Introducción

En un ensayo reciente, la historiadora Lila Caimari identifica lo que denomina el Momento Archivos, en tanto “punto de cruce de tendencias globales que cada disciplina refleja de maneras propias, y dinámicas locales que van delineando zonas de giro particular” (2020, p. 223), y señala varios síntomas y características: la profusión de proyectos sobre patrimonio archivístico y bibliotecológico (como planes de rescate y puesta en acceso), la constitución de redes, charlas, seminarios e instancias de capacitación, las transformaciones tecnológicas en conexión con nuevas prácticas y reflexiones disciplinares que exceden largamente las de la historiografía y la archivística y que ocupan a la teoría literaria, la crítica cultural, las artes plásticas (y agregaría –la antropología y la lingüística–). En efecto, la problemática de los archivos viene siendo objeto de reflexión de las y los investigadores en ciencias sociales, pero ha cobrado importancia en las últimas décadas, con el surgimiento de nuevas tecnologías y con la implementación de políticas públicas destinadas a la conservación del patrimonio documental. En ese contexto, en las últimas décadas han comenzado a producirse investigaciones sobre historia de los archivos y la archivística en Argentina desde múltiples perspectivas.¹

En este artículo nos interesa caracterizar el origen y evolución de las políticas archivísticas en la provincia de La Pampa en conexión con las políticas culturales. Nuestra hipótesis es que ambas guardan una estrecha relación en el periodo considerado, en momentos en que las políticas culturales fomentaron investigaciones para identificar procesos históricos específicos y supuestos rasgos que caracterizarían a la identidad regional, o pampeanidad. Pese a avances técnicos y diferencias entre algunos períodos que han posibilitado el resguardo de documentos históricos, en términos generales podemos sostener que, de manera similar a las políticas archivísticas en Argentina, las iniciativas existentes en La Pampa son fragmentarias y se basan en una concepción desactualizada respecto de las funciones sociales de los archivos, lo cual implica que se sigue corriendo el riesgo de falta de acceso a -y pérdida de- información.

El artículo se organiza de la siguiente forma: en primer lugar, se repasan los conceptos de política cultural y política archivística; luego se presentan rápidamente algunas características de las políticas culturales en la provincia de La Pampa y en tercer lugar nos detenemos en las instancias referidas a las disposiciones e iniciativas en relación al Archivo Histórico Provincial, principal espacio de desarrollo de las escasas políticas existentes en la materia en la provincia. El periodo elegido –1973 a 2017– corresponde a los años en que el Archivo Histórico Provincial dependió orgánicamente del Departamento de Investigaciones Culturales, dando cuenta de una concepción de los archivos como entidades subordinadas a intereses de investigación.

Políticas culturales y políticas archivísticas

Para comprender la relación entre las políticas culturales y las políticas archivísticas es necesario historizar los contextos en que se fueron desarrollando ambas concepciones en las últimas décadas, por lo que dedicaré unas breves líneas a presentar este panorama, en el que confluyen al menos tres evoluciones:

En primer lugar, las preocupaciones crecientes a partir de la II Guerra Mundial por la necesidad de codificar, controlar y organizar la información, y el desarrollo de nuevas tecnologías en este sentido, implicaron –a nivel internacional– la institucionalización de las Ciencias de la Información y la reformulación y profesionalización de disciplinas como la Bibliotecología y la Archivística.

En segundo lugar, un viraje en la concepción acerca del acceso a la información, con la difusión en la década de 1960 de la noción de “derecho a la información” como parte central de cualquier forma de gobierno democrática. En este sentido, desde la década de 1980, con la caída de regímenes represivos en distintos lugares del mundo, varias instancias internacionales coincidieron en la necesidad de emprender acciones en común para garantizar la preservación de grandes volúmenes de documentación que devendrían esenciales para exigir responsabilidades, garantizar reparaciones, reconstruir la Historia o asegurar la memoria colectiva en países en transición a la democracia. Esto produjo un productivo encuentro entre juristas, historiadores, archivistas y defensores de los derechos humanos que ha generado grandes avances en la producción de herramientas para la preservación, apertura, normalización y difusión de archivos, proceso que en Argentina tuvo una importancia particular desde el fin de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 (Nazar, 2014, p. 20).

Una tercera evolución está dada por la redefinición de las políticas culturales a partir de la década de 1990, especialmente en su alcance, al comenzar a considerar a la “cultura como recurso, el cual se entronca con una mirada renovada sobre el desarrollo y que tiene implicancias en las nuevas formulaciones de políticas culturales tanto en Brasil, como Argentina y Uruguay orientadas a valorizar la cultura en términos de identidades” (Wortman, 2017, p. 143).

En estos marcos se han reformulado las nociones de documento,²patrimonio cultural, patrimonio documental y bibliográfico, políticas culturales y políticas archivísticas.

Las nuevas concepciones acerca de qué constituía el patrimonio cultural, especialmente a partir de la década de 1990, implicaron una crítica a las tradicionales atribuciones de valores según criterios de autenticidad, monumentalidad y materialidad, para centrarse no tanto en dichos valores sino precisamente en los procesos sociales mediante los cuales algunas piezas pasan a formar parte del patrimonio como “valiosas” mientras otras son dejadas de lado (Llul Peñalba, 2005). Así, adherimos a la mirada según la cual el patrimonio cultural es entendido “como una construcción social, a partir de un proceso de selección simbólica, emocional e intelectual de bienes y prácticas culturales, que son continuamente resignificados, reapropiados y valorizados como referentes de identidad y de pasado de una comunidad, con la intención de ser transmitidos. Ese proceso de selección significativa se desarrolla mediante mecanismos de consenso y disputa entre diversos sectores sociales, de modo tal que el patrimonio puede desempeñar una función legitimadora o impugnadora de los discursos hegemónicos sobre las memorias e identidades de la comunidad que lo construye y le otorga sentido” (Colombato, 2015, pp. 18-19).

Dentro de las clasificaciones de lo que abarca el patrimonio cultural, se encuentra el patrimonio documental: “una pieza del patrimonio documental puede ser un solo documento de cualquier tipo, o bien un grupo de documentos, como una colección, un fondo o unos archivos.” (Edmonson, 2002, p. 6). Monroy Casillas propone definir al patrimonio documental como el “conjunto de bienes con características bibliográficas, archivísticas, iconográficas, audiovisuales y sonoras que transmiten y heredan información socialmente significativa de la vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de una comunidad.” (Monroy Casillas, 2012, p. 18). De manera similar a la concepción de patrimonio documental, Monroy Casillas señala que la expresión “significativa” se utiliza en su propuesta no de manera estática sino que lo que es significativo varía en distintos períodos históricos según relaciones de poder.

Por otra parte, las nuevas conceptualizaciones de las políticas culturales, a su vez, además de abrevar en estas nociones ampliadas de cultura y patrimonio cultural, se conciben como espacio de disputa: no se refieren únicamente a acciones unilaterales por parte de agencias estatales de distintos niveles (nacional, provincial, municipal), sino como resultante de interacciones con instituciones civiles, entidades privadas o grupos comunitarios (Coelho, 2009, p. 241).³

En cuanto a política archivística, desde luego no hay una única definición del concepto. Mientras que para algunos autores el foco está en los documentos, en otros se hace hincapié en el derecho a la información y en otros al servicio. Para José María Jardim, las políticas públicas archivistas abarcan “el conjunto de premisas, decisiones y acciones –que produce el Estado y que se incluyen en las agendas gubernamentales en aras del interés social– que consideran los diferentes aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico,etc.) de la producción, uso y preservación de la información archivística pública y privada” (Jardim, 2010, p. 191). Para ello, considera que un marco legal es esencial pero no suficiente, puesto que para su viabilidad es necesaria una planificación que tenga en cuenta los recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos, así como las prácticas administrativas y archivísticas, las necesidades de los usuarios, las posibilidades de que la legislación archivística sea conocida y la construcción de consensos y formas de gestión de los conflictos en torno a estas temáticas, lo que el autor denomina configuración de la dimensión política (Jardim, 2010, p. 199). En ese sentido, las prácticas archivísticas constituyen uno de los factores a considerar en la elaboración e implementación de políticas. Es decir que puede haber prácticas pero sin la planificación y la consideración de todos estos aspectos, no puede decirse que haya políticas en sentido estricto.

Una interesante caracterización de las políticas públicas, aunque más bien centrada en los aspectos normativos, la ofrece Norma Fenoglio, que las vincula a las políticas de información pública y sostiene que:

El objetivo de toda política archivística es dar respuesta a problemas políticos en materia de archivos y establecer disposiciones para la producción, control y servicio de los documentos, a través de normas, directivas o resoluciones, que deben ser acatadas por los diversos órganos de gobierno y los agentes que se desempeñan en ellos. /.../ la política archivística debe contar con un programa específico que establezca las condiciones, características y requerimientos para que el usuario pueda acceder a los documentos y a la información (Fenoglio, 2019, pp. 149-150).

Entonces ¿de qué archivos y documentos estamos hablando? Por lo general las y los investigadores en humanidades consideramos a los documentos históricos como eje de las políticas archivísticas, pero a diferencia de esta noción una concepción archivística contempla justamente todas las etapas vitales de los documentos y no solamente la histórica⁴ y subraya la necesidad de que se integre a la archivística como un saber de la administración estatal (Nazar, 2021). Y nos estamos refiriendo por supuesto no solo a los archivos públicos sino también a los privados. Es decir que una definición de este tipo excede largamente la asociación de política archivística como simple parte de una política cultural, sino que más bien la concibe como parte de una política pública que debe tener un carácter transversal a las distintas áreas del estado. Es que no se trata de preservar solamente documentos de valor histórico (como sea que éste se determine) sino que estas políticas deberían además incluir a la gestión documental en general y el acceso a la información.⁵

En Argentina se está muy lejos de esta concepción: no solo no existe una ley nacional de archivos, sino que el Archivo General de la Nación es centralmente un archivo histórico, que ha dedicado grandes esfuerzos a capacitar a personal de archivos históricos de distintos lugares del país pero con prácticas que no han tenido continuidad, y con legislación desactualizada y fragmentaria. La Ley N° 27.275 de acceso a la información pública no contempla a los archivos ni a la gestión documental y todas las provincias generan legislación de carácter muy disímil, cuando lo hacen (Fenoglio, 2019, pp. 157-160). En las próximas líneas examinaremos qué características ha tenido este proceso en la provincia de La Pampa.

Políticas culturales en La Pampa desde 1973

Las políticas culturales en La Pampa se han caracterizado en relación a un alumbramiento de una identidad regional. En una provincia recientemente creada,⁶ a mediados de la década de 1950 la mayor parte de las políticas se volcaron a precisar los contornos específicos y los supuestos rasgos que caracterizarían esta identidad pampeana o pampeanidad. La identidad regional vinculada al agro y al trabajo en el este de la provincia, propiciada por las primeras políticas, fue reemplazada progresivamente –en el proceso de conformación de un grupo de intelectuales que fue multiplicándose– por una visión que ponía el acento en las raíces indígenas del poblamiento local y en las vicisitudes de los pobladores del oeste de la provincia, entre otros aspectos, y por una “cultura de la adversidad.” (Maristany et al., 1997). Esta combinación es la que sería retomada por las políticas culturales de inicios de la década de 1970 y luego –ya sistemáticamente– tras el retorno de la democracia: la periodización de Salomón Tarquini y Laguarda (2012) distinguía las etapas que reseñaremos a continuación.

El primer momento (1957-1971), que podríamos definir como “fundacional”, se inició con la preocupación del Estado por intervenir en la gestión cultural, a través de la labor de la primera Comisión Provincial de Cultura, que a pesar de las diferentes gestiones (de Nervi, Forteza y Capón Filas) tuvo por objetivo definir una serie de rasgos que a su criterio caracterizaban a la “pampeanidad”.

El segundo período (1971-1976) está marcado por el contexto de movilizaciones sociales de la época, la participación de grupos de artistas (músicos, escritores, plásticos, entre otros) y de políticas de rescate⁷ de culturas populares, con un proceso de profesionalización de la gestión cultural, y el diseño de políticas a mediano y largo plazo, que pretendieron llevar adelante esta tarea de rescate y valorización con criterios científicos.

El tercer periodo (1976-1983), muestra –en consonancia con el clima represivo en el país desde la dictadura iniciada en 1976– un retraimiento general del quehacer cultural y una política claramente intervencionista, sin un diseño integral de políticas culturales. Numerosos artistas e intelectuales fueron perseguidos –a través de cesantías, reclusión en cárceles o centros clandestinos de detención, y exilio–, y silenciados, al tener acceso restringido a los medios de comunicación y a publicaciones. Esta situación fue modificándose hacia inicios de la década de 1980, donde comenzaron a aparecer algunas señales de cambio como la colaboración entre entidades y publicaciones y presentaciones públicas. Esta tendencia se acelera hacia mediados de 1983, cuando algunos artistas e intelectuales comienzan a ganar visibilidad pública, especialmente en vinculación a actividades relacionadas con reivindicaciones de derechos humanos.

En el cuarto periodo (1983-1991), las agrupaciones no gubernamentales participarán activamente en la elaboración de políticas culturales que serán retomadas sistemáticamente a partir de 1987. A pesar de la heterogeneidad de estos grupos, ellos contribuirán a definir los contornos de la que será una política cultural que combinará el tradicionalismo patrimonialista –de rescate de la pampeanidad– y la democratización cultural, en un proceso que sin embargo no estuvo exento de conflictos y tensiones.

Políticas y prácticas archivísticas en La Pampa: el Archivo Histórico Provincial y su vinculación con la investigación (1973-2017)

Como rasgo general, puede sostenerse que la concepción de política archivística que ha caracterizado al gobierno de la provincia a lo largo de sus gestiones ha sido la que asocia a los archivos con una función subordinada a las actividades de investigación. Y esta mirada, surgida a principios de la década de 1970 no ha registrado grandes cambios hasta la actualidad. Las políticas culturales en La Pampa, basadas en una noción antropológica de la cultura desde la década de 1970 puso el foco en las investigaciones destinadas a identificar una serie de procesos históricos específicos y supuestos rasgos que caracterizarían a la identidad regional, o pampeanidad.

Cabe recordar que la primera dependencia relacionada con políticas culturales en la provincia fue la Secretaría de Cultura (creada por Decreto N° 327/1954), transformada poco después en Departamento de Cultura (Decreto N° 886/1954) y luego en Dirección de Cultura (por Decreto N°746/1950) que tiene dos divisiones (División de Bibliotecas y División de Intercambio Cultural) y tres secciones (a-Cultura Social, b-Arte, c-Museos). Esta fue la organización durante trece años hasta que, a inicios de 1973, con Fernando Aráoz⁸ como director de Cultura para el periodo 1971-1973, tuvo lugar el primer proyecto de creación de un archivo histórico provincial. Aráoz era geógrafo, docente e investigador en la Universidad de La Pampa. Había sido discípulo de Elena Chiozza en la UBA, cuya primera formación había sido en historia y guardaba estrechos vínculos con el ambiente de la historiografía, como con José Luis Romero (Cicalese, 2018), y la segunda esposa de Aráoz, Lila Saravia, tenía formación en bibliotecología y archivología.⁹

En el expediente N° 2790/73, Aráoz presentó a inicios de 1973 este proyecto de creación del archivo, acompañando como modelo la ley N° 722/21 de la provincia de Río Negro, e incluye en la argumentación una serie de consideraciones sobre los objetivos, que incluyen la participación activa de docentes e investigadores de la universidad:

e) Bajo la supervisión de la persona designada como jefe Técnico del Archivo Histórico, el trabajo de recopilación y ordenamiento de datos históricos sería efectuado (y sobre el particular ya se ha acordado con profesores y alumnos de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades), como contribución académica ad honorem por parte de los profesores y como trabajo práctico obligatorio de las diversas cátedras por los alumnos. Dos años de trabajo base, bastarían para el manejo de esa masa de documentación que permita en el futuro, la confección de una obra de envergadura documental, que sería la ‘Historia de La Pampa’. f) Adicionalmente y coincidiendo con la iniciación de las licenciaturas en historia¹⁰ en la facultad de Humanidades se formarán especialistas en investigación y en archivos dentro del alumnado, abriendo además las posibilidades de interesar a los jóvenes en el conocimiento del pasado pampeano. g) La información recopilada quedará a disposición de Cultura, Consejo de Difusión, Universidad e Instituciones Públicas y Privadas que la necesiten.¹¹

A partir de esas gestiones el 28 de marzo de 1973 el gobernador de facto emite el Decreto N°424 del 28-03-1973, de creación del Archivo Histórico Provincial (en adelante AHP). Poco después, se crea el Departamento de Investigaciones Culturales (en adelante DIC), al parecer de hecho, pues no hemos hallado normativa de su aprobación. A juzgar por los objetivos mencionados por Aráoz y el testimonio de Medus, la investigación y la creación del Archivo iban de la mano:

M-la idea era crear el Departamento de Investigaciones con el Archivo.

E-Las dos juntas, ¿‘crear las dos cosas al mismo tiempo?

M-En realidad lo que estaba creado por decreto era el Archivo, pero la idea era formar el Archivo de investigaciones para que se investigara y se rescatara la cultura regional.¹²

Pocos meses después, con el retorno de la democracia en mayo de 1973, Aráoz fue reemplazado en la gestión por Angel Aimetta, que aunque le imprimió un tinte más volcado a la “cultura nacional y popular” no significó demasiadas distancias en lo que implicaba respecto de los lineamientos en políticas culturales ni en el lugar del archivo en ellas. En el documento “Cultura desde el Pueblo y con el Pueblo”, de febrero de 1974 (Imagen 1), se especificaba que se recuperaban los lineamientos políticos y pautas de acción establecidos en el Plan General de Cultura, de 1973:

Dicho Plan persigue la formación y consolidación de una auténtica cultura nacional y popular, humanista y cristiana, en un todo de acuerdo con las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación que el pueblo argentino eligió como instrumentos idóneos para iniciar un proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional /…/ Nuestra participación, como provincia y como región, en ese proceso y nuestra contribución al logro de esos objetivos, no pueden ser otras que la afirmación, defensa y promoción de todos los valores representativos de nuestro ser y quehacer cultural. Ello supone plantear y realizar una política cultural con un contenido esencialmente pampeano y regional [a partir de dos líneas de acciones] a) Investigación, rescate y difusión de todas las manifestaciones representativas del acerco histórico-cultural tales como arqueología (arte rupestre, yacimientos), la etnografía (poblamientos indígenas, lenguas), el folklore (música, poesía, artesanía, creencias, leyendas, religiones), etc. b) Promover una participación protagónica de alcances populares en la enseñanza y realización de las artes, las música, la danza clásica y folklórica, la fotografía, las letras y, principalmente, el teatro. Capacitar a nuestros jóvenes para que expresen y representen renovados contenidos culturales de la provincia y la región.¹³

Imagen 1

Dirección Provincial de Cultura. Programa 1974

Fuente: ASCLP.

En ese plan se preveía la creación de una Ley General de Archivo y de Archivo Histórico de la provincia, que no se llevó a cabo. Pero durante la gestión de Aimetta se avanzó no sólo en la constitución de fondos sino también en la formación especializada del personal. Norma Medus, por entonces a cargo del DIC y del AHP profundizó las relaciones establecidas por Aráoz con Rodolfo Casamiquela y el Centro de Investigaciones Científicas, de la provincia de Río Negro,¹⁴ y a la vez se fomentó la formación en la Escuela de Archiveros de Córdoba, a cargo de Aurelio Tanodi:¹⁵

Estuve también en el Archivo Histórico de la ciudad de Córdoba, pero allí me mostraron y me brindaron muchísima información. Me dieron reglamentación, me dieron bibliografía. De cómo manejar cosas, si te viene algo con piojo del papel, cómo tratarlo; si tenés que construir un edificio... muchísimo material de ese tipo. [y fue a conversar con] el Director, /…/ y, entonces, él me indica a quién puedo invitar para venir. Yo hago el planteo, tramita ante las autoridades de la provincia, Aimetta. Y se contrata a una graduada de la Escuela de Archiveros que trabajaba en Córdoba en esas cosas, /…/ que es Olga Castellanos [que] tenía enormes contactos, por ejemplo, yo me pude contactar porque fuimos a Buenos Aires a ver algunas cosas, máquinas y algunas lectoras, y cosas que no se pudieron comprar porque vino el Golpe de Estado. Y bueno, tuve la posibilidad de conocer gente vinculada a la historia y a la Archivología, /…/ Entonces, mientras yo hacía todo eso y me formaba, me capacitaba, y no tuvieron problema desde el Estado Provincial de comisionarme, porque te tenían que pagar gastos para que te fueras y trajeras [información].¹⁶

Como parte de esas políticas, se realizó un relevamiento de archivos en la provincia, que se publicó en 1975 como Guía de los Archivos de la Provincia de La Pampa (Imagen 2). Este documento fue elaborado por miembros del Archivo General de la Provincia con la supervisión de Olga Castellanos (Dirección Provincial de Cultura 1975, p.6), que contemplaba ya no solo el Archivo Histórico sino los de varias dependencias públicas.

Imagen 2

Guía de Archivos de 1975

Fuente: Archivo de la Dirección General de Estadística y Censo de la Provincia de La Pampa.¹⁷

De acuerdo a dicho relevamiento, la creación del Archivo General de la Provincia había tenido lugar a partir de la Ley N°2; posteriormente, mediante Decreto 492/62 se había dispuesto la creación de una Comisión Especial para “proceder a la revisión del Archivo General de Gobierno de la Provincia aconsejando qué documentación, libros folletos y papelería deben darse de baja del Archivo, procediéndose a su incineración” (Dirección Provincial de Cultura, 1975, p. 38), pero esta Comisión de la década de 1960 fue al parecer la única ocasión en que se hizo referencia a un proceso de revisión, que por otra parte no tenía en cuenta estándares profesionales de procesos de valoración documental. Fue precisamente la realización de la Guía de Archivos en 1975, con la búsqueda de antecedentes, la iniciativa que se promovió desde el gobierno teniendo en cuenta principios archivísticos.

El golpe de estado de 1976 significó la interrupción de varios de estos proyectos, y hubo fuertes cambios en términos de los actores protagónicos en el ámbito cultural –ya que como se indicó antes, hubo persecución a varios y varias artistas e intelectuales que habían estado activos en el lustro anterior. No obstante, permanecieron directivas vinculadas a una política cultural al servicio de la identificación de rasgos que abonan a una supuesta identidad provincial, a la que se agregan referencias al “ser nacional.”¹⁸

En ese marco, el Archivo Histórico no fue cerrado. De hecho, la estructura orgánica no sufrió demasiados cambios en cuanto al archivo, que siguió estando subordinado al Departamento de Investigaciones, que queda con 3 divisiones: Archivo Histórico, Folklore y Artesanía, Ciencias. La Resolución N°38 de abril de 1979 fija funciones específicas para los departamentos de la Dirección de Cultura, y respecto del archivo señala por primera vez funciones específicas, en las que se evidencian referencias a los principios de la disciplina archivística como los de procedencia, orden original, y preservación de autenticidad e integridad documental. Aunque desconocemos quién redactó el documento, es posible suponer que se trataba de personal en el archivo que había recibido las capacitaciones señaladas en párrafos previos.¹⁹

Con el retorno de la democracia en 1983, se inicia una serie de políticas culturales que pretenden una amplia participación de distintos sectores sociales. En 1984 se concreta el Primer Encuentro Cultural Pampeano (PECP), y entre las comisiones conformadas, la de Historia y Geografía esboza una serie de preguntas sobre temas a debatir que involucran a los archivos. En el documento oficial según el cual se da la bienvenida al Encuentro, se destaca que el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa se encontraba colmada, y se señalan las múltiples organizaciones que participaron del PECP: sindicatos, cooperativas, municipalidades, organizaciones intermedias de todo tipo:

Esta participación permitirá que el pueblo exprese su propia creatividad, rotas las compuertas que durante el Proceso de Reorganización Nacional la tenía sujeta, así como los ríos pampeanos han vuelto por sus cauces, en este solar del viento (Morisoli), en esta tierra embrujada (Stieben), en la que, debajo de los caldenes, en las ermitas a Ceferino, vuelven a aparecer los viejos exvotos con los nuevos ropajes. Esta participación permitirá el diálogo de las culturas, que es el mensaje que nos viene de las entrañas de la historia, que es el Mandato de esta Tierra.²⁰

Entre las actividades previstas en todo el plan se destaca que en el Archivo Histórico Provincial “a las tareas de rutina (recepción, clasificación y fichaje de material) se adjuntarán otras: intercambio de documentos, difusión del quehacer del Archivo, elaboración de catálogos e índices, preparación de las series documentales que registran la historia de los pueblos”.²¹

Mientras que entre 1984 y 1986 se irían definiendo algunas de las ideas centrales de políticas culturales, la asunción de Norma Durango al frente de Cultura marcaría un cambio fundamental. No sólo por la jerarquización de la dependencia, que pasaría de Dirección a Subsecretaría en 1987²² (siempre bajo jurisdicción del Ministerio de Educación) sino por la permanencia en el cargo de Durango (de 1985 a 2003) y la definición sistemática de políticas con un plan detallado y al que se le asignaron cada vez más recursos (véase Laguarda 2021 prensa).

En 1992, en el contexto de políticas neoliberales en Argentina se implementó en La Pampa un programa de Reestructuración de la Administración Pública Provincial, que encargó a todas las dependencias su organigrama y funciones, en el que la Subsecretaría presentó el suyo. Allí se observa que el AHP sigue dependiendo del DIC (Imagen 3).

Imagen 3

Organigrama de la Subsecretaría de Cultura, 1992

Fuente: Archivo de la Secretaría de Cultura de La Pampa.

En 1995, el Ministro de Educación envía un memo con el borrador de la Ley de Ministerios, para solicitar que cada dependencia haga las propuestas que estime necesarias. En el artículo 9 establece como una de las funciones de la Subsecretaría de Cultura la de “promover la creación, fomento y sostenimiento de bibliotecas, museos, ateneos y entidades culturales en general, como también el otorgamiento de becas, para el intercambio y extensión cultural y en la organización de los actos relativos a esta materia.”²³ La Subsecretaría se permite hacerle una corrección que no nos parece menor, que implica agregar archivos y centros de documentación a estas funciones:

si el Señor Ministro lo considera, se podrían ampliar en base al referido artículo las funciones de la Subsecretaría, previstas en los incisos 1) y 9), los que quedarían redactados de la siguiente manera: /.../ 9) Promover la creación, fomento y sostenimiento y utilización con fines culturales y educativos de bibliotecas, museos, ateneos, archivos, centros de documentación y otras y entidades culturales, estatales y privadas.²⁴

Durante esta gestión los fondos del archivo crecieron progresivamente. Los informes anuales de la gestión y las memorias²⁵ dan cuenta de la incorporación de materiales en distintos soportes, incluyendo testimonios orales en el archivo sonoro, un crecimiento importante de fotografías, el acondicionamiento, ordenamiento y la informatización de datos de distintos fondos documentales y la ubicación de fondos en otras instituciones (como el Archivo del Superior Tribunal de Justicia) para su transferencia al AHP, así como el aumento de los acervos de la Hemeroteca y Biblioteca. También se iniciaron tareas de microfilmación y digitalización de distintos fondos. Asimismo, crecieron las actividades de atención al público (a través de recepción de visitas grupales de delegaciones de colegios y de la universidad), y las tareas de extensión como exposiciones, montajes de muestras fotográficas, asesoramiento a interesados en distintas localidades y a profesionales en producción de audiovisuales, y la elaboración de un Boletín informativo. Para ese período se comenzó a contratar personal especializado²⁶ y se gestionó la capacitación de las personas empleadas en la Tecnicatura Superior en Archivística que dictó a término al Instituto Superior de Bellas Artes del Municipio de General Pico.²⁷ Para ello, parte del personal del archivo viajaba a esa ciudad todos los sábados y el arancel de quienes concurrían por el AHP era costeado por la Subsecretaría de Cultura.²⁸

De esta época data también la sanción de la Ley N° 1606, de 1995, mediante la cual se crea el Sistema Provincial de Preservación de Documentos Públicos Históricos, “que estará integrado por los archivos generales de los Poderes del Estado Provincial, de las Municipalidades y Comisiones de Fomento que adhieran al régimen de la presente Ley, y el Archivo Histórico Provincial”.²⁹ Hasta donde sabemos, si bien se nombró al AHP como autoridad de aplicación, no se asignaron recursos ni se designó personal específico para efectivizar los objetivos de la ley, que estaba destinada a “la preservación coordinada de los documentos públicos con valor histórico.” El Archivo seguía sin embargo bajo la órbita del Departamento de Investigaciones Culturales, donde la gestión de Norma Medus (geógrafa, 1973-2000) fue seguida por María Inés Poduje (antropóloga, 2000-2014).

Para este período (1987-2003) cabe destacar el trabajo conjunto de la Subsecretaría y el AHP con una organización de la sociedad civil creada en el año 2000: la Asociación Pampeana para la Conservación del Patrimonio Cultural, que instaló en la agenda pública el problema de la conservación del patrimonio cultural en la provincia, y planteó diversas iniciativas, como la identificación de patrimonio en manos de particulares. En esta Asociación participaron y participan activamente no solo investigadoras/es de la UNLPam sino también personal de archivos y museos de distintos lugares de la provincia, incluyendo del AHP. Como producto de la activa participación de esta asociación en 2003 se sancionó la ley N°2083 (Ley de Conservación de Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa), que hasta la fecha tiene dificultades en su implementación (Colombato, 2015).

Si bien sabemos que en los años siguientes el AHP siguió incorporando fondos, tenemos menos información sobre las políticas y prácticas archivísticas en la Subsecretaría de Cultura a partir de 2003, cuando Durango deja la gestión y quedan a cargo sucesivamente Adriana Lis Maggio (2003-2007), Ángel Cirilo Aimetta (2007-2011) y Analía Cavallero (2011-2015). En 2011, apenas iniciada la gestión de esta última se plantean los lineamientos de las políticas culturales en la provincia comenzando por referencias a la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, y para el “marco específico” se indica que “La identidad cultural es un proceso de construcción permanente, que se funda en la diversidad y en los sentidos de pertenencia”. Como parte de la política se esbozan nueve principios orientadores, uno de los cuales, el sexto, es “la Identificación, documentación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural -material e inmaterial- pampeano, portador de valor testimonial e identitario y promoción a través de programas turístico-culturales.” (Subsecretaría de Cultura de La Pampa, 2012). No obstante, no encontramos en los registros de esta dependencia iniciativas específicas para implementar políticas archivísticas.

La ley de Ministerios, N°2.872, de diciembre de 2015, convertirá a la Subsecretaría de Cultura en Secretaría y establecerá sus competencias. En ella, nuevamente se borran los archivos del articulado que había defendido Durango en 1992:

Artículo 33: Compete a la Secretaría de Cultura asistir al Gobernador de la Provincia en la coordinación y asesoramiento sobre aspectos referentes a la preservación, promoción y defensa de la expresión cultural como fortalecimiento de la identidad regional y en particular:

1) intervenir en el registro, conservación y defensa del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, documental, lingüístico, folklórico, artístico y bibliográfico de interés para la Provincia;

2) promover la creación, fomento y sostenimiento de bibliotecas, museos, ateneos y entidades culturales en general, como también el otorgamiento de becas, para el intercambio y extensión cultural y en la organización de los actos relativos a esta materia;

3) intervenir en la expresión cultural de la artesanía tradicional como fortalecimiento de la identidad regional;

4) intervenir en los aspectos culturales-educativos de los canales de televisión y de las radiodifusoras instaladas en jurisdicción provincial; y

5) dirigir las actividades de los organismos de su dependencia, supervisando el correcto y ágil cumplimiento de las misiones y planes de acción asignadas por la Secretaría a cada uno de ellos, así como la gestión integral de los mismos.³⁰

Como vimos, desde 1973 en adelante, en las sucesivas gestiones el AHP estuvo subordinado orgánicamente al DIC, de manera tal que la dirección del Archivo correspondía al DIC. Esta situación se modificaría en 2017, cuando tras el cambio de autoridades en Cultura desde 2015 se crearía -a instancias de Ignacio Roca, por entonces a cargo del DIC- la Dirección de Patrimonio Cultural, que incluiría al Departamento Archivo y al Departamento de Investigaciones Culturales en paridad (Imágenes 4 y 5):

Imagen 4

Organigrama según el Anexo I del decreto 4108/2017

Fuente: Anexo del Decreto 4018/2017, disponible en https://digesto.tcuentaslp.gob.ar/digesto%20tribunal/Decretos/Decreto%204108-2017%20-Anexo.pdf

Imagen 5

Organigrama propuesto para la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural

Fuente: archivo personal Ignacio Roca.³¹

Estas modificaciones en la estructura jerarquizaron el rol del Archivo al convertirlo en un Departamento, a cuyo cargo se designó a Guillermo López Castro, con formación archivística. Durante los últimos años, a las tareas habituales se ha sumado la de brindar asesoramiento para la constitución de archivos históricos municipales en distintas localidades de la provincia.

Consideraciones finales. Los archivos de La Pampa en el infierno de las buenas intenciones

Uno de los textos de Jardim en los que define con mayor claridad el concepto de políticas públicas archivísticas y las dimensiones que implican su formulación e implementación se titula “El infierno de las buenas intenciones” (Jardim, 2010). El autor señala que sin una planificación que tenga presente los distintos aspectos de la “producción, uso y preservanción de la información archivística pública y privada”, como los recursos (humanos, materiales, tecnológicos), las necesidades de los usuarios, el conocimiento de las dinámicas institucionales, la elaboración de un marco legal viable, la información y los archivos no pueden ser gestionados y preservados adecuadamente. Ahora bien, considero que esto no ha logrado por distintos motivos, uno de los cuales es el escaso conocimiento profesional en la materia y la falta de trabajo interdisciplinario y transversal a las áreas del estado.

A pesar de los avances reseñados en apartados anteriores, no se han elaborado ni implementado en la provincia políticas archivísticas en el sentido en que las consideran los especialistas. Ha habido en lugar de ello, prácticas generadas desde buenas intenciones, pero acotadas a los archivos históricos, los recursos estatales destinados son escasos, y salvo por iniciativas aisladas, las problemáticas archivísticas no se discuten en el ámbito de los gobiernos provincial y municipales más allá de los aspectos históricos: la gestión electrónica de documentos, los archivos de gestión, y las políticas de acceso a la información pública no parecen estar en la agenda de las políticas públicas en la provincia, ni se considera convocar a profesionales de ciencias de la información (como la archivística, la bibliotecología o la documentación) para discutir estas temáticas.

La explicación de este devenir no debe buscarse solo en la desidia estatal y en una trayectoria específica como la de La Pampa marcada por el peso de la investigación asociada a la identidad regional, sino que puede haber múltiples factores en juego. Uno de ellos, que ha sido señalado a nivel nacional, es la desfavorable correlación de fuerza de quienes defienden perspectivas archivísticas en el campo de la discusión pública sobre archivos en Argentina, que ha hecho en parte que se minimicen sus aportes y al frente de las instituciones archivísticas no se designen profesionales especializados, ni que tampoco se las y los convoque a la hora de diseñar políticas de gestión documental más amplias. El peso creciente de profesionales de informática desde las gestiones electrónicas de documentos preocupa a las y los profesionales de las ciencias de la información. Y la provincia de La Pampa, como hemos visto, no es la excepción a esta situación general.

El pasaje de iniciativas con buenas intenciones a políticas públicas archivísticas requerirá de la articulación y planificación desde ámbitos gubernamentales que deje de utilizar una noción superada de archivo como repositorio de documentos de conservación permanente. En lugar de ello, es necesario al menos:

• que se consideren estas políticas en vinculación con otras políticas públicas de información existentes (Jardim, 2010, p. 193).

• que se involucre a profesionales de ciencias de la información, de tecnologías de la información y de distintos sectores del estado, escalas y actores sociales interesados,

• que se trabaje en forma articulada para relevar información y elaborar legislación viable en niveles provinciales y municipales

• que las políticas públicas en la materia cuenten con recursos necesarios para su formulación, implementación y evaluación de sus alcances.

Quizá de esa forma nuestros documentos e información puedan quedar a salvo del infierno de las buenas intenciones.

Referencias

Aguirre, C. y Villa-Crespo, J. (2015). Introduction. En C. Aguirre y J. Villa-Flores (Eds.), From the Ashes of History. Loss and Recovery or Archives and Libraries in Modern Latin America. Raleigh: Editorial a Contracorriente.

Alves, E. (2013). Las políticas de memoria en Argentina como políticas de (no) archivo. El caso de la desclasificación del “Informe Rattenbach”. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Antonow, A., Pérez, P. y Piantoni, G. (2022). Archivos oficiales, privados y sociales de la Nor-Patagonia. Culturas, 15, 33-51.

Balé, C. (2018). Usos del archivo y políticas de la memoria: un análisis del proceso de “apertura” de los archivos militares en Argentina (2003-2015). Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018. http://dx.doi.org/10.4000/nuevomundo.73860

Caimari, L. (2020). El Momento Archivos. Población & Sociedad, 27(2), 222-233.

Caldentey, R., Schmid, C. y Nazar, M. (2016). La digitalización como parte de un plan integral de conservación. Notas sobre el doble filo de la digitalización en los Archivos. I Encuentro de Conservación y Digitalización, Buenos Aires, Argentina.

Cicalese, G. G. (2018). Elena Chiozza. Un itinerario intelectual entre la docencia, la consultoría y las geografías populares. Revista da Rede Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica, 10.

Coelho, T. (2009). Diccionario crítico de política cultural. Barcelona: Gedisa.

Colombato, L. (2015). Avances, frenos y retos de la consolidación del derecho humano al(os) patrimonio(s) cultural(es) desde La Pampa (1994-2013) (Tesis de maestría). Universidad Nacional de La Pampa.

Cruz Mundet, J. R. (2003). La gestión de los documentos electrónicos como función archivística. Abbadom, 2, 4-10.

Dirección Provincial de Cultura (1975). Guía de los Archivos de la Provincia de La Pampa. Santa Rosa: Dirección Provincial de Cultura.

Edmonson, R. (2002). Memoria del Mundo. Directrices para la salvaguardia del patrimonio documental. Paris: UNESCO.

Fenoglio, N. (2012). La archivística en Argentina. Fuentes, 6(21), 5-16.

Fenoglio, N. (2019). Rol de los archivos en las democracias. El acceso a la información en Argentina, Colombia y Perú (Tesis doctoral). Universidad Nacional de Córdoba.

Heredia Herrera, A. (1991). Archivística general. Teoría y práctica. Sevilla: Servicio de Publicaciones de la Diputación de Sevilla.

Janello, K. y Frias, M. (2015). Actas de las l Jornadas de Reflexión sobre la construcción del archivo. Archivos, cultura y patrimonio. Buenos Aires: CEDINCI y Universidad Nacional de San Martín.

Laguarda, P. (2021). ‘Propuestas para la participación organizada de la comunidad’: política cultural, integración provincial y articulación de capacidades estatales en La Pampa (1989-1995). Estudios del ISHIR, 11(31).

Llul Peñalba, J. (2005). Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. Arte, Individuo y Sociedad, 17, 175-204.

Maristany, J., Domínguez, C. y García, Y. (1997). Avatares de un paradigma invisible: del nacionalismo cultural al relato de la identidad ‘regional. Actas de las Décimas Jornadas de Investigación, Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPa, Santa Rosa, Argentina.

Muzzopappa, M. E. y Nazar, M. (2021). Introducción al dossier: Los organismos de inteligencia en Argentina. Miradas desde los archivos a una burocracia secreta. Aletheia, 11(22). https://doi.org/10.24215/18533701e083

Nazar, M. (2005). Sobre las políticas de la memoria. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Universidad Nacional del Rosario y Universidad Nacional del Litoral, Rosario.

Nazar, M. (2010). En torno a la especificidad del archivo como territorio para la investigación. Sextas Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos, Buenos Aires.

Nazar, M. (2014). El acceso a los archivos: sistemas de gestión de la información implementados en América Latina. En N. Torres (Ed.), Hacia una política integral de gestión de la información pública. Todo lo que siempre quisimos saber sobre archivos (y nunca nos animamos a preguntarle al acceso a la información). Buenos Aires: CELE y Universidad de Palermo.

Nazar, M. (2017). Normas internacionales de descripción y profesionalización del trabajo en archivos: reflexiones en torno al caso argentino. En A. C. Navarro de Andrade (Org.), Arquivos. Arquivos, entre tradição e modernidade. São Paulo: Associação de Arquivistas de São Paulo.

Nazar, M. (2018). ¿Archivos del poder o el poder los archivos? Reflexiones en torno a las consecuencias políticas de la conceptualización sobre los archivos. XI Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Memorias subalternas, memorias rebeldes.

Nazar, M. (2021). La Archivística como un saber de la administración estatal. Cuadernos del INAP, 2(72).

Nazar, M. (2022). Tecnologías, información y derechos. Hacia una gestión documental con perspectiva archivística en la Administración Pública Nacional. Parte I. Cuadernos del INAP, 3(97).

Pak Linares, A. (septiembre de 2016). Digitalizar para preservar…difundiendo. I Encuentro de Conservación y Digitalización. Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Buenos Aires.

Palma, C. (En prensa). Políticas oficiales del recuerdo: el Centro de Investigaciones Científicas de Río Negro. En P. Pérez (Comp.), El papel del Archivo. Los archivos de la nor-Patagonia. Viedma: Editorial UNRN.

Palma, C. y Pérez, P. (2021). Pasado y presente del Archivo histórico de la Provincia de Río Negro. Aletheia, 11(22). https://doi.org/10.24215/18533701e091

Pérez, P. (En prensa). El papel del Archivo. Los archivos de la nor-Patagonia. Viedma: Editorial UNRN.

Salomón Tarquini, C. y Abbona, A. (2018). Rescatando las raíces: indígenas, investigadores y políticas culturales en la construcción de identidades provinciales (La Pampa, Argentina, 1960-1993). Tabula Rasa, 28, 297-321.

Salomón Tarquini, C. y Laguarda, P. (2012). Las políticas culturales pampeanas y el alumbramiento de una identidad regional (1957-1991). En P. Laguarda y F. Fiorucci (Eds.), Intelectuales, cultura y política en espacios regionales de Argentina (siglo XX) (pp.105-130). Rosario-Santa Rosa: Prohistoria-EdUNLPam.

Subsecretaría de Cultura de La Pampa. (2012). Política Cultural 2011-2015. Cultura: proceso comunicativo, creador de sentidos y de vínculos. Santa Rosa: Subsecretaría de Cultura de La Pampa.

Swiderski, G. (2015). Las huellas de Mnemosyne. La construcción del patrimonio documental en la Argentina. Buenos Aires: Biblos.

Wortman, A. (2017). Políticas culturales y legitimidad política en tiempos de crisis. El caso del Programa Puntos de Cultura en Argentina. Políticas Culturais em Revista, 10(1), 138-160.

Notas