Vulneración del derecho humano a la seguridad pública en México

Yamile Deyanira Mandujano Reyes

Artículos

Violation of the human right to public security in Mexico

Yamile Deyanira Mandujano Reyes yamilemandujano22@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México, México

Ius Comitiãlis

Universidad Autónoma del Estado de México, México

ISSN: 2594-1356

Periodicidad: Semanal

vol. 7, núm. 13, 2024

iuscomitialis@uaemex.mx

Recepción: 24 noviembre 2023

Aprobación: 14 mayo 2024

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/137/1375067006/

Resumen: Se expone un análisis de datos estadísticos que ayudarán al entendimiento de la seguridad en México y a comprobar si existe una vulneración del derecho humano a la seguridad pública, utilizando en su mayoría una técnica documental, así como los métodos jurídico y sistemático, para llegar a la conclusión general que revela el hecho de que el Estado mexicano, al menos en los últimos años, no ha logrado garantizar ese derecho humano a la seguridad pública de su población, a pesar de todos los esfuerzos realizados para lograrlo.

Palabras clave: derechos humanos, seguridad pública, violencia, crimen, inseguridad.

Abstract: An analysis of statistical data is presented that will help understand security in Mexico and verify whether there is a violation of the human right to public security, using mostly a documentary technique, as well as legal and systematic methods, to reach the conclusion. general conclusion that reveals the fact that the Mexican State, at least in recent years, has not managed to guarantee this human right to public security for its population, despite all the efforts made to achieve it.

Keywords: human rights, public security, violence, crime, insecurity.

INTRODUCCIÓN

La seguridad pública en México es responsabilidad conjunta del Gobierno Federal y los gobiernos locales, abarcando la prevención, investigación y persecución de delitos, así como la sanción de infracciones administrativas. No obstante, la participación del ejército en la seguridad pública ha suscitado inquietudes sobre posibles abusos contra los derechos humanos. La carencia de una fuerza policial nacional con capacidad real para enfrentar los desafíos de la inseguridad y la violencia en México ha llevado a la creación de la Guardia Nacional, generando debate y preocupación. La seguridad pública impacta el desarrollo del país, ya que la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva pueden afectar la economía local, especialmente en el sector turístico. Además, puede ser utilizada como herramienta de control social, erosionando la legitimidad del Estado y conduciendo a la inestabilidad política. El Sistema Nacional de Seguridad Pública de México formula, implementa, monitorea y evalúa políticas, programas y estrategias relacionadas con la seguridad pública, en consecuencia, afecta las finanzas del estado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos, incluyendo el derecho a la seguridad pública. No obstante, la inseguridad pública en México durante los últimos años ha desafiado la implementación efectiva de este derecho. La seguridad pública se define como una función del Estado para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al orden público y la paz social. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la violencia y el crimen organizado persisten como preocupaciones constantes en el país.

La vulneración al derecho humano a la seguridad pública es una problemática sumamente relevante y de gran preocupación para la sociedad mexicana. En años recientes, el país ha enfrentado altos índices de violencia, delincuencia organizada y corrupción, lo que ha generado un clima de inseguridad generalizada, esto respaldado con datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018a, 2018b, 2019a, 2019b, 2020a, 2020b, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d). Esta situación no solo afecta a la tranquilidad y bienestar de los ciudadanos, sino que también limita el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y genera un clima propicio para la impunidad. Es crucial destacar que la vulneración al derecho humano a la seguridad pública no se limita solo a la ausencia de fuerzas de seguridad efectivas, sino que implica la violación de otros derechos humanos, como la libertad personal, el derecho a la vida y a la integridad física. La violencia y la impunidad han dejado un alto número de víctimas y una sensación de desamparo frente a la proliferación de delitos.

Retomando el tema central, este artículo pretende comprender y tratar de dar respuesta al siguiente planteamiento: ¿La inseguridad pública ocurrida en México en los últimos años vulnera el Derecho Humano a la Seguridad Pública? Para el cual se tiene la siguiente hipótesis: La inseguridad pública que ha presentado en México en los últimos años, caracterizada por altos niveles de violencia, criminalidad y delincuencia organizada, plantea una seria amenaza, desafío y vulneración a la implementación efectiva del derecho humano a la seguridad pública de los ciudadanos.

Para lograr lo anterior, el artículo se divide en cinco apartados, en los cuales se analiza la vulneración del derecho humano a la seguridad pública en México desde diversas perspectivas. Se aborda teóricamente la seguridad pública, se examina la situación de México respecto a la seguridad, se revisan estadísticas delictivas e identifican factores que influyen en la vulneración de este derecho. A pesar de los esfuerzos realizados, el Estado no ha logrado garantizar la seguridad pública en el país. Se utilizaron principalmente los métodos jurídico y sistemático, la técnica documental y se citaron diversas fuentes de información para respaldar el análisis.

La seguridad pública es uno de los aspectos más importantes para cualquier sociedad en desarrollo. En el caso de México, la situación es particularmente compleja debido a la presencia de diversos factores que contribuyeron a la inseguridad. Antes de comenzar con el desarrollo de cada uno de los factores, es fundamental conocer los conceptos básicos que se utilizarán, algunos estudios destacan incluso lo relevante de las formas alternas para la solución del problema de inseguridad en México frente a la ausencia estatal en el cumplimiento de ese objetivo que constitucionalmente tiene asignado (Ordóñez, 2021).

… la seguridad pública tiene por objeto mantener el orden público y social, pero en quién y por qué́ recae esta facultad; el Estado constituye una forma de organización política y es representando por un soberano que desempeña funciones encaminadas a los aspectos políticos, sociales, económicos, entre otros; este ente cuenta con tres elementos: población, territorio y gobierno. El Estado realiza sus funciones para determinado número de habitantes, mismos que se encuentran en un espacio geográfico determinado, y bajo un gobierno, quien desempeña diversas funciones, entre ellas, la seguridad. (Guadarrama, 2021, p. 38).

Primeramente, se desglosan las definiciones de seguridad y público, para posteriormente analizar el concepto de seguridad pública. El autor Jesús Martínez Garnelo (2012, p. 52), en su libro Sistema Nacional de Seguridad Pública, los conceptualiza de la siguiente manera: ‘‘Seguridad: Que se aplica a un ramo de la Administración Pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos’’. Esta definición resalta la importancia del gobierno para garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos desde una perspectiva de seguridad. De igual manera, la seguridad también significa proteger los derechos y libertades fundamentales de la población.

La seguridad es un concepto amplio que abarca diferentes aspectos, como la protección contra amenazas externas, la prevención de delitos, la seguridad en el ámbito laboral, la seguridad vial, entre otros. La Administración Pública, a través de sus instituciones y organismos, juega un papel fundamental para la implementación de políticas y medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. (Equipo editorial, Etecé, 2023). Hecho el análisis sobre la seguridad, es necesario conocer el concepto de “público”:

Aplicase a la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer una cosa, como contrapropuesta a privado, perteneciente a todo el pueblo vecinos y el común del pueblo o ciudad, sometido a examen de gentes ajenas al círculo de la intimidad. Común del pueblo o ciudad. (Martínez Garnelo, 2012, pp. 52)

Esta definición resalta la idea de que lo público tiene una naturaleza colectiva y se relaciona con los asuntos de interés general de la sociedad. Implica que las decisiones y acciones relacionadas con lo público deben ser tomadas en consideración del bien común y no solo de intereses individuales o privados. La potestad, jurisdicción y autoridad mencionadas en la definición se refieren a la capacidad de las instituciones y autoridades en la toma de decisiones y para ejercer control sobre los asuntos públicos. Estas instituciones y autoridades son responsables de gestionar y administrar recursos, servicios y políticas que afectan a toda la comunidad. De la misma manera, se debe conocer el concepto de inseguridad según la Real Academia Española (2022), que la define como ‘‘la falta de seguridad’’.

Esta falta de seguridad puede manifestarse en diferentes ámbitos, como la falta de protección o la vulnerabilidad ante posibles riesgos o amenazas. La inseguridad puede causar miedo, ansiedad y afectar la tranquilidad y la sensación de bienestar de las personas. Es importante resaltar que la inseguridad puede tener diferentes causas y manifestaciones. Además, puede variar en intensidad y magnitud, afectando tanto a nivel individual como colectivo. Dicho lo anterior, es momento de abordar la noción que se tiene sobre seguridad pública, puesto que no hay un concepto definitivo que la constituya:

Se refiere a los programas, principios, estamentos, niveles, formas y calidades, en que el Estado establece una gran diversidad de aspectos legales operativos y técnicos que redundan en la prevención, vigilancia, control, auxilio, regulación, protección y respeto en favor de los gobernados, ya sea contra la violencia, contra el delito, contra la delincuencia organizada, contra las acciones criminales, contra la impunidad o contra la corrupción, etc. (Martínez Garnelo, 2012, p. 56)

Esta definición subraya la importancia de establecer y proporcionar mecanismos estructurales especializados en diversos ámbitos, con el objetivo claro y evidente de brindar un servicio de seguridad transparente y efectivo. Además, se menciona que el fin teleológico de este servicio está respaldado por un sistema de vigilancia a nivel nacional, estatal o municipal. Este enfoque integral respecto a la seguridad pública implica que el Estado asume toda la responsabilidad de proteger y garantizar la seguridad de los gobernados, abordando diversos aspectos relacionados con la prevención, el control y la respuesta ante situaciones de violencia y delincuencia, lo que implica la implementación de estrategias específicas para abordar los diferentes desafíos y amenazas que enfrenta la sociedad en materia de seguridad. Aunado a lo anterior y de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 2, párrafo primero, menciona que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado... (LGSNSP, 2009, art. 2)

El concepto de seguridad pública, tal como se describe en la legislación mexicana, revela una serie de elementos y dimensiones esenciales que son fundamentales para comprender su alcance y relevancia en la sociedad. Como primer punto, se menciona que la seguridad pública es una función compartida entre la Federación, las entidades federativas (los estados) y los municipios. Esta distribución de responsabilidades reconoce los niveles de gobierno y sus respectivas competencias en la protección y el bienestar de los ciudadanos. Posteriormente, se habla de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. Esto significa que su principal preocupación es proteger la vida y la libertad de los individuos, así como garantizar su seguridad personal y patrimonial. En segundo punto, se menciona que se debe mantener el orden y la paz en la sociedad. Esto implica prevenir y responder a situaciones que puedan perturbar la convivencia pacífica, como disturbios civiles, conflictos o emergencias. En tercer punto, la prevención de delitos abarca tanto la prevención especial, dirigida a poblaciones en riesgo de cometer delitos, como la prevención general, que se enfoca en evitar que los delitos ocurran en primer lugar. Seguidamente, se encuentra la sanción de infracciones administrativas. Esto se refiere a la imposición de medidas disciplinarias o punitivas por violaciones menores a las regulaciones y normativas administrativas, que pueden no ser consideradas como delitos en el sentido estricto y, consecuentemente, se encuentra la investigación y persecución de los responsables. Esto implica la labor que tienen las fuerzas de seguridad y las agencias de investigación para reunir pruebas, identificar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia. Finalmente, se incluye la reinserción social que implica la implementación de programas y políticas destinados a rehabilitar a los infractores y facilitar su reintegración en la sociedad de manera productiva.

Llegados a este punto, se observa que la seguridad pública tiene una estrecha relación entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, por lo que es necesario analizar su concepto:

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes (CNDH, s/f).

La definición anterior destaca que los Derechos Humanos están intrínsecamente vinculados a la dignidad humana. Esto significa que son un reflejo de la creencia fundamental de que cada individuo posee un valor inherente y una dignidad que merece respeto y protección. También se enfatiza que la aplicación efectiva de los Derechos Humanos es esencial para el desarrollo integral de la persona. Esto indica que el pleno ejercicio de estos derechos no solo es un deber moral y legal, sino que también es crucial para permitir que las personas alcancen su máximo potencial, vivan con dignidad y tengan acceso a oportunidades y recursos necesarios para su bienestar.

La referencia a que los Derechos Humanos están establecidos en el orden jurídico nacional mexicano, incluyendo la Constitución Política, así como en tratados internacionales ratificados por México, es crítica. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 3 menciona que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. (United Nations, s/f-b). Por lo tanto, México al ser un país que vela por los derechos humanos, establece en el artículo 1, primer párrafo de su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (CPEUM, 1917, art. 1°, primer párr.).

Por otro lado, ‘‘...La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala…’’ (CPEUM, 1917, art. 21, noveno párr.) y, por último, en su artículo 133 refiere que:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión… (CPEUM, 1917, art. 133, noveno párr.).

De esta guisa, al plasmar los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inmediatamente se convierten en derechos fundamentales. Por otra parte, Ferrajoli conceptualiza a los derechos fundamentales como: ‘‘Son ‘derechos fundamentales’ todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar’’ (Ferrajoli, 2004, p. 37). Esta definición enfatiza la universalidad, la inherencia y la importancia de los derechos fundamentales, los cuales son prerrogativas inherentes a todos los humanos simplemente por su condición de personas, ya que son la base de muchas legislaciones y sistemas de derechos humanos en todo el mundo. Estos derechos son esenciales para proteger la dignidad humana, garantizar la igualdad, la justicia y el respeto en todas las esferas de la vida. Su aplicabilidad es amplia y diversa, desde la perspectiva de que su protección es un principio valioso tanto en el derecho internacional como en las constituciones nacionales.

En una definición básica de vulnerabilidad, tenemos que se refiere a ‘‘the characteristics of a person or group and their situation that influence their capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the impact of a natural hazard’’ (Wisner et al., 2004, p. 11).[1] La comprensión de los factores que influyen en la vulnerabilidad es esencial para desarrollar estrategias de reducción de riesgo. Estas estrategias deben centrarse en reducir la vulnerabilidad de las personas y los grupos más vulnerables, para ello es importante involucrar a todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos hasta las comunidades locales.

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

Llegados a este punto, se observa que la seguridad pública tiene una estrecha relación entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, por lo que es necesario analizar su concepto:

Respecto a la vulneración de derechos humanos la CNDH menciona lo siguiente: ‘‘La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentarse por acción u omisión de algún agente del poder público, al margen de sus facultades’’ (CNDH, 2018, pp. 7). Lo anterior señala que la vulneración de los derechos humanos puede producirse por acción u omisión. En el primer caso, se refiere a la conducta activa del agente del poder público que afecta a los derechos de una persona. En el segundo caso, referente a la conducta pasiva del agente del poder público que permite que se produzca una vulneración de los derechos. Es importante señalar que la vulneración de los derechos humanos no solo se produce en los países con regímenes autoritarios, también puede ocurrir en los países democráticos, cuando los agentes del poder público actúan al margen de la ley y los principios de derechos humanos.

LA SEGURIDAD PÚBLICA COMO DERECHO HUMANO

El concepto de seguridad emana del latín securitas, que deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por “se”, que quiere decir “sin”, y “cura”, que se refiere a cuidado o procuración. Lo anterior debe traducirse como “sin temor”, “despreocupado” o “sin temor a preocuparse” (Valencia Ramírez, 2002, p. 8). Acorde con lo anterior, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define a la seguridad como: “cualidad de seguro, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo” (RAE, 2023). En un contexto legal, la seguridad puede significar proteger los derechos y libertades de las personas, garantizar el orden público y prevenir la violencia y el crimen. Es importante señalar que seguridad no significa la ausencia total de riesgo o peligro, aunque esto puede resultar difícil de lograr en la práctica.

Para Chavira y Rico (2022), “el precepto de seguridad como derecho humano parte desde lo internacional hasta lo local y personal” (p. 9). A nivel internacional, la seguridad pública se enmarca en los principios y estándares de derechos humanos establecidos por organismos internacionales como las Naciones Unidas. Estos principios reconocen el derecho de todas las personas a vivir en un entorno seguro y protegido, libre de violencia y delincuencia.

En el ámbito nacional o local, México ha adoptado medidas para garantizar la seguridad pública como un derecho humano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y mantener el orden público. Además, México ha ratificado diversos tratados internacionales de derechos humanos que incluyen disposiciones relacionadas con la seguridad pública, pese a eso, la sigue describiendo como una función del Estado, es decir, como una tarea que le corresponde al Estado realizar. Esta definición se encuentra en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009), que, en su artículo segundo, párrafo primero, establece que la seguridad pública es “… una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos…’’.

La percepción de la seguridad pública como función del Estado podría basarse en la idea de que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Este enfoque se sustenta en la premisa de que el control de la seguridad es esencialmente una función gubernamental, esto basado en que la legislación jurídica mexicana tomó como referencia el derecho romano, que concibe al Estado como el único responsable de la seguridad de sus ciudadanos.

Para Valencia Ramírez (2002), es importante considerar la seguridad pública como un derecho humano, puesto que es indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos como: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la integridad personal. De esta guisa, se resalta la importancia de reconocer la seguridad pública como un derecho humano, por ello se afirma que este reconocimiento es esencial debido a la interconexión con otros derechos humanos cruciales. Implícitamente, se señala la responsabilidad del Estado en garantizar un entorno seguro para sus ciudadanos, también se destaca que la seguridad pública no es solo un servicio, sino un componente fundamental de la responsabilidad gubernamental. Respecto a lo anterior es importante tomar en cuenta lo siguiente:

…el Estado no debe escudarse en su autoridad para ejercer la seguridad pública como derecho humano para transgredir otros de la misma naturaleza equivalentes a las garantías de las que todo gobernado goza, ni por el contrario, éste debe aprovecharse de las mismas para trastocar el orden social que impera en todo Estado democrático… (Carmona Tenorio, 2002, p. 33).

Lo anterior aborda una preocupación central respecto del poder y los derechos humanos: cómo equilibrar la seguridad pública con el respeto a las libertades individuales en un Estado democrático. Destaca la responsabilidad del Estado de no transgredir derechos humanos en su búsqueda de seguridad y, simultáneamente, subraya la importancia de preservar el orden social sin menoscabar los principios democráticos. La idea de redefinir la seguridad pública como un derecho humano tendría varias ventajas. En primer lugar, se coloca a la seguridad pública como un derecho de las personas, lo que significa que las personas tienen derecho a exigirla. En segundo lugar, se obligaría al Estado a garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos, sin discriminación. Y, en tercer lugar, puede facilitar la participación de la sociedad civil en la construcción de la seguridad pública, porque la sociedad tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos.

No obstante, una redefinición de la seguridad pública como un derecho humano también tendría algunas dificultades. Una de ellas es que sería necesario establecer mecanismos para garantizar el cumplimiento de este derecho. Otra conlleva a que el Estado adopte medidas de seguridad que sean demasiado costosas o que interfieran con otros derechos. Considerar la seguridad pública como un derecho humano podría ofrecer un marco más completo que integre las necesidades del Estado con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un enfoque equilibrado que incorpore mecanismos para la participación ciudadana y la rendición de cuentas puede ser esencial para abordar las complejidades de la seguridad pública en México.

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

Contexto Histórico

En México, el derecho humano a la seguridad pública ha sido un tema de gran preocupación, lo que conlleva a tener altibajos. Un ejemplo de ello fue 2018, pues este año sufrió una transición política, con la elección de un nuevo presidente y un cambio de gobierno. Durante ese año, la seguridad pública fue uno de los temas centrales en el debate político y social. Al mismo tiempo, la violencia y el crimen organizado se mantuvieron como grandes desafíos para las autoridades. A lo largo del año, se registraron altos índices de homicidios, secuestros y extorsiones en varias regiones del país. La lucha contra el narcotráfico y la violencia relacionada con él continuó siendo una prioridad para el gobierno, pero a pesar de todo, persistieron problemas como la corrupción y la impunidad, que obstaculizaron todos los esfuerzos del gobierno por mejorar la seguridad pública.

En el año 2019, se implementaron diversas estrategias y políticas para abordar la seguridad pública en México. El gobierno centró sus esfuerzos en combatir la corrupción, fortalecer las instituciones de seguridad y promover la participación ciudadana. Se llevaron a cabo operativos conjuntos entre diferentes fuerzas de seguridad para enfrentar al crimen organizado. A pesar de estos avances, la violencia continuó siendo una preocupación constante. Los índices de homicidios y otros delitos violentos no disminuyeron significativamente y como consecuencia aumentó la violencia de género y la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas. Estos acontecimientos demostraron la complejidad y la gravedad de la situación de seguridad pública en el país.

Uno de los peores años fue 2020, debido a que estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, que tuvo un impacto significativo en la seguridad pública en el país. Las medidas de confinamiento y las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno para controlar la propagación del virus generaron nuevos desafíos en términos de seguridad (INTERPOL, 2020, p. 3). Durante este año, se registró una disminución en algunos delitos, como los robos y los asaltos, debido a las restricciones de movilidad. A pesar de ello, la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico no se detuvo.

A medida que avanzamos, en el año 2021 la seguridad pública siguió siendo un tema de gran relevancia en México. El nuevo gobierno ha planteado la necesidad de implementar políticas integrales que aborden de manera efectiva los problemas de violencia, corrupción e impunidad. Existe una necesidad urgente de fortalecer las instituciones de seguridad, mejorar la coordinación entre los diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley y fomentar la participación ciudadana en la prevención del delito. Además, se necesita una estrategia integral para abordar las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza y la desigualdad.

Reforma Constitucional de 2019, artículo 21, párrafo noven

El párrafo noveno del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. (CPEUM, 1917)

Lo anterior establece que la seguridad pública es una responsabilidad conjunta del Gobierno Federal y los gobiernos locales. Esto significa que todos estos niveles de gobierno son responsables de la seguridad pública y deben coordinar sus acciones para garantizar la seguridad de los residentes. También señala que la seguridad pública incluye la prevención, investigación y persecución de delitos y la sanción de infracciones administrativas.

Estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad de la población. La prevención del delito se refiere a actividades y estrategias implementadas para prevenir el delito y alentar a los ciudadanos a participar en la creación de un entorno seguro. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos es responsabilidad de los organismos encargados de cuestiones de justicia, como los ministerios públicos y la policía de investigación. Estas instituciones tienen la tarea de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y objetivas para esclarecer los delitos y presentar a los responsables ante los tribunales correspondientes. La sanción de las infracciones administrativas está a cargo de las autoridades competentes, como los policías municipales y estatales. Estas instituciones tienen la función de aplicar sanciones y medidas correctivas a aquellas conductas que constituyen infracciones a la ley, pero que no alcanzan la gravedad de un delito.

Este artículo constitucional es un avance importante en materia de seguridad pública, porque estipula que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos deben ser civiles, lo que significa que deben estar bajo el control de autoridades civiles, no militares. Esto es importante, en vista de que los militares son entrenados para combatir los conflictos armados que se pueden presentar, no para la seguridad pública, y su participación en este campo puede conducir a abusos contra los derechos humanos.

A pesar de estos avances, el ejército mexicano siempre ha luchado por mantener el control sobre las instituciones de seguridad pública, en particular los cuarteles generales de la policía. Esto se debe a que históricamente los militares en algún momento fueron los principales responsables de la seguridad pública en México y tienen una fuerte influencia política y económica. Esta lucha por el control de la seguridad pública afecta negativamente la eficacia de las instituciones de seguridad pública. Los militares han sido acusados de violaciones de derechos humanos e incapacidad para desempeñar funciones policiales.

En los últimos años, el gobierno mexicano ha tomado medidas para reducir la participación de los militares en la seguridad pública. Por ejemplo, en 2019 se creó una nueva institución civil de seguridad pública, la Guardia Nacional. A pesar de ello, estos recursos no fueron suficientes para resolver el problema de la militarización de la seguridad pública.

Es necesario considerar las implicaciones de esta situación en términos de democracia, gobernabilidad y derechos humanos, para poder tener un equilibrio adecuado entre las instituciones civiles y las fuerzas armadas servirá como ayuda a fin de que el gobierno pueda garantizar la seguridad y protección a los derechos de la población mexicana.

Importancia de la Seguridad Pública en la Sociedad Mexicana

El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución mexicana reconoce la importancia que tiene la seguridad pública como un derecho fundamental de los ciudadanos y como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos.

También establece los fundamentos legales y los principios básicos de la seguridad pública, enfatiza la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos y al mismo tiempo garantiza que todas las actividades relacionadas con la seguridad pública se ajusten a la ley y enfatiza la importancia de mantener el orden y la paz en la sociedad. Por el contrario, el artículo Militarización y debilidad institucional de la seguridad pública en México, menciona que:

La idea de que el Estado mexicano ha fracasado, faltado o incumplido con su obligación de garantizar la seguridad de las personas, de sus bienes y de sus derechos humanos, por la existencia de un sistema de seguridad débil, que no puede garantizar el derecho a la vida, y que tampoco ha podido ser la base de la autoridad del Estado mexicano. (Cervantes, 2018).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2018) afirmó que el Estado mexicano no ha cumplido con su tarea principal de garantizar justicia y seguridad a la población, y que la seguridad es un derecho humano y al mismo tiempo una condición necesaria para otros derechos. De igual manera, enfatizó la necesidad de restablecer la política pública de seguridad y justicia, poniendo en el centro a las personas y sus derechos, en un enfoque que vea los problemas en su conjunto y evite buscar soluciones parciales (La Jornada, 2018).

Existen múltiples factores que pueden contribuir a la percepción de un sistema de seguridad débil en México. Algunos de estos factores pueden incluir la presencia de grupos delictivos y organizaciones criminales que operan en el país, la corrupción en las instituciones de seguridad, la impunidad en casos de violencia y delitos, la falta de recursos y capacitación adecuada para las fuerzas de seguridad, entre otros. Un sistema de seguridad débil puede socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales, pero sobre todo en el cumplimiento de sus derechos fundamentales, esto puede llevar a la disminución de la participación ciudadana, aun cuando la ciudadanía puede temer involucrarse en actividades cívicas o económicas si sienten que su seguridad no está garantizada.

El papel que juega la Seguridad Pública en el desarrollo del país

El papel de la seguridad pública en el desarrollo de México es crucial, dado que no sólo es responsable de proteger a los ciudadanos y mantener el orden, sino que también promueve el crecimiento económico, atrae inversiones y fortalece el Estado de derecho. Pero, la percepción de inseguridad y la incidencia de delitos en algunas áreas del país han llevado a una disminución en la llegada de turistas y al mismo tiempo se ve afectada negativamente la economía local. Tal como lo menciona el artículo Criminalidad, seguridad pública y turismo en la zona fronteriza de Ciudad Juárez, México: ‘‘…el turismo como práctica social en el país comienza a ser transgredido por las prácticas delictivas del crimen organizado…’’ (Henrique & González, 2020, p. 9).

El turismo es una práctica social en la que las personas abandonan su residencia habitual para disfrutar del entretenimiento, la cultura o el ocio. El turismo es un fenómeno global que tiene un gran impacto en la economía, la cultura y la sociedad de los países anfitriones.

En el caso de México, el turismo es una actividad importante que contribuye a la economía y al desarrollo social del país. Sin embargo, esta actividad también está expuesta a los riesgos del crimen organizado, este fue uno de los motivos que conllevo a la creación de la Guardia Nacional, lo cual fue un paso importante en los esfuerzos del gobierno mexicano por abordar la problemática de la seguridad en el país. Por consiguiente, existen ciertas preocupaciones y críticas en relación con la naturaleza civil de la Guardia Nacional, a su vez se debe tomar en cuenta lo siguiente:

… el diagnóstico sobre la inseguridad y la violencia en la decisión de crear la Guardia Nacional y mantener las fuerzas armadas desplegadas; desde luego, también la carencia de un cuerpo de policía nacional con la capacidad real para hacer frente a estos desafíos… (Serrano, 2019, p. 219).

…la seguridad pública se relaciona con la función gubernamental, con el control de la sociedad dentro del Estado. Engloba la defensa de las instituciones y el mantenimiento de la tranquilidad de la población; la defensa del derecho individual; la protección de las personas y sus bienes, así como el deber de perseguir y detener a los responsables de delitos. (Sánchez & Juárez, 2019, pp. 239)

La seguridad pública es una función central del gobierno en cualquier sociedad, es responsabilidad de los gobiernos crear un marco legal e implementar políticas y estrategias que promuevan la seguridad y el orden en sus territorios. Lo que significa monitorear y regular la sociedad para prevenir el crimen y proteger el bienestar de los ciudadanos.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública de México (SNSP) es un ejemplo del papel que tiene el gobierno en la seguridad pública. Su propósito es ser iniciador y formador de políticas públicas en esta materia, que tomen en cuenta las propuestas de la sociedad civil a través de mecanismos de participación ciudadana, para promover la formación y preservación de un ambiente de seguridad para los ciudadanos que promueva el desarrollo humano sostenible. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) formula, implementa, monitorea y evalúa políticas, programas y estrategias relacionadas con la seguridad pública (SESNSP, s/f).

Además, la seguridad pública afecta las finanzas del estado. El análisis de los componentes de la economía pública en relación con la seguridad pública permite una evaluación efectiva y transparente de los recursos federales asignados a las comunidades y municipios federales en esa área. Su propósito es fortalecer institucionalmente las entidades que integran el sistema nacional de seguridad pública (INEGI, 2018a, 2018b).

La medida de crear la Guardia Nacional se implementó como respuesta a la necesidad de contar con fuerzas de seguridad capaces de enfrentar los problemas de inseguridad y violencia del país. De igual forma, es importante destacar que su creación y el despliegue de las fuerzas armadas también provocaron debate y preocupación. Algunos argumentaron que estas acciones podrían equivaler a la militarización de la seguridad pública y poner en peligro los derechos humanos, pero el gobierno argumentó que la participación de las fuerzas armadas era necesaria para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos. Aunado a esto: ¨… lo más significativo de la decisión de entregar la seguridad pública a los militares fue la explicación que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificarla: “la política es optar entre inconvenientes…” (Serrano, 2019, p. 219).

Esta explicación sugiere que debido a que las instituciones de seguridad pública existentes carecen de capacidad y confianza, el gobierno decidió involucrar a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad nacional. Esto se basa en la opinión de que las fuerzas armadas tienen mejor capacidad operativa y disciplina para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

Es importante señalar que esta explicación no está exenta de controversia y debate. Algunos sostienen que la participación militar en tareas de seguridad pública puede socavar la confianza y el respeto por las fuerzas armadas y dar lugar a abusos y violaciones de los derechos humanos. Otros sostienen que las instituciones de seguridad pública deben fortalecerse y desarrollarse para llevar a cabo estas tareas de manera efectiva. Asimismo, reconoce la falta de una fuerza policial nacional con capacidades reales para enfrentar los desafíos de la inseguridad y la violencia en México. Durante muchos años, las instituciones de seguridad pública han enfrentado problemas de corrupción, falta de capacitación y recursos limitados, lo que ha debilitado su capacidad para combatir eficazmente la delincuencia.

La decisión de crear la Guardia Nacional ha implicado cambios en la estructura y funciones de los cuerpos policiales existentes, razón por la que se les restó autonomía y capacidad de actuación, lo que implica falta de actividad policiaca. Por otro lado, se menciona lo siguiente:

…la actividad policiaca debe fortalecer el orden social, cuando sus acciones demuestran los valores de convivencia del Estado. Pero, cuando se realizan acciones contrarias, se puede provocar la irritación social y el aumento de un conflicto que propicie una amenaza a la paz de la sociedad. (Sánchez & Juárez, 2019, p. 239)

La actividad policiaca es una herramienta principal del Estado para garantizar la seguridad pública, por lo que sus acciones deben ser coherentes con los valores de convivencia que el Estado promueve. Cuando se realiza de acuerdo con los valores de convivencia, tiene un valor político positivo para el Estado. Esto se debe a que la policía representa al Estado ante la sociedad, y sus acciones son una forma de manifestar la autoridad y el poder del Gobierno. En cambio, cuando se realiza de forma contraria a los valores de convivencia, puede tener un valor político negativo para el Estado. Esto se debe a que la policía puede ser percibida como un agente represor y autoritario, lo que puede generar irritación social, pérdida de confianza en el Estado y el aumento de la violencia.

Es importante destacar que la actividad policiaca debe ser llevada a cabo dentro de los límites legales y respetando los derechos humanos. Esto implica que las fuerzas policiales deben recibir una formación adecuada, contar con los recursos necesarios y actuar en coordinación con otras instituciones del Estado. De manera similar, la seguridad pública puede utilizarse como herramienta de control social. El Estado puede utilizar la policía para reprimir a grupos o movimientos que representan una amenaza para su poder. No obstante, el uso de la seguridad pública para fines de control social puede erosionar la legitimidad del Estado y conducir a la inestabilidad política. Por tal motivo se debe tomar en cuenta que:

Percepción que tiene la población acerca de la seguridad

La percepción de la inseguridad es un factor clave para comprender la realidad de la seguridad pública en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana (ENSU), (INEGI 2021a), el 66.4% de la población de 18 años o más, consideran que es inseguro vivir en la ciudad donde residen; esta información refleja que los sujetos de derecho en México consideran la inseguridad de su entorno individual y colectivo independiente de las motivaciones de dicha consideración. (INEGI, 2021a). Aunado a esto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), arroja datos realmente alarmantes en lo que respecta a la percepción de inseguridad a nivel Nacional y nivel Estado de México durante los años 2018-2022 (INEGI 2018 b, 2019b, 2020b, 2021d, 2022d).

Como se puede ver en la Figura 1, en 2020, el 68.2% de la población mexicana de 18 años y más se sintió insegura en su estado de residencia, lo que representa un aumento de 3.7 puntos respecto de 2018 y un aumento de 7 puntos respecto a 2022. Respecto al Estado de México, en 2019 el 76.3% de su población de 18 años y más se sintió insegura en su ciudad o municipio de residencia, lo que da a entender que fue el año en el cual hubo mayor percepción de inseguridad por parte de la población.

Figura 1.
Percepción de inseguridad a nivel nacional y nivel Estado de México.
Fuente: Gráfico de elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE, 2020b, 2021d, 2022d).

Los resultados anteriores muestran que una gran proporción de mexicanos se sienten inseguros al vivir en las ciudades mexicanas porque la creciente tasa de criminalidad en México afecta su derecho humano a la seguridad pública. Las percepciones de inseguridad pueden variar según la región y el contexto socioeconómico. En el Estado de México, uno de los Estados más poblados del país, la incertidumbre ha sido particularmente alta en los últimos años.

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA

Tasas de homicidios a nivel nacional de 2018 a 2021

México ha experimentado un aumento preocupante en los niveles de violencia y delitos. Los homicidios, asaltos, secuestros y extorsiones se han vuelto más frecuentes, afectando tanto a ciudadanos comunes como a autoridades y personas involucradas en la lucha contra el crimen organizado. Hubo un incremento en la tasa de homicidios y de violencia en el país tomando en cuenta únicamente 2018. Durante ese año se registraron 35 mil 964 homicidios en el país, lo que fue una clara señal de la problemática que se estaba viviendo (INEGI, 2019b).

Para 2019, se iniciaron esfuerzos para abordar el problema de la seguridad pública con mayor enfoque, el Gobierno Federal lanzó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 - 2024, con el cual se buscaba reducir la violencia y garantizar la seguridad en todo el país. Este plan se enfocó en temas como la prevención del delito, la mejora de la seguridad pública y la justicia penal. (López Obrador, 2018). Pese a ello, en 2020 se registraron 36 mil 579 homicidios y en 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios, en concordancia con las estadísticas el problema de la seguridad pública no ha disminuido, y la tasa de violencia en el país continúa siendo una preocupación constante. (INEGI, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d).

En relación a lo anterior y de acuerdo al Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo realizado por el Consejo Ciudadano para la seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, México se consolida como el foco mundial de la violencia urbana ya que de las 14 ediciones anuales de este ranking, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021, 8 de las ciudades más violentas del mundo han sido mexicanas, siendo estas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. México lleva tres años como el foco mundial de la violencia homicida urbana (CCSPJP A.C., 2022).

Índice Global de Paz (Ciudades turísticas más violentas de México)

En el Global Peace Index que publica el Institute for Economics and Peace, que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país, México ocupó el lugar 140 en el 2021, por lo cual se considera un país peligroso. (IEP, 2021). Ahora bien, de acuerdo con el estudio de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2018, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C, hay 5 ciudades de la República Mexicana en el top 10, ocupando Tijuana el primer lugar, seguido de Acapulco y en los demás lugares se encuentran Ciudad Victoria, Ciudad Juárez e Irapuato (CCSPJP A.C., 2019).

Aunado a esto, el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 revela la preocupante situación de la violencia en diferentes regiones. Según la información recopilada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., México tiene una presencia significativa en este listado, con varias ciudades ocupando posiciones destacadas, como lo son: Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan y Ciudad Obregón. (CCSPJP A.C., 2020, 2021, 2023).

Basándose en lo anterior, durante los últimos años México ha sido y sigue siendo catalogado como uno de los países más peligrosos de toda Latinoamérica; en el ranking México se encuentra por encima de Venezuela teniendo en cuenta que no hay forma de medir la violencia que sufre este país (CCSPJP A.C., 2022).

FACTORES INFLUYENTES EN LA VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD PÚBLI

Corrupción e impunidad

La corrupción y la impunidad tienen una relación estrecha con la seguridad pública en México. La corrupción es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países, (United Nations, s/f-a); mientras que la impunidad resulta de la falta de investigación y sanción de los criminales y de las violaciones de los derechos humanos. (CMDPDH, s/f). La corrupción en México se mide a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) (INEGI, 2020ª, 2022c) y por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) (INEGI, 2018b, 2019b, 2020b, 2021d, 2022d).

Como se muestra en la figura 2, y a juzgar por los comunicados de prensa núms. 724/21 y 735/22 realizados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 62.1% de la población de 18 años o más creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites que realizaba, pero sólo el 15.7% fueron víctimas de este delito. En 2021 el 57.1% de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes y solo el 14.7% de la población de 18 años o más fue víctima de un acto de corrupción (INEGI, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d).

Figura 2.
Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes, 2019 y 2021 a nivel nacional.
Fuente: elaboración propia con base en datos de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) (INEGI, 2022C).

Tomando en cuenta los datos de la gráfica, hubo un cambio estadísticamente significativo en 2021 con respecto a 2019, dado que el porcentaje de la población que fue víctima de un acto de corrupción es menor. Aunado a esto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022c) estimó que el costo de incurrir en actos de corrupción fue de 12 769.7 millones de pesos, lo equivalente a 3 822 pesos promedio por persona en 2019 (INEGI, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e), mientras que durante el 2021 los costos se estimaron en 9 500 millones de pesos, lo equivalente a 3 044 pesos por persona (INEGI, 2022c).

Finalmente, según los datos proporcionados por el Corruption Perceptions Index (CPI) (TIE, s/f), México se encontró entre los lugares 138-126 durante 2018 a 2022, obteniendo una puntuación de 28 puntos en 2018, de 29 puntos en 2019 y de 2020 a 2022 de 31 puntos. En lo concerniente a la impunidad se mide por medio del Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2018, México obtuvo un índice de 75.7 sobre 100, ubicándose en una posición alta en términos de impunidad (Le Cleraq & Sánchez, 2018a).

Según el informe del Índice Global de Impunidad (IGI) 2020, México se ubicó en la posición 60 entre los 69 países analizados en términos de impunidad. El índice de Impunidad de México fue de 49.67, lo que representa 9.77 puntos más de impunidad en comparación con el promedio internacional de 39.9. Así mismo, el informe destaca que México se encuentra lejos del país peor evaluado en términos de impunidad, que es Tailandia con un índice de 62.82. (Le Cleraq & Sánchez, 2020b). Es importante destacar que la impunidad es un fenómeno complejo y multifacético que no se puede evaluar únicamente a través de un índice. La impunidad en México está relacionada con diversos factores, como la corrupción, la falta de acceso a la justicia, entre otros.

En cuanto a la falta de acceso a la justicia el artículo El problema de la impunidad generalizada: explicando el desempeño de México en el Índice Global de Impunidad, menciona que: “La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos” (CIDH, 2015, p. 14). La falta de protección legal o de acceso a la justicia se refiere a barreras y obstáculos que impiden que las personas busquen y reciban protección legal efectiva en el sistema legal cuando sus derechos son violados. Estas barreras pueden incluir la falta de recursos financieros para acceder a protección legal, la falta de derechos y procedimientos legales, la corrupción en el sistema legal, la discriminación y la falta de confianza en el sistema legal.

Cuando las personas no pueden obtener justicia de manera efectiva, surge la impunidad, es decir, que los responsables de violaciones de derechos humanos no son investigados, procesados ni castigados, lo que envía un mensaje de permisividad y los alienta a repetir las violaciones. Además, se debilita la confianza de la sociedad en el sistema legal y la legitimidad de las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos. Es importante subrayar que la impunidad estructural se refiere a un patrón sistémico de impunidad que afecta a muchos sectores de la sociedad y se basa en deficiencias estructurales del sistema legal. Esto significa que la impunidad no es sólo el resultado de una falta de justicia individual, sino que es un problema estructural y sistémico que requiere un enfoque holístico.

Para luchar contra la impunidad y garantizar la protección jurídica, es necesario fortalecer las instituciones responsables de la administración de justicia, promover la transparencia y la rendición de cuentas, mejorar la formación y la sensibilización de los profesionales del derecho y garantizar la participación y el empoderamiento de las víctimas y la sociedad civil durante el proceso judicial. Desde el momento en que los actos de corrupción pasan desapercibidos o no se castigan adecuadamente, se fomenta la percepción de impunidad, esto puede llevar a la creencia de que los delincuentes no serán arrestados ni procesados, lo que a su vez puede alentar la comisión de delitos.

Crimen Organizado

El crimen organizado tiene un vínculo directo con la seguridad pública en México, debido a que sus actividades presentan una amenaza significativa a la seguridad de la población.

En algunas zonas del país, el crimen organizado ha cobrado fuerte influencia, resultando en un aumento de asesinatos/homicidios y otros delitos violentos que amenazan la vida y la integridad de los ciudadanos. De acuerdo con el Índice de Paz México 2023 publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, 2022), entre los años 2018 - 2021 los homicidios relacionados con el crimen organizado oscilan entre 20,000 y 25,000 por año, mientras que en los años 2015 - 2017 los homicidios relacionados con éste oscilaban entre 8,000 y 19,000 por año; este aumento se debe a la agresiva expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La violencia generada por el crimen organizado tuvo y sigue teniendo un impacto devastador, especialmente los enfrentamientos entre grupos delictivos rivales por temas de territorio han causado un alto número de víctimas y han generado un clima de inseguridad generalizada. Esto sustentado con los datos proporcionados por un estudio realizado por Lantia Intelligence (s/f), una plataforma de datos y análisis sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad social, en contraste con los datos estadísticos de defunciones por homicidios proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En algunas zonas del país, el crimen organizado ha cobrado fuerte influencia, resultando en un aumento de asesinatos y otros delitos violentos que amenazan la vida y la integridad de los ciudadanos.

Figura 3.
Figura 3. Víctimas anuales por crimen organizado.
Fuente: elaboración propia, con datos proporcionados por Lantia Intelligence (s/f) y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021a, 2021b, 2021c, 2021d, 2021e, 2022a, 2022b, 2022c, 2022d).

De acuerdo con las estadísticas anteriores, las contiendas entre organizaciones criminales por el control del territorio y las rutas del narcotráfico han impulsado importantes aumentos en el número de homicidios (IEP, 2021). El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se benefició del cambio de gobierno por una disminución de las actividades anti-criminales, pero principalmente porque la nueva administración impulsó un enfoque pasivo contra el crimen organizado, lo que quedó resumido en la frase “Abrazos, no balazos” (Manaut & González, 2023).

Consecuentemente, en el transcurso del mandato del presidente López Obrador se tuvo que ajustar la estrategia de seguridad y se ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en algunas áreas del país para hacer frente a la violencia y el crimen organizado. Esto generó críticas y ha llevado a cuestionamiento sobre la efectividad de la estrategia de ‘‘abrazos, no balazos’’. Es fundamental tener en cuenta que estos enfrentamientos no solo afectan a los propios carteles, sino también a la seguridad pública y a la población en general, debido a la violencia y la inestabilidad que generan.

CONCLUSIONES

1. La seguridad pública se erige no sólo como una responsabilidad inherente al Estado, sino también como un derecho humano fundamental. La preservación de la seguridad no se limita a la ausencia de amenazas, sino que abarca la garantía de condiciones que permitan a los individuos vivir libres de temor, violencia y privaciones arbitrarias. Al considerar la seguridad pública como un derecho humano, se reconoce su papel trascendental en el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal.

2. La seguridad pública es una parte importante del desarrollo y bienestar de cualquier sociedad. En el caso de México, debe haber cooperación y coordinación para asegurar la paz y el bienestar de todos los ciudadanos. Sólo con un enfoque holístico y una acción decidida es posible superar los desafíos y crear una sociedad más segura y justa para todos.

3. Durante años, México ha enfrentado importantes desafíos en términos de violencia, crimen organizado, corrupción e impunidad, que actualmente siguen afectando la calidad de vida de la población y crearon una percepción generalizada de inseguridad.

4. Con base en todas las estadísticas analizadas sobre corrupción e impunidad, se puede concluir que están profundamente arraigadas en el sistema de seguridad pública de México y afectan negativamente la capacidad del país para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

5. La inseguridad general de México es un desafío complejo y de gran escala que requiere un enfoque integral y sostenible. Sólo mediante una acción conjunta y coherente es posible lograr una mejora significativa de la seguridad general del país, que garantice el derecho fundamental de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro y pacífico.

6. Con toda la información analizada fue posible validar la hipótesis, en este sentido está claro que el Estado no ha logrado garantizar eficazmente la seguridad de sus ciudadanos, lo que viola sus derechos fundamentales. Esta realidad crea un ambiente de incertidumbre, miedo y desconfianza en la sociedad mexicana.

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Notas

[1] “Las características de una persona o grupo y su situación que influyen en su capacidad para anticipar, hacer frente, resistir y recuperarse del impacto de un peligro natural” (Traducción de la autora).