- por fuera de las instituciones. En cambio, las Guardias Nacionales y Ejército de línea se emplearon cada vez más para subordinar esa movilización en función de los intereses de las elites provinciales. Uno de ellos era, sin duda, el control de las elecciones: en la medida que había que destinar tropas para sofocar alzamientos y montoneras su capacidad de intervención electoral se debilitaba y los comandantes militares, que intervenían en los comicios para producir los votos según las disposiciones del gobierno, dudaban de su lealtad. No es casual, entonces, que el análisis de las elecciones se mezcle con la resistencia de los campesinos a enrolarse en la Guardia, o las rebeliones y alzamientos de regimientos del Ejército de línea en contra de las condiciones de esa militarización subordinada o la resistencia a cumplir las instrucciones del gobierno consideradas injustas.

Ahora bien, aparecen aquí algunas características regionales que combinadas con la coyuntura política modificaron o limitaron la forma de intervención del ejército y Guardia Nacional. En la región Calchaquí para obligar a votar a los campesinos arrendatarios la coacción económica-social era suficiente. En esta región la Guardia Nacional organizaba directamente la mesa electoral. Los comandantes militares eran grandes propietarios o estaban emparentados con los hacendados de la región, reforzando su capacidad de control político. En la Frontera, en cambio, gauchos y comandantes protagonizaron la expansión ganadera que consolidó el predominio de medianos y pequeños propietarios mientras aumentaba la importancia política de una zona identificada con la movilización de tradición federal, constitucional y popular.

Derrotados una parte de los sublevados del batallón 8º de línea en el Brete, el capitán Napoleón Uriburu se encargó de purgarlo de oficiales opositores y de neutralizar los reclamos populares contra la intensidad del reclutamiento, servicio y la falta de paga. Para ello, encarceló e hizo azotar en el Cabildo de Salta a los oficiales y reemplazó a su jefe. Luego el mismo Uriburu asumió el mando del batallón Arenales encargado de guarecer la ciudad de Salta. ^[46] Mientras tanto, otra parte de los soldados sublevados del 8º se refugió en la Frontera donde participó de un motín popular que terminó destituyendo al comandante militar del Departamento de Anta. ^[47]

La revolución de los Uriburu

En abril de 1863 cuando el gobernador Juan Nepomuceno Uriburu marchó al frente de los 1.500 hombres que enfrentaron a Peñaloza, el presidente de la Legislatura, Segundo Bedoya, dispuso la movilización de la Guardia Nacional para contener los alzamientos en la Frontera. Las primeras menciones sobre alzamientos fueron simultáneas a esta campaña militar contra el Chacho. ^[48]

En noviembre, la Sala de Representantes se reunió para resolver un pedido del gobernador de otorgarle facultades extraordinarias para contener las sediciones. Merced a los esfuerzos de los diputados constitucionales Isidoro López y Apolonio Ormaechea, varios liberales se les unieron para rechazar la solicitud. El ejecutivo respondió clausurando el periódico opositor y encarcelando a los diputados. Así comenzaba la fractura de los liberales salteños que se volvía irreconciliable a medida que a la pérdida del control de la Legislatura se sumaban los motines, sublevaciones y montoneras. ^[49]

En febrero de 1864, en un clima político cada vez más tenso, se convocó a elecciones para renovar la mitad de la Sala que elegiría al nuevo gobernador. A mediados de marzo comenzaron a armarse las candidaturas para suceder a Uriburu. Según las disposiciones constitucionales, debían concurrir dos tercios de los Diputados propietarios y suplentes, alcanzando la mitad más uno de votos sobre los dos tercios para nombrar nuevo gobernador. ^[50] La familia Uriburu, acusada de funcionar como partido de gobierno, comenzó a perseguir abiertamente a los diputados opositores para amedrentarlos y controlar el nombramiento del futuro gobernador. Bajo el pretexto de “reprimir los intentos del partido personal para encender la anarquía” el gobernador hizo allanar la casa de José Ormaechea donde funcionaba el periódico opositor La Actualidad, encarceló a los diputados Isidoro López, Román Anzoátegui y José L. Aráoz, trasladando presos a Anzoátegui y Ormaechea a Tucumán sin orden judicial. ^[51]

En abril de 1864, el gobernador Uriburu le escribió al de Jujuy informándole que sabía que los cabecillas se encontraban refugiados en esa provincia desde donde alentaban las sublevaciones. “…según se asegura, se encuentran el presbítero Emilio Castro Boedo, Bernardo Peña, Isidoro López y José L. Araoz, que se han fugado de esta provincia… los tres primeros han sido los cabecillas del motín estallado en Rosario de Lerma y Chicoana…” ^[52] Le solicitaba que los aprese y vigile hasta que sean extraditados a Salta.

Mientras tanto, el gobierno ordenaba que se repitieran las elecciones de representantes en los departamentos de Rosario de la Frontera, Metán, Cafayate y Chicoana, alegando errores de procedimiento, con la intención de modificar a su favor la composición de la Legislatura cada vez más adversa. En respuesta, varios comandantes militares notificaron dificultades para reclutar a sus tropas, las licenciaban y renunciaban. ^[53] Enfrentado con buena parte de los diputados, los comandantes militares y jefes departamentales, el gobierno terminó por replegarse sobre su círculo familiar, nombrando a José Uriburu coronel de la Guardia Nacional y a Vicente Uriburu Teniente gobernador de Orán. Durante todo el mes de abril la Legislatura no pudo reunirse debido a las intimidaciones de los oficiales del 8º de Línea, que llegaron a asistir a las sesiones para amenazar a viva voz a los diputados para que eligieran a José Uriburu gobernador. ^[54]

A partir de mayo los acontecimientos se precipitaron. Agotado el plazo estipulado por la Constitución, se sancionó una ley que convocaba a todos los Representantes los días 8, 9 y 10 de mayo para la elección del nuevo gobernador. Los liberales que apoyaban la candidatura de Uriburu no tenían mayoría en la Legislatura. Por lo tanto, asumiría Bedoya como gobernador provisorio en calidad de Presidente de la Sala, se impondría la candidatura de Cleto Aguirre, o bien se convenía en un candidato de conciliación como Juan Pablo Saravia. Ninguna de estas opciones conformaba a José Uriburu quien se decidió por la vía revolucionaria, empleando a los soldados del 8º de Línea y al Batallón Arenales de la Guardia Nacional. ^[55]

Debido a la sublevación del 8º, Diego Wilde había sido reemplazado por el mayor Emilio Alfaro como su nuevo jefe y los sublevados suplantados por milicianos de San Carlos y Cafayate reunidos por Aniceto Pérez. ^[56] Ante la negativa de la Sala a elegir a otro Uriburu como gobernador, ambas fuerzas clausuraron la Legislatura. Los diputados decidieron reunirse en la casa del presidente de la Sala, Segundo Bedoya. El 8 de mayo, avisado por la policía, un pelotón de soldados del 8º irrumpió en la casa, arrestó y encarceló a los diputados en el Cabildo. En el ínterin, el Batallón Arenales simuló deponer al gobernador Juan Nepomuceno Uriburu arrestándolo en su casa y nombrando a su sobrino, José, gobernador interino. Durante los días siguientes continuaron los desafueros y violencias contra los opositores a manos del capitán Luis E. Borelli, por lo que la ciudad fue quedando vacía. ^[57]

El 12 de mayo comenzaron a circular rumores en la ciudad: los departamentos linderos a Salta se habían levantado contra los Uriburu y se concentraban al norte de la capital. Francisco Centeno, comandante militar de Cerrillos (Depto. que limita al sur de la Capital) comenzó la movilización hacia la ciudad. Lo mismo sucedía en Campo Santo, al este de Salta, donde uno de sus principales hacendados, Alejandro Figueroa, encabezaba el alzamiento. Bedoya había logrado escapar de prisión, establecía su gobierno en el pueblo de La Caldera (24 km. al norte de Salta) y comenzaba a formar su gabinete. ^[58] Así fue como funcionaron dos gobiernos, el revolucionario dirigido por José Uriburu en la ciudad de Salta y el legal por Segundo Bedoya en La Caldera.

Comenzaba entonces la resolución militar del conflicto político larvado desde tiempo atrás. El primer paso fue proveer de recursos al gobierno legal para financiar la movilización militar. La deuda pública para proveer de armas, pertrechos y ganados a las tropas constitucionales que alcanzaron a levantar una fuerza de 1.500 hombres llegó a casi 25.000$b. ^[59] El aporte fundamental provino de los Valles Calchaquíes donde Pedro José Frías formó una columna de alrededor de mil hombres. El primer enfrentamiento se produjo el día 17 cuando el coronel Alejandro Figueroa derrotó a los revolucionarios al mando del capitán Borelli. Para finales de mayo el movimiento revolucionario quedó sitiado en la ciudad y sus posibilidades de sobrevivir dependían del auxilio de los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero. ^[60]

Otra batalla se libraba entre los gobernadores y el ejecutivo nacional para presentar la situación como una rebelión de los federales contra el partido liberal y lograr la intervención del presidente. Era una competencia epistolar entre las elites locales y regionales. Juan N. Uriburu escribía a fines de marzo al gobernador de Santiago del Estero, Manuel Taboada que los desbordes de la prensa alentaron a los anarquistas y hasta

…el coronel Wilde instigado por su hijo político Isidoro López entró también en la conspiración [e] hizo se sublevara la tropa que a sus órdenes tenía en la ciudad de Jujuy. … simultáneamente se levantaron los Dptos. de Chicoana y Rosario de Lerma, encabezando la sublevación el coronel de Urquiza, Manuel G. Reyes… ^[61]

Pero a pesar de la situación militar adversa, todavía aseguraba contar con los medios para triunfar. Sin embargo, poco después José Uriburu le confesaba a Anselmo Rojo:

…no desconocerá los inconvenientes de que está rodeado este gobierno, sitiada como se encuentra esta ciudad y sin noticia alguna por cuanto los enemigos han cortado la comunicación…. A esto se agrega la sublevación de la frontera de Metán a donde se marcha el caudillo Aniceto Latorre… Esta situación bastará para convencer a V.S de la necesidad de la intervención armada que tengo pedida al Gbno. de Tucumán y Santiago [para] que restablezcan la tranquilidad pública alterada, garantiendo al partido liberal de las tentativas reaccionarias de los caudillos. ^[62]

Su pedido de auxilio encerraba una estrategia arriesgada, la de presentar su derrota como el resultado de una conspiración de los caudillos federales del Norte. Además, escondía el profundo aislamiento en que se encontraban los Uriburu respecto a las elites políticas locales, tanto liberales como constitucionales. Por lo tanto, pusieron en juego sus relaciones con el poder central a través de familiares y parientes. Anselmo Rojo era primo hermano de José Uriburu. Había sido nombrado Jefe del Ejército Nacional del Norte y era Senador nacional por Salta junto a Pedro Uriburu. La inserción del clan Uriburu en el gobierno nacional se completaba con Evaristo Uriburu como diputado nacional junto a Benjamín Zorrilla, a su vez casado con una de las hijas de José Uriburu.

Los pedidos de ayuda militar al gobierno de Santiago se repitieron en tono cada vez más desesperados. “Creo que Ud. podrá influir con el gobierno de Santiago para que intervenga haciendo penetrar fuerzas por la frontera más próxima de esta Prova… teniendo en cuenta que serán debidamente pagadas por este gobierno.” ^[63] No obstante, Posee y Taboada ya habían sido advertidos por Mitre de evitar cualquier auxilio a los revolucionarios. ^[64] El presidente había desaprobado la revolución de los Uriburu y semanas más tarde previno a Rojo:

…los que han creado la situación violenta son los mismos hombres del partido liberal que han empeorado su causa al producir una revolución contra el orden legal de Salta, dando toda razón al partido contrario que permanece en la senda de la ley y ha conquistado las simpatías generales… El gobierno nacional no ha podido dar a Ud. otras órdenes sino la de observar la más severa abstención en dichos sucesos, así como la de las fuerzas nacionales que estuvieran a sus órdenes… ^[65]

Aislados políticamente, desaprobada su rebelión por el presidente y calificados de sediciosos por el Senado, la derrota militar de los Uriburu era cuestión de tiempo. La diferencia de recursos y hombres a favor de las fuerzas legales que sitiaban la ciudad anunciaba que su derrota era inminente. Algunos revolucionarios, atrapados en la ciudad sin alimento e incomunicadas, comenzaron a desertar y a pasarse de bando. Las mujeres sacaban paquetes de munición escondidos en las faldas para llevarlos a las tropas legales. A fines de mayo, las tropas constitucionales entraron a la ciudad de Salta recibiendo un nutrido fuego del que resultaron 25 hombres heridos, entre ellos Guillermo Wilde, antiguo jefe del 8º de Línea. Luego de varios combates con los cochinchinos casi toda la ciudad estaba tomada, salvo la plaza fortificada. ^[66] Reagrupadas las fuerzas legales, en la madrugada del 4 de junio ocuparon la ciudad y emprendieron la captura de los fugitivos, logrando prender a varios con excepción de José Uriburu y el mayor Emilio Alfaro. El 6 de junio las tropas constitucionales desfilaron triunfantes por la ciudad que los recibía como héroes. ^[67]

El mayor levantamiento contra el intento de formar un gobierno de familia se prolongó algunos años más. ^[68] Una vez instalado el gobierno provisional de Bedoya, se destituyeron a los funcionarios que apoyaron a los revolucionarios: Francisco Uriburu, José Uriburu, José Hilario Carol, Pedro José Pérez, Aniceto Pérez, Juan Navea y Desiderio Ceballos. Todos ellos eran miembros de la extensa red de parientes, amigos y clientes de los Uriburu. Semanas más tarde se convocó a elecciones para su reemplazo. Comenzaba la ardua tarea de desmovilizar a la Guardia Nacional, reemplazar a comandantes militares y renovar los cuadros administrativos. La Sala de Representantes mantuvo un papel central por su apoyo al gobierno provisional de Bedoya y en la elección en agosto del nuevo gobernador Cleto Aguirre. ^[69]

Las noticias provenientes de Tucumán respecto de la libertad de los cabecillas pusieron en alerta al gobierno de Aguirre y a los jefes militares para que vigilaran las fronteras. Desde Cafayate un parte informaba que

…el ex coronel Aniceto Pérez llegó al Dpto. de San Carlos…y hoy se sabe que se hayan en Colalao esparciendo voces subversivas tendentes a desquisiar el orden en estos Dptos… se sabe que se hayan en Colalao el ex jefe político y algunos Uriburus trabajando en el mismo sentido y con iguales pretensiones…: ofrecen doce pesos de enganche y tres días de saqueo en caso consiguiesen tomar estos puntos… ^[70]

Esta información revela la manera en que los Uriburu, a través de jefes militares y políticos, alentaban la movilización facciosa de gauchos ofreciendo a cambio dinero y pillaje.

Reflexiones Finales

En estas páginas hemos visto cómo en la década de 1860, si bien la política provincial adquirió un desarrollo institucional en torno a las elecciones, la Legislatura y la prensa, las fuerzas militares mantuvieron una importancia central asociadas a estas. Por un lado, la Guardia Nacional acentuó su control sobre las elecciones; por el otro, el ejército de línea intervino cada vez más en función de una lógica facciosa y a menudo revolucionaria con capacidad para interrelacionar política provincial y nacional. En consecuencia, no es casual que las sublevaciones y motines protagonizadas por el recién creado Batallón 8º de línea y las guardias nacionales coincidieran con las elecciones, pues se convirtieron en parte en recursos de las elites políticas en su lucha entre notables por alcanzar el gobierno de la provincia.

Entre 1853 y 1870 la inexistencia de un ejército nacional expresaba una fuerza militar formada por la reunión de guardias nacionales. Esta característica, a su vez, se reproducía en los ejércitos provinciales. Al igual que a escala nacional, las fuerzas militares de cada provincia se formaban a partir de la reunión de guardias nacionales levantadas en los departamentos. Los comandantes militares repartían su lealtad entre el poder ejecutivo y las redes políticas que controlaban la Sala de Representantes, pues sus funciones a menudo se dividían entre el mantenimiento del orden y el reclutamiento de votantes para las elecciones. Todos los años la renovación de la Legislatura era una instancia clave para definir la elección del gobernador y los jefes militares se asociaron más a menudo a la suerte de los representantes que al gobernador, pues el poder legislativo tenía amplias facultades sobre el ejecutivo. Esta característica limitó la autoridad del ejecutivo provincial y tal vez lo empujó a buscar apoyo en las agencias nacionales como el Ejército de línea. La expansión del estado nacional, no obstante, provocó una paulatina autonomía de la lógica facciosa en un doble sentido. Por un lado, el presidente desaprobó la revolución de un partidario suyo; por otro lado, el Batallón 8º de línea escapó al control de los Uriburu y liberales salteños. Por lo tanto, la apelación facciosa no pudo ser empleada con éxito para deslegitimar el alzamiento contra los Uriburu. Al contrario, los federales se movilizaron en defensa de la ley –sus tropas se apodaron constitucionales- y el movimiento fue contraproducente como oportunamente observó Mitre. A partir de 1866, varios de los oficiales enfrentados en la rebelión de los Uriburu lucharon juntos en el frente paraguayo: Napoleón y José María Uriburu -liberales-, Aniceto Latorre, Juan Solá y Martín Cornejo -constitucionales-. Este proceso se aceleró entre 1867 y 1868 en ocasión de las montoneras de Felipe Varela derrotadas a manos de los oficiales del Ejército de línea, demostrando la creciente interrelación entre las agencias del estado nacional y los conflictos políticos que amenazaban a las elites provinciales. ^[71]

Al interior de la provincia se produjo un proceso de subordinación del poder militar a las instituciones. A finales de 1864, bajo el gobierno de Cleto Aguirre y Francisco José Ortiz como Ministro, se creó la Inspección general de Armas de la provincia, órgano que comenzó a centralizar todos los cuerpos de la Guardia Nacional, serenos y piquetes (vigilaban el radio urbano) al mando del coronel Juan Solá. Conjuntamente, se organizó la Oficina de Estadística y Topografía que realizó el primer censo provincial de 1865 y que levantó los primeros catastros territoriales y mobiliarios precisos.

Pero por otra parte la militarización tuvo otras consecuencias. Las relaciones establecidas entre diputados, comandantes militares y jefes departamentales, tanto para el control electoral como para el reclutamiento de hombres y recursos, supuso la negociación con sectores más vastos de la población. La resistencia de campesinos, peones y artesanos a las levas militares y la provisión de ganados; las protestas por la falta de paga, el servicio prolongado y las condiciones de enganche, la elección de sus propios jefes y autoridades; las prácticas de motines y sublevaciones, todas ellas refieren a formas concertadas de construcción política destinadas a desaparecer. No obstante, el predominio de la militarización durante estas décadas obedeció a cierta capacidad para integrar demandas populares en los conflictos políticos entre notables, erosionando los enfrentamientos puramente facciosos. Las sublevaciones y montoneras analizadas, reflejan las coaliciones sociales que se movilizaron contra los Uriburu sobre la base de algunas ideas más o menos compartidas: apelación a la libertad, a participar del gobierno y el derecho a rebelarse contra un gobierno ilegítimo capturado por una familia. Sin embargo, ese conjunto de ideas compartidas no excluyó el empleo de relaciones jerárquicas basadas en vínculos de dependencia personales y/o familiares para reclutar tropas, sobre todo en los valles Calchaquíes. A pesar de ello, abren una ventana a la participación popular en la política salteña del siglo XIX.

Por último, esta militarización se asentaba en una politización previa de soldados y milicianos reconocidos como ciudadanos desde 1853. Creemos que en algunos casos, estas experiencias compartidas durante años entre notables, jefes militares y gauchos lograron asociar demandas populares a una tradición política. En la Frontera, debido a las características sociales señaladas, la cercanía entre gauchos y estancieros terminó construyendo una identidad política compartida, empleada en los momentos históricos más importantes de la provincia. Esa tradición, devenida en cultura política hacia 1860, integraba componentes del federalismo en la tradición constitucional y popular por la que se habían levantado los gauchos de la Frontera. Tal vez, fue una de las últimas ocasiones en que los notables se asociaron a las guardias nacionales para restablecer sus posiciones de poder. En lo sucesivo, el papel creciente del Ejército nacional determinaría que los motines, sublevaciones y montoneras fueran inútiles para modificar las situaciones políticas locales.

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Notas