INTRODUCCIÓN

Las TIC han venido a transformar diversos aspectos de la vida humana, las herramientas digitales han facilitado el acceso a algunas de sus necesidades, como aquellas en torno a derechos y acceso a la justicia; lo anterior no es ajeno al derecho, ya que ambos aspectos están insertos en el párrafo tercero del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[1] afinidad que ha permitido que ambos funjan como complemento para la potencialización de derechos humanos, que anterior a la incorporación de canales emanados de las TIC, parecían complicados respecto de su ejercicio y garantía. Tal es el caso del derecho humano al acceso a la justicia, previsto en los artículos 17 segundo párrafo de la Constitución Federal, 14 primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; mismos que atienden, en términos generales, a que toda persona tiene la facultad de acudir ante un órgano jurisdiccional, a efecto de atender la controversia planteada derivado de un acto que le cause perjuicio.

Si bien, el ordenamiento jurídico en materia electoral, aplicable para el Estado de México –Código Electoral del Estado de México (en adelante CEEM)- contempla diversos procedimientos jurisdiccionales para que las personas puedan acudir ante el Tribunal Electoral del Estado de México (en adelante TEEM) con el efecto de que puedan ser oídas en juicio, para dirimir alguna controversia; cabe señalar que hasta la fecha de elaboración del presente trabajo, no se ha llevado a cabo la implementación de las TIC en procedimientos de impartición de justicia (juicios en línea) en el Estado de México específicamente en materia electoral, que faciliten el ejercicio de dicho derecho por parte de aquellos que deseen acudir ante dicho órgano jurisdiccional. Lo anterior, acontece en un contexto en el cual, en la entidad el 81.9% de las personas son usuarias de servicios de internet de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2023 (ENDUTIH) (INEGI & ITF, 2024, p. 10).

De ahí la necesidad de la aplicación de herramientas digitales a la justicia electoral practicada en la entidad federativa de mérito; circunstancia que se atenderá al analizar el concepto de justicia digital, desde una perspectiva histórica y comparativa mediante la revisión de casos internacionales que han sido evaluados de forma positiva por indicadores en la materia, para poder observar en un primer momento, la brecha temporal, en relación con el presente estudio –el cual no ha sido implementado- así como, los beneficios que este ha otorgado tanto a los órganos impartidores de justicia, pero sobre todo a sus usuarios. Posteriormente, se aborda un enfoque del concepto de justicia digital desde una perspectiva de derechos humanos a efecto de poder vislumbrar aquellos derechos que serán susceptibles de atender y principalmente de potencializar. Con estas bases y destacando la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante TEPJF), así como ciertos precedentes judiciales se realiza una revisión en los Tribunales Electorales de las entidades federativas que ya han incorporado herramientas tecnológicas a sus diversos procesos jurisdiccionales, sin omitir que el TEEM también han destacado la relevancia y necesidad de atención de la incorporación de las TIC a sus procesos de referencia.

Con los resultados del análisis teórico-conceptual y empírico del objeto de estudio y en ejercicio de la facultad auto regulatoria del propio TEEM, se determinarán aquellas condiciones necesarias para la implementación de una justicia digital electoral en la entidad, con mecanismos propuestos para potencializar los derechos humanos de los usuarios de la justicia electoral en el Estado de México.

I. ANTECEDENTES DE LA JUSTICIA DIGITAL

El concepto de justicia digital (e-justice) y todo lo que este involucra, ha sido sustancialmente debatido en los últimos años, lo que en parte se debe a la creciente expansión y constante innovación de las TIC, mismas que, como bien lo refiere el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Informe sobre el Desarrollo Humano en Venezuela 2002:

… se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) —constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional— y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces).

Esto implica su incorporación en diversos ámbitos de la vida social de las personas -incluyendo los trámites administrativos y el acceso a la justicia- la determinación de este concepto de forma amplia por Sánchez, hace alusión a que las Tecnologías de la Información y Comunicación deben de contener un desarrollo integral para la comunidad, es decir

Una visión integral de desarrollo no implica que se apunte solo hacia el crecimiento económico sino, sobre todo, que impulse el potencial humano en sus diferentes dimensiones para afianzar así la prosperidad económica, pero con equidad, y el fortalecimiento democrático con transparencia y justicia social. (Sánchez, 2008, p. 157).

Dicha aseveración, engloba los conceptos que, a la postre, sustentarán la propuesta de implementación de justicia en dicho ámbito, específicamente en el derecho electoral en el Estado de México, ya que, mediante la misma, se pretende que el actual sistema de justicia desarrollado en dicha rama del derecho contenga elementos de equidad, fortalecimiento democrático, transparencia y justicia social. Por lo que, para el efecto de obtener una visión extensa de lo que involucraría la incorporación de dicho sistema, resulta pertinente observar los principales antecedentes, así como la implementación de herramientas tecnológicas novedosas, ya que dichos procesos han implicado que puedan ser observados como mapas a trazar al momento de desarrollar la justicia digital en los ámbitos internacional y nacional.

a) Internacionales

El primer antecedente que podemos destacar es el relacionado con Estonia, país europeo que desde hace más de quince años ha puesto especial énfasis en la incorporación de las TIC a las actividades gubernamentales, incluida la justicia, ello en atención a que desde el año 2000 comenzó con la interconexión de diversos servicios gubernamentales, generado así el Sistema de Información Judicial (KSI) -por sus siglas en inglés-, que se lleva a cabo en los Tribunales del Condado y Tribunales Administrativos (Primera instancia) y en los Tribunales de Circuito (Segunda instancia), así como en la Corte Suprema; sistema que como se establece en el Centro de Registros y Sistemas de Información de Estonia (RIK) -por sus siglas en inglés-, “permite el registro de casos judiciales, audiencias y sentencias, asignación automática de casos a jueces, creación de citaciones, publicación de sentencias en el sitio web oficial y recopilación de metadatos”(RIK, s.f.). Sistema que, ha sido perfeccionado desde su contemplación, teniendo un lapso de prueba y ejercicio de más de quince años; situación que lo ha llevado a que instrumentos como el Cuadro de Indicadores de Justicia de 2023, elaborado por la Comisión Europea: DG Justicia y Consumidores (European Commission: DG Justice and Consumers, 2023, p. 34), y lo haya considerado como entre los mejores evaluados, en términos de disponibilidad de herramientas electrónicas que permiten a las personas presentar demandas y promociones y que los tribunales publiquen información como citaciones judiciales y demás documentos que permitan una correcto seguimiento de los procedimientos jurisdiccionales en dicha modalidad.

Otro antecedente a considerar en atención a su maximización de servicios relacionados con la justicia digital, es el relativo a la República Popular China que ha tenido tres principales acciones sobre la justicia en el ámbito digital: a) la implementación de los tribunales en línea, los cuales surgieron en 2017 y, de acuerdo con Wang, cuentan con un diseño que permite tramitar litigios relacionados con comercio electrónico, resultado de compras en internet y propiedad intelectual; éstos funcionan como primera instancia y la particularidad que los reviste, es que el sumario se desarrolla completamente en línea (Wang, 2021, p. 44); b) en 2019, mediante la colaboración de la iniciativa privada y el gobierno, ya que la Corte Suprema Popular incorporó un sistema de blockchain, que fue creado por Ant Financial, una filial de Alibaba, que es la compañía más grande de comercio electrónico en dicho país, a dicho sistema se han incorporado las jurisdicciones locales, pretendiendo así mejorar los servicios de autentificación de evidencia en línea en diversos asuntos (Wang, 2021); y c) el proyecto denominado “corte inteligente” que consiste en un software que permita digitalizar la totalidad de expedientes en los tribunales del país en comento para así “facilitar la revisión de documentos y pruebas en línea, aprobación y transferencias; automáticamente generar transcripciones de juicios; hacer referencia automáticamente a sentencias de casos similares y leyes relacionadas” (Wang, 2021, p. 40).

Finalmente, podemos dar una mirada hacia el ámbito Latinoamericano, específicamente a Colombia –país que encuentra cierta similitud en cuanto a su evolución respecto de México-, ello en atención a que comenzó con la implementación de herramientas tecnológicas a partir del artículo 95 de la ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— ya que dicho numeral, preveía que “los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones” (Bustamente & Marin, 2020, p. 421). No obstante, para estos autores, no fue sino hasta 2011 cuando se reguló mayormente el uso de TIC en el proceso jurisdiccional y pudo culminar en cierta forma la inaplicación práctica del artículo 95 de la ley 270 de 1996; a pesar de ello, dicho país ha implementado múltiples herramientas de acción, como lo son el “Plan de Justicia Digital para Colombia”, “Política de Gobierno en Línea” “Pacto por la Equidad” “Justicia Moderna con Transparencia y Equidad”, que han tenido como finalidad esencial la incorporación e implementación de las TIC al ámbito de justicia, por lo que en dicho país podemos observar un plano mayormente regulatorio y no tan práctico en cuanto a su aplicación.

A su vez, esta valiosa aportación que han resaltado Bustamente & Marín, implican también aquellos retos determinantes a partir del proceso de transición de la justicia en papel, los cuales son:

· Asignaciones presupuestales débiles para el fortalecimiento de la infraestructura de conexión tecnológica, generando redes institucionales de datos no interconectadas y con casi nula interoperabilidad, “quedando reducida a eventuales intercambios por correo electrónico.

· Ausencia de implementación de la firma digital para los diferentes despachos que integran la Rama Judicial del poder público, herramienta apenas utilizada en experiencias piloto, de manera que la transferencia de documentos por medio electrónico es escasa (Bustamente & Marin, 2020, p. 436).

Todos ellos son elementos que deben ser tomados en cuenta al momento de transitar a la justicia digital electoral.

b) Nacionales

En México, la justicia digital tampoco ha sido una herramienta reciente en cuanto a su implementación -al menos en su acepción normativa- ya que, como bien lo destaca Ríos, los primeros antecedentes en dicha rama los encontramos en “el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 29 de mayo de 2000, a través del cual se adicionó el artículo 210-A al Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología” (Ríos, 2017, p. 411). Aunado a ello, Ríos hace énfasis en un segundo antecedente relevante que hasta la fecha ha adquirido vigencia en cuanto a su implementación en diversas materias tanto del fuero federal como los relativos a las entidades, relacionado con la aplicación de firma electrónica, el cual surge a partir del decreto de 29 de mayo de 2003, mediante el cual se reformó el Código de Comercio (Ríos, 2017).

A partir de dichas datas es que en nuestro país ha crecido de forma paulatina la implementación de justicia digital, teniendo actualmente como principales referentes, en cuanto a su uso, aquellos procedimientos aplicables que derivan de la Ley de Amparo que han derivado de los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2023 relativos a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico 1/2015 que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; ya que tal y como se desprende del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (en adelante PJF), mediante el mismo, se pueden llevar a cabo actos procesales, como la presentación de demandas, solicitudes, escritos iniciales, promociones, así como la consulta de notificaciones y documentos, dentro de los expedientes electrónicos.

Esta circunstancia permea, a su vez, en el juicio contencioso administrativo federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 58-4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, disposición que entró en vigor a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009) en fecha doce de junio de dos mil nueve, derivado del Decreto “por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” iniciativa en la que se destaca, en su parte explicativa, la siguiente nota argumentativa: “Es impostergable la modernización del sistema de impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas” (DOF, 2009), sistema que en su actualidad se encuentra en la versión 2.0 teniendo como característica, la implementación digital desde el inicio del procedimiento hasta la fase de emisión de sentencia.

A partir de dichos momentos y acontecimientos normativos se ha ido generando una amplitud en cuanto a los servicios digitales relacionados con la justicia, principalmente en el ámbito federal –no omitiendo que múltiples Poderes Judiciales Estatales han implementado paulatinamente procedimientos digitales- hasta el punto en el que, a la fecha, existen herramientas automatizadas de inteligencia artificial como lo es el chatbot llamado “JusticIA” del Seminario Judicial de la Federación que, según el PJF, se implementó con el “objetivo de mejorar el acceso a la información jurídica contenida en el Sistema de Consulta del Semanario Judicial de la Federación y agilizar los procesos” (Piña, 2023, p. 62).

De lo anterior, podemos denotar que la justicia digital ha sido ampliamente abarcada, ya que como bien se observará, dicha concepción atiende tanto a una modernización tecnológica como a una potencialización a derechos humanos que están consagrados en instrumentos internacionales y nacionales en el caso mexicano, por lo que las experiencias relatadas de entidades internacionales y la relacionada con el caso nacional ponen de relieve los procesos que han desembocado en la correcta implementación de la justicia digital, camino que será explorado tanto en su concepción normativa como práctica para los efectos propuestos en el presente artículo.

II. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA JUSTICIA DIGITAL DESDE LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS

Derivado del incesante avance tecnológico y de la propia característica dinámica que enmarca el derecho, existen múltiples concepciones sobre el término acuñado como justicia digital; no obstante, anterior al abordaje de las más relevantes para efectos del presente instrumento, resulta imperante determinar el enfoque de derechos humanos que sustentará la adición de las TIC a la justicia electoral enmarcada en el Estado de México. Motivo por el cual, en un primer término, se hará énfasis al abordaje de estos derechos desde una perspectiva digital, para lo cual resulta plausible observar su origen. Pérez Luño (2003) refiere que los derechos humanos son un conjunto de facultades e instituciones que suceden en cada momento histórico y que se traducen en la exigencia por la dignidad, libertad e igualdad, con el fin de su reconocimiento positivo dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. En dicha acepción existen elementos característicos e importantes para comprender el concepto, es decir, que estos tienen un sentido dinámico, en atención a que refiere que estos están en cierta forma supeditados o condicionados a los diversos momentos históricos en los cuales se desarrollan.

Lo anterior, se puede observar en su clasificación por generación, en atención a los sujetos y aspectos de protección que han tenido vigencia en cada momento temporal, circunstancia que ha ido acrecentado en forma gradual, arribando a generaciones más actuales, en las cuales se ha visto involucrado el impacto que las tecnologías tienen en la existencia humana, acontecimiento que se ha ido acrecentado atendiendo al principio de progresividad. Por lo que, es a partir de lo determinado por dicho principio, por el cual se pretende

… fortalecer las acciones de garantía y protección de los derechos humanos, enfocado al mejoramiento de los instrumentos normativos de regulación, de las acciones gubernamentales, de la formulación de políticas públicas y las asignaciones presupuestales que permiten el goce pleno de derechos humanos o bien, de la generación de condiciones para el ejercicio de derechos humanos” (Ramírez, 2022, p. 7).

El cual, tiene que ir necesariamente acompañado de la constante evolución digital, ya que, mediante la incorporación de las TIC a dichos derechos, como lo refieren (Díaz y Castro, 2021) se pretende que tengan una incidencia mayor, derivada de las tecnologías de la vida cotidiana.

Las herramientas tecnológicas como el internet son un aliciente en cuanto a su acceso por parte de la ciudadanía en general, procurando así acercar el ejercicio y demanda de esos derechos, lo cual los convierte en verdaderos derechos humanos que puedan exigirse y que no se encuentren solamente patentados de forma visible en las normas jurídicas. Para efecto de aterrizar el enfoque enunciado resulta pertinente hacer énfasis a los dos derechos humanos sobre los cuales está sustentada –de forma enunciativa, más no limitativa- la justicia digital en México; el primero de ellos -derecho de acceso a la justicia- está reconocido expresamente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que refiere:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (Diario Oficial de la Federación, 1917).

Dicho precepto constitucional adquiere una relevancia vital para sustentar el concepto de administración de justicia y su efectiva garantía de acceso, destacando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido los parámetros que le corresponden, tal como se desprende del contenido de la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.)[2] definiéndolo como aquel que

… toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 2017).

Parámetros sobre los cuales resulta imperante realizar el cuestionamiento sobre ¿cómo el Estado garantiza realmente un acceso a la justicia? Para ello cabe resaltar que existen muchas situaciones o circunstancias que pueden complicar o evitar su acceso, mismas que deberían ser atendidas por el propio Estado y dentro de las cuales podemos destacar las apreciadas por el Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), mecanismo de monitoreo de la Justicia en América Latina creado y coordinado por el Centro de Estudios de Justicia de las América (CEJA) que efectúa su categorización. Respecto de la primera directriz, encontramos a las llamadas barreras institucionales que están mayormente enfocadas hacia el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como aquellas denominadas barreras sociales, culturales y económicas, dentro de las cuales encontramos a las cuestiones de índole económica, geográfica y física. Las primeras están relacionadas con

… aquellas que dificultan el acceso a la justicia por motivos monetarios; ya sea por la necesidad del pago de cuotas judiciales, el pago de honorarios de abogados o abogadas, el pago de fotocopiado y otros trámites, así como el traslado y hospedaje para concurrir a los tribunales u otras instituciones del sistema de justicia. (OCCA, 2018, p. 146)

Las referentes cuestiones geográficas y físicas están asociadas con los obstáculos en el acceso a la justicia debido a que estas circunstancias impiden su alcance de quienes viven en zonas alejadas de los centros urbanos o lugares físicos en los que encuentran las instituciones físicas de impartición de justicia, así como a otros mecanismos de gestión de la conflictividad formales (OCCA, 2018, p. 149).

Ahora bien, nos enfocaremos al segundo derecho fundamental que guarda estricta vinculación con el concepto a desarrollar: al derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, el cual está previsto en el numeral 6 de la CPEUM, que establece en su Artículo sexto que (…) "el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet" (DOF, 1917). Si bien dicho derecho puede observarse hasta cierto punto alejado del anteriormente enunciado, los mismos tienen como punto de encuentro la justicia digital; ello en relación a que el derecho contenido en el numeral 6 de la CPEUM, determina que el Estado deberá de garantizar a la población el acceso a las TIC, lo cual se asume que en atención a la viabilidad de contar con servicios tecnológicos como el internet, se puede hablar de la implementación de la justicia digital sin verse imposibilitada por cuestiones de manejo de las TIC por parte de la sociedad.

Aunado a ello, podemos determinar que, la constante evolución que han tenido las TIC, ha logrado un impacto positivo en los diversos rubros que forman parte de la vida cotidiana de la sociedad, dentro de la cual, encontramos los procesos de acceso a la justicia, sumado a que, como bien lo determinó la Segunda Sala de la SCJN en la resolución que emitió en el Amparo en Revisión 1242/2015, el internet –herramienta que forma parte de las TIC- ha revestido tal importancia para el desarrollo económico y social del país, que ha sido el medio primigenio mediante el cual se han podido materializar diversos derechos humanos en nuestra nación (SCJN, 2015). De tal conjunción entre los derechos humanos ya enunciados, es que surge el concepto de justicia digital oe-justice, el cual ha sido ampliamente debatido y repensado, atendiendo en su mayor parte, al constante desarrollo de las tecnologías y la probable incorporación de estas hacia la esfera judicial. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) menciona que la justicia electrónica es

… un término general que captura cualquier esfuerzo para administrar, entregar, fortalecer o monitorear servicios de justicia utilizando tecnologías digitales. Incluye esfuerzos de instituciones como tribunales, gobiernos e instituciones de derechos humanos, personas como abogados y defensores de derechos humanos, y entidades privadas y de la sociedad civil. (United Nations Development Programme, 2022, p. 9).

Mientras que para Virginia López la justicia electrónica

… resulta una opción más viable en el seno de la sociedad del conocimiento porque es un concepto que involucra cualquier transacción institucional efectuada por medios electrónicos ya sean éstos: teléfonos, fax, internet, el télex, etc., con el objeto de agilizar el proceso judicial por medio de la reducción de tiempos y costos. (2016, p. 1).

Por otro lado, Castillo realiza una apreciación conjunta, al referirse a la misma como

… el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (tic) en los procesos y procedimientos (jurisdiccionales o administrativos), cuya tarea es facilitar las actividades y el quehacer institucional de quienes imparten justicia, por lo que para resolver las controversias que se plantean se usan las tic desde el inicio del proceso o procedimiento, hasta el dictado de una sentencia o resolución, incluyendo la admisión y el desahogo de pruebas. (2021, p.152).

De lo anterior, se podría determinar que la e-justice es aquella directriz que incorpora diversas tecnologías de la información y comunicación a los servicios de justicia, permitiendo así la facilidad en cuanto al acceso a sus órganos y procedimientos, materializando así –principalmente- los derechos humanos de acceso a la justicia y el diverso de las tecnologías de la información y comunicación, eliminando diversas barreras actuales que impiden el real y efectivo acceso a la misma. Circunstancia que hace énfasis en cuanto a la necesidad de su atención, en virtud de que, como bien se puede observar en las cuatro últimas actualizaciones de la ENDUTIH (2020, 2021, 2022 y 2023), ha existido un crecimiento en personas –de seis años o más- que son usuarias de internet a nivel nacional, tal como se desprende de la gráfica 1.

Gráfica 1.
Porcentaje de usuarios de internet a nivel nacional (2020-2023).
Fuente. Elaboración propia con datos de las ENDUTIH (2020, 2021, 2022 y 2023).

De dicha gráfica, se desprende un crecimiento paulatino de personas que son usuarias de internet, llegando en 2023 a un 81.2% de la población total en el territorio nacional, lo cual, según la encuesta de mérito, refiere a que 97 millones de personas utilizan dicho servicio que da pie al uso de las TIC. Ahora bien, cabe destacar que dentro de ese instrumento de medición se hace a su vez una evaluación respecto de cada entidad federativa, de la cual resulta prudente llevar a cabo una recopilación de datos respecto del Estado de México –ámbito territorial de aplicación de la presente investigación- del cual se desprende lo visible en la gráfica 2.

Gráfica 2.
Porcentaje de usuarios de internet en el Estado de México (2020-2023).
Fuente. Elaboración propia con datos de las ENDUTIH (2020, 2021, 2022 y 2023).

De los datos contenidos en la gráfica anterior, se aprecia que ha existido un incremento, desde la primera muestra en análisis (2020) a la última (2023) del uso del internet y TIC por parte de la población en el Estado de México, llegando en esta última a un 81.9%, lo cual muestra la necesidad de incorporar herramientas y procesos tecnológicos que permitan facilitar el ejercicio de los derechos humanos –de acceso a la justicia y el diverso de las tecnologías de la información y comunicación- de la población de dicha entidad federativa. Circunstancia que ya ha acontecido en ese espacio territorial, ya que el Consejo de la Judicatura del Estado de México, en un constante análisis de la demanda de los servicios de administración de justicia, instauró mediante la Circular 20/2018, el Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de México (PJEDOMEX), que permite a la ciudadanía optar por la tramitación de procedimientos no contenciosos en las materias Civil, Familiar o Mercantil. Lo anterior ha tenido un crecimiento gradual, ya que en 2024 admite que el usuario pueda, mediante una serie de requisitos, acceder al expediente electrónico de aquellos asuntos que inclusive no sean tramitados por vía electrónica, con el fin de poder llevar a cabo un seguimiento puntual, así como la tramitación de la firma electrónica de dicho Poder Judicial llamada “FeJEM” (PJEDOMEX, 2021).

No obstante, dicha institución no es la única de la entidad que ha implementado diversas herramientas digitales, ya que el Gobierno del Estado de México cuenta con un portal en el que la población puede llevar a cabo una serie de trámites y servicios de forma digital denominado “Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en Línea”. Suceso que dista totalmente en materia de justicia electoral en la entidad ya que hasta la primera mitad de 2024 se desarrolla una justicia en papel, imperando la tramitación de forma presencial, ya que tanto la presentación de escritos o promociones, así como el total seguimiento del procedimiento, deberá seguirse de forma física ya sea ante la autoridad responsable o ante el propio Tribunal Electoral de la entidad, lo que denota un área de oportunidad.

De lo anterior se advierte que han sido instaurados diversos elementos que pretenden transitar a una etapa de modernización de los servicios y/o herramientas públicas en el Estado de México, contexto que no ha sido ajeno a lo que ha permeado a lo largo del territorio nacional, ya que como bien se establece en el “Diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales en México”, elaborado por el centro de análisis de políticas públicas “México Evalúa”, se destaca que los poderes judiciales han transitado de forma gradual hacia la justicia digital en diversas materias desde el año 2000, ya que según dicho estudio, en la data especificada, trece de dichas entidades ya contaban con expedientes electrónicos y en 2021 –elaboración de dicho estudio- 23 de estos ya habían implementado dicho mecanismo y 1 se encontraba en desarrollo. (México Evalúa, 2022).

De ello, cabe destacar desde este momento la relevancia en cuanto a la aplicación de la justicia digital electoral en la entidad materia de la presente investigación, a fin de determinar su relevancia y posible uso. Lo anterior evidencia a partir de la gráfica 3 elaborada por parte de México Evalúa, dentro del estudio ya referido.

Gráfica 3.
Herramientas tecnológicas en los poderes judiciales en México.
Fuente: Diagnóstico de implementación de herramientas tecnológicas en los poderes judiciales en México (México Evalúa, 2021, p. 50).

De dicha representación numérica se aprecia que el Estado de México fue de las entidades con mayor número de demandas presentadas por medio de plataformas electrónicas, ya que a partir de su implementación en 2018 y hasta 2021 –con corte al 31 de junio de dicho año-, se interpusieron un total de 15,074 escritos (México Evalúa, 2021, p. 51), colocándose así en la quinta posición de los poderes judiciales en los cuales ya se encontraba la implementación de TIC en dicho ámbito, lo que en conclusión nos da un panorama óptimo de aceptación y uso de la digitalización propuesta en materia electoral. Por lo que, para tener un panorama amplio de lo que ha implicado la digitalización de la justicia electoral en México, resulta prudente llevar a cabo un análisis de aquellos antecedentes, así como puntos torales que deberán de ser tomados en consideración al momento en el cual se lleve a cabo la implementación de la propuesta vertida en esta investigación.

III. HACIA UNA JUSTICIA ELECTORAL DIGITAL EN MÉXICO

Anterior a plantear una revisión hacia el ámbito federal y aquéllos locales que cuentan con un enfoque de digitalización de la justicia en el rubro electoral, resulta necesario fijar un parámetro de lo que implica la idea del concepto estudiado para poder determinar los aspectos en los que debe de impactar el aspecto digital y sus limitaciones. Por ello resulta indispensable hacer una distinción teórica, primero por cuanto hace a lo que conlleva el concepto de referencia y, segundo, aquello que debe tener dicha acepción para contar con los calificativos de eficiencia y eficacia, es decir, que la misma sea correctamente funcional. Respecto del primero de los rubros ya referido, resulta imperante hacer énfasis en la definición que brinda Orozco respecto de la temática planteada, el cual puede ser comprendida como aquella

… serie de mecanismos y medios de defensa mediante los cuales se busca garantizar el cumplimiento de los principios de elecciones libres, justas y auténticas, así como la salvaguardia de los derechos político-electorales de todas las personas. Por lo anterior, el diseño de un sistema de justicia electoral apropiado es fundamental para la legitimidad democrática y la credibilidad de los procesos electorales. (Orozco, 2013, citado en Espinoza, 2020 p. 13).

Por cuanto hace a la segunda parte determinada es atendible citar el razonamiento proporcionado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) –por sus siglas en inglés-, en conjunto con el TEPJF, mismos que estiman que para

…que la justicia electoral sea completa y efectiva, “los procedimientos de resolución de conflictos electorales deben ser accesibles en términos de tiempo, distancia y costo, así como incluyentes, para que los ciudadanos, candidatos, partidos y agrupaciones políticas puedan plantear sus impugnaciones, sin distinción”. Asimismo, éstos deben garantizar el derecho a la defensa en tanto que los peticionarios y terceros interesados puedan alegar sobre sus intereses, al mismo tiempo que se está en la posibilidad de emitir una resolución de manera pronta sobre el conflicto planteado. (2020, p. 11).

De dichas expresiones, podemos consolidar una visión integral[3] de justicia electoral, con la finalidad de poder visibilizar la necesidad en cuanto a la incorporación de las TIC hacia esta en el espacio territorial del Estado de México y que su adición pueda permear de forma positiva y atinada sobre los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y atención de los derechos de sus usuarios. Es por lo que, a partir de este punto, se pretende apreciar el escenario actual que guarda la digitalización judicial tanto en el ámbito federal –TEPJF- así como aquellos locales que ya cuenten con su implementación o que, en su caso, se encuentren en vías de desarrollo.

1) Revisión a nivel federal de la implementación de justicia digital electoral

La justicia electoral en el ámbito federal, sin lugar a duda ha sido la más progresista en nuestro país, ya que mediante la estructura del TEPJF se han implementado políticas, criterios y acciones que han actuado como punta de lanza para diversos cambios que han impactado positivamente en la concepción de la justicia electoral en México, tal es el caso de la incorporación del juicio en línea, mismo que si bien ya estaba siendo contemplado en forma de propósito por parte de dicha institución, no fue sino hasta que detonó la pandemia de COVID-19, cuando se materializó su ejecución.

Ya que en razón de las circunstancias que permearon dentro de dicho entorno de salud, esa autoridad jurisdiccional vislumbró que, mediante la incorporación de esa herramienta opcional para los usuarios, se podría garantizar lo contenido en los artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen que los Estados partes de dichos instrumentos internacionales –en los cuales está incluido el estado mexicano-, deberán de preponderar el que los usuarios de la justicia cuenten con herramientas que garanticen el derecho a un recurso judicial efectivo, que esté dotado de sencillez y rapidez, con la finalidad de que sea un tribunal que conozca del mismo, para que mediante el proceso respectivo determine si en la litis planteada, existe alguna violación a derechos humanos y en su caso, determinar su reparación.

Así, mediante los Acuerdos Generales 5/2020 y 7/2020 de la Sala Superior del TEPJF, se concretó normativa y estructuralmente la implementación de la herramienta en mención, aprobándose los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral de ambos acuerdos destaca la motivación que llevó a su implementación, ya tuvo como finalidad la de

… remover obstáculos que puedan existir para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, de optimizar su impartición, modernizarla y hacerla accesible para todos y todas de forma más expedita, se considera necesario utilizar las tecnologías de la información que se encuentran actualmente a disposición de las y los mexicanos, para implementar el Juicio en Línea en Materia Electoral como un recurso sencillo, rápido y efectivo, que permita el restablecimiento del derecho conculcado, si es posible, y la reparación de los daños producidos, con el que, además, se realice un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados a este órgano jurisdiccional” (TEPJF, 2020, p. 10).

De ello resulta imperante señalar que con dicha herramienta se buscó remover los obstáculos identificados en la llamada justicia de papel, dando entrada a los parámetros sobre los cuales el estado mexicano, a través de la institución del TEPJF, buscó garantizar de forma atinente y adecuada el acceso a la justicia, a través de la optimización en cuanto a su impartición, su modernización, su accesibilidad, sobre todo atendiendo a la conformación de las circunscripciones en las que están planteadas las cinco Salas Regionales del TEPJF, ya que cada una cuenta con jurisdicción en diversos Estados de la república, lo que podría complicar el hecho de la presentación de escritos iniciales o promociones de aquellos sujetos que se encuentren fuera del Estado sede en el cual se ubique cada autoridad en particular. Aunado al uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos. Escenario que se ha ido logrando conforme los usuarios se han familiarizado e implementado esta optativa para el desarrollo de los medios de impugnación en materia electoral.

Una vez patentado lo anterior, cabe señalar la trascendencia que tiene la plataforma denominada juicio en línea, misma que, derivado de su confiabilidad, accesibilidad y amabilidad con el usuario, ha sido tomada como ejemplo para que diversas instituciones locales generen sus sistemas en dicho sentido, ya que como puede observarse en el Manual de usuario generado por la Jefatura de Unidad de Desarrollo de Sistemas, de la Dirección General de Sistemas del propio TEPJF (s.f.), existen acciones que permiten dotar de certeza, confiablidad, pero además seguridad tanto al usuario como al órgano jurisdiccional respecto de las promociones ingresadas así como sus respectivos anexos –pruebas-. Tal como es su registro e ingreso mediante instrumentos electrónicos proporcionadas por autoridades federales como el Poder Judicial de la Federación (FIREL), Servicio de Administración Tributaria (EFIRMA) o el Instituto Nacional Electoral (FIRMAINE), es decir, dichas firmas electrónicas pueden ser generadas por cualquier persona al realizar trámites ante las autoridades ya enunciadas, por lo que hace común su obtención y posesión, facilitando así que en cualquier momento y sin trámite presencial alguno, los usuarios puedan ser registrados ante la plataforma de mérito y así poder ejercer sus derechos en la materia de análisis.

2) Revisión a nivel local de la implementación de justicia digital electoral

De acuerdo con el artículo 116 fracción V de la CPEUM, cada Estado de la república cuenta con un tribunal electoral local, independiente del TEPJF, encargado de resolver las controversias electorales en su ámbito territorial de competencia, por lo que en atención a su autonomía, independencia y garantía de los principios constitucionales y legales, algunos de estos han optado por la incorporación de las TIC a sus procesos jurisdiccionales, potencializando de tal forma los derechos humanos enunciados con antelación. Situación que ha generado que inclusive el TEPJF haya efectuado diversos ejercicios con la finalidad de que dicho escenario pueda permear a nivel nacional en cada uno de los órganos jurisdiccionales locales; tal es el caso del proyecto de sentencia elaborado por el entonces Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, en el expediente SUP-JDC-324/2023, en ese caso, el actor –persona mexicana residente en el extranjero- recurría una omisión legislativa por parte del Congreso de la Unión en virtud de que, si bien tanto en la CPEUM como en los diversos tratados internacionales de los cuales el estado mexicano forma parte se encuentran reconocidos los derechos de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, éstos no habían sido considerados realmente por las autoridades[4] encargadas de impartir justicia en el ámbito electoral local, ya que no había mandato expreso que regulara la justicia digital, lo cual a criterio del recurrente, al ser una persona mexicana residente en el extranjero encontraba diversas barreras u obstáculos en atención a la distancia para ejercer sus derechos en materia electoral y que estos puedan ser valorados por dichas instituciones.

De ello, cabe destacar que, en el proyecto de resolución, que fue puesto a consideración de la Sala Superior del TEPJF, se planteaba que

…esta Sala Superior advierte que las personas mexicanas residentes en el extranjero, reconocidas como un grupo en situación de vulnerabilidad, se enfrentan a barreras u obstáculos para acceder a la justicia electoral de las entidades federativas, ya que la presentación de medios de impugnación, en la mayoría de los tribunales electorales locales, requiere de la asistencia presencial, pues de los 32 tribunales electorales locales, solo 3 de ellos cuentan con el juicio en línea –el de Guanajuato, el de Nuevo León y el de Veracruz-. (TEPJF, 2023, p.15).

Lo anterior evidencia que existía un reconocimiento expreso de que los derechos instituidos por el actor, si bien se encontraban en las leyes supremas en materia de derechos humanos, no pueden ser ejercidos de forma correcta, completa y amplia por parte de los ciudadanos, ya que están condicionados a sobrepasar diversas barreras, obstáculos e impedimentos, tales como el trasladarse hasta la sede jurisdiccional o en su caso de la autoridad responsable para poder promover de forma física tanto los medios de impugnación como cualquier promoción que derive del mismo, erogando recursos que en ocasiones, pueden generar que estos derechos no puedan ser peticionados a las autoridades jurisdiccionales de forma correcta. No obstante, por mayoría de votos, la Sala Superior, determinó no estudiar el fondo de la controversia planteada, en atención a que, se consideró que no existía ninguna omisión por parte del Congreso de la Unión, atendiendo a que, a su criterio, no existía una norma que obligara al mismo a legislar en la materia, a pesar de ello, tanto la Magistrada Jannine M. Otálora Malassis como su par Reyes Rodríguez Mondragón, emitieron un voto conjunto concurrente, en el que sostienen

… se debió vincular a los tribunales electorales de las entidades federativas, que aún no han realizado acciones en este sentido, para que implementen los mecanismos necesarios, en la medida de sus posibilidad económicas y tecnológicas, para garantizar la efectividad en el acceso a la justicia electoral de las personas mexicanas residentes en el extranjero (TEPJF, 2023, p.10).

Medida que, si bien no tuvo efectos jurídicos en atención a su votación, si ha tenido un impacto indirecto en la implementación de mecanismos por parte de las autoridades jurisdiccionales locales electorales ya que, como lo determinó el proyecto de referencia, al momento de su emisión ya se contemplaban mecanismos tecnológicos en los Estados de Guanajuato, Nuevo León y Veracruz a los cuales se han añadido, por mencionar algunos, la Ciudad de México, Morelos y Aguascalientes. Casos que en su conjunto deberán de ser tomados en consideración al momento de llevar a cabo la implementación de la propuesta del presente trabajo de investigación; ello ya que cada uno en lo particular contiene elementos propios que podrían sumar a la consolidación de una propuesta integral que cuente con los mayores beneficios para la población, así como para el Tribunal Electoral local y las autoridades involucradas.

Tal como lo es el costo de implementación –a fin de considerar en el ejercicio presupuestal correspondiente- ya que el Tribunal Electoral de Guanajuato reportó que este fue de $5,892,429.84 (cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 84/100 M.N.),[5] por lo que corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, el costo de ejecución fue de $49,300.00 (cuarenta y nueve mil trescientos pesos 00/100 M.N.).[6] No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reportó que la implementación de dicha plataforma no generó ningún costo programable en atención a que dicho órgano jurisdiccional con recursos humanos propios, adscritos a la Dirección General de Sistemas de dicho órgano jurisdiccional,[7] desarrollaron e implementaron dicho sistema, circunstancia que se aterrizará en el apartado correspondiente a las condiciones para la implementación de la propuesta de mérito.

Un diverso rubro a considerar es la forma en la que se determinó su implementación, es decir, las modificaciones normativas que tuvieron que acontecer para que dicha herramienta estuviera sustentada jurídicamente; de ello cabe destacar que en la totalidad de Estados que fueron tomados en cuenta para la elaboración del presente apartado (Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México) así como el TEPJF, se destaca que los Tribunales Electorales no acudieron a los Poderes Legislativos para modificar alguna ley, código o norma que permitirá la incorporación de la justicia digital. Sino que, dicho elemento fue realizado a partir del mecanismo de autorregulación con el que cuenta cada órgano jurisdiccional, permitiendo una rápida materialización ya que, al tratarse de acuerdos, lineamientos y/o manuales aplicados en su caso por los plenos de los propios órganos jurisdiccionales electorales, dichos instrumentos permitieron que fueran implementados sin acudir al Poder Legislativo, lo cual en la práctica podría retrasar y complicar su ejecución.

Finalmente, cabe acotar que, si bien el Estado de México no cuenta con un sistema diseñado para aplicar la justicia digital electoral en dicha entidad federativa, existe un precedente dictado por el propio Tribunal Electoral local en el cual se efectuó un ejercicio ponderativo de derechos, permitiendo así dar pie –al menos en lo teórico- a la implementación de lo pretendido en la presente investigación.

Dicho antecedente, se contiene en la sentencia dictada por el TEEM, en el expediente JDCL/49/2023; de su sumario, se aprecia que la actora interpuso vía correo electrónico un escrito de procedimiento especial sancionador, motivo por el cual la Secretaría Ejecutiva del IEEM lo desechó, en atención a que como lo establece el Reglamento para la Sustanciación de Procedimientos Sancionadores del IEEM, este debía contener firma autógrafa, controvirtiendo la actora dicha actuación, así como

… la omisión del Consejo de emitir lineamientos que permitan a los ciudadanos maximizar su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, mediante la presentación de escritos de queja y/o denuncias firmadas electrónicamente y no mediante firma autógrafa. (TEEM, 2023, p. 4).

Por ello, el TEEM en atención a un ejercicio interpretativo, tanto de preceptos constitucionales como convencionales, así como de normatividad local, como es el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital en el Estado de México (Periódico Oficial, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 2019), de los cuales destaca el análisis amplio de derechos de tutela judicial efectiva y acceso a las tecnologías de la información y comunicación, determinó atender como fundados los agravios esgrimidos, dentro del cual destaca el relativo a la omisión del IEEM respecto de la emisión de lineamientos que regulen los trámites y servicios electrónicos, vinculando a dicho Organismo Público Local Electoral a su emisión y por consecuente a la incorporación del mismo al Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios (SEITS) del Gobierno del Estado de México. Cumplimiento que, si bien aún se encuentra pendiente por parte de la autoridad comicial local, ha sentado un precedente en el cual el propio tribunal, ha considerado la garantía de los derechos referidos en la determinación en comento.

Una vez visto lo anterior y atendiendo a las líneas que han determinado tanto el TEPJF como los diversos organismos jurisdiccionales locales, resulta plausible aterrizar la propuesta planteada, conforme a los parámetros que se determinarán para tal efecto, con la finalidad de que las personas del Estado de México cuenten con un real ejercicio y garantía en cuanto a los derechos humanos anteriormente atendidos.

IV. CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA DIGITAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

Con lo anterior, cabe mencionar el área de oportunidad que existe en la justicia electoral en el Estado de México, así como los beneficios y, sobre todo, el ejercicio efectivo de derechos humanos que implica el hecho de digitalizar la misma, por lo que resulta prudente llevar a cabo un análisis sobre aquellos elementos mínimos que deberá de contener dicho su implementación, para que este pueda cumplir con los fines enunciados. Para lo cual, resulta hacer énfasis en el ¿cómo se puede transitar de una justicia tradicional a una digital electoral en el Estado de México? de ahí, cabe destacar que como bien se puntualiza tanto en el proyecto de resolución del expediente SUP-JDC-324/2023, como específicamente en el artículo 390, fracción X del CEEM –mismo que determina las atribuciones del pleno del TEEM- este cuenta con la facultad de expedir y modificar la reglamentación interna necesaria para contar con un correcto funcionamiento; circunstancia que desde este punto se hace énfasis, ya que la presente herramienta no implica una actuación del poder legislativo local, lo cual, podría complicar su implementación.

Aunado a que no se prevé ningún obstáculo en el ámbito informático, ya que el propio tribunal local, en términos del numeral 41, fracciones IV y X del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de México, cuenta con una Coordinación de Informática que, si así lo determina el pleno del TEEM, dicha área estaría encargada de llevar a cabo el sistema o plataforma en el cual se desarrollaría lo propuesto en el presente trabajo, es decir, se deberán considerar, algunos parámetros que de acuerdo con Medina (2022) permiten generar las condiciones mínimas que deben de tener los sistemas en los que se implementen las TIC en los procedimientos jurisdiccionales, los cuales atienden cuestiones relacionadas al usuario y a las autoridades involucradas.

Dentro del primer rubro, cabe destacar la optatividad, revocabilidad, identidad, acceso total, instaneidad, interacción y desterritorialización (Medina, 2022); la primera de ellas, vinculada a que el usuario puede optar de forma libre, la vía en la cual pretenda accionar al órgano jurisdiccional, es decir, el digitalizar los procesos jurisdiccionales, no debe de traer aparejado el cese del procedimiento en papel o tradicional, ello para no vulnerar los derechos humanos de personas carentes de alfabetización digital. Al mismo tiempo se establece la revocabilidad estrechamente vinculada a la primera de las ya analizadas, con el fin de que el usuario pueda en tomo momento –desde el inicio hasta el fin del juicio- transitar de la vía tradicional a la digital y viceversa, es decir, el que la persona haya iniciado el sumario por la vía digital no necesariamente obliga a que el trámite del mismo sea por dicha vía, sino que en todo momento puede solicitar el cambio de tramitación, debiendo generarse un respaldo digital de las constancias por parte de la autoridad jurisdiccional, con la finalidad de que se pueda garantizar dicha transición por parte del peticionario.

Cabe señalar que la identidad alude a que no debe de existir una variación en cuanto a los plazos, términos, requisitos, presupuestos procesales, etc. Situación que pretende ser superada en la propuesta de mérito, ya que en virtud de que no se pretende modificar la norma adjetiva aplicable –CEEM- con relación a las características, requisitos, plazos, etc. de los procedimientos jurisdiccionales, sino que, atendiendo a la facultad regulatoria del propio tribunal local, únicamente desplegar la posibilidad de que el usuario pueda realizar el trámite correspondiente en vía digital.

Por cuanto hace al acceso total, deberá de ser contemplada en dos vertientes, la primera de ellas atendiendo a que la plataforma que sea implementada por el TEEM tendrá que ser amigable y compatible con los diversos dispositivos tecnológicos (celular, tableta, laptop, pc, etc.) es decir, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, el usuario podrá visualizar el expediente electrónico y cualquier acto procesal que se genere en el mismo (notificaciones, requerimientos, etc.). La segunda variante se logra en atención a la aplicación de la primera, ya que, al poder visualizar correctamente la totalidad del expediente, la persona inmersa en la controversia podrá promover o atender cualquier acto de trámite desde cualquier dispositivo con acceso a la red.

Mientras que, con relación a la interacción e instaneidad, están encaminadas a que el usuario cuente con las facilidades para en todo momento seguir y promover en la vía digital, ya que la primera pretende que, desde cualquier lugar con acceso a internet, las partes del proceso pueden llevar a cabo acciones dentro del mismo, generando así una mayor participación desde el momento de revisión de acuerdos e inclusive el desahogo de audiencias y requerimientos, vistas respecto de cierto tipo de promociones o etapas en dicho proceso jurisdiccional y, por su parte, la segunda define la prontitud con la que debe de estar actualizado el expediente electrónico por parte de la autoridad –promociones, acuerdos, etc.- con el objetivo de que el usuario tenga un seguimiento oportuno del mismo.

Por último, la característica que se considera más relevante para efectos del presente, en atención a que funge como verdadero instrumento de garantía y potencialización de los derechos antes esgrimidos, es la relativa a la desterritorialización, ya que si el usuario opta por la vía del juicio en línea en el TEEM, este no tendría que acudir en ningún momento al espacio físico que ocupa dicha autoridad o alguna vinculada con el propio trámite del proceso, sino que tendría la opción, en virtud de lo ya establecido, de llevarlo a cabo desde cualquier dispositivo con acceso a internet, por lo que dicha plataforma dispondrá un apartado de estrados electrónicos actualizados, que permita a cualquier persona actuar con una calidad de tercero interesado o coadyuvante en cualquiera de estos, según sea el caso.

Ahora bien, respecto del segundo grupo relativo a las autoridades involucradas en los procesos jurisdiccionales, en principio se resalta la relativa a la seguridad jurídica, vinculada a que en toda tramitación, tanto la autoridad como las partes actuantes, cuenten con la certeza de que quienes acceden y actúan en el expediente electrónico sean aquellas que tengan personalidad, circunstancia que se deberá atender observando lo implementado por el TEPJF en lo relativo a los candados de seguridad con los que cuenta la plataforma, así como al reconocimiento de las firmas electrónicas ya analizadas, lo cual dará plena certeza de lo resaltado. Del mismo modo, la relativa a la inmaterialidad, advierte que la información tradicional –en papel- pueda ser digitalizada mediante el escaneo de la documentación o a través de la generación directa de un instrumento digital, realizado por un procesador de textos (Microsoft Word, Google Docs, etc.) y visualizado mediante un formato legible como PDF; por lo cual a efecto de facilitar dicha labor el tribunal podría optar por la implementación de firma electrónica para eficientar la tramitación y no tener que digitalizar la totalidad de documentación para poder ser cargada a la plataforma.

Definitivamente, es dable destacar que, estas directrices, podrán ser modificadas y adecuadas, como bien lo establece el documento titulado “La e-justicia en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”, en atención al enfoque del propio mecanismo, el cual versará sobre las personas usuarias del mismo, ya que son estas y “sus necesidades quienes guían la estrategia de diseño, desarrollo e implementación de la tecnología aplicada al sistema de justicia” (CJF, s.f. p. 19). Circunstancias que han sido atendidas de forma amplia y extensa en los ejercicios implementados por parte del TEPJF, así como por el PJEDOMEX, los cuales, desde la adición de las TIC han incorporado aspectos de mejora en diversos sentidos que han tenido como objeto que un número mayor de usuarios utilicen dichas herramientas.

Resulta prudente resaltar el hecho de que, como bien lo establece México Evalúa, se ha llegado al punto de diseñar un sistema de interconexión entre diversas autoridades jurisdiccionales locales con la finalidad de “hacer más rápida y eficiente la comunicación de requerimientos y, en particular, la ejecución de resoluciones” (México Evalúa, 2021 p. 37) destacando la participación del Poder Judicial del Estado de México en dicho mecanismo. De lo que cabe resaltar que, si bien existen diversos órganos jurisdiccionales que cuentan con el sistema del juicio en línea, aún no se ha pugnado por la interconexión referida, por lo que a pesar de que el presente artículo tiene como finalidad principal visibilizar la necesidad de incorporación de las TIC en la justicia electoral en la entidad de mérito y por consecuencia establecer las condiciones necesarias para dicha integración, el área de oportunidad planteada resulta atendible con la finalidad de que se implemente un sistema integral que contemple a la totalidad de autoridades vinculadas en los procedimientos determinados en el CEEM.

Para lo anterior, el mecanismo propuesto deberá pugnar por la inclusión de diversas autoridades responsables como el IEEM, Partidos Políticos Locales, Ayuntamientos, entre otros. Ello en atención a que en el ámbito electoral la autoridad responsable da el trámite de ley conforme al artículo 422[8] del Código Electoral del Estado de México (2014), por lo que, en atención a que el término de publicidad en el cual pueden ser interpuestos los escritos de tercero coadyuvante e interesado se da en los estrados de la propia autoridad responsable, el trámite del mismo contribuiría a la publicidad del medio de impugnación, para que cualquier interesado en el ámbito territorial en estudio pueda hacer valer sus manifestaciones en los términos establecidos en la propia legislación de la materia. De ahí que se pretende que el mismo sea desarrollado en consonancia con los realizados tanto por el TEPJF, como de los demás tribunales electorales locales y, a su vez, tomando en consideración el realizado por el PJEDOMEX, lo que contribuirá a que su ejecución se realice de forma integral permitiendo la potencialización de los derechos de los usuarios de la justicia electoral y contribuyendo a contar con un tribunal electoral local adaptado a las circunstancias de la época moderna.

CONCLUSIONES

Se ha hecho hincapié en la relevancia de que el Estado lleve a cabo acciones o herramientas que tengan como finalidad fortalecer y ampliar las medidas de protección determinadas por parte de los derechos humanos contenidos en los aparatos normativos de regulación. De ahí que, el presente adquiere relevancia, al momento de hacer patente el hecho de que no se ha puesto en relieve al mecanismo propuesto respecto del ámbito electoral. Circunstancia que contrasta con los diversos casos internacionales y nacionales estudiados en el presente y de los cuales se denota, que lo aquí planteado ha sido sustancialmente planificado e implementado desde hace ya varios años, lo cual ha permitido que dichos ejercicios tengan un proceso de perfeccionamiento que tiene como finalidad primordial que las personas ejerzan de forma amplia y fácil sus derechos, específicamente el de acceso a la justicia y el diverso al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en la propia Constitución Federal.

Hecho que se hace evidente, en razón de ha quedado denotado la existencia de un crecimiento paulatino tanto en la población usuaria de internet como en aquel sector que hace uso de las herramientas tecnológicas relacionadas a la justicia en el Estado de México, lo cual, ha situado a la entidad mexiquense como una de las que ha recibido un mayor número de promociones y/o demandas electrónicas –conforme a los parámetros de medición analizados en el presente -, suceso que permite generar un panorama óptimo en cuanto a la implementación del mecanismo de referencia. Luego entonces, resulta prudente establecer que para el efecto de construir de mejor forma el mecanismo planteado, deberán de observarse de forma mínima las condiciones que han sido determinadas en el presente y que, en su caso, tendrán que ser tomadas aquellas buenas prácticas de los diversos tribunales locales, así como por parte del TEPJF, para tener una herramienta que permita el acceso y ejercicio de los derechos del usuario y la consolidación de la autoridad jurisdiccional electoral local, de acuerdo a las necesidades y particularidades de la época moderna.

Finalmente se destaca que, si bien existen trabajos que abordan el fenómeno estudiado, se enfocan mayormente en aportar condiciones generales que deberán de ser tomadas en cuenta al momento de implementar las TIC a los procesos jurisdiccionales, el presente trabajo parte de la idea de que, aunado a las particularidades ya establecidas en el mismo y en atención a la peculiaridad que involucra el trámite y sustanciación de los escritos en algunos procedimientos en materia electoral, la propuesta debe de estar acompañada de un sistema de interconexión entre la totalidad de autoridades involucradas para garantizar el real ejercicio y potencialización de los derechos humanos detallados en el presente artículo.

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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2020). Acuerdo General de la Sala Superior del TEPJF número 7/2020 por el que, se aprueban los lineamientos para la implementación y el desarrollo del juicio en línea en materia electoral, para la interposición de todos los medios de impugnación. https://www.te.gob.mx/media/files/73356d8af4056f8ee03d27a4c943abd10.pdf

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2023). Proyecto de sentencia del expediente SUP-JDC-324/2023, puesto a consideración del pleno de la Sala Superior del TEPJF, en sesión pública de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, por parte del Magistrado. Dr. Reyes Rodríguez Mondragón

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (2023). Sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-324/2023. Magistrado encargado del engrose. Dr. Felipe de la Mata Pizaña. Aprobada por mayoría de votos en sesión pública de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés

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Notas