Introducción

En Bolivia, el sector agropecuario es de gran relevancia económica y social. Por ello, la “cuestión de la tierra” es uno de los tópicos claves para comprender y analizar el devenir histórico del país, puesto que el problema de la tenencia y su distribución fueron y son cuestiones que atraviesan, delimitan y condicionan su geografía socioeconómica (Wiurnos, 2023). En este marco, los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) se presentan como documentos oficiales que ofrecen información clave sobre las principales variables estructurales del mundo rural.

Este trabajo^[1] parte de sostener que, pese a la implementación de políticas orientadas al reformismo agrario y a la redistribución de la tierra, no se han producido transformaciones sustanciales en el régimen de tenencia. La propiedad de la tierra continúa altamente concentrada en grandes latifundios, mientras que, de forma paralela, se intensifica el proceso de minifundización. Para ello, toma como fuente de análisis a los tres operativos censales realizados en la historia contemporánea de Bolivia: el I Censo Nacional Agropecuario de 1950, el II Censo Nacional Agropecuario de 1984 y el I Censo Agropecuario del Estado Plurinacional de Bolivia de 2013. A partir de estos documentos, se realiza -de manera comparativa- un análisis cuantitativo de las variables que configuran al componente fundiario de la estructura agraria de Cochabamba (cantidad y superficie de las Unidades de Producción Agropecuarias, tamaño promedio, régimen de tenencia de la tierra, formas de acceso y condición jurídica del productor), departamento que posee una importancia económica significativa en el sector agropecuario boliviano, al ser de los principales productores nacionales de agroalimentos.

Estructura agraria. Una conceptualización

La actual estructura agraria refleja las históricas dinámicas de poder y las disputas por el control del espacio entre actores con diversas lógicas de territorialización y, por lo tanto, responde a variables de larga duración que han configurado el mundo rural (García, 2020). La estructura agraria puede definirse como el conjunto de elementos interrelacionados que integran un todo y que, en su distribución y orden, permiten describir y analizar los aspectos fundamentales del mundo rural. Según Bustamante (2010), esta estructura constituye la “expresión de complejos procesos socioeconómico-territoriales que se dan en un ámbito y en un tiempo específicos y, por lo tanto, bajo una racionalidad específica” (p. 6). La autora propone desagregar este concepto en tres componentes principales que interactúan entre sí y se modifican mutuamente, en función de las diferentes relaciones de fuerza puestas en juego para la apropiación de los recursos productivos y en función también de las coyunturas económicas y política.

El primero corresponde a los elementos fundiarios, que abarcan todos los aspectos relacionados con la tierra y su explotación. La tierra, como recurso natural, asume la función de principal factor de producción, lo que hace indispensable abordar la cuestión referida a cómo es distribuida y bajo qué modalidad se explota. Este análisis debe incluir el examen de las características que adquieren las relaciones de apropiación social de la tierra, los tamaños de las explotaciones agropecuarias, las formas jurídicas que adopta el productor y los regímenes de tenencia bajo la cual se realiza la explotación de la tierra (propiedad privada, arriendo, etc.).

El segundo componente de la estructura agraria incluye los elementos técnico-económicos que participan en el proceso productivo. Este responde a interrogantes sobre qué, cómo, cuánto y con qué finalidad se produce. En este marco, es fundamental explorar sobre la procedencia de los recursos, los circuitos de comercialización, el grado de capitalización y los tipos de uso de la tierra (agricultura, ganaderías, explotación forestal).

Finalmente, Bustamante (2010) identifica los elementos sociales como el tercer componente de la estructura agraria, para referirse al conjunto de actores que participan del agro y al entramado de relaciones que se establecen entre ellos. Asimismo, abarca los distintos sistemas normativos, valores y leyes que influyen en el accionar humano en lo referente a la apropiación y puesta en producción de la tierra.

En línea con lo anterior, Gutiérrez Jurado (2016) subraya que la estructura agraria se sustenta en el sistema de tenencia de la tierra, el cual evoluciona de manera paralela al desarrollo de la sociedad y a su relación con el mercado. Por ello, es fundamental reconocer la importancia del componente tierra como un factor determinante en la configuración de la la estructura económica y social. El análisis de los cambios en las principales variables estructurales de este componente – como el régimen de tenencia, las formas jurídicas del productor, asi como el tamaño, cantidad y distribución de la superficie de las explotaciones agropecuarias- constituye una herramienta cuantitativa clave para evidenciar las transformaciones del sector agropecuario. En este sentido, los censos agropecuarios adquieren un papel relevante como fuentes de información esenciales para el estudio de estas dinámicas.

Reforma agraria en Bolivia

Según Wuirnos (2023), en Bolivia el peso de la cuestión agraria fue y es tal que, desde la década de los cincuenta, el país ha atravesado por distintos procesos de reformismo agrario con el objetivo de transformar la estructura del sector y promover la redistribución de la propiedad de la tierra. En tal sentido, la Reforma Agraria de 1953 puede considerarse como un hito en la historia económica contemporánea del país. Impulsada por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), bajo el liderazgo del presidente Víctor Paz Estenssoro, buscó modificar la estructura latifundista de la tierra mediante su concesión a los campesinos que no las tenían, la restitución a las comunidades indígenas que habían sido expropiadas por los terratenientes después de 1900, la abolición del trabajo servil y la tecnificación relativa del campo. Los principios rectores de la Reforma fueron la idea de la “función Social de la tierra” y el histórico eslogan “la tierra es de quien la trabaja”.

El Decreto Ley 3464/1953 especificó los tipos de propiedad reconocidas por el Estado: solar campesino, comunidad indígena, pequeña y mediana propiedad, cooperativa agraria y empresa agrícola. Además, debido a la diversidad geográfica de Bolivia, definió el tamaño máximo de una pequeña o mediana propiedad para las tierras altas y los valles, áreas tropicales y subtropicales.

Al ser declarado ilegal el latifundio, y por tanto sujeto a expropiación, rápidamente se deshizo el régimen de hacienda, pero resultó en una nueva acumulación de tierras tanto por inversión económica como por favores políticos. De allí que, en 1996 fue aprobada la Ley Nº 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (conocida como Ley INRA), por medio de la cual se intentó corregir las desviaciones mediante lo que llamó “saneamiento”^[2] de la propiedad agraria (Lodeserto y Rocchietti, 2019).

Según Colque et al. (2016), esta nueva ley de tierras marcó el cierre de un ciclo de cinco décadas de reforma agraria iniciado en 1953, y dio paso a una nueva etapa orientada a revertir el acaparamiento y la privatización de tierras fiscales. Entre sus aspectos más relevantes, destacan dos elementos centrales: en primer lugar, el reconocimiento y la protección de la propiedad colectiva; y en segundo lugar, la posibilidad de constituir Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para los pueblos indígenas originarios, sobre la base del concepto de territorio.

Los Censos agropecuarios en Bolivia

La historia de los censos agropecuarios en Bolivia se desarrolla en tres momentos: 1950, 1984 y 2013. El I Censo Nacional Agropecuario de 1950 tiene dos publicaciones oficiales. La primera, en 1956, presentó información sobre la producción agrícola, ganadera y algunos derivados, desagregada solo a nivel departamental. Por razones económicas no se pudo completar el procesamiento de la información a nivel provincial, como estaba planificado en el proyecto original. Posteriormente, en 1985 -en el marco de la realización del II Censo Agropecuario- el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó un nuevo informe que procesó y compatibilizó las cifras provinciales de 1950. Este censo tiene un valor histórico significativo, ya que documenta la estructura económica agraria previa al proceso revolucionario que se produjo en 1952 y la reforma agraria de 1953, impulsada por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), bajo el liderazgo por Víctor Paz Estenssoro.

El II Censo Nacional Agropecuario de 1984 se realizó con el objetivo de evaluar los cambios estructurales en el sector después de tres décadas de la Reforma Agraria. Según el informe del INE publicado en 1989, “bajo la premisa de que, desde el I Censo Nacional Agropecuario de 1950, la estructura agraria del país ha sufrido cambios fundamentales por efecto de la reforma agraria (…) había la necesidad perentoria de emprender un nuevo levantamiento censal” (p. 21), con el objetivo de “conocer la estructura agraria luego de los cambios trascendentales en el proceso agrario boliviano, resultado de la Revolución Nacional de 1952” (pp. 9-10).

Finalmente, en el año 2015 el INE difundió los resultados del I Censo Agropecuario del Estado Plurinacional de Bolivia (2013). Este operativo censal tuvo como objetivo relevar información sobre la estructura productiva del sector para facilitar la formulación de políticas, planes y estrategias que favorezcan al desarrollo del agro boliviano. Al mismo tiempo, actualiza los datos del sector agropecuario del país luego 29 años del último censo nacional, marco temporal en donde se aprobaron dos leyes de tierras: Ley Nº 1715 de 1996, más conocida como Ley INRA y la Ley Nº 3545 de Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en 2006.

En esta oportunidad, se analizan y comparan los datos recolectados por los tres operativos censales en el Departamento de Cochabamba, en relación a las variables vinculadas con el factor productivo tierra: cantidad y superficie de las Unidades de Producción Agropecuarias (UPA), tamaño promedio, régimen de tenencia de la tierra, formas de acceso y condición jurídica del productor. En principio, se compatibilizaron los datos publicados, ya que presentan particularidades según cada uno de los censos.

A pesar de las similitudes en la definición de los conceptos clave, como productor^[3] y explotación agropecuaria^[4] cada censo utilizó terminologías específicas: informantes y Unidad censal (1950), productor y Unidad agropecuaria (1984) y productor agropecuario y Unidad de Producción Agropecuaria (2013). Si bien la comparabilidad de la información brindada por los censos permite medir las trasformaciones y persistencias en el sector agropecuario, es importante tener en cuenta dos aspectos. Primero, que la cobertura del censo de 1984 fue limitada, especialmente en el departamento Cochabamba, donde solo se alcanzó el 89% del territorio. Esto se debió a conflictos políticos que dificultaron el empadronamiento en áreas tropicales de las provincias de Chapare y Carrasco. Segundo, por la propia dinámica histórica y territorial del país, en la década de los ochenta se produjeron diversas modificaciones en los límites provinciales, con la creación de dos nuevas entidades territoriales que no están registradas en los Censos de 1950 y 1984: la provincia de Bolivar (Ley Nº 704, de 1985) y Tiraque (Ley Nº 888, de 1986).

Algunos datos acerca del Departamento de Cochabamba

Con una superficie de 55.631 km2, el departamento de Cochabamba representa aproximadamente el 5% del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Territorialmente, está organizado en 16 provincias y 47 municipios (Figura 1).

Figura 1
Departamento de Cochabamba, Bolivia
Fuente: Viceministerio de Tierras. Disponible en: http://geoportal.vicetierras.gob.bo/

Por su ubicación geográfica, Cochabamba es predominantemente montañoso: el 42% de su territorio corresponde a la Cordillera oriental, el 30% al Subandino y el 12% a la Llanura chaco-beniana. Las dos primeras regiones forman parte del bloque andino elevado (cordillera de los Andes), mientras que la última pertenece a las llanuras de tierras bajas de la Amazonía boliviana.

En el contexto nacional, el departamento de Cochabamba destaca como un actor económico significativo en la producción de agroalimentos, posicionándose entre los principales exportadores nacionales de productos agropecuarios (bananas, soya y sus derivados, principalmente). Para poder desarrollar estas actividades económico-productivas, en 2013 el departamento cuenta con 1.238.664 de hectáreas, lo que representa el 3,6% del total nacional. Esta superficie es puesta en producción por 180.056 UPA, equivalente al 20,9% del total nacional. En tal sentido, las unidades productivas del departamento tienen un tamaño promedio de 6,9 hectáreas.

En cuanto a la actividad agrícola, Cochabamba aporta alrededor del 6% de la producción nacional. Durante la campaña de verano 2012-2013, de los 15 millones de toneladas producidas en el país, cerca de 887 mil correspondieron al departamento. Para ello, se destinaron 200.512,8 hectáreas para el cultivo, que representa más del 7% de la superficie labrada a nivel nacional. Entre los principales cultivos, destacan la papa, el plátano (banano y postre) y la naranja. Cochabamba es el principal departamento productor de papa, al aportar el 36,8% del total nacional y ocupar el 20,5% de la superficie sembrada de este cultivo. Asimismo, concentra el 68% de la producción nacional de plátano y produce más del 50% de las naranjas del país, ocupando el 53% de la superficie plantada con ese cítrico. Además, es importante resaltar la relevancia y producción de hoja de coca y sus derivados.

La actividad ganadera, por su parte, complementa el perfil agropecuario de Cochabamba, aunque su participación a nivel nacional es relativa. Se destaca la ganadería ovina, con 828.521 cabezas, lo que representa el 13,2% del total nacional, posicionando al departamento en el cuarto lugar en cuanto a stock de este tipo de ganado. También, se encuentra entre los principales criadores porcinos, con 62.049 cabezas.

Cantidad y superficie de Unidades de Producción Agropecuaria

El análisis de los datos censales de 1950, 1984 y 2013 muestra cambios significativos en la estructura y distribución de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), así como en la superficie agropecuaria total en el departamento de Cochabamba.

Cuadro 1
Número de Unidades de Producción Agropecuaria y superficie total. 1950 – 2013

Según los datos del Cuadro 1, en 1950 el departamento de Cochabamba contaba con 31.996 UPA, que ocupaban una superficie de 3.590.369,73 hectáreas. Para 1984, el número de explotaciones agropecuarias aumentó significativamente a 79.574, mientras que la superficie se redujo a 228.912,29 hectáreas, evidenciando un proceso de fragmentación de la tierra. En 2013, la cantidad de UPA continúo en ascenso, alcanzando las 180.056 con una superficie total de 1.238.664 hectáreas. Esto indica una expansión en términos de área respecto a 1984, pero aún lejos de los niveles registrados en 1950.

El análisis de la variación intercensal (Cuadro 2), muestra dinámicas diferenciadas en los distintos períodos. Entre 1950 y 1984 la totalidad del departamento muestra un marcado incremento en la cantidad de explotaciones en torno al 148%, mientras que la superficie agropecuaria se redujo en un 94%, reflejando una tendencia hacia unidades más pequeñas. En contraste, entre 1984 y 2013 se registró un incremento del 126,2% en el número de UPA y un notable aumento del 441% en la superficie total. De esta manera, en la totalidad del corte temporal analizado (1950-2013), todo el departamento muestra un marcado aumento en la cantidad de explotaciones, que ronda los 460%, pero un retroceso en la superficie en relación a 65%.

Cuadro 2
Variación intercensal de Unidades de Producción Agropecuaria y superficie, en porcentaje. 1950 – 2013
Fuente:

A nivel provincial, se identifican importantes diferencias. Destacan las provincias de Chapare y Carrasco, por haber experimentado profundas trasformaciones en relación a la cantidad de UPA y la superficie destinada a actividades agropecuarias. Uno de los factores principales que han intervenido en esta dinámica habría que buscarlo en el proceso de migración-colonización por parte de trabajadores de tierras altas (principalmente quechuas). Desde los años sesenta y setenta, como consecuencia de la Reforma agraria de 1953, la migración desde el altiplano ha continuado hasta la actualidad, por dos factores principales: de expulsión (pobreza, excesiva división de tierras en el altiplano, etc.); de atracción (producción de coca-cocaína y disponibilidad de tierras a bajo costo) (Benavides, 2022).

En contraste, las provincias de Germán Jordán y Arani presentaron un aumento moderado en el número de UPA, pero una reducción significativa de la superficie. El tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias muestra una tendencia decreciente, pasando de 112 hectáreas en 1950 a 6,87 hectáreas en 2013 (Cuadro 3).

Cuadro 3
Tamaño promedio de Unidades de Producción Agropecuaria a nivel departamental, en hectáreas. 1950, 1984 y 2013

Como puede observarse, en 1950 el tamaño promedio de las UPA era significativamente elevado, con una extensión de 112 hectáreas cada una. Este valor refleja la prevalencia de grandes propiedades, especialmente en provincias como Campero y Esteban Arce, donde las superficies superaban las 2.000 hectáreas, seguido por Arque, Punata y Carrasco, con valores en torno a 200 hectáreas. Para 1984, el tamaño promedio de las UPA se redujo drásticamente a 2,55 hectáreas, reflejando una mayor concentración de pequeñas unidades productivas, especialmente en provincias como Cercado, Esteban Arce, Arque, Germán Jordán, Quillacollo y Mizque, donde predominaban explotaciones menores a dos hectáreas En 2013, el tamaño promedio aumentó a 6,88 hectáreas por UPA, impulsado por el crecimiento en provincias de expansión agrícola como Campero y Carrasco donde las UPA mantienen extensiones relativamente mayores (25,6 y 11,6 hectáreas, respectivamente). En contraposición, las menores superficies se registran en Cercado, Arani, Arque, German Jordán, Quillacollo y Punata, con promedios de menos de 2 hectáreas por UPA.

En relación al tamaño de las explotaciones agropecuarias (Cuadro 4), el registro censal de 2013 informa que la gran mayoría de ellas accede a una fracción minoritaria de todas las tierras censadas, persistiendo una alta concentración de las mismas en poder de una fracción minoritaria de productores. De acuerdo a los estudios realizados por Omarchea (2018), estos grandes propietarios no corresponden a la imagen tradicional del terrateniente que vive del trabajo servil ni a propietarios de “grandes latifundios improductivos” –es decir, predios que no cumplen con la función social de la tierra, según lo establecido por la Ley INRA-, sino que se trata de grandes unidades productivas agropecuarias capitalistas que emplean trabajo asalariado, o de terratenientes que reciben renta capitalista de la tierra.

Cuadro 4
Cantidad de Unidades de Producción Agropecuaria y superficie, según tamaño de las explotaciones.
Censo Agropecuario 2013

En cifras, el 28,4% de las UPA en Cochabamba corresponden a superficies menores a una hectárea, sumando un total de 51.189 unidades, que ocupan apenas el 1,5% de la superficie total (19.421 hectáreas). Este fenómeno refleja una alta fragmentación de la tierra, con un promedio de 0,05 a 0,68 hectáreas por unidad en estas categorías. Fundamentalmente, es evidente en Carrasco, Quillacollo y Chapare. Las UPA con superficie entre 5 y 19,99 hectáreas representan el 31,7% del total, con 57.025 unidades, que abarcan el 43,8% de la superficie departamental. El tamaño promedio en estas explotaciones oscila entre 6,67 y 12,77 hectáreas. Este estrato de UPA está compuesto principalmente por productores que desarrollan agricultura para subsistencia (fundamentalmente, producción de papa, aunque también es importante la plantación de cocales).

De la descripción anterior, es posible advertir dos cuestiones: por un lado, la persistencia de la concentración de la propiedad, pero también un intenso proceso de fragmentación de la tierra y minifundización.

A pesar de las políticas de redistribución impulsadas a lo largo de siete décadas de reformas agrarias, los datos censales evidencian que la gran mayoría de las UPA del Departamento acceden a una fracción minoritaria de todas las tierras censadas declaradas en propiedad, lo que muestra la continuidad de una alta concentración de tierras en manos de pocas explotaciones agropecuarias. En tal sentido, que más del 60% de las explotaciones de Cochabamba se concentren en el tramo de 0,01 a 4,99 hectáreas y dispongan en propiedad o usufructo solo el 12,7% de la superficie agropecuaria, revela la existencia de una gran masa de campesinos pobres frente a una pequeña cantidad de explotaciones que concentran la mayor parte de las tierras.

En cuanto a la ampliación del minifundio, el análisis de la evolución de las UPA y la superficie agropecuaria, entre 1950 y 2013, muestra la tendencia la fragmentación de la tierra en pequeñas unidades productivas. Bazoberry Chali (2011) analiza el fenómeno del minifundio en el contexto boliviano y afirma que “la medida del minifundio es la insuficiencia de la tierra, en superficie y recursos, para garantizar el sostenimiento familiar mediante actividades relacionadas con la agricultura, la pecuaria o la actividad forestal” (p. 52). Es decir, con la porción de tierra que posee una familia no le es posible desarrollar las actividades productivas necesarias para su alimentación, menos aún para su participación en el mercado.

Este estrato de explotaciones agropecuarias (cuya superficie promedio es de solamente 1,4 hectáreas/UPA) correspondería, siguiendo a Omarchea (2018), a aquellas unidades productivas que pertenecen fundamentalmente a campesinos que ya no aparecen el mercado como oferentes de bienes agropecuarios, sino fundamentalmente como oferentes de fuerza de trabajo, tanto para el sector agropecuario como para otras ramas de la economía.

Régimen de tenencia de la tierra

La tenencia de la tierra hace referencia a las condiciones y acuerdos bajo los cuales “el derecho a la tierra es ejercido, traduciéndose estos elementos en una serie de normas formales y consuetudinarias que definen quién accede y usa a la tierra y cómo se garantiza su derecho propietario” (Bazoberry y Chumacero 2018: 23). Este apartado examina los cambios en el régimen de la tenencia de la tierra en el departamento de Cochabamba durante el periodo 1950-2013, a partir de los datos disponibles sobre la cantidad de UPA y la superficie correspondiente a cada forma de tenencia. Para fines comparativos, las unidades censales de 1950 fueron ajustadas a la clasificación empleada en los operativos censales posteriores.

Desde una perspectiva jurídica, el Censo Nacional Agropecuario de 1984 distingue entre seis tipos de tenencia: en propiedad^[5], a modo de propiedad^[6], en arriendo^[7], recibidas de la comunidad^[8], formas mixtas y otras formas de tenencia^[9]. Por su parte, el registro censal de 2013 introduce algunas modificaciones, porque incorpora la categoría de tierras cuidadas^[10], discrimina entre tierras arrendadas y al partir (que en 1984 se contabilizan en conjunto) y no menciona las categorías de a modo de propiedad.

Cuadro 5
Distribución de la superficie de las Unidades de Producción Agropecuaria según el régimen de tenencia de la tierra, en hectáreas y como porcentaje sobre el total departamental. 1984-2013

El Cuadro 5, basado en datos publicados por el INE, permite analizar la evolución del régimen de tenencia de la tierra en el periodo estudiado. Los resultados muestran que la propiedad privada ha sido la forma predominante en el departamento. En 1950, el 88% de las UPA y el 90,7% de la superficie total estaba bajo este régimen. Para 1984, aunque los valores se mantenían elevados, se registró un leve descenso, con el 75,8% de las explotaciones y el 81,4% de la superficie total. Sin embargo, en 2013 se observó un incremento significativo de esta categoría, alcanzando el 96% de las UPA y cubriendo la misma proporción de la superficie, equivalente a 1.238.664 hectáreas.

En este proceso, es necesario tener en cuenta que, con la Reforma Agraria de 1953, el gobierno del MNR abrió las puertas a la migración de población altiplánica hacia la llanura con la misión de preservar la soberanía boliviana en ellas. En ese marco, el Instituto Nacional de Colonización le dio carácter sistémico y la invasión continua hasta la actualidad atentando contra los territorios indígenas (Rocchietti, 2019). Formalmente, la colonización empezó en 1958, cuando el Servicio Nacional del Reforma Agraria adquirió la facultad legal para la dotación de tierras en zonas de colonización. Se dispuso que las tierras entregadas de forma individual debían ser transferidas vía compra-venta.

En la década de 1970, los gobiernos militares otorgaron dotaciones de tierra a privados como parte de favores políticos, lo que generó un nuevo proceso de expansión del latifundio. Paralelamente, la hoja de coca se convirtió en uno de los productos más atractivos del mercado, y la colonización espontánea del Chapare se incrementó notablemente (Orozco, Linera, Stefanoni, 2006).

En contraste, las demás formas de tenencia han experimentado dinámicas distintas. En 1950, el 17,55% de las UPA y el 6,07% de la superficie departamental se encontraban en arriendo. Sin embargo, esta modalidad disminuyó drásticamente en 1984 y 2013, representando solo el 0,9% y 1,7% de las UPA, respectivamente. En cuanto a la superficie, se redujo del 0,6% en 1984 al 0,3% en 2013.

La categoría a modo de propiedad, que en 1950 representaba el 0,21% de las UPA y el 0,2% de la superficie, aumentó a 3,7% y 4%, respectivamente, en 1984. Sin embargo, en 2013 desaparece de los registros censales, lo que sugiere una transición hacia formas más claras de tenencia, predominantemente la propiedad privada.

Por otro lado, las tierras comunitarias han mostrado un crecimiento sostenido. Mientras que en 1950 y 1984, representaban el 0,4% de las UPA. Sin embargo, en 2013 aumentaron al 2,1%. Respecto a la superficie, la participación de esta categoría pasó del 2,3% en 1950 al 0,6% en 1984, para luego incrementar al 2,6% en 2013.

El censo agropecuario de 2013 también introduce nuevas categorías de tenencia. Entre estas destacan las tierras "al partir o partido", que representaron el 3,5% de las UPA y el 0,8% de la superficie, y las tierras "cuidadas", que abarcan el 1% de las UPA y el 0,5% de la superficie.

El Cuadro 6 presenta los datos referidos a la distribución de la tenencia privada de la tierra a nivel provincial, de acuerdo a los tres censos agropecuarios. Se observa que la mayoría de las provincias mantienen consistentemente altos porcentajes de propiedad privada, tanto en UPA como en la superficie. Sin embargo, para 1950 en las provincias de Cercado y Arque la mayoría de las explotaciones agropecuarias (entre el 80% y 90%) controlaban menos del 50% de la tierra bajo tenencia bajo este régimen.

Cuadro 6
Unidad de Producción Agropecuaria y superficie bajo régimen de tenencia privada de la tierra, a nivel provincial. 1950, 1984 y 2013

El censo agropecuario de 1950 distingue dos categorías de propiedad de la tierra: la correspondiente a los “pequeños productores libres” y la de los grandes terratenientes. De las 3.258.158,8 hectáreas registradas bajo propiedad privada, 2.891.407,6 hectáreas, pertenecientes a 2.575 terratenientes, operaban bajo un sistema de explotación basado en la servidumbre. En este régimen, los productores estaban obligados a prestar servicios de trabajo en las tierras del hacendado, además de cumplir con otras prestaciones personales. Por otro lado, el resto de la superficie, que abarcaba 358.592,07 hectáreas, correspondía a pequeños productores directos. Estas explotaciones, basadas en el trabajo familiar, estaban orientadas a la producción para el mercado una vez satisfechas las necesidades de subsistencia del hogar.

Al mirar en conjunto los datos de los censos agropecuarios presentados, es posible confirmar que la propiedad privada o usufructo privado de la tierra se ha extendido al campo, incluso entre las comunidades campesinas o indígenas con títulos de propiedad privada. En 2013, de 1.238.664,1 hectáreas declaradas en propiedad o usufructo, el 96% (1.185.927 hectáreas) son tierras que cuentan con títulos en propiedad o lo están tramitando. Este predominio de la propiedad privada sobre otras formas de acceso a la tierra, se presenta en todas las provincias. Entre las tierras en usufructo, predomina aquellas formas denominadas “recibidas por la comunidad”, es decir, tierras que pertenecen a la comunidad y que son cedidas sin enajenar su derecho propietario. Sin embargo, tal como afirma Omarchea (2018) ese usufructo es permanente y generalmente sujeto a herencia, lo que lo convierte en una suerte de propiedad de facto.

El censo de 2013, a diferencia de los anteriores, incorporó la variable sobre las modalidades de acceso a la tierra en propiedad. El Cuadro 7 distingue entre herencia, compra, dotación^[11] y adjudicación^[12] e indica tanto la cantidad de UPA como la superficie (en hectáreas) asociada a cada modalidad.

Cuadro 7
Cantidad de Unidades de Producción Agropecuaria y superficie según la forma de acceso a la propiedad de la tierra, según provincia.
Fuente: Censo Agropecuario de 2013

En el conjunto del departamento de Cochabamba, se observa que la herencia es un medio importante de acceso a la tierra, puesto que de 173.472 UPA que han declarado su tierra en propiedad, 90.397 (52,1%) la heredaron, cubriendo 462.904 hectáreas (38,5% de la superficie total). No obstante, la compra alcanza cifras similares, con 89.367 UPA (51,5%) y 694.635,5 hectáreas, lo que equivale al 57,8% de la superficie. Por su parte, la dotación involucra a 14.193 UPA (8,2%) y cubre el 15,7% de la superficie (188.053,5 hectáreas), mientras que la adjudicación tiene una menor incidencia, con el 3,7% de las UPA y el 6,0% de la superficie total.

A nivel provincial, se observan diferencias significativas en las formas de acceso a la tierra. Por ejemplo, en Bolívar la herencia es casi exclusiva, con el 98,5% de las UPA y el 98,9% de la superficie total, lo que refleja una alta transmisión intergeneracional de la tierra. Por el contrario, en Chapare predomina la compra, con el 63,9% de las UPA y el 66,5% de la superficie, mientras que la dotación y la adjudicación también juegan un papel significativo, (14,3% un 10,1% de la superficie, respectivamente). En Carrasco, la compra también lidera, con un 63,4% de las UPA y un 64,7% de la superficie, pero destaca además una mayor proporción de tierra adquirida por dotación (15,4%) y adjudicación (7,6%).

Por otro lado, provincias como Arque y Tapacarí presentan patrones muy distintos, con la herencia como el principal –y casi único- medio de acceso. En Arque, el 94,9% de las UPA y el 96,2% de la superficie están asociadas a esta modalidad, mientras que en Tapacarí los porcentajes alcanzan el 93,2% y el 96,9%, respectivamente.

Al observar en período completo, los censos agropecuarios reflejan la creciente importancia del mercado de tierras en todo el departamento. La compra se ha convertido en la principal vía de acceso a la propiedad, representando el 57,8% de las hectáreas declaradas en propiedad. Específicamente, algunas provincias como Carrasco y Chapare destacan por una intensa dinámica de mercado, con alrededor del 65% de la superficie adquirida mediante transacciones formales.

Condición jurídica del productor

Los censos agropecuarios de 1984 y 2013 incluyen la variable “condición jurídica del productor", la cual permite identificar las distintas formas legales bajo las cuales las personas trabajan la tierra. El Cuadro 8 presenta los datos correspondientes a los tipos jurídicos que asumen los productores agropecuarios, lo que permite analizar la evolución de la cantidad de explotaciones agropecuarias y de la superficie asociada a cada categoría.

En términos generales, los productores se dividen en dos grandes grupos: las personas naturales, que incluyen las categorías de productor individual^[13] y sociedad de hecho^14]; y las personas jurídicas, que comprenden sociedad^[15], cooperativa agropecuaria^[16], del Estado^[17], comunidad^[18] y otros^[19]. Además, el censo de 2013 introduce la categoría Empresa unipersonal^[20], que no estaba contemplada en el censo de 1984.

Cuadro 8
Cantidad de Unidades de Producción Agropecuaria y superficie por condición jurídica del productor, a nivel departamental. 1984 y 2013

El análisis de los datos revela que el productor individual ha sido la forma jurídica predominante en ambos censos. En 1984, representaba el 95,23% del total de explotaciones agropecuarias (79.574 UPA) y ocupaba el 83,80% de la superficie (191.838,67 hectáreas). Para 2013, esta categoría incrementó su participación, al alcanzar el 98,6% de las explotaciones (178.987 UPA) y el 98,39% de la superficie.

Por otro lado, las figuras jurídicas registraron una reducción significativa en la superficie trabajada. Las comunidades, que en 1984 gestionaban el 9,9% de las tierras agropecuarias del departamento (22.653 hectáreas), disminuyeron su participación al 0,3% en 2013 (3.759 hectáreas), aunque la cantidad de explotaciones agropecuarias bajo esta categoría de condición jurídica aumentó de 66 a 122. Por su parte, las cooperativas agropecuarias, con una participación inicial del 0,81% de la superficie (equivalente a 1.853 hectáreas y distribuidas entre 19 UPA), disminuyeron a un 0,01% (57 hectáreas repartida entre dos UPA). También se observa una reducción en la presencia de explotaciones agropecuarias y terrenos administrados por el Estado. En relación a las sociedades jurídicas, se advierte un leve incremento tanto en la cantidad de explotaciones agropecuarias como de la superficie trabajada.

Entre las nuevas categorías introducidas en 2013, destaca la empresa unipersonal, que registró 16 UPA, distribuidas en una superficie de 883 hectáreas, equivalente al 0,1% del total. Además, los casos "sin especificar", que en 1984 representaban el 1,48% de las UPA y el 1,01% de la superficie, desaparecieron en 2013, lo que sugiere una mejora en la precisión de los registros censales.

El Cuadro 9 desagrega la información sobre las UPA y la superficie bajo condición jurídica de productor individual a nivel provincial. En todo el período analizado se registran altos porcentajes de UPA con productor individual, con valores que oscilaban entre 89,9 % en Chapare y el 99,5% en Arani, en 1984. Para el último Censo Agropecuario, todas las provincias alcanzaron o superaron el 94% de UPA bajo esta condición, destacándose Bolivar con un 100% de participación.

Cuadro 9
Cantidad de Unidades de Producción Agropecuaria y superficie con productor individual como condición jurídica, según provincia, en cantidad y porcentaje. 1984 - 2013

En términos de superficie, en 1984 la mayoría de las provincias registraban una participación del productor individual superior al 80%, con excepciones como Quillacollo (73,7%), Campero (59,8%) y Carrasco (50,7%). Sin embargo, para 2013, todo el departamento experimenta un incremento en la cantidad de tierras explotadas. Las provincias de Chapare y Carrasco presentan los aumentos más significativos. Puntualmente, en Chapare la superficie bajo tenencia individual creció de 9.756 hectáreas (88%) en 1984 a 323.306 hectáreas (99,2%) en 2013. En Carrasco, pasó de 28.086 hectáreas (91,6%) a 406.936 hectáreas (97,8%).

Otro caso destacable es el de Campero, donde la superficie destinada a productores individuales creció de 26.260 hectáreas (59,8%) en 1984 a 173.267 hectáreas (99,5%) en 2013. Esta tendencia de fortalecimiento del productor individual también se evidencia en provincias como Ayopaya, Arani, Arque y Tapacarí, donde la participación superó el 99% en cantidad de UPA para 2013.

A modo de cierre

Los censos agropecuarios realizados en Bolivia en 1950, 1984 y 2013 constituyen una fuente fundamental de información sobre diversos aspectos relacionados con la conformación de la estructura agraria a nivel nacional y departamental. Estos registros permiten identificar las tendencias y transformaciones del mundo rural en un país donde la problemática por la tenencia y la distribución de la tierra ha sido una constante a lo largo de su historia, a pesar de haber atravesado por tres momentos de reformismo agrario. No obstante, las limitaciones inherentes a los datos censales y centrando el análisis solo en los componentes fundiarios de la estructura agraria del departamento de Cochabamba, puede concluirse que, pese a los esfuerzos de reforma agraria y redistribución de la tierra, persisten importantes desafíos. La concentración de la propiedad sigue siendo un obstáculo para la equidad y sostenibilidad del sector agropecuario, al tiempo que el avance del proceso de minifundización plantea nuevas dificultades para el desarrollo rural sostenible.

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Notas