Introducción

Argentina presenta una notable adhesión a los tratados internacionales en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y su efectiva asistencia. En 1985 se sanciona y se promulga la Ley 23.179 en la que se aprueba la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en 1996 se sanciona y se promulga la Ley 24.632 en la que se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer "Convención de Belem do Pará, Brasil". Además, en 1995, luego de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Argentina suscribe a la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Como parte de la normativa propia, en 1994 se sanciona y se promulga la Ley 24.417 de Protección contra la violencia Familiar y en el 2009 se sanciona y se promulga la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Todas estas normativas permitieron definir con mayores presiones lo relativo a la violencia de género así como también delinear las intervenciones necesarias para su prevención, asistencia y sanción. No obstante, cabe aclarar que, en la actualidad, nuestro país atraviesa un retroceso en esta materia.[1]

Ahora bien, basándonos en las herramientas jurídicas que disponemos en la Argentina, y que continúan en vigencia, recuperamos el peso de la Ley 26.485 de alcance nacional la cual define a la violencia contra las mujeres como

Toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. (Ley 26.485, artículo 4)

Esta ley, tiene gran relevancia dado que busca promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Como refiere Vicente y Voria (2016)

Esta normativa es superadora de la Ley 24.417 ya que enumera distintos tipos y modalidades de violencia que afectan a las mujeres y niñas más allá de las que puedan darse en el ámbito doméstico o familiar, incorporando así modalidades de violencia propias del mundo público, como la violencia institucional, laboral, obstétrica y mediática. (p. 67)

En este sentido, la ley define diferentes tipos de esta violencia como la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica y política. Y, además, ofrece la definición de diferentes modalidades de la violencia: institucional, laboral, mediática, en el espacio público, pública-política, digital o telemática, contra la libertad reproductiva y la violencia doméstica contra las mujeres (en adelante VD). Ahora bien, siguiendo los objetivos de nuestro estudio, en el presente artículo nos enfocaremos en esta última de las violencias, definida por la ley como toda violencia que se ejerce contra las mujeres por un integrante del grupo familiar (originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos), independientemente del lugar físico donde ésta ocurra, ya se trate de relaciones vigentes o finalizadas y no siendo requisito la convivencia.

A nivel de la intervención, la ley provee herramientas concretas en materia de prevención y asistencia en situaciones de violencia por motivos de género tales como el diseño e implementación de un planes nacionales, registros de situaciones de violencia de manera interjurisdiccional e interinstitucional, campañas de sensibilización y concientización, servicio multisoporte telefónico y digital gratuito - destinado a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes de atención-, servicios de asistencia integral y gratuita y capacitación permanente en la temática a los funcionarios públicos. No obstante, a partir de nuestra práctica investigativa en territorios rurales, observamos que los distintos instrumentos jurídicos y los lineamientos básicos de intervención suelen ser diseñados desde una perspectiva predominantemente centrada en la vida urbana. El acceso económico, territorial y sociocultural a las campañas de prevención, a los centros de atención y a los espacios donde radicar denuncias, así como la efectividad de las medidas de protección implementadas por la justicia, resultan adecuados principalmente para personas que habitan en contextos urbanizados. Esta situación pone en evidencia una pretensión de universalidad que, en realidad, oculta un sesgo urbanocéntrico. En consecuencia, mujeres rurales, campesinas e indígenas, cuyas vidas transcurren en contextos con características significativamente diferentes a las de los entornos urbanos, enfrentan un acceso desigual a las políticas públicas vinculadas a la temática. Evidenciamos entonces vacíos legales y obstáculos prácticos para que todas las mujeres y niñas del país puedan tener una vida sin violencias y libre de discriminaciones (Andreu, Policastro y Zaikoski Biscay, 2017).

Consideramos que es necesario contar con mayor conocimiento sobre las particularidades de la VD en zonas rurales y de esta forma poder realizar una mejor adecuación de las intervenciones. En este marco, desarrollamos una investigación sobre las manifestaciones de la violencia de género en contextos rurales, con el propósito de contribuir al corpus teórico-analítico existente en la materia. Nuestra intención es aportar una lectura situada que dé cuenta de las particularidades que atraviesan las mujeres rurales, con el objetivo de fortalecer y adecuar las herramientas jurídicas y los dispositivos de intervención existentes, promoviendo su efectivo cumplimiento en todo el territorio nacional. Dada la diversidad existente entre los distintos espacios sociales vinculados a la ruralidad, consideramos pertinente aclarar que, tanto en nuestro estudio como en el presente artículo, nos centraremos específicamente en la experiencia de mujeres pertenecientes al ámbito de la Agricultura Familiar. En particular, y siguiendo las definiciones dictadas por la ley 26.485, nos centraremos en la VD contra mujeres de la agricultura familiar, específicamente aquella ejercida en el marco de relaciones de pareja o exparejas heterosexuales.

Metodología

El estudio que llevamos adelante es parte de una beca de investigación adjudicada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la categoría de postdoctoral 2023-2026 y es financiado por este organismo de manera conjunta con la Universidad de Morón. A través de una investigación cualitativa, de tipo exploratorio descriptiva y de corte transversal, nos proponemos analizar las particularidades que asume la violencia de género en contextos de ruralidad. La información recabada es analizada desde una perspectiva de género y con un enfoque feminista decolonial. El estudio aspira a contribuir al mejoramiento de la planificación, el diseño y la gestión de políticas públicas orientadas a la asistencia integral de las mujeres rurales pertenecientes a la Agricultura Familiar que se encuentran en una situación de VD, promoviendo intervenciones más contextualizadas, inclusivas y eficaces.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, empleamos diversas técnicas de recolección de datos: revisión de fuentes secundarias, realización de grupos de reflexión con mujeres rurales pertenecientes a organizaciones sociales y la administración de entrevistas y encuestas a trabajadores/as estatales vinculados/as con la temática de estudio. Toda la información recabada es analizada en base a los lineamientos generales de la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967) en etapas consecutivas y complementarias, apoyándose en el método comparativo constante de los datos. En esta instancia, presentaremos el análisis de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas y encuestas aplicadas trabajadores/as del Estado nacional. Teniendo en cuenta la vacancia de estudios que teoricen sobre la temática en contextos rurales, recurrimos a estas personas al considerar que pueden tener información clave que colabore en la tarea de la construcción de marcos teórico-metodológicos.

La muestra fue del tipo no probabilística incidental y para su selección se recurrió a los contactos ya establecidos a nivel nacional en investigaciones previas. Asimismo, se recurrió al mecanismo de muestreo en cadena conocido como “bola de nieve”, el cual permitió que las personas que participaron en el estudio facilitaran el contacto de otras personas interesadas en participar. Los criterios de inclusión para conformar la muestra fueron a) que se trate de personas adultas (a partir de los 18 años), b) que se encuentren empleadas en el Estado, c) que trabajen o hayan trabajado en territorios rurales, d) que a su vez se dediquen a la asistencia a mujeres rurales en situación de VD o que las hayan acompañado en dichas situaciones y e) deseen participar voluntariamente de la entrevista o encuesta y compartir su experiencia y opiniones. Fueron excluidas de la muestra todas aquellas personas que no cumplieron con dichos criterios.

La muestra quedó conformada por un total de 15 personas, distribuidas en 5 entrevistas y 10 encuestas. Las entrevistas se realizaron entre los meses de enero y abril de 2024. A partir de los vínculos establecidos en otras investigaciones vinculadas a temáticas de género, se contactó a informantes claves que cumplían con los criterios de inclusión y podían ofrecer información general sobre las características de la VD en las zonas rurales y sobre los caminos que las mujeres deben atravesar para salir de dicha situación. Cada entrevista fue grabada, transcrita, luego categorizada y analizada en base a cuatro categorías: 1. Categoría Ruralidad: Aspectos característicos de la vida rural; Relación de dichas características con el despliegue de la violencia de género; 2. Categoría Violencia doméstica contra las mujeres rurales: Aspectos de los tipos de violencia Psicológica; Física; Económica; Sexual; 3. Categoría Ruta Crítica: Develación; Solicitar ayuda; Denuncia; Otorgamiento de medidas y Cumplimiento de medidas; Acompañamiento Psicosocial; 4. Categoría Intervenciones: Intervenciones en prevención; Intervenciones en asistencia integral (Acciones desde el Estado; Acciones comunitarias).

A partir del análisis de la información relevada en las entrevistas, se elaboró un protocolo de preguntas que permitió conformar una encuesta orientada a recolectar datos más precisos sobre la temática de estudio. Dicha encuesta fue diseñada y administrada mediante un formulario de Google, lo que facilitó su distribución y recolección en diversos territorios. Estuvo compuesta por 27 ítems con preguntas cerradas que buscaban rastrear datos específicos de los/as encuestados/as (tales como la edad, género, profesión/puesto, institución/organismo que trabaja, localización del mismo, cargo que ocupa y capacitación en el tema), con preguntas con opciones de respuesta múltiples, así como espacios destinados a la incorporación de información cualitativa. El cuestionario indaga sobre las experiencias de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, así como también sobre datos generales vinculados a las características de las mujeres rurales que atraviesan este tipo de situaciones (tales como la edad, si tienen hijos/as y la disponibilidad de ingresos propios), caracterización sobre la VD en zonas rurales (especificidades, las denuncias y el acompañamiento del Estado) y las recomendaciones posibles para mejorar las políticas públicas en torno a la prevención y la asistencia. La encuesta fue distribuida vía email y/o whatsapp, con la ayuda de las entrevistadas y de las personas encuestadas que iban respondiendo. En total, se incluyeron 10 protocolos con respuestas que cumplieron con los mismos criterios de inclusión pautados para las entrevistas. Los protocolos fueron completados entre julio de 2024 a marzo de 2025 y el corte se dio teniendo en cuenta la insistencia en la repetición de las respuestas brindadas.

En el presente trabajo serán referidas con la inicial E y con un número aleatorio asignado a cada una. A partir de los ítems relevados, se analizó particularmente la información vinculada con la caracterización del despliegue de la VD, así como las recomendaciones formuladas para el mejoramiento de las intervenciones estatales en materia de prevención y asistencia. Estos dos ejes temáticos se entrecruzaron con los datos obtenidos en las entrevistas, y constituyen la base a partir de la cual se desarrolla el presente artículo.

Queremos remarcar que el análisis de los resultados no pretende ser representativo de todas las ruralidades de la Argentina. En primer lugar, porque no se puede extrapolar la caracterización que hagamos de una ruralidad a otra por la profunda heterogeneidad que muestran estos contextos en nuestro país. Pero, además, porque no fue el objetivo de esta parte de nuestro estudio. La muestra fue construida con la intención de ofrecer un primer acercamiento a la temática de la VD. Temática que, a pesar de ser amplia por su complejidad y por la multiplicidad de espacios sociales del mundo rural argentino, no cuenta con un corpus teórico al respecto. De tal forma, los resultados y análisis que continúan no son representativos, pero sí tienen el valor académico y político de ofrecer primeras aproximaciones sobre dicha problemática.

Resultados

En su totalidad las personas que participaron del estudio fueron mujeres. Por esta razón, a lo largo del texto serán mencionadas directamente en femenino (como “las trabajadoras” cuando nos referimos al conjunto de la muestra y como “las entrevistadas” o “las encuestadas” cuando queramos puntualizar en las personas a las cuales se les aplicó la toma de entrevista o la encuesta respectivamente). Además, desde un posicionamiento político, nos interesa enunciarlas en femenino dado que, en general, la mayoría de las personas que trabajan en el Estado y se dedican a la asistencia a mujeres en situación de VD, son mujeres.

Las trabajadoras presentaron las siguientes características en función de sus profesiones, el lugar de trabajo a nivel geográfico, el tipo de institución estatal en la que se desempeñan, las funciones que realiza dentro de la misma y vinculación con la temática:

• Profesión: 8 ingenieras agrónomas, 3 trabajadoras sociales, 1 psicóloga, 1 abogada, 1 docente, 1 socióloga.

• Lugar de trabajo: 4 en la provincia de Buenos Aires, 2 en Formosa, 2 en Salta, 1 en Catamarca, 1 en Santiago del Estero, 1 en Tucumán, 1 en Santa Fe, 1 en Corrientes y 2 de alcance nacional.

• Institución: 3 del área ministerial o municipal de género, 2 del área ministerial o municipal de educación, 1 del área jurídica, 1 del área ministerial de producción y 8 de instituto nacional vinculado a lo agropecuario.

• Funciones: 3 trabajan como directoras de su área, 3 son parte de equipos técnicos, 2 realizan investigación, 1 es asesora, 1 es docente y 5 se dedican a la extensión rural.

• Vinculación con la temática: 4 trabajan en la asistencia a mujeres en situación de violencia y 11 realizan otras tareas, pero acompañaron a mujeres en dicha situación.

Tal como se observa, por un lado, se identifica que las trabajadoras participantes del estudio provienen de diversas disciplinas y ocupan distintos roles dentro de sus respectivos ámbitos laborales. Por otro lado, considerando la distribución geográfica de las provincias relevadas, remarcamos que la información recolectada corresponde, en su mayoría, a las regiones norte y centro del país, lo que permite inferir que los datos aquí presentados se focalizan principalmente en las características propias de las ruralidades correspondientes a dichas regiones.

Por último, queremos agregar que la totalidad de las personas que participaron en el estudio recibieron formación en la temática de género y/o, de manera más específica, en violencia por motivos de género. En algunos casos, dicha capacitación se vinculó directamente con las funciones que desempeñan en intervenciones específicas vinculadas con la atención en la problemática. En otros casos, la formación fue dictada en el marco de la Ley N.º 27.499, conocida como Ley Micaela, la cual establece la obligatoriedad de capacitar en perspectiva de género a todas las personas que ejercen funciones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, en todos sus niveles y jerarquías.

La información relevada puede organizarse en dos grandes grupos de datos. El primero corresponde a la caracterización realizada por las trabajadoras sobre las particularidades que adquiere el despliegue de la VD en contextos rurales. El segundo grupo se centra en las recomendaciones formuladas respecto de posibles intervenciones por parte del Estado, orientadas a implementar respuestas más eficaces frente a esta problemática.

Respecto a la caracterización sobre este tipo de violencia en las zonas rurales, la mayoría de las trabajadoras indicó que la forma en que se despliega la VD tiene aspectos particulares que la diferencian de las formas que adopta en ámbitos urbanizados. Entre los factores señalados con mayor frecuencia se encuentran: la dispersión geográfica de las viviendas y la distancia respecto de los centros urbanos, la limitada autonomía económica de las mujeres y la persistencia de prácticas y normas socioculturales de carácter patriarcal.

En relación con el componente geográfico, las trabajadoras señalaron que tanto las grandes distancias entre las viviendas como la lejanía respecto de los centros urbanos constituyen aspectos territoriales, propios de las ruralidades, que inciden en las formas que se despliega la VD. Indicaron que estas condiciones de distribución territorial de los hogares rurales actúan como obstáculos significativos para que las mujeres puedan acceder a una atención integral y salir de las situaciones de violencia. Se mencionaron, por ejemplo, casos en los que las mujeres requieren asistencia ante episodios de agresión, pero las distancias entre los hogares cercanos, o los extensos trayectos que se deben recorrer desde los centros urbanos, dificultan la llegada oportuna de personas que puedan brindar protección. En consecuencia, en situaciones de riesgo de agresión física y/o sexual, estas mujeres se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Las entrevistadas expresaron que “las mujeres se ven solas, vos pensá que en una ciudad si una mujer sale y grita, la escuchas. Por curiosidad salís a mirar qué pasó. En el campo es imposible. No se puede escapar de la situación” (fragmento de entrevista 4, 3/2024). En uno de los casos mencionados, una de las entrevistadas manifestó que “Uno de estos tres intentos de femicidio que te cuento, la señora corrió 25 km a la ruta con 4 balas de arma encima. No sabemos cómo llegó viva esa mujer” (fragmento de entrevista 1, 2/2024). A su vez, los lugares donde suelen brindarse la atención y acompañamiento para salir de la situación de violencia suelen estar en los centros urbanos. Las mujeres rurales que viven alejadas de dichos espacios tienen un impedimento para recibir un asesoramiento, acceder a la atención psicosocial, radicar denuncias, sostener todo el proceso judicial en los juzgados/fiscalías y ser asistida en caso de urgencias por las fuerzas de seguridad más cercana a la zona. De tal forma, la noción de aislamiento fue referido por las encuestadas en torno a la “falta de espacios e instituciones de cuidado y atención primaria” (E9) junto con “La dificultad de acceso a la conectividad” (E1) o “la falta de comunicación y la imposibilidad de pedir ayuda” (E10).

Respecto al componente vinculado con lo económico las trabajadoras caracterizaron que en general el conjunto de las mujeres rurales vive bajo condiciones de pobreza. Suelen depender de otras personas para su sustento económico -en general de varones de la familia- y, en muchos casos, requieren de las ayudas sociales provenientes del Estado para acceder a un ingreso mensual que les permita sobrevivir. Se considera que lo anterior como una violencia económica que se encuentra “invisibilizada por la feminización de la pobreza en la ruralidad” (E4). Se acuerda que esta violencia económica agudiza la situación de VD, dado que el aspecto económico “es uno de los grandes obstáculos para que las mujeres decidan romper y salir de esa situación” (fragmento de entrevista 2, 2/2024) y que además la situación habitacional es un problema grave para aquellas que denuncian dado que “generalmente se va la mujer e hijxs de la casa porque los contratos de alquiler o títulos de la tierra están a nombre de los varones” (E4).

En relación con las pautas culturales que organizan la vida social en las comunidades rurales, las trabajadoras las describieron como “machistas y fuertemente arraigadas” (E4). Estas pautas se vinculan con la manera en que se distribuyen los roles dentro de los hogares rurales y pueden funcionar como justificación de hechos de violencia.

Está muy instituido lo que son los roles dentro la agricultura familiar: quien se dedica al trabajo, quien es hacedor de lo económico, quien lleva la economía de la familia, quien cuida a las criaturas y quien tiene la potestad de ir en los ámbitos de sociabilidad. Me parece que ahí está una de las cosas. Está tan instituido cuales son los roles de las mujeres y el varón en la Agricultura Familiar que por ahí se permite estas cosas. (Fragmento de entrevista 1, 2/2024)

Lo expuesto permite dar cuenta de la existencia de obstáculos culturales que dificultan la identificación de los hechos de violencia como parte de un contexto de VD, y que a su vez impiden que estos sean visibilizados ante otros y, en consecuencia, que se solicite ayuda.

Hay un mandato social respecto a que el varón tiene esas formas [ejerce violencia hacia la esposa], pero esas formas hay que sobrellevarlas porque lo más importante es la familia como tal, como núcleo. Desaparece casi la figura de la mujer como sujeto de derecho y entonces aparece la consideración de la familia como el sujeto de derechos. Y en función de eso se justifican muchas cosas. (Fragmento de entrevista 4, 3/2024)

De tal forma, las trabajadoras acordaron que las mujeres rurales tienen dificultades para relatar que se encuentran en una situación de violencia, y en general lo hacen cuando están ante situaciones límites. La mayoría de las encuestadas puntualizaron que las mujeres logran develar la problemática “Cuando la persona llega a los extremos y siente que su vida o la de sus hijxs corre peligro”. Casi la mitad seleccionaron “Luego de un taller/charla/actividad vinculada a género o sobre la violencia contra las mujeres”, y en menor medida contestaron que se da “Cuando algún técnicx extensionista conversa con ella de la situación en la que se encuentra” y “Posterior a la intervención de alguna promotora de género”.

En consonancia con lo previamente señalado, las trabajadoras manifestaron que, en términos generales, las mujeres rurales no denuncian los hechos de violencia. Asimismo, coincidieron en que aquellos casos en los que sí se presenta una denuncia, las mujeres enfrentan múltiples obstáculos para concretarla. Entre las dificultades mencionadas con mayor frecuencia por las encuestadas, se destacan respuestas vinculadas con la extensa distancia geográfica que deben recorrer para acceder a los centros de atención: “Distancia” (E10),“aislamiento” (E6), “falta de accesibilidad” (E9), “Dificultad para trasladarse a los sitios de denuncias” (E2), “Acceso al ámbito de denuncia” (E3), “Dificultades para trasladarse” (E4) y “La dificultad en el acceso a instituciones con conocimiento sobre el tema para el abordaje de la problemática en el territorio” (E5). Otra de las dificultades mayoritariamente señalada fue el mal desempeño de las agentes de seguridad que toman las denuncias. Se hizo mención a la “Incompetencia del ámbito de denuncia” (E3), que las mujeres “Se encuentran con personas que no están preparada” (E7), que “Son descalificadas por los agentes que deben tomar sus denuncias” (E4), “no quieren exponer su situación al resto por vergüenza y maltrato policial” (E8), “Las instituciones de la capital no tienen consideración por las diferencias culturales, de su realidad cotidiana, del contexto en el que sufren esas violencias” (E5) y que directamente “En algunos lugares no hay lugar específico para denunciar o [mismo] la denuncia no es tomada” (E2). Por otro lado, las encuestadas hicieron referencia a la falta de anonimato. Manifestaron que “Otra dificultad puede tener que ver con que en los pueblos se conocen entre todes y el que le tome la denuncia tenga algún vínculo familiar con el denunciado” (E1), que la “Policía [puede ser] amiga del agresor” (E10) o que “[...] las personas que trabajan en las instituciones públicas de la comunidad, suelen ser parientes, vecinos/as, conocidos/as y eso a veces interfiere” (E5). A su vez, las encuestadas señalaron que también puede limitar la denuncia la “Falta información” (E9), “[...] sobre cómo y dónde denunciar, además del temor de las consecuencias de la denuncia” (E1) asociado con el “Desconocimiento” (E4) o las “Dificultades para expresarse” (E4). Se considera que las denuncias de las mujeres “Tienen asidero cuando son acompañadas por alguien del Estado o alguna compañera de alguna organización” (fragmento de entrevista 4, 3/2024), de lo contrario no son eficaces.

El papel de las organizaciones sociales fue destacado por la mayoría de las trabajadoras y valorado como un elemento central. En base a los relatos de las entrevistadas, se destaca que “Son necesarios los espacios de mujeres y los espacios de género de las organizaciones porque son redes, tejidos que acompañan, en quienes confiar” (fragmento de entrevista 1, 2/2024), “Las organizaciones u ONG son importantes porque se comprometen 24/7. Las personas del Estado se comprometen, pero hasta un horario laboral, es su trabajo. En cambio, las organizaciones están siempre, hasta de noche” (fragmento de entrevista 4, 3/2024). Se acuerda con que son un actor clave en el acompañamiento de las mujeres que deciden denunciar, dado que son las que ayudan a “Preparar con otras la denuncia, redactarla, ayudarlas a poner en palabras” (fragmento de entrevista 1, 2/2024), y que su relevancia en los territorios se destaca “Porque son las que están mayormente contacto con la realidad de las mujeres rurales” (E1), “Principalmente, por la cercanía física y la confianza para la contención entre pares” (E3), “Tratan el tema con los pies en el territorio” (E10), “Porque poseen empatía con la situación” (E7), “Son las que visibilizan, acompañan, reciben, canalizan” (E5), su intervención “Es la principal manera para la prevención” (E6) siendo que los “Los espacios de feminismos permiten tomar conciencia y dan contención” (E9) y también “Generan espacios de contención y escucha. Y acompañan los procesos de denuncia” (E2).

Asimismo, en los casos que las denuncias se realicen y se otorguen medidas de protección para las mujeres, la mayoría de las trabajadoras acordaron que dichas medidas no suelen ser efectivas. Se ejemplifica que el aislamiento territorial no permite controlar la prohibición de acercamiento de los agresores o que la falta de conectividad en las zonas rurales imposibilita el uso de botones antipánico en manos de las mujeres o de tobilleras electrónicas para control doble de los movimientos de los denunciados. Además, las exclusiones del agresor del hogar que comparte con la mujer son difíciles de sostener por ellas dado que en general son los varones quienes están a cargo del trabajo productivo y la falta de su presencia implica limitaciones para el sostenimiento económico de ellas e hijos/as.

En síntesis, puede afirmarse que las trabajadoras consideraron que los factores geoterritoriales, económicos y socioculturales inciden en las formas que se despliega la VD en contextos rurales. La dispersión geográfica, la lejanía respecto de los centros urbanos, la falta de conectividad y el consecuente aislamiento territorial, junto con la feminización de la pobreza rural, la limitada autonomía económica de las mujeres y la persistencia de prácticas y normas socioculturales de raíz patriarcal, configuran una realidad compleja y particular que condiciona tanto la manifestación de la violencia como las posibilidades de intervención.

Por otro lado, teniendo en cuenta su práctica territorial, se les consultó a las trabajadoras por posibles acciones que se pueden llevar adelante con el fin de lograr revertir las limitaciones identificadas en las politicas públicas en materia de prevención y asistencia. En relación a la prevención, en su mayoría, las trabajadoras hicieron hincapié en la necesidad de tener capacitaciones en torno a la temática. Las encuestadas señalaron que estas formaciones deberían aplicarse principalmente a las personas que trabajan en la asistencia de mujeres en situación de violencia. Asimismo, haciendo particular mención a la aplicación de la Ley Micaela, se considera que estas capacitaciones deberían darse al resto del personal del Estado. Además, se hizo particular mención en que la formación en este tema debería estar dirigido también a las personas de las comunidades rurales. Manifestaron la necesidad de contar con “Muchos talleres para varones y mujeres desde las infancias” (E9), con “Capacitación a las mujeres y femineidades en derechos de las mujeres y diversidades, y cómo actuar en casos de violencia” (E4), buscando “Sociabilizar la situación y educar a la sociedad sobre los derechos a una vida sin violencia de las mujeres” (E2) y evitar que “Se perpetúan los patrones y se mantenga en el imaginario como normal el patriarcado en su versión más violenta” (E8).

Respecto a la asistencia, en primer lugar y teniendo en cuenta las distribuciones geoterritoriales descritas, propusieron construir una mayor intervención en las comunidades rurales. En palabras de las encuestadas, se consideró la necesidad de “Generar verdaderas estructuras y gabinetes interdisciplinarios” (E3), que se cuente con “Más profesionales [formados en abordajes de las violencias] en las comunidades del interior de la provincia” (E5) y que haya “Más y mejor Estado presente” (E10). Una de las entrevistadas manifestó que “El acompañamiento en la ruralidad requiere de presencia técnica en los territorios, una corporalidad”, “Es una lógica más del cuerpo, de estar, de continuar, de tener una presencia” (fragmento de entrevista 1, 2/2024). A su vez, las trabajadoras destacaron que la intervención se debería realizar articulando con otras instituciones y organismos y encontrar “Lugares donde reunirse. [...] Espacios de consulta en las plazas, en las ferias. O que acompañe la escuela, de una oficina. Actores que aparezcan mediando” (fragmento de entrevista 4, 3/2024). Una de las entrevistadas señaló que

En la ruralidad están las iglesias, las parroquias, son lugares en donde las mujeres se encuentran por el tema de dar catequesis. También en las ferias, juntarse a tejer, hacer artesanías. Hay muchas emprendedoras que venden juntas su panificado. Estos espacios de encuentro, son los espacios propicios para que se pueda hablar sobre el tema. Y ahí hacer circular la información, de quienes son las profesionales que existen y cómo poder contactarlas. (Fragmento de entrevista 1, 2/2024)

En este sentido, dicha entrevistada planteó que

Abrir espacios para charlar sobre estos temas va de la mano con el abordaje de las violencias. Y ahí va saliendo “yo conozco a tal”, “yo también pasé” “¿cómo hacemos?”, en ese diálogo más comunitario es donde mejor se puede trabajar. Quieras o no es como un germen: algo que empieza a nacer y ya se juntan con el otro grupo, ya se juntan con sus familias, con sus mamas, con la tía, con su prima. Empieza a circular. (Fragmento de entrevista 1, 2/2024).

En segundo lugar, teniendo en cuenta el aislamiento territorial en el que viven las mujeres rurales, sumado al aislamiento provocado por los agresores, las trabajadoras alertaron que la participación de las mujeres en estos espacios debe ser cuidada con el fin de evitar exponerlas ante los agresores. Una de las estrategias señaladas fue la nombrar de otras formas las actividades o espacios en donde se traten estos temas. En tercer lugar, las trabajadoras remarcaron la necesidad de transformar estos espacios en lugares en donde las mujeres pueden crear lazos de solidaridad y acompañamiento. El armado o reconstrucción de redes de apoyo es una intervención relevante dado que “está tan rota la red, que la tenés que recomponer. O armar redes para poder ayudarla a salir” (fragmento de entrevista 1, 2/2024). Finalmente, dada las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que viven las mujeres rurales, las trabajadoras mencionaron que para brindar respuestas asertivas en la asistencia y acompañamiento de las salidas de situaciones de vivencias, es fundamental fortalecer su autonomía económica. Se destaca la necesidad de disponer de programas que sean de soporte económico para el primer tramo en el que la mujer decide salir de una situación de violencia, de programas que busquen desarrollar aspectos productivos que promueva el acceso a herramientas de trabajo para que puedan emprender proyectos económicos sin depender del agresor y a su vez una política pública que facilite el acceso y titularización de tierras.

En resumen, las recomendaciones realizadas por las trabajadoras se orientan tanto a revertir la falta de acceso a las politicas públicas de prevención y asistencia, como a fomentar el rearmado, o armado, de redes sociales y fortalecer la independencia económica, como elementos necesarios para lograr sostener la salida de las situaciones de violencia.

Discusión

La imbricación de opresiones (Curiel, 2016), configurada por el capitalismo, la colonialidad y el patriarcado, produce una articulación de desigualdades de género, clase, raza y territorio, las cuales se manifiestan en las condiciones de vida y, en consecuencia, en las experiencias vitales de las mujeres rurales. En este sentido, entendemos que, en el despliegue de la VD, dichas desigualdades se materializan de manera articulada, dando cuenta de las particularidades que adquiere esta forma de violencia en estos contextos sociales.

Por un lado, la disposición territorial en la que se desarrolla la vida de las comunidades rurales suele estar caracterizada por dos elementos particulares. En primer lugar, encontramos un aislamiento territorial dado por una dispersión de viviendas alejadas entre sí y por la lejanía a los centros urbanos, donde en general suele estar la red de abastecimientos y servicios. En los casos donde hay situaciones de VD esto pone en mayor riesgo a las mujeres. Por un lado, las distancias de un hogar a otro hacen que en momentos de peligro las mujeres no puedan ser asistidas por personas cercanas. Además, la distancia de estos hogares con los centros urbanos es tan amplia y dificultosa de atravesar que también obstaculiza la asistencia en urgencias por parte de las fuerzas de seguridad y a su vez obstaculiza el acceso a los centros de asesoramiento y atención jurídica y psicosocial como a los lugares donde se pueden radicar las denuncias. En segundo lugar, un aspecto que caracteriza a las ruralidades -en particular a la agricultura familiar- es la integración física de la unidad doméstica con la unidad productiva (Feito, 2013) lo que se traduce en que se suele trabajar donde se vive. De esta manera, la vida en la chacra, la quinta o la huerta se superpone con la cotidianidad de la vida en el hogar rural. A dicha integración de lo doméstico con lo productivo, se suma que la división sexual del trabajo rural les asigna a las mujeres, de manera casi exclusiva, el rol de cuidados del hogar y de los integrantes de la familia sumado a tareas del tipo productivas, pero de carácter domésticas (Logiovine y Bianqui, 2020). De tal forma, las mujeres suelen desarrollar una sociabilidad del tipo más privada al pasar mayor tiempo del día dentro de la explotación agropecuaria. Esto quiere decir que en los casos donde las mujeres se encuentran en una situación de violencia, las mismas pasan la mayor parte del día con el agresor, lo que implica un mayor control de sus movimientos, vínculos y actividades. Esta situación se evidenció durante la pandemia del COVID-19 en donde los casos de violencia se expresaron con mayor crudeza en zonas rurales y periurbanas impulsados por la permanente convivencia con el agresor en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio (Bidaseca et. al, 2020; Pena, 2024).

Cabe destacar que el aislar a las mujeres es una de las estrategias que suelen utilizar los agresores. Esto implica aislamientos físicos en los cuales las mujeres no tiene acceso a otras personas o a recursos propios e incluye la imposibilidad de comunicar vivencias y emociones a partir del sentimiento de vergüenza y de culpa. Para activar esta estrategia de control y sometimiento, los agresores suelen avanzar con apartar a las mujeres de su entorno sociofamiliar, que apoye la percepción de ellas y cuestione la de él, y a su vez introducirlas en los suyos. Todo lo anterior lleva a que las mujeres oculten el maltrato al que están siendo sometidas (Escudero Nafs et. al, 2005). De tal forma, consideramos que el aislamiento territorial y la sociabilidad más del tipo privada que suelen desarrollar las mujeres en las comunidades rurales sirven de base para que los agresores profundicen este mecanismo de aislamiento que suelen implementar.

Por otro lado, en nuestro estudio hemos identificado la incidencia de la violencia económica que viven las mujeres de la agricultura familiar y cómo esta se transforma en una falta de autonomía económica que agudiza en el despliegue de la violencia en los casos de VD. Los estudios vinculados a la agricultura familiar suelen destacar que este sector vive bajo profundas desigualdades sociales y económicas (González y Manzanal, 2021) y que las mujeres son las más afectadas (Biaggi y Knopoff, 2021; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC], 2022). Esto se debe, entre otras causas, a la desigual distribución sexual del trabajo rural, mencionado más arriba, la cual vincula a los varones con el trabajo remunerado y con la esfera de lo público (teniendo el rol de ser el principal proveedor económico de la familia) y las mujeres son vinculadas con el trabajo reproductivo y la esfera privada, quedando a cargo de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Esto se traduce que ellas tienen un restringido acceso a la titularización de viviendas y tierras, al sistema de créditos bancarios para sus emprendimientos productivos, a las herramientas de trabajo y a las capacitaciones en la producción agropecuaria. Beneficios económicos y productivos que, aunque con limitaciones, sí suelen acceder los varones en tanto son considerados como el mayor responsable económico de la familia. De esta manera, las mujeres rurales quedan bajo dependencia económica de los varones del hogar (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2021)[2]. Ahora bien, esta situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que se suelen encontrar las mujeres rurales, en los casos de VD se vuelven base para que los agresores activen la violencia económica. Las mujeres profundizan su falta de autonomía económica y esto obstaculiza la toma de decisión de terminar el vínculo con el agresor y/o realizar la denuncia: el separarse y/o denunciar puede implicar que el agresor, al ser la principal fuente de ingresos para el grupo familiar o en algunos casos la única, ya no conviva en el hogar dejando a la mujer e hijos/as sin sustento económico. Como consecuencia, las mujeres pueden dudar de salir de la relación con el agresor o en los casos que pudieron romper dicho vínculo, puede que vuelvan a retornar a la relación violenta por imposibilidad de generar inmediatamente una fuente de ingresos monetarios.

Por último, en nuestro estudio evidenciamos la existencia de diferentes obstáculos que las mujeres enfrentan al momento de solicitar ayuda para salir de la situación de VD. El camino hacia la denuncia y lo posterior a ella, el otorgamiento de medidas, la separación definitiva del agresor y el cese de su violencia, están repletos de dificultades. Estos caminos fueron definidos por la Organización Mundial de la Salud (Sagot, 2000) como la Ruta Crítica, caracterizada como un proceso complejo cargado de múltiples itinerarios de búsqueda de ayuda seguidos por el retorno a las relaciones violentas. En general, las mujeres suelen iniciar este recorrido develando ante otros/as la situación de violencia y luego se continúa con trayectos sinuosos en donde tienen que tomar decisiones constantemente y elaborar estrategias que les permitan potenciar los facilitadores tanto internos como externos y sobrellevar los obstáculos que se les presentan.

Un primer obstáculo puede estar relacionado con poder romper con aquella sociabilidad privada y poder salir de las casas para solicitar ayuda o denunciar y no levantar sospecha del agresor. A esto se le suma las amplias distancias que deben atravesar para llegar a las comisarías, fiscalías, juzgados o centros de asistencia, lo que implica tiempo, esfuerzo y dinero invertido en el recorrido. Las mujeres rurales se encuentran más expuestas y en riesgo a la hora de solicitar asesoramiento y ayuda. Lo anterior es una clara diferencia existente en las Rutas Críticas entre las mujeres rurales y urbanas. En los espacios urbanos una mujer en situación de violencia tiene de forma más argumentada el salir de su hogar y además cuenta con centros de atención, oficinas legales o comisarías de forma más accesible.

Asimismo, las trabajadoras acuerdan que las mujeres rurales no suelen denunciar los hechos de violencia dado que consideran que no serán escuchadas, serán menospreciadas en su relato y la denuncia no implicará una protección. En las zonas rurales los lugares más cercanos para realizar una denuncia por VD son las comisarías que se encuentran conformadas por personal conocido por la comunidad, en su mayoría varones, que no suelen tener capacitación en la temática. La falta de radicación de denuncias en el medio rural coincide con el informe realizado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Iniciativa Spotlight de ONU (2022) el cual revela que a nivel nacional solo el 21% de las mujeres en situación de violencia de género realizaron una denuncia. Y como refiere Paz Olaciregui Rodríguez (2020) se identifica que este bajo indicador se suele dar particularmente en las comisarías, vinculado con “el descrédito y la desconfianza que, en líneas generales, la sociedad tiene respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” (Olaciregui Rodríguez, 2020, p. 214).

Finalmente, destacamos que se considera que las medidas de protección son difíciles de hacer cumplir en las comunidades rurales salvo que el agresor las cumple por su propia voluntad. Podemos ubicar que en general las medidas cautelares que insta la Ley 26.485 para proteger a las mujeres en situación de VD, son estipuladas y luego dictadas de manera automática y estandarizada, sin evaluar las particularidades que atraviesan la vida de las mujeres (en plural) como son la condición de migrante, la clase, la etnia y podríamos agregar el territorio. Esto produce una profunda discriminación en el acceso a la protección y asistencia integral. Como refiere Paz Olaciregui Rodríguez (2020) “Hablamos de una de las lagunas claras del sistema. La aplicación de esta Ley [26.468] tan bien redactada que aparentemente las protege, evidencia la distancia del Poder Judicial con la mujer” (Olaciregui Rodríguez, 2020, p. 217).

A continuación, en la Tabla 1, resumimos lo recabado sobre el análisis de las consideraciones que realizaron las trabajadoras en torno a las particularidades que adquiere el despliegue de la VD en contextos rurales.

Se puede precisar que las respuestas que da el Estado durante el camino que recorren las mujeres intentando salir de la situación de VD son pensadas para las personas que pertenecen y/o residen en zonas con lógicas urbanizadas. Argentina cuenta con diferentes guías de intervención diagramadas por el Estado que buscan orientar la implementación de la asistencia integral en violencia de género, no obstante, lo que encontramos en común en estas herramientas son orientaciones generales en base a la construcción de una persona destinataria de políticas públicas con características universales ligadas a lo urbano (Logiovine, 2024).

Los/as profesionales que tienen que intervenir en casos de violencias en contextos rurales suelen partir de creación individuales lo que implica acciones artesanales que dependen de sus buenas voluntades. A partir de esta práctica territorial, incorporamos las recomendaciones ofrecidas por las personas que participaron del estudio. Estas se vinculan especialmente con la necesidad de una mayor presencia del Estado en las comunidades rurales, mediante el fortalecimiento de equipos profesionales capacitados en la temática, con comprensión del modo en que la VD se manifiesta en estos contextos. Asimismo, se destacó la importancia de que dichos equipos puedan articular con otras instituciones y organizaciones sociales presentes en el territorio, con el objetivo de generar espacios de acompañamiento seguros y confiables para las mujeres rurales. Finalmente, se subrayó la necesidad del diseño de políticas públicas que promuevan una mayor autonomía económica para las mujeres, tanto en el momento de salir de situaciones de violencia como en el período posterior a dicha salida.

Registramos que dichas recomendaciones son coincidentes con los lineamientos que plantean diferentes planes nacionales y programas destinados a la intervención en materia de violencia de género, con particular foco en las zonas rurales (Logiovine, 2024). A modo de ejemplo, la propuesta de fortalecer el trabajo territorial fue un aspecto considerado tanto por el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022, el siguiente Plan Nacional contra las violencias por motivos de género 2022-2024 e incluso el Programa Acercar Derechos (PAD) -todos dependientes del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades-. Además, registramos que el señalamiento que se realiza en torno a construir redes comunitarias de apoyo es sostenido tanto por el Plan 2020/2022 como por el Programa Mi Pueblo del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Este último, también hace mención específica a la necesidad de intervenir apoyándose en los espacios ya conocidos por las mujeres rurales como lo han referido las trabajadoras de nuestro estudio. Por último, la necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres es una propuesta compartida por la creación de programas específicos como el “Producir” o mismo el “Sembrar Igualdad”, nutrido además por programas como “Acompañar”. Todo lo anterior nos permite inferir que las recomendaciones brindadas por las trabajadoras de las diferentes áreas estatales a las que consultamos no solo son necesarias, sino que ya fueron previamente valoradas por el propio Estado considerándolas factibles de realizar en base a los recursos y capacidades institucionales disponibles para accionar en las zonas rurales. De tal forma, podemos inferir que los resultados del estudio pueden ser adecuados para fortalecer los planteos y perspectivas ya planteadas por las politicas públicas destinadas a esta problemática y para servir de base para crear nuevas, que busquen traspasar las limitaciones que presenta el accionar estatal en dicha materia.

Reflexiones finales

Si tenemos en cuenta que las mujeres rurales en general ya se encuentran desposeídas de los medios económicos y productivos y que a su vez se encuentran distanciadas físicamente de otros/as y alejadas de los centros de servicios y abastecimiento, podemos identificar que un agresor encuentra las bases ya construidas sobre la cual establecer los mecanismos de aislamiento social y de dependencia económica.

Además, esto se apoya en el hecho de que las mujeres rurales presentan dificultades a la hora de radicar una denuncia. Esto se debe a que los/as agentes tienen malos tratos hacia ellas, tienen una baja capacitación en temas de violencia de género, presentan cierto desconocimiento más específico del entrecruzamiento de la VD con las ruralidades. También se debe a la falta de anonimato en las comisarías más cercanas a las comunidades rurales. A todo lo anterior se le suma que existen limitaciones para hacer efectivas las medidas provisorias de protección: al no tener en cuenta las distancias, la falta de conectividad y la falta de autonomía económica de las mujeres, presentan particulares que si no son correctamente adecuadas a los contextos rurales pueden poner en riesgo la vida de las mujeres que denuncian y sus entornos. De tal forma, consideramos que es necesario conocer con mayor detenimiento el despliegue de la VD en zonas rurales y de esta manera adecuar las políticas públicas a estos contextos desde una perspectiva interseccional (Guzmán Ordaz y Jiménez Rodrigo, 2015).

En nuestro estudio fuimos encontrando algunas puntas para mejorar las intervenciones. Por un lado, se vuelve urgente promover un mayor trabajo territorial por parte del Estado, mayor presencia en las comunidades rurales, capacitar a los equipos profesionales que intervengan (tanto en la problemática de la violencia de género como en abordajes en la ruralidad) y elaborar intervenciones de asistencia y protección acordes a la vida de las mujeres rurales. Esto implica que exista un Estado que vuelva a colocar en agenda la problemática en general y que luego, en particular, elabore políticas públicas destinadas a las ruralidades. De tal forma, esto permitirá que las mujeres se configuren una salida posible a partir de acciones estatales estables y duraderas, con representantes del Estado que sean ubicados/as como referentes a quienes acudir para que las acompañen en todo el proceso de salir de una situación de violencia.

De esta manera, la construcción de redes en las comunidades permite diagramar un abordaje comunitario necesario en la asistencia de casos de violencia con el fin de: fortalecer la prevención, fortalecer el acompañamiento a una mujer a denunciar y colaborar en hacer cumplir las medidas de protección. Además, promueve la posibilidad de encontrarse con otros/as en quienes confiar, con quienes entrar en diálogo, a quienes acudir. Para destrabar los hechos de violencias contra las mujeres resulta importante apuntar a la presencia de un Estado y a lo comunitario, en tanto seres sociales que interactuamos y nos apoyamos mutuamente.

Referencias bibliográficas

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Notas