Introducción

En Argentina, los pueblos indígenas, especialmente aquellos en áreas urbanas, han sido históricamente invisibilizados hasta la actualidad. Este fenómeno se debe a múltiples causas según Bergesio, Golovanevsky y González (2020): la narrativa histórica del país que ha excluido a los indígenas ha llevado al desconocimiento y marginación de sus culturas y lenguas; las desigualdades socioeconómicas que han contribuido a que la población indígena viva en peores condiciones que la no indígena; los censos y otros instrumentos estadísticos han representado de manera limitada su realidad, perpetuando su invisibilización. En la región del Chaco, los procesos de exterminio, expulsión y desplazamiento de grupos indígenas en diferentes períodos gestaron muchas de estas causas. Las campañas de conquista del desierto, lideradas por Benjamín Victorica en 1884, y el proceso de consolidación del Estado Nacional Argentino (década de 1930 en el Chaco central), intensificaron esta invisibilización. Así, la ocupación y explotación de los territorios indígenas, junto con la marginación sistemática de sus culturas y lenguas, han contribuido a borrar a los indígenas de la historia argentina (Wright, 2008). Sin embargo, los pueblos indígenas han contrapuesto a esto la lucha por su reconocimiento y derechos, constituyéndose cómo sujetos sociales y políticos (Valverde, 2013).

La región central del Chaco fue un escenario de territorialización constante de la población indígena. En este sentido, Haesbaert (2013) concibe al territorio como producto del movimiento combinado de desterritorialización y de reterritorialización, es decir, de las relaciones de poder construidas en y con el espacio, considerando el espacio como un constituyente imposible de separar de las relaciones sociales. La militarización de la región facilitó la expansión territorial del Estado Nacional, y sirvió como herramienta para someter y controlar a las comunidades. En las últimas tres décadas del siglo XIX se produjeron procesos de valorización del territorio chaqueño, promovidos por la explotación forestal y la demanda de tierras cultivables que impulsaron una dinámica específica en la formación de fronteras (Trinchero, 2000). Estas fronteras delimitaban espacios geográficos y establecían nuevas jerarquías socioeconómicas, excluyendo a las comunidades indígenas de las decisiones y privilegiando los intereses estatales y de los nuevos productores. La respuesta a la presión sobre los territorios indígenas implicó transformaciones sociales, culturales y económicas para adaptarse a un entorno urbano, y enfrentar nuevas formas de marginalización.

Metodológicamente, este estudio se basa en un enfoque etnográfico como eje articulador. Las campañas de trabajo de campo que tuvieron lugar entre 2018-2024 en la región central de la provincia del Chaco permitieron recopilar datos cualitativos a través de la observación participante y entrevistas en profundidad. Este trabajo etnográfico se complementa con un análisis exhaustivo de documentación histórica, incluyendo informes militares y archivos, así como libros y compilaciones de historiadores chaqueños locales. Además, se acudió al archivo de prensa del periódico La Voz del Chaco, y a entrevistas a pobladores antiguos en la década de 1970, realizadas por el historiador qom Orlando Sánchez. Estos datos fueron cruciales para la elaboración de cartografías preliminares de topónimos, relatos de los desplazamientos en la provincia del Chaco. Movilizan este trabajo los interrogantes: ¿cuál es el vínculo entre espacio y violencias en el marco de los mercados y el capital? ¿Qué relación existe entre espacio, tiempo y desplazamientos para el caso de la población qom?

Violencias: perspectivas de la violencia espacial

El fenómeno de violencia es, en primera instancia, polisémico y multiforme. Se descarta la posibilidad de pensar en la violencia y se introduce un primer factor de complejidad: existen múltiples significaciones en torno a la violencia, lo que da lugar a la diversidad de acciones definidas como violentas (Garriga Zucal y Noel, 2010; Isla y Míguez, 2003). En esto radica la necesidad de incorporar la noción de violencia en un campo social determinado y dejar de lado su concepto aislado. Incorporar la noción de violencia dentro de las experiencias permite analizar cómo y cuándo algunas prácticas son singulares y cuándo forman parte de lo común por determinado contexto.

Por su parte, el concepto de violencia espacial se refiere a la idea de que la violencia no solo ocurre en un lugar específico; también reconfigura y transforma espacios y territorios de manera activa. ​ El espacio no es solo un escenario donde suceden los actos de violencia, sino que es un elemento fundamental que influye y es influido por las prácticas violentas (Salamanca, 2022). Las formas de organización y uso del espacio, a su vez, pueden ser empleados como herramientas de control, exclusión y opresión sobre ciertos grupos sociales (Foucault, 2002). Pensar en este sentido, destaca el papel activo del espacio en las prácticas de violencia y crea la posibilidad de reflexionar acerca de la dimensión relacional de la violencia, sus efectos sociales, colectivos y sus consecuencias sobre los bienes comunes (Salamanca, 2022).

La violencia espacial afecta a nivel simbólico y estructural en la transformación de la identidad, la cultura y la vida cotidiana de los afectados (Soja, 1989; Lefebvre, 1974). En el contexto de las comunidades indígenas, el concepto de violencia espacial se articula para observar los efectos de desalojos forzados, desplazamientos, la relegación a tierras específicas o reducciones, la negación de sus territorios ancestrales y la forma de habitarlos, los desplazamientos antiguos y actuales, la urbanización inducida y las nuevas problemáticas sociohabitacionales. Estas acciones no solo despojaron a las comunidades de sus medios de subsistencia, también intentan borrar su presencia y su historia, contribuyendo a su invisibilización y marginación (Trinchero, 2000; Bergesio, Golovanevsky y González, 2020).

Sin embargo, estas formas de violencia espacial producen transformaciones y cambios; pueden estudiarse al observar su productividad en las políticas y acciones estatales que se propusieron producir y transformar las sociedades a través de la creación y/o transformación de territorios y ciudades, y de las formas de pensar, habitar o sentir esos nuevos lugares (Salamanca, 2022) para echar luz en las consecuencias de las mismas. La propuesta define nuevas nociones de violencia con énfasis en la construcción como una dimensión constitutiva, “no solo destruye, también produce ordenes, relaciones sociales, formas de pensar y de situarse en el mundo” (Salamanca y Colombo, 2018; Salamanca, 2015).

Estos conceptos han servido como guía para acoplar nuevamente las causas estructurales de los barrios urbanos indígenas de la región central de la provincia del Chaco; en palabras de Isidro, un poblador qom de unos cuarenta años habitante del barrio Nocaayi^[1]: “las cicatrices del territorio”. Estas cicatrices son las memorias qom actualizadas que se territorializan, ya que, “no son receptores pasivos de influencias y acciones exógenas, son actores sociales que seleccionan y reapropian cultura en función de estrategias que elaboran frente a la situación inter e intraétnica” (Barabas, 2006). “De todas partes y de ningún lugar” aludido en el título alude a la permanencia de las identidades y memorias qom, una ocupación histórica sostenida –y heterogénea– en las formas de habitar el territorio frente a políticas indígenas racistas de desaparición, invisibilización de identidades y apropiación de tierra, que funcionan de manera sistemática.

Violencia simbólica: la construcción de los indígenas como problema en el Gran Chaco

La violencia simbólica parte de las representaciones y discursos que perpetúan la idea de los indígenas como problema o intrusos; esta narrativa se promovió históricamente por el Estado y los medios de comunicación, que justificaron diferentes formas de violencia hacia los indígenas. La integración de la perspectiva de la violencia simbólica en el análisis de la violencia espacial y productiva permite complejizar la comprensión de las injusticias, ya que estas representaciones son el marco de legitimidad de otras formas de violencia. A su vez, permite pensar nuevas formas de reparación histórica que contemplen múltiples dimensiones de las violencias. Las representaciones de los indígenas tienen varios hitos históricos importantes. Los mapas históricos de 1810 identificaban esta región como un territorio de dominio del salvaje, un obstáculo para los proyectos de dominio territorial. En 1883 se registraron los primeros documentos escritos del área cuando el explorador boliviano Daniel Campos describió al Gran Chaco como un gran “bastión” de tribus indígenas (Gordillo, 2006). Para facilitar el proyecto de avance territorial era necesario atender “el problema indígena” primero. Para esto las campañas de conquista y de consolidación del Estado Nacional, junto con la expansión de la actividad agrícola, se valieron de un extenso repertorio de violencias socioespaciales. Estas acciones tenían como eje principal la construcción del otro salvaje, constituyéndolo como un problema a ser resuelto para el desarrollo civilizatorio.

Figura 1.
El escenario colonial en 1810: las futuras provincias argentinas y territorios vecinos.
S/F

La campaña del General Victorica en 1884 forzó a las comunidades indígenas a desplazarse y reagruparse a espacios determinados. Según el historiador local Beck (1994), estos desplazamientos “se ven en grupos de tobas y pilagás que fueron obligadas a emigrar hacia el noroeste, remontando el Pilcomayo, en algunas circunstancias desplazando a parcialidades de matacos hacia el oeste” (p. 19). Estos desplazamientos incrementaron conflictos por la ocupación del mismo territorio con grupos criollos ganaderos (Trinchero, Piccinini y Gordillo, 1992, p. 198). Entre 1885 y 1899, los informes remitidos al Congreso por los ministros de guerra y marina registraron un alto número de operaciones militares contra los indígenas, con la intención de eliminarlos y/o forzarlos a trabajar en reducciones o ingenios. Estas campañas, descritas como una cacería de salvajes, no lograron la rendición total de las comunidades indígenas. Beck (1994) señala que “los numerosos enfrentamientos que se produjeron por esos años demostraron que el 'problema indígena' no podría resolverse solo mediante la acción militar y que era necesario pasar a otra etapa para pacificar a la región” (p. 28).

A principios del siglo XX, el problema indígena se consideró desde otras perspectivas: la Ley 1532 (1910) establecía la creación de misiones para “civilizar gradualmente” a grupos indígenas. Se propusieron colonias indígenas intercaladas con colonos inmigrantes, bajo el supuesto que el contacto diario con hijos de colonos llevaría a los indígenas a “la vida civilizada”. El gobernador interino de Formosa Proto Ordóñez fue quien insistió en la necesidad de la Colonia “para elevar a esos seres desgraciados a la categoría de hombres [...] para atraerlos y reducirlos sin hacer uso de medidas violentas [...] Una vez se haya mejorado la triste situación en que permanecen hoy los indios mansos habrá llegado el momento de pensar en reducir a los demás indios” (Beck, 1994, p. 58).

Durante el siglo XX, la incorporación de los indígenas a la matriz agroproductiva de la región fue masiva; ya que los indígenas mansos y dóciles podrían integrarse a la civilización a través del trabajo agrícola e industrial. Salvador Debenedetti destacó que “el desarrollo industrial es el único que puede someter al indio y cambiar la configuración de la llanura chaqueña” (1909, pp. 360-370). El gobernador Lucas Luna Olmos escribió en 1905 que “el indio en la misión es descontentadizo y exigente: nada le conforma y tiende a imponerse. En cambio, en los establecimientos industriales... es humilde y obediente... Pienso, entonces, que no hay otro sistema de reducción para el indio, que la ocupación del desierto con la población: la colonización. El indio sin el desierto tiene forzosamente que entregarse y reducirse, viniendo ellos mismos a constituir los primeros brazos colonizadores” (Beck, 1994, p. 59). Así surgieron pequeñas agrupaciones indígenas cercanas a las industrias y los cultivos de inmigrantes europeos, algunas en tierras fiscales asignadas y custodiadas por fuerzas militares, con el fin de “ir enseñándoles métodos de trabajos y las ventajas de la civilización” (Beck, 1994, p. 59).

Estas estrategias revelan varias situaciones: las matanzas masivas en la primera etapa de la conquista del desierto verde fueron solo uno de los mecanismos de violencia. Todas las etapas posteriores, incluyendo las llamadas etapas de pacificación, ejercieron múltiples formas de violencia, resultando en un entramado complejo de violencias socioespaciales. Las campañas de conquista y consolidación de Estado Nacional no solo transformaron el paisaje físico, sino que también alteraron las relaciones sociales, y el acceso a los recursos naturales, desplazando a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales montados sobre la construcción simbólica del indígena como problema.

Violencias productivas: conformación de colonias agrícolas

El golpe de estado en 1930 encabezado por José Félix Uriburu marcó el inicio de la década infame en Argentina. La crisis económica de la Gran Depresión en 1929 redujo la demanda y precios de productos agropecuarios en Argentina, lo que llevó al país a endeudarse con Gran Bretaña para sostener al sector agroexportador, uno de los principales motores económicos. En este contexto, el Estado Nacional decidió crear las colonias Castelli (ciudad donde se encuentra actualmente el B° Nocaayi) y La Florida en el Chaco, destinando inmigrantes alemanes del Volga provenientes de la provincia de La Pampa para constituir colonias agrícolas que produjeran algodón, madera y otras materias primas (Plan Estratégico Urbano Territorial, 2016). Documentos históricos sostienen la ausencia de grupos de familias qom en las zonas de J. J. Castelli, Miraflores y Tres Isletas, y mencionan el desplazamiento desde el río Teuco, a las nuevas colonias agrícolas. El historiador Schmidt (2017, p. 23) menciona: “Esta área se hallaba deshabitada, era una gran pampa y los aborígenes lo utilizaban solo cómo tránsito. Vivían en la zona del interfluvio y lo que hoy es Formosa, cerca de confluencias de ríos, esteros y lagunas”. Según el Plan Estratégico Urbano Territorial de J. J. Castelli

Cuando se produjo el arribo de los primeros contingentes de colonos, no existía prácticamente en el lugar aborigen, a excepción de algunas familias que sumaban 39 personas al mando del caciquillo Aranda, cuya ocupación eran la de baldeadores de agua en los puestos ganaderos. Los indígenas que habitaban el Teuco al tener conocimiento de la colonización de estos campos, se trasladaron a Castelli, ocupando 30 lotes invocando ser nativos (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Presidencia de la Nación, 2016).

Desde esta perspectiva la movilidad excluye la posibilidad de residencia, ignorando las complejas redes y formas de habitar que las comunidades indígenas desarrollaron en el Gran Chaco a partir de prácticas de movilidad particulares: desplazamientos y nucleamientos.

La presencia indígena en las zonas de las colonias agrícolas fue reconocida y negada simultáneamente, primando la idea que solo vivían cerca del río Teuco y se desplazaron hacia el centro, generando numerosos conflictos. El diario La Voz del Chaco en 1931 expone: “En la Colonia Castelli, los indios han comenzado como siempre su norma de conducta: merodear alrededor de los colonos de eficiente ubicación: piden galleta, azúcar, yerba, carne. Cuando por miedo o por lástima se les da uno, no falta el chorro continuo de postulantes, hasta que, como verdaderas sanguijuelas, terminan con todo, y por fin con la paciencia del pobre colono que, desesperado, niega de mal modo, único extremo de librarse de tan molesta visita” (1931, septiembre 1, pp. 1-2). Para 1930, la ocupación del territorio por las comunidades indígenas por fuera de las reservas asignadas con control militar era un problema Estatal: “si los indígenas se trasladan a las colonias, debían ser obligados a regresar a la reserva (sus lares legítimos) para ser protegidos, entregarles implementos de labranza hasta lograr redimirse económicamente” (1931, julio 15, p. 1). Se afirmaba de ser necesario despejar el campo invadido por los indígenas nómades, cuya condición de vida los llevaba al abigeato y la rapiña, generando hechos deplorables que requerían intervención policial (1931, septiembre 4, pp. 1-2).

El 10 de octubre de 1931 el General Eugenio Tchorba reunió a varios caciques indígenas, como Augusto Soria, Cabito Leiva, Lorenzo Aranda, Carlitos Gómez, Juan Miguel y Julián Chichín en Colonia J. J. Castelli para la firma un convenio en el que se comprometían a “no molestar a los colonos, hasta tanto el gobierno resuelva sobre algunas peticiones a cambio de tierras, ayuda oficial en animales e implementos agrícolas, y la creación de un cuerpo de policía indígena” (Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Presidencia de la Nación, 2016). Este acuerdo no representaba a todos los grupos indígenas ni los intereses comunes, ya que confinarse a tierras específicas para trabajar en términos capitalistas no era un deseo compartido. Ante la negativa, el 11 de octubre el gobierno envió un batallón de gendarmería de Las Lomitas (Formosa), dándole la facultad al inspector Sienra de negociar un nuevo acuerdo. La necesidad de mano de obra para la zafra algodonera y la existencia de lotes libres llevó a las autoridades a tolerar la permanencia indígena en la región.

Así, las políticas estatales implementadas se materializaron con los desplazamientos y confinamientos de los diferentes grupos indígenas de la zona, una dimensión creadora de la violencia con la transformación radical de sus territorios de vida (Salamanca, 2022). La creación de reservas indígenas, pueblos y parajes controlados policialmente, formó parte del repertorio para el proyecto de civilización e incorporación de mano de obra a la actividad agrícola e industrial en auge. A su vez, el avance de la frontera agroindustrial expulsó a los grupos indígenas del monte, ya que redujo las fuentes de subsistencia, forzados a incorporarse a la producción agrícola para obtener los medios de subsistencia mínimos.

Permanencias territoriales: siempre vivimos acá

Son las nueve de la noche, estoy con Isidro en la casa de su hermana cocinando un guiso: él corta las verduras y yo troceo el pollo, somos dos y la olla es grande. Después de introducir todas las verduras, un zapallo completo y un pollo entero llega la hermana (Rosana: “dueña de la casa”), luego dos hermanas más (Florencia y Noelia), y más tarde, un hermano (Javier), el primo (Emanuel) y el sobrino (“Leti”). Ya somos siete nadie con más de 40 años- alrededor de una pequeña mesa, hablamos del origen del barrio y las comunidades que vivían en el monte, logramos reconstruir entre los siete muy poco acerca de la historia de la conformación del barrio Nocaayi, Noelia –que estaba a mi lado– me dice por lo bajo: “ya los que vivimos y nos criamos en la ciudad no conocemos mucho de lo que nos pasó antes, ya no preguntamos a los ancianos y muchos de ellos ya no están; solo sé que acá el Nocaayi se formó porque muchos hermanos se enfermaron de Tuberculosis (TBC) y vinieron a atenderse acá y ya quedaron”. Acto seguido Isidro me propone: “Mañana podemos ir a El Espinillo, ahí vive mi tío Vicente que él sabe mucho de la historia de las comunidades”.

Salimos después del mediodía rumbo a El Espinillo, Isidro, Rosana y Javier; luego de casi dos horas por caminos de tierra llegamos a la casa de Vicente. Me presenté, y nos sentamos en dos silletas tejidas bajo la sombra de un algarrobo; me dice que lo que va a contarme lo sabe por su abuelo, quien fue el Cacique Julio García:

Esto era toda una pampa con montes, acá vivían los ancestros primitivos y se iban moviendo en grupos, se quedaban un tiempo en un lugar y después iban al otro, así siempre. Acá en El Espinillo –que le pusieron de nombre después– se llamaba Ele’ lpata’c que significa ‘nido de cotorras’ porque había un algarrobo grande que estaba lleno de nidos, era como una antena que se veía desde lejos y servía para orientarse y venir hasta acá desde el centro. Ese algarrobo quedó en lo que es el centro de El Espinillo, hasta que se hizo la municipalidad y se empezó a secar y hace poco la municipalidad lo cortó. Es muy triste eso, solo quedaron las fotos, era muy importante para la comunidad, porque le dio el nombre original a este lugar.

Figura 2.
Croquis de algarrobo Ele ‘lpata ’c (Nido de cotorras)
Fuente: Elaboración Propia (2023)

El historiador qom Orlando Sánchez (2007) en varias entrevistas realizadas en 1979 a ancianos qom, destaca relatos de la forma de habitar la región central de la actual provincia del Chaco. La transcripción de algunos pasajes del cacique Augusto Soria pueden servir para ilustrar:

este lugar donde estoy viviendo ahora, antiguamente se llamaba Lachiugue (actual Miraflores). Fue el escenario de luchas en dos ocasiones; fue bombardeado (atacado con armas de fuego y explosivos) por los soldados y civiles acusando robo y matanzas de animales vacunos que eran propiedad de los estancieros que ocupaban algunas de las regiones […] también fue la región original de nuestros antepasados, por eso todas las veces después de emigrar a otras regiones siempre venimos a parar acá, porque conocemos desde siempre […] los habitaron todas estas regiones, se mantenían alejados de estas primeras poblaciones (colonias y fortines), mientras otros eran esclavos de ellos. Mis antepasados vivían en la zona de ‘Ele’ Lpata’c, Shinamaiqui, Lachiugue, Qa’alaq Ltai, Lchigo, Lapelole, Ÿolo Lqaic, Nashivic, Micai Ltai, Naue Late’e, Naucolel, Toxonaxaqui; estas son las regiones más habitadas en esa época los distintos grupos tobas eran muchos en cantidad. Algunos nombres de los grupos en estos lugares son No’olgaxanaq, Huaguiilot, Dapicoshec, Ÿolopi, Qolpi, ’Eraxaicpi, Teguesanpi, Pioxotpi, La’añaxashic, Tacshec; eran todos vecinos desde los siglos pasados. Por eso existen zonas y regiones que llevan el nombre de algunos de estos grupos, son lugares donde habitaron lda’te, lma’te, lachaqa’te (p. 15).

Figura 3.
Mapa de topónimos (en proceso) históricos según relatos de Orlando Sánchez y corroborados con Vicente e Isidro.
Fuente: Elaboración Propia (2024)

De estos relatos derivan los topónimos de la Fig. 3, con los cuales se han nombrado a diferentes lugares que habita el pueblo qom históricamente. Estos lugares eran (y son) habitados por nodos de acontecimientos, lugares históricamente construidos, o nombran componentes naturales, referencias, animales, vegetación, etc. y cuyos vínculos se constituyen por experiencias históricas compartidas. La cartografía fue realizada con Isidro y sus parientes de Ele ‘lpata ‘c y Lachiugue con quienes recorrimos el territorio para geolocalizar dichos lugares. A partir del estudio y listado de algunos de estos lugares con los relatos de Orlando Sánchez y el mapeo con familiares demostraron que, a pesar de vivir en comunidades alejadas físicamente, estos eran reconocidos como parte de una memoria territorial común, hoy en día separados por alambrados en propiedades privadas. La localización de estos lugares y los acontecimientos que allí se dieron perduran en la memoria colectiva de algunos grupos. Sin embargo, muchos de estos relatos ya no son transferidos a quienes constituyen una segunda o tercera generación urbana.

Figura 4.
Croquis de redes de desplazamiento en base a los relatos de Vicente.
Fuente: Elaboración propia (2023)

La referencia a los topónimos y desplazamientos refuerza la idea de cómo los nombres y las historias de los lugares articulan prácticas de violencia y resistencia. El mapeo y el estudio de estos lugares demuestran que, a pesar de la dispersión y el desplazamiento forzoso de población indígena, las comunidades mantienen una memoria territorial común. Los relatos de Vicente y las entrevistas de Orlando Sánchez proporcionan un contexto sobre cómo las comunidades indígenas se vieron forzadas a adaptarse a otros espacios por las políticas coloniales y productivas impuestas. En este sentido, la conversación alrededor de la mesa sobre los orígenes del barrio Nocaayi y la falta de conocimiento sobre las historias de las comunidades debido a la pérdida de ancianos reflejan cómo el desplazamiento forzoso y la reubicación de las comunidades indígenas afecta la transmisión de su historia y memoria colectiva. Por otra parte, la historia del algarrobo Ele’ lpata’c y su corte por parte de la municipalidad refleja el complejo entramado de violencias suscitadas en el espacio, desde la decisión gubernamental de intentar eliminar elementos cruciales de identificación indígena y las diferentes formas de resistencia indígena por hacer perdurar la memoria histórica de los espacios exponen una puja por la significación del territorio.

Formas de las violencias actual: devenir urbano

La violencia en el espacio implica la reorganización de territorios y la afectación de comunidades y bienes comunes. Para los indígenas qom es un proceso que ha persistido a lo largo del tiempo, desde la violencia explícita y los desplazamientos forzosos hasta formas más sutiles y estructurales en la actualidad. Muchos de los descendientes indígenas desplazados residen hoy en barrios populares en las periferias de las ciudades, marcados por situaciones de desigualdad y pobreza. La continuidad de la desposesión se manifiesta en la falta de acceso a tierras, la precariedad habitacional y la exclusión económica.

Vicente, uno de los residentes del Nocaayi, menciona varios factores puntuales en su conformación: la incorporación de mano de obra indígena a los cultivos y los numerosos contagios de tuberculosis, atribuidos a los colonizadores y las condiciones laborales en los cultivos. En 1968 el Dr. Cichetti establece un hospital de campaña en J. J. Castelli bajo la organización Juventud Unida de las Misiones para atender a las personas contagiadas. Este tratamiento a largo plazo implicaba permanecer cerca del hospital, por esto en 1971 se crea el Barrio Nocaayi. Para este tratamiento médico el paciente debía trabajar la tierra porque esto beneficiaría su salud, bienestar y le proveería alimentos para su rehabilitación. Sostenía la premisa: “la integración de los indígenas en la sociedad civilizada se daría a partir de la capacitación laboral, el aprendizaje de sus deberes como ciudadanos, la higiene y el respeto hacia los demás” (Schmidt, 2017). Vicente relata “con estos tratamientos largos muchos quedaban en Castelli y no volvieron después a sus lugares […] los familiares nunca se alejaron de los parientes enfermos, y los fueron acomodando en campamentos en los bordes de Castelli y así fueron los primeros barrios indígenas ahí” (Comunicación personal, enero 2023).

Figura 5.
Barrio Nocaayi – Juan José Castelli (Chaco)
Fuente: Registro fotográfico propio (2020)

El proceso de territorialización del Nocaayi se dio con el crecimiento vegetativo de la población y las migraciones desde parajes rurales y localidades. Se nuclearon en predios aledaños a los originales del Nocaayi conformando zonas barriales más amplias que las previstas por los entes gubernamentales. Estas áreas se fueron urbanizando como resultado por un lado, de la intervención de una serie de programas y políticas públicas focalizadas en materia habitacional (trazado de malla ortogonal vial, loteos unifamiliares, construcción de viviendas, equipamiento social y de salud) y la promoción continua de la Juventud Unida de las Misiones y asociaciones evangélicas (construcción de templos, comedores, centros comunitarios, promoción de algunas viviendas y mejoramiento de calles); en constante interacción con las formas de agencia territorial de quienes allí habitaban: autoconstrucción de viviendas, gestión de los espacios comunes y los reclamos para nuevas soluciones habitacionales o mejoras barriales.

Figura 6.
Mapa de barrios populares con población indígena en J. J. Castelli (Chaco)
Fuente: Elaboración propia (2023)

Las políticas públicas de reconocimiento de tierras implementadas en los últimos 30 años en Argentina materializaron jurídicamente la situación en la que se encontraban los indígenas al momento de ser registrados, después de décadas de desplazamientos y nucleamientos forzados, desatendiendo su complejidad histórica. Para ello, es necesario comprender la reforma constitucional de 1994 y la Ley 26.160 de 2006 en un contexto crítico. Si bien la reforma constitucional reconoció el derecho de los pueblos indígenas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y garantizó que estas tierras no pueden ser enajenadas, embargadas ni transmitidas, su implementación ha sido insuficiente y fragmentaria con continuas expropiaciones y desalojos. La Ley 26.160 (recientemente derogada), sancionada en 2006, se promulgó como un intento de paliar esta situación estableciendo un relevamiento territorial de comunidades indígenas para frenar los desalojos y promover la regularización de la propiedad comunitaria. Si bien su aplicación fue parcial y errática, ofrecía cierta protección. La exclusión de la variable étnica en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) refleja una omisión en el reconocimiento de las particularidades de la población indígena en áreas urbanas. Esto invisibiliza los barrios indígenas de las políticas habitacionales y programas que aborden sus necesidades específicas.

La Fig. 6 es resultado de un mapeo colectivo de barrios indígenas de J. J. Castelli realizado con algunos habitantes qom del Nocaayi. Este reveló discrepancias entre los límites de los barrios según las identificaciones espaciales basadas en el uso del territorio y las relaciones sociales: se contrapone con los polígonos oficiales del RENABAP. Este caso evidencia la desconexión entre las políticas públicas y la realidad vivida por las comunidades indígenas, subrayando la necesidad de políticas más inclusivas y representativas.

La continuidad en los desplazamientos históricos forzados ha generado situaciones particulares de los barrios populares indígenas, quienes han sido desplazados a áreas periféricas y desfavorecidas de las nacientes ciudades. Esta dinámica se ha visto influenciada por políticas de planificación territorial que responden a intereses de agentes estatales y económicos, generando injusticias espaciales y exclusión social (Zuluaga y Grisales, 2020). Por ello, la agencia indígena ha jugado un papel crucial en este proceso, las comunidades han desarrollado estrategias para reclamar y defender sus territorios, así como para visibilizar sus demandas y necesidades (Tolosa, 2020) a través de la organización comunitaria y la participación en procesos políticos.

Reflexiones finales

En este trabajo se expuso cómo las múltiples formas de violencia espacial en la región central de la provincia del Chaco han afectado a las formas en las que las comunidades indígenas qom habitan el territorio en la actualidad.

La propuesta analítica sugiere entender a los qom en términos de sistemas de comunidades y redes de desplazamiento continuas en el tiempo, en la interacción con el Estado Nacional y las diferentes estrategias de violencia espacial. Restituir la agencia indígena y comprender la relación entre violencias, memoria y espacio permitiría repensar nuevas formas de justicia socioespacial. Ya que, los intentos de reparación histórica se limitaron a políticas de reconocimiento de tierras actuales, invisibilizando años de expropiaciones y desalojos. Por ello, es crucial rescatar la historicidad espacial del territorio y reconocer las formas antiguas y actuales de habitarlo, en pos de una justicia espacial que constituya una verdadera reparación histórica, para evidenciar las violaciones a los derechos indígenas ya no solo por el Estado, también por residentes no indígenas, quienes aún en la actualidad consideran a las comunidades indígenas como intrusas en sus propios territorios.

En el contexto neoliberal, las políticas económicas y las formas de producción han intensificado las dinámicas de desplazamiento y reconfiguración territorial que afectan a las comunidades indígenas. El modelo neoliberal, caracterizado por la privatización, desregulación y promoción del libre mercado, ha llevado a una mayor concentración de tierras y recursos en manos de grandes corporaciones y actores privados. Esta concentración de poder económico y territorial ha exacerbado las desigualdades y ha aumentado la presión sobre las comunidades indígenas, obligándolas a desplazarse y adaptarse a nuevas formas de producción capitalista. El impacto de estas políticas se manifiesta en la precarización del trabajo, la desarticulación de las economías locales y la marginalización de las comunidades indígenas y rurales. La imposición de un nuevo orden territorial y económico bajo el paradigma neoliberal profundiza las violencias espaciales y la exclusión, limitando el acceso a derechos y recursos fundamentales para estos grupos. Por tanto, es crucial desarrollar políticas públicas más inclusivas y representativas que contemplen las particularidades identitarias y territoriales de las comunidades indígenas, promoviendo modelos económicos y formas de producción sostenibles y equitativas, que permitan a estas comunidades mantener sus modos de vida y relaciones con el territorio.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

CÓMO CITAR: Galvaliz, S. (2025). De todas partes y de ningún lugar. Vínculos entre espacio y violencias en la región central de la provincia del Chaco: afectaciones socioespaciales históricas a la población indígena qom. A&P Continuidad, 12(22), doi: https://doi.org/10.35305/23626097v12i22.514

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URL: https://www.ayp.fapyd.unr.edu.ar/index.php/ayp/article/view/514 (html)