Introducción

El sistema capitalista atraviesa una crisis estructural aguda: la declinación de la hegemonía de Estados Unidos y la fuerte disputa económica con China, exacerbada por la política de aranceles de Donald Trump, son rasgos del proceso de cambio que está atravesando el sistema-mundo. García Linera (2025) menciona que “atravesamos tiempos liminales sin horizonte ni redención previsible. Por ello, el mundo se ha convertido en un campo de batalla sin reglas para descuartizar países, mercados, poblaciones y esperanzas”.

El sector energético se ha convertido en una pieza clave de este proceso de transformación, cuya disputa implica la lucha por el control de las cadenas de valor, especialmente en el marco de los debates sobre el cambio climático. Aguilera (2023) caracteriza esta etapa como un cambio de fase que modifica la estructura productiva, en un mundo que avanza sobre los cimientos de la digitalización de la economía. Esto trae consigo un nuevo modo de producción de energía, basado en infraestructuras orientadas al consumo de energías limpias, proceso conocido como transición energética (TE).

En este contexto, el 10 de diciembre del 2023 Argentina inició una nueva etapa bajo el gobierno de Javier Milei, definida por el mandatario como “anarcocapitalista”, que tiene como base de su programa económico un modelo de extranjerización y explotación de los recursos naturales -minero energéticos- del país.

El inicio de esta nueva etapa tuvo entre sus ejes principales la aprobación de la ley 27.742, denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos"¹, popularmente conocida como ley ómnibus que, entre sus artículos, el denominado Título VII, creó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), reglamentado a través del decreto 749/2024².

El RIGI y las medidas económicas que le siguieron a su aprobación intentan llevar al país a una “inserción en el mundo” desde un lugar de subordinación en el marco de la reconfiguración global antes mencionada.

Este artículo describe brevemente el proceso de transición energética global y en ese contexto analiza la situación energética de Argentina y las implicancias del RIGI, partiendo de la hipótesis de que este marco legislativo busca profundizar un modelo extractivista³ productor de materias primas en detrimento del tejido productivo nacional.

Transición energética en el contexto internacional

La transición energética implica el paso de una matriz dominada por fuentes fósiles —que actualmente representan cerca del 80 % del consumo energético mundial— hacia una matriz sustentada en energías limpias como la eólica, solar, hidroeléctrica y nuclear, entre otras.

Este proceso se aceleró tras la crisis económica de 2008, cuyo epicentro estuvo en el sector financiero estadounidense y que Shaikh (2022) describe como “la primera gran depresión del siglo XXI”. Como respuesta, se incrementaron significativamente las inversiones en energías limpias, destacándose China como principal inversor mundial gracias, en parte, a un paquete de estímulo de 600 mil millones de dólares implementado tras la caída de Lehman Brothers, en línea con su meta de alcanzar la llamada neutralidad de carbono, es decir lograr un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción por la naturaleza o mediante tecnologías de captura de carbono, antes de 2060 (El Periódico de la Energía, 2024).

En este escenario, surgieron propuestas como el “Green New Deal”, que promueven una Transición Energética Corporativa (TEC) presentada como solución a las crisis financiera, climática y energética. Esta propuesta se basa en los objetivos energéticos y financieros de las economías centrales y de un conglomerado de corporaciones transnacionales –de energía, minería, transporte, infraestructura, fondos de inversión, entre los más visibles–, en alianza con los organismos de gobernanza global. En ese marco asignan a las periferias un lugar funcional a sus objetivos e intereses, que contrasta y diverge de otras formas de concebir la TE que surgen por ejemplo de las necesidades y demandas diferenciadas de las distintas regiones que conforman el Sur Global (Malinovsky y Hurtado, 2024).

La TEC tiende a reproducir y profundizar las desigualdades globales, relegando al Sur Global a un rol funcional: proveedor de materias primas estratégicas y, al mismo tiempo, comprador y ensamblador dependiente de paquetes tecnológicos cerrados provistos por las economías centrales.

Este modelo de transición energética puede comprenderse mejor desde la perspectiva de Marx, quien advertía que el capital tiende a reinventarse para sortear cualquier barrera que limite su acumulación:

De ahí la exploración de la naturaleza entera, para descubrir nuevas propiedades útiles de las cosas; intercambio universal de los productos de todos los climas y países extranjeros; nuevas elaboraciones (artificiales) de los objetos naturales para darles valores de uso nuevos. La exploración de la Tierra en todas las direcciones, para descubrir tanto nuevos objetos utilizables como nuevas propiedades de uso de los antiguos, al igual que nuevas propiedades de los mismos en cuanto materias primas (Marx, 2019).

Así, el capital, “que es constantemente revolucionario” (Marx, 2019), se apropia de la transición energética para crear nuevas ramas de producción y superar los límites que la naturaleza le impone. Esto se observa en el auge de sectores como la energía eólica, solar, hidrógeno verde, nuclear, fracking -hidrocarburos no convencionales- y captura de carbono, cuya inversión y desarrollo se han incrementado de forma constante desde 2008, hoy liderados por China.

Asimismo, la magnitud y complejidad de las transformaciones comprendidas en la noción de TE se sitúan en un escenario global atravesado inicialmente por la crisis climática y financiera. A esto se suman, en los últimos años, la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, los conflictos bélicos en regiones como Rusia-Ucrania, Israel-Palestina o mejor dicho el genocidio en Gaza, India-Pakistán e Israel-Irán, así como las crecientes tensiones asociadas al ascenso de China y a hechos como la “guerra comercial” iniciada durante la primera administración de Trump y profundizada en su segundo mandato (Malinovsky, 2025).

En suma, la TE se enmarca en un contexto internacional en transformación, impulsado por las grandes potencias, organismos multilaterales y principales corporaciones energéticas y tecnológicas. Bajo esta lógica, la TEC asigna a los países del sur global o en vías de desarrollo, como Argentina, un rol esencialmente extractivo, limitándolos a la provisión de materias primas estratégicas y perpetuando así estructuras históricas de dependencia, desposesión y hegemonía. En contraste, Hurtado (2022) propone concebir la transición energética como un sendero de desarrollo propio en forma de trípode que combine: transición energética, industrialización y desarrollo de capacidades autónomas científico tecnológicas como proceso de aprendizaje institucional colectivo, que hoy no sería posible sin un adecuado posicionamiento geopolítico en alianza con el bloque BRICS liderado por China e impulsado por Brasil en la región.

Recursos energéticos de Argentina

Argentina posee una gran reserva de recursos energéticos y mineros, que hoy se tornan estratégicos en el contexto global descrito, entre los que se destacan principalmente los hidrocarburos no convencionales y litio, entre otros.

Según la administración de información energética de EE.UU. (2013), Vaca Muerta es la segunda reserva de recurso⁴ no convencional de gas en el mundo, y ocupa el cuarto lugar en recursos de petróleo no convencional detrás de Rusia, Estados Unidos y China. El yacimiento posee un gran potencial en términos de obtención de gas con reservas estimadas en 308 billones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) y reservas de petróleo de 16,2 mil millones de barriles.

En materia de litio, Argentina es el segundo país con mayores recursos (19 millones de toneladas), ubicada detrás de Bolivia (21 millones de toneladas) y seguido por Chile (9,8 millones de toneladas); estos tres países conforman el denominado “triángulo de litio”. que concentra el 58 % de los recursos mundiales (Ver Figura 1).

Figura 1
Recursos mundiales de litio 2022.
Fuente: elaboración propia en base a datos de U.S Geological Survey (2022).

La Agencia Internacional de Energía (IEA, 2023), a su vez, menciona que Argentina es el único país de América Latina y el Caribe que ha desarrollado la explotación de hidrocarburos no convencionales a escala. En igual sentido, Sady-Kennedy (2022), en relación al litio, sostiene:

[…] de los países latinoamericanos que poseen reservas de litio, la Argentina es el país que opera de forma más abierta a la inversión del sector privado en el mercado. El gobierno federal no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria.

En suma, en este contexto la creación del RIGI, que se presenta como un incentivo y apertura a los capitales extranjeros para la explotación de dichos recursos, más bien, sería un régimen de habilitación a la inversión -extranjera o local- de apropiación de las grandes reservas de recursos naturales desde una lógica extractivista, con el objetivo de concentración y maximización de beneficios, en detrimento de la soberanía energética y la industria local.

El RIGI, un andamiaje legal para el extractivismo

En general los regímenes de incentivo se entienden como políticas de promoción sectorial que favorecen ciertos mercados o sectores de la economía. Cabe interrogar al RIGI sobre su funcionalidad: ¿qué modelo económico expresa? ¿Es un régimen que busca dinamizar sectores productivos de la economía? ¿Cómo propone hacerlo?

La política energética nacional parece dirigirse a ocupar el lugar que le conceden las principales potencias y empresas globales, de mero proveedor de materias primas en la TEC. Hurtado (2024) menciona que:

El proceso que lleva de Menem hasta Macri y Milei muestra que los ataques a la ciencia y la tecnología se intensifican en escala y velocidad. En la misma proporción que se aceleran e intensifican los ciclos de financierización, endeudamiento, fuga y extranjerización, se aceleran e intensifican los ataques a los entornos institucionales-empresariales donde la Argentina industrial e inclusiva busca acumular capacidades organizacionales y de investigación y desarrollo con crecientes grados de autonomía.

Se puede pensar, de manera análoga a cómo se dio la división internacional del trabajo en los comienzos de la revolución industrial, que la configuración en torno a la TE se presenta como una suerte de “división internacional de la energía”, donde, por un lado, los países y corporaciones del Norte Global desarrollan la “nueva” industria energética, y por el otro, los países del Sur Global tienen el rol de meros proveedores de recursos naturales.

El RIGI, aprobado con represión en la calle, se presenta como la “semilla” de un nuevo ciclo extractivista en el país, ya que brinda seguridad jurídica y fiscal por un periodo de 30 años en detrimento del entramado productivo nacional y de la soberanía energética.

Marx (2019) señalaba que, en la industria extractiva, como la pesca o la minería, el trabajo consiste meramente en la superación de los obstáculos requeridos por la captura y apropiación de los productos en bruto o primarios, es decir, no se elabora ninguna materia prima para la producción, sino más bien se hace objeto de apropiación al producto en bruto existente.

El RIGI fija mínimos de inversión en energía: USD 200 millones en general, USD 600 millones para petróleo y gas offshore y gas de exportación, y USD 300 millones para transporte y almacenamiento (Decreto 794/2024), y entre sus puntos se destacan:

• Se autoriza al inversionista a no liquidar los dólares de sus exportaciones: 20% a partir del primer año contando desde la fecha de adhesión al RIGI; 40% a partir del segundo año y a partir del cuarto año puede dejar en el exterior el 100% de las divisas. Dichos fondos en los porcentajes mencionados serán de libre disponibilidad.

• Se asegura estabilidad en las reglas referidas a tributación y condiciones de concesión por 30 años.

• Se permite transferir las participaciones sociales de la entidad jurídica creada para la inversión, denominada vehículos de proyecto único, sin previa autorización, dando pie a comportamientos especulativos.

• Se fija una alícuota diferencial para el impuesto a las ganancias del 25%, siendo un 35% para inversiones fuera de este régimen, a la vez que se brindan beneficios especiales en la determinación de la base imponible (amortización acelerada, uso de quebrantos impositivos, etc.). Estos beneficios que no tienen antecedentes, ni siquiera como solicitudes, por parte del sector empresario.

• Se habilita, a criterio del inversor, la posibilidad de recurrir a arbitrajes o tribunales extranjeros como el CIADI.

• Se exime del pago de todo arancel o derecho de importación, perjudicando de esta manera la industria local.

• Se limita el desarrollo de proveedores locales a un 20% de la inversión destinada a contrataciones, y solo si cumplen condiciones de mercado en precio y calidad, lo que restringe su participación real.

• Ausencia de incentivos para investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, reinversión y agregado de valor.

En perspectiva, el RIGI se configura como el andamiaje legal que posiciona al país como mero proveedor de materias primas en la agenda global de la TEC. Liaudat y Atencio (2024) mencionan que el RIGI provocará una brutal primarización, concentración y extranjerización aún mayor de nuestra economía y la destrucción del entramado industrial nacional, hipotecando nuestro futuro en tribunales internacionales al someter a la Argentina a su jurisdicción.

Asimismo, Hurtado (2025) caracteriza la funcionalidad del RIGI como:

Mecanismo para favorecer el avance de los grupos económicos sobre el sector energético y el reemplazo de una política para este sector, por la paralización de la obra pública y la promoción de inversiones con criterios de minimización de riesgos, y el establecimiento de reglas de juego para facilitar la desposesión de bienes públicos que exacerba hasta límites inconcebibles el sometimiento de la Argentina a la geopolítica, hoy defensiva, del “patio trasero”, que favorece la disgregación territorial y justifica, a nuestro criterio, la calificación de neoliberalismo neocolonial.

El objetivo de este tipo de normativas, que desregulariza la actividad, quedó explicitado en la intervención de Milei en el acto del día de la industria en la Unión Industrial Argentina (UIA), donde aseguró que “vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes [los empresarios]” (Casa Rosada, 2024).

En línea con el rol de extranjerización de los recursos naturales que la TEC destina al Sur Global, el gobierno argentino firmó un memorándum de entendimiento con EEUU el 22 de agosto de 2024, que tiene como objetivo:

Fortalecer la cooperación entre los participantes en materia de cadenas de suministro de recursos minerales críticos y promover el comercio y la inversión entre los países de los participantes en la exploración, extracción, procesamiento y refinación […]. En tal sentido, se espera seguir colaborando con Estados Unidos a fin de asegurar el suministro de minerales claves para la seguridad energética y trabajar juntos para que nuestro país ocupe un lugar de relevancia en las cadenas de valor de esta nueva industria (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2024).

Sin embargo, a pesar de las bondades que ofrece el régimen en cuestión, a un año de aprobado no han afluido inversiones extranjeras al país. Hasta ahora se presentaron 11 proyectos, en su mayoría de capitales nacionales, de los cuales sólo tres se encuentran aprobados: el parque solar “El Quemado” y anexos de YPF-Luz; Vaca Muerta oleoducto sur de YPF; y un buque de licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, en Río Negro, de la empresa Southern Energy, propiedad de Pan American Energy y Golar LNG (Tarricone, 2025).

Otro ejemplo de fracaso del RIGI se puede encontrar en la disputa por la instalación de la planta de Gas Natural Licuado, denominado proyecto Argentina-LNG, entre YPF, empresa petrolera Argentina, y Petronas, empresa petrolera malaya, que contemplaba una inversión de USD 30.000 millones e iba a ser la inversión más grande en la historia del país.

Al respecto, Horacio Marín, presidente de YPF y ex CEO de Tecpetrol, afirmaba que “sin RIGI no hay GNL”, y que “sin RIGI no podremos competir en el mercado internacional, principalmente con EE.UU.” (Malinovsky, 2024). Dicha afirmación carece de seriedad dado que Petronas había confirmado la inversión bajo el régimen que le ofrecía la ley de promoción del GNL presentada por el ex candidato a presidente Sergio Massa en el año 2023. Esta ley, obtuvo media sanción en diputados, y entre sus artículos, a diferencia del RIGI, planteaba la libre disponibilidad del “50% de divisas de exportación”, y no la disponibilidad del 100% de las divisas luego del cuarto año.

La simple eliminación de barreras arancelarias o regulatorias sobre las inversiones extranjeras no es sinónimo de realización de inversiones en el país. Por el contrario, es necesario un planteo inteligente que permita el ingreso de inversiones extranjeras que motoricen no solo la explotación de los recursos naturales, sino que vayan de la mano de un proceso de industrialización del país, con transferencia de tecnología, que permita incorporar nuevas capacidades nacionales.

En pocas palabras, el alineamiento explícito y “carnal” por parte del presidente libertario con el país del norte e Israel, y las políticas llevadas adelante para desregular el Estado, entre ellas el RIGI, nos remite a un modelo de país de principios del siglo pasado, donde el bienestar es garantizado para una porción menor de la población, quedando para las grandes mayorías las promesas de las “fuerzas del cielo”, es decir, el bienestar y la inclusión social se concretarán en el “paraíso”.

Conclusiones

Del análisis realizado, se visualiza la tendencia de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei en el área energética, en las cuales se propone sentar las bases para el inicio de un nuevo ciclo extractivista o etapa colonial para Argentina en el siglo XXI, sometiendo al país al rol que diseñan desde el Norte Global -Estados y corporaciones- para países poseedores de recursos naturales estratégicos.

Mónica Peralta Ramos (2007) sostiene que la apertura económica, las privatizaciones, la pérdida de control estatal sobre la política monetaria y cambiaria y el aumento de la deuda externa impulsaron una lógica que favoreció la extracción y transferencia del excedente y la riqueza nacional hacia los países centrales. Dicho proceso vuelve a repetirse en lo que Cristina Fernández de Kirchner (2024) denomina “Argentina en su tercera crisis de Deuda” como un nuevo proceso de saqueo en el país a partir de la vuelta al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri y el nuevo préstamo realizado por Milei.

En suma, el RIGI vehiculiza las demandas de la TEC relegando al país a un mero proveedor de materias primas, en detrimento del entramado productivo nacional, que puede generar un período de flujo de divisas positivo en el corto plazo, pero generará un déficit estructural a partir del cuarto año, a causa de la libre disponibilidad de divisas, lo que puede traducirse en un negocio con ganancias extraordinarias para los sectores corporativos. En ese sentido, el RIGI no solamente es un régimen legal y normativo, sino que también se presenta como una herramienta y un símbolo de dominación extranjera.

En este contexto resulta imperioso impulsar un programa consensuado — desde abajo y desde arriba— que involucre a los distintos actores políticos, económicos y sociales, con el objetivo de promover transformaciones profundas en los marcos regulatorios y en las dinámicas financieras que hoy son pilares de las políticas extractivas en el país. En esta misma línea, cobra relevancia avanzar en la integración regional, e internacional al grupo BRICS, que permita fortalecer la ampliación y diversificación de las capacidades científicas, tecnológicas y productivas, guiadas por criterios de soberanía, mayor autonomía y justicia social.

Referencias

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Notas