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Empresarios y política en México: Estrategias de poder e interlocución en el contexto electoral del 2024

Businessmen and politics in Mexico: Strategies of power and dialogue in the electoral context of 2024

Sosa Hernández, Guadalupe Georgina

Guadalupe Georgina Sosa Hernández

georginasosa@politicas.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México. México

Ius Comitiãlis

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ISSN: 2594-1356

Periodicidad: Semanal

vol. 7, núm. 14, 2024

iuscomitialis@uaemex.mx

Recepción: 08 septiembre 2024

Aprobación: 18 octubre 2024

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/137/13750901375090008/

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

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Resumen: Dentro de una democracia los contrapesos juegan un papel fundamental en el ejercicio del poder y la toma de decisiones que se ejercen desde el Estado. En ese sentido el sector empresarial mexicano a lo largo de su historia ha buscado canales de comunicación permanente con los gobiernos en turno. Estos vínculos recurrentes se han ido modificando y han tenido que adaptarse a los cambios que ha experimentado el país, sobre todo a partir de la democratización que culminó en la alternancia en el poder en 2000. Es bien sabido que los empresarios buscan generar y mantener influencia en el poder político para cuidar sus negocios y maximizar sus ganancias, de ahí que despliegan diversas estrategias para intentar influir en el futuro político del país. El objetivo del presente artículo es identificar las estrategias desplegadas por el sector empresarial para tratar de incidir en las decisiones del próximo gobierno, elegido en junio de 2024. Dichas estrategias, de interlocución y movilización, tienen diferencias, pero responden a una lógica similar: transmitir sus preferencias de políticas y obtener garantías de que los cambios que se proponen para el futuro preservarán el statu quo y les posibilitarán obtener beneficios. A partir de una reconstrucción de cuatro etapas de la campaña presidencial de 2024, se mostrará cuál fue la postura del sector empresarial ante lo que representaba cada candidata y candidato, y las preocupaciones en torno a la evolución de las dimensiones fundamentales del régimen democrático.

Palabras clave: Empresarios, democracia, participación política, elecciones.

Abstract: Within a democracy, counterweights play a fundamental role in the exercise of power and

Keywords: Entrepreneurs, democracy, political participation, elections.

INTRODUCCIÓN

El papel de los empresarios y la manera como establecían vínculos con el poder político se transformó significativamente desde cuando menos el año 2000. Diversos autores señalan que, en el pasado, durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los empresarios tenían derecho de picaporte (Puga, 2004) y gozaban del privilegio de ser consultados por los gobiernos en turno de manera directa. Sin embargo, tras la primera alternancia en el poder en ese año, como señala Alba (2002), la diversificación de actores y espacios de negociación obligó a los empresarios a construir nuevos canales de acción ante el régimen político de aquellos años, que parecieron tener efectos positivos con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) (2000-2012) y del PRI en su regreso (2012-2018).

Con la tercera alternancia (2018-2014) y la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia, con su proyecto denominado “cuarta transformación”, el entramado institucional volvió a modificarse. El presidente implementó cambios, muchos de ellos discursivos, que alteraron la dinámica de poder y la relación entre el sector empresarial y el gobierno. No obstante, no se aprecian en este periodo de gobierno que ha concluido diferencias fundamentales, públicas al menos, que permitan hablar de una confrontación abierta y permanente. Con una agenda “de izquierda”, el presidente López Obrador logró transitar sin grandes conflictos con dicho sector y mantuvo el ejercicio de colaboración logrado en otros gobiernos. Empero, sí hubo momentos en los que ciertos miembros y organizaciones vinculadas al empresariado articularon estrategias opositoras en convergencia con partidos políticos.

En ese escenario, el presente artículo se propone hacer un recuento analítico de los acercamientos entre las candidatas y el candidato a la presidencia con los distintos grupos empresariales, para valorar sus expectativas mutuas y sus propuestas de campaña. Posteriormente, teniendo como marco referencial la teoría de las elites extractivistas[1], considerando a esos grupos parte de ellas, se identifican las estrategias de interlocución que se desplegaron y se muestra la postura empresarial ante las candidatas y el candidato en distintos momentos. La premisa es que los procesos electorales son “ventanas de oportunidad”[2] en las que los actores políticos, sociales y económicos aprovechan los movimientos en la correlación de fuerzas para redefinir sus expectativas y alianzas a la luz de la conformación de un nuevo gobierno.

Pero no todos los grupos empresariales siguieron esa lógica de acercamiento e interlocución, propia de una campaña electoral. También se abordan en estas líneas las estrategias de movilización desarrolladas por miembros y organizaciones empresariales, cuya agenda iba más allá de los tópicos económicos, que privilegian el pragmatismo por la cobertura de los intereses que defienden, y se centraba en los propiamente políticos: la defensa de la democracia y sus instituciones garantes del voto y el equilibrio de poderes públicos. Si bien esta no fue una estrategia mayoritaria del sector, sí fue importante para mostrar su capacidad de convocatoria y las alianzas tejidas con otros grupos sociales organizados, además de visibilizar con mayor énfasis las condiciones de declive del régimen político mexicano.[3]

Así, el propósito de este trabajo es mostrar con cuál candidatura se identifica afinidad y cómo se expresa disposición a colaborar, y en ese plano, qué implicaciones tienen las movilizaciones aludidas. La idea central que conduce estas líneas es que las personas empresarias se adaptan a las condiciones políticas del momento y, no sin pragmatismo, expresan sus preocupaciones sobre el entorno económico en búsqueda de mantener el statu quo, aunque entre ellas haya diferencias estratégicas de corto plazo (interlocución y movilización). Así, la estrategia de interlocución que generan les permite transmitir sus preferencias de políticas y obtener garantías de que los cambios que se proponen para el futuro no les afectarán, les posibilitarán mantener su posición privilegiada y continuar obteniendo beneficios.[4] La estrategia de movilización, sin que sea diferente en la búsqueda de los objetivos atrás señalados, busca incidir de forma más contenciosa en decisiones públicas que se consideran riesgosas para la débil democracia.

Sobre ese particular, es de hacerse notar la paradoja de la democracia en América Latina. De acuerdo con Acemoğlu y Robinson (2012), aunque la democracia surge como un rechazo a las elites, los sistemas políticos y económicos siguen estando controlados por estos grupos que históricamente se han beneficiado del establishment, lo cual perpetúa la desigualdad y la explotación y esto influye en el ánimo del electorado.[5] Siguiendo con estos autores, podemos inferir que dentro de las contiendas electorales, los votantes decepcionados del status quo, tiendan a apoyar políticos con propuestas más extremas, no necesariamente porque estén convencidos que estos líderes son altruistas, sino por el hartazgo de la política tradicional que ha fallado en proveer servicios básicos y protegerlos de las élites dominantes perpetuando la desigualdad. Aun así, dichas elites “se acomodan” a las circunstancias, y se acoplan al estilo y políticas de los nuevos liderazgos. Eso es justo lo que se verá de la exposición de las estrategias en los siguientes apartados.

LAS PRECAMPAÑAS: LAS “CORCHOLATAS” Y LA LENTA ORGANIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN

Aunque las elecciones presidenciales en México estaban programadas para junio de 2024, luego de los comicios intermedios de 2021 el presidente López Obrador comenzó a hacer menciones recurrentes en las conferencias “mañaneras” –la tribuna mediática más importante que ha tenido el presidente– referente a quien o quienes podrían ser sus sucesores o sucesoras a la presidencia de la República por el partido Morena. A esas personas las calificó de las “corcholatas”. Este término se mantuvo en la conversación pública por más de dos años: “…hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), Marcelo (Ebrard), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional.” (Versión estenográfica de la mañanera 5 de julio 2021). Solo una mención pública por parte del presidente ubicaba a un personaje vinculado a su gobierno en ese selecto grupo. Es importante resaltar que las “corcholatas” representaban para el presidente la continuidad de las bases políticas planteadas en el proyecto de nación llamado “cuarta transformación”.

La carrera interna de Morena a la presidencia fue inaugurada muy temprano desde las “mañaneras”, ahí mismo dejó claro que la elección final se llevaría a cabo mediante una encuesta; por lo tanto, las corcholatas se dieron a la tarea de iniciar su precampaña en una suerte de competencia interna para poder ocupar la candidatura presidencial. Para ese momento las y los aspirantes más visibles y que parecían tener mejores posibilidades eran: Adán Augusto López (Secretario de Gobernación), Claudia Sheinbaum (Jefa de Gobierno de la Ciudad de México) y Marcelo Ebrard (Secretario de Relaciones Internacionales). Otro de los candidatos fue Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado de la República; aunque AMLO no lo mencionó como un aspirante más, él confirmo sus aspiraciones.

Adelantar tanto la contienda electoral puede entenderse como una estrategia de comunicación política para poner el nombre de las y los precandidatos en la opinión pública. En ese contexto, la oposición acusó al presidente de estar haciendo campaña desde el poder y de utilizar las “mañaneras” como plataforma política para los precandidatos de Morena, violando la equidad en los procesos electorales y haciendo un uso indebido de los recursos públicos. Incluso, se presentó una denuncia formal a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por parte de la oposición encabezada por la Senadora Kenia López; la comisión concluyó que “en apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, las manifestaciones pueden vulnerar el principio de equidad en la contienda electoral relativa a los procesos electorales…” (Instituto Nacional Electoral, 2023). También señaló que estos actos afectaron el “principio de imparcialidad que, como servidores públicos, en ejercicio de las funciones propias del cargo encomendado, no deben pronunciarse o hacer llamados al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político, realizando actos proselitistas.” (Instituto Nacional Electoral, 2023). Este acto fue de los más notables de la oposición debido a que su organización fue lenta y poco coordinada, mientras Morena para ese momento ya contaba con al menos cuatro posibles aspirantes recorriendo el país.

Existía una organización que llevaba pocos años en activo y que estaba constituida principalmente por la iniciativa privada: Sí por México, que tenía como objetivo remover a Morena en los comicios de 2024; Gustavo de Hoyos la fundó junto con Claudio X González. Dicho frente es relevante porque desde su fundación en 2020 tenía como objetivo articular a la oposición partidista para lograr agruparse y ganar los comicios presidenciales siguientes. Hoyos es un empresario reconocido y con capacidad de liderazgo, se desempeñó como presidente de la Coparmex de 2016 a 2021, además fue director general de la empresa de servicios legales De Hoyos y Avilés (DHA). “La meta contar con una gran coalición opositora, conformada por el PAN [Partido Acción Nacional], por el PRI, por el PRD [Partido de la Revolución Democrática] y por Movimiento Ciudadano, y donde incluso puedan tener espacio otras formaciones políticas progresistas, para echar a Morena de la Presidencia de la República en 2024” (Expansión, 2024).

Luego de los comicios del Estado de México y Coahuila en 2023, la oposición anunció acuerdos respecto a la manera de elegir a la persona candidata que los representaría en las elecciones federales de 2024; se anunció que se llamarían Frente Amplio por México y lo integraban el PRI el PAN y el PRD. Se anunció también que el proceso llevaría tres etapas. Entre los nombres de candidatos figuraba el del propio Gustavo de Hoyos, quien mostró un intenso interés una vez que se dieron a conocer las reglas para elegir al candidato o candidata. No obstante, de Hoyos decidió declinar acusando de falta de “piso parejo” en el Frente para la designación; en la lista de aspirantes se encontraban ya Silvano Aureoles, Beatriz Paredes, Lili Téllez, Santiago Creel, Claudia Ruiz Massieu y Xóchitl Gálvez. Esta última fue la elegida para representar al Frente dado que los otros partidos cerraron filas y quedó como única contendiente, lo que llevó a reformar la metodología que se habían planteado y la suspensión de la consulta pública que se tenía prevista.

Durante las precampañas internas, distintas candidatas y candidatos intentaron entablar un diálogo con la iniciativa privada. Es importante resaltar que todo ello se dio en un contexto complejo debido a que a finales de mayo del 2023 comenzó una pugna entre el gobierno y uno de los corporativos más grandes e influyentes del país, Grupo México. Este grupo empresarial, encabezado por Germán Larrea, tiene influencia en distintos sectores que abarcan la industria minera, con la explotación del cobre, la infraestructura y el transporte a través de una vasta red ferroviaria que recorre el país. Grupo México, según su página oficial, cuenta con presencia en diversos países como: Estados Unidos, Perú, Argentina, Chile, Ecuador y España y con clientes en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia.

La disputa se dio a propósito de un tramo de las vías férreas que se encuentra en Veracruz y que el gobierno de López Obrador decidió expropiar a Ferrosur, empresa del conglomerado. El 20 de mayo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en que se “declaran de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en los tramos de las líneas ‘Z’, ‘ZA’ y ‘FA’, que corren de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, respectivamente, que opera Ferrosur” (DOF, 2023). Un decreto a favor de la ocupación temporal e inmediata de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, este tramo es uno de los proyectos más importantes del gobierno de AMLO.

Aunque trascendió que días antes se habían sostenido reuniones entre Larrea y el presidente para tratar el tema, sumado a una serie de pláticas que se habían tenido con representantes del empresario y la Secretaría de Gobernación para llegar a un acuerdo sobre el tema, el asunto se estancó en cuanto Ferrosur pidió “una contraprestación para la empresa, que tomará en cuenta las inversiones realizadas en ese tramo y la realidad del mercado de carga ferroviaria... y contemplaba la devolución de la concesión mediante un pago económico y que Ferrosur continuará proporcionando el servicio”, según reportes de la prensa (Riva Palacio,2023). De esta forma, se podrían continuar con sus obligaciones fiduciarias y con accionistas, además de explorar la idea de la construcción de una segunda vía que se entregaría a la Marina para el proyecto del Istmo. En esa estira y afloje el presidente se negó a aceptar las condiciones propuestas por Grupo México, lo que derivó –según el periodista– en que las negociaciones no prosperaron e incluso regresaran al punto de inicio. “De acuerdo con Riva Palacio, la negativa de la empresa llevó a la exasperación de López Obrador y a la remoción de Rafael Marín Mollinedo, quien había estado a cargo del proyecto del tren transístmico” (2023).

Así, Grupo México Transportes indicó a través de un comunicado desde su cuenta oficial @Gmexico_Prensa, en la plataforma X, “que personal armado de la Secretaría de la Marina ocupó las instalaciones” en el tramo Coatzacoalcos-Medias. “La sorpresiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, y señalaron en mismo comunicado que la acción militar ejecutada por el personal de la Marina les resultó sorpresiva e inusitada. A pesar de ello, continuarían apostando al dialogó en busca de una solución que respete el Estado de Derecho y sea viable y beneficiosa para ambas partes. En dicho comunicado también se expresó sorpresa por la publicación del decreto de ocupación ya que ese día tenían reuniones agendadas para avanzar con las negociaciones y señalaron que de su parte seguirán de buena fe con las negociaciones y estudiarían “el alcance y efectos del decreto de ocupación a fin de determinar las acciones que deberían emprender”. El comunicado cierra con las siguientes líneas: “De no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá, en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y del libre mercado” (Grupo México, 2023).

Ante esta situación, el sector empresarial no tardó en reaccionar y diversos cámaras y confederaciones manifestaron su preocupación y asombro ante la situación de Grupo México. Por ejemplo, la CONCANACO y SERTYTOUR expresaron mediante un comunicado “… su postura enérgica en defensa de la protección y respeto a la propiedad privada como base fundamental del libre ejercicio empresarial que considera que se deben tomar medidas contundentes para detener las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios del país” (www.concanaco.com.mx/comunicados). El comunicado también hace referencia a que “...se deben tomar medidas contundentes para detener las expropiaciones arbitrarias que afectan a los empresarios del país” (Ibíd). Por otro lado, la COPARMEX (Confederación Patronal de la República Mexicana), también mediante un comunicado, consideró que se debía revisar con detenimiento la legalidad del decreto: “La Ley de Expropiaciones establece un procedimiento claro que debe acatarse en cuanto a la emisión de una declaratoria, a la notificación a los afectados y garantías para su derecho de audiencia” (Coparmex, 2023, Párr. 3).

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), en voz de su presidente Rolando Vega, manifestaron su descontento ante la situación, pues consideró que en principio estas acciones vulneraban el Estado de derecho y creaban un clima de incertidumbre en la iniciativa privada. Además, señaló que dichas acciones alejaban los planes de inversión en el país: “las empresas que integran el Consejo Mexicano de Negocios contemplan hacer inversiones por 30 mil millones de dólares en 2023... pero acciones como la ‘ocupación’ militar a instalaciones de Ferrosur causan incertidumbre…la falta de certeza obviamente vulnera el Estado de Derecho y esperamos que tenga una resolución adecuada. Este tipo de acciones sí puede mermar la inversión, afortunadamente México tiene unas finanzas públicas sanas. Esperamos que el problema se resuelva bien” (Martínez, 2023).

Luego de estas reacciones y declaraciones, finalmente el 1 de junio de 2023 el gobierno federal y Grupo México llegaron a un acuerdo sobre Ferrosur. El presidente López Obrador afirmó en la mañanera: “Se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo de El istmo hacia Veracruz y se amplía la concesión a ocho años” (Versión estenográfica de la mañanera 1 de junio de 2024). "Grupo México" mediante un comunicado estableció que el convenio incluye la extensión de la vigencia de su concesión bajo los términos originales por un periodo adicional de ocho años. “Ferrosur conserva íntegros sus derechos de paso en los tramos mencionados y en el tramo de Medias Aguas a Salina Cruz. La empresa seguirá ofreciendo un servicio de carga ferroviaria de calidad a sus usuarios” (El Economista, 2023).

Aunque esta polémica se zanjó no sin tensiones entre el gobierno federal y el sector privado, quedó como un precedente de lo que el primero podía hacer bajo ciertas circunstancias que lo urgieran a decidir. Además, como se dijo, fue un asunto que se produjo en medio de las precampañas y ninguno de los aspirantes a la presidencia se manifestó públicamente al respecto. Solo Adán Augusto López, que en ese momento fungía como Secretario de Gobernación, insistió en que no era ninguna expropiación, sólo una ocupación temporal del tramo ferroviario. En el mes de septiembre de ese mismo año, Xóchitl Gálvez sostuvo una reunión con empresarios del CCE y la COPARMEX y aunque no se refirió al tema de Grupo México, sí hizo declaraciones polémicas respecto a la postura del presidente López Obrador y su proyecto. Manifestó que AMLO “odia a los empresarios, odia al que produce, odia al que se supera, odia aquel que emprende. Ha dicho claramente que los aspiracionistas son espantosos” (Chávez, 2023). En contraste, durante esta charla ella se asume como parte del gremio mostrando una actitud empática y comprensiva con el sector.

El 6 de septiembre de 2023, Morena muestra los resultados de sus encuestas para elegir a la persona que ocuparía la candidatura a la presidencia de la República, en voz de su dirigente nacional Mario Delgado; se nombra a Claudia Sheinbaum como ganadora de las encuestas “por casi 15 puntos de ventaja sobre el excanciller, Marcelo Ebrard, su más cercano contendiente” (Arista, 2023).

Para ese momento faltaba por decidir la candidatura de Movimiento Ciudadano que desde un año antes había anunciado que iría por su cuenta, sin alianza; en un primer momento se habló de Enrique Alfaro y Samuel García ambos gobernadores de Jalisco y de Nuevo León, respectivamente. Aunque todo apuntaba a que García se quedaría con la candidatura, luego de una serie de complicaciones legales respecto al permiso de García ante el congreso local, “desistió de sus aspiraciones presidenciales y decidió permanecer en su cargo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó a Luis Enrique Orozco como gobernador interino” (quien había sido designado originalmente por el legislativo a contrapelo de la preferencia del gobernador) (El Economista, 2023). Así, durante la asamblea del 20 de enero de 2024, Movimiento Ciudadano eligió por unanimidad a Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial y sería la primera vez que Movimiento Ciudadano estaría en la boleta presidencial.

México tenía a sus candidatas y candidato para comenzar las campañas, que iniciaron oficialmente el 1 de marzo del 2024 y concluirán el 1 de mayo del mismo año: Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PRI-PAN-PRD; Claudia Sheinbaum Pardo, por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que conforman los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), y Jorge Álvarez Máynez por Movimiento Ciudadano. Cabe destacar que era la primera vez que partidos con mayor oportunidad de ganar a través de sus coaliciones postulaban a mujeres como candidatas a la presidencia, un avance importante por la lucha de la igualdad de género en este país. También es importante destacar que, según el INE, se trató de “las elecciones más grandes de la historia”, pues se elegirán 20 mil 79 cargos, entre los que estaban la Presidencia de la República, 128 escaños del Senado, 500 curules en la Cámara de Diputados, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gubernaturas, los Congresos locales de 31 entidades y las presidencias municipales de 30 estados con regidurías, sindicaturas y cargos auxiliares” (2024).

LA CAMPAÑA ELECTORAL: LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS EMPRESARIOS

Aunque como ya mencionamos la campaña electoral arrancó oficialmente el 1 de marzo, desde meses antes los empresarios se habían estado organizando con miras a los comicios federales y locales que estaban por suceder. Incluso la COPARMEX había firmado meses antes con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un convenio “de colaboración para reforzar la promoción del voto, la cultura cívica y la participación ciudadana, en el marco de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023 en Coahuila y el Estado de México” (Instituto Nacional Electoral, 2023). Desde ahí reforzaron su compromiso con la democracia y la importancia de mantener fuertes a las instituciones como garantes de confianza. En el evento de firma, el presidente de la COPARMEX, Medina Mora fue muy enfático respecto a la posición de la organización ante “los embates a las instituciones autónomas y ciudadanas, con reformas a leyes electorales secundarias que se presume son inconstitucionales” e hizo “un firme llamado a no dar ‘ni un paso atrás’ en la construcción de la democracia, en la división de poderes, así como en el ejercicio de los pesos y contrapesos que dan equilibrio al país” (Instituto Nacional Electoral, 2023).

La COPARMEX presentó el 11 de marzo de 2024 el programa #ParticipoVotoExijo con la idea de impulsar la participación del 70% de los ciudadanos en los próximos comicios federales, según información de su página. Además, desde meses atrás, prepararon un documento para ser presentado a las candidatas y el candidato como un diagnóstico y propuestas en diversas materias de interés nacional. A dicho documento lo denominaron: “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo”, la idea era que firmarán el acuerdo. En su presentación, el presidente de esa organización empresarial señaló que la democracia estaba en riesgo de debilitarse y que existían temas primordiales de atender como la inseguridad y el cuidado del medio ambiente. “Todos creemos en la necesidad de tener instituciones sólidas; en lo apropiado de ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos; en apostar en serio por la educación y la tecnología; en contar con más recursos y cobertura para la salud; en la necesidad de crecer nuestra economía sin dañar el medio ambiente; en generar esquemas para incluir a quienes no han tenido las mismas oportunidades y en recuperar la paz” (Saldaña, 2024).

Además del acuerdo, la iniciativa del programa Participo, voto, exijo buscaba promover cinco líneas de acción: “ el voto informado y razonado para combatir el abstencionismo; hacer observación electoral durante todo el proceso y el día de la elección; dialogar con los candidatos a la Presidencia; presentar el ‘Acuerdo Nacional por un México con Desarrollo Inclusivo’; así como organizar debates y diálogos ciudadanos con candidatos a las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX” (Coparmex, 2024).

Dentro de la presentación de esta iniciativa. se podía leer un mensaje de respuesta por parte de este organismo al Presidente de la República y sus señalamientos en la “mañanera”. En varias ocasiones se hizo alusión a que esta propuesta buscaba terminar con la polarización y la falta de responsabilidad culpando al pasado, era un llamado a la cohesión con colaboración y metas compartidas por el bien del país. En el sector se manifestaba la idea de terminar con la exclusión de los que piensan distinto porque era visto como un obstáculo para la iniciativa privada. “La expectativa que tenemos es que se supere la fragmentación, este miedo y enojo, la confrontación, la denostación, la asignación de culpables. Que, a través de acuerdos sobre mínimos comunes, lo que nos une, es decir un país inclusivo, desarrollado, justo, sostenible, próspero, estos retos prioritarios nos lleven a la colaboración, asumiendo lo que aporta cada quien, para sacar adelante este gran país, comenzando con la inclusión de los más afectados, por un lado por la inequidad dado que ha habido piso que no es parejo, y mínimos universales en la educación, en salud y en medio ambiente” (Coparmex, 2024).

En el marco de esta iniciativa, la COPARMEX dejó claro que no se inclinaban por ningún candidato o candidata y que lo buscaban era entablar un diálogo, y que muchos de sus diagnósticos e iniciativas se pudieran ver constituidas en política pública para los próximos seis años; encontrar valores comunes con la finalidad de superar las divisiones, y tener acceso a un país más democrático y con justicia social.

Otro organismo de mucha importancia en el sector empresarial mexicano es el CCE que, según datos obtenidos de su sitio web, “agrupa a las 13 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México” (www.cce.org.mx). Dada su importancia, siempre ha sido muy activo en los periodos de campaña e incluso en el 2006 este organismo fue señalado de organizar la “campaña negra” en contra del entonces candidato López Obrador. Al igual que la COPARMEX, desde meses antes del inicio de las campañas oficiales, esta organización había preparado un documento intitulado: “Un México mejor para todos”. Se centra en tres grandes ejes: 1.- Inclusión, oportunidades y movilidad social. 2.- Economía y calidad de vida, comercio exterior y medio ambiente. 3.- Un país de leyes y sin corrupción. En el documento se destaca el papel de la iniciativa privada como el motor de la economía del país y la importancia de que el bienestar de las empresas siempre tendrá un impacto directo en el bienestar de la sociedad.

Dentro del documento se resalta la importancia de mantener a todos los sectores sociales unidos para que de esa forma se logren superar los desafíos y lograr un México más próspero. También hace énfasis en que las discusiones o diferencias de opinión deben darse en el marco del respeto y el diálogo constructivo “…canalizando la energía social hacia el progreso. Un entorno favorable para la inversión debe ser uno de los pilares de la política pública de cualquier gobierno, sin importar su color. Por supuesto, que esto debe venir acompañado de una adecuada regulación, de una sana competencia, de un entorno fiscal competitivo y por supuesto de un Estado de derecho que dé certidumbre a la sociedad y a los emprendedores” (CCE,2024). Varias veces se hace énfasis en que “sin empresas no hay país y con más y mejores empresas tendremos un país más grande y mejor para todos.” (CCE, 2024).

REUNIONES CON EMPRESARIOS EN DOS ESCENARIOS

Cabe destacar que las y el candidato se mostraron accesibles a la revisión de los documentos referidos en el apartado anterior. Recordemos que la iniciativa de la Coparmex incluía en su plan de acción la presentación de ellas y él ante el sector, en un evento que llevó por nombre “Diálogos por la democracia”. Ese acto culminó con la firma del “Acuerdo Nacional por un México con Desarrollo Inclusivo”, tanto Xóchitl Gálvez como Álvarez Máynez, acudieron al llamado de esa organización y refrendaron su compromiso con el sector; solo Claudia Sheinbaum declinó la invitación argumentando que se encontraba de gira en Tabasco y que después habría ocasión para reunirse con el sector.

Las reuniones se llevaron a cabo el mismo día 19 de marzo de 2024. En su turno, Xóchitl Gálvez se presentó con un mensaje contundente, pidiendo ayuda a los empresarios, asumiendo que estaban de su lado: “Les pido por favor que se separen dos meses y medio de sus empresas y pónganse a hacer campaña, convenzan a sus empleados, a la gente de la comunidad. ¡Los necesito! ¡Los necesito! No timoratos, no miedosos. Pierdan el miedo o nos lleva el carajo…” Ante ello, el presidente de la Coparmex aclaró después que su postura era apartidista y que no harían eco de la petición de la candidata. Es importante destacar que Gálvez se asume como parte de la comunidad empresarial, ya que es dueña de una empresa y con ello sentía que podía generar mayor empatía con el sector. En cuanto Álvarez Máynez, apoyó la visión de los empresarios y firmó el acuerdo mencionado; además, se comprometió a reducir la corrupción que tanto afecta al gremio, así como a cambiar la estrategia de seguridad y sacar al ejército de las calles.

La candidata Sheinbaum no se presentó a “Diálogos por la democracia”, pero sí escuchó al sector en el marco de “Diálogos por la transformación”, una plataforma que creó el equipo de la candidata desde diciembre del 2023, el cual buscaba generar sinergia con distintos sectores de la sociedad, encabezado por el coordinador general de los mismos, Juan Ramón de la Fuente. Es importante destacar que entre los organizadores se encontraba Altagracia Gómez Sierra, una empresaria de origen mexicano, presidenta de grupo Minsa, Grupo Almer y de Grupo Promotora Empresarial de Occidente que agrupa a la mayoría de las empresas de su familia. Ella fungió como principal convocante de la iniciativa privada para dar a conocer el proyecto de Sheinbaum, era una especie de intermediaria con la intención de brindar certeza a los empresarios de que había interés en sus propuestas y preocupaciones. A la convocatoria a los “Diálogos por la transformación”, acudieron la mayoría de las principales cámaras y confederaciones, los presidentes del CCE, COPARMEX, CONCAMIN, CONCANACO entre otras; fue un intercambio de ideas amable en donde los empresarios manifestaron su preocupación por un país dividido y pidieron a la candidata promover y mantener la unidad. Por su parte, Sheinbaum se comprometió a ser cuidadosa con las finanzas, elevar el salario mínimo y reducir la burocracia a través de la reducción y digitalización de los trámites para el sector; prometió respeto al Banco de México, austeridad republicana y un rotundo “no” a la condonación de impuestos.

LA MOVILIZACIÓN DE UNA PARTE DEL SECTOR EMPRESARIAL EN DEFENSA DEL INE Y EN CONTRA DEL “PLAN B”

Suele ser inusual que la iniciativa privada se movilice.[6] Como ya se ha mencionado, este sector a diferencia de otros cuenta con canales institucionales y no institucionales (lobbying) para hacer llegar sus demandas y preocupaciones. Al final de este sexenio, hubo una fuerte movilización por una parte de este sector. Las movilizaciones se realizaron en el marco de cuatro procesos concatenados: el desarrollo en el poder legislativo de las propuestas de reforma en materia electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas como “Plan A”, “Plan B” y “Plan C”; las respuestas en contra por parte de un sector de la oposición político-partidista, empresarial, social, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); las reacciones del gobierno a estas movilizaciones, y el proceso electoral de 2024. Esa reforma se convirtió en una prioridad dentro de la agenda del gobierno de AMLO por diferencias acumuladas con el INE.

En ese contexto, las “marchas por la defensa de la democracia” son el conjunto de movilizaciones llevadas a cabo el 13 de noviembre de 2022, el 26 de febrero de 2023 y el 18 de febrero de 2024. En ellas se puede incluir la marcha y mitin del 19 de mayo de 2024, que comparten convocantes y discurso con las anteriores, pero se diferencia en cuanto al tinte electoral en apoyo directo a la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, presente como oradora es este último acto.[7] Es importante analizar estas movilizaciones en su conjunto para comprender el mensaje que querían transmitir y observar la participación de grupos empresariales convocantes y asistentes, los cuales fueron descalificados desde el gobierno por corruptos y traidores a la democracia, cuestionando la legitimidad de su movilización.

1. Los grupos empresariales como oposición movilizada frente al gobierno de AMLO: los antecedentes

Desde el triunfo de AMLO (2018), una de las primeras confrontaciones con el sector fue su postura frente a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco. Recordemos que AMLO, luego de una consulta ciudadana, echó para abajo el proyecto, lo cual creó una primera confrontación con el sector empresarial; “líderes de la Coparmex y el CCE se pronunciaron en contra de que el presidente cancelara el proyecto. De hacerlo, sería un error que traería graves consecuencias negativas para la economía del país” (Sosa, 2019, p. 265). Finalmente, el proyecto fue cancelado y se negoció con los principales inversionistas para finiquitar los contratos; los empresarios, a regañadientes, aceptaron los acuerdos pero no dejaron de señalar que la cancelación representaba una gran pérdida para el país.[8] Desde el anuncio de la construcción del nuevo Aeropuerto en Santa Lucía en diciembre de 2018, en lugar del NAIM, se aprecia una mezcla de oposición partidista por parte de la iniciativa privada que hizo uso de estrategias de comunicación en diferentes plataformas y litigio estratégico para frenar los proyectos gubernamentales. Ese fue el antecedente de un activismo más visible y tenaz de la oposición empresarial en movilizaciones, caravanas y plantones en el espacio público, que posteriormente tuvo su expresión más clara en el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaa), surgido en mayo de 2020 con el liderazgo de un conjunto de empresarios dentro de los que destacaban Pedro Luis Martín Bringas (Forbes, 2020) y Gilberto Lozano.

El 11 de octubre de 2022 se presentó la organización Unid@s (en redes Unid@s para mejorar), convocada por Claudio X. González y conformada por seis organizaciones afines: Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, que a su vez se integra por alrededor de 400 organizaciones, Sociedad Civil México, UNE México, y Unidos por México (Forbes,2023, Unid@s, 2024, El Financiero, 2022). En la creación de Unid@s participaron Emilio Álvarez Icaza, Ana Lucía Medina, Guadalupe Acosta, Gabriela Sterling (El Financiero, 2022), Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walther, Juan Francisco Torres Landa, así como perfiles con antecedentes en los partidos como Beatriz Pages, Gustavo Madero y Carlos Medina Plascencia. De acuerdo con El Financiero (2022), Unid@s era una amalgama de “empresarios, políticos y sociedad civil”. Desde su creación, Unid@s señaló la necesidad de una alianza entre PAN, PRI, PRD y MC, una plataforma electoral y un programa de gobierno común, así como la defensa del INE (Milenio, 2022).

Dentro de los perfiles empresariales visibles de Unid@s destacaban Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y Juan Francisco Torres Landa. González es un empresario, accionista de Kimberly Clark, que ha participado en la fundación de organizaciones e iniciativas como Sí por México, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con el apoyo económico del Consejo Mexicano de Negocios (Proceso, 2020), Mexicanos Primero, Bécalos, Fundación Televisa. De acuerdo con Forbes, también participó en tres campañas presidenciales, las de 1988, 1994 y 2000 (El Financiero, 2023). Es importante señalar que, desde inicios del sexenio, se dio un intercambio de acusaciones entre el presidente López Obrador y el empresario, lo que explica la posición de desacuerdo constante de este último.

Si bien estos perfiles adquirieron notoriedad con las “marchas en defensa de la democracia”, de acuerdo con declaraciones de Gustavo de Hoyos, ellos realizaron acciones legales contra el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos del gobierno federal (De Hoyos, 2022). En la página del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, al que le fueron concedidos amparos y suspensión provisional en el proyecto del Tren Maya, aparecen Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos como parte del Consejo Directivo (Consejo Nacional de Litigio Estratégico, 2024). Vale la pena mencionar que el Colectivo NoMásDerroches estaba conformado por COPARMEX y otras organizaciones afines a Sí por México (Coparmex, 2019, p. 3).

A fines de octubre de 2020, Sí por México envió una carta para “retar” a los líderes de PAN, PRI y PRD para que asumieran como propia su “agenda ciudadana” (Sí por México, 2020 y Proceso, 2022), especialmente con miras a las elecciones de 2021. Los líderes de los tres partidos aceptaron aludiendo a su compromiso con la ciudadanía (Proceso, 2022). No obstante, este acercamiento, en buena medida motivado por la oposición a las iniciativas del presidente, le facilitó a este argumentar que había una colusión de “derecha”, que pretendía el regreso a “los privilegios del pasado”.

2. Primera marcha: 13 de noviembre de 2022

El 28 de abril de 2022, el presidente envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a 18 artículos de la Constitución y siete transitorios en materia electoral (Presidencia de la República, 2024). La propuesta de reforma suponía la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); la unificación de la legislación electoral; la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de los tribunales electorales locales; la elección de consejeros y magistrados por voto popular; la reducción del número de consejerías electorales; la eliminación de las diputaciones plurinominales; la reducción del número de diputaciones federales y locales; la reducción al financiamiento público ordinario a los partidos políticos y la ampliación del voto electrónico (Presidencia de la República, 2024). De acuerdo con AMLO, la reforma suponía un ahorro de 24 mil millones de pesos (López Obrador, 2022). Para la segunda mitad del sexenio, la bancada de Morena no contaba con la mayoría calificada necesaria (dos terceras partes) para la aprobación de dichos cambios constitucionales. Así, en octubre de 2022 inició la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados. La oposición partidista expresada, en especial las bancadas del PAN y del PRI, se manifestó en contra de las modificaciones.

En octubre de 2022, en respuesta a la propuesta de reforma, se lanzó la convocatoria para la primera marcha en favor del INE, el domingo 13 de noviembre, nombrada “Marcha por la democracia, el INE no se toca”, que se realizaría del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución de la Ciudad de México y 60 ciudades de 20 estados en el país, en Estados Unidos y España. La marcha fue convocada por el Frente Cívico Nacional y Unid@s (Latinus, 2022). Se considera esta marcha como el nacimiento de la #MareaRosa, membrete del cual Unid@s se asumió como convocante. Los lemas de esta marcha fueron principalmente en defensa del INE, a través de hashtags como #ElINENoSeToca y #YoDefiendoAlINE. Se buscaba hacer un llamado al presidente y a los legisladores. La marcha concluyó con la intervención de José Woldenberg, primer presidente del INE antes IFE.

Tras la marcha, Gustavo de Hoyos, uno de los organizadores, señaló que ésta había sido una “gran demostración de que podemos de manera pacífica, tolerante y la plural hacer que nuestra voz se escuche […] el tema que hoy nos convoca es la defensa del Instituto Nacional Electoral”. Decía que la marcha se había dado por “generación espontánea” sin mayor organización de parte de los convocantes. Son interesantes las afirmaciones sobre los objetivos de la marcha y su separación de los partidos: “Nos comprometemos a que la causa va a ser una, no queremos llevar a nadie para otras causas u otras expresiones”, “No es una movilización convocada por los partidos” (De Hoyos, 2022). “El origen de esta movilización, el espíritu de esta es netamente ciudadano, ahí nadie va a hacer campaña en favor de un candidato o de un partido” (De Hoyos, 2022). Antes de la marcha, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, consideró que la marcha defendía intereses distintos a la democracia, sin embargo, afirmó que se garantizaría su derecho a manifestarse.

Esa primera marcha contó con la presencia de personajes vinculados a la oposición partidista, tales como: Vicente Fox, Santiago Creel, Margarita Zavala, Marko Cortés, Julián Rementería, Alejandro Moreno, Fernando Belaunzarán Méndez, Jesús Zambrano (CNN, 2022), Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, entre otros, de los tres partidos: PAN, PRI y PRD. Asistieron además los tres empresarios más activos y visibles en el tema: Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y Juan Francisco Torres Landa. En su declaración para CNN, González afirmó: “ciudadanas y ciudadanos que vienen a decir: el INE no se toca, que el voto cuente, que el padrón electoral cuente, que pueda haber alternancia en México. Que nunca se confunda de nuevo quien es el árbitro y quien es el gobierno” (CNN, 2022).

De acuerdo con testimonios de personas asistentes, dueños de empresas contrataron camiones para su traslado, y les dotaron de alimentos y playeras (N+, 2022). También se destinó financiamiento por parte de políticos y empresarios que trasladaron personas desde Guadalajara a la Ciudad de México (La Jornada, 2022). A nivel local, en las diferentes ciudades acudieron diputadas y diputados federales, así como alcaldes opositores (El Financiero, 2022). En casos como el de Zacatecas, los empresarios acompañaron a los políticos (La Jornada, 2022). La oposición calculó la asistencia de 200 mil personas frente a las 12,000 calculadas por el gobierno.

El Presidente López Obrador reaccionó a la marcha desestimando sus propósitos: “lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento […] Entonces, lo del INE fue una excusa, una bandera” (López Obrador, 2022). Sin embargo, instó a la oposición a seguir organizándose: “Y qué bueno que se está conformando el bloque conservador. Es que eso es mejor que la clandestinidad, el que haya un concierto fascistoide y que nadie se entera, es mejor. Fuera máscaras, vamos a manifestarnos y que cada quién se defina” (López Obrador, 2022).

En lo que pareció una respuesta a esta marcha, el Presidente convocó a una marcha para celebrar cuatro años de su gobierno. El INE, siendo Lorenzo Córdova el Consejero Presidente, emitió un comunicado de agradecimiento a la ciudadanía que participó en la movilización. Gustavo de Hoyos (de Hoyos en MVS, 2022) afirmaba: “México despertó”. Sostenía que la reforma no pasaría y que, en caso de que se hicieran cambios con la mayoría simple, se haría uso de medios de impugnación ante la SCJN. De Hoyos decía que darían la batalla legal como lo habían hecho en otros casos (De Hoyos, 2022). También afirmaba que aún no se programaba la siguiente marcha, pero que el grupo organizador, el comité de Unid@s, iba a reunirse próximamente para “definir los siguientes pasos”. De Hoyos aseguraba que el movimiento recién estaba comenzando y que la marcha del 13 de noviembre había sido la “primera lección”, “la primera llamada”.

3. Segunda Marcha: 26 de febrero de 2023

El proceso legislativo de la reforma en materia electoral continuó, y el 28 de noviembre de 2022 las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral, Gobernación y Población y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto (Cámara de Diputados, 2022), el cual pasaría al pleno. El 6 de diciembre se rechazó la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados. Ante la inminencia del rechazo, por carecer de mayoría calificada, el ejecutivo planteó el “Plan B”, que buscaría reformar leyes secundarias: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley General de Comunicación Social, así como Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para procesar estos cambios, bastaba la mayoría absoluta.

El “Plan B” fue aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2022 y turnado al Senado. El 14 de diciembre de 2022 fue aprobada en esta cámara la primera parte del “Plan B”. luego se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La segunda parte se aprobó el 23 de febrero de 2023. Debe tenerse en cuenta que el INE habría de renovar a cuatro consejeros pronto a esa fecha: Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, que terminaban su encargo institucional en abril de 2023.

Durante la discusión de la reforma, se convocó a una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, 115 ciudades del país y en el extranjero, a realizarse el 26 de febrero de 2023. En la Ciudad de México, Beatriz Pagés y el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, darían los discursos. “Unidos” fue la plataforma convocante, la cual aglutinaba a otras 80 organizaciones de acuerdo con sus comunicados (Unid@s, 2023). Los cálculos del gobierno de la Ciudad de México fueron de 90 mil asistentes, mientras que cifras de las organizaciones participantes calcularon 500 mil personas. Algunos de los lemas y hashtags fueron: #MiVotoNoSeToca,#ElINENoSeToca . #SeguimosEnMarcha. Los discursos y lemas estaban orientados principalmente a la SCJN para que se declarara inconstitucional la reforma.

Acudieron a la marcha: Xóchitl Gálvez, Marko Cortés, Santiago Creel, Claudia Ruiz Massieu, entre otros. Felipe Calderón manifestó su apoyo en redes sociodigitales ya que se encontraba fuera del país. También asistió el empresario Claudio X. González, quien además compartió en sus cuentas de X las movilizaciones en otras ciudades (Proceso, 2023). En una de sus publicaciones señaló: “No alcanzó el Zócalo para tod@s los ciudadan@s que fueron a defender la democracia, la libertad y al INE” (González Guajardo, 2023). Momentos previos a la concentración, González expresó que buscarían llenar el Zócalo. Al ser cuestionado sobre si confiaban en el Poder Judicial para revertir la reforma, González sostuvo: “Hay confianza en el Poder Judicial. Nosotros creemos que es de evidentemente inconstitucional el plan B y así esperamos que lo determinen los Ministros de la Suprema Corte de Justicia” (La Razón, 2023), por lo que habría que estar atentos a sus resoluciones. XXX.

Es importante destacar que la marcha fue, de alguna forma, opacada mediáticamente por la declaración de culpabilidad a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, el 21 de febrero de 2023, lo cual dotó de elementos descalificadores a simpatizantes y miembros del gobierno en turno, como el dirigente de Morena, Mario Delgado, quien expresó: “Lo que realmente la derecha quiere es gritar que ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentísmo no se toca’. Para Delgado, el problema con la marcha era la pretensión de independencia ciudadana, como “progresistas y liberales, cuando en verdad son líderes de los partidos de oposición” (El Siglo de Torreón, 2023). Con ello, se trataba de mezclar dos temas sin conexión para evadir la importancia de la reforma.

Por su parte, el Presidente López Obrador expresó, entre otras cosas, lo siguiente: “…los que se manifiestan pues vamos a decir, es una representación, es una vanguardia, son los de arriba, la elite de ese potencial. Entonces tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas” (López Obrador, 2023).

El 2 de marzo de 2023 se publicaron en el DOF las reformas de la segunda parte del Plan B. Ese mismo mes, partidos, organizaciones e instituciones promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN por el Plan B. En marzo, ante la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de dicho plan, López Obrador anunció el Plan C, que consistía en un llamado para lograr la mayoría absoluta en las elecciones de 2024. En mayo de 2023 la Corte declaró la invalidez de la primera parte del Plan B; en junio de 2023, la Corte declaró inconstitucional la segunda parte del Plan B aduciendo violaciones al proceso legislativo (Canal del Congreso, 2024). En julio de ese año de formalizó la alianza entre PAN, PRI y PRD con miras a los comicios presidenciales de 2024.

4. Tercera marcha: 18 de febrero de 2024, rumbo a las elecciones de junio

El 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial, dentro de la que se encontraba la propuesta de elección de las personas juzgadoras por voto popular (SCJN, 2024). Así, la convocatoria de Unid@s y sus organizaciones afines abarcaba como causas la defensa de la democracia, la expresión de descontento por el apoyo del ejecutivo a Claudia Sheinbaum, el llamado a elecciones libres, a las que se agregó la defensa del Poder Judicial. La convocatoria se extendió a concentraciones en más de 110 ciudades en México y el mundo. Los argumentos para la convocatoria por parte de Unid@s fue la defensa del voto, expresando lo siguiente:

Si el gobierno mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a sus candidatas y candidatos, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer el INE, controlar al Tribunal Electoral y someter a las Suprema Corte de Justicia, el voto no es libre. Si el gobierno amenaza y censura a los medios, el voto no es libre. Si el gobierno te dice que si gana la oposición se van los apoyos, las pensiones, las becas, los programas, el voto no es libre. Si el gobierno promueve encuestas falsas, el voto no es libre. Estas son nuestras razones para marchar y movilizarnos el 18 de febrero (Unid@s, 2024).

Claudio X. González decía que era una concentración en “defensa de la democracia y la libertad” “democracia instituciones, división de poderes” y no para apoyar a Xóchitl Gálvez (González Guajardo, 2024). “El ejecutivo sigue insistiendo, dada su deriva autoritaria, y su lógica centralista con un Plan C en el que quiere disminuir y afectar al poder judicial y quiere de nuevo desaparecer a los organismos autónomos”. La movilización del 18 de febrero, convocada a realizarse en la Ciudad de México y otras ciudades, tenía como lema: #MiVotoNoSeToca. Lorenzo Córdova, expresidente del INE, fue el encargado del discurso oficial. En su intervención señaló que la movilización no apoyaba ninguna “candidatura a ningún partido o coalición”. En este punto las personas organizadoras seguían sosteniendo un discurso apartidista, aunque como en las anteriores asistieron dirigentes del PAN, PRI y PRD, también a nivel local ( La Jornada, 2024). El templete tenía los logotipos de la llamada #MareaRosa, Unid@s y el Frente Cívico Nacional. En el mitin se proyectó un video introductorio que mostraba a organizaciones participantes de Unid@s, dentro de las que se encuentran organizaciones cercanas claramente a la derecha tradicional, como la Unión Nacional Sinarquista.

Esta marcha causó una respuesta más fuerte por parte del presidente López Obrador, quien señaló en la mañanera:

Por eso hay que seguir combatiendo la corrupción, porque antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar… Y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen: “Vamos a defender nuestra democracia”. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo, la democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo. Por eso están enojados y las campañas llamándome “narcopresidente”… Cuando ellos estaban se padeció en México de un narco-Estado, y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón, y protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha... (López Obrador, 2024).

5. Cuarta marcha: 19 de mayo de 2024, en vísperas de la elección presidencial

El 21 de abril de 2024, en la antesala del proceso electoral, Claudio X. González y Unid@s convocaron a una nueva “Marcha por nuestra democracia”, la cual se realizó el 19 de mayo en la Ciudad de México y 60 ciudades de México y el extranjero. La marcha coincidió con el tercer debate presidencial. En la convocatoria se expresaba que la Marea Rosa había hecho historia llenando plazas “para defender nuestra democracia”, tomando las calles para “defender la justicia”, “marchamos para defender nuestra libertad”. Unid@s llamaba a defender los tres pilares de una república: “Democracia, justicia y libertad”, a “salvar a la república” (González Guajardo, 2024).

En esta marcha se presentaron varias polémicas derivadas de su cercanía con la elección. Algunas de ellas fueron el uso de los colores del INE, la presencia en el Zócalo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la invitación que la Marea Rosa hizo a Xóchitl Gálvez y a Santiago Taboada (candidato a la Jefatura de Gobierno por la oposición) para hacer uso de la voz en la concentración en el Zócalo, lo cual el INE lo podría interpretar como un acto de campaña. Xóchitl Gálvez decía que acudiría como una “ciudadana más sin dirigir algún mensaje” (Proceso, 2024). Al final dieron un discurso Guadalupe Acosta Naranjo, vocero del Frente Cívico Nacional; Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez. En esta marcha se apoyó abiertamente a esta última. Quizá lo más relevante es que días previos a su realización, Claudio X. González señaló en su cuenta de X, que la Marea Rosa nunca fue neutral, contradiciendo expresiones previas sobre el carácter “apartidista” del movimiento:

La #MareaRosa nunca ha sido neutral. Siempre ha tomado partido por la democracia, la justicia y la libertad. Siempre ha tomado partido por México. Cuando un partido (Morena), un presidente (AMLO) una candidata a la presidencia (Sheinbaum) buscan destruir la división de poderes, los contrapesos y las instituciones de la democracia liberal, apoyamos sin ambages a la única alternativa que puede derrotar a esa deriva autoritaria en las urnas el 2 de junio: Xóchitl Gálvez y l@s candidat@s de la Coalición Fuerza y Corazón por México (González, 2024).

El discurso del empresario se mantuvo en una tónica polarizante: “Eso no nos hace panistas, priístas ni perredistas. Nos hace congruentes con el cometido de defender a la República. En tiempos como estos, no hay lugar para la neutralidad” (González, 2024). Casi se veía ese evento como un cierre de campaña por parte de Xóchitl Gálvez, aunque oficialmente, ella eligió la arena Monterrey y su ciudad natal en Hidalgo para realizarlo.

Quizá como respuesta, días después, el 29 de mayo de 2024, durante el cierre de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, en el Zócalo de la capital, fueron invitados varios miembros de la iniciativa privada, entre ellos los presidentes de Mota-Engil, Grupo Vidanta, Grupo Minsa y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), así como el Secretario de Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Había un lugar reservado para Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE, pero no asistió.

Por su parte, el candidato Álvarez Máynez optó por un cierre más relajado al que intituló “Máynez fest”, rodeándose de jóvenes en medio de un festival musical, sin la presencia de empresarios.

EL ACTIVISMO EMPRESARIAL EN LA JORNADA ELECTORAL Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ELECCIÓN

Para el día de la elección, el 2 de junio de 2024, el sector empresarial estuvo muy presente y activo. Buscó promover el derecho al voto y para ello llevó a cabo la alianza Me Veo y Elige Votar, impulsada por las principales organizaciones de la iniciativa privada: “Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Congreso del Trabajo y el Consejo de la Comunicación (CC), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC)” (El país, 2024). En total se sumaron mil 88 establecimientos que buscaron sacar a las personas apáticas y abstencionistas a las casillas, entregando productos gratis, cortesías, descuentos y otras promociones sin que se les condicionará u orientará sobre alguna preferencia política.[9]

La jornada comicial se llevó en una de las elecciones más grandes de la historia por la cantidad de cargos a elegir. Según cifras del INE se repartirían “20 mil 708 cargos en todo el país. El número de ciudadanas y ciudadanos llamados a las urnas, 98 millones 329 mil 591 personas (Instituto Nacional Electoral, 2024). El esfuerzo de los empresarios no resultó, ya que no se superó en número la participación de ciudadanos que acudieron a votar en comparación a la elección del 2018. Finalmente, luego de los resultados preliminares, el INE anunció como virtual ganadora a Claudia Sheinbaum con 59.3577% de los votos, seguida por Xóchitl Gálvez con el 27.9056% y Jorge Álvarez Máynez con el 10.4187%. Algo que hay que destacar es que Sheinbaum ha sido hasta ahora la candidata más votada en el país, incluso superando al presidente López Obrador.

Luego del triunfo arrollador de Morena[10], empresarios como Claudio X, y de la COPARMEX, CCE, la CIRT, entre otras, a través de redes sociales y comunicados difundidos en las mismas, reconocieron la derrota y felicitaron a Sheinbaum. En todos los mensajes se hizo un llamado a la unidad y al trabajo en conjunto por un México mejor. Días después de la elección, el 19 de junio de 2024, la virtual presidenta se reunió con más de 500 empresarios entre los que destacaron Francisco Cervantes presidente del CCE, el presidente de Grupo México, “el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios; el dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón; Máximo Vedoya, presiente de Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) de Nuevo León; por parte de la Asociación de Bancos de México asistió Eduardo Osuna, entre otros representantes de la iniciativa privada” (El País, 2024). La idea era poder discutir el plan de trabajo y escuchar las preocupaciones de las y los empresarias/os. Parte del evento giro en torno a la reforma del Poder Judicial, y la futura presidenta afirmó que esa iniciativa no buscaba centralizar, ni restaurar el autoritarismo en el país, sino al contrario buscaba la autonomía de ese poder.

Hasta el momento, ya pasadas las elecciones, Claudia Sheinbaum ha mostrado interés legítimo en mantener un diálogo permanente con el sector privado, y este se ha mostrado dispuesto a atenderlo. En esa línea, el 9 de julio anunció la creación del Consejo Asesor Empresarial y la designación de la empresaria Alta Gracia Gómez como su cabeza, con el objetivo de generar empleos e inversión además de desarrollo regional. [11]

CONCLUSIÓN

En este texto se abordaron los personajes y grupos directamente involucrados en el proceso electoral de 2024, vistos a través de sus encuentros y desencuentros, y de las movilizaciones y marchas en defensa de la democracia, como se ha dicho, con la finalidad de mostrar un panorama de las estrategias desplegadas para asumir y mostrar la posición que tenían los y las miembros relevantes de la iniciativa privada en relación con los perfiles de las candidatas y el candidato a la presidencia en 2024 (y no solo eso, sino frente a la evolución del régimen y del desempeño del gobierno que terminaba).[12]

En términos generales, el sector privado se sintió más identificado con el discurso y postura de Xóchitl Gálvez, y claramente se expresó insatisfecho sobre el rumbo que estaba tomando el país y las políticas que derivaban del gobierno de AMLO. Algunos y algunas se sintieron amenazados por el uso de la tribuna mediática que hacía el presidente en las “mañaneras” y las políticas de asistencia social (los programas sociales), además de las reformas que se plantearon durante este sexenio, muy especialmente en el último año sobre la autonomía del INE y la independencia judicial. Todo ello creó en este sector incertidumbre y desconfianza sobre el futuro de sus inversiones, y demostró que estaban dispuestos a ir más allá y dejar de lado los viejos canales de interlocución y comunicación con los gobiernos (o al menos combinarlos con otros): organizarse, movilizarse y crear alianzas para hacer patente su inconformidad y visión de mundo.

En ese sentido, lo que se aprecia en este sexenio es el despliegue de una estrategia de activismo y movilización intensa de algunos personajes y grupos empresariales, quienes buscaron influir en el espacio público mediante la creación de un frente que se opuso al proyecto de gobierno de AMLO por decisiones que se consideraban afectaban la certidumbre jurídica. Llama la atención la convergencia entre partidos políticos y estos empresarios –una alianza hasta cierto punto nueva– en la defensa de diversas causas que, consideraron, ponían en riesgo la democracia mexicana: el voto libre (en defensa del INE) y la división de poderes (en defensa de la SCJN).

Unid@s fue el grupo que articuló a la oposición y que tendió alianza con los partidos políticos. Si bien podría pensarse que el gobierno utilizó a Claudio X. González como pretexto discursivo, señalándolo como la cabeza visible de la oposición, hay mucho de cierto en su papel como orquestador, a través de diferentes organizaciones, de la oposición durante todo el sexenio. Unid@s usó de forma vaga conceptos como libertad, sociedad civil, derechos y democracia, aunque no le faltaba sustento en sus agravios (los riesgos de las iniciativas presidenciales para la existencia de instituciones fundamentales para la democracia son ciertos).[13]

Aunque esta es la visión general que comparte el empresariado, no todo el conjunto se movilizó en las marchas que se han aludido. La estrategia de interlocución se mantuvo en los sectores más importantes del empresariado y está por verse si dará frutos. Aunque la iniciativa privada reconoció el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, todavía hay ecos de las movilizaciones estudiadas aquí y sigue activo una parte de esta red empresarial que está buscando organizarse para impedir iniciativas que consideran lesivas para la democracia. No obstante, es importante señalar que la mayor parte del sector está tranquilo y a la expectativa.

La iniciativa privada suele ser muy pragmática, orienta su acción hacia la estrategia que le pueda retribuir mejor con los gobiernos en turno para mantener su posición privilegiada y preservar los beneficios que les aporta el statu quo. En esa dirección, tal parece que la estrategia por ahora es observar y dar tiempo a la organización del nuevo gobierno para buscar construir una relación de colaboración que permita poner en la mesa de negociación sus principales preocupaciones, y medir cuál es el margen de acción. Parece ser una buena señal la creación del consejo asesor presidido por una empresaria experta en nearshoring, una de las formas de inversión más buscadas por las empresas en los últimos tiempos. Este panorama parece indicar que el sector privado está dispuesto a negociar y seguir con una inversión sostenida en el país mientras siga ganando, como en el sexenio recién concluido, sin dejar de lado su agenda y su capacidad de movilización cuando considere que su interés está en riesgo.

REFERENCIAS

Acemoğlu, Daron y Robinson, James. (2012). Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder la prosperidad y la pobreza. (Why the Nations Fail 4ª Ed.).

Alba Vega, Carlos. (2006). Los empresarios y la democracia en México, Foro Internacional, Vol. XLVI, núm. 183, pp. 122-149.

Animal Político. (2024). Arranque de campañas: elecciones 2024, las más grandes (y más violentas) de la historia llegan a su etapa crucial. https://animalpolitico.com/elecciones-2024/presidencia/campanas-mas-grandes-historia-violentas

Arista, Lidia. (2021). Sí por México: la organización que quiere quitarle el poder a Morena en 2024. Expansión. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/21/si-por-mexico-iniciativa-que-quiere-sacar-del-poder-a-morena

Arista, Lidia. (2023). Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial de Morena. Expansión. https://politica.expansion.mx/elecciones/2023/09/06/claudia-sheinbaum-es-la-ganadora-de-la-encuesta-de-morena

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Notas

[1] Una nota breve de qué significa “elites extractivistas”

[2] La literatura abunda en esta expresión para definir momentos en los que las condiciones políticas cambian, los actores las perciben (incluso contribuyen a crearlas) y encuentran posibilidades de acción que no tenían antes. Puede ocurrir en un momento rutinario –como una contienda electoral– o en otro imprevisto e incierto –el fallecimiento de un líder político, por ejemplo–. Al respecto, véase López Leyva (2012) para sus aplicaciones en los campos de los movimientos sociales (“ventanas de oportunidad política”) y las políticas públicas (“ventanas de políticas”), en donde existen corrientes muy claras al respecto.

[3] De acuerdo con Monsiváis en “…México están presentes las condiciones que propician el declive democrático desde la llegada de López Obrador a la Presidencia del país en 2018… También he mostrado evidencia de que desde 2019 comenzó un episodio de erosión democrática cuyo desenlace es todavía incierto” (2024, p. 28).

[4] Un dato revelador de la importancia de estas estrategias para estas elites extractivistas. De acuerdo con el ranking de Bloomberg, cuando se habían cumplido cinco años del gobierno de AMLO, se reportaba que cinco de los mayores empresarios mexicanos había duplicado sus fortunas, entre ellos, Carlos Slim Helú y Germán Larrea INFOBAE (Flores, 2024).

[5] “La democracia que emerge en América Latina, en principio, es diametralmente opuesta al gobierno de la élite y, en retórica y acción, intenta repartir derechos y oportunidades como mínimo de un segmento de la elite, pero sus raíces están firmemente ancladas en regímenes extractivos en dos sentidos. Primero, las desigualdades persistentes durante regímenes extractivos que hacen que los votantes de nuevas generaciones emergentes voten a favor de políticos que tienen políticas extremas. Segundo, de nuevo, son las instituciones extractivas subyacentes las que hacen que la política sea tan atractiva y parcial a favor de hombres fuertes” (Acemoğlu y Robinson, 2012, 452-453).

[6] Las marchas en contra de la inseguridad (1997, 2004 y 2008) son ejemplo de que sí lo hacen. Y al menos en la de 2004, se podía avizorar los recursos discursivos de AMLO y su partido –el PRD en ese momento– para descalificar las intenciones de las personas organizadoras (Vid. López Leyva, 2015).

[7] Aunque propiamente solo dos de las cuatro marchas se corresponden en el periodo que trata este artículo, es relevante referirse a todas porque respondía a un mismo impulso, además de ser un eje articulador de la oposición (en la que participaron grupos empresariales).

[8] Para autores como Olvera (2020), el cierre de canales de negociación a grupos empresariales por parte del gobierno de López Obrador derivó en la formación de organizaciones opositoras ubicadas en “la vía político-electoral” como único espacio de control al gobierno. Como el propio autor lo señala, esa derecha ha estado presente desde siempre, en particular a través de organizaciones vinculadas con la iglesia y grupos empresariales. Sin embargo, la diferencia con periodos anteriores sería la alianza de los grupos empresariales con los partidos opositores y la influencia que tuvo sobre ellos a lo largo del sexenio.

[9] Tengamos en cuenta que la candidata Xóchitl Gálvez, luego de las encuestas de salida que daban como ganadora a Claudia Sheinbaum ese mismo día, en repetidas ocasiones hizo hincapié en que ella apostaba por los indecisos y lo apáticos, que si lograba convencer a gente de salir a votar podía ganar la elección. Viéndolo así, parecía que era una estrategia compartida entre los afines a su candidatura y el sector empresarial mencionado.

[10] Según datos del INE, en el Senado Morena, PT y PVEM obtendrían entre 77 y 89 curules, mientras que PAN, PRI y PRD tendrían entre 35 y 42 escaños. En la cámara de diputados obtuvo entre 232 y 250 diputaciones federales.

[11] Hasta el momento de la redacción de este artículo, se desconoce el nombre de las otras personas empresarias que formarán parte del consejo.

[12] La relación de los gobiernos en turno con la iniciativa privada siempre ha sido compleja. Es notable que, a lo largo de la historia, el sector se movilizó siempre que sentía amenazados sus intereses con gobiernos que consideraba de “izquierda” (Adolfo López Mateos, 1958-1964, y José López Portillo, 1976-1982, son ejemplos emblemáticos de ello). Con López Obrador no ha sido excepción. Extraña coincidencia de que sean tres presidentes con el apellido “López”. Habrá que decir que otro presidente con el que hubo serios diferendos fue Luis Echeverría Álvarez (1970-1976).

[13] Eso se aprecia ahora con la aprobación de la iniciativa de la reforma judicial que ha actualizado los temores sobre los riesgos para la democracia mexicana.