Luchas por la nación y el poder

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) implicó para la República de Panamá el inicio y desarrollo de un grupo pugnas de poderes entre los Estados Unidos y las oligarquías locales. Se trató de un grupo de conflictos por el control y la explotación del Canal interoceánico, entre otros procesos sociales. Dicha confrontación nos muestra en retrospectiva histórica otro tipo de escenario descolonizador, el de la defensa del nacionalismo en países del llamado Tercer Mundo que, sin llegar a ser formalmente colonias, como los vistos en la primera parte, también fueron dominados por potencias que fungieron en la práctica como metrópolis.

Uno de los orígenes del conflicto interno se ubica en la pérdida de vigencia del convenio de base, firmado en 1942 entre el gobierno de Estados Unidos y el de Panamá; documento que obligaba a los primeros a desmantelar los sitios de defensa conferidos y legalizados bajo el referido acuerdo. Sin embargo, el interés de los Estados Unidos de mantener una presencia militar de manera prolongada condujo a la negociación y a la firma del convenio de base “Filos Hines”. Este era un acuerdo que le permitiría a los Estados Unidos conservar tropas militares en treces sitios considerados como críticos para la defensa del Canal.

El nuevo documento generó reacciones airadas en contra del gobierno de Enrique A. Jiménez, presidente panameño en ese momento, y de la prolongación de los sitios de defensa que se mencionaban en su articulado. La Federación de Estudiante de Panamá, el Magisterio Panameño Unido, la Asociación de Profesores de la República y el Frente Patriótico de la Juventud, constituyeron el núcleo opositor y popular a los intentos de prolongar la presencia norteamericana en nuestro país, concitando multitudinarias manifestaciones las cuales culminaron con varios enfrentamientos entre dichas organizaciones y otras fuerzas progresistas contra la Policía Nacional.

La situación produjo que las élites gubernamentales justificaran la actuación de la Policía Nacional en contra de los grupos organizados, con el interés de garantizar más allá de los acuerdos citados la presencia estadounidense en el territorio panameño. El presidente Jiménez abordó el tema bajo los parámetros de la lógica de los Estados Unidos. En este sentido, Thomas Pearcy (2009), en su ensayo La generación del 31; patriotas y pretoriano, resaltó los siguientes argumentos:

“El mandatario panameño trató de justificar las acciones del 12 de diciembre por parte de la Policía Nacional dentro del marco de la defensa

hemisférica y la retórica de la Guerra Fría. Según el jefe de la policía, por ejemplo, escuchó entre los manifestantes, “Yo supe que se había conocido agitadores que indudablemente obedecían ordenes de Moscú. Ellos instigaron a los jóvenes a voltear automóviles frente al teatro Cecilia, a poner barricadas en las calles y a subir al balcón en donde el Partido Comunista tenía su oficina y desde allí arengar a los estudiantes, entonces, Celso Solano, Secretario General del Partido Comunista de Panamá era uno de esos instigadores que a su vez llevaba la bandera soviética”.

Los hechos señalados por este autor nos demuestran el papel que jugaron los sectores oligárquicos y la Policía Nacional en contra de los movimientos de reivindicaciones populares y nacionalistas, que cobraban fuerzas en nuestro país por entonces. Asimismo, explican la génesis de otra confrontación entre el representante oligárquico, coronel José Antonio Remón Cantera, y los sectores organizados de la sociedad panameña del momento.

En ese entramado fue notoria además la alianza entre el movimiento estudiantil con la clase obrera, los trabajadores de la educación, las organizaciones campesinas y las capas medias. Todas crearon un contundente rechazo al convenio Filos-Hines, de diciembre del 1947, y que de manera abrumadora y unánime marcaría un hito de distanciamiento irreconciliable entre la oligarquía, los Estados Unidos, la Guardia Nacional, por una parte, y el movimiento popular panameño, por otra.

Reacciones, rechazos y pugnas

Como consecuencia de estos acontecimientos, la vida panameña entró en una fase que podemos llamar, la lucha por el poder desde los discursos

nacionalistas, en donde diversas fuerzas de la oligarquía se van a disputar el solio presidencial, sobresaliendo entre estas, las candidaturas de Domingo Díaz y la de Arnulfo Arias Madrid. Luego de diversas confrontaciones, ataques e intento de golpe de estado, la disputa culminó con la designación de Domingo Díaz como presidente de la República, en julio de 1948. Su adjudicación se produjo después de un escrutinio que se prolongó por más de dos meses y que generó airadas protestas por parte de Arnulfo Arias y sus seguidores, las cuales no surtieron ningún efecto debido al respaldo de la Policía Nacional a la terna encabezada por Domingo Díaz.

El ascenso de Díaz, el 1ro. de octubre de 1948, se prolongó hasta julio de 1949, cuando por problemas de salud solicitó una licencia, siendo designado Daniel Chanis como presidente encargado, quien posteriormente se convertiría en presidente constitucional, luego de la muerte de Díaz. La gestión gubernamental de Chanis rápidamente entró en contradicción con el cuerpo castrense dirigido por coronel Remón Cantera, y también con sectores de la oligarquía. El argumento inicial de la discordia fueron los escandalosos negocios de la industria de la carne, los cuales motivaron una investigación y la decisión del mandatario de la república de destituir a la cúpula militar. Esta decisión fue una postura que asumió el presidente Chanis con jerarquía indomable, como ningún otro mandatario lo había hecho hasta ese momento. La situación provocó la reacción el cuerpo armado, el cual, en un acto insólito, desconoció la decisión ejecutiva y solicitó la renuncia irrevocable del presidente. Lamentablemente el ejecutivo accedió a la misma luego de encontrarse sitiado por las fuerzas policiales aliadas a Remón.

Es sintomático resaltar que estos mismos miembros del aparato, que habían jurado semanas atrás lealtad al gobierno de Chanis, tiraron por la borda esos acatamientos formales, reafirmando el papel decisivo del jefe policial, el coronel

Remón. De ese modo, dejaron en evidencia el rol protagónico de las fuerzas policiales en la toma de decisión de los rumbos de la nación istmeña.

El golpe de estado a Chanis fue santificado por la elite de la oligarquía adepta a Remón. Sin embargo, la reacción de la Asamblea Nacional, posterior a los señalamientos del expresidente Chanis, abrió nuevos episodios sobre la legalidad o no del orden constitucional. A tal punto que el cuerpo legislativo ratificó al expresidente como presidente legítimo de la república. En un acto simbólico, la Asamblea, después de ratificarlo, lo acompañó hasta la presidencia de la república. En el traslado se encontraron con una fuerte oposición de la Policía Nacional, la cual no titubeó en usar sus efectivos en contra de los manifestantes. El diferendo constitucional, posterior al 20 de noviembre de 1948, hizo más profunda las contradicciones entre los sectores oligárquicos aliados de la policía nacional y el movimiento popular; este respondió con la paralización de las actividades docentes, comerciales, industriales y profesionales del país. Sus estructuras organizadas no dudaron en exigir su apoyo irrestricto a la restauración

del orden constitucional.

Algunos ejemplos de tales acciones fueron los siguientes: -el magisterio panameño unido consideró necesario la lucha por la restauración del orden constitucional; -los educadores secundarios cuestionaron la injerencia de la policía en las decisiones de la conducción política del país; -el profesorado universitario fue más allá y solicitó la renuncia de los comandantes José Antonio Remón, Bolívar Vallarino y Saturnino Flores, rechazando así el rol del poder militar en las decisiones del ejecutivo; por último, la Asociación Médica Nacional y sectores de enfermeras, emitieron señalamientos coincidentes con los otros sectores en la misma dirección de cuestionar la ruptura de las normativas constitucionales del país.

Ante las contradicciones y la efervescencia de los principales grupos organizados de la sociedad panameña, el presidente de la república Roberto Chiari, en un intento de justificar su estadía en la presidencia, emitió un comunicado de prensa en el cual manifestó que su designación se basaba en principios jurídicos y constitucionales, además expresó que no aceptaría rectificaciones tardías; y agregó, que la historia no lo perdonaría por hacer esto. Finalizó con un llamado a la unidad nacional para la reconstrucción del país al lado de estrictos lineamientos civiles.

Pese al llamado del presidente Chiari, se continuaron generando confrontaciones y opiniones de diversas naturalezas sobre la vida social y la política de Panamá en ese entonces.

En ese orden, es necesario valorar los diversos señalamientos o posturas que explican el porqué de las contradicciones ideológicas, políticas y sociales entre la rancia oligarquía y el movimiento popular panameño en un periodo histórico donde tal proceso incidió directamente en las proyecciones nacionalistas de un país marcado por políticas de dominación metropolitanas.

Las contradicciones antes mencionadas también fueron el fruto de las políticas de carácter colonial, sin denominarse formalmente así, entre Estados Unidos y Panamá. Como se observó en la primera parte de este libro, el principio de los dominados de estirpe romana divide y vencerás, fue aplicado a los países coloniales examinados. En Panamá, sus reflejos pueden ser encontrados en las divergencias entre sectores populares y élites oligárquicas de aquellos años. Los hechos a presentar así lo demuestran.

El periódico La Nación, propiedad de José A. Remón y Temístocles Díaz, un día después de consumado el golpe de estado, publicó el lunes 21 de noviembre de 1949 en su editorial la siguiente justificación:

“Tras un intenso periodo de transición cuyos detalles han sido ampliamente conocido por la ciudadanía en las informaciones periodística se produjo en la madrugada del domingo 20 de los corrientes un cambio de gobierno que exaltó a la primera magistratura del país al segundo vicepresidente de la república, señor Don Roberto F. Chiari.

Las circunstancias especiales en las cuales se han desenvueltos los acontecimientos entran a la órbita compleja y azarosa de la política, y tiene como sello distintivo la imprevisibilidad que caracteriza toda contingencia en ese embarazoso y accidentado terreno.

Querer despojar a la política mediante pulidas elucubraciones teórica, de sus enigmáticas características, sería tan fluctuoso como pretender que radicar de la naturaleza humana los sedimentos y volitivos que se han asentado en sus íntimos estratos de los orígenes de la humanidad.

Frente a la sucesión de hecho que muchas veces vienen en garzazos por designios caprichoso y en no pocas ocasiones escapan al arbitrio y ala visual de los principales protagonistas no pueden los pueblos detener el cauce eterno de su evolución, pues esa facultad de supervivencia a los más radicales fenómenos y a las más diversas convulsiones reside la esencia vital de la colectividad.

El arribo de Roberto F. Chiari a la primera magistratura mantiene uniforme e imperturbable el ritmo constitucional, que a diferencia de otros países americano, ha sido turbado en coyuntura cruciales como la nuestra y que dio nacimiento a regímenes de actual vigencia, pese a su controvertida fisonomía.

Así debe comprenderlo el país al enjuiciar con imparcialidad el gabinete integrado por el presidente Chiari y debe su gesto, así como el de sus amigos ser apreciado en su intrínseca valoración por quienes han sido llamados a cooperar en el gobierno que se inaugura, a fin de sobreponer el

patriotismo y la sinceridad a los resquemores del pasado y a las tentadoras y persistentes iniciativas del egoísmo personal

Se inicia, el nuevo gobierno bajo los auspicios de la sinceridad de la cooperación y la confraternidad nacional, listo para enrumbar sus pasos por los senderos de aleccionadoras experiencias, en las cuales desempeñaran función primordial la ecuanimidad y la buena voluntad de sus gestores”.

Es evidente que a través del diario oficialista La Nación se estableció una línea de comunicación constante a favor de la policía nacional y de los liberales, que auparon el golpe de estado y violentaron el orden constitucional. Como muestra de lo anterior podemos citar la parte final de otro editorial publicado en La Nación el 21 de noviembre de 1949, titulado Nuevo gobierno, el cual manifestaba, “Este rotativo ofrece su aporte a la causa del país y del liberalismo en general, reitera al presidente Chiari los votos más fervorosos por el éxito rotundo y fructífero de su gestión administrativa.”

Cabe destacar que en su continuo objetivo de justificar la acción policial y la del partido liberal el diario La Nación publicó al día siguiente, el 22 de noviembre de 1949, en su sección editorial, bajo el título Hablen claro, lo siguiente:

“La suplantación de un gobierno que había entregado su facultades ejecutiva a elementos desvinculados de la administración que desconoció lamentablemente sus compromisos de lealtad para con el partido que hizo posible su nacimiento que dedicó un tiempo precioso para la reconstrucción nacional en inútiles coqueteos con los enemigos irreconciliables de la república, no puede causar emoción popular como pretenden hacerlo ver unos cuantos que por otra parte se mantienen ácidos al engranaje del nuevo gobierno por mucho entre que es productivo.

Lo honrado, lo leal, y lo decente es definirse ante una situación creada sin tanteos mercantiles y cooperar con patriotismo a vigorizar los propósitos constructivos del nuevo gobierno, o en caso contrario, hablar alto y claro para despejar cualquier incógnita y prevenir cualquier confusión.”

En ese incansable peregrinar político, los sectores liberales y la Policía Nacional intentaban a toda costa justificar lo injustificable, la ruptura del orden constitucional y así lo expresó un nuevo editorial de La Nación del 23 de noviembre de 1949 titulado, Serenidad y cordura:

“El liberalismo panameño que reúne en sus filas la mayoría absoluta en la república, no debe dejar sus posiciones en manos de los adversarios irreconciliable del partido, que se prepara con fruición a introducir el caos y el desconcierto en sus huestes con el funesto propósito de provocar la división.

Es necesario estar alertas para no dejarse sorprender por los voceros desenfrenado de la reacción que ahora sonríe beatíficamente y abren los brazos a quienes más tardes piensas aplastar sin miramiento alguno.

Es indispensable conservar la serenidad a todo trance para no caer en las redes hábilmente tendida por los encarnizados enemigos del gran partido liberal, cuya pujanza y solidez ha sido siempre dique y franqueable a sus desmesuradas ambiciones.”

El diario La Nación, en publicación del 23 de noviembre de 1949, es decir, ese mismo día, prosiguió hilvanando sus planteamientos y agregó elementos de carácter ideológico con el fin de descalificar a los adversarios al expresar:

“Harmonio Arias, Samuel Lewis, José Isaac Fábrega y el comunismo vocifera en todos los tonos calificando al gobierno de Chiari como un régimen de fuerzas.

Tendríamos que señalar que sus reacciones fueron el resultado de la postura de diversos sectores de la sociedad civil en torno a la coyuntura del momento.

La Federación Sindical de Trabajadores en la cual expresa su decisión de exigir la vuelta del régimen civil y se adhiere al movimiento de resistencia civil.

Por su parte la federación de estudiantes de Panamá expresa a través de su voceros Carlos Calzadilla, José de las Rosas Castillo, Rodrigo Molina entre otros expresaron a la comunidad universitaria el logro en el desarrollo de la huelga general de los brazos caídos que se estaban realizando en todo el país continuaría en pie hasta tanto los comandante de la policía nacional presentaran su renuncia a los cargos ocupados también expresaron que los jefes de las fuerzas públicas eran responsable de los bochornosos actos en la capital durante los últimos días por su parte el magisterio panameño unido emitió un comunicado que expresa su punto de vista sobre la resistencia cívica nacional planteada luego de del golpe de estado contra el presidente Daniel Chanis y cuyo objetivos busca la separación de los comandantes de la policía nacional,

agrega el documento la conducta del magisterio Panameño Unido ha sido inspirado en el más sincero intereses de patriotismo y respeto a las leyes no es la primera vez que el magisterio panameño unido lucha para que prevalezca el imperio de la ley cuando un solo plumazo se eliminó la constitución de 1941 y se dejó al país sin ninguna protección constitucional el MUP en unión con los estudiantes y el frente patriótico de la juventud elevó su voz de protesta por semejante ataque a los principios democráticos y clamo por el retorno a los cauces constitucionales.

Como Educadores no solo debemos circunscribirnos a nuestros radios de acción a las aulas, sino que también estamos obligado a encausar la opinión pública.

Hacia el respeto y acatamiento te las leyes para contribuir a hacer de Panamá un país verdaderamente celoso defensor de sus derechos el MUP declara enfáticamente que el paro decretado por el comité nacional de resistencia cívica desde sus comienzos tuvo como único objetivo la separación de los comandantes del cuerpo de policía nacional, pues la permanecía de dichos señores en su puesto implica un reto a los principios constitucionales de la república. Este movimiento es demasiado grande y honrado para que se le quiera mezclar con movimientos que solo perciben intereses personales o de partidos. En vista de esta situación que provoca la huelga no ha cambiado el MUP y continúa en el paro decretado el 23 de noviembre de 1949.”

La confrontación quedó evidenciada entre la oligarquía panameña y el movimiento popular durante los acontecimientos de noviembre de 1949, quedando explícito con las diversas citas periodísticas presentadas aquí. Estas significaron el factor detonante que explica a su vez la dimisión del presidente Roberto Chiari, el 24 de noviembre del año en mención, luego de la consulta efectuada la Corte Suprema de Justicia al establecer esta su condición de presidente constitucional. No obstante, la situación condujo a un nuevo accionar de la Policía Nacional, encabezada por José Remón Cantera, cuando de manera sorpresiva y un acto insólito consideró declarar presidente constitucional de la república al doctor Arnulfo Arias Madrid, luego de un inesperado reconteo de votos.

Los activismos del movimiento popular y de prestantes figuras de la época, dejaron evidenciados el rol protagónico y decisivo de la Policía Nacional en las decisiones del manejo oligárquico de la figura del ejecutivo panameño. Las maquinaciones de la élite istmeña en torno a ese suceso también fueron

denunciadas por el periodista Eduardo Ritter, en su columna Vértice, del periódico La Estrella de Panamá, en la edición del día 24 de noviembre de 1949:

“Incuestionablemente el Dr. Arnulfo Arias obtuvo el triunfo electoral en 1948, y anoche el exteriorizado júbilo del pueblo rubricó la verdad de su popularidad.

Yo podía perderme hoy en la urdimbre de vítores al Dr. Arias y escribirle una luenga página laudatoria al nuevo presidente: Me identificaría así con una mayoría abrumadora del país.

Pero mi conciencia de hombre honrado no puede permitir que, tras la evidente popularidad del Dr. Arias se pretenda tender una cortina de piadoso olvido a una sucesión ignominiosa de crímenes y atropellos. Mi conciencia de periodista responsable no puede permitir que, tras la verdad de una firme ascendencia sobre las masas, José Antonio Remón justifique su menosprecio olímpico al fallo de la corte suprema de justicia que establece que el presidente de la República es el Dr. Daniel Chanis Jr., su desdén por la vida de niños y anciano, su omnipotencia soberbia y engreída.

¿En virtud de qué derechos José A. Remón quien quite y pone presidente? ¿En virtud de que derecho fue él con el país como si se tratase de una res de su exclusiva propiedad? ¿En virtud de que derecho es el que se presenta ante la faz de un país que le aborrece a traerle un presidente? Qué no se juegue más con la república, que no se elasticen más sus leyes, que ya no se mistifiquen más sus instituciones. La ascensión al poder del Dr. Arias es un golpe de estado que indudablemente ha merecido el

jubiloso respaldo nacional.

Pero que no se diga que es un acto constitucional porque ello equivaldría a decir que la constitución es José A. Remón.”

Por su parte, el periódico El Panamá América, en su editorial del 25 de noviembre de 1949, señaló el ascenso de Arnulfo Arias y tres esperadas renuncias de funcionarios implicados en los acontecimientos:

“Los comandantes de la policía deben ahora más que nunca para liquidar este problema definitivamente y en aras de la paz nacional presentar sus renuncias y revocables. No hay dudas de que fueron ellos los que provocaron los últimos acontecimientos que tantas calamidades han producido en la vida interna del país y tanto descrédito han significado para la República en su vida internacional. Repetimos, será difícil obtener la paz y la fraternidad nacional mientras continué en su cargo los protagonistas del último acontecimiento y no se crea que medien pasiones pasionales en lo que acabamos de afirmar absolutamente. No hemos experimentado nunca esos innobles sentimientos. Pero sostenemos que si los comandantes Remón, Vallarino y Flores le ofrecieron lealtad al expresidente Chanis y este por razones que ha explicado después por medio de extensos manifiestos dirigido al país dispuso separarlo de sus posiciones los aludidos militares han debido acatar la orden del superior y no, en gestos lleno de soberbia, derrocarlo y continuar ejerciendo sus funciones como si fueran propietario de la República. Por esa desobediencia inconcebible y condenable contra el principio de autoridad; por el dolor que hay en muchos hogares panameños; por el ejemplo funesto que han ofrecido los comandantes deben renunciar. Si ello no ocurre no tardaran en tener intimidadores y la república seguirá en forma velada viviendo dentro de un régimen de fuerza.”

Por otro lado, Jorge Isaac Fábrega, en un artículo denominado Debe seguir la lucha contra los amos de la policía, vertió sus opiniones en el debate público de entonces:

“Dejo ante el país constancia de mi total inconformidad ciudadana ante la posibilidad de que los señores José A. Remón, Bolívar Vallarino y Saturnino Flores continúen al frente de la policía Nacional. Si ellos se negaron a renunciar en rebeldía contra el Dr. Chanis a quien tenía como jefe del estado, y obligaron a este a presentar su dimisión, rodeándolo de un círculo de bayonetas solo por cuestiones relacionada con un problema de carácter mercantil, si luego se revelaron también contra el señor Roberto

F. Chiari a quien habían ofrecido inicialmente esa misma renuncia y no le atendieron luego la petición suya de que se separaran del comando de la fuerza policiaca, resultaría inexplicable que el nuevo gobierno premiara a estos tres señores dejándolos en sus puestos por el motivo de que ayudaron al Dr. Aria a ascender al poder. Porque no convenía a sus intereses, eran anti arnulfista encarnizados, a pesar de que sus categorías de jefes de las fuerzas pública le obligaban a una estricta imparcialidad. Y ahora mantienen actitud opuesta únicamente porque creen que así se salvaran de la sanción de la república entera que se ha pronunciado en realidad de que haya en Panamá tres hombres omnímodos.”

El rechazo popular a la actitud de los comandantes de la policía y al papel jugado por Arnulfo Arias quedó de manifiesto en las posturas de diversas organizaciones que mantuvieron sus posiciones de rechazo y abogaron por la continuación de la huelga y por el respeto a la constitución. Así lo estableció el Magisterio Panameño Unido, cuando en uno de sus manifiestos estableció que a dicho gremio no lo guiaban intereses particulares ni individuales, sino el restablecimiento de las garantías constitucionales y la eliminación del método imperante de la fuerza. De la misma forma la Federación de Estudiantes de Panamá en un comunicado emitido donde analizó lo acontecido en el país, luego del ascenso de Arnulfo Arias a la Dirección del Órgano Ejecutivo, hizo contar:

“Que la salida dada por los señores comandantes de la policía nacional por los recientes acontecimientos políticos es una violación fragrante de la constitución nacional de la República si tomamos en cuenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia fiel y suprema guardiana de la constitución que consideró como titular de la presidencia de la república al Dr. Daniel Chanis Junior.

Consideramos que ninguna medida realizada fueras de las normas constitucional pueden contar con el apoyo de los Estudiantes y de las personas sensatas del país.

No podemos olvidar los últimos acontecimientos que indignan al pueblo panameño y desprestigian a nuestra patria frente al concierto de las demás naciones democrática de América, la violación de los derechos de reunión, la violación al claustro Universitarios los numerosos heridos inocentes son hechos que no pueden olvidarse por una salida emocional y demagógica de los problemas políticos del país.

Nos mantenemos en nuestra consigna invariable; la vuelta a la constitucionalidad y la destitución de los comandantes que han hecho de la policía nacional una fuerza militar soberbia y agresiva.”

En el mismo tenor, la Asociación de Profesores de la República hizo saber al país que,

“(…) el primer paso para retornar a la civilidad debe ser que se destituya a los comandantes entre sus partes de resuelve del comunicado declara que el primer paso para el retorno a la civilidad lo constituye el abandono de los cargos de los cuales fueron destituidos los señores José

A. Remón, Bolívar Vallarino y Saturnino Flores.

Entre otros ratifica su apoyo al movimiento de resistencia civil nacional suspendiendo las labores a partir de la fecha hasta tanto la república haya vuelto a los cauces de la visibilidad el imperio constitucional y la ley.

Por su parte la cámara internacional de jóvenes de Panamá se sumó a la solicitud de la vuelta al orden constitucional cuando expresa debe subordinarse la fuerza pública al poder ejecutivo. Agrega que es deber de toda institución cívica hacer impera el nuevo concepto de patriotismo y civismo que no admite claudicaciones en los esfuerzos por lograr el triunfo de la democracia coordinando todas las fuerzas vivas para obtener la solución de los problemas nacionales por medio de esfuerzos unificados, que el caos y la anarquía llevan a nuestra patria al total desquiciamiento y pérdida de nuestras máscaras conquistas en el campo de la libertad la justicia y el derecho, que se han entronizado en el país el imperio de las fuerzas motivada por la insubordinación de los altos jefes de la policía nacional que ha desconocido a nuestra sagrada instituciones de gobierno y Justicia motivo este que lo condujo a unirse a la huelga de brazos caídos y suspensión de los de actividades cívicas hasta tanto la normalidad y el imperio de la civilidad retorne al país haciendo efectiva la subordinación de la fuerzas pública, agrega la condena de la manera más enérgica la deplorable actitud de soberbia de los señores José A. Ramón, Bolívar Vallarino y Saturnino Flores que han llenado de luto y desasosiego ala la ciudadanía.”

Cabe destacar que fueron muchas las agrupaciones populares que rechazaron la maniobra del comandante de la Policía Nacional José Antonio Remón Cantera, que desconoció el orden constitucional. Lo anterior quedó plasmado en otros dos comunicados emitidos por los empleados de la Nestlé, y los empleados de la compañía petrolera de panamá, quienes catalogaron como bochornosos y sangriento los acontecimientos registrados en la capital de la república, llenando de consternación a la ciudadanía del país. Por último, queremos hacer referencia al comunicado referido el 5 de diciembre de 1949

de La Estrella de Panamá por los miembros del comité del Movimiento de Resistencia Civil, al expresar que:

“(…) a pesar de las traiciones que han hecho al pueblo aquellos políticos que solos hace unos días pedía la destitución inmediata de los comandantes de la policía y que hoy satisfechos sus apetitos de poder solicitan al pueblo panameño una tregua entrar en baja componenda con sus propios adversarios en una clara alusión al pacto alcanzado por Arnulfo Arias y la cúpula militar luego que este último reafirmara y refrendara a los tres miembros de la policía nacional en sus altos cargos. Hecho que queda patentizado por el nuevo ministro de gobierno y justicia designado por el presidente Arnulfo Arias Madrid.

Situación que deja claramente demostrado el papel de Arnulfo Arias Madrid de colaboración con la cúpula de la Policía Nacional y los sectores ultraconservadores y reaccionarios de la oligarquía criolla panameña hechos que hasta el momento han tratado de negar los seguidores de dicho caudillo presentándolo como el baluarte de la lucha civilista y a favor del movimiento popular.”

Las palabras anteriores pueden reafirmarse luego de haber examinado el papel golpista de estos fantoches oligárquicos frente al ejecutivo, que a todas luces también fueron proyectados para desarticular al movimiento popular y sus organizaciones gremiales, bajo los parámetros de un agresivo ambiente macartista que en aquellos iniciales de la Guerra Fría fue el pivote fundamental de la censura a los partidos y movimientos progresistas y de izquierda en los Estados Unidos y por consecuencia en América Latina.

El macartismo de la Guerra Fría se hizo presente en la realidad panameña desde finales de los años cuarenta del pasado siglo. Panamá no escapó de su aplicación contra las fuerzas populares, progresistas y nacionalistas. Una muestra de este fenómeno lo encontramos en la Gaceta Oficial, órgano del Estado, con fecha de 14 de julio de 1950, número 11,241. Allí se recogió el decreto o resolución número 1, del 29 de abril de 1950, por el cual se declaraba contraria al régimen democrático de la República toda actividad y agitación comunista:

“El presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales y legales bajo la responsabilidad colectiva del consejo de gabinete.

Establece que de acuerdo con el artículo 1 de la constitución nacional, la nación panameña está constituida en estado independiente bajo un sistema republicano y democrático.

Que bajo este principio lo establecido en la constitución de la república en su artículo 103 es considerado ilícito la formación de partidos políticos que tienden a destruir la forma democrático de gobierno (…), agrega el documento que, (…) el comunismo es la negación absoluta de toda democracia porque implica la supresión de todas las libertades públicas, que es contrario a la civilización cristiana porque persigue a la iglesia y menosprecia la dignidad humana, que el comunismo implica la regimentación y esclavización del trabajo humano convirtiendo al trabajador en un mero instrumento siego mudo y envilecida de sus tiránicos explotadores. Que el comunismo ha declarado la guerra abierta a todos los regímenes democráticos del mundo y aspira a la dominación universal, por lo cual, como doctrina, como actividad militante y como método de agitación, es una amenaza contra todo régimen democrático y, por consiguiente contrario a las bases constitucionales de la república; que son conocidas las tácticas del comunismo mediante las cuales buscan siempre instigar, provocar y comentar situaciones caóticas en lo político, en lo social y en lo

económico, para luego surgir dentro del caos y dominar por el terror y la violación despiadada; que en la lucha planteada por el comunismo contra la democracia, lucha que amenaza llevar a la humanidad a una nueva hecatombe bélica sin precedente en la historia, es deber de todas las naciones amantes de la libertad respetuosas de la dignidad humana y celosas de la salvaguarda de la democracia como sistema de gobierno adoptar una posición clave y definitiva frente al comunismo.

El gobierno de Panamá no pueda permanecer indiferente a la suerte de nuestras instituciones democráticas, y, por el contrario, está en el deber de alinearse con las naciones que hoy día cargan con la responsabilidad de defender la supervivencia de nuestra civilización cristiana; la república de Panamá por el hecho de tener enclavada en su territorio la portentosa obra del canal, lleva importantísima en la defensa del continente se encuentra obligada a contribuir a su protección y seguridad conjuntamente con los Estados Unidos de América por virtud de tratados bilaterales por el deber ineludible de defender su propia soberanía y la integridad del territorio nacional así como también por la obligación en que se encuentra de ayudar a la defensa del continente de acuerdo con los convenios interamericanos que ha suscrito por el espíritu de solidaridad panamericana que la anima.

Es función constitucional del presidente de la República velar por el funcionamiento regular de la administración y por la conservación del orden público.”

Basándose en lo anterior, de manera contundente el presidente Arnulfo Arias declaró contrario al régimen constitucional democrático a la república toda propaganda actividad o agitación de carácter comunista (entiéndase crítica u opuesta al gobierno, pero calificada en el documento como “comunista”).

A su vez, hizo un llamado a la población panameña y a los extranjeros residentes en el país sin distinción de clase color o credo, para formar un frente

sólidamente unido contra la infiltración comunista, ya que a su juicio esta no tenía otro fin que minar la estabilidad de las instituciones democrática y republicana.

Agregó que su gobierno sería inflexible en la investigación y represión de toda actividad comunista, abierta o solapada, confesa o clandestina, y que al asumir este cometido lo haría con el convencimiento de que así serviría los ideales y aspiraciones del pueblo panameño.

La esencia de los planteamientos vertidos por el presidente Arias no era más que el preludio a una ola de persecución y desmantelamiento de las organizaciones populares y gremiales, acusada de “comunistas”, que desde meses anteriores habían cuestionado y deslegitimizado su ascenso a la presidencia, debido a su maridaje con la policía nacional y los sectores más atrasado de la clase política y la oligarquía panameña.

Como elemento central para el desarrollo del decreto de gabinete antes citado, meses después Arnulfo Arias intentó desconocer la constitución política de la república de 1946, la cual recogía importantes conquistas y reivindicaciones del movimiento popular panameño, lanzando por la borda los argumentos de democracia y participación que esgrimió como elemento central en su campaña anticomunista en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos.

Utilizando además la doctrina del macartismo, el 7 de mayo de 1951 en un acto típico de dictadores, de un solo tajo declaró derogada la constitución de 1946, y a su vez ordenó el arresto de importantes e influyentes figuras de la vida nacional por miembro de la policía secreta, convertida a la sazón en el brazo ejecutor de sus políticas antinacionalistas. Con esta acción Arnulfo Arias dejó sin efecto a la Asamblea Nacional, al disolverla y dejarla a la misma suerte que también sometió al poder judicial.

Los principales argumentos presentados por Arnulfo Arias para justificar su accionar se pueden enumerar de manera gradual, siendo el primero el hecho de que la constitución de 1946 imposibilitaba la adopción de providencias para solucionar las crisis económica y fiscal por la que atravesaba el país, y de esta manera aliviar la precaria situación por el cual pasaba el pueblo panameño. De igual manera argumentó que era un estorbo al gobierno para tomar medidas contra las actividades disolventes de grupos enemigos del orden social y de sistema democrático de gobierno.

Entre otros de los elementos esgrimidos se destacó el constante accionar de elementos ideológicos inspirados en el comunismo y grupos afines, que siguiendo consignas internacionales pretendían socavar el sistema democrático de gobierno y que regía en los países americanos mediante el debilitamiento de la economía nacional. Agregaba que era responsabilidad del Estado proteger la seguridad de los asociados y la estabilidad de las instituciones nacionales.

Las medidas antidemocrática y arbitraria de Arnulfo Arias generaron la repulsa del pueblo panameño y las principales organizaciones sociales del país, las cuales organizaron diversas actividades con el propósito de exigirle el retorno a la constitucionalidad y de la vigencia de la constitución de 1946. En ese sentido, la Federación de Estudiantes de Panamá declaró una huelga indefinida hasta que se retornara a la vigencia de la constitución de 1946. Entre las principales manifestaciones de esta corporación podemos señalar la siguiente:

“ Ante los graves sucesos ocurridos en la noche de ayer que dieron al traste con la constitución de 1946 y ante el retorno a la constitución de corte fascista de 1941, el estudiantado panameño que siempre se ha distinguido por su celo patriótico como salvaguarda de los altos intereses nacionales

hoy pisoteados por el infame régimen panameñista, considera oportuno dirigirse en esta hora critica a los hombres y mujeres libres del país para manifestar muestro total repudio a el régimen imperante, así expresamos nuestro inquebrantable propósito de continuar la lucha hasta tanto no se retorne a la constitución de 1946 y que se consiga la expulsión del dictador Arnulfo Arias Madrid como medida inicial para la solución de los grandes problemas nacionales, hacemos un enérgico llamado a los ciudadanos en general para que auspicien este movimiento de resistencia nacional.”

De igual manera, la Asociación de Profesores, capítulo de Panamá, de manera unánime decidió por su parte decretar un paro cívico hasta tanto no se restableciera la constitución de 1946:

“La abolición ilegalmente de la constitución atenta contra la libre expresión del pensamiento democrático y elimina las legítimas conquistas para el trabajador de la enseñanza de la educación en general. El paso dado por el actual mandatario implica el caos económico político y social en el país y lo aboca a la dictadura.”

Por su parte los constituyentes de 1946 de igual manera establecieron su punto de vista sobre lo actuado por el presidente Arnulfo Arias con relación a la Constitución de 1946:

“Nosotros que como representante legítimo del pueblo panameño redactamos, firmamos y juramos la constitución del 46, que por un acto totalitario pretende derivar quien también juró defenderla, protestamos enérgicamente contra este acto, hacemos un llamado a la nación para que con valor y firmeza impida la consumación de este acto criminal que pondría la vida, honra, y bien de los asociados en manos de una dictadura.”

No menos expresivo lo fue el Magisterio Panameño Unido al catalogar la derogación de la constitución de 1946 como un acto del corte nazista, y de agrega que:

“(…) como organización consciente del papel que le toca jugar en la vida del país repudia y condena por sus proyecciones de verdadera catástrofe nacional razón está por la cual exhorta a los demás capítulos y a las organizaciones cívica del país a los profesionales, a los organismos de trabajadores y al comercio para que respalde el paro general a fin de dar al traste con la odiosa dictadura a que se nos ha querido someter.”

Los médicos del país también dejaron sentada su enérgica protesta ante la derogación de la constitución de 1946 sumándose al paro nacional a favor de la vuelta a la constitucionalidad en su comunicado expedido el 8 de mayo:

“(…) el presidente de la república y su gobierno acaban de derogar por medio de un decreto constitucional por un decreto la constitución vigente de 1946 promulgada de acuerdo con todos los principios legales, que el mismo decreto se pretenden poner en vigor la constitución de 1941 que dejó de tener fuerza legal, que es evidente y contra todo principio de orden y razón que las constituciones no se pueden cambiar a voluntad del órgano ejecutivo que la Asociación Médica.

Nacional de la república de Panamá compuesta con hombres que obedecen como profesionales y como ciudadanos los dictados de pautas racionales y ordenada, protestan solemnemente ante la medida arbitraria de un presidente y su gabinete al declarar derogada la constitución vigente y sustituirla por otra, recomendar a todos sus miembros cooperar con los organismo cívicos y políticos que luchen por la legalidad y el orden

garantizado por la constitución de 1946, declara un paro general excepto en caso de emergencia hasta tanto se establezca la vigencia de la constitución de 1946.”

En fin, fueron innumerable las resoluciones, protestas y documentos públicos de las principales organizaciones cívicas gremiales y políticas contra Arnulfo Arias Madrid por su decisión de derogar la constitución de 1946. Su actitud dictatorial obligó a la Asamblea Nacional de la república a aprobar un voto de censura contra su figura y, por lo tanto, la solicitud de desconocimiento de dicho funcionario como presidente de la república.

Entre los considerandos esgrimidos por la Asamblea Nacional podemos citar los siguientes:

1. “Que en la tarde de ayer el Dr. Arnulfo Arias Madrid hasta ese momento presidente de la república dictó el decreto en asocio con sus ministros por medio del cual pretende derogar la constitución expedida por la Asamblea Nacional de constituyente de 1946.

2. Que en la noche del 24 de noviembre de 1948 el Dr. Arnulfo Arias Madrid juró ante esta gusta cámara cumplir la constitución del 46.

3. Que el acto del Dr. Arnulfo Arias al eliminar este documento actuó de manera ilegal hecho que motiva a declarar su actuación como acto de abuso condenable y de arbitrariedad anti patriótica; su decisión amenaza la paz pública, compromete gravemente la economía nacional agrava la crisis fiscal, socava el crédito de la república y hace más precaria la vida de la clase trabajadora.

4. Que el pueblo panameño esencialmente democrático no puede aceptar la instauración de una tiranía de tipo totalitaria que es lo que pretendía el Dr. Arnulfo Arias (…)”

En su parte resolutoria la Asamblea Nacional estableció los siguientes argumentos para dejar sin efecto el carácter de presidente de la República de Arnulfo Arias Madrid:

1. “Que al desconocer la constitución Nacional que juró cumplir el Dr. Arnulfo Arias ha dejado de ser presidente de la república y es por lo tanto un usurpador del poder público y un delincuente sujeto a las sanciones que establezca la constitución y las leyes.

1. Excitar a la fuerza pública al poder judicial, a los funcionarios públicos administrativos, a los alcaldes y Consejo Municipales a no prestar obediencia al usurpador (…)”

Con esto queremos sustentar que lo acontecido en mayo de 1951, la dimisión presidencial, y que dejó sin efecto la presidencia del Dr. Arnulfo Arias, fue el producto de la efervescencia y de la solicitud popular, quien catalogó lo actuado por el entonces mandatario como un acto antidemocrático violador de los principios civiles y políticos del pueblo panameño. Cabe resaltar que su dimisión no fue un golpe de estado como lo pretenden presentar sus seguidores; por el contrario, significó eliminar los intentos de desconocer conquistas fundamentales y de principios del pueblo panameño consagradas en la constitución progresista de 1946. La dimisión de Arias fue también un colofón importante en las luchas nacionalistas del país contra fuerzas oligárquicas de rancios estilos coloniales y reverencias metropolitanas.

Policía y ejército en el poder político, prácticas coloniales en la Panamá de la postguerra

El derrocamiento de Arnulfo Arias Madrid dio paso al gobierno de Alcibíades Arosemena, cuyo mandato se prolongaría por un año, tocándole la responsabilidad de dirigir el próximo torneo electoral a la sombra del primer comandante de la Policía Nacional, José Antonio Remón Cantera, quien se convirtió en el Jefe Político incuestionable de Panamá luego del derrocamiento de Daniel Chanis y Arnulfo Arias, consolidándose luego de la salida de este último del Palacio presidencial, ya que Remón fue quien decidió la forma de estructuración del nuevo gabinete y la designación de los magistrados de la Corte. Logró asimismo el control de la Asamblea Nacional, pese a los cuestionamientos surgidos sobre la legalidad de los tres comandantes al frente de la Policía Nacional luego de su destitución por el presidente Daniel Chanis en noviembre de 1949, hecho que fue obviado por las principales figuras del nuevo gobierno.

Desde este momento su figura cobró mayor fuerza en el camino hacia la estructuración de una fuerza política cuyo contenido era allanar la senda para garantizar su participación como candidato oficial las elecciones de 1952.

Fue así como se fundieron los diversos partidos liberales de la nación, surgiendo la Coalición Patriótica Nacional, instrumento político responsable de garantizar la candidatura y ascenso a Remón a la presidencia de la República. Hecho que tristemente se consumó el 11 de mayo del año 1952.

El desarrollo de todo lo que constituyó la campaña a favor de Remón hasta su ascenso fue otra clara y paralela manifestación de un discurso dirigido contra los sectores organizados del movimiento popular panameño, cuya línea central era el anticomunismo.

Con vistas a analizar la fusión de los partidos que dieron origen a la Coalición Patriótica y al gobierno de Remón, el catedrático universitario César De León, nos

relata el siguiente testimonio, que por su interés y valor la citamos de manera íntegra:

“El Gobierno de Remón se puede analizar de diferentes formas, lo que significó el remonato refleja lo que había en ese momento. Remón como jefe de la Policía Nacional, logró reunir diversos partidos lo que podemos llamar reaccionarios dentro de Panamá, y constituir un solo partido, y arrasó con todos los métodos y la elección que significó asumir la tarea de lucha a favor del imperialismo contra la revolución de América Latina y Mundial, defendida por la Unión Soviética. Remón se propuso perseguir al partido comunista panameño y los grupos sociales u organizaciones populares de Panamá luego de entender que la lucha contra el imperialismo sufrió una derrota en Panamá. Luego del rechazo del convenio Filos Hines, el imperialismo calificó este rechazo como un triunfo de los comunistas, toda la prensa de EEUU, calificó el rechazo como el producto de la influencia de los comunistas, sin embargo, el rechazo no fue solo de los comunistas sino fue una lucha popular que se dio en Panamá contra las pretensiones de los EEUU de mantener bases militares en Panamá Esto para los EEUU constituyó un golpe muy fuerte en lo que sería su lucha contra la Unión Soviética.

Una campaña contra el partido comunista panameño en el año 1952, como primer paso para la eliminación de las fuerzas populares, sobre todo en la educación con el objetivo de restarle fuerzas a los diversos sectores que habían adoptado una posición contra la Policía Nacional a lo largo de la década de los cuarenta y lo que iba de los años cincuenta, es así como se expulsan a importantes figuras nacionales como Hugo Víctor, Carlos Chang Marín, como comunistas. El movimiento obrero que jugó un papel en contra de la presencia estadounidense sufrió el rigor del gobierno de Remón, así como aquellos comerciantes y sectores medios que eran

acusados de comunistas se les prohibió negociar o efectuar diligencias con el gobierno panameño. Esto dejó al descubierto el papel de Remón como resorte de los EEUU en su desenfrenada campaña macartista o de guerra fría.

Igual suerte corrió la Federación de Estudiantes de Panamá, estructura juvenil progresista y antimilitarista y antiimperialista quien jugó un papel adverso a Remón durante las crisis políticas que azotaron al país desde finales la década del cuarenta e inicio de los años cincuenta.

La oligarquía encontró en Remón el resorte fundamental para aplicar todas sus medidas anti populares amparado bajo la Policía Nacional posterior Guardia Nacional, cuya estructuración fue el resultado del proyecto creado por los EEUU para establecer la Guardia Nacional Nicaragüense cuya finalidad no fue al de destruir al movimiento popular. “

Lo expresado por el Maestro César De León tiene fundamento en la Ley 43 del 23 de diciembre de 1953, que en su parte titular establece declarar ilícitas y violatorias actividades totalitarias tales como el comunismo.

Entre los considerandos más sobresalientes de esta Ley, que apareció en la Gaceta Oficial No.12, 255, y que remitía a contenidos e intenciones del decreto establecido por Arnulfo Arias tres años antes, estaba que a partir del artículo 103 de la constitución nacional se declaraba:

(…) ilícita la formación de partidos políticos que tienden a destruir la democracia de gobierno, que actualmente funciona en la República grupos políticos de ideología totalitaria particularmente comunista, que están perturbando el funcionamiento normal y ordenado de las Instituciones democráticas; dichos grupos han infiltrado en tales instituciones particularmente la de carácter educativo universitarios, profesionales y

segundaria, elementos docentes y educandos que están desviando las mentes juveniles con su ideologías totalitarias; y es deber del poder público defender las instituciones democráticas de la República y defender igualmente las nuevas generaciones de la influencia nociva de las doctrinas totalitarias tales como el comunismo.”

Bajo estos principios el gobierno de Remón declaró:

“ (…) nociva a la salud de la patria y violatorio de la Constitución Nacional, las actividades totalitarias que se desarrollen en el país particularmente aquellas que se llevan a efecto en las instituciones docentes con el propósito de descarriar las mentalidades de las nuevas generaciones. Declarase ilícita La culminación de la segunda y nociva a la salud de la patria y violatoria de la Constitución la conformación de partidos, organizaciones o grupos totalitarios tales como el comunismo. No podrá trabajar en el gobierno nacional, ni municipio, ni dependencias autónomas o semiautónomas, ni formar parte de los organismos oficiales, ni participar en transacciones con las instituciones precitadas, ningunas personas a quien se les compruebe pertenecer o colaborar con partidos, organizaciones o grupos totalitarios, tales como el comunismo.”

Evidentemente la tarea inconclusa de Arnulfo Arias de desarticular al movimiento popular panameño en el año cincuenta fue consumado por José Antonio Remón Cantera tres años después, gracias al contar con el respaldo de la Guardia Nacional, institución que modificó su estructura y su nombre a través de la Ley No. 44 del 23 de diciembre de 1953, es decir que, el establecimiento del ordenamiento jurídico que descabezó a las organizaciones sociales y populares estuvo conectada con la reestructuración de la Guardia Nacional, estructura que se convertirá en el brazo ejecutor de la política antipopular de la

época de Remón y explica el reflujo del movimiento popular panameño durante sus años en la política nacional.

Al igual que otros países latinoamericanos y como hemos visto aquí, las instituciones armadas se articularon desde las postindependencias y los procesos de formación nacional a través de prácticas de intromisión y complejas participaciones en las dinámicas del poder político.

El ejemplo visto en esta segunda parte nos confirma que en nuestro país se dieron de manera evidente y repetida durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y tal vez sirva de ejemplo para comprender, además, como el mundo colonial americano de antaño y las políticas coloniales y neocoloniales del siglo XX, legaron estas y otras realidades deformadas a nuestra vida pública contemporánea.

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