Los estudios sobre las organizaciones populares en la Argentina contemporánea

Se puede comenzar por establecer que en los momentos de consolidación de las políticas neoliberales en nuestra región que reestructuraron el orden social, emergieron o se visibilizaron diversos movimientos y organizaciones que pusieron el eje en la cuestión de la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Algunas de estas experiencias pueden considerarse nuevas, pero otras venían gestándose subterráneamente -y no tanto- a lo largo de la historia de nuestro continente como los movimientos indígenas y campesinos. En este contexto Argentina fue escenario de una heterogénea gama de prácticas de resistencia que adquirieron notoriedad. Es decir, la atención se va corriendo entonces hacia el estudio del surgimiento de novedosas formas de protesta y repertorios de acción colectiva relacionados con las políticas de apertura económica y ajuste. Con la aparición en escena en el año 1996-1997 de los denominados movimientos de desocupados se termina de consolidar un campo de estudio que recorre distintas inquietudes.

Es así como a partir del año 2003, se visualiza una nueva dinámica política de participación de los movimientos y las organizaciones caracterizadas por las transformaciones en las formas de la acción colectiva y en especial por las modalidades de vinculación con el Estado que motiva intensos debates. En una línea de interpretación se encuentran aquellos estudios que analizan dicho proceso en clave de captación o cooptación.

No obstante, en los últimos años también encontramos trabajos que cuestionan tales enfoques y empiezan a problematizar de manera diferente la dinámica de los movimientos y organizaciones en las presidencias de los “Kirchner”[2]. Estos escritos (como los de Natalucci 2012; entre otros) analizan las relaciones ente organizaciones, movimientos y el gobierno como decisiones conscientes ante el desafío de las organizaciones de reposicionarse de cara al nuevo escenario. En palabras de Schuttenberg, “(…) frente a un gobierno que construye legitimidad apelando a la oposición al modelo neoliberal a través de un imaginario productivista que recuperaba buena parte de las demandas que habían permitido la articulación de la protesta” (Schuttenberg, p. 39). En esta dirección se encuentran los estudios que se concentran en el proceso de institucionalización de las organizaciones.

Ahora bien, existe un cierto consenso en que las posibilidades abiertas a partir del año 2003 para las organizaciones sociales mayoritariamente volcadas a la confrontación hasta el momento, cambiaron. No sólo por la evocación a la tradición nacional popular o a una retórica inclusiva por parte de un gobierno que las convocaba a ser partícipes de un proyecto, sino -y principalmente- por cuestiones más concretas, más cercanas a la vida cotidiana de estas organizaciones como por ejemplo: el aumento del presupuesto en materia social, la creciente disponibilidad de recursos, el mayor acceso a programas y proyectos, etc. En este punto, el rediseño de las prácticas de asistencia que se desplegaron a nivel territorial guarda estrecha relación con los procesos que se pueden asociar a la denominada re-actualización de la gramática movimientista. Al respecto, se entiende por gramática a un juego de reglas no escritas que delimita, por un lado, las pautas de interacción de los sujetos; y por otro, las combinaciones de acciones para coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas, acciones que se dirijan a cuestionar, transformar o ratificar el orden social. (Natalucci, 2010). En definitiva, esta noción de gramática alude a las reglas y usos que dotan de un principio de inteligibilidad a las acciones. A su vez, se hace referencia por gramática movimientista a aquella caracterizada por un modelo en lo social y lo político capaz de garantizar la integración de los sectores populares. Entendiendo a su vez a la gramática como producción de algún orden, esta estructura las prácticas, y en el caso de la movimientista, la referencia está dirigida a la gramática de integración de los sectores populares o del pueblo argentino en la disputa política nacional de la mano de las experiencias peronistas de nuestro país. La integración de los sectores populares en esta dirección estuvo atravesada por la construcción de la seguridad social, por las políticas sociales de carácter universal y por la noción de asistencia como derecho. Estas profundas modificaciones -que la integración de los sectores populares conlleva- no sólo en términos de acceso a bienes sino, fundamentalmente, en cómo modifica la distribución y las relaciones de poder- construye subjetividades que perduran a lo largo de la historia.

Esta historia enlaza los procesos de participación popular a la génesis y el desarrollo de diversos actores sociales como las organizaciones populares. Se entiende que las organizaciones constituyen esos agrupamientos conformados en el intersticio que dejaron los partidos políticos y los sindicatos Desde esta dirección de análisis, el concepto de organizaciones populares para autores como Schuttenberg (2014) se ubica en una dimensión analítica diferente a la de un movimiento social en tanto hace alusión a un referente empírico concreto más que a lógicas de acción. Estas organizaciones -a diferencia de los movimientos sociales por ejemplo- se caracterizan por tener un relativo grado de estructuración organizativa que retoma antiguas tradiciones e identidades políticas, por articular demandas de carácter económico y por posicionarse y trazar estrategias en el ámbito político institucional.

Este concepto de organización, también permite historizar los vínculos que estas tienen con representaciones partidarias y no pensarlas únicamente como expresión novedosa producto de las políticas de ajuste neoliberal. Autores como la mencionada Natalucci señalan que las oportunidades políticas e identitarias no se originan de un modo excluyente, sino por el contrario, se fortalecieron mutuamente. Para esta autora la noción de oportunidades identitarias no refiere a la acción de las organizaciones solamente, ni tampoco a las construcciones que éstas realizan en pos de poder interactuar; sino a las condiciones de posibilidad que propician la actualización de tradiciones políticas. Es así como la conformación de un sujeto social, es indisociable de un proceso identitario. Esto no significa de modo alguno asimilarlos o acotar los espacios de conformación de los sujetos a las identidades sociales. Por el contrario, la identidad, para autores como Aboy Carles (2005), puede considerarse como una forma o un espacio específico de subjetividad que adquiere una estabilidad dinámica y que refiere a un sentido de pertenencia colectivo, a la conformación de un nosotros imaginario, a la movilización de códigos comunes y a la posibilidad de pasar de la primera persona singular a la primera del plural en diversas situaciones.

La identidad, entonces puede ser pensada como un proceso dinámico de configuración subjetiva pero que permanece abierto a la reconstrucción incesante. Es necesario entonces identificar su núcleo central que a su vez resemantiza otros códigos al incorporarlos a la configuración. Las mismas acciones colectivas -ya sean cotidianas o extraordinarias- impactan en la conformación de la subjetividad colectiva e incorporan nuevos sentidos o reordenan los códigos donde pueden aparecer nuevos o emerger aquellos que parecían cristalizados. Se podría arriesgar entonces la idea que -la identidad- se relaciona con los códigos, los recuerdos, los símbolos, etc. Pero también (y quizás fundamentalmente) con las experiencias singulares y colectivas. En esta dirección, Retamozo (2009) da cuenta que la relación entre símbolos y experiencia es una de las claves para comprender el proceso de interacción y síntesis que sucede en una dinámica que es necesaria reconstruir en un nivel más abstracto. Entonces, este autor plantea que la subjetividad colectiva es fundamentalmente un proceso para dotar de sentidos, y opera como una instancia más móvil, calidoscópica. Mientras que la identidad se considera una instancia diferente producto de experiencias históricas, sedimentaciones de sentidos y en el cual no puede desconocerse la mirada de la alteridad en esa conformación del nosotros. Es así como la subjetividad colectiva, “(…) pone en juego tramos de las identidades, las reescribe en el presente, apelando a la memoria, a la historia, a un nosotros fundamentalmente mítico” (Retamozo, 2009, p. 111). Entonces, la subjetividad colectiva re-actualiza a la identidad en un proceso en que la recrea y modifica constantemente. Este aspecto identitario resulta clave para comprender la conformación de los movimientos sociales y las organizaciones populares.

Desde esta perspectiva, las organizaciones, surgen como un tipo de sujeto social en la articulación de diversos sentidos presentes en la cultura y en la historia de los sectores populares - el pueblo movilizado -. Se puede considerar, en esta dirección, que las prácticas, la retórica, las experiencias colectivas, etc., inciden en los significados, construye, reconstruye, decanta y recrea continuamente una configuración particular de cada organización (sus mitos, sus imaginarios, sus acciones, sus proyectos, etc.) que tributan en forma constate a la reconfiguración de su identidad. La subjetividad colectiva articulada en un sujeto social entonces inscribe elementos particulares que permiten la acción colectiva. Ahora bien: ¿Qué significa la palabra “pueblo”?, ¿Todos, algunos, los pobres?, ¿El pueblo es una realidad empírica, pre-existe o se constituye? La noción de pueblo –omnipresente en la retórica de la gramática movimientista- despierta diversas interpretaciones y motiva estimulantes interrogantes. Para prosperar en el análisis de los mismos se considera pertinente pensar cómo la idea de pueblo -y de populismo quizás- comparten el extraño privilegio de estar cargadas de connotaciones negativas, y su significado es vago o impreciso. Estas asociaciones son plausibles de ser analizadas desde diversas dimensiones y no es intención articularlas de manera mecánica o simplista, sino que sólo se pretende acercar algunas reflexiones.

La palabra “pueblo” retomando a Rinesi y Muraca, tiene una doble valencia, una doble significación:

“El componente conflictivista se asocia al hecho que la palabra pueblo define a un sujeto colectivo particular, a la identidad de los pobres, y su componente consensualista, organicista y armonizador se asocia al hecho de que la misma palabra pueblo define también a un sujeto colectivo universal, a la identidad del conjunto de los miembros del cuerpo social” .

(2008, p. 64).

Esta “ambivalencia”, esta tensión presente en el concepto “pueblo” (y se podría extender a “populismo”) no son “problemas” o desviaciones a resolver, por el contrario, desde la perspectiva de Laclau, son lo constitutivo de lo político como tal.

A partir de estos señalamientos se considera que las organizaciones deben ser analizadas y comprendidas -alejándonos de esencialismos- desde lo que hacen, dicen y construyen en sus prácticas cotidianas; y estas últimas son necesariamente multidimensionales, contingentes y contradictorias como toda práctica societal. La experiencia de transitar los cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos, de alguna manera fertilizo el escenario para que organizaciones dispersas, distanciadas, con evaluaciones, estrategias y referencias identitarias diversas; confluyeran en la decisión de abonar de alguna manera a un cambio de rumbo o modelo que se cristaliza con el triunfo electoral del Frente de Todos en el año 2019.

Asistencia y organizaciones hoy: tiempo de redes y articulación en los territorios

Este cambio de rumbo o modelo implica que hoy se asista a un escenario complejo de reconfiguración de la seguridad social en particular, y de todas las dimensiones que hacen al bienestar colectivo en general gravemente deterioradas por las políticas del gobierno de Cambiemos. En este punto, se entiende que es necesario caracterizar el Neoliberalismo menos como un modelo, y más como un proyecto regional que todavía goza de muy buena salud en algunos países de nuestro continente y tiene vigorosas expresiones y defensores en nuestro territorio. Establecido esto se puede enunciar que a pesar de la crisis fiscal y de deuda sé avizora un horizonte de restablecimiento del principio rector de solidaridad a partir de medidas como las siguientes: ante la pérdida del poder adquisitivo de más del 40 por cierto de los titulares de derechos de jubilaciones y pensiones, se apunta de manera preeminente a la recuperación de los ingresos previsionales más bajos.

En la misma dirección, se refuerzan los ingresos de la AUH. A su vez, se pone en discusión los regímenes jubilatorios diferenciales de sectores de altos ingresos desde una visión basada en el principio de solidaridad que ya se mencionó con anterioridad. Se amplía la cobertura de medicamentos a jubilados y pensionados universalizando el acceso gratuito de algunas drogas de alto consumo (sin alcanzar todavía los estándares de cobertura logrados hasta el 2015). En asistencia sanitaria, las medidas adoptadas son muchas y se destaca como dato relevante en estos contextos de emergencia mundial de la pandemia del Covid-19, el fortalecimiento de los servicios de salud en todos los niveles de atención, la implementación de dispositivos de atención específicos para la prevención, la detección y el tratamiento de la enfermedad citada, el retorno de un programa nacional y gratuito de acceso a medicamentos, el aumento de programas de cobertura de tratamientos de alto costo como enfermedades oncológicas; y el refuerzo de programas preventivos con componentes asistenciales relacionados a enfermedades que se vieron incrementadas por el aumento de la pobreza como el chagas y el dengue principalmente. Se destacan a su vez los programas de asistencia en la emergencia social, la implementación del IFE (ingreso familiar de emergencia); y la instalación de la perspectiva de reconversión de los planes en diversas formas de trabajo.

En este embrionario escenario, las organizaciones sociales vuelven a ser parte de la convocatoria a debatir, planificar y hasta ocupar cargos de gestión en la escena municipal, provincial y nacional. En esta convocatoria se suman actores que habían estado más alejados de las experiencias de gobierno durante todo el kirchnerismo como es el caso de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) entre otros. Esta “participación” como se planteó con anterioridad, suele ser motivo de acalorados debates a partir de concepciones homogeneizantes, ya sea por su idealización o por su demonización. Por el contrario, se entiende que las organizaciones construyen singularmente y constantemente nuevos espacios que habitar y nuevas narrativas en las cuales inscribirse. Es así como se considera que los resultados de las prácticas y los vínculos entre Estado y organizaciones que a la vez son parte de esa gestión, estando en muchos casos en los “dos lados del mostrador”, es un tópico que necesita aún estudio y reflexión por ser un escenario vigente y en constante transformación. Es decir, resulta de notable pertinencia prestar atención a estos procesos de ampliación de la convocatoria a formar parte a ese arco diverso de organizaciones que discuten, negocian y son parte de la gestión de lo social hoy. Y es evidente que esta etapa esta permeada por temas de la agenda societal que estos colectivos representan y movilizan. El tema del género y la economía popular son emblemáticos en ese sentido.

Claves para pensar las prácticas en territorios: paradojas de la etapa

Se considera después del recorrido planteado que, el Estado debe articularse, enhebrarse y alimentarse con las organizaciones populares con base territorial. Porque son estas últimas las que pueden materializar muchas de las políticas públicas y en especial, las sociales. Ahora bien, estos procesos no deberían conspirar contra la profesionalización de las intervenciones ni con el robustecimiento de lo público estatal en su conjunto. Y mucho menos tender al desmembramiento y la falta de coordinación entre áreas estratégicas. En este punto, la profesión se encuentra ante (al menos) tres desafíos fundamentales:

1-En relación a la virtualización de las políticas públicas y en especial las sociales: el desafío vigente radica en pensar y construir las mediaciones necesarias para que estas estrategias no conspiren contra la accesibilidad. Este tópico nos conduce a re pensar en todas las operatorias de las políticas sociales desde la concepción de concebir lo social como algo más complejo que una red de intercambios socio-económicos; sino por el contario como redes de intercambios socio-afectivos. Desde la comprensión que el tema de la accesibilidad moviliza aspectos económicos pero también generacionales, simbólicos, etc.

2- En segundo lugar, la paradoja central que consiste en como re pensar la dimensión vincular, el lazo afectivo, de cercanía, de proximidad en contextos de asilamiento y distanciamiento social. Y para esto la articulación con las organizaciones sociales, deportivas, políticas, religiosas etc., resulta un desafío ineludible (se convierten en la posibilidad por citar un ejemplo, de convertir una caja o bolsa de alimentos en una cena o vianda caliente para los sectores más desprotegidos y desprotegidas). Es decir, construir las alternativas de acción posibles -capilarmente- en cada territorio.

3-Construir prácticas geo-referenciadas que den cuenta de las características específicas de cada territorio. A pesar de compartir condiciones estructurales de acumulación de desventajas y vulnerabilidad social, cada territorio desarrolla modalidades y formas diversas de ocupar el espacio y presenta procesos organizativos particulares. Todo un entramado de prácticas y saberes populares con los cuales las diversas profesiones tenemos el desafío de inter- actuar y coordinar.

Resulta interesante en este sentido, repensar las prácticas de asistencia de los movimientos sociales en clave de participación política de los sectores populares -el pueblo- a partir de su participación en espacios colectivos, como espacios sociales de adquisición de un saber-hacer que puede ser definido en términos de capital militante. Un saber hacer, una especie de dominio práctico que despliega diversos saberes populares. Autores como Franck Poupeau (2007) denominan capital militante, no solamente a la necesidad de tomar en cuenta un conjunto de “recursos” que designan el hecho de poseer diversos capitales como culturales, escolares, sociales, incluso económicos. Sino también, el dominio de un cierto número de técnicas, habilidades y saberes aprendidos como por ejemplo: hablar en público, escribir un diario o volante de divulgación, coordinar un grupo, planificar una acción colectiva como una pegatina de carteles o la organización de una manifestación. Gestionar, planificar y desarrollar diversas actividades comunitarias para abordar una situación socio-sanitaria como la pandemia actual: en este sentido se observa un despliegue territorial de redes, articulaciones e intercambios diversos. Más de 100 ollas populares solo en la ciudad de La Plata, Comités populares, sistemas de viandas y meriendas, entrega de artículos de limpieza y desinfección, acompañamiento, contención, prevención y promoción de la salud en territorio, etc. Estas actividades constituyen un acervo territorial-comunitario que se aprende y se valoriza en cada escenario concreto.

Se podría pensar entonces la noción de capital militante como la adquisición de un saber hacer que posibilita participar con cierta competencia en el campo de la participación socio-comunitaria y política, capacidad que se adquiere mediante un proceso de socialización secundaria. Este concepto de capital militante puede estar articulado con la noción de socialización política, la cual refiere a los aprendizajes políticos adquiridos a lo largo de la experiencia de vida, en diferentes espacios donde transcurren y se desarrollan las prácticas diarias. Con esta idea se intenta señalar que los procesos de politización exceden ampliamente el campo de la política formal y pueden presentarse en otras instancias de socialización como aquellas que transcurren en la vida cotidiana de los movimientos sociales y las organizaciones populares.

Todas estas prácticas, tienen potencialidad para aportar en el fortalecimiento de los lazos comunitarios, a partir de los cuales se puede producir un proceso de acumulación e institucionalización del capital social colectivo de base local-comunitaria-territorial. En conclusión, la cuestión ineludible en todos estos temas remite a la participación política de las clases populares. Para Vilas (2011), esa participación puede ser pensada como actor protagónico o como masa de maniobra, puede expresarse como cuerpo electoral o como clientela de programas de contención social. Pero no puede ser ignorada, y las modalidades que en definitiva ella asume, sus alcances y contenidos, gravitan en el diseño institucional del Estado, en la configuración de los escenarios políticos y en los modos de desenvolvimiento de las relaciones de poder en cada territorio.

La idea del Estado como espacio crucial desde el cual se puede transformar el orden social. La concepción de la organización como un puente entre el Estado y los pobres -idea clásica o característica del movimientismo y la tradición nacional popular-, referida a su vez a una gramática de integración de los sectores populares, fue propuesta (y desplegada) por el peronismo a lo largo de la historia. En conclusión, la recuperación del Estado como herramienta de transformación social y como actor clave en el dialogo y la negociación con los diversos actores sociales se puede interpretar a su vez como la recuperación de la política. Pero también - y quizás especialmente - como actor principal donde canalizar demandas y efectivizar derechos.

A su vez, se considera que se necesita una radicalización de algunas perspectivas como es la reposición de la asistencia como derecho -en contraposición con las formas asistenciales anteriores-. Es decir, dejar de pensar a la asistencia como un conjunto de acciones destinadas a las y los sujetos considerados pobres. En esta dirección, entender a la asistencia como derecho implica, entre otras cosas, un reconocimiento por parte del Estado de que se “asiste” ante un derecho vulnerado; convirtiéndose por lo tanto en “reclamable”, y dando contexto a la configuración social de demandas de su ejercicio. El debate acerca de la asistencia como derecho, entonces debe necesariamente incluir a las diversas organizaciones, no solo por la cuestión ética acerca de la participación y el protagonismo de las colectivas y los colectivos organizados en los procesos sociales. Sino también por la comprensión histórica de que son justamente estas/os - las y los que con sus prácticas cotidianas (de sometimiento o de transformación y resistencia) - construyen, modifican y proponen políticas públicas e institucionalizan derechos. Esta idea nos aleja sustancialmente de los enfoques que asocian la participación política en las organizaciones con prácticas clientelares o “populistas” (en su definición peyorativa) y a la asistencia como una forma de vigilancia o sometimiento.

Por el contrario, se considera indispensable re-pensar la politicidad como dimensión ineludible para el análisis de lo social en clave de conflicto y disputa de intereses, y en especial como articulación de demandas. Es decir, se trata de poner en evidencia las relaciones, las lógicas y el ejercicio del poder en general en la sociedad, entendiendo a “lo político” como un juego de contradicciones a partir del cual se constituyen los sujetos sociales. Esta amplitud que se gana con el concepto abona a un tipo de análisis que posibilita una comprensión más dinámica y compleja de la constitución y el accionar de los sujetos colectivos con los cuales el Trabajo Social interviene en su oficio cotidiano.

Reflexiones finales

“Los procesos de transformación social no tienen un camino preestablecido y los cierres hegemónicos pueden volver a ordenamientos que consideramos menos justos, pero también y he allí la apuesta, la apertura del orden es condición de posibilidad de ordenes sociales preferibles. Allí los movimientos sociales emancipatorios, tanto los que están dentro como fuera del gobierno, tienen un lugar clave tanto en la disputa cultural, en la construcción de subjetividades colectivas transformadoras como en la consolidación de fuerzas políticas que sustenten el nuevo orden. La articulación de lógicas políticas constituye una gramática en la disputa por la hegemonía” (Retamozo, 2011, p. 21).

Resulta innegable la centralidad de los colectivos sociales como protagonistas de un cambiante repertorio de acciones de protesta, de organización, de negociación y de gestión de lo social. Procesos en los cuales se pone en juego entre muchas otras cosas, la denominada subjetividad colectiva. Entendida esta como los procesos de articulación de sentidos que permiten comprender y movilizar significados, mediaciones y acciones colectivas. El contexto actual exige dotar de politicidad al análisis comprendiendo de manera más abarcativa y compleja aspectos tales como el conflicto, las disputas de intereses y en especial la articulación de demandas. Asimismo, se pretendió llevar acabo algunas reflexiones sobre la participación política de las clases populares. La introducción de la noción de capital militante en este sentido, como la adquisición de un saber hacer que posibilita significar con cierta competencia en el campo de la lucha política, resultó pertinente para relacionar las acciones, las actividades, y las prácticas de asistencia en clave de participación y organización política de los sectores populares, y alejarnos de perspectivas que entienden -estas formas de participación- en clave de clientelismo, sometiendo o manipulación solamente.

Por el contario, se considera que las diversas experiencias de las organizaciones populares contienen un acervo de consolidación y fortalecimiento de los lazos territoriales a partir del cual se puede producir un proceso de acumulación e institucionalización del capital social colectivo de base comunitaria, local y territorial. Tal cúmulo resulta fundamental para la disciplina del Trabajo Social que puede actuar, en clave de promoción de derechos y fortalecimiento organizativo de sujetos colectivos hacedores de proyectos societales que disputen por el sentido y orientación de los mismos en todos los poros de la vida social.En definitiva, se hace referencia a la recuperación de lo colectivo como dimensión estratégica para garantizar la operatoria de las políticas sociales, pero fundamentalmente para refundar vínculos sociales solidarios que colaboren en robustecer el sentido de lo público como bien colectivo.

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Notas