Introducción

El acuerdo de paz ha estado lejos de ser agible. Después de ese recordado 24 de noviembre, el mundo veía con buenos ojos una Colombia transformada, con su visión puesta en retribuir a las víctimas y en fortalecer aquella falta de gobernanza que parece eviterna en la historia del país. No obstante, las coyunturas recientes develan un incumplimiento de dicho acuerdo, que procura retomar políticas inefectivas a la luz de los datos recogidos por Naciones Unidas y el mundo académico, además de presentar un riesgo para el campesinado colombiano en temas de salud, medio ambiente, desarrollo económico, calidad de vida, soberanía alimentaria, entre otros.

Desde la firma del acuerdo han sido asesinados más de 971 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos (INDEPAZ, 2020). Tavera (2019) menciona que a estas personas las han matado por pertenecer a Juntas de Acción Comunal, por participar en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, por exigir la verdad y justicia frente a los crímenes de guerra, o por estar en procesos de restitución de tierras. Todas estas acciones que realizan los líderes y defensores de los DDHH se encuentran relacionadas con los acuerdos entre las Farc y el gobierno colombiano, por lo cual se demuestra una falta de capacidad del gobierno para brindar las condiciones necesarias sobre el cumplimiento del Acuerdo Final.

Es pertinente cuestionar los movimientos del gobierno en torno a la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito en tiempos de pandemia, la incursión de tropas norteamericanas en territorio colombiano, y la aplicación inefectiva de una serie de normas, con un discurso y una acción de gobierno en contra de las visiones territoriales. El problema, gira alrededor de la inseguridad alimentaria global como imperante de la crisis civilizatoria que resuelven varios actores y que se agrava por la contingencia del COVID-19.

Según el discurso analizado de los actores indígenas mediante las entrevistas realizadas, la población se encuentra afectada por temas de hambruna y falta de acción estatal, otros temas transversales son la erradicación forzada, las zonas futuro, el discurso del gobierno en los medios, y el regreso de las políticas de aspersión aérea con glifosato. Para evaluar estos conflictos es necesario tener en cuenta el concepto que desarrolla Bebbington y Humphreys (2009) que describe el conflicto como una disyuntiva entre las formas de ver y entender el desarrollo, la democracia y la sociedad deseada.

Monnet (2013), define al territorio como “la reunión etimológica de la materia y la acción, del objeto de interés y del sujeto interesado”. Respecto a esto, Monnet plantea una diferenciación, cuando la acción y el objeto de interés provienen de distintos sujetos, es decir, cuando hablamos del carácter del Estado o del carácter local de los habitantes del territorio, estamos hablando de dos percepciones y razones distintas en la acción sobre el objeto de interés, ya que predomina otro sujeto, otros intereses y otras acciones. Por lo tanto, el territorio no será el mismo para el campesino, que para quien ejecute las políticas públicas.

En esta discusión se entiende la consolidación de un conflicto territorial con una serie de implicaciones que parte de la visión de 2 sujetos en esta discusión, 1) El gobierno como ejecutor de política públicas analizado a partir de información secundaria y 2) El campesino como cultivador de coca para el uso ilícito. Para este último, se realizó mediante una entrevista abierta y semiestructurada que pretendía evidenciar las realidades sobre el territorio de representantes de la comunidad afro, indígena y campesina, que hicieran parte de partidos políticos, asociaciones de derechos humanos, entes del ministerio público, así como exintegrantes FARC-EP, que pudieran como personajes públicos y representativos dar cuenta de los procesos de territorialización, entendidos según Monnet como una manera de apropiación del territorio y elementos del sistema social.

Los sistemas de cultivos ilícitos una tendencia a la entropía del sistema del campesinado colombiano.

Weber (1922) sostenía que la creencia más legitima de las sociedades modernas era la legalidad, y es la legalidad aquella norma dictada por los legisladores, en lo que se constituye un Estado legalista sustentado en el Derecho, las normas, los principios y las políticas. Sin embargo, este artículo busca poner dichas leyes yuxtapuestas con las leyes naturales. En ese orden de ideas la entropía, concepto general de la física, dentro de este trabajo será entendida como la conjugación de elementos tendenciales al caos y el caos será entendido como un Estado inconveniente para la comunidad campesina, ya que sus implicaciones en el medio ambiente, la sociedad campesina, la seguridad alimentaria, la vida, entre otros tienen una percepción y acción negativa.

Por otro lado, el objeto de estudio desde las visiones territoriales serán las políticas de gobierno. Hay que partir del precepto de que cuando la entropía acepta un agente externo su naturaleza es controlada o alterada. En este caso, son las leyes o políticas los agentes de control, de esta manera, este sistema puede tender a la neguentropía, entendida como un estado del orden o por el contrario catalizar sus procesos heteróclitos.

En suma, se distinguirán dos tipos de controles, unos ‘positivos’^[1], entendidos como elementos catalizadores del sistema entrópico, y otros ´negativos´, comprendidos como inhibidores de dicho sistema. Estos catalizadores o inhibidores son políticas que generan algún tipo de control, a su vez este tiene implicaciones dentro de los elementos del sistema, degradándolos u ordenándolos.

Del mismo modo, se considerará el concepto de Rosa (1964) sobre una política regresista, la cual se define como una política que retrocede, derivada de la acción mecánica de “regresar” a la luz de los ojos de quien lo considere así. Para el caso, será una política regresista dentro de la visión y el discurso del campesinado entrevistado, aquella que retome características estructurales evidenciables mediante datos de políticas que fracasaron en el pasado, es decir, una política que además de su inefectividad, conduce al camino de la entropía sobre el discurso campesino. Por el contrario, serán inhibidoras y progresistas, aquellas que demuestren efectividad en los datos y adicionalmente la visión del campesinado sea positiva.

Finalmente se compone el sistema abierto de cultivos de uso ilícito, de inhibidores o catalizadores dentro del cual se desarrolla el sistema político mediante (políticas, leyes, decretos, entre otras, con incidencia en el ordenamiento del territorio alrededor de los cultivos de uso ilícito), 2 sujetos compuestos (gobierno, campesino), la visión del campesinado (sistema social) sobre los inhibidores o catalizadores (regresismo o progresismo) y los elementos afectados (medio ambiente, seguridad alimentaria, salud, calidad de vida, entre otros) (ver figura 1).

Figura 1
Sistema de cultivos ilícitos.
(Elaboración propia)

El fallo de la erradicación forzada y la aspersión aérea, hacia la catalización de la entropía. La coca en Colombia

Desde inicios de los 80, después de la bonanza marimbera, la cocaína logró elevarse como no lo había hecho otro cultivo antes en el país (Duncan, 2005). Dentro de los años 80 y 90, las cifras de violencia aumentaron, pues los narcotraficantes contaban con el poder económico suficiente para costear ejércitos que podían igualarse a las fuerzas del Estado, asesinar policías, jueces y hasta candidatos presidenciales (Andreas, 2019). Del mismo modo, afirma Andreas que los grupos paramilitares de la época estuvieron coordinando fuerzas con el gobierno.

A pesar de los esfuerzos del gobierno Nacional por cumplir con la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, mediante el Plan Colombia, el PECIG o el PECAT no han logrado acabar con el problema del tráfico de drogas ilícitas en Colombia. Como veremos, estas estrategias han sido poco efectivas en la guerra contra las drogas, y han traído efectos negativos en la salud de las personas y el medio ambiente.

Políticas en conflicto: El Acuerdo Final y el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato

El Acuerdo Final con las FARC-EP, planteó una solución al problema de las drogas ilícitas, sustentado en los pilares de la integralidad y el enfoque diferencial. A través del (PNIS), se plantearon proyectos de planeación participativa que incluía exintegrantes FARC-EP, comunidades y gobierno. La estrategia integral del PNIS que busca el acuerdo, es diferente a las ya exploradas como la aspersión aérea de diferentes agrotóxicos, ya que el glifosato fue suspendido en las aspersiones aéreas sobre el año 2015, debido a que se ha evidenciado que es un elemento que pone en riesgo la vida y la salud de las personas y el medio ambiente (Bernal,2019). Se derivan otras consecuencias como el desplazamiento forzado por la afectación a los cultivos a causa del herbicida (Ceballos,2003). Recientemente Bayer fue demandado y obligado a pagar 10.900 millones de dólares debido a que los afectados han contraído cáncer (Deutsche Welle, 2020).

Desde 2015, el glifosato mediante la técnica de aspersión aérea se ha encontrado en desuso por parte del gobierno colombiano. La Corte Constitucional mediante sentencia T-236/17, ha reiterado esta decisión, suspendiendo su uso hasta que se cumplan una serie de condiciones por parte del gobierno nacional. Las intenciones del gobierno son volver a las estrategias del (PECIG), aunque sin eliminar el -PECAT- (Semana,2020), todo esto debido a un aumento significativo de los cultivos de coca en el país, los cuales se han estabilizaron alrededor de las 170.000 hectáreas entre 2017-2018 (UNDOC, 2019), causando un descenso en el último año hacia las 154.000 hectáreas, con una reducción del 9%.

El regresismo de la Política de Erradicación de Cultivos mediante Aspersión Aérea y la inhibición de la entropía de las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Afirma Bernal (2019) que las aspersiones con glifosato no necesariamente tienen como consecuencia la erradicación del cultivo. Aunque el alza en los cultivos de coca ha representado un importante reto en los últimos años, las tasas de crecimiento han sido menores (0.112 y 0.191) entre 2016-2017, en comparación a las presentadas (0.391 y 0.508) entre 2014 y 2015 (FIP, 2018) y su producción aumentó en un 1,6% en el periodo 2018-2019 (UNODC, 2020). Por lo tanto, es evidente que no existe una relación directa entre la suspensión del glifosato bajo la técnica de aspersión aérea, sobre el aumento de los cultivos de uso ilícito en el país. Tampoco se puede evidenciar que la técnica de erradicación forzada manual sea conducente necesariamente a una baja sobre los cultivos de coca.

La percepción los líderes entrevistados sobre las políticas antidrogas propuestas para el control de los cultivos de uso ilícito, la erradicación manual forzosa y la aspersión aérea con el uso del glifosato, se perciben nocivas y e inefectivas y han generado desplazamientos hacia zonas de conservación, como una estrategia de los cultivadores para mimetizar la mata.

José Ortega líder campesino del sur de Córdoba asegura que:

Cuando hay erradicación forzosa en vez de bajar los cultivos de coca, lo que hace es que se aumenten, y lo que hace es que los campesinos en vez de quedarse quietos, de esa coca que arrancan recogen semillas y se van dentro del parque natural Paramillo y resembran hectáreas de coca en donde se conserva (J. Ortéga, comunicación personal, 01 de julio de 2020).

Acxan Duque^[2] asegura que en los municipios del Chocó donde se desarrollan procesos de erradicación forzada, existe un desacato en época de pandemia:

Los consejos comunitarios y los resguardos indígenas han rechazado la intromisión de la fuerza pública en su territorio porque van la policía, los consultores, el ejército y el ESMAD, ocasionando atropellos y abusos documentados (A. Duque, comunicación personal 01 de julio de 2020).

En cuanto a los procesos de erradicación forzosa existen directivas en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa como la No. 07 de 2007 y la No. 16 de 2006, que establecen directrices para proteger a comunidades afro e indígenas ante el proceder de las fuerzas militares, las cuales estarían siendo incumplidas.

Estamos en total desacuerdo con la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. (L. Arias^[3], comunicación personal, 02 de julio de 2020).

En una de esas situaciones, hubo tres retenidos por la población civil en un corregimiento de Montelíbano (…), toda esta situación de violencia se torna en medio a que los campesinos están requiriendo una solución (…) sí queremos la sustitución, aquí estamos dispuestos a hacerla, pero el gobierno es quien no quiere. (J. Ortega comunicación personal, 01 de julio de 2020).

Existe una negación de la comunidad a la política de erradicación forzada, además de señalamientos de varios impactos negativos sobre el medio ambiente, los cultivos de pancoger, y una amenaza a la seguridad alimentaria, generando desconfianza y perdida de legitimidad para los líderes y comunidad campesina del Estado en el territorio, lo que cataliza las relaciones entrópicas a partir de la erradicación forzada en cualquier región.

En contraparte, se indica un acogimiento a las políticas de sustitución de cultivos ilícitos.

Seguimos creyendo que la solución al problema de las drogas en Colombia tiene que ser concertado con las comunidades, (…) buscar el tema de implementar la Reforma Rural Integral y sanear esas deudas históricas (…) un programa de sustitución que permita sostener a la familia de los campesinos. (J. Ortega comunicación personal, 01 de julio de 2020).

Debemos acompañar este proceso a partir de la asesoría técnica, la comercialización, la fertilización. Garantizar por ejemplo que haya distritos de riego para la producción, pero, sobre todo, identificar la potencialidad de los cultivos en cada una de las regiones, y de acuerdo a eso promover la siembra de estos cultivos (…) hay toda una diversidad de posibilidades para poder avanzar en el tema (L. Arias, comunicación personal, 02 de julio de 2020).

La salida que ven las comunidades campesinas, indígenas y afro al problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, se encuentra enmarcada dentro de la idea de la sustitución de cultivos al darle a las comunidades una alternativa productiva distinta, que le pueda dar sostenimiento a la familia, acceso a la tierra y a créditos, entre otros contemplados dentro del Acuerdo Final.

La paradoja del vendedor ambulante y el cultivador de coca.

Duncan, (2005) previene sobre las incursiones netamente militares y de erradicación forzada, pues estas han quebrado a los municipios cocaleros y han dejado en la pobreza y ruina al campesinado colombiano, ya que, al eliminar el cultivo sin ofrecer alternativas productivas, los cultivadores pierden sus ingresos de capital y no pueden sostener la vida que llevaban.

Las alternativas económicas dependen únicamente de los cultivos de coca por lo que cuando existe erradicación forzada, las tasas de resiembra suelen ser muy altas, pues no se les ha ofrecido ninguna otra alternativa productiva, ni la asistencia técnica para reemplazar el cultivo. Este fenómeno puede ser explicado de la misma forma en que funcionan los desalojos de vendedores informales sobre el espacio público.

Cuando un vendedor es expulsado y se procede a la destrucción de sus bienes, este es reincidente en su acción de vender, ya que no le ha sido posible conseguir recursos dignos de otra forma, la informalidad se convierte en su única fuente de ingresos. La sentencia (C-211/17) de la Corte Constitucional, indica que no se puede violentar al vendedor informal y despojarlo de sus bienes, por el contrario, para garantizar el goce de los ciudadanos al espacio público, es necesario adelantar programas de reubicación y ofrecer alternativas de trabajo formal.

Los herbicidas utilizados en la erradicación forzada funcionan como la acción policiva de la destrucción de los bienes al trabajador informal, la reincidencia del vendedor se ve coaptada en la resiembra del cultivador. No obstante, al igual que se puede deducir de lo ocurrido con los trabajadores informales, los cultivadores que realizan la resiembra, aunque pueden optar por el uso de otros cultivos, prefieren reincidir en la coca al ofrecer estas mayores oportunidades y ser más rentable (Carrillo, 2014).

Dentro del análisis del presente documento, se discutió abiertamente mediante una entrevista semiestructurada con los líderes comunitarios quienes representaban una comunidad de por lo menos 50 campesinos, si estaban de acuerdo con lo que planteaba esta paradoja del vendedor ambulante, a lo que respondieron afirmativamente, sin embargo, al preguntar sobre si creen que la Corte Constitucional debería propender por una sentencia similar en el tema de los cultivos de uso ilícito, su respuesta fue compuesta por un reproche hacia el poder ejecutivo y la saturación del sistema de justicia, argumentando que eran problemas que la rama ejecutiva debería resolver.

Los enclaves cocaleros, un argumento para la implementación de las políticas regresistas.

La sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito procura por el objetivo de prestar la asistencia necesaria para superar las condiciones de pobreza en el territorio Nacional, las condiciones de seguridad en los territorios, los (PISDA), brindando un tratamiento penal diferencial. A su vez, debe estar articulado con los PDET, las comunidades deben comprometerse con la no resiembra, y excluir su participación en el comercio del cultivo ilícito.

A pesar de la reducción sobre el área para cultivar coca en el territorio nacional, se ha presentado un aumento muy significativo sobre el número de hectáreas de coca en los territorios de Norte de Santander y Valle del Cauca del (24%) y (82%) respectivamente, los cuales se han considerado los enclaves productivos de la coca, junto con otros 5 territorios más, el territorio de mayor concentración del cultivo es en la zona del Catatumbo, donde en gran parte la densidad del cultivo aumentó en más de (ver figura 2)

Figura 2
Elaboración propia a partir de la información de UNODC y Presidencia en 2020

Pese a los aumentos en la productividad y la conformación de los enclaves cocaleros, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos que procura atacar mediante la intervención integral los cultivos de coca, se ha estabilizado en poco más de 60.000 cultivos erradicados voluntariamente por año, lo que es muy positivo ya que la resiembra en estos territorios donde la erradicación es voluntaria y se interviene con atención integral mediante el PISDA, es del 0,2% que ha bajado según la relación con el anterior informe de 0,6% (UNODC, 2020; UNODC, 2019), un éxito frente a las técnicas de aspersión aérea que además abren paso a una resiembra del 35% (UNODC, 2018), las de erradicación forzada manual que presentan una resiembra del 22% (UNODC, 2020), y los campesinos que utilizan técnicas como el soqueo, que consiste en un corte a 30 cm del suelo para mitigar los efectos de la fumigación aérea y otras técnicas como la mimetización de la mata (Walsh, Sánchez y Salinas, 2008), sobre esto en las entrevistas realizadas se advierte unas cifras falsas por parte del campesinado, quienes consideran están infladas.

El gobierno actual pretende atacar algunos de estos enclaves, pero no a través del Acuerdo Final, el PNIS o los PISDA, sino con un intento de retomar las aspersiones aéreas con glifosato fallando en el pasado y siendo inefectiva. Por ejemplo, en el documento de aspersión aérea una estrategia fallida de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se evidencia que no existe una relación directa entre las áreas asperjadas y la reducción del cultivo de coca. En 2001 se asperjaron 95.594 hectáreas, por cada 5.4 hectáreas había una reducción neta de 1 hectárea, la mimetización del cultivo en áreas de reserva natural hizo que esta aumentara en 2006 con una aspersión mucho mayor de 172.024 hectáreas, sin embargo, tuvo una relación de 26.8 a 1, con relaciones poco significantes desde 2002 (WOLA, 2008).

Partamos de una suposición explicativa, según lo anterior, si asperjáramos toda la superficie continental del país, suponiendo también que la misma estuviera llena de cultivos de coca y mimetizadas en parques naturales, de las 114,3 millones de hectáreas solo 4,26 millones de hectáreas serían erradicadas, el problema subsistiría y se calificaría de inefectivo, como ya han mencionado varios estudios incluyendo el de WOLA precitado, además de que exista la posibilidad de afectar otros cultivos, áreas naturales, y la salud de los habitantes.

Intervencionismo, ¿una política de Estado?

Los resultados de las aspersiones aéreas y la intervención militar de Estados Unidos en el pasado fue el desplazamiento de las comunidades y los grupos armados que se dispersaban al sur del territorio nacional, lo que dio paso a un fenómeno de migración de cultivos, mientras mermaban los cultivos al norte del país, aumentaban los del sur (Ceballos, 2003).

Borda (2012) aduce que dichas políticas de intervención se trataban de una estrategia de internacionalización militar que aseguraba una alianza con Estados Unidos ante una eventualidad guerra colombo-venezolana, además la guerra contra las drogas se ha vuelto un baluarte indiscutible en el cual ‘pierden’ la autonomía los políticos de turno a la luz de la visión de poderes internacionales como por ejemplo Washington, según Borda (2012) la frase “No tenemos otra opción” la emplean los gobiernos que aceptan la política de intervención, causando un fatídico fracaso de la soberanía territorial, la descentralización y las visiones con enfoque territorial.

La incursión de tropas norteamericanas que ocurrió en el pasado, se realizó bajo la bandera de la lucha contra las drogas, pero advirtió sobre otros fines como el control geopolítico de norteamericana y su lucha contra ‘los enemigos de la democracia’ en países colindantes a Colombia. Este escenario parece repetirse bajo las decisiones tomadas por el actual gobierno con la llegada de tropas norteamericanas en el mes de junio en territorio colombiano, coinciden con el movimiento geopolítico de Estados Unidos en otras partes del mundo como el retiro de las tropas de Alemania a Polonia, además de los intentos por retomar el PECIG, la desidia por sustituir los cultivos ilícitos y dejar de replicar -la paradoja del vendedor ambulante, causando un retroceso en las políticas de lucha contra las drogas que han tenido resultados positivos mediante el PNIS.

Cultivos ilícitos una amenaza para los actores de la paz en tiempos de pandemia.

Como se mencionó en el apartado de la introducción de este documento, una de las causas por las cuales los líderes sociales han sido asesinados son los cultivos de uso ilícito, la presentación para el programa del PNIS por parte del campesinado ha recibido duros golpes por parte de los actores armados ilegales en el territorio. En 2018 la Defensoría del Pueblo alertaba sobre el alto número de líderes asesinados en el territorio Nacional que se encontraban inmersos en el PNIS (Defensoría del Pueblo, 2019).

No obstante, no solo los líderes sociales han sido asesinados en esta etapa de posconflicto, Mario Téllez Restrepo excombatiente de las FARC es asesinado el 15 de junio de 2020, a 10 minutos de una zona de erradicación forzada en Tibú-Norte de Santander, con él ya son 200 los asesinados de los firmantes del Acuerdo Final (Colombia, 2020).

Desde que se declaró el Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en el país mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, han asesinado a 84 líderes sociales, con corte al 10 de julio de 2020 (INDEPAZ, 2020a), las cifras preocupan porque existe un aumento en un 110%^[4] en el asesinato de líderes sociales con respecto a las cifras del año anterior (ver figura 3).

En suma, hay una constante posición del gobierno por querer acelerar los procesos de erradicación forzada, sin presentar las condiciones adecuadas para el respectivo manejo de la contingencia del COVID-19. El escenario que se presenta es la precarización de la salud en las grandes urbes y que se acentúa en la región rural.

El gobierno, ha querido adelantar los tramites de los Planes y Licencias Ambientales que corresponden a la aspersión aérea con glifosato, por lo cual, las comunidades han tenido que instaurar acciones de tutela contra el mismo para que se respete el debido proceso en época de pandemia, donde las prioridades deberían estar enfocadas a reducir los efectos negativos del COVID-19 en la salud, la economía, la calidad de vida de las personas y el cumplimiento de los acuerdos ya pactados.

Figura 3
Aumento en el asesinato de líderes sociales en época de pandemia
Elaboración propia a partir de los datos de INDEPAZ, y el Cuerpo élite de la policía Nacional, 2019-2020.

Una visión: El gobierno de la entropía regresista.

El 29 de junio de 2020 en Twitter se anunciaba que la Asociación Campesina del Catatumbo entregaba a la defensoría del pueblo 6 militares implicados en el asesinato de un joven involucrado en los procesos de paz, asimismo se han presentado otros asesinatos bajo la presencia del ejército en Sardinata en situaciones confusas. Según lo señalado por parte de la población civil entrevistada, se han presentado disparos contra civiles para amedrentar, y amenazar la vida, y seguir con los procesos de erradicación forzada en época de pandemia, lo que podría involucrar paros cívicos aumentando las dificultades para los habitantes de la región, pero presionando al gobierno a cumplir.

hoy se nos viene una guerra disfrazada en cultivos de uso ilícito, en falsos positivos, en capturas, en persecuciones y esa no era la paz que nosotros soñábamos. Soñábamos con un proceso de paz donde pudiera haber reconciliación … que el punto cuatro se iba a desarrollar, a través de los proyectos productivos, un acuerdo que se hizo trizas porque no se ha cumplido, por eso aumentan las hectáreas de coca, porque entre más reprimen al campesino, más cultiva coca porque se vuelve su único sustento… los cultivos de uso ilícito se han vuelto el gobierno para el campesino, de ahí saca para su alimentación, para su vivienda, para el vestuario, para la educación de sus hijos, la salud, porque los productos que cultivaba ya no tienen comercialización, no hay carreteras por donde sacarla, no hay oportunidad (L. Arias, comunicación personal, 02 de julio de 2020).

Zonas futuro, una amenaza a la vida.

Mediante Decreto 2278 se reglamentaron los parágrafos 1° y 2° de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo. Mediante este decreto se implementan las (ZEII), conocidas bajo el nombre de Zonas Futuro, las cuales deben establecer la legalidad, los emprendimientos y la equidad, en los territorios.

Las zonas futuro se traslapan con muchos territorios donde hay cultivos de uso ilícito, el pacífico nariñense, el Catatumbo, el bajo Cauca, el sur de Córdoba, Arauca y Chibiriquete (ver figura 2). Su objetivo se centra en intervenir militarmente los territorios con cultivos de coca, detener la deforestación, encaminando la sustitución de cultivos. Pese a sus principios y objetivos, las zonas futuro, carecen de fuertes componentes de participación comunitaria, y al ser directrices desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República tienen conflictos con los procesos de autonomía territorial.

Estas medidas tienden a ser unifocales en materia de seguridad ya que solo se avanza en la incursión de militares al territorio sin que se den las otras medidas de desarrollo integral, por lo cual niega la coherencia con el Acuerdo Final, según las comunidades incumple la sentencia de la Corte Constitucional C-040 de 2020.

Para las comunidades las Zonas Futuro son el imperante de la ilegalidad, explicando que: El gobierno Duque que se denominó el gobierno de la legalidad, para nosotros sigue siendo el gobierno de la ilegalidad porque primero no respeta la sentencia de la corte constitucional en ningún momento, lo vimos con el glifosato, ellos esas cosas las hacen. Las ZEII o las Zonas futuro que no tienen participación de las comunidades y están por ejemplo en el sur de Córdoba en conjunto con los PDET.

Las ZEII la variable que tienen es que deben estar en el marco de la seguridad, quien dirige las Zonas Futuro es el Consejo Nacional de Seguridad, estas tienen una mirada militarista que lo que buscan es ofrecerle plata a la gente pa’ que se conviertan, como decimos nosotros popularmente en sapos del Estado, (…) cuando estaba el gobierno de Álvaro Uribe, también se dio eso por acá y se llamaban, zonas de consolidación territorial , en ese entonces no era la Red de Participación Cívica sino la Red de Cooperantes. En el sur de Córdoba murieron un sinnúmero de personas asesinadas, desplazadas, por solamente sospechar que hacían parte de la Red de Cooperantes (L. Ortega, comunicación personal, 01 de julio de 2020).

Es perentorio resaltar que en las Red de Participación Cívica se presenta el fenómeno del regresismo hacia la Red de Cooperantes, amenazando la integridad de la población, como se ha evidenciado en los diálogos con los campesinos.

Conclusiones y recomendaciones a la luz de la crisis civilizatoria y la entropía del sistema.

Las tensiones actuales develan el modelo de crisis civilizatoria al que refieren varios autores desde la ecología política. Es civilizatoria porque requiere cambios más profundos que solamente el sistema o modelo económico (Esterman, 2012), las tensiones provistas en la economía neoliberal del capitalismo y la globalización se están viendo manifestadas a través de pandemias que tienen etapas de contagio mucho más rápidas (Mendieta,2020) y en donde los principales afectados son las personas que viven en ciudades que responden a dichas dinámicas, las economías sufren las más grandes recesiones económicas, los vehículos, los aviones, el transporte masivo y todo el sistema es proveedor de dichas desgracias.

Se evidencia un recrudecimiento de un conflicto que se ha transformado de las actividades políticas a las puramente criminales, en contra de los derechos fundamentales sobre todo de las comunidades negras, campesinas e indígenas que se encuentran bajo un yugo de varios actores patibularios del territorio nacional desencadenado en un asesinato sistemático de estos, que no conoce de pandemias justificado en una oposición acérrima sobre los acuerdos de paz, la restitución de las tierras, la sustitución de los cultivos ilícitos y el sostenimiento de la economía criminal.

Esterman, (2012), junto con otros autores como Leff y Valdivia, han sustentado sus tesis en que la crisis civilizatoria depende de dos factores, la crisis en la soberanía alimentaria y una crisis energética que pueden ser entendidas como la entropía del sistema capitalista.

Esterman menciona la confluencia de varias crisis la crisis militar, crisis de deuda estatal, crisis ecológica, crisis financiera, entre otras. En lo que respecta a Esterman, actualmente no se pretende salvar a la gente si no al dinero, premisa sustentada en las actuales inversiones que tuvieron que hacer varios Estados alrededor del mundo en los Bancos para que no quebraran durante la crisis de la pandemia COVID-19.

El presente artículo no pretende evaluar la mencionada crisis civilizatoria propuesta por varios autores, pero si dejar acuñados los valores de quienes representan al campesinado colombiano, las comunidades indígenas y las comunidades afro, quienes siempre han estado en crisis civilizatoria, siempre luchando por sus tierras, y sus maneras de ver y entender el territorio.

La consolidación de las políticas regresistas es un paso hacia la depredación de los sistemas campesinos llevándolos a su entropía sin ofrecer alternativas productivas y replicando la paradoja del vendedor ambulante.

Se sigue procurando implementar políticas como el PECIG, el PECAT, las zonas futuro, la Red de participación cívica, el intervencionismo norteamericano, entre otras que han llevado al fracaso por su inefectividad como se mostró en este documento, y por otro lado al desplazamiento del campesino a otros lugares donde se realizan las mismas actividades, degradando más los ecosistemas, generando dinámicas complejas que se pueden entender a la luz del pensamiento sistémico.

La consolidación de dichas políticas tiende a la entropía del sistema, pero no se refiere esto a que el sistema de cultivos ilícitos caiga o desaparezca, se refiere a que las implicaciones sobre el medio ambiente, los modos de vida, la seguridad alimentaria, la economía campesina, son negativas (ver figura 4).

Figura 4
Sistemas entrópicos y neguentrópicos.
Elaboración propia.

Por otro lado, políticas como el PNIS y la RRI, tienden a velar por el orden y a generar impactos positivos sobre el medio ambiente, los modos de vida, la seguridad alimentaria y la economía campesina, además de extender su paso hacia las actividades productivas legales en el territorio, legitimadas y acompañadas de la intervención integral del Estado que podría generar una mayor gobernanza.

Las limitaciones que presentan estas políticas de la neguentropía se ven permeadas por los siguientes factores: 1. La voluntad del gobierno, 2. La falta de financiamiento, 3.La falta de un enfoque diferencial en políticas como el PNIS que entiendan la cultura de las comunidades indígenas y afrocolombianos para desarrollar proyectos productivos con enfoque étnico-territorial, 4. La falta de integralidad y simultaneidad de las políticas que hace que se pierdan los recursos económicos, al dar dineros para sustento del campesino pero sin iniciar la atención técnica e integral hacia la consolidación de las actividades productivas, 5. El PNIS se ha vuelto un programa de erradicación voluntaria y no de sustitución. 6. Sigue existiendo una des gobernanza en los territorios cocaleros, que no se soluciona solo con la llegada de militares y políticas unifocales en materia de seguridad, 7. No se están respetando las directivas en materia de Derechos Humanos por parte del gobierno y las fuerzas militares en el territorio, por el contrario se han evidenciado asesinatos por parte de la fuerza pública; 8. No se están tomando medidas efectivas para controlar el tráfico de los químicos usados para procesar el clorhidrato de cocaína; 9. Hacen falta más estudios de caso donde las políticas de sustitución de cultivos de uso ilícito hayan sido efectivas; 10. Hace falta integrar políticas diferenciales en los territorios con autonomía de sus municipios y departamentos; 11. Debe existir una mayor articulación entre los instrumentos de planeación y ordenamiento con el Acuerdo Final; 12. Solo la sustitución de cultivos no puede ser efectiva a largo plazo si no se cumple a plenitud con el Acuerdo Final.

A la luz de esta reflexión siguen en pie la preguntas que se han hecho ya varios académicos sobre los cultivos de uso ilícito ¿Su uso debe ser regulado? Los constantes fracasos evidencian que es una política que hace sufrir a la gente más vulnerable, las economías legales y al medio ambiente. Además, este estudio evidencia una misma posición entre el campesinado, las comunidades afro, las comunidades campesinas e indígenas, respecto a las políticas regresistas.

Referencias

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Notas

Enlace alternativo

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