

Artículos
La bondad de los medios alternos de solución de conflictos en el comercio internacional. El caso de México con la Unión Europea
The goodness of alternate means of dispute solution in international trade. The case of Mexico with the European Union
Ius Comitiãlis
Universidad Autónoma del Estado de México, México
ISSN: 2594-1356
Periodicidad: Semanal
vol. 7, núm. 13, 2024
Recepción: 29 noviembre 2023
Aprobación: 14 mayo 2024
Resumen: El presente trabajo ilustra las bondades de los Medios Alternos de Solución de Conflictos en el marco de las relaciones comerciales internacionales, como vía electiva adecuada para acotar asimetrías legislativas, tomando a modo de referencia la reforma constitucional de 2008. La investigación realizada tiene como base el método comparativo, ya que facilita el entendimiento de ordenamientos jurídicos diversos, contrastando principios, reglas nacionales e internacionales, examinando elementos de convergencia, disparidad y compatibilidad entre las leyes, ampliando la visión jurídica y los márgenes de aplicabilidad de las normas.
Palabras clave: medios alternos, solución de conflictos, MASC, tratados comerciales, comercio internacional.
Abstract: This work illustrates the benefits of Alternative Dispute Resolution in the framework of international trade relations, as an appropriate elective way to limit legislative asymmetries, taking as a reference the constitutional reform of 2008. The research carried out is based on the comparative method, since it facilitates the understanding of diverse legal systems, contrasting principles, national and international rules, examining elements of convergence, disparity and compatibility between laws, expanding the legal vision and the margins of applicability of the norms.
Keywords: alternative mechanisms, conflict resolution, MASC, trade agreements, international trade.
INTRODUCCIÓN
En los años posteriores a la segunda guerra mundial, la voluntad por establecer un sistema económico global que procurara paz y seguridad condujo a las naciones a implantar una serie de reglas multilateralmente aceptadas que previnieran el desarrollo de nuevos conflictos, especialmente respecto a la reducción y consolidación de los aranceles aduaneros, impulsando la liberalización y expansión acelerada del comercio, dicha disposición a la apertura comercial ha involucrado a una gran parte de los países del mundo en intercambios comerciales. Aunado a ello, la heterogeneidad jurídica global ha contribuido al incremento de intensas diferencias y desavenencias en materia comercial provocando grandes tensiones mundiales, por lo tanto, ha surgido la imperante necesidad de generar mecanismos rápidos, eficientes, flexibles, prácticos e independientes en el ámbito comercial que permita resolver diferencias. Los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC) y la incorporación de una cláusula de solución de controversias en la firma de acuerdos comerciales, se han convertido en disposiciones de armonización del régimen jurídico.
El desarrollo de los MASC es considerado como un nuevo paradigma en la impartición de justicia a nivel mundial, puesto que permite a las partes en conflicto llegar a un arreglo benéfico, que propicie la prolongación de las relaciones comerciales otorgando certeza jurídica. México y la Unión Europea cuentan con un historial comercial de amplia relevancia económica, sin embargo, esta relación no se ha analizado de manera pertinente a la luz de los MASC, por lo que resulta fundamental evidenciar la importancia de contar con instrumentos que permitan la solución de conflictos de forma pacífica y con la intervención directa de las partes interesadas para alcanzar un acuerdo. La reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 1917) reconoce a los mecanismos alternos para dirimir controversias, lo anterior constituye un área de oportunidad en la diversificación de las relaciones comerciales internacionales. En el marco de las relaciones comerciales México-Unión Europea, resulta fundamental observar los mecanismos heterocompositivos y autocompositivos que se encuentran previstos en la legislación aplicable, visualizar su impacto y su funcionalidad como herramientas de solidaridad y generadores de paz.
El trabajo se encuentra estructurado por cuatro apartados, los cuales se desglosan de la siguiente forma: El apartado uno se realiza una aproximación conceptual del comercio internacional y su relación con los MASC. En el apartado dos se pretende visualizar desde la perspectiva histórica algunos componentes que enmarcan la experiencia mexicana, en lo que respecta a la implementación y aplicación de dichos mecanismos en el comercio internacional, teniendo como referencia la reforma a la Constitución mexicana y el impacto de esta en el desarrollo de las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea. Dentro del tercer apartado se genera una ilustración histórica de la evolución de las vías autocompositivas, al interior de la Unión Europea. Finalmente, se analiza un conflicto que tuvo sus orígenes al margen de los intercambios comerciales para vislumbrar posibles escenarios de conclusión bajo esquemas de solución autocompositivos.
MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMO EJE EN LAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
Históricamente la figura del Estado nación ha sido el actor principal para estudiar las relaciones internacionales, sin éste resultaría imposible comprender la dinámica mundial actual. Los vínculos que se han creado entre países tienen como eje fundamental el comercio, el cual ha forzado la generación de lazos culturales con el único objetivo de diversificar y con ello acrecentar su mercado.
El incremento en las relaciones comerciales internacionales ha desatado un sin fin de conflictos, de ahí que el derecho formalizó los procesos de intercambio comercial bajo la creación de la figura denominada como tratado internacional, en la que se fijan reglas con múltiple validez jurídica, que de acuerdo con Becerra y Ávalos (2020), al encontrarse regidas por el Derecho Internacional[1] representan responsabilidad para los Estados que lo suscriban.
Con el advenimiento de esta figura jurídica internacional que, entre otras cosas, regula, tutela y protege los derechos de los comerciantes e inversionistas frente a cualquier legislación extranjera; el comercio y las inversiones internacionales se han transformado, derivando en la conformación de bloques comerciales intrarregionales, así como en la proliferación de tratados que propician los intercambios transfronterizos.
El dinamismo comercial ha representado un desafío en el ámbito jurídico, ya que las partes firmantes de un tratado pertenecen o están sujetas a jurisdicciones y leyes diferentes, lo que podría generar disentimientos en el diseño del ordenamiento jurídico, complicar su aplicación o provocar disparidades en la incorporación de convenciones internacionales, es aquí donde surge la necesidad de modernizar la normatividad interna, ya que si no se hace ese trabajo de alineación jurídica se corre el riesgo de acrecentar las complejidades de las relaciones jurídicas internacionales. Como respuesta, los Estados han buscado enfilar sus legislaciones de tal manera que al interior de sus regulaciones sea posible establecer puntos de contacto con disposiciones internacionales o incluso leyes extranjeras, que faciliten la adaptación de los instrumentos jurídicos para garantizar un Estado de Derecho que posibilite el funcionamiento eficiente y equitativo de las relaciones comerciales internacionales.
Las relaciones personales y el conflicto difícilmente pueden ser desvinculados porque al momento de que dos o más personas interactúan pueden surgir voluntades contrapuestas, lo que hace imprescindible tener una comunicación asertiva que logré resolver la disputa. En el ámbito del comercio los conflictos suelen potencializarse por la multiplicidad de actores, intereses y flujos comerciales globales. En este sentido, Rivera y Tamez (2019) señalan las herramientas idóneas para alcanzar la resolución de los conflictos, las cuales tienen como objetivo final que las partes salgan beneficiadas lo que se conoce coloquialmente como “ganar-ganar”, éstas son: la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje, las cuales pueden coadyuvar a la convivencia pacífica y a disminuir las discrepancias entre naciones, empresas e inversionistas.
Los procedimientos para solucionar las diferencias surgidas en el marco de las interacciones comerciales, tienen impacto en el costo, alcance, tiempo, en las relaciones posteriores entre las partes, incluso en la efectividad de la solución alcanzada; por ello se impulsa a la implementación de mecanismos eficientes que involucren una resolución de controversias de forma pronta y eficiente (Treviño, 2019).
De este modo los Medios Alternos de Solución de Conflictos (MASC), se posicionan como los más adecuados para resolver la mayoría de las controversias en el ámbito comercial, ya que sus bondades y su naturaleza hace que se adapten a la dinámica actual y a un mundo globalizado donde el tiempo suele ser un elemento fundamental para la generación de capital. Los Medios Alternos de Solución de Conflictos son definidos:
Procedimientos alternativos al litigio […] donde es parte fundamental la participación de las partes para que ellas mismas puedan encontrar una solución pacífica a sus diferencias y además se restablezcan las relaciones que tuvieron antes del conflicto […]. Se considera una opción que es viable para la resolución de la mayoría de los conflictos, es decir, estos mecanismos sirven como complemento a los procedimientos jurisdiccionales (Rivera y Tamez, 2019, p. 3).
La incorporación de los MASC en los tratados internacionales, como herramientas para solucionar controversias ha involucrado el ajuste de las normas jurídicas internas, especialmente en materia de comercio internacional puesto que se considera un nuevo paradigma en la impartición de justicia en el mundo, resultado de la adhesión de una perspectiva de cultura de paz que fomente el tráfico comercial y disminuya los riesgos asociados a los flujos de bienes y servicios transnacionales, a este respecto Cortez (2019, p. 12) señala:
La búsqueda en la diversificación del comercio, que permita nuevas y mejores oportunidades y que estas se realicen en condiciones más justas y equitativas, ha propiciado la creación de acciones conjuntas a efectos de contar con normativas comerciales que regulen el mercado común (…) la necesidad de mantener buenas relaciones comerciales y vínculos a largo plazo precisa que se logre un acuerdo favorable para que la relación comercial no se deteriore.
· Buena fe de las partes, para alcanzar resultados equitativos.
· Son atendidos por especialistas en la materia sobre la que verse la dificultad.
· Optimizan la relación costo beneficio, reduciendo la dilación respecto al proceso judicial.
Al respecto Matute (2002, p.7) adiciona las siguientes características:
· Encarnan la reestructuración de los sistemas judiciales encaminada a la democratización de la justicia.
Debido a ello los MASC han ganado popularidad, por los beneficios que ofrecen frente a los procedimientos jurisdiccionales tradicionales. En la esfera internacional, resultan fundamentales porque mitigan la complejidad de las relaciones jurídicas entre partes conexas a ordenamientos jurídicos con diferente ámbito de aplicación, con lo que facilitan la resolución de cualquier tipo de controversia, sin propiciar un conflicto de leyes.
El esfuerzo por popularizar el uso de los MASC en relaciones comerciales globales se ha extendido más allá de los Estados nación, permeando a su vez en organismos internacionales, por ejemplo: la Organización Mundial del Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo; estas instituciones han favorecido el establecimiento de mecanismos alternativos para dirimir conflictos como primera vía ante las posibles diferencias, surgidas a consecuencia de los intercambios de bienes y servicios.
La doctrina jurídica posiciona a los MASC como mecanismos no adversariales, que se adaptan a las necesidades de los interesados, al tipo de conflicto existente y a las circunstancias particulares; es posible diferenciar cada uno de ellos según la participación que tienen las partes o un tercero en la búsqueda de la solución, los mecanismos más utilizados son la mediación, conciliación, negociación y arbitraje. La importancia de la mediación, en el plano de los conflictos comerciales internacionales se sustenta al ser una herramienta valiosa que prioriza la intervención directa de las partes, puesto que ellas con el apoyo del mediador pueden encontrar una solución al problema, cuyo acuerdo es generalmente voluntario, con lo que adicionalmente posibilita el restablecimiento de las relaciones como se tenían previo al conflicto (Rivera y Tamez, 2019).
La mediación comercial internacional, como lo señala Cortez (2019), se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, de la que dependen para alcanzar un acuerdo, dentro del que pueden hacer valer preceptos reglamentarios de este mecanismo, inclusive los dispuestos en normas que resulten aplicables; la poca rigidez y flexibilidad, otorga a las partes la posibilidad de crear un procedimiento que se ajuste a la particularidad de la controversia surgida. La incorporación de la mediación dentro de convenios comerciales, tiene como principal objetivo entrañar en la sociedad una cultura de paz que anteponga el diálogo y evite acudir a los procedimientos judiciales que demandan una alta inversión de tiempo, además de generar repercusiones económicas y sociales. La implementación de los MASC en conflictos internacionales favorece el crecimiento económico entre las partes involucradas, intensificando las relaciones y resarciendo los vínculos rotos que dieron origen al conflicto. Aunado a ello, su utilización en conflictos comerciales a nivel internacional genera una mayor seguridad jurídica y confianza entre las partes, debido a que son ellas quienes alcanzan un acuerdo y se comprometen a cumplirlo (Rivera y Tamez, 2019).
La vinculación de las partes en la construcción de un acuerdo a través de la mediación, permite que la solución sea verdaderamente práctica e involucre sus intereses, sin que estos sean cuestionados o desestimados por regulaciones locales que tutelan los derechos de una parte desprotegiendo los de la otra, cuyo desconocimiento de la norma representa una desventaja sobre el control y alcance de la posible conclusión del conflicto. El incremento en la aplicación de la mediación, como un instrumento para solucionar controversias en materia de comercio internacional, ha materializado la posibilidad de homologación de criterios para seguir un procedimiento uniforme, que no se apegue a una legislación en particular, sino que comparta un marco jurídico unificado que facilite de una manera rápida y eficaz formular y ejecutar un acuerdo. En este sentido, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), emitió la Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, en el año 2018. Dicha ley tiene como objetivo proporcionar una guía para la modernización o implementación de leyes que se encuentren vigentes en las legislaciónes internas en cada una de las naciones.
El comercio internacional, se ha desarrollado de tal manera que un número cada vez mayor de empresas interactúan en el mercado realizando operaciones transfronterizas que se incrementan día a día. La instrumentación de vías para la solución de diferencias que promuevan un clima cooperativo entre las partes, garanticen la rentabilidad futura y propicien un ambiente que favorezca la dinámica comercial se ha vuelto una necesidad, por ello la mediación y la conciliación como mecanismos para solucionar controversias han ido ganando importancia en el plano de las relaciones comerciales. La conciliación resulta un mecanismo idóneo para el ámbito comercial, porque al no encontrarse sometida a regulaciones durante el procedimiento se convierte en una herramienta amigable,[2] posibilitando el alcance de acuerdos de forma rápida, permitiendo el diálogo directo de las partes, promoviendo un ahorro económico al no requerir erogaciones en representaciones judiciales, y además es flexible al no encontrarse vinculada a legislaciones que establezcan preceptos para desarrollar la conciliación y moldearse según la solicitud de las partes.
En el ámbito mercantil internacional, los MASC han ganado un lugar preponderante al sustituir el procedimiento litigioso por la mediación y conciliación, los cuales contienen una diferencia sustancial al momento de instrumentarse, por un lado, el mediador se centra en facilitar y abrir canales de comunicación entre las partes permitiendo la exposición de sus intereses y necesidades favoreciendo el diálogo y el concenso de ideas, mientras que el conciliador además de realizar lo anterior propone alternativas de solución siempre y cuando las partes no puedan llegar a éstas.
Para resaltar la importancia de la mediación y conciliación en el marco de la relaciones comerciales internacionales es preciso mencionar que la Organización Mundial del Comercio dentro de las normas establecidas al interior de este organismo, respecto al procedimiento de solución de diferencias, contempla la posibilidad de recurrir a prácticas que estimulen la cooperación entre las partes sin necesidad de acogerse en la vía jurisdiccional, como son los mecanismos de conciliación y arbitraje; según datos obtenidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC, s.f.) desde 1996 hasta febrero de 2024 se han presentado 622 diferencias ante esta organización, de las cuales 113 fueron resueltas a través de una solución mutuamente convenida.[3]
El proceso conciliatorio encuentra su sustento en el consenso de las partes, quienes, con el auxilio de un tercero neutral, sin perder el control del procedimiento, determinan la forma en que la controversia será resuelta, el acuerdo de la conciliación no es vinculante y no exige garantías procesales con lo que se contribuye al desarrollo de relaciones económicas posteriores más armónicas. Como una vía para coadyuvar en la implementación de normas uniformes para el procedimiento de mediación y conciliación a nivel internacional, generar mayor certeza y precisión en los mismos, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, aborda desde los aspectos procesales hasta las cuestiones posteriores a la mediación (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2018). Esta ley ha sido adoptada total o parcialmente por 33 Estados en 46 jurisdicciones (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2020)[4], la incorporación de ordenamientos jurídicos locales inspirados en esta ley impulsa el uso de la conciliación en el comercio internacional.
El número de naciones que han adoptado total o parcialmente la Ley Modelo aún es reducido, esto debido a la ausencia de una legislación uniforme respecto a la implementación de mediación y conciliación en el ámbito del comercio internacional, lo que decanta en una cierta preferencia por dirimir las controversias que surgen de los intercambios comerciales transnacionales por vías más tradicionales como lo es el arbitraje. En el ámbito de los contratos comerciales internacionales, el arbitraje es el mecanismo más utilizado para solventar los conflictos que surgen en este contexto, una de las razones que lo ubican como el método predilecto dentro de las relaciones mercantiles globales, es que dentro de la naturaleza del arbitraje la decisión de la conclusión del conflicto o controversia depende de una sola persona, en este caso del árbitro, el cual determinará las obligaciones de las partes en un documento final llamado laudo.
Cortez (2019) señala, al igual que Sánchez y Jordá (2013) que la aceptación del arbitraje radica en que es el único sistema extrajudicial con el que invariablemente finalizará la controversia resolviendo, sin solicitar la jurisdicción de un tribunal público, dicha solución equiparada con una sentencia que es ejecutable incluso en el exterior sobre todo por la firma de convenios que la facilitan. En relación con ello, la CNUDMI en la búsqueda del establecimiento de normas legislativas procedimentales comunes entre las naciones, para reconocer y ejecutar laudos arbitrales extranjeros, creó en 1958 dentro de la Convención de Nueva York la llamada Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que entró en vigor el 7 de junio de 1959 con el objetivo central de evitar actos de discriminación entre Estados, en lo que respecta a los efectos de los acuerdos de arbitraje.
La referida convención ha sido suscrita por 172 países, según datos de la CNUDMI (1958), la adhesión de un número tan significativo de naciones comprometidas a cumplir plenamente los laudos emitidos fuera de su territorio favorece la inclinación de los inversionistas, entidades comerciales, instituciones e incluso países para resolver sus diferencias a través del arbitraje. Adicionalmente a la seguridad que conceden las sentencias o laudos arbitrales al otorgar el efecto de cosa juzgada y la condición de aparejada ejecución, el arbitraje ofrece a las partes un margen de flexibilidad, mediante el cual pueden decidir aspectos relativos al procedimiento, es más rápido y con menor costo que la jurisdicción ordinaria, garantiza confidencialidad, para proteger el buen nombre de las firmas o empresas involucradas (Biggs, 2003).
Según Cruz (2000), los MASC deben ser vistos como nuevos esquemas para resolver controversias, ya que buscan complementar los medios tradicionales de resolución de conflictos, involucrando a las partes para alcanzar una solución consensuada (a excepción del arbitraje) más que impuesta, resultan de mayor celeridad, gracias a su flexibilidad y concentración en los puntos de conflicto evitando distracciones, conservan la relación priorizando la búsqueda de una solución ganar-ganar, permiten mantener la confidencialidad y otorgan el control a los interesados durante el procedimiento.
Cada una de las características mencionadas son de gran importancia dentro del comercio internacional, principalmente por la posibilidad de continuar los vínculos futuros que no pueden ser disueltos por diferencias en las relaciones comerciales, el tiempo empleado para resolver la problemática es determinante, por los costos que de manera directa o indirecta involucra detener los flujos de mercancías o inversiones y mantener representación jurídica durante el procedimiento jurisdiccional ordinario. La intervención directa de las partes en el desarrollo del proceso facilita la comunicación entre ellas y el conocimiento de sus intereses, elementos sustanciales para la formulación de un acuerdo proporcional, cuyo cumplimiento no ocasionará una dificultad adicional ya que toma en cuenta la conveniencia de todas las partes involucradas.
A partir del surgimiento de las leyes modelo emitidas por la CNUDMI, se ha popularizado la implementación de una cláusula de medios alternos en la firma de acuerdos comerciales entre Estados y aquellos que se suscriben con organismos promotores del comercio, como alternativa a la resolución de controversias derivadas de las relaciones comerciales internacionales. México es país firmante en 12 tratados de libre comercio (Secretaría de Economía, 2020), en cada uno de ellos prevé a los MASC en sus diferentes procedimientos, considerándolos como una vía electiva para solucionar controversias.
Al respecto Matute (2002, p.7) adiciona las siguientes características:
· Incrementan la calidad del resultado final de la resolución del conflicto, afectando lo menos posible la relación futura de las partes.
· Encarnan la reestructuración de los sistemas judiciales encaminada a la democratización de la justicia.
Debido a ello los MASC han ganado popularidad, por los beneficios que ofrecen frente a los procedimientos jurisdiccionales tradicionales. En la esfera internacional, resultan fundamentales porque mitigan la complejidad de las relaciones jurídicas entre partes conexas a ordenamientos jurídicos con diferente ámbito de aplicación, con lo que facilitan la resolución de cualquier tipo de controversia, sin propiciar un conflicto de leyes.
El esfuerzo por popularizar el uso de los MASC en relaciones comerciales globales se ha extendido más allá de los Estados nación, permeando a su vez en organismos internacionales, por ejemplo: la Organización Mundial del Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo; estas instituciones han favorecido el establecimiento de mecanismos alternativos para dirimir conflictos como primera vía ante las posibles diferencias, surgidas a consecuencia de los intercambios de bienes y servicios.
La doctrina jurídica posiciona a los MASC como mecanismos no adversariales, que se adaptan a las necesidades de los interesados, al tipo de conflicto existente y a las circunstancias particulares; es posible diferenciar cada uno de ellos según la participación que tienen las partes o un tercero en la búsqueda de la solución, los mecanismos más utilizados son la mediación, conciliación, negociación y arbitraje. La importancia de la mediación, en el plano de los conflictos comerciales internacionales se sustenta al ser una herramienta valiosa que prioriza la intervención directa de las partes, puesto que ellas con el apoyo del mediador pueden encontrar una solución al problema, cuyo acuerdo es generalmente voluntario, con lo que adicionalmente posibilita el restablecimiento de las relaciones como se tenían previo al conflicto (Rivera y Tamez, 2019).
La mediación comercial internacional, como lo señala Cortez (2019), se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, de la que dependen para alcanzar un acuerdo, dentro del que pueden hacer valer preceptos reglamentarios de este mecanismo, inclusive los dispuestos en normas que resulten aplicables; la poca rigidez y flexibilidad, otorga a las partes la posibilidad de crear un procedimiento que se ajuste a la particularidad de la controversia surgida. La incorporación de la mediación dentro de convenios comerciales, tiene como principal objetivo entrañar en la sociedad una cultura de paz que anteponga el diálogo y evite acudir a los procedimientos judiciales que demandan una alta inversión de tiempo, además de generar repercusiones económicas y sociales. La implementación de los MASC en conflictos internacionales favorece el crecimiento económico entre las partes involucradas, intensificando las relaciones y resarciendo los vínculos rotos que dieron origen al conflicto. Aunado a ello, su utilización en conflictos comerciales a nivel internacional genera una mayor seguridad jurídica y confianza entre las partes, debido a que son ellas quienes alcanzan un acuerdo y se comprometen a cumplirlo (Rivera y Tamez, 2019).
La vinculación de las partes en la construcción de un acuerdo a través de la mediación, permite que la solución sea verdaderamente práctica e involucre sus intereses, sin que estos sean cuestionados o desestimados por regulaciones locales que tutelan los derechos de una parte desprotegiendo los de la otra, cuyo desconocimiento de la norma representa una desventaja sobre el control y alcance de la posible conclusión del conflicto. El incremento en la aplicación de la mediación, como un instrumento para solucionar controversias en materia de comercio internacional, ha materializado la posibilidad de homologación de criterios para seguir un procedimiento uniforme, que no se apegue a una legislación en particular, sino que comparta un marco jurídico unificado que facilite de una manera rápida y eficaz formular y ejecutar un acuerdo. En este sentido, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), emitió la Ley Modelo sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, en el año 2018. Dicha ley tiene como objetivo proporcionar una guía para la modernización o implementación de leyes que se encuentren vigentes en las legislaciónes internas en cada una de las naciones.
El comercio internacional, se ha desarrollado de tal manera que un número cada vez mayor de empresas interactúan en el mercado realizando operaciones transfronterizas que se incrementan día a día. La instrumentación de vías para la solución de diferencias que promuevan un clima cooperativo entre las partes, garanticen la rentabilidad futura y propicien un ambiente que favorezca la dinámica comercial se ha vuelto una necesidad, por ello la mediación y la conciliación como mecanismos para solucionar controversias han ido ganando importancia en el plano de las relaciones comerciales. La conciliación resulta un mecanismo idóneo para el ámbito comercial, porque al no encontrarse sometida a regulaciones durante el procedimiento se convierte en una herramienta amigable,[2] posibilitando el alcance de acuerdos de forma rápida, permitiendo el diálogo directo de las partes, promoviendo un ahorro económico al no requerir erogaciones en representaciones judiciales, y además es flexible al no encontrarse vinculada a legislaciones que establezcan preceptos para desarrollar la conciliación y moldearse según la solicitud de las partes.
En el ámbito mercantil internacional, los MASC han ganado un lugar preponderante al sustituir el procedimiento litigioso por la mediación y conciliación, los cuales contienen una diferencia sustancial al momento de instrumentarse, por un lado, el mediador se centra en facilitar y abrir canales de comunicación entre las partes permitiendo la exposición de sus intereses y necesidades favoreciendo el diálogo y el concenso de ideas, mientras que el conciliador además de realizar lo anterior propone alternativas de solución siempre y cuando las partes no puedan llegar a éstas.
Para resaltar la importancia de la mediación y conciliación en el marco de la relaciones comerciales internacionales es preciso mencionar que la Organización Mundial del Comercio dentro de las normas establecidas al interior de este organismo, respecto al procedimiento de solución de diferencias, contempla la posibilidad de recurrir a prácticas que estimulen la cooperación entre las partes sin necesidad de acogerse en la vía jurisdiccional, como son los mecanismos de conciliación y arbitraje; según datos obtenidos de la Organización Mundial del Comercio (OMC, s.f.) desde 1996 hasta febrero de 2024 se han presentado 622 diferencias ante esta organización, de las cuales 113 fueron resueltas a través de una solución mutuamente convenida.[3]
El proceso conciliatorio encuentra su sustento en el consenso de las partes, quienes, con el auxilio de un tercero neutral, sin perder el control del procedimiento, determinan la forma en que la controversia será resuelta, el acuerdo de la conciliación no es vinculante y no exige garantías procesales con lo que se contribuye al desarrollo de relaciones económicas posteriores más armónicas. Como una vía para coadyuvar en la implementación de normas uniformes para el procedimiento de mediación y conciliación a nivel internacional, generar mayor certeza y precisión en los mismos, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, aborda desde los aspectos procesales hasta las cuestiones posteriores a la mediación (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2018). Esta ley ha sido adoptada total o parcialmente por 33 Estados en 46 jurisdicciones (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2020)[4], la incorporación de ordenamientos jurídicos locales inspirados en esta ley impulsa el uso de la conciliación en el comercio internacional.
El número de naciones que han adoptado total o parcialmente la Ley Modelo aún es reducido, esto debido a la ausencia de una legislación uniforme respecto a la implementación de mediación y conciliación en el ámbito del comercio internacional, lo que decanta en una cierta preferencia por dirimir las controversias que surgen de los intercambios comerciales transnacionales por vías más tradicionales como lo es el arbitraje. En el ámbito de los contratos comerciales internacionales, el arbitraje es el mecanismo más utilizado para solventar los conflictos que surgen en este contexto, una de las razones que lo ubican como el método predilecto dentro de las relaciones mercantiles globales, es que dentro de la naturaleza del arbitraje la decisión de la conclusión del conflicto o controversia depende de una sola persona, en este caso del árbitro, el cual determinará las obligaciones de las partes en un documento final llamado laudo.
Cortez (2019) señala, al igual que Sánchez y Jordá (2013) que la aceptación del arbitraje radica en que es el único sistema extrajudicial con el que invariablemente finalizará la controversia resolviendo, sin solicitar la jurisdicción de un tribunal público, dicha solución equiparada con una sentencia que es ejecutable incluso en el exterior sobre todo por la firma de convenios que la facilitan. En relación con ello, la CNUDMI en la búsqueda del establecimiento de normas legislativas procedimentales comunes entre las naciones, para reconocer y ejecutar laudos arbitrales extranjeros, creó en 1958 dentro de la Convención de Nueva York la llamada Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que entró en vigor el 7 de junio de 1959 con el objetivo central de evitar actos de discriminación entre Estados, en lo que respecta a los efectos de los acuerdos de arbitraje.
La referida convención ha sido suscrita por 172 países, según datos de la CNUDMI (1958), la adhesión de un número tan significativo de naciones comprometidas a cumplir plenamente los laudos emitidos fuera de su territorio favorece la inclinación de los inversionistas, entidades comerciales, instituciones e incluso países para resolver sus diferencias a través del arbitraje. Adicionalmente a la seguridad que conceden las sentencias o laudos arbitrales al otorgar el efecto de cosa juzgada y la condición de aparejada ejecución, el arbitraje ofrece a las partes un margen de flexibilidad, mediante el cual pueden decidir aspectos relativos al procedimiento, es más rápido y con menor costo que la jurisdicción ordinaria, garantiza confidencialidad, para proteger el buen nombre de las firmas o empresas involucradas (Biggs, 2003).
Según Cruz (2000), los MASC deben ser vistos como nuevos esquemas para resolver controversias, ya que buscan complementar los medios tradicionales de resolución de conflictos, involucrando a las partes para alcanzar una solución consensuada (a excepción del arbitraje) más que impuesta, resultan de mayor celeridad, gracias a su flexibilidad y concentración en los puntos de conflicto evitando distracciones, conservan la relación priorizando la búsqueda de una solución ganar-ganar, permiten mantener la confidencialidad y otorgan el control a los interesados durante el procedimiento.
Cada una de las características mencionadas son de gran importancia dentro del comercio internacional, principalmente por la posibilidad de continuar los vínculos futuros que no pueden ser disueltos por diferencias en las relaciones comerciales, el tiempo empleado para resolver la problemática es determinante, por los costos que de manera directa o indirecta involucra detener los flujos de mercancías o inversiones y mantener representación jurídica durante el procedimiento jurisdiccional ordinario. La intervención directa de las partes en el desarrollo del proceso facilita la comunicación entre ellas y el conocimiento de sus intereses, elementos sustanciales para la formulación de un acuerdo proporcional, cuyo cumplimiento no ocasionará una dificultad adicional ya que toma en cuenta la conveniencia de todas las partes involucradas.
A partir del surgimiento de las leyes modelo emitidas por la CNUDMI, se ha popularizado la implementación de una cláusula de medios alternos en la firma de acuerdos comerciales entre Estados y aquellos que se suscriben con organismos promotores del comercio, como alternativa a la resolución de controversias derivadas de las relaciones comerciales internacionales. México es país firmante en 12 tratados de libre comercio (Secretaría de Economía, 2020), en cada uno de ellos prevé a los MASC en sus diferentes procedimientos, considerándolos como una vía electiva para solucionar controversias.
LOS MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CONTEXTO MEXICANO
El inicio de la década de los ochentas, marcó para México el comienzo de una nueva política de comercio exterior encaminada a fomentar y diversificar las exportaciones, una de las herramientas más trascedentes para alcanzar dicho objetivo, fue el impulso a las negociaciones internacionales en materia comercial; el proceso de apertura, estuvo enmarcado por la consolidación de relaciones comerciales, para lo cual se creó un marco legal adecuado, orientado especialmente al establecimiento de regulaciones especificas en la materia.
Sin duda alguna, la adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), representó un hito en la consolidación de relaciones comerciales de México con el mundo, sin embargo, la incursión en el comercio exterior va más allá de la firma de acuerdos y tratados, exige la incorporación de una serie de leyes compatibles con ordenamientos jurídicos extranjeros, que reconozcan el contenido de los mismos y puntualicen sus márgenes de aplicabilidad, ello con el objetivo de brindar certidumbre jurídica a las partes contratantes del acuerdo.
El marco normativo del GATT,[5] toma en cuenta la diversidad de legislaciones existentes en todos los países miembro, con el objetivo de homogenizar la aplicación e interpretación de las leyes emite su propia reglamentación; es de resaltar, que prevé la instrumentación de mecanismos autocompositivos antes que jurisdiccionales para solucionar diferencias entre las partes.
El afianzamiento de las relaciones comerciales de México con el mundo se intensificó a partir de su incursión en el GATT, una de las primeras leyes emitidas para regular las relaciones comerciales fue la Ley Sobre la Celebración de Tratados (Diario Oficial de la Federación, 1992). Esta ley resulta relevante ya que reconoce a los mecanismos internacionales de solución de controversias en lo que respecta a la participación de personas físicas o morales mexicanas, así como en la eficacia que al interior de la república le es otorgada a las resoluciones derivadas de la aplicación de estos mecanismos.
Es de resaltar que el artículo diez de esta ley, faculta al presidente de la república para nombrar a un representante de la federación para ser parte como árbitro, comisionado o experto en los mecanismos internacionales para la solución de controversias (Diario Oficial de la Federación 1992). Sin embargo, es en este artículo donde surge una problemática que debe ser analizada, esta tiene que ver con la inexistencia de una legislación interna que regulara, definiera, clarificara y estableciera las condiciones trascendentes de los MASC, ocasionando poca o nula equidad en cuanto a la negociación entre las naciones involucradas y una representación jurídica deficiente, por lo tanto resultaba prácticamente utópica la idea de participar como experto en la ejecución de cualquier mecanismo alterno, más aún si se toma en cuenta la arraigada tradición de otros Estados en esta materia.
El reconocimiento legislativo a los acuerdos internacionales y a las reglas que de ellos derivan es preponderante en las relaciones comerciales, particularmente si se toma en cuenta que el Estado de Derecho representa una de las variables con mayor significancia en la elección de socios comerciales. Para complementar las reformas en materia comercial, en 1993 fue publicada la Ley de Comercio Exterior donde se instauraron reglas generales a los procedimientos contemplando la posibilidad de acudir a medios alternos de solución de controversias, estableciendo claramente dentro del contenido del artículo 97, fracción I y II los supuestos que se deben cumplir para recurrir a dichos medios (Diario Oficial de la Federación, 1993).
La publicación de las dos leyes mencionadas, durante los años en los que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era negociado, aparentemente responde a las exigencias planteadas a México para celebrar dicho tratado, la urgencia por cumplir con elementos jurídicos que posicionaran en el mismo esquema de reconocimiento, vías no jurisdiccionales para avenir diferencias entre las partes impidió la formulación de una reforma constitucional como la celebrada en años posteriores. Estas leyes, además de sentar las bases para la adhesión a nuevos tratados comerciales, simbolizaron a nivel local un punto de inflexión para la incorporación, consolidación y regulación de los MASC en legislaciones nacionales; ya sea con el objetivo de simplificar un proceso o buscando homologar el empleo de estos con legislaciones internacionales para la solución de conflictos comerciales, esta vía electiva se popularizó en leyes de todos los órdenes.
En el 2008 en México se legisló una reforma constitucional, donde el contenido del artículo 17 fue modificado para regular y requerir a las entidades federativas instrumentar leyes que favorecieran el desarrollo de los MASC en diversos ámbitos. La incorporación de esta disposición jurídica ubicó en el plano de los derechos fundamentales la formulación de leyes que permitieran la solución de conflictos a través de mecanismos alternativos; derivado de ello los diferentes estados expidieron la normatividad correspondiente para incluir procedimientos alternos.
El reconocimiento jurisdiccional que poseen los Medios Alternos y el grado de importancia que se les ha asignado, permiten ubicar a éstos como una garantía social para acceder a la justicia de forma pronta y expedita. La idea de incorporarlos representa un cambio en el paradigma de impartición de justicia, donde la participación activa de la población encarna un papel central, dentro del cual la responsabilidad personal, el respeto y la comunicación constituyen elementos indispensables para lograr un acuerdo. La experiencia mexicana en la implementación de los MASC en el ámbito del comercio internacional, es relativamente corta especialmente si se compara con la arraigada tradición europea y norteamericana. En concordancia con las regulaciones extranjeras, la ley de comercio exterior concretó en la práctica mecanismos alternativos para solucionar diferencias derivadas de las relaciones comerciales, lamentablemente en nuestro país las capacidades institucionales, profesionales y materiales siguen siendo limitadas, con ello el potencial conciliador de los procesos alternativos antes mencionados, podría verse acotado.
El devenir histórico de los MASC al interior de las legislaciones mexicanas, es previo a su reconocimiento a nivel constitucional, el comercio internacional y las regulaciones inherentes a él, suponen el antecedente de mayor importancia en la adopción de los MASC; la tendencia global ante la imperante necesidad de resolver las diferencias surgidas al margen de las relaciones comerciales, derivó en la creación de principios internaciones que facilitaran la resolución de conflictos y limitaran la participación de un Estado en la disolución de la controversia.
Dichos principios exigían el reconocimiento al interior de los Estados, en vías de otorgar certidumbre a los participantes de intercambios comerciales internacionales; frente a ello y en apego a los ejes bajo los cuales se desarrollaban estas vías alternas de solución de conflictos, el 18 de junio de 2008 fue reformado el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Diario Oficial de la Federación, 2008), consolidando una base para el desarrollo de los MASC, al reconocerlos como una forma legítima para poner fin a los conflictos en diferentes ámbitos materiales. Esta reforma, señala como una obligación de las autoridades privilegiar la solución de los conflictos sobre formalismos procedimentales, en el mismo sentido, impone a todas las leyes prever mecanismos alternos para la solución de controversias. La importancia de la citada reforma se encuentra, en la posibilidad de acceso a la justicia a través de vías alternas en todas las materias, en el reconocimiento de los acuerdos alcanzados por medio de estas vías como una forma de dirimir controversias, y en el empoderamiento de las partes involucradas para alcanzar acuerdos.
En el ámbito del comercio internacional, el establecimiento de una base constitucional que posicione en un mismo nivel de reconocimiento las sentencias judiciales y lo convenido mediante mecanismos alternos, brinda un mayor nivel de certeza jurídica puesto que ante la diversidad de participantes en un intercambio comercial y las legislaciones que amparan a cada uno ellos, el respaldo de estas a los acuerdos alcanzados a través de la mediación, conciliación o arbitraje, materializan una garantía de protección multilateral a intereses individuales y colectivos. Si bien es cierto que los tratados comerciales representan una obligación del Estado mexicano y ubican jerárquicamente por encima del derecho interno, también lo es que se deben armonizar las normas internas con el fin de generar uniformidad, coherencia y consistencia a todo el bloque normativo (Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, 2018).
En este sentido, es de resaltar que como una forma de homologar las leyes internas con las obligaciones provenientes del derecho internacional, especialmente de tratados Internacionales, se realizó una reforma al artículo 17, párrafo segundo de la CPEUM, donde además de reconocer los MASC como alternativas válidas para concluir un conflicto, le otorgaron el rango de derecho humano como forma de acceso efectivo a la justicia; en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubica bajo el mismo plano constitucional a los MASC y a la tutela judicial, considerando que tienen idéntica finalidad, resolver los diferidos de los sujetos bajo el imperio de la ley del Estado Mexicano (Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 2013).
Tomando en cuenta lo referente a la incorporación de mecanismos alternativos como una forma eficiente de acceso a la justicia, es posible afirmar que la adopción de los multicitados mecanismos, por parte de la legislación mexicana, encuentra un punto de contacto con la tradición jurídica europea, que halló en las modalidades alternativas una forma de solución de litigios transfronterizos más eficiente. Es así, como la adaptación de México a las nuevas circunstancias del comercio internacional a través de los MASC favorece las relaciones comerciales con Estados de diferentes latitudes que privilegian el acceso a la justicia a través de mecanismos alternativos como ocurre con el continente europeo.
LA UNIÓN EUROPEA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU PROCESO POR UNA JUSTICIA ALTERNATIVA A TRAVÉS DE LOS MASC
Los recientes procesos de integración económica han sido objeto de constantes debates, principalmente por la dimensión que adquiere la creación de mercados unificados; el referente más sobresaliente a la eliminación de barreras al libre tránsito de bienes se encuentra en la Unión Europea. Desde la formación de esta unión geopolítica, se establecieron los objetivos y valores a través de los cuales se cimentarían las relaciones futuras en aras de buscar paz y estabilidad; uno de los valores prevalecientes está basado en el estado de derecho y respeto a los derechos humanos valiéndose del acceso a la justicia (Unión Europea, s.f.).
En relación con ello, la Unión Europea ha centrado sus esfuerzos en mejorar su andamiaje judicial, en el año 2000 el consejo europeo acordó la adopción de leyes que permitieran la incorporación de nuevas modalidades para disolver conflictos en asuntos civiles y mercantiles, permitiendo a los estados miembros establecer mecanismos alternos de común acuerdo, unificando criterios al respecto de acuerdo con el Reglamento CE nº 1348/2000 del Consejo de la Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea, 2000).
La creación de conclusiones respecto a las modalidades de solución de controversias facilitó el desarrollo y funcionamiento de procedimientos extrajudiciales, simplificó el acceso a la justicia y dio paso a la creación por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas del famoso Libro Verde, dentro del cual se enmarcan aspectos sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos como el alcance, garantías de calidad, eficacia, marco normativo, derechos, entre otras características, con el objetivo de contribuir al funcionamiento del mercado interior (Diario Oficial de la Unión Europea, 2008).
El reconocimiento de alternativas extrajudiciales para dirimir diferencias se homologó en 2002 en La Unión Europea, previamente algunos Estados miembro como Inglaterra, Bélgica o España,[6] ya consideraban en sus legislaciones mecanismos como la mediación o la conciliación, otros ya se encontraban trabajando en iniciativas, declaraciones o legislaciones para incorporar dichos mecanismos, tal es el caso de Dinamarca, Italia, Austria y Portugal. Los beneficios de aplicar vías diferentes a la jurisdiccional, para resolver desavenencias se perciben en mayor medida en materias que implican litigios transfronterizos, particularmente en el ámbito comercial.
Durante los años posteriores, el Consejo Europeo emitió normatividad relacionada a los medios alternos, en el 2004 se creó el código de conducta para mediadores, sin embargo fue hasta el 2008 cuando se diseñó un marco europeo común respecto a la mediación en asuntos civiles y mercantiles, facultando a las partes para recurrir a ésta sin la necesidad de intervención del órgano jurisdiccional, hacia 2013 se modificaron cuestiones relativas a la adopción de mecanismos extrajudiciales entre los comerciantes, para facilitar la resolución de sus litigios (López & López, 2014). Cada una de las regulaciones emitidas han permitido la incorporación de procedimientos más efectivos que repercuten en el desarrollo comercial en La Unión Europea. La tendencia comercial que se ha seguido en la Unión Europea, desde su surgimiento, ha estado enmarcada por la adopción de legislaciones uniformes, que facilitan los intercambios de bienes (Comisión Europea, s.f.), aunado a las regulaciones arancelarias y de tráfico de mercancías, resulta indispensable el establecimiento de disposiciones jurídicas claras, estables y la existencia de normas que simplifiquen la solución de las diferencias resultantes de los intercambios comerciales.
Uno de los objetivos primordiales en la Creación de la Unión Europea fue, el establecimiento de un mercado único, a través del cual los bienes y servicios pudieran circular libremente, para ello resultaba indispensable la eliminación de barreras comerciales, con el transcurrir del tiempo la armonización de las legislaciones, como señala Macho (2014) se vio obligada a ampliar su margen regulador, previendo instrumentos extrajudiciales complementarios de solución de controversias, en vías de garantizar un mayor acceso a la justicia. El reconocimiento de modalidades no adversariales ha propiciado una mayor certeza jurídica a comerciantes transfronterizos al interior de la Unión Europea, según lo establecido por la Comisión Europea (s.f.) contar con dichas modalidades es una vía eficaz para resolver desacuerdos, que previene el incremento innecesario de tensiones diplomáticas, facilita la construcción de relaciones internacionales pacíficas y desarrolla un entendimiento común entre Estados.
Recientemente, el ámbito de aplicación de MASC fue ampliado a través del Reglamento (UE) nº 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea, 2013) a conflictos derivados de comercio electrónico, con ello no sólo se beneficia a los consumidores, los comerciantes pueden aprovechar el alcance geográfico que brindan los medios electrónicos para posicionar la venta de productos conscientes de la ley que los tutela, incluso cuando se presenten dificultades con consumidores que no radican en el mismo Estado. Las bondades de incorporar procedimientos homólogos para dirimir controversias, representa la garantía de un nivel apropiado de asistencia jurídica que, acompañado de la rapidez y simplificación para solucionar conflictos transfronterizos, incrementa los flujos comerciales entre los Estados que adoptan legislaciones en la materia. La incorporación de modalidades alternativas de solución de conflictos fomenta la resolución amistosa de litigios, impacta la armonía social, garantiza la relación equilibrada entre las partes posicionándolas bajo el mismo esquema jurídico, reduce el costo de un litigio internacional, permitiendo que las partes alcancen acuerdos de forma autónoma y prolongando las relaciones entre ellas, aún después de concluir el litigio.
El incremento en los flujos comerciales europeos se ha extendido incluso fuera de los límites territoriales de esta comunidad política, la posibilidad de solucionar controversias a través del empleo de mecanismos no jurisdiccionales acrecienta la confianza de los socios comerciales. A partir de la incorporación de los MASC en toda la Unión Europea, se han firmado o modernizado tratados y acuerdos comerciales, recientemente se firmaron acuerdos entre los que destacan Canadá, Japón, Corea del Sur y Singapur, se modernizo el acuerdo global con México (Parlamento Europeo, 2023); estos tratados en conjunto representaron en 2022 el 15.8% de las importaciones y exportaciones realizadas por la Unión Europea (Oficina Europea de Estadística [EUROSTAT], 2024), cabe resaltar que en cada uno de estos tratados, se considera una cláusula que prioriza el empleo de mecanismos autocompositivos para solucionar diferencias.
Los acuerdos comerciales, como un factor imprescindible de la política comercial de la Unión Europea, deben mantener estándares aplicados en el territorio Europeo, ello abarca asiduamente la cláusula de solución de controversias que de forma indiscutible contempla la aplicación de al menos uno de los mecanismos alternativos; esta exigencia para el surgimiento de relaciones comerciales, representa una oportunidad para que cada vez más países interesados en comerciar con la Unión Europea, incorporen en sus legislaciones el reconocimiento a la vías alternativas para solucionar conflictos.
EL ACEITE DE OLIVA, UN CONFLICTO EN LA RELACIÓN COMERCIAL MÉXICO UNIÓN EUROPA
La vinculación comercial que ha existido entre México y la Unión Europea, surgió previamente a la incorporación de los acuerdos comerciales referidos, el incremento en el flujo de bienes y servicios sentó las bases para impulsar la firma de tratados comerciales específicos con la comunidad europea.
Los intercambios de México y la Unión Europea, en un primer momento se encontraban regulados al margen de los acuerdos y reglamentos establecidos por la OMC (antes GATT) cuyas normas representaban los lineamientos de una gran parte del comercio mundial, excepto en aquellos casos en los que existiera un acuerdo comercial concreto entre naciones, dichas normas contemplan una serie de reglas específicas para la solución de controversias, que plantean de acuerdo al contenido del artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Organización Mundial del Comercio, 1994) como primera vía la disolución del conflicto a través de acuerdos mutuamente convenidos, como son las consultas, las cuales consisten en un diálogo entre las partes para clarificar o puntualizar la comprensión de cuestiones relativas a la aplicación del acuerdo.
Para evidenciar el impacto de los MASC en ámbito internacional y comercial, se ha tomado como ejemplo un conflicto que entraña omisiones a lo establecido en acuerdos internacionales por parte de nuestro país, provocando una controversia que potencialmente podría haber generado una dislocación en la relación comercial de México con la Unión Europea, ocasionando que el comercio se viera dañado, lo cual incluye, proveedores, productores, distribuidores y consumidor final. Además de perjudicar la reputación internacional de México, en lo que concierne a los compromisos pactados con otros Estados.
En el año 2003, una empresa mexicana se inconformó con las subvenciones[7] aplicadas al aceite de oliva proveniente de la Comunidad Europea (CE), argumentando que dichas medidas obstaculizaban el desarrollo de una rama de la producción nacional dedicada a la elaboración de productos idénticos o similares; como respuesta la Secretaría de Economía inició una investigación para invitar posteriormente a la CE a celebrar las consultas, mismas que tuvieron lugar en tres ocasiones, sin llegar a acuerdo alguno.[8] Hacia el 1 agosto del 2005, México publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución final donde se impusieron derechos compensatorios[9] definitivos sobre la importación de aceite de oliva europeo.
Para marzo de 2006, se presenta una diferencia por parte de la Comunidad Europea en contra de México, por considerar que las medidas compensatorias impuestas al aceite de oliva resultaban incompatibles con lo establecido en el GATT, en el Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) y en el Acuerdo Sobre la Agricultura (OMC, 2008). En atención a lo establecido en el GATT, la CE invita a la formación de un grupo de consulta con el objetivo de alcanzar una solución mutuamente convenida, una vez celebradas las consultas pertinentes no fue posible disolver el conflicto de forma satisfactoria para ambas partes, ante tal situación fue necesaria la intervención de un grupo especial, el cual actuando como tercero cuenta con facultades para resolver el fondo del conflicto; la resolución emitida concluyó que México actúo de forma incompatible a lo establecido en el ASMC (OMC, 2008).
Los acuerdos mencionados, fueron firmados por México al margen de lo establecido por la OMC, en ellos se contrae la obligación ante la comunidad internacional de aplicar los acuerdos adquiridos, incluso por encima del derecho interno, (Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, 2018), los tratados internacionales son parte de la ley suprema de la Unión y por ende, se ubican en el mismo plano jerárquico de la Constitución. Al imponer medidas compensatorias de forma unilateral, omitiendo elementos señalados en el artículo 11 del ASMC, México, siguiendo lo establecido en la mencionada jurisprudencia, incurrió en una responsabilidad internacional al incumplir con lo pactado en el acuerdo; evidenciando así, la necesidad de adecuar la normativa interna a los compromisos internacionales que devienen de la suscripción de tratados internacionales, sin embargo, por el tiempo que conlleva reformar las leyes internas, es viable recurrir la implementación de MASC en el ámbito del comercio internacional.
Si la legislación aplicable para este caso en particular, hubiese contemplado de manera clara Medios Alternos de Solución de Conflictos, como son la negociación, mediación o conciliación, el alcance de la problemática habría sido notablemente menor; ante cualquiera de estos medios, el quejoso inicial (la empresa mexicana) a través del diálogo y el intercambio de propuestas con los representantes de la CE habrían podido contraer compromisos, tal vez en los niveles de importación de aceite, intercambiar experiencias en la producción, fusionarse o asociarse para producir un aceite que involucrara en mayor medida a esta empresa mexicana o segmentar y asignar mercados de tal manera que la competencia se fortaleciera, logrando la creación acuerdos, ya sea de forma individual o con la intervención de un tercero.
De haber logrado alcanzar una solución mutuamente convenida, no habría existido una inconformidad por parte de la comunidad europea, misma que tomó más de dos años para ser resuelta, durante este periodo de tiempo las condiciones del mercado de aceite de oliva fueron las más afectadas, puesto que la aplicación de un derecho compensatorio a exportaciones del producto afectaba el precio al que el consumidor final lo adquiría.
En el año 2005 las importaciones mexicanas de aceite de oliva, correspondían, de acuerdo con cifras del Atlas of economic complexity (s.f.), en un 79.20% a España, 14.65% a Italia y 0.21% a Grecia, lo que representaba un 94.05% del total de importaciones mexicanas de este bien, una parte significativamente importante de la demanda de aceite de oliva era cubierta con importaciones cuyo origen era la Unión Europea, el imponer cuotas compensatorias se afectó directamente el precio ya que cerca del 95% de las opciones de aceite proveniente del extranjero se vieron obligadas a cubrir esta cuota. La importancia de la Unión Europea en el mercado de aceite de oliva mexicano es tal que, pese a la diferencia surgida en el 2005, para el 2021 del total de importaciones mexicanas de este bien, el 92.11% tenían como origen alguno de los países de la Unión Europea.
La voluntad de las partes, la flexibilidad de estas, incluso las herramientas de las que disponen para proponer y aceptar acuerdos son preponderantes para el funcionamiento de los mecanismos alternos. En contexto, hacia el año 2003 la experiencia mexicana en medios diferentes a la vía jurisdiccional para disolver conflictos en el ámbito del comercio internacional era prácticamente nula, la ley sobre celebración de tratados internaciones recién había cumplido 10 años, la entrada en vigor del TLCAN no cumplía una década, internamente no existía una legislación que regulara o estableciera los lineamientos de los medios alternos, contrariamente a lo que sucedía en Europa, para el 2003 ya había sido publicado el libro verde, cuyo contenido buscaba establecer una guía para desarrollar y mejorar la aplicación de modalidades alternativas de solución de conflictos para todos los países miembro, ¿pudo la ausencia de una legislación específica en MASC por parte de México obstaculizar el alcance de un acuerdo satisfactorio a través de las consultas?
La firma de los tratados comerciales entre México y Europa: Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE) y Tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio (ALEC), fue previa a la incorporación constitucional de los MASC, en 1997 y 2003 respectivamente, si bien es cierto que en ambos acuerdos comerciales se procura una solución pronta a través de los “buenos oficios” (mediación, conciliación u otros mecanismos alternativos), no menos cierto es, que la legislación existente hasta aquel momento era limitada para aprovechar estos mecanismos e insuficiente para la construcción de una cultura de paz al interior de la sociedad mexicana, que permeara en los conflictos comerciales internacionales; al no contar con suficientes recursos humanos, técnicos, materiales y habilidades prácticas, la posibilidad de solucionar un conflicto de escala internacional en materia comercial, a través de alguno de los mecanismos antes citados, resultaría sumamente complicada.
Además de los Tratados Comerciales con Europa, resaltan los intercambios de bienes y servicios internacionales, los cuales surgen a partir del fomento a los flujos de inversión extranjera formalizados por medio de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APRRI), los cuales para el caso mexicano han sido celebrados con diversos países miembros de la Unión Europea, al margen de los cuales se han suscitado controversias.
Tal es el caso de la controversia entre Abengoa, S.A. y COFIDES, S.A. versus México, la cual surge en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, la diferencia aparece derivada de la imposibilidad de operar la planta de tratamiento de residuos sólidos, semi sólidos y líquidos, construida por dichas empresas en Zimapán, Hidalgo.
Ello como consecuencia de diversos actos de las Autoridades municipales y federales, por lo que en febrero del 2008 ambas empresas presentaron escrito de intención a México[10], sin embargo, la diferencia fue sometida ante un Tribunal Arbitral, constituido formalmente en Agosto de 2010, el cual emitió laudo el 18 de abril de 2013, en donde se determinó que México expropió indirectamente a los demandantes y no dio trato justo y equitativo, razón por la que se le impuso el pago de una indemnización por $535,302,964.62 pesos y la transferencia de la propiedad del inmueble al Gobierno Federal (Secretaría de Economía, 2024).
En el caso del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España (2008) México-España, es de resaltar que, en el apartado de solución de controversias, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible traten de arreglar sus diferencias mediante un acuerdo amistoso, no obstante, del contenido del documento no se aprecia la adopción de mecanismos como la mediación o conciliación como figuras previas al arbitraje para dirimir controversias.
Como se ha precisado en las líneas presentes, el desenlace de esta controversia pudo ser diferente, si se hubiese contado con la regulación adecuada en materia de MASC, en primer momento, el tiempo dedicado a solucionar esta diferencia habría sido considerablemente menor, al igual que el monto de la indemnización que se calculó en función del tiempo dedicado a resolver esta desavenencia; a la par que durante todo el procedimiento arbitral, se generó incertidumbre respecto a la confianza en las inversiones con destino a México
De acuerdo con los ejemplos planteados en párrafos anteriores, si se toman en consideración las necesidades de consumo de una sociedad, la dinámica comercial, sus acuerdos y las relaciones diplomáticas, resulta inviable la posibilidad de disolver las relaciones comerciales entre Estados. Por ello, frente al reto que supone crear legislaciones que puedan ser interiorizadas en el mismo sentido en que son concebidas en el ámbito internacional, resulta indispensable resolver de forma eficaz, clara, rápida y económica, los conflictos que resultan de estas relaciones, es en este punto donde los MASC encuentran su esfera de acción.
CONCLUSIONES
Resulta evidente, a raíz de este trabajo, que a nivel internacional los MASC contribuyen a la resolución de conflictos en el ámbito comercial, puesto que conforman un paradigma moderno, adecuado, que sienta las bases necesarias para otorgar certidumbre jurídica, indispensable en el establecimiento de vínculos comerciales a escala global.
A raíz de la incorporación de México en el ámbito del comercio internacional, apareció la necesidad de adoptar medios alternos, incitando un rompimiento con el paradigma clásico mexicano, en el cual los conflictos únicamente podían ser resueltos a través de litigios internacionales, con el alto costo que ello representa, precisamente este rompimiento encontró en los MASC una forma más eficiente de solucionar controversias de esta manera, México pudo entrar a una dinámica internacional moderna, donde los conflictos no son vistos como un lucha de un país contra otro, sino como una oportunidad fortalecer las relaciones comerciales buscando soluciones que constituyan un ganar-ganar.
La legislación mexicana se ha flexibilizado, cada vez en mayor medida, particularmente en lo que respecta a la resolución de conflictos en el ámbito nacional e internacional, esfuerzo que debe ser reconocido, sin embargo, estos esfuerzos deben mantenerse ya que los beneficios que ofrece la incorporación de vías alternas son palpables, en lo que respecta al comercio internacional; los intercambios de bienes entre naciones se han intensificado, con ello se evidencia la necesidad de impulsar desde aparato judicial mexicano la implementación, aceptación y adopción de MASC para generar una cultura de mediación o conciliación que detone en la construcción de una cultura de paz y comunicación.
La dinámica comercial que existe al interior de la Unión Europea, encierra per se conflictos, que surgen como consecuencia de las diferencias legislativas vigentes al interior de los países miembros, si bien existe la obligación de cumplir con ciertos parámetros para ser miembro de la UE, el comercio internacional no ha sido homologado del todo, sin embargo, frente a la posibilidad inminente de controversias en este ámbito, la adopción de MASC ha generado, una forma de acceso a la justicia, derecho consagrado como fundamental a partir de la reforma constitucional del 2008 y que a su vez representa uno de los principales valores, bajo los cuales está basada la Unión Europea.
Los conflictos planteados, denotan la importancia de resolver diferencias al margen de lo establecido en acuerdos internaciones, dentro de los cuales, la búsqueda de soluciones pacíficas y mutuamente convenidas es planteada como la primera instancia para dirimir una controversia, es por ello por lo que los MASC son vistos como vías para evitar que los conflictos principalmente en el ámbito del comercio internacional escalen y se prolonguen.
La reforma constitucional del año 2008 al artículo 17, enmarca el reconocimiento a los MASC, como vías equiparables a la tutela judicial en cuanto a la resolución de las controversias; en este sentido, el reconocimiento que se da al interior de la normativa mexicana a los convenios o acuerdos devenidos de la aplicación de MASC, resulta congruente con la búsqueda de armonía entre la legislación interior y lo establecido en los tratados internacionales, situación que genera uniformidad y facilita el cumplimiento de los acuerdos que México adquiera con otros Estados.
El artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía (Diario Oficial de la Federación, 2019) considera únicamente a la conciliación como vía para solucionar y concluir los procedimientos de prácticas desleales, no obstante, es preciso incrementar los medios de solución de controversias, tomando en cuenta, la naturaleza del conflicto, las necesidades de las partes, el hecho o situación de la controversia, y lo previsto en la legislación, teniendo en consideración vías adicionales como puede ser, la mediación o negociación; la incorporación de estos procedimientos dentro de las vías para solucionar dichos procedimientos ofrecería mayores posibilidades para solucionar el conflicto, de esta manera la disposición, motivada por el conocimiento en el aspecto jurídico, económico y la amplitud de mecanismos a los que se puede recurrir antes del litigio, será mayor y con ello se incrementan las posibilidades de alcanzar un acuerdo por la vía de los mecanismos alternos.
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Notas

